Síntesis de la providencia
Tribunal Administrativo: la entidad debe probar de manera fundada y razonada
Regla de decisión
La entidad debe probar de manera fundada y razonada, no solo el actuar contrario al ordenamiento jurídico, sino los demás elementos normativos de la conducta que se endilga, sin dejar de lado la imperiosa necesidad de indicar diáfanamente los motivos que sustentan la calificación conductual.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El agente que actúa en cumplimiento de una providencia judicial, bajo una convicción errada e invencible de estar acatando la orden, no incurre en dolo ni en culpa grave, por lo que no procede la repetición contra él. La regla se sostiene en tres razones: el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución impone la repetición contra el agente solo cuando la condena patrimonial se deriva de una conducta dolosa o gravemente culposa; los elementos subjetivos de la responsabilidad personal, como el dolo y la culpa grave, deben probarse en el proceso y no presumirse, y el régimen aplicable exige demostrar premeditación, negligencia o imprudencia en la conducta del agente; y la conducta del funcionario, que expidió el decreto en cumplimiento de la orden de tutela, careció de esos rasgos, pues actuó de buena fe frente a la orden judicial. Por ello, la pretensión de repetición se niega. La regla aplica a los actos proferidos en cumplimiento de providencias judiciales de obligatorio acatamiento, siempre que el error sea invencible.
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Problema jurídico
¿Incurrió en dolo o culpa grave el exalcalde encargado del Municipio de Villavicencio al expedir el Decreto 033 de 2006 que dejó sin efecto nombramientos de libre nombramiento y remoción y conllevó a la desvinculación de un servidor público, cuando actuó en cumplimiento de una providencia de tutela proferida por el Consejo Superior de la Judicatura bajo la convicción errada e invencible de estar acatando la orden judicial?
Respuesta: No
Fundamentos
- Ley 1437 de 2011, art. 142
- Ley 678 de 2001, arts. 5 núm. 1, 5 núm. 3 y 6 núm. 1
- Ley 996 de 2005, art. 38
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Lo que dijo la Sala
El inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política es el fundamento superior de la repetición como medio de control, el cual impone al Estado la obligación de ejercerla contra sus agentes cuando una condena patrimonial se derive de una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a estos. Es un mecanismo que tiene como finalidad el interés público, orientado a la protección del patrimonio estatal, elemento esencial para la realización de los fines del Estado Social de Derecho.… El órgano de cierre de esta jurisdicción ha referido que la responsabilidad patrimonial del Estado se estructura sobre el daño antijurídico que le sea imputable, mientras que la responsabilidad personal del agente estatal se fundamenta en la culpabilidad, entendida como dolo o culpa grave.
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Titulación de la relatoría 6.873 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del tribunal.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ALCALDE ENCARGADO / ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL / FALLO DE LA ACCIÓN DE TUTELA / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE / DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿Incurrió en dolo o culpa grave el exalcalde encargado del Municipio de Villavicencio al expedir el Decreto 033 de 2006 que dejó sin efecto nombramientos de libre nombramiento y remoción y conllevó a la desvinculación de un servidor público, cuando actuó en cumplimiento de una providencia de tutela proferida por el Consejo Superior de la Judicatura bajo la convicción errada e invencible de estar acatando la orden judicial?
