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FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA-Confirmó fallo de 1 instancia de Procuraduría Delegada Disciplinaria para Juzgamiento 1 que declaró responsable a Gobernador del Amazonas por comisión de falta grave con culpa grave y le impuso suspensión de 2 meses
CONDUCTA-Posibles irregularidades en contratos números 079, 592 y 1350 de 2012, suscritos entre Gobernador y Funerarias Nacionales S.A.S toda vez que no fueron liquidados
COMPETENCIA-De Sala Disciplinaria de Juzgamiento de servidores de Elección Popular para conocer de estas diligencias por disposición legal
COMPETENCIA-De Procuraduría General de la Nación para investigar, juzgar y sancionar servidores públicos de elección popular, según sentencia de la Corte Constitucional
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN-Es competente para investigar, juzgar y sancionar a servidores de elección popular bajo un condicionamiento
En este orden de ideas, desde la lectura constitucional autorizada por la Corte Constitucional, armonizada con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la CorteIDH, la Procuraduría General de la Nación es competente para investigar, juzgar y sancionar a los servidores públicos de elección popular, bajo un condicionamiento, cual es que las decisiones sancionatorias de destitución, suspensión e inhabilidad, que implican las restricción de derechos políticos, frente a servidores que se encuentran ejerciendo el cargo, no pueden quedar ejecutoriadas ni ser ejecutables, por lo tanto quedan suspendidas, hasta que su determinación final se defina por medio de sentencia que expida el juez contencioso administrativo
RECURSO DE APELACIÓN-Otorga competencia a funcionario de 2 instancia para revisar únicamente aspectos impugnados y aquellos que resultes inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación
RECURSO DE APELACIÓN-Fue interpuesto y concedido en debida forma, acorde con las formalidades legales
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-Definición
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-Finalidad
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-La suscripción de esta le corresponde únicamente al representante de la entidad, siempre y cuando no haya delegado esa función, según jurisprudencia del Consejo de Estado
ACTO ADMINISTRATIVO-No se encontró alguno por el cual se procediera a delegar la competencia del supervisor de contratos para liquidar estos
Acorde con lo señalado por la primera instancia, cierto es que la función de supervisión de los bilaterales fue encomendada a……,, pero no incluía la facultad para liquidarlos, se reitera: «no se encontró acto administrativo alguno mediante el cual se procediera a delegar tal competencia en cabeza del supervisor de los contratos objeto de investigación o de cualquier otro funcionario de la entidad departamental». Si bien, en los memorandos de comunicación de la designación de supervisión de los contratos Nos. 592 y 1350 de 2012 a……, se le informó tal encargo, en ellos no se advierte que hubiese recibido la delegación para liquidarlos, en los términos del artículo 10 de la Ley 489 de 1998, en efecto así se le hizo saber
PROCESADO-Quebrantó el principio de moralidad pública
….Finalmente, en lo que respecta a la ausencia de ilicitud sustancial alegada por el apelante, en criterio de la Sala el disciplinable quebrantó el principio de moralidad pública, en tanto que le asistía el deber de liquidar los contratos Nos. 079, 592 y 1350 de 2012, consagrado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley No. 19 de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y numeral 1º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Acorde con lo señalado por la primera instancia, se afectó el funcionamiento del Estado, por cuanto al no liquidar los citados contratos, el gobernador………. privó a la entidad territorial de determinar con certidumbre si existieron o no prestaciones, derechos y obligaciones a favor o en su contra, no se realizó el balance de los contratos para determinar si, como lo reportó el informe de la Contraloría, los bilaterales arrojaban un saldo a favor de la gobernación del amazonas.
PRUEBAS OBRANTES-Arrojan certeza sobre la existencia de la conducta atribuida y de la responsabilidad disciplinaria del procesado
Para Sala, los argumentos de apelación no tienen la capacidad jurídica y probatoria para enervar la revocatoria la declaratoria de responsabilidad disciplinaria del fallo de primera instancia, por el contrario, al verificar los argumentos en que se fundó hay lugar a su confirmación. Con base en las pruebas legal y oportunamente allegadas a la actuación se tiene certeza sobre la existencia de la conducta atribuida en el cargo endilgado al disciplinado y recurrido, y de la responsabilidad disciplinaria, como lo exige el artículo 142 de la Ley 734 de 2002.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA-Se Confirmó fallo de 1 instancia que declaró responsable a Gobernador del Amazonas por comisión de falta grave con culpa grave y le impuso suspensión de 2 meses convertida en salarios
Dependencia:
Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular
Radicado:
IUS-2014-82941 / IUC-D-2015-100-677440
Investigado:
[NOMBRE TACHADO]
Cargo:
Gobernador
Entidad:
Departamento del Amazonas
Fecha informe:
6 de febrero de 2014
Fecha hechos:
Vigencia 2012
Asunto:
Fallo de segunda instancia
Bogotá D.C. once (11) de abril dos mil veinticuatro (2024)
Aprobado en Sala con Acta No. 13
P.D. Ponente:
I. ASUNTO
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el disciplinable, en contra del fallo proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para Juzgamiento 1, el 9 de junio de 2022, que lo declaró disciplinariamente responsable en su calidad de gobernador del Departamento del Amazonas, periodo 2012-2015.
II. HECHOS
Se contraen a posibles irregularidades en los contratos números 079, 592 y 1350 de 2012, suscritos entre el gobernador [NOMBRE TACHADO] y Funerarias Nacionales S.A.S, toda vez que no fueron liquidados. Los bilaterales tenían todos por objeto: «prestación de servicios de auxilios funerarios como apoyo a la población pobre y vulnerable en situación de desplazamiento y eventos no POS del régimen subsidiado».
III. ANTECEDENTES
3.1 La Procuraduría Regional del Amazonas, con fundamento en los hallazgos disciplinarios Nos. PK24, PK25 y PK26 de la Contraloría Departamental, resultantes de la auditoría regular a la gestión fiscal, vigencia 2012, practicada a la gobernación homóloga, en auto del 9 de enero de 2015 ordenó indagación preliminar contra [NOMBRE TACHADO] y Tatiana Marcela Peña Rodríguez en sus condiciones de gobernador y jefe de la División Técnica Científica (supervisora) del Amazonas. Decisión notificada personalmente a los disciplinables, el siguiente 30 de enero siguiente.
