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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

CONTRATO ESTATAL: el contratista pactó y aceptó asumir los riesgos implícitos en dichas suspensiones como propios y por ende

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Fecha
2026-01-22
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 6: PRIMERA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
92c92a46-a273-41d2-bd9d-39e1bae8ddae.docx

Síntesis del concepto

CONTRATO ESTATAL: el contratista pactó y aceptó asumir los riesgos implícitos en dichas suspensiones como propios y por ende

En resumen

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-Efectos económicos derivados de lo expresamente pactado por las partes CONTRATO ESTATAL-Fuerza vinculante de los acuerdos modificatorios CONTRATO ESTATAL-Aplicación de las normas tributarias vigentes al momento de su celebración En consecuencia, solicitó se ordene la liquidación del referido contrato y le sean reconocidos los perjuicios causados por ese incumplimiento, así como el pago de las sumas de dinero dejados de cancelar conforme al acta de recibo final de la obra, y las correspondientes a las deducciones realizadas del valor del anticipo que causaron un desequilibrio de la ecuación contractual y todas aquellas correspondientes al pago de costos generados por mayores permanencias en la obra debido a la negligencia de la entidad contratante. … i. El rompimiento del equilibrio financiero del contrato estatal alegado en el caso concreto.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011
  • Ley 80 de 1993

Puntos que trata

  • Accion de controversias contractuales: Consorcio Pavimentos Candelaria 2015-2017
  • Accion de controvercias contractuales: Como consecuencia del desequilibrio económico del contrato
  • Principio de planeacion contractual: Carga del contratista en el análisis de los estudios previos y precios presupuestados
  • Suspensión del contrato estatal: Efectos económicos derivados de lo expresamente pactado por las partes

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

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Texto del documento 58.856 caracteres
ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Consorcio Pavimentos Candelaria 2015-2017 Para que se declarara el incumplimiento contractual y el desequilibrio de la ecuación contractual por parte de esa entidad del contrato de obra LP 02-2015. ACCION DE CONTROVERCIAS CONTRACTUALES- Como consecuencia del desequilibrio económico del contrato El descuento del impuesto, sobre el primer anticipo, no constituye un hecho imprevisto, en el entendido de que el contratista pudo afrontar sus efectos, al momento de la celebración de los otros si, y adicionales, pero en cambio guardó silencio y concurrió a su celebración aceptándolos en forma manifiesta, por lo que resulta inadmisible que reclame por el daño que afirma producirle una ley que existía pero que no tuvo en cuenta cuando lo suscribió el contrato con el ente territorial demandado PRINCIPIO DE PLANEACION CONTRACTUAL-Carga del contratista en el análisis de los estudios previos y precios presupuestados La jurisprudencia ha determinado que las obligaciones derivadas del principio de planeación también se extienden a los contratistas quienes tienen “la carga de analizar la suficiencia y consistencia de los estudios previos y de los precios presupuestados, en orden a definir su participación en la licitación y el contenido de su oferta; se entiende que es una carga, en el sentido de que el contratista no podrá desconocer los términos y condiciones que aceptó y mucho menos aquellos que negoció con la entidad pública SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-Efectos económicos derivados de lo expresamente pactado por las partes El juez del contrato debe respetar lo pactado en las modificaciones al contrato, pues es ley para las partes y, por ello, deben cumplirse (art. 1602 CC), tal como lo estimó el Tribunal a quo. De ahí que, el consentimiento no puede ser desconocido por reclamaciones posteriores del contratista para obtener reconocimientos de sobrecostos por el factor tiempo que no formaron parte del acuerdo CONTRATO ESTATAL-Fuerza vinculante de los acuerdos modificatorios El plazo como el precio fueron objeto de negociación y acuerdo por las partes, por cuanto el consorcio contratista, de manera expresa, en las actas afirmó que no eran necesarios más recursos, lo que llevó a la firma de las prórrogas de suspensión al otrosí acordado CONTRATO ESTATAL-Aplicación de las normas tributarias vigentes al momento de su celebración La carga tributaria existía desde antes de la celebración del contrato (2015), al determinarse el tributo en el Acuerdo municipal 005 de marzo de 2012; motivo por el cual era previsible que el contratista pudiera ser un sujeto gravable, es así como en la matriz de riesgos se estableció el riesgo regulatorio como probable de ocurrir, de manera que, la entidad contratante estaba obligada a realizar la retención del caso y dar cumplimiento a la obligación tributaria ordenada por el ordenamiento jurídico; lo cual se concreta como un riesgo absolutamente previsible, en tanto que a los contratos estatales se entienden incorporadas las leyes vigentes al momento de su celebración PRINCIPIO DE CONGRUENCIA-Prohibición de resolver sobre pretensiones no formuladas En la estimación razonada de la cuantía se hizo alusión al valor de intereses moratorios por el no cumplimiento de la obligación de pago a cargo de la demanda, como lo menciona la parte apelante, lo cierto es que esta petición no fue una solicitud concreta dentro de las pretensiones de la demanda, de suerte que, decidir de fondo sobre ella en esta instancia quebrantaría el principio de congruencia, de ahí que, el juez de primer grado no entró a pronunciarse de manera particular, máxime cuando al monto económico reconocido en la liquidación del contrato le aplicó la fórmula de indexación como una manera de actualizar la depreciación del dinero en el tiempo transcurrido. 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En consecuencia, solicitó se ordene la liquidación del referido contrato y le sean reconocidos los perjuicios causados por ese incumplimiento, así como el pago de las sumas de dinero dejados de cancelar conforme al acta de recibo final de la obra, y las correspondientes a las deducciones realizadas del valor del anticipo que causaron un desequilibrio de la ecuación contractual y todas aquellas correspondientes al pago de costos generados por mayores permanencias en la obra debido a la negligencia de la entidad contratante. 1.2. Como sustento de sus pretensiones adujo, en resumen, que el contrato de obra citado fue suscrito el día 29 de octubre de 2015 entre el municipio y el consorcio para ejecutar el objeto consistente en la “construcción de pavimento en concreto hidráulico de la calle 10 entre carrera 10 y 21, carrera 21 entre calles 10 y 15a en el municipio de candelaria – departamento del atlántico”, por valor $2,445,532,511,97 y con un plazo de 60 días correspondientes a la Etapa 1 y de 15 meses para la Etapa 2. 