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ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Para declarar incumplimiento de contrato de promesa de compraventa 2015-01-005 del 29 de enero/2015, dado que Contraloría Gral de Manizales incumplió con obligaciones de promesa de compraventa y para devolución de suma cancelada
CONTRATO-De promesa de compraventa en un contrato estatal según regulación legal
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-No se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad en el sub exámine al haber sido ejercida esta en tiempo oportuno
Por lo expuesto, a partir del 25 de mayo de 2016, fecha en que la Contraloría decidió detener el pago, comenzó a correr el término de los dos (2) años previstos por el ordenamiento jurídico, para ejercer la acción contractual prevista en el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tendiente a obtener la declaración de incumplimiento del contrato de promesa de compraventa, de suerte que la caducidad de la acción no operó.
CONTRATO-Promesa de celebrar este no produce obligación alguna salvo si concurren algunos requisitos
…la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna salvo si concurren los siguientes requisitos: 1- Que conste por escrito; 2-Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no satisfacer las exigencias del artículo 1502 del C.C.; 3-Que contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato prometido; y, 4- Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales.
RESTITUCIONES MUTUAS-Derivadas de la anulación del contrato de promesa, según Sentencia de la Corte Suprema de Justicia
CONTRATOS DE EJECUCIÓN SUCESIVA-Declaratoria de nulidad de estos según regulación legal
PLAZO-La formalidad de este en la promesa de compraventa no es veraz que se haya cumplido
Conforme a lo expuesto, este agente del Ministerio Público considera que no es de recibo el argumento del apelante cuando indica que la formalidad del plazo en la promesa de compraventa sí se cumplió, pues se condicionó el otorgamiento de la escritura a la verificación del pago total del inmueble, cuya fecha límite lo era el 15 de diciembre de 2016, según la primera prórroga, y que si bien era un plazo incierto era determinado y con ello se cumplía con la condición del artículo 89 de la Ley 153 de 1887, numeral 3 de que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato; y no se comparte, porque esta argumentación lo que evidencia es que había una fecha cierta límite para el pago del bien, pero no para la solemnidad de la escritura.
CONTRATO-Se debe declarar su nulidad frente al contrato de promesa de compraventa
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA-Se debe confirmar en el sub examine
PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6.
CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA
Bogotá, D.C., de 21 de octubre de 2024.
Concepto No. 091
Doctor
[NOMBRE TACHADO] Ponente
Sala de lo Contencioso Administrativo
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C
CONSEJO DE ESTADO
Ciudad
Radicación: 17001 23 33 000 2017 00049 01 (71618)
Medio de control: Controversias Contractuales
Actor: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales INFI - MANIZALES
Demandado: Contraloría General del Municipio de Manizales
En mi condición de agente de la señora Procuradora General de la Nación para intervenir en el trámite de la referencia, con fundamento en las competencias previstas en los artículos 277-7 de la Constitución Política, 30-2 del Decreto Ley 262 de 2000, dentro del término del traslado previsto en el numeral 6 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, procedo a rendir concepto, en los siguientes términos:
ANTECEDENTES
La demanda
Se trata del medio de control de controversias contractuales ejercido el día 25 de enero de 2017, por el apoderado de INFI-MANIZALES, contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, con el propósito de declarar que el INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA No. 2015-01-005 del 29 de enero de 2015, toda vez que la CONTRALORÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES incumplió con sus obligaciones contractuales estipuladas en la promesa de compraventa y, en consecuencia, realice la devolución de la suma cancelada por INFI-MANIZALES por valor de $445.120.851.
1.1.1. Pretensiones
La demandante solicitó las declaraciones y condenas que se resumen a continuación:
Que se declare la existencia del contrato de promesa de compraventa No. 2015-01-005 suscrito el día 29 de enero de 2015 entre INFI - MANIZALES y la CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.
Que se declare el incumplimiento del Contrato de Promesa de Compraventa.
Que, como consecuencia del incumplimiento del Contrato de Promesa de Compraventa por parte de la Contraloría, ésta realice la devolución de los dineros cancelados por valor de $445.120.851 sumas que deberán ser indexadas a la fecha efectiva del pago de la obligación.
Que se determine por el despacho la tasación de perjuicios producto del incumplimiento.
Que se condene en costas a la parte demandada.
1.1.2. Hechos de la Demanda
Mediante Escritura Pública No. 5838 del 30 de diciembre de 2008, el Municipio de Manizales donó a la Contraloría General del Municipio de Manizales, el derecho de dominio sobre los pisos 5 y 9 del edificio Atlas de Manizales, no obstante, en la cláusula cuarta de la misma se pactó que los bienes inmuebles donados serían destinados por la Contraloría única y exclusivamente para el funcionamiento de su sede administrativa, siendo aplicable la condición resolutoria si se le daba una destinación diferente.
En reunión del Comité Jurídico de la Contraloría se plasmaron las razones jurídicas y el marco normativo que habilitaba la venta de un piso, como única alternativa para atender los pagos de pensionados, sentencias judiciales y factores prestacionales en relación con funcionarios y exfuncionarios, lo cual quedó plasmado en el Acta del 9 de enero de 2015.
Mediante oficio CGM 0079 del 28 de enero de 2015, el subcontralor municipal, remitió carta de intención a INFI MANIZALES con la oferta de venta del piso 5 del edificio Atlas por valor total de $453.600.000
El día, 29 de enero de 2015, el Gerente General de INFI-MANIZALES, autorizado por la Junta Directiva mediante acta No. 0221 del 2015 y la CONTRALORÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, suscribieron Contrato de Promesa de Compraventa No. 2015-01-005, por valor de $453.600.00.
El objeto del mencionado contrato fue: "Conforme las estipulaciones del presente acuerdo, el PROMITENTE VENDEDOR transferirá al PROMITENTE COMPRADOR, una vez llegado el momento legal oportuno, y después de mediar el reparto notarial correspondiente, el derecho real de dominio que ejerce sobre el Piso 5 del edificio Atlas ubicado en la Carrera 23 con Calle 21 de la ciudad de Manizales, con un área privada de 216.0985, mas 58.9215 m2 de área común, e identificado con Folio de Matrícula 100-53756 y Ficha Catastral 01-05-0068-0020-902”.
El precio total y único del inmueble, se acordó en la suma de $453.600.000 y, de conformidad con la cláusula quinta el plazo de pago total fue acordado para el 15 de diciembre de 2015.
Para efectos de pago, se autorizó a INFI-MANIZALES realizar pagos directos a terceros beneficiarios, esto es, se acordaron cuotas periódicas con cargo a obligaciones derivadas del pago a pensionados, compromisos patrimoniales derivados de sentencias judiciales, obligaciones de contenido laboral, situaciones prestacionales de funcionarios o ex funcionarios, por lo tanto, estos dineros no ingresarían directamente al presupuesto de la Contraloría
De conformidad con el Contrato de Promesa de Compraventa No. 2015-01-005, la Contraloría General del Municipio de Manizales, se comprometió a:
Cláusula sexta: Obligaciones del Promitente Vendedor: Esta parte se obliga a gestionar en debida forma la documentación necesaria para conseguir el perfeccionamiento del negocio jurídico cuando fuere el momento oportuno, y además a exhibir las siguientes constancias y/o documentaciones para el momento de la entrega real y efectiva del inmueble prometido en venta: las constancias de pago de servicios públicos, así como los respectivos paz y salvos de impuestos y/o gravámenes sobre el inmueble si hubiere a lugar a ello.
Cláusula Décima Primera: Otorgamiento de Escritura Pública: Una vez verificado el pago total del inmueble objeto de la presente promesa de compraventa, las partes acuerdan que el otorgamiento de la correspondiente escritura pública se haga conforme las reglas de la Superintendencia de Notariado y Registro luego de efectuado el reparto ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Manizales.
Mediante Oficio No. CGM 1201 del 4 de noviembre de 2015, el Contralor delegado solicitó a INFI - MANIZALES el balance económico del Contrato de Promesa No. 2015-01-005.
Mediante Oficio No. 01049 del 5 de noviembre de 2015, el Gerente de INFI - MANIZALES remitió al Contralor el balance económico del contrato indicando los pagos realizados hasta el 31 de octubre de 2015, por la suma de $394.101.825 y el saldo pendiente por ejecutar correspondiente a la suma de $59.498.174.