3.2 En auto del 20 de febrero de 2015, la procuraduría territorial remitió las diligencias a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal, en razón a la calidad del cargo del disciplinable [NOMBRE TACHADO].
3.3 La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, el 17 de abril de 2017, ordenó abrir investigación disciplinaria frente a i) [NOMBRE TACHADO], por suscribir las comunicaciones de aceptación de las ofertas Nos. 079, 592 y 1350 de 2012 con Funerarias Nacionales S.A.S.; ii) Tatiana Marcela Peña Rodríguez, por ejercer la supervisión de los citados contratos; iii) Cidalia Falla Domínguez, por suscribir los estudios previos ;y, iv) Andrés Antonio Caicedo Arana, quien firmó las invitaciones públicas números 0003 y 000195 de 2012, los dos últimos en sus calidades de directora de Salud (e) y director jurídico de la Gobernación del Amazonas, respectivamente. La decisión les fue notificada por edicto fijado el siguiente 29 de junio al 4 de julio.
3.4 El cierre de la investigación fue ordenado con auto del 30 de noviembre de 2017, notificado a los sujetos procesales por edicto del 21 de diciembre del mismo año.
3.5 El 5 de octubre de 2021 se profirió pliego de cargos y archivo parcial así:
A [NOMBRE TACHADO], como gobernador del Amazonas, por omitir el deber de liquidar bilateral o unilateralmente los contratos números 079, 592 y 1350 de 2012, celebrados por el disciplinable con Funerarias Nacionales S.A.S.
A Tatiana Marcela Peña Rodríguez, en calidad de jefe de la División Técnica Científica de la gobernación del Amazonas y supervisora, en relación con el Contrato No. 592 de 2012, por autorizar con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución, la prestación de servicios funerarios en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2012, certificar la prestación del mismo, y reconocer el valor a pagar al contratista en el mes de diciembre de 2012 con cargo a dicho contrato.
En cuanto al Contrato No. 1350 de 2012, por autorizar con anterioridad a la celebración de este contrato, la prestación de servicios funerarios en los meses de abril, junio, y agosto de 2012 y certificar la prestación de servicios correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2012, y reconocer el valor a pagar al contratista por el mismo con cargo a este contrato.
La conducta desplegada por los procesados fue encuadrada en el tipo normativo descrito en el numeral 1º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, complementado, para el primero, con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley No. 19 del 10 de enero de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y, para la segunda, con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.
Frente a los dos implicados la falta se calificó provisionalmente como grave; la responsabilidad subjetiva derivada de la conducta de Rodríguez Celis fue a título de culpa gravísima por desatención elemental, en tanto que para Peña Rodríguez lo fue a título de dolo.
En cuanto a Cidalia Falla Domínguez y Andrés Antonio Caicedo Arana, se ordenó la terminación y archivo de la acción disciplinaria al no encontrarse acreditada la existencia de falta disciplinaria imputable a los disciplinables.
Respecto a la primera, operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción con respecto a los estudios previos de los contratos números 079 y 592 de 2012, y los del contrato No. 1350 de 2012, se encontró que se dio cumplimiento al artículo 3.5.2 del Decreto Reglamentario 734 de 2012. En cuanto al segundo, se evidenció que las invitaciones públicas de los contratos 592 y 1350 de 2012, estuvieron ajustadas al artículo 3.5.2 ibídem.
En este orden, también se decretó el archivo a favor de Tatiana Marcela Peña Rodríguez, por las actividades de supervisión ejercidas en la ejecución del contrato No. 079 del 8 de febrero de 2012 así: del informe de supervisión del 31 de marzo de 2012, se encontró que la acción disciplinaria caducó. De la evaluación del informe de supervisión del periodo del 1 al 23 de abril de 2012 y de las certificaciones del 20 de abril y 24 de mayo de 2012 de 2012, la delegada no halló irregularidades en razón a que los servicios cobrados y autorizados correspondían al plazo de ejecución contractual.
La decisión fue notificada al gobernador [NOMBRE TACHADO] por correo electrónico del 20 de octubre de 2021. En cuanto a Tatiana Marcela Peña Rodríguez, la Procuraduría Regional del Amazonas, remitió certificado de defunción del 10 de noviembre de 2018. Según constancia secretarial del siguiente 24 de noviembre, a Cidalia Falla Domínguez y Andrés Antonio Caicedo Arana, les fue comunicada la decisión de archivo mediante oficios 1788/89 del 8 de octubre de 2021. Decisión contra la cual no se interpuso recurso alguno.
3.6 El 24 de noviembre de 2021, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal remitió la actuación a reparto de las procuradurías delegadas para el juzgamiento disciplinario, siendo allegadas a esta Sala de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, que a su vez, en auto del 3 de febrero de 2022, remitió el expediente por competencia interna.
3.7 La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, en auto del 24 de marzo de 2022, avocó conocimiento del proceso y declaró la extinción y el archivo de la acción disciplinaria en favor de Tatiana Marcela Peña Rodríguez por muerte y ordenó correr traslado para alegar de conclusión.
3.8 El 9 de junio de 2022, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para el Juzgamiento 1, antes Delegada para la Moralidad Pública, profirió decisión de primera instancia, declarando la responsabilidad de [NOMBRE TACHADO] por el cargo único imputado, imponiéndole sanción de suspensión por el término de dos (2) meses, convertido al salario devengado para el año 2013, en tanto que la conducta omisiva objeto de formulación de cargos le imprimía el deber de actuar hasta dicha anualidad.
3.9 En auto del 24 de junio de 2022 se concedió el recurso de apelación interpuesto por el disciplinable, ante esta Sala. El proceso fue remitido para resolver la alzada mediante oficio PDMP No. 1456 del 29 de junio de 2022.