1.3. Que, el contratista solicitó al municipio por escrito del 14 de diciembre 2015 la liquidación de las imposiciones tributarias de orden municipal para pagarlas y legalizar el respectivo contrato, por lo que, la tesorería del municipio certificó el 23 de diciembre de 2015 que conforme al estatuto tributario municipal se debía realizar el pago por valor total de $188,306,003,42, realizándose este por consignación el día 21 de diciembre de 2015 y quedando, de esa manera, a paz y salvo por concepto de impuestos municipales. 1.4. Que, se suscribió acta de inicio del 18 de enero de 2016 y se inició la etapa 1 pre-construcción, pero por acta de suspensión No 1 se suspendió dicha etapa mientras se daba la aprobación y diseños por parte de la Interventoría. Que, posteriormente se levantó acta de reinicio No 1 del 14 de septiembre 2016, después de 6 meses de suspensión, siendo aprobado por la interventoría el inicio de la etapa 2 de construcción, motivo por el cual fue suscrita el acta de inicio el día 15 de septiembre de 2016, con un plazo de 8 meses. 1.5. Que, el contrato fue objeto de tres otrosíes, los dos primeros para modificar las cláusulas cuarta y quinta, respectivamente; y el tercero con el que se adicionó el plazo de 30 días. Además, que durante la ejecución del objeto contractual se presentaron 3 suspensiones cuyos efectos fueron asumidos por el consorcio en virtud del principio de buena fe y los rubros de Imprevistos destinados dentro de la estructura de costos del AIU del contrato. 1.6. Que, el 2 de diciembre de 2017 se realizó otra suspensión para realizar trámites de legalización de las obras adicionales aprobadas por la interventoría, que fue prorrogada en 6 ocasiones mediante actas de suspensión, cesando dicha suspensión el 30 de septiembre de 2019 mediante acta de reinicio N°4, de manera que, con esta situación se generó unas mayores permanencias en la obra por espacio de 21 meses y 29 días. 1.7. Que, el 31 de octubre de 2019 se suscribió acta de recibo final y balance presupuestal del contrato en la que se determinó un saldo final por pagar por valor de $387, 051, 508,00 el cual, pese a contar con factura No CPC 007 no ha sido cancelado, máxime cuando en tres ocasiones el contratista ha solicitado a la entidad territorial la liquidación por mutuo acuerdo para presentar las reclamaciones que restauren el equilibrio económico del contrato generado por la indebida planificación de los costos de AIU. 1.8. Que, conforme a la situación fáctica detallada con los descuentos realizados a los pagos de la etapa 1 contractual y del anticipo, existió una violación del principio de planeación en la estructuración de los costos para la conformación del esquema del AIU, pues, el componente correspondiente a Gastos Jurídicos y Tributarios de los Gastos de fundamento administración del AIU contractual corresponden a un 25,37% total del 26% asignado al mismo en la estructuración del contrato, lo cual solo dejó un remanente del 0,63% para gastos de personal de administración y de movilización e instalación, siendo insuficientes dados los requerimientos del personal de administración solicitados en los pliegos de condiciones. 1.9. Que, al no haberse pagado la mentada factura No CPC 007 de 2019 cuando el consorcio cumplió cabalmente con sus obligaciones implica un incumplimiento de la entidad, de suerte que debe indemnizarse los perjuicios por la mora en el cumplimiento de la obligación de pago conforme al inciso final del numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. 1.10. Que, con ocasión de las mayores permanencias en la obra sin lugar a duda la estadía injustificada por el término de 21 meses y 29 días correspondientes a la suspensión No 04 superó todas las condiciones y principios de buena fe entre las partes dada la inacción de la contratante para reiniciar la ejecución, lo cual causó costos no contemplados en la planeación contractual que perjudicaron la ecuación económica del contrato. 1.2. Síntesis de la contestación 2. El Municipio de Candelaria Atlántico pese a haber sido debidamente notificado no contestó la demanda. 1.3. La sentencia de primera instancia 3. El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia de 27 de febrero de 2025, decidió acceder parcialmente a las súplicas de la demanda al declarar el incumplimiento del municipio por el no pago de la factura No CPC 007 del contrato LP-002-2015 y liquidar judicialmente este ordenando el pago a favor del consorcio de $387.051.508 por concepto del saldo a favor arrojado por la liquidación más su actualización. Para el efecto, planteó como problema jurídico los siguientes interrogantes: “(…) 1. ¿Se configuró para el contratista un desequilibrio económico en el contrato LP-002-2015 por la indebida planificación de los costos A.I.U., ante el descuento realizados por el Municipio de la Candelaria en la etapa 1 contractual y del anticipo, por concepto de impuestos? 2. ¿Se encuentra el Municipio de la Candelaria en la obligación de reconocer y pagar a favor del Consorcio demandante, las mayores permanencias de obra del contrato por la presunta estadía injustificada de 21 meses y 29 días correspondiente a la suspensión No 4? 3. ¿Se debe declarar el incumplimiento contractual por parte del Municipio de la Candelaria, ante la falta de pago de la factura No CPC 007 del contrato LP-002-2015, a través de la suscripción del OTROSÍ ADICIONAL NÚMERO 04 al contrato de obra LP 002-2015 de fecha 12 de junio de 2018? (…)” 3.1. A partir de ello, la tesis del Tribunal se centró en que: (i) no se configuró para el contratista un desequilibrio económico en el contrato LP-002-2015 por la indebida planificación de los costos AIU, ante el descuento realizados por el municipio en la etapa 1 contractual y del anticipo, por concepto de impuestos por cuanto ello no constituyó un hecho imprevisto pues el consorcio pudo afrontar sus efectos cuando suscribió los otrosíes, pero guardó silencio; (ii) el municipio no estaba en la obligación de reconocer y pagar a favor del consorcio las mayores permanencias de obra del contrato por la presunta estadía injustificada en la suspensión No 4, ya que el contratista pactó y aceptó asumir los riesgos como propios al suscribir las suspensiones sin realizar salvedad alguna y; (iii) con relación al incumplimiento de la contratante por el no pago del saldo establecido en el acta final del recibo final del contrato lo encontró demostrado con la factura CPC 007 del 02 de diciembre de 2019 por la suma de $387.051.508,oo por concepto de obras adicionales con su respectiva indexación. Esto concluyó la primera instancia, a partir de su análisis probatorio: “(...) i. El rompimiento del equilibrio financiero del contrato estatal alegado en el caso concreto. (…) Ahora bien, acorde con las pruebas que militan en el expediente, en efecto, el impuesto estampilla Pro Anciano, le fue descontado al Consorcio en el anticipo en un porcentaje del 3.5% del valor del contrato, a través del comprobante de egreso No 0001022 del 23 de noviembre de 2016, en un porcentaje del 3.5%, se encuentra contenido en el Acuerdo 005 de marzo de 2012, tal como lo aseveró el Alcalde el Municipio de la Candelaria en respuesta al demandante el 11 de noviembre de 2016 y ratificado por el Interventor el 7 de diciembre de 2016, lo que a todas luces, para la Sala, el contrato se celebró cuando existía esta norma tributaria, siendo del caso, precisar que, la regla general es que a los contratos en lo relativo a sus elementos de existencia, validez y sus