---
clave: "pgn:responsabilidad_disciplinaria:202509081004500.DOCX"
titulo: "CONTRATO ESTATAL: la garantía constitucional del debido proceso constituye un instrumento de control contra las posibles irregularidades y desaciertos"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2025-03-12"
radicado: "D 2020-1514378."
numero: "202509081004500.DOCX"
ponente: ""
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202509081004500.DOCX"
---

# CONTRATO ESTATAL: la garantía constitucional del debido proceso constituye un instrumento de control contra las posibles irregularidades y desaciertos

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2025-03-12
- **Radicado:** D 2020-1514378.
- **Número:** 202509081004500.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA PROVINCIAL DE INSTRUCCION NEIVA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202509081004500.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Auto de archivo: Terminación de la actuación disciplinaria en calidad de Secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión del municipio de Neiva y supervisora del contrato de suministro
- Auto de archivo: La implicada no participó la fase contractual, por cuanto del material probatorio, se pudo constatar que estaba a cargo del Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo
- Emergencia sanitaria: Contextualiza en las actuaciones administrativas y contractuales
- Estado de excepcion: Económica, social y ambiental

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1952 de 2019
- Decreto 262 de 2000
- Decreto 1851 de 2021

## Extracto

CONTRATO ESTATAL-Principios de planeación, selección objetiva y moralidad CONTRATO ESTATAL-Con el objeto de brindar atención integral a los habitantes de calle CONDUCTA DISCIPLINABLE-Los estudios previos fueron suscritos después de la firma del contrato De esta forma, la garantía constitucional del debido proceso constituye un instrumento de control contra las posibles irregularidades y desaciertos en los que pueda incurrir la autoridad en el trámite de un proceso sancionatorio o de condena. El Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”, por el término de 30 días, con el fin de adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la propagación del COVID-19, con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política y la Ley 137 de 1994.

## Descriptores temáticos

CONTRATO ESTATAL, Con el objeto de brindar atención integral a los habitantes de calle

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — El juez del contrato no puede deducir del silencio una renuncia tácita, ni convertir la ausencia de salvedades en un requisito jurisprudencial de procedencia o prosperidad de una reclamación posterior.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:13001233300020170082001-74181-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:18001234000020190006702-71860-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020200230601-72791-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no existen pruebas que demuestren defectos en la planeación por parte de la entidad](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020170007602-68810-sentencia.md)

