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En consecuencia, para todos los efectos legales, DECLARAR que el siniestro constituido por el incumplimiento parcial del contratista ÓSCAR JAVIER ACUÑA CORREA (cc 86.052.856 y NIT 86.052.856-3) asciende a la suma de setenta y dos millones setenta y un mil doscientos sesenta y nueve pesos con 50/100 ($72.071.269,50); y por mal manejo del anticipo (saldo no amortizado), a ciento diecisiete millones seiscientos veinticuatro mil doscientos sesenta y tres pesos con 50/100 ($117.624.263,50), importe neto de los valores a cargo de la aseguradora demandante por dichos conceptos. De ser así, estimó que dichas estipulaciones son nulas por objeto ilícito al contravenir normas de orden público. La falsa motivación, toda vez que, a diferencia de lo consignado en la decisión demandada, el contratista sí mantuvo vigente la póliza única de cumplimiento. Sin oposición de las partes, se cerró la audiencia (fls. 292 a 295 y 300, c. ppal 2, 1ª instancia).
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¿Una entidad estatal debe exigir la libreta militar como requisito para ser contratado mediante un contrato de prestación de servicios?
Las entidades públicas deben verificar que la persona natural que celebrará un contrato de prestación de servicios tenga definida su situación militar, porque el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 exige acreditarla para ese tipo de contratos con cualquier entidad de derecho público. Según el concepto, la acreditación puede hacerse con la copia de la libreta militar, con la certificación provisional en línea que indica que la situación está en trámite, con una declaración juramentada en la que el ciudadano manifiesta que ha adelantado las actuaciones para definirla, o con cualquier otro medio conducente. Esta postura se apoya en dos razones. Primera, la Circular Externa Única de la Agencia señala que es deber de las entidades verificar que la situación militar del contratista esté definida. Segunda, el principio constitucional de buena fe permite que la declaración juramentada o los formatos estandarizados de la entidad acrediten las actuaciones tendientes a definir la situación militar. La consecuencia práctica es que la entidad no debe limitar la verificación a la libreta militar y debe admitir los medios alternativos que demuestren ese trámite.síntesis automática
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¿Cómo se acredita la situación militar para contratar con el Estado?
La situación militar debe acreditarse cuando una persona natural pretende celebrar contratos de prestación de servicios con cualquier entidad de derecho público, conforme al artículo 42 de la Ley 1861 de 2017, junto con los casos de ejercicio de cargos públicos y de trabajo en el sector privado. De esa norma se concluye, prima facie, que para celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales resulta obligatorio que la situación militar se encuentre definida. La Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente señala que es deber de las entidades públicas verificar que la situación militar del futuro contratista esté definida antes de la celebración del contrato. Esta verificación es una exigencia de carácter general que aplica a todas las entidades estatales que celebran contratos de prestación de servicios con personas naturales. La consecuencia práctica es que la entidad debe incluir la verificación de la situación militar dentro de los requisitos previos a la suscripción del contrato, como parte de la documentación del futuro contratista, y no como un trámite posterior a su ejecución.síntesis automática
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¿Es obligatorio incluir criterios diferenciales relacionados en los indicadores financieros y organizacionales en los procesos de selección objetivo?
De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior ¿Cuál es el mecanismo o metodología para hallar tales indicadores? [sic] De conformidad con lo expuesto en este concepto sobre la Ley 2069 de 2020, la fijación de criterios diferenciales es un deber cuyo cumplimiento está sometido a los resultados del análisis del sector y a lo previsto en el artículo 590 de 2000, lo que significa que, para acatarlo, las Entidades Estatales y los particulares descritos en la norma, no sólo están sujetos al listado de aspectos a los que pueden circunscribirse los criterios diferenciales, sino que además deben tener en cuenta la información que refleje el estudio del sector que les corresponde realizar para cada uno de sus contratos.
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UN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA, DEBIDAMENTE ACREDITADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR, DEBE OBLIGATORIAMENTE INICIAR EL TRÁMITE DE LA LIBRETA MILITAR PARA PODER CONTRATAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EL ESTADO? (SIC).
UN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA, DEBIDAMENTE ACREDITADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR, DEBE OBLIGATORIAMENTE INICIAR EL TRÁMITE DE LA LIBRETA MILITAR PARA PODER CONTRATAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EL ESTADO? (SIC).
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¿Es legal que el jurídico/a de la Entidad Pública descarte la candidatura del ciudadano aduciendo que a esa edad ya se debe tener defendida la situación militar?
La cuestión es saber si ¿es legal que el jurídico/a de la Entidad Pública descarte la candidatura del ciudadano aduciendo que a esa edad ya se debe tener defendida la situación militar?, lo cual a concepto del veedor ciudadano se constituye en una interpretación subjetiva de la norma y que viola el derecho a la igualdad del trabajo y merito, al discriminar al ciudadano por no tener libreta militar, lo cual no quiere decir que no se tenga definida la situación militar ya que el ciudadano aparece en estado ´inscrito´, que es uno de los estados para demostrar que se esta en proceso de resolver y definir la situación militar, en un plazo de 180 días. Igualmente se consulta si en etapa precontractual para contratos por prestación de servicios:.