efectos (derechos y obligaciones), se les aplica la ley existente y que rige al momento de su nacimiento o celebración. (…) Luego entonces, el hecho de que el Municipio de la Candelaria, haya descontado en el anticipo el porcentaje correspondiente al impuesto estampilla no configura el desequilibrio financiero alegado por el Consorcio actor, dado que, como atrás se explicó, tanto la teoría del hecho del príncipe como la de la imprevisión, exigen que se acrediten ciertos presupuestos comunes: primero, que la medida o hecho que las origina sea imprevisto (…). (…) Por lo tanto, el actor debía conocer de antemano (pues la ignorancia de la ley no sirve de excusa) que estaba obligado a pagar el impuesto estampilla Pro-Anciano, en virtud de la normativa que gobernaba la materia y en consecuencia, la carga económica que debió soportar no fue el resultado de un hecho imprevisto ni sobreviniente, tal como lo exige cualquier motivo que se aduzca como causa de ruptura de la ecuación económica del contrato. Dicho de otro modo, el descuento del impuesto, sobre el primer anticipo, no constituye un hecho imprevisto, en el entendido de que el contratista pudo afrontar sus efectos, al momento de la celebración de los otros si, y adicionales, pero en cambio guardó silencio y concurrió a su celebración aceptándolos en forma manifiesta, por lo que resulta inadmisible que reclame por el daño que afirma producirle una ley que existía pero que no tuvo en cuenta cuando lo suscribió el contrato con el ente territorial demandado. (...) ii. De las pretensiones en torno al reconocimiento y pago de las mayores permanencias de obra. (...) Recapitula la Sala para precisar que las situaciones que consideró el Consorcio demandante como generadoras de mayor permanencia en la obra por parte del contratista y que en su sentir derivaron en el rompimiento del equilibrio económico del contrato, devino de la inacción del ente territorial, lo que ocasionó costos no contemplados en la planeación contractual, sin embargo, contrario a lo aducido por la parte actora, a través de las actas de suspensión dilucidadas en el cuadro anterior, se pudo determinar que, el contratista al suscribirlas acordó con el Municipio de la Candelaria, en todas y cada una de ellas, “que la suspensión del contrato no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo de la alcaldía del Municipio de la Candelaria” De manera que el contratista pactó y aceptó asumir los riesgos implícitos en dichas suspensiones como propios y por ende, las actas constatan que tenía conocimiento de ciertas condiciones sobre estos reconocimientos económicos, en la cual se establecieron de forma clara y precisa como no imputables al Municipio demandado, fueron riesgos previstos contractualmente por las partes dentro del mismo contrato y determinados como causas que no daban lugar beneficio o restablecimiento al contratista, pues así, se estableció en el acuerdo contractual y no se realizó en su momento la reclamación necesaria y oportuna, contrario a ello, se suscribieron varias suspensiones al otrosí al contrato inicial, en el cual, la parte hoy demandante los suscribió sin salvedad alguna. Por otro lado, con relación al dictamen pericial solicitado y decretado por la parte actora, a fin de acreditar los presuntos perjuicios ocasionados en ocasión a las mayores permanencias (…). (…) Revisadas las conclusiones y resultados a los que llegó el perito no es posible establecer sí los presuntos perjuicios causados al contratista con las mayores permanencias, son consecuencia directa de las referidas suspensiones del contrato que se comenta, por cuanto no se aportaron como anexos al estudio los soportes contables y documentos que dieran certeza sobre los valores allí tomados, así como tampoco se aportaron las facturas o cuentas de cobro con las que se pudiera establecer que durante las suspensiones se generaron costos de maquinaria o personal adicionales o superiores. Por consiguiente, aun cuando se presentaron hechos que dieron lugar a una mayor duración del vínculo contractual, no se demostró una ruptura del equilibrio económico del contrato ni daños con ocasión de esa situación y, al contrario, si se probó la adopción conjunta y de mutuo acuerdo de las medidas necesarias para superar las dificultades que se presentaron con el fin de obtener la ejecución del objeto contractual. (…) iii. El incumplimiento del municipio de la Candelaria, ante la falta de pago del saldo establecido en el acta final del recibo final del contrato. El OTROSÍ ADICIONAL NÚMERO 04 al CONTRATO DE OBRA DE LA LP-002 2015 de fecha 12 de junio de 2018, por medio del cual, se adiciona el valor y plazo del contrato de obra, por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS ML (387.051.508) cuya cláusula quinta determinó adicionar un plazo de ejecución en el contrato de obra por TREINTA DÍAS, no fue liquidado entre las partes ni de manera unilateral, por lo que el balance general de las obligaciones está puesto de presente con el material probatorio que conforma el expediente, de lo cual sobresale únicamente los documentos aportados por la parte demandante. (…) Se tiene que luego de 7 actas de suspensiones al OTROSÍ ADICIONAL NÚMERO 04 de fecha 28 de septiembre de 2017 del contrato de obra LP- 002-2015, suscrito entre las partes, el Acta No°4 de fecha 30/09/2019, reinició la obra suspendida con plazo de terminación de 31 días, y señaló que el plazo concluía el 31 de octubre de 2019, de esta forma, los 6 meses para liquidar el contrato, corrieron hasta el 1 de mayo de 2020. Para tal fin se observa que el consorcio demandante presentó al Municipio Factura No CPC 007 de fecha 02 de diciembre de 2019, por concepto de acta final del contrato por valor de $387.051.508, oo., así como también elevó oficio de fecha 23 de diciembre de 2019, por medio del cual, solicitó a la Alcaldía del Municipio de la Candelaria, iniciar formalmente el proceso de liquidación contractual de mutuo acuerdo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, echándose de menos respuesta alguna por parte del ente territorial, incluso en este proceso judicial, el cual no contestó ni alegó dentro del término legal que tenía. Adicionalmente, obran en el plenario oficios de fecha 14 de febrero de 2020 y 01 de junio de 2020, por medio del cual, el demandante, insiste al ente territorial demandado iniciar el proceso de liquidación contractual y el pago de las sumas adeudadas por valor de $387.051.508,oo, respectivamente. (…) Pues bien, ante la evidente falta de pago de la factura CPC 007 del 02 de diciembre de 2019 por la suma de $387.051.508,oo, la Sala declarará el incumplimiento del contratante, Municipio de la Candelaria- Atlántico, el cual adeuda al CONSORCIO CONSORCIO PAVIMENTOS CANDELARIA 2015 2017, la suma de $387.051.508,oo, por concepto de las obras ejecutadas, dentro del OTROSÍ ADICIONAL NÚMERO de fecha 12 de junio de 2018 al CONTRATO DE OBRA DE LA LP-002-2015, suscrito entre las partes. (...)” 