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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

CONTRATO ESTATAL: el juez popular por regla general no puede ejercer su competencia para verificar atrasos en las obras contratadas o impulsar etapas

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Fecha
2025-03-19
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202507211624200.DOCX

Síntesis del concepto

CONTRATO ESTATAL: el juez popular por regla general no puede ejercer su competencia para verificar atrasos en las obras contratadas o impulsar etapas

Regla de decisión

El juez popular por regla general no puede ejercer su competencia para verificar atrasos en las obras contratadas o impulsar etapas de la ejecución porque eso lo convertiría en coadministrador.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Fundamentos

  • Ley 472 de 1998
  • Ley 478 de 1998
  • Constitución Política

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

CONTRATO ESTATAL-Sujeto al análisis del juez popular Por consiguiente, el Personero de Chitaraque está facultado/LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA-Los accionados están legitimados en la causa por pasiva al ser entidades relacionadas con el proyecto de construcción de la institución educativa San Pedro Claver. Ref.: Proceso 15001-23-33-000-2022-00142-01 (72.199) Basó su oposición en que la acción popular interpuesta es improcedente y que la ejecución del contrato se encuentra actualmente en desarrollo, por lo tanto, debe concluirse que no se encuentra en el ámbito de control del Consorcio y se sale de la órbita de sus competencias. Agregó sobre la autoridad municipal que tanto ésta como el departamento, de acuerdo con el Anexo Técnico de la invitación abierta del contrato de Obra número 406014, tenían la obligación junto con el contratista de elaborar un plan de contingencia para la ejecución de las obras, pero no lo hicieron.

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Texto del documento 40.087 caracteres
ACCION POPULAR-El Personero del Municipio de Chitaraque interpuso medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos en contra del Ministerio de Educación, departamento de Boyacá, Consorcio FFIE alianza BBVA, la [NOMBRE TACHADO] 2016 y el municipio de Chitaraque con base en lo dispuesto en la Ley 472 de 1998. El Personero del Municipio de Chitaraque busca la protección los siguientes derechos: i.) Acceso y prestación del servicio público de educación. (Literal j) del Artículo 4 de la Ley 472 de 1998); ii.) Derecho a la seguridad de los menores usuarios de la institución educativa San Pedro Claver sección primaria del Municipio de Chitaraque y iii.) Derecho a la prevención de desastres previsibles técnicamente. (Literal l) del Artículo 4 de la Ley 472 de 1998). Pidió que los demandados realizaran todas las actuaciones necesarias para que se termine la ejecución de las obras relacionadas con el proyecto de infraestructura educativa – construcción Institución Educativa San Pedro Claver Sede urbana Mixta del Municipio de Chitaraque, de tal forma que los niños del municipio cuenten con una infraestructura que les permita acceder al Servicio Público de Educación. CONTRATO ESTATAL-Sujeto al análisis del juez popular El artículo 1 de la Ley 472 de 1998 establece que las acciones populares son herramientas procesales destinadas a proteger los derechos e intereses colectivos entre los que se destacan los relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica. De acuerdo con el artículo 2 de Ley 478 de 1998, esta herramienta procesal procede frente a irregularidades cometidas en curso de las diversas clases de situaciones administrativas, tales como actos administrativos, contratos, operaciones o hechos de la Autoridad. La norma en cita establece que las acciones populares buscan evitar un daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o agravio de un derecho colectivo. Por lo anterior, este tipo de acciones son autónomas y su carácter no residual permite una defensa especial de derechos e intereses cuya titularidad recae en todo el conglomerado. En ese sentido, las acciones populares son procedentes, aunque los demandantes tengan a la mano otros medios judiciales de defensa de los intereses jurídicos en juego ACCIONES POPULARES-Su autonomía y carácter no subsidiario permiten revisar las actuaciones de la Autoridad cuando ésta, como contratante, vulnere derechos colectivos Como viene explicado, la autonomía y carácter no subsidiario de las acciones populares permiten revisar las actuaciones de la Autoridad cuando ésta, como contratante, vulnere derechos colectivos, por ejemplo, el de la moralidad administrativa o menoscabo del patrimonio público, aún si de forma concomitante los accionantes han interpuesto un medio de control de controversias contractuales. Lo anterior es posible, si la herramienta procesal en cuestión no persigue el resarcimiento de derechos subjetivos sino la defensa de intereses o bienes jurídicos cuya titularidad corresponde a la comunidad. La concomitancia de acciones constitucionales y ordinarias que cuestionan situaciones administrativas contractuales subsiste como posibilidad procesal