IV. PROVIDENCIA RECURRIDA
El fallo objeto del recurso de apelación se sustentó en las siguientes razones:
4.1 Para la procuraduría delegada, el disciplinable omitió liquidar bilateral o unilateralmente los contratos de tracto sucesivos números 079, 592 y 1350 de 2012, como lo exigía el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, dentro de los plazos dispuestos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, pese haber sido ejecutados y pagados.
4.2 En ese orden, no compartió los argumentos del disciplinable en el sentido de que si bien, a Tatiana Marcela Peña Rodríguez se le delegó la función de supervisora de los citados contratos, la misma no incluía por virtud de un acto de delegación, la facultad para liquidarlos.
4.3 La falta definitivamente se mantuvo como grave a título de culpa gravísima, por desatención elemental de sus deberes, al desconocer la obligación de liquidar los contratos como lo exigía la normatividad contractual.
4.4 En la ilicitud sustancial, la primera instancia adujo que el disciplinable vulneró el principio de moralidad pública en tanto, al no liquidar bilateral o unilateralmente dichos contratos, transgredió las normas citadas en el pliego de cargos, esto es artículos 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 19 de 2012; 11 de la Ley 1150 de 2007 y 34-1 de la Ley 734 de 2002.
4.5 Se observó que [NOMBRE TACHADO] afectó el buen funcionamiento del Estado, pues, el no liquidar los contratos enunciados, privó al ente departamental de determinar si existieron o no prestaciones, derechos y obligaciones a favor o en contra. También, de la posibilidad de efectuar los procedimientos respectivos dirigidos a lograr que la entidad recuperara los saldos que a su favor pudieron resultar.
4.6 En la culpabilidad, por desatención elemental de los deberes de su cargo, se le reprochó al gobernador, que fue negligente, descuidado y desatinado, al desconocer la obligación de liquidar los contratos números 079, 592 y 1350 de 2012, tal como lo exigían las normas antes citadas.
V. RECURSO DE APELACIÓN
Fue sustentado por el disciplinable, en los siguientes términos:
5.1 Reiteró que, si bien fungió como ordenador del gasto, nunca desempeñó funciones de supervisión de los contratos celebrados por la Gobernación del Amazonas.
5.2 En ese sentido apuntó que la responsabilidad de expedir la certificación de cumplimiento de los contratos números 079, 592 y 1350 de 2012, era del supervisor, al igual, que de elaborar el acta de liquidación según lo disponía el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.
5.3 Del material probatorio acopiado por la primera instancia, argumentó que no incluyó la Resolución No. 01262 del 10 de junio de 2011 «por medio de la cual se adopta el manual de supervisión e interventoría de la Gobernación del Amazonas», documento que, según [NOMBRE TACHADO], se encontraba vigente para la época de los hechos investigados.
5.4 Lo anterior, para indicar que según el numeral 25 del artículo 4º, entre las funciones de los supervisores, se encontraba la elaboración del acta final de liquidación y en ese orden, era la supervisora Tatiana Marcela Peña Rodríguez quien tenía obligación de realizar la liquidación de los contratos Nos. 079, 592 y 1350 de 2012.
5.5. Finalmente, en cuanto a la ilicitud sustancial indicó que no existía en tanto que la liquidación de dichos contratos correspondía al funcionario designado por la Gobernación del Amazonas para la vigilancia de los bilaterales, es decir a Tatiana Marcela Peña Rodríguez.
VI. CONSIDERACIONES
Competencia de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.
La Constitución Política, en el artículo 277, numeral 6, otorga a la Procuraduría General de la Nación la función de:
[6]. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular, ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley.
Dicha función se desarrolla en la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, que integran el Código General Disciplinario, vigentes desde el 29 de marzo del 2022.
El artículo 1º de la Ley 2094 de 2021, señala:
[S]e le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas; inclusive los de elección popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley.
El artículo 16 de la citada norma, introdujo modificaciones a la Ley 1952 de 2019, en particular, en lo que respecta a la competencia de las Salas Disciplinarias, así:
[A]RTÍCULO 101. Competencia de las salas disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación contará con tres (3) Salas Disciplinarias, encargadas de conocer, según sus competencias, de la etapa de instrucción y juzgamiento. Estas Salas serán competentes, en lo que les corresponda, para conocer de los procesos disciplinarios contra los siguientes servidores públicos.
El Vicepresidente de la República, los Ministros del Despacho, los Congresistas, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, el Gerente del Banco de la República y demás miembros de su Junta Directiva, el Alcalde Mayor de Bogotá, D. C., los Magistrados del Consejo Nacional Electoral, el Auditor General de la República, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Contador General, los Generales de la República y oficiales de rango equivalente, el · Personero y el Contralor de Bogotá, D.C., los Directores de Departamentos - Administrativos del orden nacional y del Distrito Capital, los miembros de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Viceprocurador, los Procuradores Delegados, los Procuradores Auxiliares, el Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, el Veedor, el Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, el Director Nacional de Investigaciones Especiales y el Secretario Privado de la Procuraduría General.
También conocerán de los procesos disciplinarios de los demás servidores públicos del orden nacional de igual o superior categoría a los mencionados, siempre que la competencia no esté asignada a otra autoridad disciplinaria.
La competencia de las Salas Disciplinarias se ejercerá respecto de las faltas cometidas con anterioridad a la adquisición de la calidad de los servidores enunciados en este artículo o durante su ejercicio, en este último caso, aunque hayan hecho dejación del cargo.
[…]
Como lo determinó el legislador, a la Procuraduría General de la Nación se le han reconocido funciones para investigar, juzgar y sancionar, si a ello hubiere lugar, a servidores públicos de elección popular, por hechos de naturaleza disciplinaria y, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Constitucional, en la sentencia C-030 de 2023, tal función es de naturaleza administrativa.