A través de Oficio No. CGM 1323 del 10 de diciembre de 2015, el Contralor solicitó prorrogar el Contrato de Promesa de Compraventa conforme a la cláusula quinta, toda vez que el día 15 de diciembre de 2015 era el plazo límite de pago del inmueble, por ende, INFI-MANIZALES debía cancelar la totalidad del valor de la compra, es decir la suma de $59.498.174 adeudada, la cual no fue posible ejecutar conforme al Oficio No. 1323 de 10 de diciembre de 2015 suscrito por el Promitente Vendedor.
El 15 de diciembre de 2015 se prorrogó el término para el pago total de la obligación del Contrato de Promesa de Compraventa 2015-01-005 hasta el 15 de diciembre de 2016 y se continuaron haciendo los pagos durante el año 2016 hasta la suma de $445.120.851 quedando un saldo pendiente de $8.479.149,30 MCTE.
Mediante oficio No. CGM 0892 del 22 de agosto de 2016, la Contralora solicitó a INFI MANIZALES suspender el contrato ya que se debía aclarar si se podía materializar el negocio jurídico dada la condición resolutoria existente en la Escritura Pública de Donación, de darle al inmueble una destinación diferente a la de funcionamiento de su sede administrativa, lo cual se había analizado en comité jurídico del 25 de mayo de 2016, por lo tanto, los giros de dinero se dejaron de autorizar.
El 14 de septiembre de 2016 la Contraloría General del Municipio de Manizales, envió oficio CGM0994 al Gerente de INFI-MANIZALES manifestando la imposibilidad de honrar las obligaciones contenidas en la Promesa de Compra Venta, toda vez que en la Escritura Pública de Donación No. 5838 de 30 de diciembre de 2008 se pactó la condición resolutoria en favor de la Alcaldía de Manizales, donante del Bien Inmueble, en caso que la Contraloría diera una destinación diferente a los bienes donados, en tanto, los bienes donados “serán destinados por la CONTRALORÍA única y exclusivamente para EL FUNCIONAMIENTO DE SU SEDE ADMINISTRATIVA”.
El Comité de Conciliación de INFI-MANIZALES se reunió el 5 de octubre de 2016 y por unanimidad decidió iniciar actuaciones judiciales ante la Procuraduría Judicial Administrativa para que se declare el incumplimiento del Contrato de Promesa 2015-01-005 del 29 enero de 2015 por parte de la Contraloría y efectué la devolución de los dineros cancelados, esto es, la suma de $445.120.851, indexados hasta la fecha de pago y condenar en costas a la Contraloría.
El día 7 de octubre de 2016, el Comité de Conciliación le informó al Consejo Directivo la decisión de acudir a la Procuraduría Judicial Administrativa para la solución del conflicto.
El día 20 de octubre de 2016 INFI-MANIZALES, radicó solicitud de Conciliación Extrajudicial en contra de la Contraloría, correspondiendo el reparto a la Procuraduría 29 Judicial II para Asuntos Administrativos de Manizales, señalando como fecha el 30 de noviembre de 2016 a las 11 am.
El 25 de noviembre de 2016, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial [NOMBRE TACHADO] Municipio de Manizales, decidió no acceder a las pretensiones de INFI-MANIZALES en la convocatoria a audiencia de Conciliación Extrajudicial.
La audiencia de Conciliación Extrajudicial realizada el día el 30 de noviembre de 2016 fue declarada FALLIDA por no existir ánimo conciliatorio, entre otras por parte de la Contraloría porque el contrato de Promesa de Compraventa carecía de formalidades legales y vicios de fondo insubsanables que hacían imposible su cumplimiento, reconocer y asumir el pago sería aceptar los hechos y actuaciones anteriores y certificó dar por cumplido el requisito de procedibilidad para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
1.1.3. Trámite dado a la Demanda
El día 25 de enero de 2017 el apoderado de la parte demandante INFI MANIZALES presentó la demanda.
La demanda fue inadmitida por auto del 20 de abril de 2017 y una vez corregida se admitió por auto del 10 de noviembre de 2017.
1.1.4. Llamamiento en Garantía:
La Contraloría General del Municipio de Manizales llamó en garantía a los señores [NOMBRE TACHADO], Jhoan Fernando Vidal Patiño, [NOMBRE TACHADO] y Mauricio Márquez Buitrago, como responsables directos de los análisis y estudios precontractuales de la promesa de compraventa.
Mediante Auto Interlocutorio el día 12 de febrero de 2019, el Tribunal Administrativo de Caldas resolvió el Llamamiento en Garantía, notificación por aviso que se surtió el día 11 de septiembre de 2019, trámite procesal efectuado por parte [NOMBRE TACHADO] Municipio de Manizales, en el medio de control de controversias contractuales, vinculando a los señores [NOMBRE TACHADO] y, JHOAN FERNANDO VIDAL PATIÑO quienes suscribieron el contrato y su prórroga y negando el llamamiento en garantía a los señores [NOMBRE TACHADO] Y MAURICIO MARQUEZ BUITRAGO, por tener vinculación laboral con INFI-MANIZALES, recordemos que el llamamiento en garantía es con fines de repetición de conformidad con el artículo 19 de la Ley 678 de 2001.
La apoderada del señor [NOMBRE TACHADO], llamado en garantía por la Contraloría, contestó la demanda el día 1 de noviembre de 2019, pronunciándose sobre las pretensiones en el siguiente sentido:
Indicó que, ambas partes incumplieron lo pactado conforme al artículo 1609 del Código Civil. De un lado, la Contraloría por no darle cumplimiento al Contrato y de otro, INFI MANIZALES de pagar el precio; por lo tanto, se opuso a la indexación, indemnizaciones y condena en costas.
Mencionó que, para conservar el uso del bien, dejaron plasmada la posibilidad de suscribir un comodato a favor de la Contraloría para que en este inmueble siguiera ocupando y prestando servicios su sede administrativa, en el punto 2 del acta del comité jurídico de la contraloría de fecha 9 de enero de 2015. Por lo anterior, consideró que hubo una interpretación errónea de la condición resolutoria, como obligación imposible que llevó a la Contraloría a incumplir el contrato de promesa y que, debía ser la Contralora quien debía asumir los perjuicios de la decisión.
Explicó que la Contraloría pudo intentar la cancelación de la condición resolutoria antes de otorgar escritura pública o en la misma escritura de venta o en escritura posterior, por el Municipio, toda vez que el Alcalde era Presidente del Consejo Directivo de Infi-Manizales y había autorizado la compraventa del inmueble. Indicó que pudo haber solucionado acudiendo a los medios alternativos de solución reintegrando a Infi-Manizales los recursos pagados o logrando un acuerdo de pago.
Explicó que había límites en los gastos de administración por ley 617 de 2000 lo que llevó a la supresión de cargos y que la sentencia C-643 de 2012 ordenaba asumir directamente gastos de administración, como el pago de obligaciones laborales y de sentencias judiciales sin límite de cuantía, evitando responsabilidades de tipo penal y disciplinario por un futuro incumplimiento en el pago de obligaciones dado que la entidad no tenía los recursos para atenderlos.
Propuso la excepción de contrato no cumplido conforme al artículo 1.609 del Código Civil toda vez que ambas partes incumplieron, por lo tanto, Infi Manizales no estaba legitimado para solicitar el incumplimiento y la devolución del precio pagado indexado, indemnización perjuicios y condena en costas de la Contraloría.
Así mismo, la excepción de ineficacia, conforme al artículo 66 del Código General del Proceso, si la notificación del convocado no se logra dentro de los 6 meses siguientes, el llamamiento será ineficaz, veamos que el Tribunal Administrativo de Caldas el día 12 de febrero de 2019, admitió el llamamiento en garantía efectuado por la contraloría y ésta incumplió la carga procesal de notificación, la cual sólo se hizo el 11 de septiembre de 2019, quedando notificado al día siguiente, 12 de septiembre de 2019, pasados 6 meses desde el 12 de febrero de 2019.
Propuso la excepción de nulidad por indebida notificación conforme al artículo 133 del CGP por cuanto la notificación por aviso se surtió por fuera de los 6 meses del artículo 66 del CGP y finalmente, propuso la excepción de caducidad por la notificación extemporánea conforme al artículo 95 del CGP numeral 5.