con fundamento en el principio de congruencia que guía la intención del accionante, porque, por ejemplo, en relación con el mismo contrato se puede estar frente a la violación de la ley que deriva en la nulidad del contrato, al tiempo que se verifique a través de la acción constitucional las circunstancias que vulneraron la moralidad administrativa respecto del mismo acuerdo EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS-No fueron acreditadas situaciones distintas a retrasos en las obras contratadas y por lo tanto no están llamadas a prosperar las pretensiones de la acción popular El medio de control de protección de derechos e intereses colectivos interpuesto por el señor xxx en su condición de Personero del municipio de Chitaraque, tiene por propósito obtener la protección del Derecho al Servicio Público de la Educación y al Derecho a la Seguridad de los estudiantes de la Institución Educativa San Pedro Claver. Se encuentra acreditado en el proceso de marras el cumplimiento del requisito de procedibilidad dispuesto en el inciso 3 del artículo 144 del CPACA, consistente en una solicitud dirigida al causante del supuesto menoscabo a fin que adopte las medidas necesarias para proteger el derecho amenazado. ACCION POPULAR-Aunque sea procedente, no podrá reemplazar a la controversia contractual Lo expuesto no significa que esté vedado el examen de la ilegalidad que surja en torno a la negociación o defectuosa ejecución de un contrato, sino que, la acción popular, aunque sea procedente, no podrá reemplazar a la controversia contractual. Esta prohibición de reemplazo será evidente cuando las pretensiones de la acción popular interpuesta planteen una controversia que discuta situaciones estrictamente contractuales como es la ejecución tardía de las obligaciones pactadas. Lo que estará vedado entonces es la utilización de las acciones constitucionales para investigar el transcurso del procedimiento de adjudicación de un contrato o la secuencia de eventos durante la ejecución, aunque de manera colateral se comprometan derechos colectivos. El juez popular por regla general no puede ejercer su competencia para verificar atrasos en las obras contratadas o impulsar etapas de la ejecución porque eso lo convertiría en coadministrador. Esa coadministración que se haría evidente con las órdenes impartidas en la parte resolutiva de las sentencias porque el comité de verificación pasaría a ser un reemplazo de las instancias de verificación establecidas por las partes mismas del contrato CADUCIDAD DE LA ACCION POPULAR-Podrá promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e interés colectivo Se colige de lo expuesto que la oportunidad de accionar no feneció dado que, de conformidad con la demanda, los intereses colectivos se verán vulnerados hasta tanto no se culminen las obras de construcción del Colegio San Pedro Claver en Chitaraque LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA-Cualquier persona puede presentar la acción popular. Por consiguiente, el Personero de Chitaraque está facultado/LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA-Los accionados están legitimados en la causa por pasiva al ser entidades relacionadas con el proyecto de construcción de la institución educativa San Pedro Claver. Agotados los tópicos que anteceden, corresponde en este punto el análisis de fondo. En medio de control en referencia gira en torno a las deterioradas condiciones locativas de la Institución Educativa San Pedro Claver, Sede Urbana Mixta, del municipio de Chitaraque en el departamento de Boyacá y la extensión en el tiempo que han tomado las obras de construcción del colegio. Esta Vista Fiscal sugiere revocar la sentencia apelada y de esa forma se aparta del concepto presentado por el Ministerio Público en la primera instancia. Se sugerirá la desestimación de las pretensiones del actor popular porque éste busca la protección de intereses de la comunidad con el impulso de obras y actividades contratadas, que, al momento de interposición de la acción, estaban siendo desarrolladas. De tal suerte que, al tratarse de un motivo de inconformidad que concierne un asunto meramente contractual referido a la extensión en el tiempo de la ejecución y la recepción de recursos para dicho fin, lo pedido escapa a las atribuciones del juez popular. Además, dentro de lo actuado no se probó una ilegalidad o irregularidad administrativa y en consecuencia el mecanismo constitucional en curso sólo busca que los accionados sean conminados por un comité de seguimiento organizado por el juez popular, en un rol de coadministrador que le está vedado. Lo expuesto tiene como fundamento los siguientes argumentos. ACTIVIDAD CONTRACTUAL-No se encuentra excluida de la utilización del medio de control de protección de derechos colectivos La jurisprudencia ha establecido que la actividad contractual no se encuentra excluida de la utilización del medio de control de protección de derechos colectivos, especialmente cuando se pretende la salvaguarda de los principios de igualdad, transparencia, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política. Por lo descrito en el introductorio, el actor busca proteger el servicio público