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Tribunal Administrativo del Meta Providencia

Tribunal Administrativo: la parte demandante no cumplió con este requisito subjetivo respecto del demandado

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Fecha
2024-07-31
Radicado
50001233300020130044200
Ponente
NOHRA EUGENIA GALEANO PARRA
Sección / Sala
ADMINISTRATIVO
Corporación
Tribunal Administrativo del Meta
Clase de proceso
REPETICION
Actor
DEPARTAMENTO DEL META
Demandado
carlos enrique rojas valenzuela, Ramón eulices palacio Asprilla

Síntesis de la providencia

Tribunal Administrativo: la parte demandante no cumplió con este requisito subjetivo respecto del demandado

Lo que dijo la Sala

La presente acción cobra gran importancia en el entendido que … tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho.… Entonces, mientras el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado se centra en el daño antijurídico que le sea imputable, la base de la responsabilidad personal de los agentes de la administración se funda en la culpabilidad (elemento subjetivo) del funcionario, la cual ocurre en aquellos eventos en que el daño antijurídico y la condena sobreviniente sean consecuencia del obrar doloso o gravemente culposo del agente, que corresponden a dos errores de conducta que le imprimen a la acción de repetición connotaciones particulares probatorias, siempre que se acredite que su intervención en la ocurrencia de daños antijurídicos sea premeditada (dolosa)…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

En la acción de repetición, la responsabilidad personal del agente se funda en su culpabilidad, es decir, en que el daño antijurídico y la condena sobreviniente sean consecuencia de su obrar doloso o gravemente culposo. Esta regla se apoya en que la responsabilidad patrimonial del Estado se basa en el daño antijurídico, mientras que la del agente exige demostrar ese elemento subjetivo. Por ello la prueba debe acreditar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor, y no basta la existencia de la condena contra la entidad. La acción persigue proteger el patrimonio público, pero esa finalidad no reemplaza la prueba de la conducta del agente. En el caso concreto el tribunal no halló demostrada la conducta de los demandados en los términos exigidos, y negó la pretensión de repetición. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la repetición exige prueba de la culpa grave o del dolo del agente, y no solo de la condena contra la entidad.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El departamento del Meta se encuentra legitimado para demandar en repetición a (C.E.R.V.) y (R.U.P.A.), en los términos del artículo 8.o de la Ley 678 de 2001? en caso de ser afirmativo lo anterior, ¿hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de (C.E.R.V.) y (R.U.P.A.); es decir, si se cumplen los requisitos exigidos para la prosperidad de la acción de repetición y, en consecuencia, si deberán pagar al departamento del Meta las sumas reclamadas?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 142 y 164 núm. 2
  • Ley 678 de 2001, arts. 5, 6 y 8
  • Constitución Política

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

NIEGA

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Acción de repetición contra el agente