Por auto del 9 de noviembre de 2020, el Tribunal declaró la ineficacia del llamamiento en garantía. La Contraloría solicitó revisar el auto, el despacho resolvió no reponer la decisión mediante auto de 16 de diciembre de 2020.
Contestación de la demanda
El día 27 de septiembre de 2018, el apoderado [NOMBRE TACHADO] MUNICIPIO DE MANIZALES, allegó la contestación de la demanda y se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones. Apoyó su oposición en los argumentos que se resumen a continuación:
Indicó la imposibilidad legal de dar cumplimiento efectivo a la promesa de compraventa toda vez que en la Escritura Pública de Donación No 5838 del 30 de diciembre de 2008, se plasmó la condición resolutoria, la cual reza así: "CUARTA. DESTINACION. Los bienes inmuebles cuya donación se hace a través de este instrumento, serán destinados por LA CONTRALORÍA única y exclusivamente para EL FUNCIONAMIENTO DE SU SEDE ADMINISTRATIVA, siendo aplicable la condición resolutoria en el evento que LA CONTRALORÍA le dé una destinación diferente a lo estipulado en el presente documento."
Argumentó que era reiterada la mencionada cláusula sexta de la promesa, en virtud del cual el Prominente Vendedor se obliga a gestionar en debida forma la documentación para conseguir el perfeccionamiento del negocio jurídico cuando fuere oportuno; pero, no hay mención a la cláusula cuarta de la escritura de donación frente a la imposibilidad jurídica de transferir el dominio del inmueble y por ende, de cumplir la obligación, lo que no se mencionó en la promesa de compraventa ni en los pagos ni en los comités jurídicos que realizaron, responsabilidad compartida en cabeza de los directivos de la época de ambas entidades, ya que con el estudio del avalúo comercial han podido percatarse de la situación del mismo, y de la posibilidad de transferir el dominio.
Mencionó que no se había realizado la obligación de hacer, esto es, el pago total del inmueble de conformidad con la cláusula decimoprimera "Una vez verificado el pago total del inmueble objeto de la presente promesa de compraventa, las partes acuerdan que el otorgamiento de la correspondiente escritura pública se haga conforme las reglas de la Superintendencia de Notariado y Registro luego de efectuado el reparto ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Manizales". Por lo tanto, el medio de control impetrado carecería de sustento legal y de fuerza contractual para alegar un incumplimiento del contrato y cobraba eficacia cumplir la obligación de hacer.
Indicó que la Contraloría actuó con cuidado al suspender los pagos una vez fue conocido el contenido de la escritura pública de donación y hasta tanto no aclarar si era factible materializar el negocio. Así mismo, que la promesa de compraventa desde su nacimiento fue imposible de cumplir y no tendría validez pues la entidad gozaba del uso y disfrute, pero no de la plena disposición del bien.
Finalmente, se acogió al precepto conforme al cual “nadie está obligado a lo imposible”, como Principio de derecho e indicó que hubo convicción de cumplimiento, pero imposibilidad legal de ejecutar la obligación. Formuló las excepciones de Inepta Demanda, ineptitud sustantiva, porque el demandante pretendía se declarare la existencia de una promesa y el incumplimiento de un contrato que no se ha cumplido en su totalidad al existir un saldo pendiente de pago, sin un incumplimiento unilateral de lo convenido en la promesa y, la excepción genérica conforme al artículo 282 del CGP en virtud del cual el juzgado podría declarar cualquier otra excepción de mérito que se encontrare probada.
1.3. Pronunciamiento sobre Excepciones
El día 4 de diciembre de 2019, el apoderado de INFI MANIZALES se pronunció sobre la excepción de Ineptitud Sustantiva propuesta por la demandada, en el siguiente sentido:
Relató que fue el representante de la Contraloría quien manifestó la imposibilidad jurídica de cumplir los compromisos de la promesa y que, se había beneficiado de los pagos de Infi Manizales frente a las obligaciones prestacionales de sus exfuncionarios por la suma de $445.120.851 y no pudo Infi Manizales efectuar el pago de la suma restante $8.479.149,30 cuando el promitente vendedor manifestó que no vendería, cerró las vías de pago, no propuso soluciones y por ende, nadie está obligado a lo imposible.
Finalmente, indicó que la falta de perfeccionamiento del cumplimiento de las obligaciones por el comprador ante la renuencia del vendedor, o incumplimiento de un contrato que no se ha cumplido, no es constitutivo de la excepción previa “ineptitud sustantiva de la demanda”.
1.4. Alegatos de Conclusión
Parte Demandante: Precisó que el debate era el incumplimiento de las obligaciones de transferir el dominio del bien inmueble por parte de la Contraloría, mientras que INFI MANIZALES sí efectuó el pago de la suma de $445.120.851. Por ello, solicitó la devolución del dinero indexado, condenó a pagar los perjuicios y costas.
Parte Demandada: Manifestó que, aunque los hechos de la demanda son ciertos, hubo imposibilidad jurídica de cumplir el contrato. Los directivos no realizaron las gestiones para establecer si era posible llevar a cabo el mismo. Indicó la imposibilidad presupuestal de responder de manera inmediata por los dineros que ingresaron.
1.5. Sentencia de primera instancia
Con fecha 31 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de decisión, profirió fallo de primera instancia en el que declaró la Nulidad Absoluta del contrato de promesa de compraventa y no acogió las pretensiones de la parte actora. La providencia se notificó el día 5 de junio de 2024. El Tribunal llegó a las conclusiones que se resumen a continuación:
Indicó que las obligaciones que emanaron del contrato de promesa, que es un contrato preparatorio, crearon una obligación de hacer, de carácter bilateral, que consistió en otorgar escritura pública para perfeccionar el contrato, distintas a las que nacen del contrato prometido.
Manifestó que la cláusula décima primera, alusiva al otorgamiento de la Escritura Pública, del contrato de promesa de compraventa, contenía una condición indeterminada al no establecer con certeza la fecha de perfeccionamiento, si bien era post verificación del pago total, esto es, para el 15 de diciembre de 2016, ningún extremo temporal se fijó para el otorgamiento de la escritura pública, por lo cual el hecho futuro e incierto del que dependía el otorgamiento de la escritura pública de compraventa jamás sucedió.
Se pactó una estipulación ineficaz dado que no era clara la época o fecha de cumplimiento de la obligación de hacer, es decir, de perfeccionar el contrato prometido, por lo tanto, no puede hablarse de incumplimiento y pon ende, menos pueden exigirse las consecuencias de ello.
Consideró el Tribunal que al no cumplirse el requisito del numeral 3 del artículo 1.611 del Código Civil, esto es la existencia de un plazo o condición que fije la fecha de celebración del contrato, no produce efectos entre las partes la promesa de compraventa y, ello acarrea a la declaratoria de nulidad absoluta del acto jurídico.
Indicó el Tribunal que conforme al artículo 1.742 del Código Civil y el inciso primero del artículo 45 de la Ley 80 de 1993, el Juez se puede pronunciar respecto de las nulidades absolutas de los actos jurídicos y contratos de manera oficiosa, por lo tanto, dado que la consecuencia de la nulidad absoluta es que las cosas vuelvan a su estado inicial, cada parte debe devolver a la otra lo que recibió como contraprestación, de conformidad con el artículo 1.746 del Código Civil.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restitución, ordenó a la Contraloría General del Municipio de Manizales, devolver la suma de $445.120.851, sin derecho a otra compensación o indemnización.
Se abstuvo de condenar en costas, ya que la restitución no se dio como consecuencia de acceder a las pretensiones de la demanda, las cuales se negaron, sino por la declaratoria de nulidad del contrato suscrito.
1.6. Apelación de la Sentencia de primera instancia
El día 18 de junio de 2024, el apoderado de la parte demandada, interpone recurso de apelación contra lo decidido en primera instancia. El cuestionamiento de alzada está basado en los argumentos que a continuación se recapitulan:
Señaló que no comparte los argumentos del Tribunal cuando indicó que el contrato de promesa no cumplía con el requisito del plazo o fecha de cumplimiento de la obligación de suscribir el contrato de Promesa de Compraventa, porque este último señaló una condición estipulada en el contrato de promesa, cláusula Decimoprimera. Otorgamiento de Escritura Pública: “Una vez verificado el pago total de inmueble objeto de la presente promesa de compraventa”, regulada en los artículos 1530 y 1531 de Código Civil, y por ende, el plazo límite para el pago total de inmueble era el 15 de diciembre de 2016, conforme a la primera prórroga, un plazo incierto pero determinado conforme al artículo 1139 del Código Civil, ya que se condicionó la firma de la escritura pública al pago total el día 15 de diciembre de 2016 y dando cumplimiento al artículo 89 de la ley 153 de 1887 numeral 3: “Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato”.
