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clave: "pgn:responsabilidad_disciplinaria:92c92a46-a273-41d2-bd9d-39e1bae8ddae.docx"
titulo: "CONTRATO ESTATAL: el contratista pactó y aceptó asumir los riesgos implícitos en dichas suspensiones como propios y por ende"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2026-01-22"
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# CONTRATO ESTATAL: el contratista pactó y aceptó asumir los riesgos implícitos en dichas suspensiones como propios y por ende

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2026-01-22
- **Número:** 92c92a46-a273-41d2-bd9d-39e1bae8ddae.docx
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 6: PRIMERA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:92c92a46-a273-41d2-bd9d-39e1bae8ddae.docx
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Accion de controversias contractuales: Consorcio Pavimentos Candelaria 2015-2017
- Accion de controvercias contractuales: Como consecuencia del desequilibrio económico del contrato
- Principio de planeacion contractual: Carga del contratista en el análisis de los estudios previos y precios presupuestados
- Suspensión del contrato estatal: Efectos económicos derivados de lo expresamente pactado por las partes

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011
- Ley 80 de 1993

## Extracto

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-Efectos económicos derivados de lo expresamente pactado por las partes CONTRATO ESTATAL-Fuerza vinculante de los acuerdos modificatorios CONTRATO ESTATAL-Aplicación de las normas tributarias vigentes al momento de su celebración En consecuencia, solicitó se ordene la liquidación del referido contrato y le sean reconocidos los perjuicios causados por ese incumplimiento, así como el pago de las sumas de dinero dejados de cancelar conforme al acta de recibo final de la obra, y las correspondientes a las deducciones realizadas del valor del anticipo que causaron un desequilibrio de la ecuación contractual y todas aquellas correspondientes al pago de costos generados por mayores permanencias en la obra debido a la negligencia de la entidad contratante. … i. El rompimiento del equilibrio financiero del contrato estatal alegado en el caso concreto.

## Descriptores temáticos

CONTRATO ESTATAL, Aplicación de las normas tributarias vigentes al momento de su celebración

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — El juez del contrato no puede deducir del silencio una renuncia tácita, ni convertir la ausencia de salvedades en un requisito jurisprudencial de procedencia o prosperidad de una reclamación posterior.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:13001233300020170082001-74181-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:18001234000020190006702-71860-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020200230601-72791-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no existen pruebas que demuestren defectos en la planeación por parte de la entidad](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020170007602-68810-sentencia.md)