## Texto del documento

AUTO DE ARCHIVO-Terminación de la actuación disciplinaria en calidad de Secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión del municipio de Neiva y supervisora del contrato de suministro
AUTO DE ARCHIVO-La implicada no participó la fase contractual, por cuanto del material probatorio, se pudo constatar que estaba a cargo del Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo
EMERGENCIA SANITARIA-Contextualiza en las actuaciones administrativas y contractuales
ESTADO DE EXCEPCION-Económica, social y ambiental
CONTRATO ESTATAL-Principios de planeación, selección objetiva y moralidad
CONTRATO ESTATAL-Con el objeto de brindar atención integral a los habitantes de calle
CONDUCTA DISCIPLINABLE-Los estudios previos fueron suscritos después de la firma del contrato
ESTUDIOS PREVIOS-La contratación directa por urgencia manifiesta es una excepción que flexibiliza las exigencias formales
“Declaración de urgencia manifiesta. Si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de justificación, y en este caso la Entidad Estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos.”
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCESO CONTRATUAL-Debidamente ejecutado
Dependencia:
Radicación No.:
Disciplinados:
Cargo:
Entidad:
Quejoso:
Fecha:
Fecha hechos:
Asunto:
Decisión:
PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN NEIVA.
IUS-E-2020-240985 / IUC-D-2020-1514378.
[NOMBRE TACHADO].
SECRETARIA DE LA MUJER Y SUPERVISORA.
ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA (HUILA).
DE OFICIO.
2 DE JUNIO DE 2020.
VIGENCIA FISCAL 2020.
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA FASE DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 681 DE 2020.
AUTO DE ARCHIVO DE LA INDAGACIÓN PREVIA.
(ARTÍCULO 90 DE LA LEY 1952 DE 2019).
Neiva (Huila), 12 de marzo de 2025
1. ASUNTO A TRATAR.
El Procurador Provincial de Instrucción Neiva, en uso de sus facultades legales, procede a decidir lo que en derecho corresponda dentro de las presentes diligencias con fundamento en los siguientes:
HECHOS Y ANTECEDENTES.
La entonces Procuradora Provincial de Neiva, ordenó de oficio iniciar la presente actuación, con el fin de investigar, los hechos denunciados por varios concejales en virtud de la orden de suministro Núm. 005 de 2020, consistentes en las presuntas irregularidades respecto a la planeación y supervisión de las raciones diarias que se entregan a los habitantes de calle.
Asimismo, a este radicado fue acumulado el contrato de suministro Núm. 681 de 2020, suscrito entre el Municipio de Neiva, representado por el señor [NOMBRE TACHADO] condición de alcalde y el señor [NOMBRE TACHADO].
COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN NEIVA.
Este órgano de control debe destacar que los hechos descritos en la compulsa de copias son de competencia de este Despacho, al tenor de lo dispuesto en el literal a) del numeral 1º del artículo 76 del Decreto 262 de 2000; modificado por el artículo 22 del Decreto 1851 de 2021 y lo preceptuado en el numeral 18.2 del artículo 3 de la Resolución No. 213 del 6 de mayo de 2003 y la Resolución No. 414 del 12 de octubre de 2023.
Del mismo modo, debe resaltar el Despacho que durante todo el trámite de la actuación disciplinaria se ha mantenido incólume la competencia de esta provincial para investigar los hechos expuestos y conexos; así mismo, para decretar y practicar pruebas con fundamento en el Principio de investigación integral.
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN (LEY 1952 DE 2019).
El Congreso de la República de Colombia emitió la Ley 1952 de 2019, “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”, según esta normativa, se derogaría la Ley 734 del 2002, algunos artículos de la Ley 1474 del 2011 y el Decreto Ley 262 del 2000.
Debe resaltar este operador disciplinario que la mencionada Ley estipuló un régimen de transición por cambio normativo:
“ARTÍCULO 71. Modificase el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así:
ARTÍCULO 263. Artículo transitorio. A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley.” Negrilla fuera de texto.
A su vez, el artículo 73 de la citada Ley consagra:
“ARTÍCULO 73. Modificase el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así:
ARTÍCULO 265. Vigencia y Derogatoria. Las disposiciones previstas en la presente ley, y las contenidas en la ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación. Durante este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas.
Deróguese el artículo 248 de la Ley 1952 de 2019 y deróguese la referencia a las palabras y la consulta que está prevista en el numeral 1 del artículo 59 de la ley 1123 de 2007.
Los regímenes especiales en materia disciplinaria y las normas relacionadas con la Comisión de Ética del Congreso conservarán su vigencia.
PARÁGRAFO 1. El artículo 1 de la presente Ley, relativo a las funciones jurisdiccionales entrará a regir a partir de su promulgación.
PARÁGRAFO 2. El artículo 7 de la presente ley entrará a regir treinta meses (30) después de su promulgación. Mientras tanto, mantendrá su vigencia el artículo 30 de la ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la ley 1474 de 2011.
Con fundamento en lo expuesto, y para un mejor entendimiento del sujeto procesal involucrado en el presente proceso disciplinario, debe puntualizarse que los hechos acaecieron en vigencia de la Ley 734 de 2002; no obstante, el 29 de marzo de 2022 entró en vigor la Ley 1952 de 2019, razón por la cual la presente actuación continuará tramitándose por el nuevo régimen disciplinario esto es, el Código General Disciplinario conocido por sus siglas C.G.D., por cuanto en este proceso disciplinario no se había surtido para esa fecha el pliego de cargos debidamente notificado o instalado la audiencia del proceso verbal; en cuyo caso debía continuarse el trámite procesal bajo el anterior Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002).
ACTUACIÓN PROCESAL.
Mediante auto de fecha 2 de junio de 2020, la PROCURADURÍA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE NEIVA, ordenó dar inicio a indagación preliminar en AVERIGUACIÓN DE RESPONSABLES del MUNICIPIO DE NEIVA (HUILA), ordenando la práctica de pruebas de oficio.