de la educación en Chitaraque y para cimentar su objetivo describió las difíciles condiciones que afrontaban los estudiantes al momento de interposición de la demanda. Sin embargo, al detallar las situaciones que impedían que el estudiantado del Colegio San Pedro Claver recibiera clases en óptimas condiciones hizo referencia puntual a las suspensiones y prórrogas presentadas en dos contratos en ejecución, uno de obra que incluía diseños, y, la interventoría que haría seguimiento técnico a la construcción de la infraestructura de la institución educativa FALLO ACCION POPULAR-El actor no probó una interrupción definitiva del servicio público de la educación ni tampoco una anomalía en la conducta de los entes vinculados a los contratos de obra e interventoría La verificación o seguimiento de las etapas del contrato a instancias de un procedimiento judicial como es el medio de control de protección de derechos colectivos sería una contravención a la separación de las ramas del poder público e invadirían el ámbito de decisiones exclusivas de las autoridades administrativas. La acción popular no es el vehículo procesal para perseguir objetivos meramente contractuales como sería la verificación de posibles retrasos en la ejecución. Cuando la jurisprudencia se ha referido a la discusión de asuntos estrictamente contractuales ha incluido entre ellas, el retraso en la ejecución de obras estipuladas en el acuerdo. En conclusión, no basta la sola demostración por parte del actor popular de un atraso o la sucesión de prórrogas para señalar que se ha violentado un interés colectivo porque en el caso de las acciones populares es necesario probar una conducta negligente, deshonesta o irresponsable de las autoridades PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA CONCEPTO N° XXX/2025 Bogotá, D.C., 25 de marzo de 2025. Señores CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero Ponente: Dr. [NOMBRE TACHADO] E. S. D. Ref.: Proceso 15001-23-33-000-2022-00142-01 (72.199) Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos (Ley 1437) Actor: Personería de Chitaraque. Demandados: Municipio de Chitaraque, departamento de Boyacá, Nación - Ministerio de Educación Nacional y otros. Apelación de sentencia. El Ministerio Público presenta concepto dentro del proceso en referencia con base en los argumentos que se exponen a continuación. En esta oportunidad se solicita revocar la sentencia de primera instancia. 1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda El 15 de marzo de 2022, el Personero del Municipio de Chitaraque interpuso medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos en contra del Ministerio de Educación, departamento de Boyacá, Consorcio FFIE alianza BBVA, la [NOMBRE TACHADO] 2016 y el municipio de Chitaraque con base en lo dispuesto en la Ley 472 de 1998. 1.1.1. Pretensiones El Personero del Municipio de Chitaraque busca la protección los siguientes derechos: i.) Acceso y prestación del servicio público de educación. (Literal j) del Artículo 4 de la Ley 472 de 1998); ii.) Derecho a la seguridad de los menores usuarios de la institución educativa San Pedro Claver sección primaria del Municipio de Chitaraque y iii.) Derecho a la prevención de desastres previsibles técnicamente. (Literal l) del Artículo 4 de la Ley 472 de 1998). Pidió que los demandados realizaran todas las actuaciones necesarias para que se termine la ejecución de las obras relacionadas con el proyecto de infraestructura educativa – construcción Institución Educativa San Pedro Claver Sede urbana Mixta del Municipio de Chitaraque, de tal forma que los niños del municipio cuenten con una infraestructura que les permita acceder al Servicio Público de Educación. 1.1.2. Hechos Indicó que el deterioro de la Institución Educativa San Pedro Claver, llevó al municipio de Chitaraque a realizar los trámites correspondientes ante el departamento de Boyacá y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa para conseguir los recursos necesarios para la construcción de una nueva sede. Señaló que el 12 de julio de 2014 se suscribió entre el Consorcio FFIE alianza BBVA, como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa FFIE, y la [NOMBRE TACHADO] 2016, el contrato marco de obra No. 1380-37-2016 cuyo objeto es la elaboración de los diseños y estudios técnicos, así como la ejecución de las obras mediante las cuales se desarrollen los proyectos de infraestructura educativa requeridos por el PAFFIE. Agregó que el valor del contrato fue hasta por la suma de doscientos treinta mil millones de pesos ($230.000’000.000). Sostuvo que el 15 de julio de 2016 se suscribió, entre el consorcio FFIE Alianza BBVA y el Consorcio Sedes Educativas, el Contrato Marco de Interventoría No. 1380-53-2016 con el objeto de realizar la interventoría de obra a los proyectos de infraestructura Educativa requeridos por el PA FFIE en desarrollo de PNIE. Que el valor del contrato fue hasta por la suma de veintitrés mil millones de pesos moneda legal colombiana ($23.000.000.000). Afirmó que, para la ejecución de la obra y demolición de la construcción antigua, el Municipio de Chitaraque en el segundo semestre del año 2017 decidió la reubicación de los estudiantes, de manera provisional, en unas instalaciones ubicadas junto a la ESE Centro de Salud de Chitaraque. Narró que, al momento de interponer el medio de control, el contrato de construcción de la nueva sede educativa no había culminado lo que representó para los estudiantes una serie de dificultades y citó en especial que los estudiantes de primaria reciben clases en la sede correspondiente a los alumnos de secundaria en instalaciones que fueron proyectadas exclusivamente para los segundos. Añadió que la problemática incluye unidades sanitarias insuficientes, correspondientes a estudiantes de mayor edad, insuficiencia de sitios para recreación y esparcimiento durante los descansos, y área de comedor estudiantil insuficiente. 