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Consejo de Estado 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C)
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Corresponden a informes, decisiones y documentos que están relacionados con el “informativo administrativo 001”
Titulación de la relatoría 11.489 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del tribunal.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / DEPARTAMENTO DEL META / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPABILIDAD / AUSENCIA DE CULPABILIDAD Problema jurídico: ¿El departamento del Meta se encuentra legitimado para demandar en repetición a (C.E.R.V.) y (R.U.P.A.), en los términos del artículo 8.o de la Ley 678 de 2001? en caso de ser afirmativo lo anterior, ¿hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de (C.E.R.V.) y (R.U.P.A.); es decir, si se cumplen los requisitos exigidos para la prosperidad de la acción de repetición y, en consecuencia, si deberán pagar al departamento del Meta las sumas reclamadas? Respuesta al problema jurídico: No La presente acción cobra gran importancia en el entendido que «[…] tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho.» [...] Entonces, mientras el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado se centra en el daño antijurídico que le sea imputable, la base de la responsabilidad personal de los agentes de la administración se funda en la culpabilidad (elemento subjetivo) del funcionario, la cual ocurre en aquellos eventos en que el daño antijurídico y la condena sobreviniente sean consecuencia del obrar doloso o gravemente culposo del agente, que corresponden a dos errores de conducta que le imprimen a la acción de repetición connotaciones particulares probatorias, siempre que se acredite que su intervención en la ocurrencia de daños antijurídicos sea premeditada (dolosa), negligente o manifiestamente imprudente (culposa). En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha ocupado de determinar los elementos o presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial del servidor contra quien se repite, así: a) Que exista la obligación reparatoria a cargo del Estado, haciéndose referencia a que la entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto; b) Que el demandando tenga la calidad de servidor o exservidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas, alusivo a que la calidad y la actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado; c) El pago de la obligación reparatoria, según lo cual, la entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación; d) Que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado, elemento en el cual la entidad demandante debe probar que la conducta del agente o ex agente del Estado se desplegó en alguno de los grados señalados conforme a las normas que para el momento de los hechos sean aplicables. [...] Los aspectos abordados fueron objeto de examen por parte de la Corte Constitucional, corporación que, mediante sentencia de unificación del 26 de agosto de 202020, señaló que cuando se pretende endilgar responsabilidad del daño antijurídico a la conducta del agente, a título de dolo o culpa grave, se debe probar que, al margen del análisis efectuado en la providencia de responsabilidad del Estado, el daño antijurídico tuvo origen en una acción u omisión del demandado. Adicionalmente, frente a las presunciones contenidas en la Ley 678 de 2001, la Corte indicó lo siguiente: "Las presunciones legales de dolo y culpa grave contempladas en los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001: “(i) No relevan a la entidad actora de probar ante el juez contencioso administrativo que (a) el daño antijurídico tuvo su origen en una acción u omisión atribuible al demandado, y que (b) tal actuación se enmarca en alguno de los supuestos legales (i.e. desviación de poder o infracción manifiesta e inexcusable de una norma de derecho)." [...] Así mismo, la alta corporación advirtió sobre la prohibición de reproducir las deducciones consignadas en la sentencia que determinó la responsabilidad Estatal: [...] En otras palabras, la declaratoria de responsabilidad del Estado o los efectos patrimoniales derivados de la nulidad de un acto administrativo, no dan por sentado de manera automática la culpabilidad del servidor, pues corresponde al juez de la repetición auscultar el proceder del agente a la luz del régimen de responsabilidad subjetiva. De ahí que resulta imprescindible que la parte demandante identifique a plenitud y sustente bajo que título de imputación pretende se analice la responsabilidad (dolo o culpa) y lo más importante, arrimando al plenario los elementos de convicción que le sirvan de soporte. [...] En línea con el problema jurídico planteado, corresponde inicialmente determinar si la parte demandante – departamento del Meta, en los términos del artículo 8.º de la Ley 678 de 2001, está legitimado o no para demandar en repetición a los señores [...] La norma debe armonizarse con la regla de caducidad del medio de control de repetición, que en este caso es de 2 años contados a partir del día siguiente a la fecha del último pago realizado. [...] Vale la pena resaltar que, si bien la Ley 2195 de 2022 modificó la regla de caducidad para presentar la acción de repetición, ampliando el plazo a 5 años, para promover la demanda, ello aplica en los casos que la sentencia condenatoria haya quedado en firme con posterioridad al 18 de enero de 2022. En este caso, la condena impuesta a la empresa quedó ejecutoriada con anterioridad a dicha fecha, razón por la cual, le aplica la regla de caducidad contenida en el literal l), artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, en su redacción original. Así las cosas, habiéndose determinado que el ente demandante está legitimado para repetir contra de los señores [...] se prosigue con el análisis con miras a establecer si, en este caso, concurren o no los presupuestos requeridos para declarar patrimonialmente responsable a los demandados. [...] Ahora, en relación al demandado (R.U.P.A.), quien se aduce en la demanda ostentó la calidad de Gerente del Instituto de Valoración Departamental del Meta «INVALMETA», si bien se relacionó dentro del Acta de Comité de Conciliación llevado a cabo el 31 de octubre de 2012, que determinó iniciar proceso de repetición en su contra, no se acompañó la prueba documental que acreditara su condición de servidor público ni su desempeño como gerente de INVALMETA para la época de los hechos por los que fue condenado el ente demandado. Así las cosas, la parte demandante no cumplió con este requisito subjetivo respecto del demandado (R.U.P.A.), razón por la que, la sala, de manera exclusiva, analizará las razones subjetivas (actuación dolosa o culposa) y el vínculo causal entre la actuación del excontratista (C.R.V.) y la condena judicial proferida contra el departamento del Meta. [...] Así, la sala advierte que la demanda, en su integridad, es imprecisa al momento de identificar bajo qué título se escruta la conducta del contratista, ya que, al formular los alegatos de conclusión, el apoderado del departamento del Meta adecua la conducta del agente a la presunción de culpa grave contenida en el artículo 6.º de la Ley 678 de 2001, diciendo: «Nada más inexcusable que no haber tapado los huecos, de parte del Contratista de la Obra». En el presente caso, la sala destaca que al plenario se aportaron copia de las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas en el proceso de reparación directa, dentro del cual se declaró responsable al departamento del Meta por los perjuicios morales y materiales causados a la familia del señor (S.M.U.), sin se haya solicitado o aportado alguna prueba que relacione directamente al aquí demandado con las gestiones contractuales que originaron el daño que debió reparar el ente territorial, pues los medios aportados se limitan a replicar las pruebas y piezas procesales que integraron el proceso de responsabilidad de la administración, y otros medios sobre la calidad del contratista, ahora demandado, sin llegar a precisar, en ningún momento, que el demandado incurrió en una conducta inexcusable y manifiestamente contraria a derecho, y su intervención directa en los hechos que originaron el daño que debió reparar el ente territorial demandante. Así, aún en el caso de que el sustento de la demanda sea la presunción de culpa grave, conforme al artículo 6 de la Ley 678 de 2001, era necesario que se acreditaran con claridad los supuestos en que se fundamenta la misma, no siendo suficiente la sentencia que condenó administrativa y patrimonialmente al ente demandado. [...] Como se reflexionó en el marco jurídico y jurisprudencial, las consideraciones sobre la responsabilidad de la administración no pueden ser fundamento de la responsabilidad en materia de repetición, pues, claramente, se trata de juicios de naturaleza disímil, que tienen por objeto elementos distintos de responsabilidad y diferentes «sujetos» enjuiciados, pues en la reparación directa se estudia la responsabilidad de la entidad estatal, independientemente del agente, mientras que en la repetición debe determinarse la responsabilidad del agente o exagente, en la generación del daño que se debió reparar. [...] Así las cosas, conforme a los argumentos expuestos, habrá de negarse las pretensiones de la demanda, en la medida que, si bien la entidad demandante probó que pagó una suma de dinero como consecuencia de una sentencia condenatoria, no fue preciso en señalar bajo qué título de imputación subjetiva cuestionó el proceder del contratista, ni acreditó que dicho actuar fuera doloso o gravemente culposo, aspectos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial del demandado Carlos Enrique Rojas Valenzuela. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la definición y objeto de la acción de repetición, ver: Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001 // Respecto del elemento subjetivo del servidor demandado (culpabilidad) en el medio de control de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, providencia del 4 de febrero de 2022, Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez, Radicación: 540012331000200300291 01 (59395) // Sobre los presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial del servidor contra quien se repite, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2006, Rad.: 22099; sentencia del 6 de diciembre de 2006, Rad.: 22056; sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad.: 27.006; Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad.: 42.183; Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2018, Rad.: 60423; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 17001-33-31-003-2011-00352-01(55248). // FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL L, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, 6 Y 8

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=500012333000201300442005000123