1.4. Síntesis de la apelación 4. El apoderado del consorcio demandante, inconforme con la decisión de primer grado interpuso recurso de alzada con miras a obtener la modificación del ordinal tercero que ordenó reconocer una suma de dinero por la liquidación judicial y la revocatoria de los numerales cuarto y quinto que negaron las demás pretensiones y no condenó en costas, respectivamente. Con relación a las consideraciones del Tribunal, discrepó de ellas, en estos términos: 4.1. Insistió en que, si se estructuró un hecho del príncipe por el rompimiento en principio del principio de planeación contractual y segundo del principio de buena fe con ocasión al cobro de obligaciones tributarias desconocidas por la parte demandante al momento de presentar su propuesta. 4.2. Reiteró que es incuestionable como la adición del 3.5% por concepto del tributo descontado desconfigura la estructuración de costos y del AIU establecidos en el pliego de condiciones respecto al primer componente, pasando en cuanto al componente de Administración (excluyendo los costos administrativos de gastos de personal y movilización) del 21,87% al 25,37% respecto al total del 26% establecidos para tal fin, dejando un paupérrimo remanente del 0,63% para gastos de personal de administración y de movilización e instalación, lo cual no tiene precedente en proceso contractual alguno. 4.3. Sostuvo que, si bien es cierto que el tributo fue impuesto con anterioridad de la firma contractual, no es menos cierto que esta consideración del a quo supone el deber o la obligación de conocer todos los aspectos tributarios desarrollados dentro de cada municipio o ente contratante, deber que hace una carga excesiva dada lo disímil de las cargas tributarias territoriales con relación a los más de 1000 municipios que tiene el país. 4.4. Alegó que respecto de las mayores permanencia el a quo no realizó el análisis individual de la situación, debido que correspondía a la suspensión realizada desde el año 2017 hasta el año 2019 con ocasión a la suspensión realizada mediante Acta no 4 y sus consecuentes prórrogas, en donde bajo el principio de buena fe, el contratista firmó las mismas con la anotación señalada por el juez, asumiendo los riesgos propios de dicha suspensión, bajo el presupuesto de buena fe de que la contratante estaba realizando las acciones pertinentes para superar tal suspensión, acciones que nunca se materializaron por cuanto nunca fue contratada la interventoría requerida para el reinicio de la obra y terminación de esa suspensión. 4.5. Expuso que, en consonancia con el desequilibrio de la ecuación económica y financiera del contracto, es claro que esta aplica respecto a la situación presentada de mayores permanencias en la obra, lo cual se desprende del simple ejercicio aritmético de comparar el plazo inicial de ejecución del contrato y el plazo efectivamente cumplido. 4.6. Cuestionó que, si bien es acertada la declaración de incumplimiento por parte del a quo respecto a la obligación del saldo no pagado conforme a las obras adicionales, las consecuencias de este no se ven reflejados totalmente en el fallo, pues, reconoció únicamente el valor dejado de pagar indexado (daño emergente) sin los perjuicios propios de la declaración de incumplimiento (lucro cesante). De suerte que, bajo su entender exclusivamente no se pretendió el pago del capital adeudado sino también de los intereses moratorios causados, como lo ha permitido la jurisprudencia y como se desprende de lo expresado en el juramento estimatorio de su demanda. Así, solicitó que: “(…) - Respecto al Ordinal tercero modificar en el sentido de ORDENAR además de “pagar a favor del CONSORCIO PAVIMENTOS CANDELARIA 2015- 2017., de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS ML (387.051.508) por concepto del saldo a favor arrojado por la liquidación judicial del contrato” conforme a la formula de Indexación por concepto de Daño emergente, el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento contractual declarado mediante el reconocimiento de los intereses moratorios causados por el no pago oportuno de dicho concepto a título de Lucro Cesante. - Revocar el Ordinal Cuarto en el sentido de reconocer las pretensiones y pagos correspondientes originados a partir del desequilibrio económico causado por el pago de impuestos no estructurados en la planificación contractual y las mayores permanencia (sic) en la obra a partir del Acta de Suspensión número 4 conforme a lo expuesto en la demanda y en la presente apelación. - Revocar el Ordinal Quinto en el sentido de condenar a la parte vencida al pago de costas procesales acreditadas en el proceso y las correspondientes agencias en derecho. (…)” II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. El planteamiento del problema jurídico 5. Vistos los argumentos del apelante único, el problema jurídico en el presente proceso se centra en determinar si se encuentra probado un desequilibrio económico del Contrato de obra LP No 002-2015 en razón a los descuentos realizados al pago de la etapa 1 contractual y del anticipo por concepto de impuestos, así como por las actividades ejecutadas más a allá del plazo convenido, que involucraron, a juicio de la parte actora, una mayor permanencia en obra. 5.1. De igual manera, debe establecerse si hay lugar a reconocer los intereses moratorios sobre el incumplimiento de la obligación de pago de la demandada ordenada en la liquidación judicial del contrato. Previo al pronunciamiento de fondo, se considera pertinente identificar el marco jurisprudencial aplicable al sub lite. 2.2. Marco jurisprudencial aplicable 6. Sobre el equilibrio económico o financiero del contrato estatal, el H. Consejo de Estado ha señalado que, en virtud de este principio, “(…) se persigue que la correlación existente al tiempo de su celebración entre las prestaciones que están a cargo de cada una de las partes del contrato, permanezca durante toda su vigencia, de tal manera que a la terminación de éste, cada una de ellas alcance la finalidad esperada con el contrato (…)”. De ahí que, ese equilibrio puede verse afectado o alterado si se presentan alguna de las siguientes causas,: “(…) por factores externos a las partes cuya ocurrencia se enmarca dentro de la teoría de la imprevisión o por diversas causas que pueden resultar atribuibles a la Administración por la expedición de actos en ejercicio legítimo de su posición de autoridad, los cuales han sido concebidos por la doctrina como “Hecho del Príncipe” o en uso de sus facultades de entidad contratante a través de las potestades excepcionales -“Ius variandi”-, pero que en ningún caso se derivan de la conducta antijurídica del extremo público contratante. (…)” (Negrilla y subraya fuera del texto) 7. Por su parte, el incumplimiento del vínculo contractual, continuando en palabras de la misma Corporación: “ (…) no solo se presenta por la inobservancia de las estipulaciones contenidas en el texto contractual, sino en todos los documentos que lo integran, tales como los pliegos de condiciones que, por regla general, fungen como soportes de la formación del vínculo jurídico. Asimismo, tiene ocurrencia cuando la actuación de las partes desconoce el catálogo de principios que orientan la contratación y que igualmente se entienden incorporados en la relación jurídica bilateral (…)”. En ese marco, “(…) el incumplimiento se origina en una conducta alejada de la juridicidad de uno de los extremos cocontratantes que, de manera injustificada, se sustrae de la satisfacción de las prestaciones a su cargo en el tiempo y en la forma estipulados (…)” (Negrilla y subraya fuera del texto). 