1.2. La defensa 1.2.1. Consorcio FFIE Alianza BBVA - Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa PAFFIE Se opuso a la prosperidad de las pretensiones con base en improcedencia de la Acción Popular para exigir el cumplimiento de obligaciones contractuales. Agregó que la ejecución del contrato se encuentra en desarrollo y que la suspensión de la obra y sus subsiguientes prórrogas se debe a acciones y omisiones ajenas a las actuaciones del PA FFIE. Basó su oposición en que la acción popular interpuesta es improcedente y que la ejecución del contrato se encuentra actualmente en desarrollo, por lo tanto, debe concluirse que no se encuentra en el ámbito de control del Consorcio y se sale de la órbita de sus competencias. 1.2.2. Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE Se opuso a las pretensiones del medio de control al considerar que la suspensión de la obra correspondió a la falta de asignación de los recursos para la ejecución de la obra complementaria la cual es fundamental para el desarrollo del proyecto y el que estas actividades son responsabilidad de la Entidad Territorial Certificada ETC y la Entidad Territorial ET y son ajenas a la Unidad de Gestión del FFIE y al Ministerio de Educación. 1.2.3. Consorcio sedes educativas integrado por las sociedades PAYC SAS, INGETEC S.A. e INGETEC G&S S.A. Se opuso a las pretensiones del medio de control porque ni ella, ni las consorciadas, han incurrido en ninguna acción u omisión que haya vulnerado los derechos e intereses colectivos señalados. Añadió que cumplió sus obligaciones contractuales como interventora de obra en el Contrato Marco N° 1380-53-2016 y en el Acta de Servicios número 406014. Dijo que los contratistas de la obra son los directos responsables de la ejecución y por tanto de las prórrogas del contrato y que por otra parte el PA-FFIE, la ETC, la Alcaldía y el Municipio de Chitaraque son los directos responsables de la aprobación y asignación de los recursos necesarios para ejecutar las obras complementarias de contención que no se han hecho. Afirmó que sólo es responsable por el cumplimiento de sus obligaciones como interventoría de la ejecución del Acuerdo de Obra y no así de las acciones u omisiones de los contratistas de obra o terceros que hayan terminado afectando los cronogramas del Acuerdo de Obra No. 406014. Propuso las excepciones de: “Falta de legitimación en la Causa por pasiva” y “Ausencia de acción u omisión de parte del Consorcio sedes educativas que hubiere conducido a la amenaza o vulneración de los derechos colectivos que alega el accionante”. 1.2.4. Municipio de Chitaraque Se opuso a las pretensiones de la demanda basado en que presentó un proyecto para la construcción del muro de contención que estaba pendiente y se necesitaba para la realización de la obra. Además, dijo que realizó los ajustes solicitados por la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres (UNGRD) y que se encuentra a la espera que se asignen los recursos respectivos para la obra. 1.2.5. Departamento de Boyacá Se opuso a las pretensiones del medio de control porque de acuerdo con lo establecido en los Convenios 1039 de 2015 y 1259 de 2016, suscritos entre el departamento de Boyacá y el Ministerio de Educación, las obras serian ejecutadas por este Ministerio por intermedio del FFIE y, por consiguiente, la Gobernación de Boyacá, al no ser el ejecutor, sólo debe verificar el buen uso de los recursos aportados. 1.3. Pruebas No hubo acuerdo en la audiencia de pacto de cumplimiento por lo que correspondió a abrir el proceso a pruebas y se decidió tener como tales los documentos aportados con la demanda y las contestaciones. Se denegó la prueba testimonial y se decretaron pruebas de oficio relacionadas con las actividades del contrato de obra y gestiones presupuestales adelantadas por las accionadas, como la que estaba pendiente ante la UNGRD por la construcción del muro de contención. 