De manera concreta, y ante los cambios normativos incorporados por el legislador al régimen disciplinario colombiano con la Ley 2094 de 2021, para adecuar el ordenamiento interno a lo dispuesto por la sentencia de la CorteIDH del 8 de julio de 2020, correspondió a la Corte Constitucional pronunciarse frente a la competencia de la Procuraduría General de la Nación, en particular, para investigar, juzgar y sancionar servidores públicos de elección popular. En la referida sentencia C-030 de 2023, la Corte Constitucional fijó una regla jurisprudencial que marca el lineamiento de la decisión, «la imposición de sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular requerirá la intervención de un juez», ahora bien, dicha reserva judicial sólo opera para servidores públicos que se encuentren en ejercicio del cargo, así lo refirió:
279. En suma, la Sala precisa la regla jurisprudencial derivada de una interpretación armónica y dialógica del artículo 23.2. de la CADH en el marco del bloque de constitucionalidad: esta corresponde a que la restricción o limitación temporal del derecho a ser elegido de un servidor de elección popular, en ejercicio de sus funciones, tiene reserva judicial y solo puede ser impuesta de manera definitiva por un juez de la República de cualquier especialidad, con las excepciones constitucionales expuestas previamente. Esta regla jurisprudencial guiará el análisis constitucional de la medida acusada.
En este orden de ideas, desde la lectura constitucional autorizada por la Corte Constitucional, armonizada con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la CorteIDH, la Procuraduría General de la Nación es competente para investigar, juzgar y sancionar a los servidores públicos de elección popular, bajo un condicionamiento, cual es que las decisiones sancionatorias de destitución, suspensión e inhabilidad, que implican las restricción de derechos políticos, frente a servidores que se encuentran ejerciendo el cargo, no pueden quedar ejecutoriadas ni ser ejecutables, por lo tanto quedan suspendidas, hasta que su determinación final se defina por medio de sentencia que expida el juez contencioso administrativo. Precisó la Corte Constitucional:
374. Lo anterior configura el remedio constitucional que armoniza y materializa los principios en tensión y evita un vacío regulatorio o una situación de incumplimiento de los estándares de la Carta. En concreto, evita poner en riesgo intereses superiores relacionados con la eficiencia y transparencia de la función pública y, ante todo, busca no debilitar la acción del Estado en cuanto a la lucha contra la corrupción, ordenada por la Constitución y tratados internacionales.
Con el fin de otorgar una mayor garantía en las actuaciones disciplinarias, sin importar la calidad del disciplinable, y para dar cumplimiento a la división de las etapas de instrucción y juzgamiento consagradas en la Ley 2094 de 2021, el legislador expidió el Decreto 1851 del 24 de diciembre del mismo año, cuyo artículo 11 modificó el artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000 que, en su numeral 3º, en lo pertinente dispone:
[3]. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular tiene las siguientes competencias:
[…] b. Conocer de los recursos de apelación y de queja, al igual que de los impedimentos, recusaciones y conflictos de competencia que se presenten, en etapa de juzgamiento, en los procesos de conocimiento de los procuradores delegados, regionales, distritales y provinciales, en las actuaciones contra servidores públicos de elección popular […]. (La Sala subraya).
Por lo expuesto, procede la Sala como superior funcional en ejercicio de las facultades legales, en los términos del artículo 1.° de la Ley 2094 de 2021, así como en cumplimiento de lo contemplado en el artículo 22.3 del Decreto Ley 262 de 2000 a resolver la apelación formulada por el disciplinable contra el fallo sancionatorio proferido el 9 de junio de 2022 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para Juzgamiento 1, en tanto se trata de un recurso formulado sobre decisión proferida en proceso disciplinario en etapa de juicio de un servidor público de elección popular.
Lo anterior, además, en el entendido de que el recurso fue interpuesto y concedido en legal forma, acorde con los artículos 109 y 111 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único -CDU), vigente para la época de su presentación, según la regla de transición normativa.
Dicha competencia es atribuida a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular dentro del delimitado marco que define el parágrafo del artículo 171 del CDU, en los siguientes términos:
[E]l recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.
Por ello, a continuación, esta colegiatura se pronunciará respecto de los argumentos contenidos en la apelación interpuesta por el disciplinable, contra lo expuesto y decidido en el fallo apelado.
6.2 Metodología de la decisión
Para resolver la apelación formulada, la Sala abordará los siguientes aspectos: (6.2.1) marco normativo de la liquidación de los contratos estatales (6.2.2) análisis del caso (6.2.3) conclusión y (6.2.4) otras determinaciones.
6.2.1 Marco normativo de la liquidación de los contratos estatales
6.2.1.1 La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la figura de la liquidación de los contratos estatales corresponde al balance final o corte definitivo de cuentas de la relación contractual, cuyo propósito fundamental es el de determinar quién le debe a quién, cuánto y por qué y establecer el nivel de cumplimiento de lo pactado.
6.2.1.2 En ese orden distinguió el alto tribunal, tres modalidades de liquidación a saber:
(…) Liquidación bilateral corresponde al balance, finiquito o corte de cuentas que realizan y acogen de manera conjunta las partes del respectivo contrato, por tanto, esta modalidad participa de una naturaleza eminentemente negocial o convencional.(…) Liquidación unilateral (…) decisión que adopta la entidad estatal contratante de manera unilateral, esto es sin necesidad de contar con la voluntad o con el consentimiento del respectivo contratista particular, modalidad a la cual habrá lugar en los eventos y con las exigencias establecidas para esos casos por la ley; esta modalidad de liquidación ha sido concebida y regulada como subsidiaria de la liquidación bilateral o conjunta. El carácter subsidiario que le corresponde a la liquidación unilateral, respecto de la bilateral o conjunta, lo evidencia la norma legal que la consagra en cuanto supedita su procedencia a una cualquiera de las siguientes hipótesis fácticas: i) que el contratista particular no se presente a la liquidación, con lo cual imposibilita la realización de una liquidación bilateral o conjunta, o ii) que las partes no lleguen a acuerdo sobre el contenido de la liquidación, cuestión que igualmente impide la adopción conjunta del respectivo corte de cuentas. (…) Liquidación judicial Es aquella que realiza y adopta el juez del contrato, en desarrollo de un proceso judicial o arbitral, según corresponda, en ausencia de alguna de las modalidades de liquidación antes mencionadas.