## Texto del documento

ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Consorcio Pavimentos Candelaria 2015-2017
Para que se declarara el incumplimiento contractual y el desequilibrio de la ecuación contractual por parte de esa entidad del contrato de obra LP 02-2015.
ACCION DE CONTROVERCIAS CONTRACTUALES- Como consecuencia del desequilibrio económico del contrato
El descuento del impuesto, sobre el primer anticipo, no constituye un hecho imprevisto, en el entendido de que el contratista pudo afrontar sus efectos, al momento de la celebración de los otros si, y adicionales, pero en cambio guardó silencio y concurrió a su celebración aceptándolos en forma manifiesta, por lo que resulta inadmisible que reclame por el daño que afirma producirle una ley que existía pero que no tuvo en cuenta cuando lo suscribió el contrato con el ente territorial demandado
PRINCIPIO DE PLANEACION CONTRACTUAL-Carga del contratista en el análisis de los estudios previos y precios presupuestados
La jurisprudencia ha determinado que las obligaciones derivadas del principio de planeación también se extienden a los contratistas quienes tienen “la carga de analizar la suficiencia y consistencia de los estudios previos y de los precios presupuestados, en orden a definir su participación en la licitación y el contenido de su oferta; se entiende que es una carga, en el sentido de que el contratista no podrá desconocer los términos y condiciones que aceptó y mucho menos aquellos que negoció con la entidad pública
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-Efectos económicos derivados de lo expresamente pactado por las partes
El juez del contrato debe respetar lo pactado en las modificaciones al contrato, pues es ley para las partes y, por ello, deben cumplirse (art. 1602 CC), tal como lo estimó el Tribunal a quo. De ahí que, el consentimiento no puede ser desconocido por reclamaciones posteriores del contratista para obtener reconocimientos de sobrecostos por el factor tiempo que no formaron parte del acuerdo
CONTRATO ESTATAL-Fuerza vinculante de los acuerdos modificatorios
El plazo como el precio fueron objeto de negociación y acuerdo por las partes, por cuanto el consorcio contratista, de manera expresa, en las actas afirmó que no eran necesarios más recursos, lo que llevó a la firma de las prórrogas de suspensión al otrosí acordado
CONTRATO ESTATAL-Aplicación de las normas tributarias vigentes al momento de su celebración
La carga tributaria existía desde antes de la celebración del contrato (2015), al determinarse el tributo en el Acuerdo municipal 005 de marzo de 2012; motivo por el cual era previsible que el contratista pudiera ser un sujeto gravable, es así como en la matriz de riesgos se estableció el riesgo regulatorio como probable de ocurrir, de manera que, la entidad contratante estaba obligada a realizar la retención del caso y dar cumplimiento a la obligación tributaria ordenada por el ordenamiento jurídico; lo cual se concreta como un riesgo absolutamente previsible, en tanto que a los contratos estatales se entienden incorporadas las leyes vigentes al momento de su celebración
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA-Prohibición de resolver sobre pretensiones no formuladas
En la estimación razonada de la cuantía se hizo alusión al valor de intereses moratorios por el no cumplimiento de la obligación de pago a cargo de la demanda, como lo menciona la parte apelante, lo cierto es que esta petición no fue una solicitud concreta dentro de las pretensiones de la demanda, de suerte que, decidir de fondo sobre ella en esta instancia quebrantaría el principio de congruencia, de ahí que, el juez de primer grado no entró a pronunciarse de manera particular, máxime cuando al monto económico reconocido en la liquidación del contrato le aplicó la fórmula de indexación como una manera de actualizar la depreciación del dinero en el tiempo transcurrido.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO-Confirmación de la Sentencia impugnada
En defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, con el debido acatamiento por la independencia judicial, respetuosamente recomienda CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda
PROCURADURÍA DELEGADA DE INTERVENCIÓN 6:
PRIMERA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
Concepto No 011 / 2026
Bogotá, D. C., 22 de enero de 2026
Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente Dr.: ALBERTO MONTAÑA PLATA
E. S. D.
Radicado No: 08001-23-33-000-2020-00770-01 (73.724)
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)
Demandante: Consorcio Pavimentos Candelaria 2015-2017
Demandado: Municipio de Candelaria
El Ministerio Público, dentro del término para alegar de conclusión, presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia, respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 27 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
ANTECEDENTES
1.1. Síntesis de la demanda
1. El Consorcio Pavimentos Candelaria 2015 2017 (en adelante consorcio o contratista), en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, presentó demanda contra el Municipio de Candelaria Atlántico (en adelante municipio o contratante), para que se declarara el incumplimiento contractual y el desequilibrio de la ecuación contractual por parte de esa entidad del contrato de obra LP 02-2015.
1.1. En consecuencia, solicitó se ordene la liquidación del referido contrato y le sean reconocidos los perjuicios causados por ese incumplimiento, así como el pago de las sumas de dinero dejados de cancelar conforme al acta de recibo final de la obra, y las correspondientes a las deducciones realizadas del valor del anticipo que causaron un desequilibrio de la ecuación contractual y todas aquellas correspondientes al pago de costos generados por mayores permanencias en la obra debido a la negligencia de la entidad contratante.
1.2. Como sustento de sus pretensiones adujo, en resumen, que el contrato de obra citado fue suscrito el día 29 de octubre de 2015 entre el municipio y el consorcio para ejecutar el objeto consistente en la “construcción de pavimento en concreto hidráulico de la calle 10 entre carrera 10 y 21, carrera 21 entre calles 10 y 15a en el municipio de candelaria – departamento del atlántico”, por valor $2,445,532,511,97 y con un plazo de 60 días correspondientes a la Etapa 1 y de 15 meses para la Etapa 2.
1.3. Que, el contratista solicitó al municipio por escrito del 14 de diciembre 2015 la liquidación de las imposiciones tributarias de orden municipal para pagarlas y legalizar el respectivo contrato, por lo que, la tesorería del municipio certificó el 23 de diciembre de 2015 que conforme al estatuto tributario municipal se debía realizar el pago por valor total de $188,306,003,42, realizándose este por consignación el día 21 de diciembre de 2015 y quedando, de esa manera, a paz y salvo por concepto de impuestos municipales.
1.4. Que, se suscribió acta de inicio del 18 de enero de 2016 y se inició la etapa 1 pre-construcción, pero por acta de suspensión No 1 se suspendió dicha etapa mientras se daba la aprobación y diseños por parte de la Interventoría. Que, posteriormente se levantó acta de reinicio No 1 del 14 de septiembre 2016, después de 6 meses de suspensión, siendo aprobado por la interventoría el inicio de la etapa 2 de construcción, motivo por el cual fue suscrita el acta de inicio el día 15 de septiembre de 2016, con un plazo de 8 meses.
1.5. Que, el contrato fue objeto de tres otrosíes, los dos primeros para modificar las cláusulas cuarta y quinta, respectivamente; y el tercero con el que se adicionó el plazo de 30 días. Además, que durante la ejecución del objeto contractual se presentaron 3 suspensiones cuyos efectos fueron asumidos por el consorcio en virtud del principio de buena fe y los rubros de Imprevistos destinados dentro de la estructura de costos del AIU del contrato.
1.6. Que, el 2 de diciembre de 2017 se realizó otra suspensión para realizar trámites de legalización de las obras adicionales aprobadas por la interventoría, que fue prorrogada en 6 ocasiones mediante actas de suspensión, cesando dicha suspensión el 30 de septiembre de 2019 mediante acta de reinicio N°4, de manera que, con esta situación se generó unas mayores permanencias en la obra por espacio de 21 meses y 29 días.