8. En cuanto a la mayor permanencia en la obra, el órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ha precisado su concepto en los siguientes términos: “La mayor permanencia de obra se refiere a la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, por hechos no imputables al contratista, y debido al incumplimiento de obligaciones o deberes por la entidad pública contratante, que aun cuando no implican mayores cantidades de obra u obras adicionales, traumatizan la economía del contrato en tanto afectan su precio, por la ampliación o extensión del plazo, que termina aumentando los valores de la estructura de costos (administrativos, de personal, equipos, etc.) prevista inicialmente por el contratista para su cumplimiento. De ahí que, ante conductas transgresoras del contrato por parte de la entidad contratante, que desplazan temporalmente el contrato por un período más allá del inicialmente pactado, surge el deber jurídico de reparar por parte de la Administración al contratista cumplido, siempre y cuando se acrediten esos mayores costos y se demuestre la afectación al equilibrio económico del contrato, esto es, que se encuentra el contratista en punto de pérdida. (Resalta el Ministerio Público) 9. Es así como la jurisprudencia de ese cuerpo colegiado ha fijado algunos presupuestos jurídicos que resulta importante considerarlos para el reconocimiento de la mayor permanencia en obra, a saber: “(i) la prolongación en el tiempo de la ejecución inicialmente pactada; (ii) que esa extensión obedezca a hechos no imputables al contratista e imputables a su contraparte; (iii) que el contratista cumpla con su débito contractual, y (iv) que se acrediten los mayores extra costos generados por la mayor permanencia en obra”. 10. De acuerdo al referente jurisprudencial aludido, es claro que la ecuación financiera del contrato está encaminada a garantizar al contratista las utilidades o prestaciones económicas a que tiene derecho por su colaboración con la administración al ejecutar el contrato con miras al cumplimiento de los fines estatales; mientras que la mayor permanencia en obra busca resarcir los sobrecostos en que incurrió el contratista al extenderse el plazo de ejecución inicialmente pactado en el negocio jurídico. 11. No obstante, si bien los presupuestos para la configuración y la razón de ser de los anteriores institutos contractuales son distintos, lo cierto es que ambos pueden concurrir, toda vez que, ante una mayor permanencia en obra se puede afectar la economía del contrato estatal, así lo ha expuesto el Consejo de Estado: “(…) Incumplimientos de la administración, tales como no pagar oportunamente el anticipo o las actas de entrega parcial de obra o el valor de la cuantía del contrato, o no entregar oportunamente los terrenos en los cuales debe ser construida la obra, o no suministrar oportunamente los planos y materiales con los cuales se debe ejecutar la obra, pueden alterar la ecuación financiera del contrato bajo la perspectiva de que usualmente dificultan el desarrollo de las prestaciones a la parte ofendida y generan mayores gastos y erogaciones para el contratista. Lo cierto es, por tanto, que el incumplimiento de obligaciones o deberes por la entidad pública contratante que genera una mayor permanencia en obra o prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, aun cuando no impliquen mayores cantidades de obra u obras adicionales, puede llegar a traumatizar la economía del contrato en tanto afectan su precio debido, pues la ampliación o extensión del plazo termina aumentando los valores de la estructura de costos (administrativos, de personal, equipos, etc.) prevista inicialmente por el contratista para su cumplimiento, situación que da lugar a la reparación de los perjuicios que se le produzcan, siempre y cuando se acredite y estén debidamente demostrados y de la conducta de las partes no se derive lo contrario. En efecto, ante conductas transgresoras del contrato por parte de la entidad contratante, que desplazan temporalmente el contrato por un período más allá del inicialmente pactado, surge el deber jurídico de reparar por parte de la administración al contratista cumplido, en tanto se prueben los daños sufridos. (…)” (Negrilla fuera del texto) 12. Con base en las anteriores consideraciones, esta Agencia Fiscal pasa a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto. 2.3. El caso concreto 13. En el escrito de la demanda se reclama el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de obra LP-002 2015 que el consorcio demandante suscribió con el municipio de la Candelaria-Atlántico, quien estimó alterado por los descuentos realizados al pago de la etapa 1 contractual y del anticipo, lo cual conllevó a la violación del principio de planeación en la estructuración de los costos para la conformación del esquema AIU. 13.1. De igual manera, el consorcio solicita el resarcimiento de los perjuicios ocasionados producto de las mayores permanencias en obra por la permanencia injustificada de 21 meses y 29 días, durante la suspensión No 04 que, bajo su entender, superó todas las condiciones y principios de buena fe entre las partes dada la inacción de la contratante para reiniciar la ejecución contractual, lo cual le generó costos no contemplados en la planeación contractual. Finalmente pretende el incumplimiento contractual ante la falta de pago del saldo determinado en el acta final del recibo final de la obra. 14. La sentencia de primera instancia determinó que (i) no se configuró para el contratista un desequilibrio económico en el contrato LP-002-2015 por la indebida planificación de los costos AIU, ante el descuento realizados por el municipio en la etapa 1 contractual y del anticipo, por concepto de impuestos por cuanto ello no constituyó un hecho imprevisto pues el consorcio pudo afrontar sus efectos cuando suscribió los otrosíes, pero guardó silencio; (ii) el municipio no estaba en la obligación de reconocer y pagar a favor del consorcio las mayores permanencias de obra del contrato por la presunta estadía injustificada en la suspensión No 4, ya que el contratista pactó y aceptó asumir los riesgos como propios al suscribir las suspensiones sin realizar salvedad alguna y; (iii) con relación al incumplimiento de la contratante por el no pago del saldo establecido en el acta final del recibo final del contrato lo encontró demostrado con la factura CPC 007 del 02 de diciembre de 2019 por la suma de $387.051.508,oo por concepto de obras adicionales con su respectiva indexación; razones suficientes para acceder parcialmente a las pretensiones. 15. La parte demandante, en su apelación insiste en que sí se configuró un rompimiento del equilibrio financiero del contrato por la indebida planificación de los costos AIU al enmarcarse como un hecho del príncipe pese a la preexistencia del impuesto posterior a la suscripción del contrato. Igualmente, reiteró que están dados todos los elementos necesarios establecidos por la jurisprudencia para el reconocimiento de la mayor permanencia en obra, pues si bien no realizó observaciones en el otrosí actuó bajo el principio de buena fe que la contratante adelantaría todas las acciones para superar las suspensiones. En cuanto a la liquidación judicial del vínculo solicitó también le sean reconocidos los intereses de mora por el incumplimiento en el pago de las obras adicionales. 