El día 29 de septiembre de 2020, la entonces Procuradora Provincial de Neiva dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra de la señora [NOMBRE TACHADO], en calidad de Secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión del municipio de Neiva y supervisora del contrato de suministro No. 00681 de 2020, ordenando en el acápite denominado "Otras Consideraciones" compulsar copias con destino a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, para que se investigara al señor [NOMBRE TACHADO], Alcalde Municipal de Neiva, por las presuntas irregularidades [NOMBRE TACHADO] y ejecución del mencionado contrato.
El día 29 de octubre de 2021, este despacho decidió prorrogar la investigación disciplinaria y finalmente el día 1 de diciembre de 2022, se dispuso su cierre.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.
Es pertinente establecer, en forma previa y general, el real contenido y alcance del principio y derecho constitucional fundamental del debido proceso.
El derecho al debido proceso se concreta en la protección constitucional que se otorga a todas las personas con el fin de garantizar durante todo el trámite, bien sea administrativo o judicial, la obtención de decisiones justas y adecuadas al derecho material, para lo cual es indispensable que se haya proporcionado al interesado la oportunidad de ser escuchado y de controvertir los elementos probatorios que sustentan la adopción de la respectiva decisión.
De esta forma, la garantía constitucional del debido proceso constituye un instrumento de control contra las posibles irregularidades y desaciertos en los que pueda incurrir la autoridad en el trámite de un proceso sancionatorio o de condena.
En tales condiciones, el derecho fundamental del debido proceso y del derecho de defensa atañe que, en todas las actuaciones administrativas y judiciales, debe garantizarse el completo y preciso acatamiento de las normas procesales que regulan las ritualidades de cada proceso en particular, así como la confianza de que las partes intervinientes en el mismo puedan tener la plena confianza de una igualdad no sólo formal, sino, material, en el sentido de que todas las actuaciones que se surtan en el trámite de dicho proceso serán conocidas a fin de que se ejerza el derecho de contradicción.
Por consiguiente, cualquiera que sea la naturaleza del proceso o procedimiento que se adelanta, las partes que en él intervengan tienen el pleno derecho de conocer todos los pronunciamientos que hace la autoridad que dirige el mismo, esto es, desde el inicio de la correspondiente investigación o proceso, según sea el caso, hasta la decisión final o sentencia, lo que incluye, por obvias razones, cada una de las etapas que se surtan dentro de éste, es decir, la correspondiente a las pruebas, traslados, alegatos y demás.
Corolario de lo anterior, le corresponde a este Despacho ¿determinar si se puede endilgar responsabilidad disciplinaria a la señora [NOMBRE TACHADO], en calidad de Secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión del municipio de Neiva y supervisora del contrato de suministro No. 00681 de 2020, por los hechos aquí denunciados?
El Despacho considera que, con el fin de adoptar una decisión suficientemente ilustrativa, debe referirse previamente con relación al origen general de la pandemia surgida por la enfermedad denominada SARS-CoV-2 o COVID 19 y la normatividad expedida por el Gobierno Nacional, Regional y Local para conjurarla; y en segundo lugar, al origen de la controversia e irregularidades en la que pudo haber incurrido la investigada [NOMBRE TACHADO] y ejecución del contrato de suministro No. 00681 de 2020, con fundamento en los elementos de juicio que se extraen de la valoración probatoria y que nos brindan claridad meridiana para la toma de decisiones conclusivas que en derecho correspondan, los cuales se exponen en la siguiente forma:
6.1 ORIGEN GENERAL DE LA PANDEMIA SURGIDA POR LA ENFERMEDAD DENOMINADA SARS-COV-2 O COVID 19; Y LA NORMATIVIDAD EXPEDIDA POR EL GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL PARA CONJURARLA.
El día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el brote de enfermedad denominada SARS-CoV-2 o COVID 19, como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, toda vez que al 11 de marzo de 2020 a la OMS se habían notificado cerca de 125.000 casos de contagio en 118 países y que a lo largo de esas últimas dos semanas el número de casos notificados fuera de la República Popular China se había multiplicado en 13 veces, mientras que el número de países afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confinación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y tratamiento de los casos confirmados.
El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró el estado emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID 19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo 2020 y, en consecuencia, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir, controlar su propagación y mitigar sus efectos.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”, por el término de 30 días, con el fin de adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la propagación del COVID-19, con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política y la Ley 137 de 1994.
A su vez, el ejecutivo nacional a través del Decreto No. 457 del 22 de marzo 2020, impartió instrucciones para combatir la emergencia sanitaria generada por la pandemia del SARS-CoV-2 o COVID 19, y el mantenimiento del orden público y en el artículo 1º ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, de conformidad con el numeral 4º del artículo 189 y los artículos 303 y 315 de la Constitución Política de Colombia, en consonancia con el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016.
El Gobierno Nacional, mediante el Decreto Legislativo No. 539 de 2020, dispuso que el Ministerio de Salud y Protección Social era la entidad encargada de expedir los protocolos sobre bioseguridad necesarias en todas las actividades económicas, sociales y sect