1.7. Que, el 31 de octubre de 2019 se suscribió acta de recibo final y balance presupuestal del contrato en la que se determinó un saldo final por pagar por valor de $387, 051, 508,00 el cual, pese a contar con factura No CPC 007 no ha sido cancelado, máxime cuando en tres ocasiones el contratista ha solicitado a la entidad territorial la liquidación por mutuo acuerdo para presentar las reclamaciones que restauren el equilibrio económico del contrato generado por la indebida planificación de los costos de AIU.
1.8. Que, conforme a la situación fáctica detallada con los descuentos realizados a los pagos de la etapa 1 contractual y del anticipo, existió una violación del principio de planeación en la estructuración de los costos para la conformación del esquema del AIU, pues, el componente correspondiente a Gastos Jurídicos y Tributarios de los Gastos de fundamento administración del AIU contractual corresponden a un 25,37% total del 26% asignado al mismo en la estructuración del contrato, lo cual solo dejó un remanente del 0,63% para gastos de personal de administración y de movilización e instalación, siendo insuficientes dados los requerimientos del personal de administración solicitados en los pliegos de condiciones.
1.9. Que, al no haberse pagado la mentada factura No CPC 007 de 2019 cuando el consorcio cumplió cabalmente con sus obligaciones implica un incumplimiento de la entidad, de suerte que debe indemnizarse los perjuicios por la mora en el cumplimiento de la obligación de pago conforme al inciso final del numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993.
1.10. Que, con ocasión de las mayores permanencias en la obra sin lugar a duda la estadía injustificada por el término de 21 meses y 29 días correspondientes a la suspensión No 04 superó todas las condiciones y principios de buena fe entre las partes dada la inacción de la contratante para reiniciar la ejecución, lo cual causó costos no contemplados en la planeación contractual que perjudicaron la ecuación económica del contrato.
1.2. Síntesis de la contestación
2. El Municipio de Candelaria Atlántico pese a haber sido debidamente notificado no contestó la demanda.
1.3. La sentencia de primera instancia
3. El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia de 27 de febrero de 2025, decidió acceder parcialmente a las súplicas de la demanda al declarar el incumplimiento del municipio por el no pago de la factura No CPC 007 del contrato LP-002-2015 y liquidar judicialmente este ordenando el pago a favor del consorcio de $387.051.508 por concepto del saldo a favor arrojado por la liquidación más su actualización. Para el efecto, planteó como problema jurídico los siguientes interrogantes:
“(…) 1. ¿Se configuró para el contratista un desequilibrio económico en el contrato LP-002-2015 por la indebida planificación de los costos A.I.U., ante el descuento realizados por el Municipio de la Candelaria en la etapa 1 contractual y del anticipo, por concepto de impuestos?
2. ¿Se encuentra el Municipio de la Candelaria en la obligación de reconocer y pagar a favor del Consorcio demandante, las mayores permanencias de obra del contrato por la presunta estadía injustificada de 21 meses y 29 días correspondiente a la suspensión No 4?
3. ¿Se debe declarar el incumplimiento contractual por parte del Municipio de la Candelaria, ante la falta de pago de la factura No CPC 007 del contrato LP-002-2015, a través de la suscripción del OTROSÍ ADICIONAL NÚMERO 04 al contrato de obra LP 002-2015 de fecha 12 de junio de 2018? (…)”
3.1. A partir de ello, la tesis del Tribunal se centró en que: (i) no se configuró para el contratista un desequilibrio económico en el contrato LP-002-2015 por la indebida planificación de los costos AIU, ante el descuento realizados por el municipio en la etapa 1 contractual y del anticipo, por concepto de impuestos por cuanto ello no constituyó un hecho imprevisto pues el consorcio pudo afrontar sus efectos cuando suscribió los otrosíes, pero guardó silencio; (ii) el municipio no estaba en la obligación de reconocer y pagar a favor del consorcio las mayores permanencias de obra del contrato por la presunta estadía injustificada en la suspensión No 4, ya que el contratista pactó y aceptó asumir los riesgos como propios al suscribir las suspensiones sin realizar salvedad alguna y; (iii) con relación al incumplimiento de la contratante por el no pago del saldo establecido en el acta final del recibo final del contrato lo encontró demostrado con l