1.4. La sentencia Con fecha 23 de agosto de 2024 el Tribunal Administrativo de Boyacá, profirió sentencia de primera instancia. La decisión de fondo declaró vulnerados los derechos e intereses colectivos al servicio público educativo y a la prevención de desastres previsibles técnicamente. El fallo arribó a las siguientes conclusiones. Declaró responsables de la vulneración al Ministerio de Educación Nacional; el departamento de Boyacá; el municipio de Chitaraque; el Consorcio FFIE Alianza BBVA y el contratista [NOMBRE TACHADO] 2016. Señaló que el Ministerio de Educación Nacional sí tuvo injerencia directa en la realización de la obra cuya suspensión prolongada en el tiempo dio lugar a la radicación de la acción constitucional en curso, porque firmó el Convenio Interadministrativo Marco número 1039 de 2015 con el Departamento de Boyacá para el cumplimiento del plan nacional de infraestructura educativa (PNIE). Además, porque firmó el Contrato número 1380 de 2015 para con el consorcio FFIE BBVA con el objeto de administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecución del plan nacional de infraestructura educativa. Concluyó que el Ministerio de Educación Nacional no cumplió su deber de vigilar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de las partes en los convenios y contratos para desarrollar la política pública de infraestructura escolar. En cuanto al departamento de Boyacá y el municipio de Chitaraque consideró que incurrieron en violación del derecho de acceso al servicio de educación de los niños y niñas, de los jóvenes del municipio de Chitaraque – Boyacá. En cuanto al primero de los entes señalados sostuvo que se encuentra acreditado que no tomó medidas suficientes respecto de las condiciones de hacinamiento en que se encuentran los estudiantes de la Institución Educativa Oficial del Municipio de Chitaraque. Agregó sobre la autoridad municipal que tanto ésta como el departamento, de acuerdo con el Anexo Técnico de la invitación abierta del contrato de Obra número 406014, tenían la obligación junto con el contratista de elaborar un plan de contingencia para la ejecución de las obras, pero no lo hicieron. Sostuvo que el departamento y el municipio accionados contribuyeron a la prolongación de la suspensión de la obra y con ello afectaron el servicio público de la educación para los niños de Chitaraque. Indicó que el Consorcio FFIE Alianza BBVA contribuyó a la violación del derecho colectivo porque sólo hasta en la fase de ejecución de la obra se advirtieron las condiciones geofísicas del terreno, vulnerando el principio de planeación. Además, porque no se tomaron medidas tempranas con el propósito de procurar la exitosa culminación del proyecto de infraestructura. También declaró responsable al contratista UT MEN 2016 porque sus omisiones y retrasos contribuyeron a la prolongación de la suspensión del contrato de obra porque no cumplió con los plazos estipulados, como el de recibo a satisfacción de los estudios técnicos y diseños requeridos, lo que arrojó un atraso de 351 días en la ejecución. Señaló, por último, que las entidades declaradas responsables también vulneraron el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente porque la estabilidad de las estructuras proyectadas para construcción de la institución educativa dependían de la elaboración de un muro de contención, un caisson y de unos trinchos, pero que estas estructuras no se han construido al momento de la interposición de la acción popular con lo que se atentó contra la integridad de los estudiantes del colegio San pedro Claver. 1.5. Apelaciones La sentencia fue apelada por el Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa PA-FFIE; el Ministerio de Educación Nacional; el Consorcio Sedes Educativas y el departamento de Boyacá. El Ministerio de Educación Nacional basó su apelación en que el fallador de primera instancia hizo una interpretación y aplicación indebida de la norma correspondiente al caso en estudio. Adujo que no estaba dentro de sus competencias adelantar las gestiones presupuestales y contractuales que se mencionan en el fallo apelado y que, además, en realidad correspondía a los entes territoriales accionados el velar por el contrato de obra N° 1380-37-2016 la construcción de la Institución Educativa San Pedro Claver. El departamento de Boyacá cuestionó que el fallador de primera instancia no haya tenido en cuenta que la competencia para la inversión en infraestructura educativa está en cabeza de los municipios, no en los departamentos en cuanto dado que a estos no le son transferidos dichos recursos. Añadió que, la gobernación de Boyacá al no ser el ejecutor, su participación se limita a verificar el buen uso de los recursos aportados por la entidad territorial, por lo tanto, no tiene relación directa con la contratación de obra e Interventoría, proceso a cargo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa. El Consorcio Sedes Educativas apeló con fundamento en que ellos revisaron todos los documentos, formuló todas las observaciones, hizo todos los requerimientos para conminar a los contratistas de obra a cumplir en debida forma con sus obligaciones, y elevó las alertas y le formuló las recomendaciones al PA - FFIE respecto de los retrasos que presentaron en el desarrollo de los proyectos. Añadió, sobre la revisión de los entregables, que el consorcio revisó oportunamente todos los estudios y diseños que fueron entregados por la UT MEN 2016, y en los casos que fue necesario, hizo observaciones pertinentes. 