16. Conforme a lo anterior, se pasa a analizar cada uno de los cargos alegados en la alzada, advirtiendo que al haber apelado únicamente la parte actora, entonces solamente habrá lugar a pronunciarse sobre aquello que se reprocha como desfavorable en el recurso, tal como lo establece el artículo 320 del CGP. 2.3.1. Del rompimiento del equilibrio financiero del contrato por la indebida planificación de los costos AIU, ante el descuento por impuestos en la etapa 1 y el anticipo 17. La parte actora explicó que terminada la etapa 1 del contrato, presentó cuenta de cobro por valor de $39.734.364, suma sobre la que le hicieron deducciones por $1.198.890 como concepto de estampilla Pro-anciano; pese a ello y encontrarse a paz y salvo en materia de impuestos municipales, le fue descontado el valor de $84.394.757 por concepto Pro-anciano Fondo Abierto del valor del anticipo, que debía ser desembolsado en la suma de $844.557.310 conforme a la cláusula quinta contractual, resultando ser cancelado parcialmente la suma de $760.162.563, situación que, bajo su apreciación, acentuó la afectación del presupuesto ya que la destinación de los recursos del anticipo debían ser utilizados para garantizar la compra de materiales en cuantía de $500.000.000 y para el transporte y alquiler de maquinaria por cantidad $344.557.310. 18. Los anteriores descuentos y pagos se encuentran debidamente probados con los documentos arrimados por el consorcio. No obstante, para esta Vista Fiscal, no está configurado el desequilibrio económico en los términos pretendidos en la demanda, pues, en línea con lo estimado por el Tribunal y contrario a lo manifestado en la apelación relacionado con que se debe analizar el presunto rompimiento bajo un desconocimiento del principio de planeación contractual, es necesario revisarse, en principio, desde la teoría del hecho del príncipe. Sobre dicha figura jurídica la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha pronunciado de la siguiente manera: “Hace referencia a la adopción de medidas de orden legal (Ley) o administrativa (acto) de carácter general que, aunque no modifican el objeto del contrato ni precisamente pretenden esa finalidad, sí inciden en él de modo necesario haciendo más oneroso el cumplimiento a cargo del contratista, es decir, alteran la ecuación económica del contrato. En ese entendimiento, los presupuestos para la configuración de esa situación son los siguientes: a) Expedición de una norma legal o medida administrativa de naturaleza general, impersonal o abstracta que modifica o altera el equilibrio económico del contrato existente al momento de su celebración; por el contrario, si se trata de un acto particular o subjetivo de la entidad contratante la teoría a aplicar no es ella sino otra muy distinta, como por ejemplo el ‘ius variandi’ que, tiene otro contenido y fundamento. b) Debe ser expedida por la propia entidad contratante, de lo contrario, la teoría a aplicar al caso será otra como lo es la teoría de la imprevisión. c) Su impacto en el contrato puede ser directo o indirecto. d) Produce una afectación grave y anormal del equilibrio económico del contrato, es decir, una alteración extraordinaria, no la propia o normal del contrato que bien puede ser cubierta o contenida con los recursos de imprevistos. e) Imprevisibilidad, esto es, que al momento de proponer o celebrar el contrato no es posible prever o anticipar su advenimiento. f) Permite reconocer al contratista la utilidad esperada, descontando los rubros de “administración” e “imprevistos”” . 19. De acuerdo con lo anterior, no se cumplen los requisitos para aplicar la teoría del hecho del príncipe al presente caso, en tanto, no se trata de “un acto de carácter general expedido por el órgano o autoridad pública contratante (ley o acto administrativo) en ejercicio de una competencia diferente a la contractual que afecte gravemente la ecuación financiera de un contrato” . 20. Ahora bien, al establecerse que no se trata de un acto impositivo expedido por la propia entidad contratante, pasa a estudiarse la naturaleza de la carga tributaria que ahora se reprocha. Así, debe mencionarse que la estampilla pro-anciano fue decretada por el legislador, mediante la Ley 48 de 1986, norma que ha sido modifica por la Ley 687 de 2001 y, ésta a su vez por la Ley 1276 de 2009, norma que en su artículo 3° autorizó a las Asambleas departamentales y a los Concejos distritales y municipales para emitir esta contribución como un “recurso de obligatorio recaudo para contribuir a la construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de los Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad, en cada una de sus respectivas entidades territoriales.” 21. Aclarado lo anterior, debe mencionarse que el contrato de obra LP No 002 suscrito entre el municipio y el consorcio el día 29 de octubre de 2015, en su cláusula segunda estableció el valor del contrato, en estos términos: “CLAÚSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO; El precio de este contrato será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por lo precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, precios unitarios y el valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidará el contrato. En especial considerando que las cantidades definitivas se establecerán como resultado de los estudios y diseños que realice el contratista durante la primera fase del contrato. Bajo esta condición se estima el precio del presente contrato en la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($2.445.532.511,97) mcte de acuerdo con el cuadro de cantidades y precios.” PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA presentó su propuesta un A.I.U. del 36% discriminado así; Administración (A) del 26% Imprevistos (I) del 5% y utilidad (U) del 5%. PARÁGRAFO SEGUNDO: IDEMNIDAD TRIBUTARIA- De conformidad con el pliego de condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones, indemne a EL MUNICIPIO todo lo relacionados con las obligaciones tributarias derivadas del mismo”. (Resalta el Ministerio Público) 21.2. De igual manera, en el pliego de condiciones de la LP No 002-2015 en el acápite de riesgos en la contratación se definió dentro del evento de riesgo de variación de precios (regulados) los impuestos, así: 22. Conforme a lo expuesto, los impuestos que gravaran al contrato o que pudieran hacerlo, debían ser asumidos por la persona jurídica o sociedad que resultara seleccionada como adjudicataria del contrato proyectado, en ese sentido y ante un caso similar se pronunció el H. Consejo de Estado de la siguiente manera: “Extrapolando lo expuesto al caso concreto, esta Sala considera que dentro del giro ordinario de los negocios de las sociedades actoras estaban en el deber de conocer los impuestos y gravámenes que podrían llegar a afectar directamente una relación contractual de la cual pretendían hacer parte, en particular, la posibilidad de asumir la obligación tributaria concerniente a que en el evento de contratar una obra con una entidad pública debían sufragar el referido impuesto de guerra, cuestión que, como se dejó expuesto en párrafos precedentes, para la fecha de celebración del contrato era incierta, pero constituía como una posibilidad latente. Así pues, a pesar de que la UMNG hubiera plasmado en la adenda número 2 que el contrato en