6.2.1.3 El artículo 60 del Estatuto de Contratación, señala que la liquidación de los contratos estatales procede en los siguientes casos: i) los de tracto sucesivo, ii) aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y iii) los demás que lo requieran.
Sobre los contratos de ejecución sucesiva, la jurisprudencia del Consejo de Estado los definió así:
[A]quellos cuyas obligaciones se ejecutan de manera periódica o difieren en el tiempo o sucesivamente a medida que se van causando.
6.2.1.4 Durante esta etapa, agregó la norma en cita, las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Igualmente, que en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.
6.2.1.5 Finalmente, dentro de los efectos de la liquidación contractual se encuentran:
Prestar mérito para su cobro; constituye un título ejecutivo, siempre que en ella conste una obligación clara, expresa y exigible según lo disponen el numeral 3 del artículo 99 y el numeral 3 del artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Es una expresión de las partes de que el contrato ha sido terminado y que se ha dado cumplimiento de las obligaciones que se encontraban estipuladas. Una vez liquidado el contrato sin salvedades, las partes no pueden alegar los mismos hechos en los que constan los acuerdos del acta de liquidación.
Establecer el balance económico del contrato.
Fijar las obligaciones pendientes de cumplir y su valor.
6.2.2 Análisis del caso
Al gobernador del Amazonas [NOMBRE TACHADO] se le atribuye omitir el deber de liquidar, bilateral o unilateralmente, los contratos de tracto sucesivo números 079, 592 y 1350 de 2012.
Revisados los documentos contractuales allegados al proceso, se tiene que aquellos se adelantaron bajo la modalidad de selección de mínima cuantía y con el mismo objeto: «prestación de servicios de auxilios funerarios como apoyo a la población pobre y vulnerable en situación de desplazamiento y eventos no POS del régimen subsidiado».
Los estudios y documento previos de los contratos Nos. 079 y 592 de 2012, fueron suscritos por Cidalia Falla Domínguez, directora de Salud departamental, y Tatiana Marcela Peña Rodríguez, jefe de la División Técnica Científica de la gobernación. El No. 1350 sólo por la primera de las citadas.
Las invitaciones públicas Nos. 0003, 0033 y 0195 de enero, abril y noviembre de 2012, correspondientes a los contratos Nos. 079, 592 y 1350 de 2012, respectivamente, fueron suscritas por el director Jurídico, Andrés Antonio Caicedo Arana.
En las mismas, quedó estipulado que la normatividad aplicable a los procesos de selección y a los contratos, era la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto Reglamentario 2516 de 2011; que el contratante era el departamento de Amazonas, representado por el gobernador, en este caso, por [NOMBRE TACHADO].
Igualmente, se dispuso en el ítem de «capacidad jurídica», numeral 2.3.1 «Carta de presentación de la oferta (anexo 1)», que la oferta y su aceptación constituían para todos los efectos, el contrato celebrado, para lo cual era necesario la suscripción de dicho anexo, que contenía todos los elementos requeridos para que el oferente expresara de manera clara e inequívoca que se obligaba con lo establecido en la invitación de la administración y, por consiguiente:
El proponente deberá diligenciar en su totalidad el modelo adjunto en el ANEXO 1 de la presente invitación y deberá estar debidamente firmado por el representante legal del oferente que sea persona jurídica o por la persona natural que oferte, quien no diligencie el formato en su totalidad, se considera que carece de capacidad para presentar la propuesta, y en consecuencia será causal de rechazo de la misma.
Las comunicaciones de aceptación de la oferta, que «junto con la oferta constituyen para todos los efectos el CONTRATO CELEBRADO», fueron suscritas por el gobernador [NOMBRE TACHADO], el 8 febrero (No. 079 ), 24 de abril (No. 592) y 14 de noviembre (No. 1350) de 2012. En ellas indicó que aceptaba de manera incondicional las ofertas presentadas en las referidas invitaciones públicas por Funerarias Nacionales S.A.S., y que el supervisor de los contratos era el jefe de la División Técnico Científica que podía ser ubicada en la Dirección de Salud Departamental.
El plazo de ejecución de los contratos Nos. 079 y 592 de 2012 se estableció en tres (3) meses para cada uno y el No. 1350, hasta el 31 de diciembre de 2012, por un valor de $ 24.000.000 los dos primeros y $ 22.250.000 el último.
La supervisión de los bilaterales estuvo a cargo de Tatiana Marcela Peña Rodríguez, jefe División Técnica Científica de la Dirección Departamental del Amazonas, función comunicada por el director del Departamento Jurídico a través de memorando, por lo menos, para los contratos Nos. 592 y 1350, así se evidencia en los documentos contractuales.
En virtud de esa designación, Tatiana Marcela Peña Rodríguez, suscribió los informes de supervisión que dan cuenta que en el desarrollo de los contratos Nos. 079, 592 y 1350 de 2012 no se generaron inconvenientes que afectaran el cumplimiento y eficaz ejecución. Igualmente, expidió las certificaciones de verificación de las cuentas de cobro y sus respectivas facturas y autorizó la prestación de los servicios funerarios no POS-S.
Este contexto permite afirmar que los bilaterales Nos. 079, 592 y 1350 de 2012, tenían la connotación de contratos de tracto sucesivo y, en consecuencia, se imponía el deber de liquidarlos.
Ahora, precisa la Sala que no consta en el expediente prueba que determine que los contratos Nos. 079, 592 y 1350 de 2012, suscritos por el gobernador [NOMBRE TACHADO] con Funerarias Nacionales S.A.S, hayan sido objeto de liquidación bilateral o unilateral. Deber que le asistía al disciplinable como representante legal y ordenador del ente territorial y tampoco se evidencia que adelantaran actuaciones encaminadas a cumplir con tal obligación.