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

4, contiene los documentos fechados del 17 de abril al 2 de julio de 2020, reportan en 88 formatos del ingreso del personal habitante de calle; igualmente, relacionan el retiro voluntario en varios formatos (folio 1 al 176).
Carpeta 5, contiene la relación de la entrega de las raciones diarias y la hidratación, desde el 6 de abril al 4 de julio de 2020, en 180 folios.
(…) Además, en la ejecución del contrato según La Nación mostró en una visita al coliseo Álvaro Sánchez Silva y en una entrevista a [NOMBRE TACHADO] Rodríguez líder programa adulto mayor de la secretaria de la mujer, dijo que se encontraban en ese momento 85 habitantes de calle en el coliseo y hubo un aforo máximo de 97 habitantes de calle, es decir, 253 menos habitantes de calle que la proyección inicial que tenía la alcaldía.
Como se muestra en los siguientes videos la veracidad de las palabras de la señora [NOMBRE TACHADO], en el coliseo se muestran muy pocas personas, inclusive, se puede decir que no hay ni siquiera 60 personas en el momento de la grabación
La primera parte del contrato ya se hizo y están las actas donde claramente se ve que entregaron implementos a personas ficticias y muchísima más alimentación sin justificación.
Ya que es un canal válido doy el mismo tratamiento a una presentada por el aplicativo.”
En el seguimiento, se pudo observar, que se encuentran comunicaciones dirigidas a la Contraloría General de la República No. 121 de abril 24 de 2020 (folios 138 al 158) y a la Fiscalía Nos. 4266 y 4268 del 4 de mayo de esta anualidad (folios 159 al 162 de la 1 carpeta), donde la supervisora [NOMBRE TACHADO], indica que la proyección del número de habitantes de calle para Ia realización de la planeación del posible número de beneficiarios que podían ingresar al coliseo, se hizo de conformidad con el censo poblacional de habitantes de calle, realizado por la Secretaria de la Mujer Equidad e Inclusión en el año 2017, en la cual se determinó un censo de 315 habitantes de calle, y por razones sociales y económicas del país, según estadísticas del DANE de extrema pobreza de conformidad con lo anterior la estrategia se determina para 350 habitantes de calle del Municipio de Neiva.
No obstante, de acuerdo a las estadísticas la permanencia de los habitantes de calle en el programa fue irregular, sin embargo, del seguimiento realizado por esta territorial, de acuerdo a los soportes se evidencia la entrega total de los bienes y suministros adquiridos en este contrato como se refleja en el consolidado de las comidas así:
CONSOLIDADOS ENTREGA DE SUMINISTROS
Suministro
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
CONSOLIDADOS
CONTRATADOS
Desayuno
4,055
3,309
2,649
837
10,850
10,850
Refrigerio mañana
3,994
3,297
2,646
913
10,850
10,850
Almuerzo
3,957
3,297
2,648
1,248
11,150
10,850
Refrigerio tarde
3,928
3,292
2,629
1,007
10,856
10,850
Cena
3,919
3,292
2,629
1,316
11,156
10,850
CONCLUSIÓN.
En el seguimiento realizado a la Denuncia, se efectuó la evaluación y seguimiento a la ejecución del Contrato de Suministro No. 0681 de 2020, suscrito entre la Administración Municipal de Neiva y el contratista [NOMBRE TACHADO] contratista, con el objeto de: “Brindar atención integral a la población vulnerable con enfoque diferencial "habitante de calle" del Municipio de Neiva como ayuda humanitaria para mitigar los efectos que se puedan ocasionar debido a la calamidad pública originada por el covid-19”, por valor de $509.381.710 IVA incluido.