ciernes no sería objeto del impuesto de guerra, lo cierto es que la institución educativa no tenía la facultad de exonerarlos del pago de un impuesto de creación legal, máxime cuando de una interpretación integral y armónica del pliego de condiciones se podía deducir sin mayor esfuerzo que todos los impuestos debían ser asumidos por el contratista. Por las razones expuestas, para la Sala no son de recibo las alegaciones de la parte accionantes tendientes a establecer que la inclusión de la adenda número 2 a la invitación pública 003 de 2011 le generó una expectativa legítima sobre el hecho que durante la ejecución del contrato no se iba a deducir monto alguno por concepto del impuesto de guerra, más aún si se tiene en cuenta que las sociedades actoras aceptaron, en alzada, que conocían desde el momento de presentar su oferta que el impuesto de guerra estaba vigente y que debían acatar la ley sobre ese tributo y con base en ello, estructura los costos y precios de su oferta económica, pues como lo ha dicho esta Corporación, ‘la confianza legitima no puede alegarse para salvaguardar actuaciones que han sido expresamente proscritas por la Ley’ . En lo atinente a establecer si la UMNG se encontraba legalmente habilitada para apartarse de lo fijado por ella en la adenda número 2 y descontar los montos necesarios para sufragar el impuesto de guerra, debe recordarse, en primer lugar, que en el contrato celebrado se estableció claramente, siguiendo la misma línea del pliego de condiciones, que los impuestos, tasas y retenciones que surgieran por la celebración, ejecución y liquidación del contrato correrían por cuenta del contratista, en consecuencia, la UMNG estaba obligada a efectuar las retenciones del caso y cumplir con las obligaciones tributarias que ordene la ley; en segundo lugar, que en los contratos se entienden incorporadas las leyes vigentes al momento de su celebración, por lo tanto, para la fecha de suscripciones del negocio jurídico bajo análisis no solo se encontraba vigente el ya mencionado artículo 6º de la Ley 1106 de 2006 que regulaba lo concerniente al impuesto de guerra, sino también el artículo 121 de la Ley 418 de 1997, que establecía que la contribución especial no recae sobre las entidades públicas contratantes sino sobre sus contratistas, por lo que en el contexto de dicha obligación tributaria, las entidades públicas contratantes sólo actúan como agentes de retención con deber de trasladar las sumas recaudadas a la entidad territorial del nivel al que pertenezcan. Revelado lo anterior, debe concluirse que la conducta desplegada por la UMNG al inaplicar la adenda número 2 para descontar y retener un porcentaje del precio total del contrato para el pago de gravamen por impuesto de guerra se fundamentó no solo en prescripciones negociales validas sino en normas tributarias vigentes y de obligatorio cumplimiento, proceder que, en consecuencia, no transgrede el principio de buena fe objetiva, pues como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, la figura de los actos propios no opera de manera automática, ni en todos los eventos, ‘por ello, en las situaciones en que hipotéticamente hay incursión en los predios del acto propio debe sobrevenir la confrontación del suceso en sí con la regulación normativa vigente para determinar la pertinente procedencia. Su vitalidad, entonces, se patentiza en la medida en que el asunto del que se trate no tenga una regulación legal general o especial ante la cual, por su naturaleza, el principio deba ceder’ ” . (Negrilla del Ministerio Público). 23. Así las cosas, resulta claro, como lo consideró la primera instancia, que la carga tributaria existía desde antes de la celebración del contrato (2015), al determinarse el tributo en el Acuerdo municipal 005 de marzo de 2012; motivo por el cual era previsible que el contratista pudiera ser un sujeto gravable, es así como en la matriz de riesgos se estableció el riesgo regulatorio como probable de ocurrir, de manera que, la entidad contratante estaba obligada a realizar la retención del caso y dar cumplimiento a la obligación tributaria ordenada por el ordenamiento jurídico; lo cual se concreta como un riesgo absolutamente previsible, en tanto que a los contratos estatales se entienden incorporadas las leyes vigentes al momento de su celebración. 24. De acuerdo a ello, el cargo del recurso de apelación no está llamado a prosperar, máxime cuando la jurisprudencia ha determinado que las obligaciones derivadas del principio de planeación también se extienden a los contratistas quienes tienen “la carga de analizar la suficiencia y consistencia de los estudios previos y de los precios presupuestados, en orden a definir su participación en la licitación y el contenido de su oferta; se entiende que es una carga, en el sentido de que el contratista no podrá desconocer los términos y condiciones que aceptó y mucho menos aquellos que negoció con la entidad pública”; de suerte que, no puede el extremo demandante ir en contra de sus actos y alegar su propia culpa, cuando en la fase de observaciones de la licitación pública pudo prever esta situación que alega como un desbalance de la ecuación contractual. 2.3.2. De la mayor permanencia en obra que presuntamente ocasionó el desequilibrio económico del contrato 25. Expone la recurrente que en la sentencia apelada no se realizó el análisis individual de la situación, debido que correspondía a la suspensión realizada desde el año 2017 hasta el año 2019 con ocasión a la suspensión realizada mediante Acta no 4 y sus consecuentes prórrogas, en donde bajo el principio de buena fe, el contratista firmó las mismas con la anotación señalada por el juez, asumiendo los riesgos propios de dicha suspensión, bajo el presupuesto de buena fe de que la contratante estaba realizando las acciones pertinentes para superar tal suspensión, acciones que nunca se materializaron por cuanto nunca fue contratada la interventoría requerida para el reinicio de la obra y terminación de esa suspensión. De manera que solo debía compararse el plazo inicialmente pactado con el efectivamente ejecutado, para demostrar este desequilibrio. 26. A partir de lo anterior, corresponde entonces contrastar los presupuestos de la mayor permanencia en obra con el asunto objeto de juzgamiento. Pues bien, en lo que se refiere a la prolongación en el tiempo de la ejecución inicialmente pactada, se tiene que: 26.1. El contrato de Obra Pública LP No 002 de 2015 en su cláusula cuarta definió el plazo de ejecución para la Etapa 1 de pre-construcción el máximo de 60 días y 15 meses para la Etapa 2. 