Afirmó que no le haya razón al Tribunal al manifestar que el contrato de promesa contiene una condición indeterminada que conlleva a la nulidad absoluta del mismo y ha debido abstenerse de declararla y estudiar el supuesto incumplimiento contractual por parte de la Contraloría.
Con base en los anteriores argumentos solicitó que se revoque la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas de fecha 31 de mayo de 2024 y que se nieguen las pretensiones de la demanda.
CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Contenido: 2.1. Problema jurídico. 2.2. Análisis de la Caducidad. 2.3. Marco legal y Jurisprudencial aplicable al caso. 2.3.1 La promesa de celebrar un contrato. 2.3.2. De la Nulidad Absoluta del Contrato. 2.3.3. De la Condición Resolutoria en los Contratos de Donación 2.4. Caso concreto.
2.1. Problema Jurídico
Esta Agencia del Ministerio Público considera que el problema jurídico, de acuerdo con el medio de control de controversias contractuales interpuesto y la apelación, consiste en determinar lo siguiente:
¿Procede la declaratoria de nulidad del contrato de promesa de compraventa 2015-01-005 y, por ende, debe el demandado restablecer las cosas al estado inicial y devolver la suma pagada?.
En caso contrario, hubo incumplimiento del mismo?
2.2. Análisis de la caducidad.
NO se configuró el fenómeno de la caducidad de la acción de controversias contractuales.
El día 29 de enero de 2015 INFI- MANIZALES y la CONTRALORÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, decidieron suscribir un contrato de promesa de compraventa sobre el Piso 5 del edificio Atlas ubicado en la Carrera 23 con Calle 21 de la ciudad de Manizales. El día 15 diciembre 2015 las partes suscribieron la primera prórroga del contrato de promesa de compraventa, acordando prorrogar su plazo hasta el 15 diciembre 2016.
Conforme a lo sugerido por el Comité Jurídico de la Contraloría Municipal de Manizales celebrado en mayo 25 de 2016, se dejaron de autorizar recibir los giros del dinero por parte de INFI-MANIZALES con cargo al CDP 73 del 28 de enero de 2015, hasta tanto no se ejecutaran las gestiones necesarias para analizar conjuntamente con INFI-MANIZALES las implicaciones de dicha condición.
Dicha medida fue conocida por ANDRÉS MAURICIO GRISALES FLÓREZ, Gerente General de INFIMANIZALES, quien acto seguido (comunicación Rad. 00954 del 02 de septiembre de 2016) respondió a la Contralora Municipal su decisión de la no necesidad de suspender los efectos del contrato de promesa en la medida que existía una prórroga contractual vigente hasta el 15 de diciembre de 2016.
Por lo expuesto, a partir del 25 de mayo de 2016, fecha en que la Contraloría decidió detener el pago, comenzó a correr el término de los dos (2) años previstos por el ordenamiento jurídico, para ejercer la acción contractual prevista en el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tendiente a obtener la declaración de incumplimiento del contrato de promesa de compraventa, de suerte que la caducidad de la acción no operó.
El 20 de octubre de 2016 INFI MANIZALES presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 29 Judicial II para Asuntos Administrativos, entidad que el día 30 de noviembre de 2016 y previo los rigores de ley, procedió a declarar fallida la conciliación y en consecuencia, expidió la constancia correspondiente.
El 25 de enero de 2017, INFI MANIZALES interpuso demanda contra la CONTRALORIA por el medio de controversias contractuales para hacer exigible las obligaciones derivadas de la promesa.
2.3. Marco legal y jurisprudencial aplicable al caso
2.3.1 La promesa de celebrar un contrato.
El Contrato de Promesa de Compraventa que nos ocupa es un contrato estatal entre dos entidades públicas, conforme al ordinal 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, respondiendo al criterio orgánico del artículo 32 de la ley 80 de 1993, aunque el acto de promesa de compraventa, en tanto no regulado en esta Ley, por remisión del artículo 13 ibídem, se rige por el Código Civil, como acto jurídico anterior al contrato prometido, que genera una obligación de hacer, esto es, otorgar Escritura Pública para cumplir con la solemnidad prevista perfeccionar el contrato de compraventa, título traslaticio de dominio real del bien inmueble. En cambio, el contrato de compraventa de bienes inmuebles es perfecto con el otorgamiento de escritura pública y genera una obligación de dar, transferir el dominio y por la otra parte, de pagar el precio.
Conforme lo estipula el artículo1.611 del Código Civil (subrogado por el artículo 89 de la Ley 153 de 1887), la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna salvo si concurren los siguientes requisitos: 1- Que conste por escrito; 2-Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no satisfacer las exigencias del artículo 1502 del C.C.; 3-Que contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato prometido; y, 4- Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales.
Como así lo dispuso el legislador, dichos elementos deben concurrir en el precontrato, si se aspira que el mismo goce de validez jurídica, puesto que para ellos son ad substantiam actus y, por ende, su ausencia degenera en la nulidad absoluta del mismo (artículo 1741 del Código Civil).
Al respecto, la H. Corte Suprema de Justicia ha consolidado que:
(…) No obstante, la suerte de los actos o contratos sujetos a ciertas formalidades legales es muy distinta, por cuanto en caso de cualquier omisión grave, específicamente de sus formalidades ad substantiam actus, la relación sustancial no produce efecto jurídico alguno, pero por supuesto, como "desconocimiento o alteración" "de las consecuencias", "(...) partiendo de la propia negativa del ser o inexistencia (...) fenómeno (...) de indispensable contemplación desde un punto de vista lógico y pragmático, frente a ocurrencias vitales (...)"
En términos más sencillos, la inobservancia de la forma solemne, auténtico requisito de existencia, cuando es total, genera la inexistencia del acto, del mismo linaje, como cuando ocurre ausencia de voluntad o carencia de objeto, por concurrir como auténticas bases ontológicas que repercuten en el acto mismo, si es parcial, o se omite "algún requisito o formalidad para el valor de ciertos actos o contratos" (artículo 1741 del Código Civil), lejos de generar la inexistencia engendra la nulidad absoluta del acto.
En punto a la condición o plazo que fije la época en que ha de celebrarse el contrato, se precisa que éstos deben ser determinados, en tanto que la incertidumbre en el acaecimiento de la época da al traste con la promesa. Sobre el particular ha explicado la Corte Suprema
“(…) la condición o plazo de que trata la norma deben ser, necesariamente, «determinados», y su indeterminación, por contrapartida, impide que la promesa surta efectos”.
Sobre lo expuesto, la Sala ha precisado lo que sigue:
“La referida fijación de época puede hacerse mediante la designación de un plazo o de una condición... Según el art. 1551 del C. Civil por plazo se entiende ‘la época que se fija para el cumplimiento de una obligación’, es decir, el momento futuro en que ha de ejecutarse una obligación. El plazo es, pues, un acontecimiento futuro y cierto. Cierto en el sentido de que siempre habrá de suceder. El plazo se divide en legal, convencional y judicial, suspensivo y resolutorio, determinado o indeterminado. El convencional puede ser a su vez expreso o tácito. El citado Art. 1.551 explica lo que es el plazo suspensivo. Plazo resolutorio o extintivo es la época que se fija para que cese el cumplimiento de una obligación. Plazo determinado es el que necesariamente ha de llegar y se sabe cuándo, e indeterminado aquel que también ha de suceder, pero no se sabe cuándo, en qué fecha ni época, como el día de la muerte de una persona.
La condición es un suceso futuro e incierto, esto es, que puede suceder o no (C.C., 1128 y 1530). Entre las varias clases de condiciones importa recordar aquí la suspensiva y la resolutoria, la determinada y la indeterminada. Suspensiva es la que suspende la adquisición de un derecho, y resolutoria aquella cuyo cumplimiento produce la extinción de un derecho. Condición determinada es aquella que, sin perder sus caracteres de futura e incierta, ofrece la particularidad de que, si llega a realizarse, por anticipado se sabe cuándo o en qué época ha de suceder. Indeterminada es la condición que se halla estrictamente sometida a la incertidumbre, esto es, que no se sabe si sucederá o no, ni cuándo.