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ra o lucro cesante a cargo del Municipio de la Candelaria
Acta No 2 de prórroga a la suspensión No 4
12/02/2018
60 días calendario para reiniciar el 13 de abril de 2018
Ibidem
Ibidem
Acta No 3 de prórroga a la suspensión No 4
13/04/2018
45 días calendario, para reiniciar el 28 de mayo de 2018
Ibidem
Ibidem
Acta No 4 de prórroga a la suspensión No 4
28/05/2018
30 días calendario para reiniciar el 27 de junio de 2018
Ibidem
Ibidem
Acta No 5 de prórroga a la suspensión No 4
27/06/2018
65 días calendario, para reiniciar el 31 de agosto de 2018
Para expedir documento de adición de prórroga al contrato de interventoría No 216 de 2016
Ibidem
Acta No 6 de prórroga a la suspensión No 4
31/08/2018
Para superar completamente las razones que llevaron a la suspensión
Ibidem
27. De lo anterior, se infiere que las suspensiones tuvieron lugar debido a la necesidad de lograr la ejecución integral de la obra, para lo que era necesario adicionar cantidades de obra, en virtud del citado convenio interadministrativo No 413 DPS-FIP-(2015) celebrado entre el Departamento Administrativo para la prosperidad Social y el municipio de la Candelaria.
28. En ese sentido, no cabe duda de que dichas prórrogas de la suspensión implicaron una ampliación del plazo y la adición de recursos. Sin embargo, compartiendo línea interpretativa de la primera instancia, no cabe duda de que en las actas suscritas las partes convinieron de manera expresa que la suspensión no generaría gastos adicionales por concepto de administración, permanencia en obra o lucro cesante a cargo de la entidad contratante.
29. Por consiguiente, para el Ministerio Público la voluntad o intención de las partes (artículo 1618 CC), reflejada en los acuerdos modificatorios suscritos permite concluir que los contratantes modificaron únicamente el plazo del contrato y consideraron que no era necesaria una contraprestación por ello. Es decir, las partes, durante las negociaciones de esas suspensiones tuvieron en cuenta circunstancias imputables a la contratante que incidieron en la ejecución del contrato y otras que afectaron el plazo de ejecución, pero descartaron la inclusión de los costos, pues el mismo consorcio demandante al suscribir las prórrogas del contrato sostuvo que ante la ampliación del plazo era innecesaria una remuneración adicional.
30. De manera que, como lo ha sostenido de manera pacífica la jurisprudencia, el juez del contrato debe respetar lo pactado en las modificaciones al contrato, pues es ley para las partes y, por ello, deben cumplirse (art. 1602 CC), tal como lo estimó el Tribunal a quo. De ahí que, el consentimiento no puede ser desconocido por reclamaciones posteriores del contratista para obtener reconocimientos de sobrecostos por el factor tiempo que no formaron parte del acuerdo.
31. Así las cosas, resulta claro, pues, que tanto el plazo como el precio fueron objeto de negociación y acuerdo por las partes, por cuanto el consorcio contratista, de manera expresa, en las actas afirmó que no eran necesarios más recursos, lo que llevó a la firma de las prórrogas de suspensión al otrosí acordado.
32. En ese sentido, no es de recibo el argumento del apelante relacionado con que, del simple ejercicio aritmético de comparar el plazo inicial de ejecución del contrato y el plazo efectivamente cumplido, se desprende el desequilibrio de la ecuación económica del contracto por mayores permanencias en la obra, pues, el antecedente desarrollado por el Consejo de Estado ha sido claro en establecer la exigencia de demostrar el efecto adverso del equilibrio económico contractual debido a la mayor permanencia. Esto ha señalado la Corporación:
“(…) la causación de perjuicios o el impacto negativo económico del Contrato derivado de la mayor permanencia en obra no pueden constituir un asunto que se deja a la suerte de la simple inferencia lógica apoyada en la extensión del tiempo. Por el contrario, indefectiblemente su causación y cuantía deben ser objeto de comprobación”.
33. Por consiguiente, le corresponde a la parte afectada probar que la mayor permanencia en la obra le irrogó un daño cierto que pueda ser apreciado desde el punto de vista tanto material como jurídico.
2.3.3. De la liquidación judicial del contrato de obra
34. La sentencia apelada declaró el incumplimiento contractual del municipio demandado por el no pago de la factura No CPC 007 del 02 de diciembre de 2019 en el marco del contrato LP-002-2015 y lo liquidó judicialmente ordenando el pago a favor del consorcio actor por valor de $387.051.508 más su indexación como concepto de obras adicionales.
35. El consorcio apelante cuestiona que, si bien es acertada la declaración de incumplimiento por parte del a quo respecto a la obligación del saldo no pagado conforme a las obras adicionales, las consecuencias de este no se ven reflejados totalmente en el fallo, pues, reconoció únicamente el valor dejado de pagar indexado (daño emergente) sin los perjuicios propios de la declaración de incumplimiento (lucro cesante). De suerte que, bajo su entender exclusivamente no se pretendió el pago del capital adeudado sino también de los intereses moratorios causados, como lo ha permitido la jurisprudencia y como se desprende de lo expresado en el juramento estimatorio de su demanda.
36. Revisado el escrito que subsanó la demanda, se observa que las pretensiones fueron las siguientes:
37. En tal sentido, si bien en la estimación razonada de la cuantía se hizo alusión al valor de intereses moratorios por el no cumplimiento de la obligación de pago a cargo de la demanda, como lo menciona la parte apelante, lo cierto es que esta petición no fue una solicitud concreta dentro de las pretensiones de la demanda, de suerte que, decidir de fondo sobre ella en esta instancia quebrantaría el principio de congruencia, de ahí que, el juez de primer grado no entró a pronunciarse de manera particular, máxime cuando al monto económico reconocido en la liquidación del contrato le aplicó la fórmula de indexación como una manera de actualizar la depreciación del dinero en el tiempo transcurrido.
III. CONCEPTO
De conformidad con las normas citadas, con la jurisprudencia invocada, con las pruebas allegadas, y con las consideraciones y reflexiones consignadas en este concepto, para esta Procuraduría Delegada, el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Pavimentos Candelaria 2015-2017 no está llamado a prosperar.
Dicho lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, con el debido acatamiento por la independencia judicial, respetuosamente recomienda CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió parcialmente a la súplicas de la demanda.
Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente,
NOHORA CRISTINA GUTIÉRREZ BARRERA
Procuradora Delegada de Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado
HABC / NCGB

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Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL. 2026-01-22. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:92c92a46-a273-41d2-bd9d-39e1bae8ddae.docx).