2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico De acuerdo con el medio de control interpuesto y los recursos de apelación presentados, el problema jurídico consiste en resolver si: ¿Procede revocar el fallo apelado por no estar acreditado que los entes condenados hayan vulnerado los derechos e intereses colectivos de la comunidad de Chitaraque debido al tiempo transcurrido en la ejecución de las obras de adecuación de la infraestructura en la Institución Educativa San Pedro Claver? 2.2. Marco legal y jurisprudencial aplicable al caso Para resolver el caso se debe atender lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución y desarrollada por las Leyes 472 de 1998 y 1437 de 2011. 2.2.1. El contrato estatal sujeto al análisis del juez popular El artículo 1 de la Ley 472 de 1998 establece que las acciones populares son herramientas procesales destinadas a proteger los derechos e intereses colectivos entre los que se destacan los relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica. De acuerdo con el artículo 2 de Ley 478 de 1998, esta herramienta procesal procede frente a irregularidades cometidas en curso de las diversas clases de situaciones administrativas, tales como actos administrativos, contratos, operaciones o hechos de la Autoridad. La norma en cita establece que las acciones populares buscan evitar un daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o agravio de un derecho colectivo. Por lo anterior, este tipo de acciones son autónomas y su carácter no residual permite una defensa especial de derechos e intereses cuya titularidad recae en todo el conglomerado. En ese sentido, las acciones populares son procedentes, aunque los demandantes tengan a la mano otros medios judiciales de defensa de los intereses jurídicos en juego. Como viene explicado, la autonomía y carácter no subsidiario de las acciones populares permiten revisar las actuaciones de la Autoridad cuando ésta, como contratante, vulnere derechos colectivos, por ejemplo, el de la moralidad administrativa o menoscabo del patrimonio público, aún si de forma concomitante los accionantes han interpuesto un medio de control de controversias contractuales. Lo anterior es posible, si la herramienta procesal en cuestión no persigue el resarcimiento de derechos subjetivos sino la defensa de intereses o bienes jurídicos cuya titularidad corresponde a la comunidad. La concomitancia de acciones constitucionales y ordinarias que cuestionan situaciones administrativas contractuales subsiste como posibilidad procesal con fundamento en el principio de congruencia que guía la intención del accionante, porque, por ejemplo, en relación con el mismo contrato se puede estar frente a la violación de la ley que deriva en la nulidad del contrato, al tiempo que se verifique a través de la acción constitucional las circunstancias que vulneraron la moralidad administrativa respecto del mismo acuerdo. Lo expuesto no significa que esté vedado el examen de la ilegalidad que surja en torno a la negociación o defectuosa ejecución de un contrato, sino que, la acción popular, aunque sea procedente, no podrá reemplazar a la controversia contractual. Esta prohibición de reemplazo será evidente cuando las pretensiones de la acción popular interpuesta planteen una controversia que discuta situaciones estrictamente contractuales como es la ejecución tardía de las obligaciones pactadas. Lo que estará vedado entonces es la utilización de las acciones constitucionales para investigar el transcurso del procedimiento de adjudicación de un contrato o la secuencia de eventos durante la ejecución, aunque de manera colateral se comprometan derechos colectivos. El juez popular por regla general no puede ejercer su competencia para verificar atrasos en las obras contratadas o impulsar etapas de la ejecución porque eso lo convertiría en coadministrador. Esa coadministración que se haría evidente con las órdenes impartidas en la parte resolutiva de las sentencias porque el comité de verificación pasaría a ser un reemplazo de las instancias de verificación establecidas por las partes mismas del contrato. 2.3. Caso concreto: NO fueron acreditadas situaciones distintas a retrasos en las obras contratadas y por lo tanto no están llamadas a prosperar las pretensiones de la acción popular El medio de control de protección de derechos e intereses colectivos interpuesto por el señor [NOMBRE TACHADO] su condición de Personero del municipio de Chitaraque, tiene por propósito obtener la protección del Derecho al Servicio Público de la Educación y al Derecho a la Seguridad de los estudiantes de la Institución Educativa San Pedro Claver. Se encuentra acreditado en el proceso de marras el cumplimiento del requisito de procedibilidad dispuesto en el inciso 3 del artículo 144 del CPACA, consistente en una solicitud dirigida al causante del supuesto menoscabo a fin que adopte las medidas necesarias para proteger el derecho amenazado. En cuanto a la caducidad del medio de control, el artículo 11 de la Ley 472 de 1998 establece que la acción popular podrá promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e interés colectivo. Se colige de lo expuesto que la oportunidad de accionar no feneció dado que, de conformidad con la demanda, los intereses colectivos se verán vulnerados hasta tanto no se culminen las obras de construcción del Colegio San Pedro Claver en Chitaraque. En relación con