Si de acuerdo con el ordinal 3º del Art. 89 de la Ley 153, citada, la promesa de contrato debe fijar la época precisa en que ha de celebrarse la convención prometida, bien se comprende que para cumplir tal requisito no puede hacer uso de un plazo o de una condición de carácter indeterminado, porque ni el uno ni la otra sirven para señalar esa época. La propia naturaleza del plazo y de la condición indeterminados los hace inadecuados para fijar la época en que debe concretarse el contrato prometido. De consiguiente, siendo el requisito de la fijación de la época de la esencia del contrato de promesa, esta convención será inválida o carente de eficacia jurídica cuando le falte ese requisito bien por no contenerlo en realidad o por hallarse él subordinado a un plazo o a una condición indeterminados. (Resalta la Sala. CSJ. SC. Jun. 1º de 1965. GJ CXI, CXII-135)».
Tanto el plazo como la condición son hechos futuros de los que depende la exigibilidad de la obligación, ambos deben ser determinados y determinables en el tiempo, esto es un día cierto y determinado (artículo 1139 del Código Civil), o de un día incierto pero determinado (art 1139 Código Civil, inciso tercero) en el plazo, o de un día determinable mediante elementos que contenga la misma promesa, el hecho futuro es de ocurrencia cierta, en la condición, el hecho futuro es de ocurrencia incierta”.
Por su parte, el H. Consejo de Estado, en su jurisprudencia señaló:
“Para que la promesa sea válida tanto el plazo como la condición deben ser determinados o determinables en el tiempo, lo cual significa que puede tratarse de un día cierto y determinado (inciso primero del transcrito artículo 1139 del C.C.) o de un día incierto pero determinado (inciso tercero del transcrito artículo 1139 del C.C.) o determinable mediante los elementos suministrados en la promesa. Así, puede ser sometido a plazo determinado, como sucede cuando se fija una fecha específica, por ejemplo, el 25 de enero de 2017 o determinable, por ejemplo, cuando se fija el día siguiente a la muerte de una persona. (…) las partes fijaron una condición indeterminada que impedía establecer con certeza la época en la cual perfeccionarían el contrato prometido, pues sencillamente pactaron que otorgarían la escritura pública dentro del término máximo de tres meses contados a partir del primer pago que debía realizar el INVÍAS”.
Por lo tanto, podemos concluir que la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna si el hecho es incierto e indeterminado, si no sabemos si ha de llegar, ni cuándo llegará, (numeral 3 del artículo 1.611 del código civil) y si recae sobre objeto ilícito (numeral 3 del artículo 1.502 del código civil).
2.3.2. De la Nulidad Absoluta del Contrato.
Con respecto a las condiciones de validez del contrato, es necesario analizarlo al tenor de lo prescrito en el artículo 1.502 del Código Civil, que indica que para que un contrato sea válido se necesita que confluyan las siguientes condiciones: “a) consentimiento de las partes exentas de vicios (ordinal 2). b) causa lícita (ordinal 4). c) objeto lícito (ordinal 3). d) capacidad de las partes contratantes (ordinal 1). e) Cumplimiento de algunos requisitos o formalidades que la ley impone, básicamente en atención a la calidad o estado de las personas que lo celebran”.
Dispone el artículo 1740 del mismo código que es nulo todo acto o contrato al que le falta alguno de los requisitos que la ley exige para su valor, según su especie, y la calidad o estado de las partes. La nulidad surge absoluta o relativa. La primera es producida por un objeto o causa ilícitos, o por la omisión de algún requisito o formalidad prescritos por la ley para el valor de ciertos actos o contratos en atención a su naturaleza, y se presenta también en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces (art. 1741 ib.). Cualquiera otra clase de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato.
Por su parte, el artículo 1742 Ibidem, prescribe que «La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato», siempre que, ha explicado la jurisprudencia, «el acto o contrato haya sido invocado en el litigio como fuente de derechos u obligaciones para las partes; y… que al pleito concurran, en calidad de partes, las personas que intervinieron en la celebración de aquél o sus causahabientes, en guarda del principio general que enseña que la declaratoria de nulidad de un acto o contrato en su totalidad no puede pronunciarse sino con audiencia de todos los que lo celebraron. (CSJ. SC. Abr. 5 de 1946. G.J. LX-357, reiterada en SC Jul. 14 de 2014, Rad. 2006-00076-01)».
En consecuencia, ha de puntualizarse que, en la declaratoria de nulidad absoluta, carece de toda incidencia el comportamiento de las partes del contrato con respecto al cumplimiento de las obligaciones que el mismo les imponía.
Reza el art. 1746 del Código Civil:
La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita.
En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluptuarias, tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena fe o mala fe de las partes; todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo.
Sobre los alcances de este precepto ha dicho la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil:
2. Régimen de las restituciones mutuas derivadas de la anulación del contrato de promesa.
“2.1. La declaratoria de nulidad absoluta conlleva que la convención viciada pierda la aptitud para producir cualquier consecuencia jurídica; para todos los efectos «se considera el contrato como no realizado (nullum est negotium; nihil est actum)», de modo que sus secuelas obligacionales desaparecen ex tunc, como si jamás se hubiera celebrado. De ahí que el artículo 1746 del Código Civil preceptúe que «la nulidad pronunciada en sentencia (...) da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita».
“Consecuente con lo expuesto, la nulidad que afecta la promesa de compraventa comporta la aniquilación de su prestación principal –de hacer–, consistente en celebrar el contrato prometido, una vez acaezca el plazo o la condición establecida para ello. Pero también impone retrotraer todos los actos de los estipulantes, orientados a anticipar el cumplimiento de algunos débitos propios de ese convenio definitivo, como ocurre, a modo ejemplo, cuando el promitente comprador abona anteladamente una parte del precio, o cuando el promitente vendedor entrega, también ex ante, la cosa prometida en venta. (…)
“2.2. Según lo establece el inciso segundo del artículo 1746, las restituciones mutuas que tienen lugar en el supuesto explicado, imponen a cada contratante la carga de responder por (i) la pérdida o deterioro de las especies recibidas; (ii) los frutos de la cosa y del dinero transferidos; y (iii) las mejoras plantadas, «tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena fe o mala fe de las partes (...) según las reglas generales», y sin perjuicio de lo dispuesto para los casos de nulidad por objeto y causa ilícitos, o celebración de contratos con incapaces absolutos.
“En suma, para suprimir los efectos del pacto declarado nulo, debe asegurarse tanto la devolución exacta de lo entregado, como la compensación de lo que cada parte negocial dejó de percibir por haberse desprendido de aquello que entregó. Conforme con este raciocinio, si el promitente comprador, en ejecución de lo concertado con su contraparte, le transfiere a esta una cantidad de dinero como anticipo del precio de la futura compraventa, aquel tendrá derecho a recibir de vuelta ese monto, debidamente indexado, y junto con una rentabilidad razonable».
En cuanto a los efectos de la declaratoria de Nulidad en un contrato de ejecución sucesiva, el artículo 48 de la ley 80 de 1993, indica que: “La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria” y en concordancia con el artículo 1.746 del Código Civil, si la nulidad es decretada en sentencia por el juez, tiene el efecto de cosa juzgada, por ende, las partes deben ser restituidas al estado inicial de no haber existido el acto o contrato declarado nulo.
El H. Consejo de Estado, ha reiterado en su jurisprudencia:
“En ese orden de ideas, la regla contenida en el artículo 48 de la Ley 80 constituye una regla especial y diferente frente a aquellos que en punto a los efectos de la declaratoria de nulidad establecen los artículos 1746 y 1525 del Código Civil, por virtud de los cuales la declaración de nulidad tiene entre las partes un efecto retroactivo, en la medida en que da lugar a la retroacción de los efectos producidos por el acto o contrato antes de su exclusión del mundo jurídico por parte del juez, salvo en el caso en el cual la causa de la anulación la hubiere constituido la ilicitud del objeto o de la causa con el conocimiento de las partes. Ése, precisamente, es el alcance de lo dispuesto por el inciso primero del artículo 1746 C.C., a cuyo tenor “la nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita”; y en relación con esta última frase, el artículo 1525 C.C. establece que “no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas”.