Asociado a la anterior, nuestro trabajo de confirmación de cifras, se desarrolló a través del examen de la teoría lógica tomada por la administración municipal para establecer el número o universo de habitantes de calle al momento de realizar la planeación de la contratación, la verificación de los estudios de precios de mercado elaborados, sus posibles desviaciones o hechos irregulares que pudieran haberse presentado al realizar dicha contratación.
También se revisaron detalladamente los ingresos al almacén del municipio de las cantidades de raciones contratados, cotejando con las entregas a los beneficiarios, sin que se detectaran faltantes relevantes, que fueran causal de observación al procedimiento por razones de desvío de bienes.
Así mismo, se revisó la legalidad de los pagos efectuados hasta la fecha en el marco de la etapa de ejecución del contrato, su coherencia con las fuentes presupuestales de financiación, cotejada con los valores del contrato, situaciones que pese al trabajo realizado no se evidenció contexto irregular alguna que permitiera estructurar un presunto detrimento patrimonial.” Negrilla y subraya fuera de texto.
Finalmente, esta instancia considera necesario señalar que estos hechos fueron puestos a disposición de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, entidad que decidió iniciar la noticia criminal con radicado 410016000584202000710, sin embargo, el ente acusador al momento de recaudar los elementos probatorios, evidencia e información legalmente obtenida, concluyó que no había soporte probatorio para imputar conductas delictuales a los funcionarios de la administración municipal por estos hechos:
De acuerdo con lo expuesto, considera esta instancia que los hechos analizados no alcanzan la connotación de responsabilidad disciplinaria, derivada del quebrantamiento formal de la cobertura jurídica de los deberes y prohibiciones disciplinarias, como tampoco soportan la comprobación de la trasgresión de ninguno de presupuestos en comento, lo que debe redundar en una efectiva aplicación de la justicia, porque admitir lo contrario conlleva a la aplicación de una responsabilidad objetiva, la cual se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico.
Así las cosas, en estos términos este Despacho considera que no existe mérito para continuar con la presente actuación disciplinaria y procede a ordenar el archivo definitivo de la presente actuación por los hechos investigados, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 1952 de 2019, por cuanto la conducta atribuida no existió.
En mérito de lo expuesto, el Procurador Provincial de Instrucción Neiva, en uso de sus facultades legales,
RESUELVE:
PRIMERO: Ordenar la TERMINACIÓN de la presente actuación disciplinaria radicada bajo el No IUS-E-2020-240985 / IUC-D-2020-1514378, seguida en contra de la señora [NOMBRE TACHADO], en calidad de Secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión del municipio de Neiva y supervisora del contrato de suministro No. 00681 de 2020, y en consecuencia disponer el ARCHIVO DEFINITIVO de la misma de conformidad con lo expuesto en la parte motiva esta providencia.
SEGUNDO: Por Secretaría de esta Procuraduría Provincial, NOTIFICAR la decisión a la investigada, indicándole que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto líbrese la correspondiente comunicación señalando la fecha de la Providencia y decisión adoptada.
TERCERO: ABSTENERSE DE COMUNICAR esta decisión por cuanto se inició DE OFICIO.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN JACOBO VARGAS FERNÁNDEZ
PROCURADOR PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN NEIVA

## Cómo citar esta fuente

Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL. 2025-03-12. Rad. D 2020-1514378.. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202509081004500.DOCX).
