Procuraduría General de la Nación
Fallo disciplinario
El juez popular por regla general no puede ejercer su competencia para verificar atrasos en las obras contratadas o impulsar etapas de la ejecución porque eso lo convertiría en coadministrador.
El Ministerio Público y cualquier persona legitimada pueden promover la acción popular consagrada en la Ley 472 de 1998 con el fin de evitar un daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o agravio de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, la seguridad, la salubridad pública y el acceso al servicio público de educación. La oportunidad para accionar no fenece mientras subsista la amenaza o peligro al interés colectivo tutelado. Sin embargo, cuando las pretensiones buscan el impulso de obras y actividades contractuales que ya están siendo ejecutadas, la acción popular no constituye el mecanismo idóneo para inmiscuirse en la administración o sustituir las instancias de verificación pactadas por las partes en los contratos estatales. En todo caso, la observancia de los mandatos legales y reglamentarios garantiza la correcta marcha de la administración pública y la sujeción de los operadores jurídicos a los principios constitucionales que gobiernan la función administrativa y la contratación del Estado colombiano en el marco del ordenamiento jurídico vigente.síntesis automática
También resuelve:
Accion popular: El Personero del Municipio de Chitaraque interpuso medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos en contra del Ministerio de Educación, departamento de Boyacá, Consorcio FFIE alianza BBVA, la [NOMBRE TACHADO] 2016 y el municipio de Chitaraque con base en lo dispuesto en la Ley 472 de 1998.
Contrato estatal: Sujeto al análisis del juez popular
Acciones populares: Su autonomía y carácter no subsidiario permiten revisar las actuaciones de la Autoridad cuando ésta, como contratante, vulnere derechos colectivos