En nuestra legislación, la Declaratoria de Nulidad Absoluta de un Contrato, de acuerdo con el análisis que antecede, tiene las siguientes consecuencias: 1. Inexistencia del contrato: El contrato es considerado como si nunca hubiera existido. 2. Restitución de bienes: Las partes deben restituirse mutuamente los bienes y servicios recibidos. 3. Devolución de pagos: Los pagos realizados deben ser devueltos. 4. Pérdida de derechos: Las partes pierden todos los derechos y obligaciones derivados del contrato.
Con relación a las Consecuencias procesales: 1. Nulidad de actuaciones: Todas las actuaciones realizadas con base en el contrato nulo son nulas. 2. Cese de ejecución: La ejecución del contrato debe cesar inmediatamente. 3. Reembolso de costas: La parte que hubiere pagado costas judiciales puede solicitar su reembolso.
Finalmente, toda vez que las nulidades conllevan a hacer desaparecer el acto viciado, se destruye o se aniquila el negocio jurídico con efecto retroactivo, esto es, como si nunca se hubiera celebrado, como si nunca hubiera existido y, las cosas deben regresar al momento en que se hallaban previo a su celebración o realización.
2.3.3. De la Condición Resolutoria en Contratos de Donación
La donación es un contrato por el cual una persona (donante) transfiere gratuitamente la propiedad de un bien a otra persona (donatario o beneficiario). En Colombia, la donación se regula en el Código Civil (artículos 1.443 del Código Civil y siguientes) y al hacerla, las condiciones en la donación pueden ser:
1. Condición suspensiva: El donatario solo adquiere la propiedad si se cumple la condición.
2. Condición resolutoria: El donatario adquiere la propiedad, pero si no se cumple la condición, el contrato se resuelve.
Al respecto, el H. Consejo de Estado, ha manifestado, en su jurisprudencia, lo siguiente:
“(...) De igual manera, la condición puede ser suspensiva o resolutiva; la primera “suspende la exigibilidad de un derecho” mientras se cumple, en tanto que la segunda “extingue un derecho” con su cumplimiento (art. 1536 C.C.)”.
La ley establece que si la condición suspensiva es o se hace imposible, se tendrá por fallida y sujeta a la misma regla las condiciones cuyo sentido y el modo de cumplirlas son enteramente ininteligibles (art. 1537 C.C.). Esto significa que, al no cumplirse el hecho futuro e incierto previsto como condición suspensiva, “…los efectos finales pendientes desaparecen definitivamente, como también se disuelve el vínculo y, en consecuencia, la obligación se extingue y el deudor queda libre”
La Corte Suprema de Justicia afirma que al fallar una condición, la obligación no se convierte en pura y simple, sino que desaparece o se extingue, y que cuando falla la condición el contrato o el negocio no se torna nulo, simplemente desaparece la correspondiente obligación y se debe restituir las prestaciones recibidas cuando dicho contrato alcanzó a ser ejecutado
De la misma manera, la jurisprudencia del Consejo de Estado establece que el incumplimiento de una condición resolutoria en un contrato de donación, faculta al donante para solicitar la resolución del contrato y la devolución del bien donado. Si el bien ha sido vendido, el análisis de la buena fe del tercero adquirente es fundamental para determinar si se puede recuperar el bien en especie o si procede una compensación económica. La protección de terceros de buena fe es un principio clave que garantiza la seguridad jurídica en las transacciones.
Frente al tema el Honorable Consejo de Estado, ha manifestado lo siguiente:
“(…) El artículo 1602 del Código Civil, establece que los contratos válidamente celebrados son ley para las partes y sólo pueden ser invalidados por consentimiento mutuo de quienes los celebran o por causas legales; con otras palabras, consagra el principio “lex contractus, pacta sunt servanda”, que supone el carácter obligatorio para las partes y con efectos frente a terceros de un contrato celebrado que no esté afectado por vicio de invalidez; no obstante, en virtud de este mismo principio y como corolario de la autonomía de la voluntad de las partes, el contrato bien puede modificarse o extinguirse si éstas así lo convienen, excepciones que proceden según las estipulaciones y cláusulas del contrato y que encuentran en el pacto de una condición resolutoria expresa una de sus modalidades. En efecto, una de la formas en que las partes pueden alterar los efectos finales del contrato válidamente celebrado y prever un efecto extintivo de las obligaciones que emanen del mismo, es a través de una condición expresa cuya ocurrencia destruye el vínculo derivado del negocio jurídico; es decir, las partes son libres para subordinar la eficacia del contrato a un hecho o suceso futuro e incierto, negativo o positivo, cuya verificación resuelva el contrato y extinga las obligaciones pendientes. (Negrillas fuera de texto) (…)”
“ (…) efecto de la ocurrencia de ese hecho futuro es el nacimiento o la extinción de un derecho, según que la condición sea suspensiva o resolutoria; significa entonces que las partes, al manifestar su voluntad contractual, supeditan el nacimiento o la extinción de un derecho a la ocurrencia efectiva y real del hecho o acontecimiento futuro, cuando la condición es positiva o a que no acontezca el mismo cuando la condición es negativa. Cabe precisar que la condición puede cumplirse, resultar fallida o mantenerse suspendida en el tiempo, pendiente conditione, con la esperanza de que algún día llegue a cumplirse, circunstancias estas, que generan efectos jurídicos diferentes respecto de la obligación convenida por las partes y según se trate de una condición suspensiva o resolutoria” (…)
En síntesis, cuando se establece una condición en un contrato de donación de inmueble y el donatario no cumple con ella, el donante, esto es quien inscribió la condición resolutoria puede ser convocado para que si es su voluntad la levante. Ahora bien, si el donatario no cumple con la condición resolutoria, el donante puede solicitar la resolución del contrato y la restitución del inmueble.
Los efectos del Incumplimiento de la condición:
Si el donatario no cumple con la condición establecida en el contrato, el donante puede:
1. Solicitar la resolución del contrato: El donante puede pedir la resolución del contrato y la restitución del inmueble.
2. Ejecutar la condición: El donante puede ejecutar la condición, es decir, hacer que se cumpla la condición establecida.
Con relación al Procedimiento judicial:
Para resolver el contrato y restituir el inmueble, el donante debe iniciar un proceso judicial contra el donatario. El procedimiento es el siguiente:
1. Demanda: El donante presenta una demanda ante el juez civil competente.
2. Prueba: El donante debe probar que el donatario no cumplió con la condición establecida.
3. Sentencia: El juez resuelve el contrato y ordena la restitución del inmueble.
Efectos de la resolución:
La resolución del contrato tiene los siguientes efectos:
1. Restitución del inmueble: El donatario debe devolver el inmueble al donante.
2. Pérdida de derechos: El donatario pierde todos los derechos sobre el inmueble.
3. Indemnización: El donatario puede deber indemnización al donante por los daños y perjuicios causados.
Frente a este tópico, la H. Corte Suprema de Justicia, ha indicado, lo siguiente: "( ... ) entre la resolución expresa y la dicha condición resolutoria tácita por el incumplimiento de los contratos, ofrécese, desde la adopción de ésta última, una diferencia fundamental, a saber; la primera obra ipso jure, o sea que aniquila el derecho o la obligación condicional por el solo acaecer del hecho que la constituye (art. 1536), al paso que esta virtualidad deletérea en la condición resolutoria tácita está subordinada a la voluntad del acreedor insatisfecho, quien puede optar por persistir en el contrato y exigir su cumplimiento, o por impetrar la declaración judicial de resolución de éste, la que le permite liberarse de las obligaciones a su cargo, si alguna le resultare insoluta, y repetir lo que haya dado o pagado en razón del contrato (art. 1544) (…) Las condiciones propiamente dichas, como se observa, son fruto de la autonomía de la voluntad que modifican las obligaciones puras y simples, y las sujetan a modalidades. (Subrayas fuera de texto)
De acuerdo con el artículo 1540 del Código Civil, la condición que debía ser cumplida del modo en que lo entendieron y acordaron las partes, y el modo más racional es el que las partes han entendido. La obligación modal que se encuentra consagrada en el artículo 1147 del Código Civil, se refiere al deber de la persona que recibe algo gratuitamente de asumir determinada carga de reservar dicha cosa a un fin especifico, de manera que conlleva implícitamente la condición resolutoria, esto es de restituir la cosa y sus frutos cuando no se atiende la obligación.
La Donación entre vivos, es un contrato que implica gratuidad, en el que el donante puede de manera accesoria y en ejercicio de su autonomía, condicionar la donación a la imposición de cargas, modos u obligaciones para que el beneficiario las cumpla, de manera que, si no las lleva a cabo, puede resolverse el contrato.
La condición resolutoria en los contratos de donación es una cláusula que permite la resolución de la donación si se cumple o no se cumple un determinado hecho futuro. El donatario recibe la cosa o el bien, pero su titularidad está condicionada. Si se incumple la condición resolutoria, el donante tiene el derecho de solicitar la resolución de la donación, claro está si el testador la deja expresa conforme al artículo 1148 del Código Civil. Esto implica la reversión de los bienes donados, restaurando la situación jurídica anterior a la donación. En algunos casos, se reconoce un efecto retroactivo del incumplimiento de la condición resolutoria. Esto significa que se considera que la donación nunca fue plenamente efectiva, lo cual podría llevar a consecuencias importantes, como la devolución de los bienes o el reembolso de las inversiones realizadas por el donatario.
En resumen, el incumplimiento de la condición resolutoria en un contrato de donación tiene como consecuencia la posibilidad de resolución de la donación, la reversión de los bienes y la devolución de los frutos, apoyándose tanto en fundamentos normativos establecidos en el Código Civil como en desarrollos doctrinales que profundizan sobre los derechos del donante y las obligaciones del donatario en estos escenarios.
2.4. Del Caso Concreto
Como se ha visto, la génesis del caso trasciende a la suscripción del contrato de promesa de compraventa Nº 2015-01-005 del 29 de enero de 2015, suscrito entre la Contraloría General del Municipio de Manizales e INFIMANIZALES.
Dicho contrato tuvo como antecedentes la intención de los contratantes de adquirir el derecho de dominio del bien inmueble objeto de la promesa. Obra como antecedente determinante que los acuerdos previos a la negociación circundaban acerca de materializar los fines propuestos en el artículo. 209 de la C.N y la necesidad [NOMBRE TACHADO] Municipio de Manizales de acceder a liquidez y así, cumplir con sus compromisos adquiridos conforme se causaron con ocasión de sentencias judiciales ejecutoriadas.
Veamos:
La negociación por parte de INFIMANIZALES se impulsa a través de “ESTUDIO PARA EL IMPULSO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN”, se procede a suscribir el estudio previo para la adquisición de un inmueble.
Además, se fundamenta en la DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, inspirado en el principio de colaboración (Sic) y conforme a la oferta realizada por la Contraloría del Municipio de Manizales”
La negociación se planea bajo la presunción que el Supervisor verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo de INFIMANIZALES en salvaguarda del interés público derivado de la promesa de compraventa a suscribir.
Entre tanto, el CONSEJO DIRECTIVO INFIMANIZALES, en cesión del 29 de enero de 2015 y Acta 221-2015, se dispuso a configurar el amparo legal (Sic) y la justificación para suscribir la promesa de compraventa, para finalmente validar la decisión adoptada de suscribir la promesa de venta de marras.
Del acápite justificación del negocio jurídico se destaca la mención de: “El artículo 209 de la Constitución Política faculta al Instituto para que en aplicación de los principios que inspiran la función administrativa acepte la oferta del inmueble máxime, cuando éste puede tener vocación de venta futura en el mercado y que los recursos percibidos por la Contraloría General del municipio de Manizales, serán destinados al pago de obligaciones laborales” (…).
Por su parte, la Contraloría de Manizales en Comité Jurídico del 9 de enero de 2015, justificó la enajenación del inmueble objeto de promesa de compraventa, con el fin de atender las contingencias administrativas y financieras de la vigencia 2015. Entre otros, consideró:
¿Es legal la venta de uno de los inmuebles de la Contraloría ? ¿Cuál es la normatividad que lo permite?
(…)
Son atributos de la propiedad; (i) el ius utendl, que consiste en la facultad que le asiste al propietario de servirse de la cosa y de aprovecharse de los servicios que pueda rendir; (ii) el Ius fruendi o fructus, que es la posibilidad del dueño de recoger todos los productos que acceden o se derivan de su explotación: y (iii) el derecho de disposición, consistente en el reconocimiento de todas aquellas facultades jurídicas que se pueden realizar por el propietario y que se traducen en actos de disposición o enajenación sobre la titularidad del bien. (Negrillas propias del texto).
(…)
Artículo 102. Precio mínimo de venta. La Entidad Estatal debe establecer el precio mínimo de venta con base en las siguientes variables:
(…)
Factores que definen el tiempo de comercialización.
(h) Estado jurídico del activo.
Estado de saneamiento de los activos. Se tendrá en cuenta:
Activo saneado transferible.
Activo no saneado transferible.
Concluyó que:
(…) Como hemos analizado, la legalidad del negocio pretendido está plenamente autorizado en la normatividad civil, comercial y el estatuto contractual que rige a las entidades de derecho público”.
Finalmente, mediante Resolución No. 044 del 29 de enero de 2015, el Contralor Municipal delegado en funciones justificó la enajenación del piso 5 del edificio Atlas de Manizales, ubicado en la calle 21 # 23-22, mediante la suscripción de promesa de compraventa entre la Contraloría General del Municipio de Manizales e INFIMANIZALES.
Con relación al contrato No. 2015-01-005 de promesa de compraventa del piso 5 del edificio Atlas de Manizales, ubicado en la calle 21 # 23-22, por valor de $453’600.000, se destaca:
Hemos convenido celebrar contrato promesa de compraventa conforme las facultades que el ordenamiento jurídico otorga, previas las siguientes consideraciones:
(...)
4. Que en aplicación del artículo 209 de la Constitución Política que dispone que “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (…)”, y en aplicación de las reglas para la transferencia de dominio fijadas ene el Código Civil, las partes hana cordado celebrar el contrato de promesa de compraventa contendio en las siguientes cláusulas:
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL PROMITENTE COMPRADOS declara haber identificado plenamente el inmuele prometido en venta y las características físicas del mismo, y por el conocimiento adquirido en esa forma, declara estar satisfecho al respecto. No obstante, la cabida y linderos citados en esta promesa, el inmueble objeto del presente instrumento será transferido como cuerpo cierto.
SEGUNDA. TRADICIÓN. EL PROMITENTE VENDEDOR declara que el inmueble objeto del negocio jurídico lo adquirió mediante transferencia de dominio, a título de donación, misma que la realiza el Municipio de Manizales según consta en la Escritura Pública No. 5858 del 30 de diciembre de 2008 de la Notaria Cuarta del Círculo de Manizales.
TERCERA. LIBERTAD DE GRAVÁMENES. EL PROMITENTE VENDEDOR declara que se obliga al saneamiento del inmueble según la ley. Igualmente, garantiza que el objeto de esta promesa es de su exclusiva propiedad por haberlo adquirido en la forma indicada en la cláusula anterior, también declara que hará entrega del inmueble al PROMITENTE COMPRADOR libre de cualquier limitación de dominio., demanda, embargo, y gravámenes, al igual que a pasa y salvo de Impuestos por todo concepto, hasta la fecha en que se efectúe la tradición y la entrega real y material del mismo (…)
..(…)…
OCTAVA. SUPERVISIÓN. La Supervisión del presente acuerdo será ejercida por el Secretario General del PROMITENTE COMPRADOR o por el funcionario que haga sus veces, y por Coordinador de Gestión Contractual del PROMITENTE VENDEDOR, o por el funcionario que haga sus veces, los cuales tendrán a su cargo las siguientes funciones: 1. Verificar el cumplimiento de la (SIC) obligaciones a cargo de las partes. 2. Informar oportunamente cualquier circunstancia que impida el perfeccionamiento del contrato de compraventa que subyace en esta promesa. 3. Verificar la entrega material del inmueble una vez verificado su pago.
PARAGRAFO ÚNICO. En armonía con la Ley 734 de 2002, y en concordancia con la Ley 1474 de 2011, los funcionarios designados como supervisores del (SIC) deben tener en cuenta que puede incurrir en falla disciplinario cunado omitan verificar el cumplimiento de las obligaciones en beneficio de las partes.