Este hecho se corrobora con lo informado por la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Gobernación del Amazonas en oficio SDI-2549 del 12 de mayo de 2017 así:
De manera atenta me permito dar respuesta a su solicitud manifestando lo siguiente:
1.- Acta de liquidación Contratos No. 00079, No. 000592, No. 001350 de 2012, la Oficina Asesora Jurídica informa que no se evidencian actas de liquidación dentro de los expedientes contractuales que reposan en el Archivo Central de la Gobernación del Amazonas.
El artículo 9 de la Ley 489 de 1998, señala que las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política, podrán, mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores. Como requisito para la delegación, exige el artículo 10 ibídem, que el acto administrativo constará siempre por escrito y en él «se determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren».
Teniendo en cuenta lo dispuesto en esa normativa, se entiende que «La delegación se erige como una herramienta jurídica de la acción administrativa mediante la cual una autoridad pública, transfiere determinadas funciones o actuaciones específicas a sus colaboradores o a otras autoridades que tengan funciones afines o complementarias, siempre que esté legalmente facultada para ello (artículos 9 y 10 de la Ley 489 de 1998)».
En tal sentido, en la presente actuación no se evidencia que el disciplinable [NOMBRE TACHADO] delegara la función contractual de liquidar los citados contratos en los términos dispuesto en el artículo 10 de la Ley 489 de 1998. En efecto, a la actuación procesal, se allegó copia digital de la totalidad de los documentos de los expedientes contractuales Nos. 079, 592 y 1350 de 2012 que reposaban en el archivo central de la gobernación del Amazonas, revisados los mismos, no se encontró acto administrativo por medio de cual el gobernador [NOMBRE TACHADO] delegara dicha función en la supervisora Tatiana Marcela Peña Rodríguez.
La etapa de liquidación de los contratos, como bien lo indica la norma contractual, tiene como finalidad que las partes acuerden los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. También para que en el acta de liquidación quede constancia de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.
Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado puntualizó:
La liquidación del contrato es una actuación administrativa posterior a su terminación normal (culminación del plazo de ejecución) o anormal (verbigracia en los supuestos de terminación unilateral o caducidad), con el objeto de definir si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo de las partes, hacer un balance de las cuentas para determinar quién le debe a quién y cuánto y proceder a las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a que haya lugar, y así dar finiquito y paz y salvo a la relación negocial.
Por lo tanto, [NOMBRE TACHADO] incumplió el deber de liquidar los contratos antes enunciados una vez terminó su ejecución, conforme lo disponía el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto - Ley 19 de 2012 «de la ocurrencia y contenido de la liquidación». Mandato de carácter imperativo, dado que los contratos de tracto sucesivo, como los del presente caso, señala la norma, «serán objeto de liquidación», por lo tanto, en los contratos Nos. 079, 592 y 1350 de 2012 procedía la liquidación de manera bilateral o unilateral.
La primera, se entiende como «un negocio jurídico mediante el cual se da por terminado otro negocio jurídico estatal precedentemente celebrado que es el contrato estatal que se liquida» y opera una vez expira el término del plazo del contrato, caso en el cual la administración dispone de cuatro (4) meses para liquidar el contrato.
La segunda, «es de carácter subsidiario, pues sólo resulta procedente en tanto no se haya podido llevar a cabo la liquidación bilateral». En este caso, la entidad cuenta con dos (2) meses para liquidar de forma unilateral.
Por consiguiente, en este caso el gobernador dejó vencer los plazos para liquidar los bilaterales que el mismo suscribió y que eran de tracto sucesivo, y que como se examinó. Y contrario a lo señalado por el apelante, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 11 «Del plazo para la liquidación de los contratos» de la Ley 1150 de 2007,
El disciplinable, en el recurso de apelación, alega que, dentro de sus funciones, como ordenador del gasto, no se encontraba la de liquidar contratos y que según el numeral 25 del artículo 4º de la Resolución No. 01262 de 2011, esa obligación era de la supervisora.
En respuesta a estos argumentos, la Sala precisa que [NOMBRE TACHADO] tenía el deber de liquidar los bilaterales, en razón a que como gobernador del departamento del Amazonas, periodo 2012-2015, era el representante legal y ordenador del gasto, por ende, tenía la competencia para celebrar contratos en el nivel territorial y, en virtud del principio de responsabilidad contractual, era el responsable de la dirección y manejo de la actividad contractual y en esa condición, suscribió las comunicaciones de aceptación de las ofertas Nos. 079, 592 y 1350 de 2012.
La suscripción de la liquidación, como bien lo señaló la jurisprudencia del Consejo de Estado citada por la primera instancia, le corresponde únicamente al representante de la entidad, siempre y cuando no haya delegado esa función en los términos del artículo 10 de la Ley 489 de 1998:
En los contratos estatales como el que es objeto de la presente controversia, las decisiones que comprometen contractualmente a la administración, tales como la suscripción del contrato, la sanción del contratista, la interpretación, modificación o terminación unilateral del negocio jurídico, la declaratoria de caducidad del mismo o su liquidación –de común acuerdo o unilateral-, etc., le corresponden exclusivamente al representante legal de la entidad, por ser la persona a la que la ley ha otorgado de manera expresa la competencia para comprometerla contractualmente, salvo aquellos casos en los que lo autoriza para delegar tal función, siempre que dicha delegación se haya efectuado también en forma legal, es decir observando las formalidades dispuestas para ello, las cuales apuntan a brindar la necesaria seguridad jurídica que exigen los intereses públicos. En tal sentido, para delegar las funciones que en materia de contratación permite el estatuto contractual, deberá darse aplicación a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 489 de 1998 que consagra los requisitos de la delegación, al establecer:
Artículo 10. Requisitos de la delegación. En el acto de delegación, que siempre será escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren.