26.2. Dicho contrato, tuvo un otrosí adicional No 4 el 28 de septiembre de 2017 para adicionar el valor en suma de $ 387.051.508 y el plazo de ejecución por treinta días más a la etapa 2, exponiéndose como motivo que el municipio según los informes de interventoría y de supervisión del contrato de obra solicitó al DPS la adición de recursos con quien firmó convenio interadministrativo 413 de 2015 por valor de $387.051.050 para lograr la ejecución integral de la obra y siendo necesario adicionar cantidades de obra. 26.3. El referido otrosí fue objeto de suspensión con las siguientes prórrogas: Acta Fecha y tiempo de suspensión Razones de suspensión Anotación acta Acta suspensión No 04 02-12-2017 40 días calendarios, para reiniciar el 11 de enero de 2018 Para realizar trámites de legalización de adicional No 01 del contrato de obra Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo del Municipio de la Candelaria Acta No 1 de prórroga a la suspensión No 4 11/01/2018 32 días calendario, para reiniciar el 12 de febrero de 2018 Para superar los motivos que dieron origen a la suspensión Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo del Municipio de la Candelaria Acta No 2 de prórroga a la suspensión No 4 12/02/2018 60 días calendario para reiniciar el 13 de abril de 2018 Ibidem Ibidem Acta No 3 de prórroga a la suspensión No 4 13/04/2018 45 días calendario, para reiniciar el 28 de mayo de 2018 Ibidem Ibidem Acta No 4 de prórroga a la suspensión No 4 28/05/2018 30 días calendario para reiniciar el 27 de junio de 2018 Ibidem Ibidem Acta No 5 de prórroga a la suspensión No 4 27/06/2018 65 días calendario, para reiniciar el 31 de agosto de 2018 Para expedir documento de adición de prórroga al contrato de interventoría No 216 de 2016 Ibidem Acta No 6 de prórroga a la suspensión No 4 31/08/2018 Para superar completamente las razones que llevaron a la suspensión Ibidem 27. De lo anterior, se infiere que las suspensiones tuvieron lugar debido a la necesidad de lograr la ejecución integral de la obra, para lo que era necesario adicionar cantidades de obra, en virtud del citado convenio interadministrativo No 413 DPS-FIP-(2015) celebrado entre el Departamento Administrativo para la prosperidad Social y el municipio de la Candelaria. 28. En ese sentido, no cabe duda de que dichas prórrogas de la suspensión implicaron una ampliación del plazo y la adición de recursos. Sin embargo, compartiendo línea interpretativa de la primera instancia, no cabe duda de que en las actas suscritas las partes convinieron de manera expresa que la suspensión no generaría gastos adicionales por concepto de administración, permanencia en obra o lucro cesante a cargo de la entidad contratante. 29. Por consiguiente, para el Ministerio Público la voluntad o intención de las partes (artículo 1618 CC), reflejada en los acuerdos modificatorios suscritos permite concluir que los contratantes modificaron únicamente el plazo del contrato y consideraron que no era necesaria una contraprestación por ello. Es decir, las partes, durante las negociaciones de esas suspensiones tuvieron en cuenta circunstancias imputables a la contratante que incidieron en la ejecución del contrato y otras que afectaron el plazo de ejecución, pero descartaron la inclusión de los costos, pues el mismo consorcio demandante al suscribir las prórrogas del contrato sostuvo que ante la ampliación del plazo era innecesaria una remuneración adicional. 30. De manera que, como lo ha sostenido de manera pacífica la jurisprudencia, el juez del contrato debe respetar lo pactado en las modificaciones al contrato, pues es ley para las partes y, por ello, deben cumplirse (art. 1602 CC), tal como lo estimó el Tribunal a quo. De ahí que, el consentimiento no puede ser desconocido por reclamaciones posteriores del contratista para obtener reconocimientos de sobrecostos por el factor tiempo que no formaron parte del acuerdo. 31. Así las cosas, resulta claro, pues, que tanto el plazo como el precio fueron objeto de negociación y acuerdo por las partes, por cuanto el consorcio contratista, de manera expresa, en las actas afirmó que no eran necesarios más recursos, lo que llevó a la firma de las prórrogas de suspensión al otrosí acordado. 32. En ese sentido, no es de recibo el argumento del apelante relacionado con que, del simple ejercicio aritmético de comparar el plazo inicial de ejecución del contrato y el plazo efectivamente cumplido, se desprende el desequilibrio de la ecuación económica del contracto por mayores permanencias en la obra, pues, el antecedente desarrollado por el Consejo de Estado ha sido claro en establecer la exigencia de demostrar el efecto adverso del equilibrio económico contractual debido a la mayor permanencia. Esto ha señalado la Corporación: “(…) la causación de perjuicios o el impacto negativo económico del Contrato derivado de la mayor permanencia en obra no pueden constituir un asunto que se deja a la suerte de la simple inferencia lógica apoyada en la extensión del tiempo. Por el contrario, indefectiblemente su causación y cuantía deben ser objeto de comprobación”. 33. Por consiguiente, le corresponde a la parte afectada probar que la mayor permanencia en la obra le irrogó un daño cierto que pueda ser apreciado desde el punto de vista tanto material como jurídico. 2.3.3. De la liquidación judicial del contrato de obra 34. La sentencia apelada declaró el incumplimiento contractual del municipio demandado por el no pago de la factura No CPC 007 del 02 de diciembre de 2019 en el marco del contrato LP-002-2015 y lo liquidó judicialmente ordenando el pago a favor del consorcio actor por valor de $387.051.508 más su indexación como concepto de obras adicionales. 35. El consorcio apelante cuestiona que, si bien es acertada la declaración de incumplimiento por parte del a quo respecto a la obligación del saldo no pagado conforme a las obras adicionales, las consecuencias de este no se ven reflejados totalmente en el fallo, pues, reconoció únicamente el valor dejado de pagar indexado (daño emergente) sin los perjuicios propios de la declaración de incumplimiento (lucro cesante). De suerte que, bajo su entender exclusivamente no se pretendió el pago del capital adeudado sino también de los intereses moratorios causados, como lo ha permitido la jurisprudencia y como se desprende de lo expresado en el juramento estimatorio de su demanda. 36. Revisado el escrito que subsanó la demanda, se observa que las pretensiones fueron las siguientes: 37. En tal sentido, si bien en la estimación razonada de la cuantía se hizo alusión al valor de intereses moratorios por el no cumplimiento de la obligación de pago a cargo de la demanda, como lo menciona la parte apelante, lo cierto es que esta petición no fue una solicitud concreta dentro de las pretensiones de la demanda, de suerte que, decidir de fondo sobre ella en esta instancia quebrantaría el principio de congruencia, de ahí que, el juez de primer grado no entró a pronunciarse de manera particular, máxime cuando al monto económico reconocido en la liquidación del contrato le aplicó la fórmula de indexación como una manera de actualizar la depreciación del dinero en el tiempo transcurrido. III. CONCEPTO De conformidad con las normas citadas, con la jurisprudencia invocada, con las pruebas allegadas, y con las consideraciones y reflexiones consignadas en este concepto, para esta Procuraduría Delegada, el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Pavimentos Candelaria 2015-2017 no está llamado a prosperar. Dicho lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, con el debido acatamiento por la independencia judicial, respetuosamente recomienda CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió parcialmente a la súplicas de la demanda. Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente, NOHORA CRISTINA GUTIÉRREZ BARRERA Procuradora Delegada de Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado HABC / NCGB

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https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory