Apostilla y legalización de documentos: prima facie, las entidades estatales no estén llamadas
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Apostilla y legalización de documentos: prima facie, las entidades estatales no estén llamadas
Regla de decisión
Prima facie, las entidades estatales no estén llamadas a exigir ninguna formalidad, como es la traducción oficial, para la presentación de documentos expedidos en un idioma diferente al castellano.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 dispone que las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones oficiales ni otras formalidades, salvo cuando leyes especiales lo exijan en forma perentoria y expresa; por ello, en principio, la entidad estatal no está llamada a exigir traducción oficial de los documentos expedidos en idioma distinto al castellano. El documento en otro idioma debe traducirse, pero si es privado no se requiere traducción oficial, y si es público y ya fue apostillado o legalizado por una autoridad extranjera basta la traducción simple, sin traducción oficial ni autenticación notarial de la firma del traductor. Solo cuando el documento público se va a apostillar o legalizar ante autoridades colombianas aplica el artículo 6 de la Resolución 1959 de 2020, que exige autenticar ante notario la firma del traductor, pues regula un trámite previo a la apostilla. La apostilla, conforme a la Ley 455 de 1998, es exclusiva para documentos públicos que requieren solemnidades, de modo que si el ordenamiento no exige solemnidad para un documento no puede exigirse su apostilla o legalización.
Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.
Pregunta que resuelve
¿Una entidad estatal en los pliegos de condiciones de un proceso de contratación puede legalmente exigir a los oferentes la presentación con las ofertas de documentos públicos y/o privados de origen extranjero, acompañados de la respectiva traducción oficial a español aun cuando esto no es un requisito legal y va en contravía de lo indicado en el numeral 15, artículo 25 de la Ley 80 de 1993?
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
En resumen
Sin embargo, en línea con las precisiones normativas previamente realizadas, para dar respuesta a la inquietud que originó la presente consulta, conviene precisar que el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 dispone que las entidades no deben solicitar traducciones oficiales, ni cualquier clase de formalidad, excepto que una norma especial de forma expresa lo exija. Como se advierte, se trata de una disposición específica sobre traducciones en los procesos de contratación contenida en una norma de carácter especial en materia de contratación pública. De ahí que, prima facie , las entidades estatales no estén llamadas a exigir ninguna formalidad, como es la traducción oficial, para la presentación de documentos expedidos en un idioma diferente al castellano.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Puntos que trata
- Colombia compra eficiente: competencia consultiva, contratación estatal, normas generales, alcance
- Apostilla y legalización de documentos: régimen jurídico, finalidad, certificación firma, servidor público
- Trato nacional: reciprocidad, proponente extranjero, apostilla, legalización de documentos
- Documentos en idioma diferente al castellano: valor probatorio, contratación estatal, traducción simple, traducción oficial
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Fuente original
https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-367-de-2023/