Síntesis de la providencia
Tribunal Administrativo: es tesis de la Sala que procede el reconocimiento de las utilidades que el señor Ramos Camacho habría percibido
Lo que dijo la Sala
… 3.1. Concluye la Sala que el objeto del proceso, en esta etapa, únicamente comprende las pretensiones del señor Ramos Camacho orientadas al reconocimiento de los perjuicios derivados de la inhabilidad sobreviniente originada en la caducidad del contrato de concesión nro. 001 de 2001, a saber, las utilidades dejadas de percibir por la ejecución del contrato de concesión nro. 001 de 2003 y los valores que no ingresaron a su patrimonio por haber renunciado al cargo de gerente comercial de planeación y proyectos de la ILB. En tal sentido, la Sala únicamente se pronunciará sobre dichas cuestiones, pues fueron debatidas en el proceso de referencia y decididas por las salas que resolvieron la controversia en primera y segunda instancia, siendo incluso el fundamento para que el ad quem haya proferido la condena que ahora se pretende liquidar.
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Síntesis síntesis automática
En la liquidación de una condena en abstracto, el juez solo puede pronunciarse sobre los perjuicios que fueron debatidos y reconocidos en el proceso, de modo que las pretensiones no formuladas en la demanda exceden el marco de la litis y no pueden incorporarse en esa etapa. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el principio de congruencia limita la competencia del juez a las pretensiones planteadas desde la demanda, lo que impide decidir sobre saldos pendientes que no fueron propuestos. Segunda, las utilidades derivadas de la ejecución del contrato anulado fueron reconocidas por las instancias anteriores y son el fundamento de la condena, por lo que su liquidación es procedente. Tercera, las prestaciones ya pagadas no fueron objeto de restitución, de modo que existe certeza de la ganancia dejada de percibir por la inhabilidad sobreviniente. En la liquidación solo se reconocen las utilidades acreditadas en el período demostrado, y se liquida el porcentaje correspondiente a la suma que habría ingresado al patrimonio. La consecuencia práctica es que, al liquidar la condena en abstracto, el juez no puede ampliar el objeto del proceso a perjuicios no pedidos en la demanda.
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Problema jurídico
¿Procede analizar el reconocimiento de perjuicios que no fueron pedidos en la demanda y que no fueron contemplados en la condena en abstracto?
Respuesta: No
Fundamentos
- Acuerdo 41 de 1993
- Decreto 01 de 1984, art. 172
- Ley 1437 de 2011, arts. 187 y 308
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Titulación de la relatoría 6.882 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del tribunal.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONDENA EN ABSTRACTO / INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN ABSTRACTO / CONTRATO DE CONCESIÓN / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / RESTITUCIONES MUTUAS / CONCEPTO DE RESTITUCIONES MUTUAS / PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS / PROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / INHABILIDAD SOBREVINIENTE / INHABILIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATISTA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONCEPTO DE PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / LUCRO CESANTE / CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE / DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE / LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE
Problema jurídico:
¿Procede analizar el reconocimiento de perjuicios que no fueron pedidos en la demanda y que no fueron contemplados en la condena en abstracto?