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De conformidad con las normas establecidas se tiene que para poder contratar con el estado se debe tener definida la situación militar, pero sobre esta última son diversos los conceptos que se tienen, aun mas cuando el requisito nunca habla de presentar en físico y/o medio magnético la libreta militar.
De conformidad con las normas establecidas se tiene que para poder contratar con el estado se debe tener definida la situación militar, pero sobre esta última son diversos los conceptos que se tienen, aun mas cuando el requisito nunca habla de presentar en físico y/o medio magnético la libreta militar. Con base en lo anterior, me dirijo ante ustedes con el fin de que se indique desde cuando se considera definida la situación militar (Estado inscrito, citado, en liquidación) para que una persona natural pueda contratar con el Estado… .
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En el marco del concepto 12051 del Departamento Administrativo de la Función Pública, me gustaría saber si se puede suscribir un contrato de prestación de servicios con una tarjeta militar provisional. Dado que este documento es un soporte veras de que el proceso de definición de la situación militar está en trámite.
De conformidad con las normas establecidas se tiene que para poder contratar con el estado se debe tener definida la situación militar, pero sobre esta última son diversos los conceptos que se tienen, aun mas cuando el requisito nunca habla de presentar en físico y/o medio magnético la libreta militar. Con base en lo anterior, me dirijo ante ustedes con el fin de que se indique desde cuando se considera definida la situación militar (Estado inscrito, citado, en liquidación) para que una persona natural pueda contratar con el Estado… .
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¿Puede un ciudadano celebrar un contrato de prestación de servicios con el estado acreditando una libreta militar provisional vigente?
La consulta formulada hace referencia a la libreta militar provisional de que hablan los Arts. 38 y 34 de la Ley 1861 de 2017 y no hace parte de la consulta la excepción a la regla contenida en el Art. 42 del mismo cuerpo normativo puesto que su interpretación es clara para la entidad. Es menester destacar que la consulta se realiza de manera general y abstracta para hipotéticos y futuros procesos contractuales de la entidad y de ninguna manera hace referencia a un caso concreto y/o asunto particular.
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Con base en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 sobre la acreditación de la situación militar para el trabajo, solicitan que esta Agencia «expida un concepto, circular o cualquier tipo de acto administrativo que elimine cualquier manto de duda sobre la aplicación de estas normas a la hora de que las entidades del Estado colombiano contraten personal, bajo cualquier modalidad».
De conformidad con lo expuesto se tiene que, la situación militar se acredita resuelta o definida cuando el ciudadano posee tarjeta de reservista militar –primera o segunda clase–, el certificado digital o cédula militar de que de que tratan los artículos 35, 40 y 41 de la Ley 1861 de 2017. En virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017, la regla general es que la definición de la situación militar debe acreditarse para acceder al trabajo, ya sea para ejercer cargos públicos, trabajar en el sector privado o celebrar contratos de prestación de servicios como persona natural, con cualquier entidad de derecho público.
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¿Se debe exigir como requisito habilitante la libreta militar o la certificación de situación militar?
La obligación de definir la situación militar no aplica a todas las personas que contratan con el Estado, sino solo a los varones de nacionalidad colombiana, esto es, a las personas naturales, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 1861 de 2017. El concepto explica que esa obligación se predica de los varones colombianos y, por tanto, las personas jurídicas no están sujetas a ella. Por ello, la exigencia de libreta militar o de certificación de situación militar como requisito habilitante no puede dirigirse a las personas jurídicas proponentes. La consecuencia práctica es que la entidad solo puede exigir la libreta militar o la certificación de situación militar a las personas naturales de nacionalidad colombiana de sexo masculino, y debe verificar esa condición antes de imponer el requisito, sin extenderlo a las sociedades ni a las mujeres. Esto significa que el requisito no puede exigirse de forma general a todos los proponentes, pues el deber legal se predica de un grupo determinado de personas naturales.síntesis automática
También resuelve:Definición de la situación militar: procedencia, situaciones en las que procede, contratos de prestación de servicios, personas naturales
¿En qué situaciones es obligatorio acreditar la situación militar?
El artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 exige acreditar la situación militar en tres eventos: para ejercer cargos públicos, para trabajar en el sector privado y para celebrar contratos de prestación de servicios como persona natural con cualquier entidad de derecho público. Frente a los contratos estatales, el concepto precisa que la exigencia se refiere de manera exclusiva a los contratos de prestación de servicios con personas naturales, es decir, a la tipología del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, cuando se celebran con varones de nacionalidad colombiana. Por tanto, no es obligatoria para otros contratos, como los de obra pública o consultoría, ni para personas jurídicas, extranjeros o mujeres, pues la obligación de definir la situación militar se predica de los varones colombianos. Para acreditarla, el ciudadano puede presentar la libreta militar, una certificación provisional en línea que indique que su situación está en trámite, una declaración juramentada en la que manifieste que ha realizado las actuaciones para definirla, o cualquier otro medio de prueba conducente. La entidad debe estudiar esos medios y analizar si el aspirante cumple los presupuestos del segundo inciso del artículo 42.síntesis automática
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¿Cuál es la modalidad de selección aplicable para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada?