El Presidente de la República, los ministros, los directores de departamento administrativo y los representantes legales de entidades descentralizadas deberán informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas. [Se resalta]
Acorde con lo señalado por la primera instancia, cierto es que la función de supervisión de los bilaterales fue encomendada a Tatiana Marcela Peña Rodríguez, pero no incluía la facultad para liquidarlos, se reitera: «no se encontró acto administrativo alguno mediante el cual se procediera a delegar tal competencia en cabeza del supervisor de los contratos objeto de investigación o de cualquier otro funcionario de la entidad departamental».
Si bien, en los memorandos de comunicación de la designación de supervisión de los contratos Nos. 592 y 1350 de 2012 a Tatiana Marcela Peña Rodríguez, se le informó tal encargo, en ellos no se advierte que hubiese recibido la delegación para liquidarlos, en los términos del artículo 10 de la Ley 489 de 1998, en efecto así se le hizo saber:
[…] usted ha sido designado como supervisor del contrato.
Lo anterior con el objeto de que ejerza todas las funciones según lo establecido en los artículos 32, 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, para lo cual se entrega copias del contrato.
Se solicita, y recuerda el deber legal que le asiste de proceder a la liquidación del contrato, una vez cumplió su objeto o expirado el plazo o el valor, lo anterior dentro del término legal. […].
[NOMBRE TACHADO], señaló que dentro del material probatorio no fue incluido el manual de supervisión contenido en la Resolución No. 01262 del 10 de junio de 2011, según el disciplinable, vigente para la época de los hechos investigados, de la que allegó una copia con el recurso de apelación, y que demostraría que la obligación de liquidar los cuestionados contratos era de la supervisora Tatiana Marcela Peña Rodríguez.
Revisado el expediente, se encuentra que mediante oficio del 25 de abril de 2017, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, solicitó a la Gobernación del Amazonas, entre otras pruebas, el manual de contratación vigente para el año 2012.
En respuesta de ello, con oficio-140-2549 del 12 de mayo de 2017, la secretaria de Desarrollo Institucional departamental informó:
La Oficina Asesora Jurídica informa que el Manual de Contratación Resolución No. 01462 del 4 de octubre de 2011, para la vigencia 2012 se encontraba suspendido por cambios normativos.
En este orden, para la época de los hechos, [NOMBRE TACHADO] era el servidor sobre el que recaía la competencia para la liquidación de contratos en razón a lo dispuesto en el artículo 11.3 literal b) de la Ley 80 de 1993, que dispone:
Artículo 11. De la competencia para dirigir licitaciones y para celebrar contratos estatales. En las entidades estatales a que se refiere el artículo 2º:
[…] 3º. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad respectiva:
[…] b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes municipales y de los distritos capital y especiales, los contralores departamentales, distritales y municipales, y los representantes legales de las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas y las asociaciones de municipios, en los términos y condiciones de las normas legales que regulen la organización y el funcionamiento de dichas entidades. Subrayado de la Sala
Concordante con lo anterior, el artículo 110 del Decreto-Ley 111 de 1996, establece
Artículo 110. Los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo, o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes. Subrayado de la Sala
Sumado a lo anterior, se itera, que no obra en el plenario, acto administrativo de delegación de la función de liquidar los contratos cuestionados a otro funcionario de la administración departamental, como ha quedado examinado.
En consonancia con lo expuesto, se tiene que, si bien la secretaria de Desarrollo Institucional de la Gobernación del Amazonas informó que la Resolución No. 01462 del 4 de octubre de 2011 no estaba vigente para el año 2012, tampoco comunicó la Resolución No. 01262 del 10 de junio de 2011«por medio del cual se adopta el manual de supervisión e interventoría de la gobernación de Amazonas», era la que regía en esa materia.
En todo caso, sobre el argumento de apelación referido a que la obligación de realizar la liquidación de los contratos Nos. 079, 592 y 1350 de 2012, recaía en la supervisora Tatiana Marcela Peña Rodríguez, según el artículo 4º «funciones de los interventores y de los supervisores», numeral 25 de la Resolución No. 01262 de 2011, la Sala encuentra, una vez revisada esta disposición, que los supervisores tenían las siguientes obligaciones:
Para la finalización del contrato: presentar el informe del balance final de ejecución del convenio o contrato, a efectos de elaborar el acta de liquidación. Según el glosario incorporado en el artículo 1º de la citada resolución, esa acta «es el documento suscrito por la Gobernación del Amazonas y el contratista o conveniente, con el visto bueno del supervisor o interventor».
Al momento de liquidar los contratos o convenio: verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes a la seguridad social.
Tales obligaciones confirman que el supervisor debía entregar insumos o soportes, para que la administración departamental procediera a liquidar los contratos, pero en momento alguno le asignaba la función de liquidarlos, competencia esta última, que recaía exclusivamente en el representante legal y ordenador del gasto de la entidad departamental, [NOMBRE TACHADO].
Si bien, como lo señala el artículo 1º de la Resolución No. 01262 de 2011, el supervisor representaba a la gobernación del Amazonas en el contrato o convenio, esto era para ejercer la vigilancia de la correcta ejecución de los bilaterales, mas no para liquidarlos, porque como se ha insistido, este acto compromete al ente territorial y esa facultad solo está radicada en cabeza del representante legal no en los supervisores, menos aun cuando no media acto formal de delegación de esa atribución.
En efecto, el supervisor, tenía entre otras, la función de elaborar el acta o informe definitivo de recibo a satisfacción como requisito para el último pago y para la liquidación del contrato, también, la de presentar mensualmente informes de actividades al ordenador del gasto hasta la liquidación del contrato.
En el mismo sentido, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 no asigna al supervisor la labor de elaborar el acta de liquidación, lo que dispone son unos mecanismos para que las entidades estatales puedan vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, esto es, a través de la designación de un supervisor o un interventor, según corresponda.