Respuesta al problema jurídico: No
" (...) 3.1. Concluye la Sala que el objeto del proceso, en esta etapa, únicamente comprende las pretensiones del señor Ramos Camacho orientadas al reconocimiento de los perjuicios derivados de la inhabilidad sobreviniente originada en la caducidad del contrato de concesión nro. 001 de 2001, a saber, las utilidades dejadas de percibir por la ejecución del contrato de concesión nro. 001 de 2003 y los valores que no ingresaron a su patrimonio por haber renunciado al cargo de gerente comercial de planeación y proyectos de la ILB. En tal sentido, la Sala únicamente se pronunciará sobre dichas cuestiones, pues fueron debatidas en el proceso de referencia y decididas por las salas que resolvieron la controversia en primera y segunda instancia, siendo incluso el fundamento para que el ad quem haya proferido la condena que ahora se pretende liquidar. Por el contrario, no se analizarán las pretensiones del demandante relacionadas con saldos pendientes del contrato de concesión nro. 001 de 2001, pues aquéllas, al no haberse planteado desde la presentación de la demanda, exceden los contornos de la litis y, en esa medida, la Sala no tiene competencia para decidir al respecto y cualquier pronunciamiento desconocería el principio de congruencia. 3.2. Es tesis de la Sala que procede el reconocimiento de las utilidades que el señor Ramos Camacho habría percibido durante el término en que se ejecutó el contrato de concesión nro. 001 de 2003 porque, si bien éste fue declarado absolutamente nulo, en su momento también se estableció que las prestaciones ya pagadas no serían restituidas a favor de las partes contratantes. Es decir, no se impuso a los integrantes de la Unión Temporal Licorandes y Asociados devolver las utilidades que les generó la ejecución contractual, de manera que existe certeza en que se trata de una ganancia que el demandante, como anterior integrante de dicha Unión Temporal, dejó de recibir con ocasión de la inhabilidad sobreviniente impuesta ilegalmente en el desarrollo del contrato de concesión nro. 001 de 2001. Así pues, el reconocimiento de tales utilidades, en principio, procede por todo el tiempo de ejecución del contrato de concesión nro. 001 de 2003; no obstante, la parte actora solamente acreditó el valor de dichas utilidades entre 2006 y 2009, siendo este el periodo indemnizable. Adicionalmente, del valor total de las utilidades netas probadas en el proceso por cada año, la Sala liquidará el 20% que sería la suma que habría ingresado al patrimonio del incidentante, pues se trata del porcentaje de participación pactado en el reparto de utilidades. 3.3. Finalmente, concluye la Sala que no se probó con suficiencia la motivación del señor Ramos Camacho para renunciar al cargo de gerente comercial de la ILB ni que tal circunstancia permita el reconocimiento y liquidación de perjuicios en la modalidad de lucro cesante. Es así porque no sólo no se demostró que existiera una razón legal que justificara la terminación unilateral del contrato de trabajo, considerando que la inhabilidad sobreviniente del contratista no se extendía a sus relaciones laborales, sino porque tampoco se acreditó que su renuncia, entendida como una decisión libre y autónoma del trabajador, estuviera justificada en la cesión de su posición contractual en la Unión Temporal Licorandes y Asociados ni mucho menos que tuviera relación directa con su designación como miembro principal de la Junta Directiva de la ILB, pues ello no estaba pactado en el contrato de unión temporal ni en el contrato de trabajo que suscribió el demandante. Por lo anterior, tampoco procede el reconocimiento y la liquidación del lucro cesante correspondiente a las acreencias laborales reclamadas por la parte actora. (...)"
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de la congruencia ver, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 26 de octubre de 2017. C.P. César Palomino Cortés. Radicación nro. 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15). Sobre el daño antijurídico cita, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 7 de julio de 2011. C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa Exp. 18008. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 20 de noviembre de 2008. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Radicación nro. 05001-23-26-000-1992-01369-01(17031); reiterada en: Subsección B. Fallo del 21 de junio de 2018. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Radicación nro. 25000-23-26-000-2002-00836-01(33684). portunidad se corresponde con los perjuicios causados por la imposibilidad de suscribir nuevos contratos por la imposición de la inhabilidad como sanción derivada de la declaratoria ilegal de la caducidad: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 27 de junio de 2013. C.P. Hernán Andrade Rincón. Radicación nro. 25000-23-26-000-1996-14924-01(24559). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 29 de abril de 2015. Radicación nro. 63001-23-31-000-2005-01919-01(37607). Sobre la la presunción de legalidad cita, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 12 de julio de 2012. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Radicación nro. 85001-23-31-000-1995-00174-01(15024). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 27 de marzo de 2014. C.P. Hernán Andrade Rincón. Radicación nro. 25000-23-26-000-1998-02814-01(26939).
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 41 DE 1993, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 172, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187, 308, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 280, 281, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, 48, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1525, 1614, 1740, 1746