Respuesta al problema jurídico: No
El inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política es el fundamento superior de la repetición como medio de control, el cual impone al Estado la obligación de ejercerla contra sus agentes cuando una condena patrimonial se derive de una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a estos. Es un mecanismo que tiene como finalidad el interés público, orientado a la protección del patrimonio estatal, elemento esencial para la realización de los fines del Estado Social de Derecho. [...] El órgano de cierre de esta jurisdicción ha referido que la responsabilidad patrimonial del Estado se estructura sobre el daño antijurídico que le sea imputable, mientras que la responsabilidad personal del agente estatal se fundamenta en la culpabilidad, entendida como dolo o culpa grave. Elementos subjetivos deben ser probados en el proceso, demostrando que la conducta del funcionario fue premeditada, negligente o imprudente29. También ha determinado que los elementos o presupuestos que deben concurrir para declarar la responsabilidad patrimonial del servidor contra quien se repite, son los siguientes: a) Se requiere la existencia de una obligación indemnizatoria a cargo del Estado [...] b) Es necesario acreditar que el demandado ostenta o ha ostentado la calidad de servidor público [...] c) Debe probarse que la entidad estatal efectivamente realizó el pago de la obligación reparatoria impuesta [...] d) Finalmente, se exige demostrar que la conducta del agente estatal que dio lugar al daño fue dolosa o gravemente culposa [...] Por su parte el Consejo de Estado en sentencia dictada el 8 de noviembre de 2021 analizó una acción de repetición que tuvo como fundamento el pago de una condena expedida en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y señaló que la sentencia que se dicte en un juicio de legalidad no acredita por sí misma la culpa grave de un servidor público, porque en la mayoría de los casos no se realiza un análisis sobre la conducta del agente estatal. Entonces la entidad debe probar de manera fundada y razonada, no solo el actuar contrario al ordenamiento jurídico, sino los demás elementos normativos de la conducta que se endilga, sin dejar de lado la imperiosa necesidad de indicar diáfanamente los motivos que sustentan la calificación conductual. [...] Tras revisar los argumentos de las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho, emerge con claridad que en ellas no se analizó la conducta del demandado, quien suscribió el acto de desvinculación que fue anulado y que dio origen a la condena en contra del ente demandante. [...] En este orden de ideas, al no haberse estudiado la conducta del demandado, no es posible, como lo ha señalado la jurisprudencia del órgano de cierre de esta jurisdicción, extrapolar los argumentos expuestos en las sentencias del proceso ordinario que dio origen al proceso de repetición para calificar la actuación desplegada por el exservidor público demandado. [...] Para la Sala, en efecto, se advierte que el demandado actuó en cumplimiento de una decisión judicial y que, por ende, tal como lo calificó el operador disciplinario, procedió bajo una convicción errada e invencible de que no estaba incurriendo en falta alguna. En consecuencia, no es posible derivar de su conducta un actuar doloso o gravemente culposo, como lo sostiene el ente territorial demandante.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los presupuestos para estructurar la responsabilidad patrimonial del agente estatal en la acción de repetición, la exigencia de probar de manera autónoma e independiente la culpa grave o dolo, ver: Corte Constitucional, Sentencia de Unificación SU-354 del 26 de agosto de 2020; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de noviembre de 2021, exp. 76001-23-31-000-2011-00680-01(55283), C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de mayo de 2024, exp. 50-001-23-33-000-2014-00176-01(69898), C. P. William Barrera Muñoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de febrero de 2022, exp. 54001-23-31-000-2003-00291-01(59395), C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de septiembre de 2016, exp. 17001-33-31-003-2011-00352-01(55248), C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 3, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1, LEY 996 DE 2005 - ARTÍCULO 38
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas de primera instancia a cargo de la entidad territorial demandante en un proceso de repetición, cuando sus pretensiones son negadas en su totalidad por no haberse probado el dolo ni la culpa grave del exservidor público demandado?
Respuesta al problema jurídico: Si
En aplicación de la norma citada [artículo 188 del CPACA] el juez está en el deber de pronunciarse sobre la condena en costas y solo se eximió de esta obligación cuando se trate de un asunto de interés público, además frente a los aspectos de ejecución y liquidación dispone remitirse a las normas de procedimiento civil, en el entendido que se trata del C.G.P. en su artículo 365. "En el anterior orden de ideas, en aplicación de lo preceptuado en el inciso primero del numeral 1 y en el numeral 2 del artículo 365 del C.G.P., teniendo en cuenta que se negarán las pretensiones de la demanda, resulta procedente condenar en costas de primera instancia a la entidad demandante las cuales deberán ser liquidadas de conformidad con las pautas indicadas en el artículo 366 del CGP por la Secretaría General de este Tribunal en su debida oportunidad."
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2011 - ARTÍCULO 366, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 2