la legitimación en la causa por pasiva y por activa se tiene lo dictado por el artículo 12 de la Ley 472 de 1998, el cual determinó que cualquier persona puede presentar la acción popular. Por consiguiente, el Personero de Chitaraque está facultado para demandar mientras que los accionados están legitimados en la causa por pasiva al ser entidades relacionadas con el proyecto de construcción de la institución educativa San Pedro Claver. Agotados los tópicos que anteceden, corresponde en este punto el análisis de fondo. En medio de control en referencia gira en torno a las deterioradas condiciones locativas de la Institución Educativa San Pedro Claver, Sede Urbana Mixta, del municipio de Chitaraque en el departamento de Boyacá y la extensión en el tiempo que han tomado las obras de construcción del colegio. Esta Vista Fiscal sugiere revocar la sentencia apelada y de esa forma se aparta del concepto presentado por el Ministerio Público en la primera instancia. Se sugerirá la desestimación de las pretensiones del actor popular porque éste busca la protección de intereses de la comunidad con el impulso de obras y actividades contratadas, que, al momento de interposición de la acción, estaban siendo desarrolladas. De tal suerte que, al tratarse de un motivo de inconformidad que concierne un asunto meramente contractual referido a la extensión en el tiempo de la ejecución y la recepción de recursos para dicho fin, lo pedido escapa a las atribuciones del juez popular. Además, dentro de lo actuado no se probó una ilegalidad o irregularidad administrativa y en consecuencia el mecanismo constitucional en curso sólo busca que los accionados sean conminados por un comité de seguimiento organizado por el juez popular, en un rol de coadministrador que le está vedado. Lo expuesto tiene como fundamento los siguientes argumentos. La jurisprudencia ha establecido que la actividad contractual no se encuentra excluida de la utilización del medio de control de protección de derechos colectivos, especialmente cuando se pretende la salvaguarda de los principios de igualdad, transparencia, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política. Por lo descrito en el introductorio, el actor busca proteger el servicio público de la educación en Chitaraque y para cimentar su objetivo describió las difíciles condiciones que afrontaban los estudiantes al momento de interposición de la demanda. Sin embargo, al detallar las situaciones que impedían que el estudiantado del Colegio San Pedro Claver recibiera clases en óptimas condiciones hizo referencia puntual a las suspensiones y prórrogas presentadas en dos contratos en ejecución, uno de obra que incluía diseños, y, la interventoría que haría seguimiento técnico a la construcción de la infraestructura de la institución educativa. Por lo antes mencionado, el actor no relacionó probó una interrupción definitiva en la continuidad del servicio público de la educación en el municipio de Chitaraque, ni tampoco con una anomalía en la conducta de los entes públicos y privados vinculados a los contratos de obra e interventoría, sino que se limitó a señalar los supuestos atrasos. Dijo el demandante que las suspensiones y prorrogas se debieron, por ejemplo, a la necesidad de ejecutar estudios técnicos para la construcción de un muros de contención que estabilizaran el terreno de la construcción, realizar la implementación de un protocolo de bioseguridad para el proyecto o la no culminación de adecuaciones requeridas por el municipio de Chitaraque para la prevención y mitigación del contagio por Covid-19, entre otras razones. Las suspensiones y prórrogas fueron acreditadas dentro de lo actuado, pero también quedó acreditado que los contratos se encontraban en desarrollo de la ejecución a pesar de los eventos y circunstancias que retardaban los tiempos estipulados. En relación con la construcción del muro de construcción el Ministerio de Educación informó lo siguiente: A partir de lo anterior se puede concluir que el Ministerio de Educación, el FFIE y la interventoría de contrato siguieron desplegando la actividad administrativa relacionada con la ejecución, en específico, lo concerniente a la construcción del muro de contención, el caisson y los trinchos. Sobre el particular la jurisprudencia ha determinado que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 472 de 1998, las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas y por tanto, al ser la contratación estatal uno de los medios principales para prestación de servicios y suministro de bienes, la comunidad puede prestar atenta vigilancia y acudir a estas acciones constitucionales cuando encuentre que la Administración y su colaborador privado no propenden por el cumplimiento de los fines públicos, pero esto último debe ser objeto de prueba. En el asunto en referencia el Tribunal Administrativo de Boyacá se refirió a su competencia como juez popular y advirtió el límite establecido frente a asuntos estrictamente contractuales en los siguientes términos: Sin embargo, a pesar de lo dicho, la primera instancia decidió revisar la prolongación en el tiempo de la ejecución a pesar de ser un asunto meramente contractual, relacionado de forma