De manera preliminar resulta pertinente indicar que los servicios de vigilancia y seguridad privada son susceptibles de ser considerados como bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización ya que comparten patrones de desempeño y calidad similares para la satisfacción de la necesidad a la que atienden. El numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, establece que los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.
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¿Cómo se debe acreditar la situación militar en los procesos contractuales?
El artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 establece un acceso temporal al trabajo para personas que no han definido su situación militar, pero han sido declaradas no aptas, exentas o han superado la edad máxima de incorporación. Además, este beneficio se aplica a personas aptas pero exoneradas de pagar la cuota de compensación militar, según la sentencia C-277 de 2019 de la Corte Constitucional.
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¿En qué situaciones es obligatorio acreditar la situación militar?
La acreditación de la situación militar, prevista en el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017, solo es exigible para celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales, varones de nacionalidad colombiana, con cualquier entidad de derecho público. El requisito se circunscribe a la tipología del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, de modo que no resulta obligatorio para otros contratos, como los de obra pública o consultoría. Tampoco es aplicable a las mujeres, a las personas naturales extranjeras ni a las personas jurídicas, porque la obligación de definir la situación militar recae solo en los varones colombianos que son personas naturales, de acuerdo con el artículo 11 de la misma ley. Para acreditarla, el ciudadano puede presentar la libreta militar, una certificación provisional en línea que acredite que su situación se encuentra en trámite, o una declaración juramentada en la que manifieste que ha realizado las actuaciones tendientes a definirla. Esa declaración puede materializarse en cualquier documento que aporte el ciudadano, en virtud de la buena fe, o en formatos estandarizados por la entidad. También es admisible cualquier otro medio de prueba conducente.síntesis automática
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Usted formula la siguiente pregunta, relacionada con el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017: «Los 18 meses se deben contabilizar a partir del primer empleo que reporta en el SIGEP o sin importar esto se debe atender el plazo de la certificación que expide la Entidad de reclutamiento?».
Los 18 meses se deben contabilizar a partir del primer empleo que reporta en el SIGEP o sin importar esto se debe atender el plazo de la certificación que expide la Entidad de reclutamiento?
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¿Cuál es el alcance de la experiencia aportada por los socios de una empresa en el RUP cuando esta supera los tres (3) años de constituida?
El contratista puede seguir utilizando la experiencia de sus socios en el Registro Único de Proponentes (RUP) después de cumplir tres años de constitución, siempre que esta experiencia se haya inscrito en el RUP antes de vencer ese término y el registro se renueve oportunamente. Si la renovación no se realiza y la empresa supera los tres años de constitución, la experiencia de los socios no podrá ser inscrita nuevamente, ya que el RUP ha cesado en sus efectos y la Cámara de Comercio debe realizar una nueva verificación documental. Esto implica que las entidades estatales deben verificar la vigencia del RUP y la renovación oportuna para aceptar la experiencia de los socios como válida en procesos de licitación.síntesis automática
También resuelve:Registro único de proponentes: experiencia, nociónExperiencia sociedades nuevas: transferencia, accionistas, socios o constituyentes, Decreto 1082 de 2015Experiencia: transferencia, conservación, renovación rup, cesación efectos rup
¿Cuándo y en qué momento del proceso la entidad pública puede limitar a Mipymes?
La entidad estatal solo puede limitar la convocatoria a Mipyme colombianas cuando se cumplen los requisitos del artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015: que el valor del proceso sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América y que al menos dos Mipymes nacionales presenten la solicitud formal de limitarlo dentro de la oportunidad prevista en la norma. La redacción vigente, introducida por el Decreto 1860 de 2021, se aplica a las entidades estatales independientemente de su régimen de contratación, a los patrimonios autónomos constituidos por ellas y a los particulares que ejecuten recursos públicos. Cumplidos esos requisitos, el artículo 2.2.1.2.4.2.3 faculta a la entidad para decidir, con justificación técnica y económica, si limita la convocatoria a las Mipyme domiciliadas en el municipio o departamento de ejecución; si no recibió las solicitudes, no puede hacer esa limitación territorial por iniciativa propia. Por su parte, la definición de criterios diferenciales en favor de las Mipyme y de los emprendimientos y empresas de mujeres no es totalmente discrecional, pues debe soportarse en el análisis del sector.síntesis automática
También resuelve:Definición de criterios diferenciales: mipymes, emprendimientos de mujeres, estudios del sectorConvocatorias limitadas a mipymes nacionales: limitación territorial, procedencia