(...)
De lo inmediato, se tiene que con suficiencia es posible inferir que las partes planearon, prepararon, justificaron y convinieron enajenar – adquirir el inmueble objeto de la compraventa, y aunque advirtieron su situación jurídica conforme se desprendía de la Anotación No. 29 del Certificado de Libertad y Tradición, y cuyo origen lo fue la Escritura Pública No. 5838 del 30 de diciembre de 2008, por la que se estableció una condición resolutoria, en el evento que la Contraloría General del Municipio de Manizales diera al inmueble una destinación diferente a la señalada en la donación, esto es, única y exclusivamente para el funcionamiento de la sede administrativa de dicho organismo de control; hicieron caso omiso a las consecuencias de dicha estipulación, bajo el convencimiento (hasta se propuso el comodato) de subsanar el proceso de compra hacia el futuro.
Entonces, lo que en realidad ocurrió es que los contratantes menospreciaron las implicaciones jurídicas de la condición resolutoria y de esa manera, arribaron al contrato de promesa de compraventa sin la posibilidad de cumplir con la obligación de hacer que emana del precontrato, esto es, el otorgamiento de la respectiva escritura pública que perfecciona el contrato que sirve de título traslaticio del derecho real de dominio, tal como se desprende del artículo 1611 del Código Civil., en armonía con los artículos 1857 y 1861 Ibidem.
Es por ello por lo que en la promesa de venta se plasma que:
DECIMA (sic) PRIMERA. OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA. Una vez verificado el pago total de inmueble objeto de la presente promesa de compraventas (sic), las partes acuerdan que el otorgamiento de la correspondiente Escritura Pública se haga conforme las reglas de la Superintendencia de Notariado y Registro luego de efectuado el reparto ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Manizales.
De donde nada se extrae acerca del momento en que se materializará la obligación de hacer, que consiste en el otorgamiento de la respectiva escritura pública, para perfeccionar el contrato que sirve de título traslaticio del derecho real de dominio, conforme al artículo 1611 del C.C., en armonía con los artículos 1857 y 1861 Ibidem, es decir, de perfeccionar el contrato prometido, y por lo tanto la situación fáctica que nos ocupa no corresponde al ámbito del cumplimiento de las partes, sino que ha de ubicarse en la imposibilidad que tiene la promesa de compraventa de producir efecto alguno en las partes, como ya lo hemos explicado, diferente a su nulidad absoluta.
El contrato de compraventa de bienes inmuebles se reputa perfecto con el otorgamiento de la escritura pública en la que consta el acuerdo de voluntades. Así, la obligación de dar no significa tan solo entregar físicamente, sino que exige la transferencia del derecho de dominio.
Para que el vendedor cumpla su obligación principal es indispensable hacer la tradición de la cosa, por medio de la inscripción en la oficina de registro respectiva (art. 756 y ss C.C.) y además procurar al comprador la posesión pacífica y útil del objeto vendido. La entrega de la cosa (art. 1880 C.C.), comprende tanto la tradición formal, mediante escritura pública debidamente registrada, como la entrega real y material del inmueble.
Visto lo anterior, podemos deducir para que el negocio se repute perfecto debía estar el inmueble dentro del comercio, no sometido a condiciones modales que impidan la trasferencia de dominio, y debió establecer de común acuerdo entre las partes, el momento en que ha debido materializarse la obligación de otorgar escritura pública, esto es una fecha determinada que permita fijar con certeza la época en que perfeccionarían el contrato prometido, lo cual no es claro en el caso que nos ocupa.
Acto seguido, si hay omisión de requisitos formales o incumplimiento de una condición modal, tendremos que indicar la existencia de una nulidad absoluta del mencionado contrato estatal, consagrada en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993.
Conforme a lo expuesto, este agente del Ministerio Público considera que no es de recibo el argumento del apelante cuando indica que la formalidad del plazo en la promesa de compraventa sí se cumplió, pues se condicionó el otorgamiento de la escritura a la verificación del pago total del inmueble, cuya fecha límite lo era el 15 de diciembre de 2016, según la primera prórroga, y que si bien era un plazo incierto era determinado y con ello se cumplía con la condición del artículo 89 de la Ley 153 de 1887, numeral 3 de que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato; y no se comparte, porque esta argumentación lo que evidencia es que había una fecha cierta límite para el pago del bien, pero no para la solemnidad de la escritura.
En efecto, recordemos que la cláusula décima primera de la promesa de compraventa en cuestión, señaló:
Cláusula Décima Primera: Otorgamiento de Escritura Pública: Una vez verificado el pago total del inmueble objeto de la presente promesa de compraventa, las partes acuerdan que el otorgamiento de la correspondiente escritura pública se haga conforme las reglas de la Superintendencia de Notariado y Registro luego de efectuado el reparto ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Manizales.
Según la redacción, el requisito del plazo para la formalidad de elevar la compraventa a escritura pública quedó sujeta a dos condiciones indefinidas, a saber: i) la verificación del pago total del inmueble, que si bien tenía una fecha límite del 15 de diciembre de 2016, podía darse en cualquier momento antes de ésta; y ii) el reparto ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Manizales.
Cada una de las anteriores condiciones y peor aún, la combinación de las dos resultaron totalmente contrarias a la determinación que se requiere sobre un día cierto y determinado para la firma de la escritura o lo que es lo mismo, para el cumplimiento de una formalidad ad substancian actus, pues si bien la verificación del pago y el reparto pueden ser hechos futuros verificables, ello no hace que la fecha de firma de lo escritura lo sea, lo que implica que en este caso, la fecha de dicha firma, quedó como un hecho incierto, pues no sólo no estaba determinado cuándo se haría el pago, sino que además, la fecha de formalización de la escritura dependía de todos los aleas de la solicitud, admisión y reparto de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Manizales.
Lo antepuesto, visto desde la interpretación del artículo 1.740 del Código Civil que consagra “Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes” y del artículo 1.741 del mismo código, que sanciona la nulidad absoluta “…producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas …”, nos lleva a la conclusión de efectivamente en el caso que nos ocupa sí se omitieron los requisitos o formalidades que la ley prescribe para ciertos actos o contratos, tal como la determinación de una fecha fijada por la partes para el otorgamiento de la escritura pública y, por ende, sí se omitió uno de los requisitos previstos en el artículo 1.611 del Código Civil, y el contrato de promesa de compraventa SI está viciado de nulidad absoluta.
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de Promesa de Compraventa, referido a la calificación de irregularidad de este, está la ineficacia, esto es, la falta de aptitud para producir los efectos jurídicos que se persiguen con la celebración del negocio jurídico.
Por lo anterior, con relación a los efectos de la declaratoria de nulidad del contrato de promesa de compraventa, dado que la nulidad absoluta del contrato genera como consecuencia el rompimiento del vínculo negocial y restablecimiento del ordenamiento jurídico, esto es que imposibilita que continúe produciendo efectos hacia el futuro, las cosas deben volver al estado en que se encontraban antes de su celebración y, cada una de las partes está en el deber de reintegrar a la otra aquello que ha recibido como prestación durante la vigencia del acto contractual, tal como lo dispone el artículo 1.746 del Código Civil: “La nulidad pronunciada “en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada”, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita”.
Finalmente, como resultado de la declaratoria de nulidad del contrato de Promesa de Compraventa, la Contraloría General del Municipio de Manizales, deberá reintegrar a INFI MANIZALES la suma que ésta última ha pagado durante la vigencia del contrato que se declara nulo, esto es el valor correspondiente a CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($445’120.85).
CONCLUSIÓN
El Ministerio Publico, al fundarse en los aspectos normativos, legales y constitucionales expresados, de manera atenta solicita a la Honorable Corporación, con el acostumbrado respeto por la independencia judicial, CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, en el sentido que aquí se expuso como respuesta al problema jurídico planteado.
Con fundamento en los anteriores argumentos, esta Agencia del Ministerio Público en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales solicita de manera respetuosa a esa Honorable Corporación que en este evento se desestime el recurso de apelación interpuesto.
De los Honorables Magistrados,
LUIS RAMIRO ESCANDON HERNÁNDEZ
Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa
LREH/AJMB