Finalmente, en lo que respecta a la ausencia de ilicitud sustancial alegada por el apelante, en criterio de la Sala el disciplinable quebrantó el principio de moralidad pública, en tanto que le asistía el deber de liquidar los contratos Nos. 079, 592 y 1350 de 2012, consagrado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley No. 19 de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y numeral 1º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Acorde con lo señalado por la primera instancia, se afectó el funcionamiento del Estado, por cuanto al no liquidar los citados contratos, el gobernador [NOMBRE TACHADO] privó a la entidad territorial de determinar con certidumbre si existieron o no prestaciones, derechos y obligaciones a favor o en su contra, no se realizó el balance de los contratos para determinar si, como lo reportó el informe de la Contraloría, los bilaterales arrojaban un saldo a favor de la gobernación del amazonas.
Así consta en el informe de auditoría:
En la ejecución de los contratos auditados, se observaron las siguientes posibles irregularidades:
Todos los contratos arrojan un saldo a favor de la entidad auditada, sin embargo, a la fecha no han sido liquidados.
Por lo tanto y contrario a lo alegado por el disciplinable en su apelación, como representante legal y ordenador de gasto del departamento del Amazonas, incurrió en una falta típica, sustancialmente ilícita, al omitir observar la obligación de liquidar los bilaterales de tracto sucesivos Nos. 079, 592 y 1350 de 2012, función que no fue delegada en otro servidor en los términos previstos en el artículo 10 de la Ley 489 de 1998.
En cuanto a la culpabilidad, la Sala pone de presente que en virtud del principio de legalidad las faltas graves sólo son sancionables a título de dolo o culpa grave, no de culpa gravísima; en este sentido, se procede a variar la modalidad de la culpabilidad a culpa grave, especialmente, bajo el entendido que la carga argumentativa del fallo de primera instancia se refirió a una desatención predicable de la inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones, esto es, una culpa grave.
Esta variación de la imputación subjetiva, sin embargo, no tienen incidencia en la dosificación de la sanción, ni afecta las garantías de los disciplinados, toda vez que no se altera el núcleo fáctico de la acusación ni la imputación jurídica. Ello, porque para las faltas graves cometidas con culpa grave, la sanción procedente es la suspensión de 1 a 12 meses, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 44 del CDU es suspensión en concordancia con inc. 2 del artículo 46 de la misma norma. Así que, conforme a los criterios de dosificación tomados por la primera instancia, los cuales comparte la Sala, la sanción de suspensión de dos (2) meses se encuentra ajustada.
6.2.3 Conclusión
Para Sala, los argumentos de apelación no tienen la capacidad jurídica y probatoria para enervar la revocatoria la declaratoria de responsabilidad disciplinaria del fallo de primera instancia, por el contrario, al verificar los argumentos en que se fundó hay lugar a su confirmación. Con base en las pruebas legal y oportunamente allegadas a la actuación se tiene certeza sobre la existencia de la conducta atribuida en el cargo endilgado al disciplinado y recurrido, y de la responsabilidad disciplinaria, como lo exige el artículo 142 de la Ley 734 de 2002.
6.2.4 Otras determinaciones
La Corte Constitucional, en la sentencia C-030 de 2023, hizo hincapié en la importancia de mantener incólume la reserva judicial de la imposición definitiva de las sanciones disciplinarias de los funcionarios elegidos popularmente, en ejercicio del cargo, en los casos de destitución, suspensión e inhabilidad, regla jurisprudencial que resultó de la armonización entre el nuevo contexto normativo establecido por la Ley 2094 de 2021, a servidores públicos de elección popular, en ejercicio de sus funciones, el marco de la Constitución y el bloque de constitucionalidad, especialmente considerando el artículo 23.2 de la CADH.
Así mismo, la Corte Constitucional realizó la integración y modulación del recurso extraordinario de revisión, bajo el entendido que «la activación del recurso automático de revisión exige que el sancionado esté en ejercicio del mandato popular, pues, de no ser así, deberá acudir a los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.» Dicho trato diferencial entre los servidores públicos de elección popular que están en ejercicio de sus funciones y los demás servidores públicos, de cara a las sanciones que las autoridades con funciones administrativas pueden imponer a unos y a otros, lo encontró la Corte razonablemente justificado «en la circunstancia de que la democracia participativa y la participación política sean “aspectos estructurales e inescindibles del modelo constitucional (Estado Social de Derecho) acogido por el Constituyente de 1991” (…). Lo anterior, porque el impacto de la sanción que restringe la participación política del afectado trasciende a la representación política efectiva y actual que aquel ejerce». (Subraya de la Sala)
Por lo tanto, en cumplimiento de lo expresado en la sentencia C-030-23, se precisa que el presente fallo de segunda instancia cobrará ejecutoria de acuerdo con las normas procesales una vez surtida su notificación personal y procederá su ejecución inmediatamente, toda vez que [NOMBRE TACHADO] no se encuentra actualmente en ejercicio del cargo de elección popular.
En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, en ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias,
RESUELVE
PRIMERO: Confirmar el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinario para Juzgamiento 1, el 9 de junio de 2022, con el que sancionó a [NOMBRE TACHADO], identificado con cédula de ciudadanía No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA], en condición de gobernador del departamento de Amazonas (2012-2015), en el sentido de declararlo disciplinariamente responsable de la comisión de falta grave con culpa grave e impone suspensión de dos (2) meses, convertida en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, esto es, año 2013, equivalente a $ 16.697.818.
SEGUNDO: Notificar personalmente por la Secretaría de la Sala, la presente decisión a los sujetos procesales, de conformidad con lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley 734 de 2002, a quienes se les indicará que, en cumplimiento de la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, la sanción cobrará ejecutoria y su ejecución procederá inmediatamente a través de las dependencias competentes, por no ser procedente el recurso extraordinario de revisión en razón a que el sancionado no se encuentran en ejercicio del cargo de elección popular.
TERCERO: Devolver, por la Secretaría de la Sala, el proceso a la dependencia de origen, previos los registros y anotaciones correspondientes, para que: a) Informe a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación las decisiones de primera y segunda instancia, para lo de su cargo; y, b) Realice las comunicaciones a que haya lugar para para dar cumplimiento los artículos 172 a 174 de la Ley 734 de 2002.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Procuradora Delegada
Procurador Delegado
Procurador Delegado
Presidente