directa el cumplimiento de lo pactado. Sobre este tema el Consejo de Estado ha dicho que el vencimiento de los plazos contractuales constituye un incumplimiento que se determina a partir de las fechas estipuladas en el acuerdo que junto a la prestación contratada configura la obligación. Por consiguiente aunque los artículos 9, 15, 34 y 40 de la Ley 472 de 1998 indican que los contratos estatales son susceptibles de evaluación por parte del juez popular éste debe ser muy cuidadoso al adoptar las medidas de protección del caso para no atribuirse facultades más allá de las judiciales que le corresponden. En la sentencia apelada, el Tribunal hizo un recuento detallado de la duración de las fases 1, 2 y 3 del Contrato Marco de Obra Número 1380-37-2016 y que, durante los 5 años anteriores a la sentencia proferida, los estudiantes del municipio de Chitaraque no han podido disfrutar de las aulas y zonas comunes del colegio en construcción. Pero, al referirse a hechos supuestamente lesivos del interés colectivo y a sus causantes y a la solución del caso, no aludió el cese de alguna irregularidad en cualquiera de las esferas procedimentales adelantadas por los accionados. Por ejemplo, en lo relativo a la necesidad del muro de construcción que retrasó la obra, desde el mes de abril de 2021 hasta agosto de 2023, si bien es cierto se dio cuenta del impase dentro de lo actuado en la primera instancia no se verificó ninguna anomalía en el adelantamiento de ese trámite. Constatado ese hecho y por el sólo paso del tiempo el juez de primer grado concluyó que: “[…] La anterior violación del derecho de acceso al servicio de educación en condiciones de eficiencia se materializó a pesar de que la Sala advierte que el Departamento realizó trámites procurando la priorización de la asignación de recursos para la elaboración de los estudios previos y el Municipio de Chitaraque realizó actuaciones para ante la Agencia Nacional del Riesgo procurando la consecución de los recursos necesarios para la construcción de las obras complementarias […]”. Para esta Agencia del Ministerio Publico, si las entidades siguen realizando trámites para la obtención de recursos y el desarrollo de los contratos de obra, no podrían ser acusados de poner en riesgo el servicio público dado que no se ha interrumpido la continuidad de éste. El Ministerio Público no concuerda con la decisión del A quo porque el sólo paso del tiempo no es suficiente para demostrar el menoscabo del interés colectivo en discusión. La jurisprudencia actual es clara en determinar que la acción popular no es un mecanismo que permita al juez administrativo invadir la esfera de la Administración Pública, ni suplir el debate natural que corresponde a las controversias contractuales como es el caso cuando se está frente a un incumplimiento contractual. El Tribunal Administrativo de Boyacá decidió compeler a las demandadas a seguir con la ejecución de lo pactado y a conformar un comité de seguimiento para verificar el cumplimiento de las actuaciones relacionadas con las obras contratadas así: La conformación de un comité de verificación para revisar informe de gestión contractual es un reemplazo de las instancias definidas por lo cocontratantes y en todo caso equivaldría a crear una instancia de coadministración en sede judicial por parte del juez administrativo. Los límites jurisprudenciales al empleo de las acciones populares como herramienta de coadministración es un avance en la coherencia del ordenamiento que repercute en la protección de las garantías populares porque se gana en seguridad jurídica. Esta seguridad jurídica se encuentra soportada en no permitir que el operador judicial exceda el límite de su competencia funcional, dado que el objetivo principal de la herramienta constitucional en estudio es la protección de los derechos colectivos y no el examinar si se presentó una suspensión o prórroga contractual. La verificación o seguimiento de las etapas del contrato a instancias de un procedimiento judicial como es el medio de control de protección de derechos colectivos sería una contravención a la separación de las ramas del poder público e invadirían el ámbito de decisiones exclusivas de las autoridades administrativas. La acción popular no es el vehículo procesal para perseguir objetivos meramente contractuales como sería la verificación de posibles retrasos en la ejecución. Cuando la jurisprudencia se ha referido a la discusión de asuntos estrictamente contractuales ha incluido entre ellas, el retraso en la ejecución de obras estipuladas en el acuerdo. En conclusión, no basta la sola demostración por parte del actor popular de un atraso o la sucesión de prórrogas para señalar que se ha violentado un interés colectivo porque en el caso de las acciones populares es necesario probar una conducta negligente, deshonesta o irresponsable de las autoridades. 3. CONCLUSIÓN El Ministerio Público conceptúa en el proceso de la referencia que se debe REVOCAR el fallo de primera instancia y denegar las pretensiones de la parte demandante. Atentamente, JULIÁN FERNÁNDEZ Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa JAF/HWMP

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