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titulo: "LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-La suscripción de esta le corresponde únicamente al representante de la entidad"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2024-04-11"
radicado: "IUS 2014-82941"
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# LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-La suscripción de esta le corresponde únicamente al representante de la entidad

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2024-04-11
- **Radicado:** IUS 2014-82941
- **Número:** 202408081434010.DOCX
- **Sección / Sala:** SALA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ELECCION POPULAR
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202408081434010.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Regla de decisión

Con base en las pruebas legal y oportunamente allegadas a la actuación se tiene certeza sobre la existencia de la conducta atribuida en el cargo endilgado al disciplinado y recurrido, como lo exige el artículo 142 de la Ley 734 de 2002.

## Puntos clave

- Fallo de segunda instancia: Confirmó fallo de 1 instancia de Procuraduría Delegada Disciplinaria para Juzgamiento 1 que declaró responsable a Gobernador del Amazonas por comisión de falta grave con culpa grave y le impuso suspensión de 2 meses
- Conducta: Posibles irregularidades en contratos números 079, 592 y 1350 de 2012, suscritos entre Gobernador y Funerarias Nacionales S.A.S toda vez que no fueron liquidados
- Competencia: De Sala Disciplinaria de Juzgamiento de servidores de Elección Popular para conocer de estas diligencias por disposición legal
- Competencia: De Procuraduría General de la Nación para investigar, juzgar y sancionar servidores públicos de elección popular, según sentencia de la Corte Constitucional

## Fundamentos jurídicos

- Ley 489 de 1998
- Ley 80 de 1993
- Ley 1150 de 2007

## Extracto

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-La suscripción de esta le corresponde únicamente al representante de la entidad, siempre y cuando no haya delegado esa función, según jurisprudencia del Consejo de Estado 3.3 La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, el 17 de abril de 2017, ordenó abrir investigación disciplinaria frente a i) [NOMBRE TACHADO], por suscribir las comunicaciones de aceptación de las ofertas Nos. 079, 592 y 1350 de 2012 con Funerarias Nacionales S.A.S.; ii) Tatiana Marcela Peña Rodríguez, por ejercer la supervisión de los citados contratos; iii) Cidalia Falla Domínguez, por suscribir los estudios previos ;y, iv) Andrés Antonio Caicedo Arana, quien firmó las invitaciones públicas números 0003 y 000195 de 2012, los dos últimos en sus calidades de directora de Salud (e) y director jurídico de la Gobernación del Amazonas, respectivamente. Decisión contra la cual no se interpuso recurso alguno.

## Descriptores temáticos

LIQUIDACION DEL CONTRATO ESTATAL, Definicion

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- [Colombia Compra Eficiente — La Entidad Estatal contratante deberá estudiar los medios de prueba presentados por el ciudadano, analizando si este cumple o no con los presupuestos indicados en el segundo inciso del artículo 42 de la Ley 1861 de 2017.](https://adjudicalo.com.co/documento/cce:concepto:63228.md)
- [Colombia Compra Eficiente — La Entidad Estatal contratante deberá estudiar los medios de prueba presentados por el ciudadano, analizando si este cumple o no con los presupuestos indicados en el segundo inciso del artículo 42 de la Ley 1861 de 2017.](https://adjudicalo.com.co/documento/cce:concepto:62079.md)

## Texto del documento

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA-Confirmó fallo de 1 instancia de Procuraduría Delegada Disciplinaria para Juzgamiento 1 que declaró responsable a Gobernador del Amazonas por comisión de falta grave con culpa grave y le impuso suspensión de 2 meses
CONDUCTA-Posibles irregularidades en contratos números 079, 592 y 1350 de 2012, suscritos entre Gobernador y Funerarias Nacionales S.A.S toda vez que no fueron liquidados
COMPETENCIA-De Sala Disciplinaria de Juzgamiento de servidores de Elección Popular para conocer de estas diligencias por disposición legal
COMPETENCIA-De Procuraduría General de la Nación para investigar, juzgar y sancionar servidores públicos de elección popular, según sentencia de la Corte Constitucional
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN-Es competente para investigar, juzgar y sancionar a servidores de elección popular bajo un condicionamiento
En este orden de ideas, desde la lectura constitucional autorizada por la Corte Constitucional, armonizada con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la CorteIDH, la Procuraduría General de la Nación es competente para investigar, juzgar y sancionar a los servidores públicos de elección popular, bajo un condicionamiento, cual es que las decisiones sancionatorias de destitución, suspensión e inhabilidad, que implican las restricción de derechos políticos, frente a servidores que se encuentran ejerciendo el cargo, no pueden quedar ejecutoriadas ni ser ejecutables, por lo tanto quedan suspendidas, hasta que su determinación final se defina por medio de sentencia que expida el juez contencioso administrativo
RECURSO DE APELACIÓN-Otorga competencia a funcionario de 2 instancia para revisar únicamente aspectos impugnados y aquellos que resultes inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación
RECURSO DE APELACIÓN-Fue interpuesto y concedido en debida forma, acorde con las formalidades legales
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-Definición
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-Finalidad
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-La suscripción de esta le corresponde únicamente al representante de la entidad, siempre y cuando no haya delegado esa función, según jurisprudencia del Consejo de Estado
ACTO ADMINISTRATIVO-No se encontró alguno por el cual se procediera a delegar la competencia del supervisor de contratos para liquidar estos
Acorde con lo señalado por la primera instancia, cierto es que la función de supervisión de los bilaterales fue encomendada a……,, pero no incluía la facultad para liquidarlos, se reitera: «no se encontró acto administrativo alguno mediante el cual se procediera a delegar tal competencia en cabeza del supervisor de los contratos objeto de investigación o de cualquier otro funcionario de la entidad departamental». Si bien, en los memorandos de comunicación de la designación de supervisión de los contratos Nos. 592 y 1350 de 2012 a……, se le informó tal encargo, en ellos no se advierte que hubiese recibido la delegación para liquidarlos, en los términos del artículo 10 de la Ley 489 de 1998, en efecto así se le hizo saber
PROCESADO-Quebrantó el principio de moralidad pública
….Finalmente, en lo que respecta a la ausencia de ilicitud sustancial alegada por el apelante, en criterio de la Sala el disciplinable quebrantó el principio de moralidad pública, en tanto que le asistía el deber de liquidar los contratos Nos. 079, 592 y 1350 de 2012, consagrado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley No. 19 de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y numeral 1º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Acorde con lo señalado por la primera instancia, se afectó el funcionamiento del Estado, por cuanto al no liquidar los citados contratos, el gobernador………. privó a la entidad territorial de determinar con certidumbre si existieron o no prestaciones, derechos y obligaciones a favor o en su contra, no se realizó el balance de los contratos para determinar si, como lo reportó el informe de la Contraloría, los bilaterales arrojaban un saldo a favor de la gobernación del amazonas.
PRUEBAS OBRANTES-Arrojan certeza sobre la existencia de la conducta atribuida y de la responsabilidad disciplinaria del procesado
Para Sala, los argumentos de apelación no tienen la capacidad jurídica y probatoria para enervar la revocatoria la declaratoria de responsabilidad disciplinaria del fallo de primera instancia, por el contrario, al verificar los argumentos en que se fundó hay lugar a su confirmación. Con base en las pruebas legal y oportunamente allegadas a la actuación se tiene certeza sobre la existencia de la conducta atribuida en el cargo endilgado al disciplinado y recurrido, y de la responsabilidad disciplinaria, como lo exige el artículo 142 de la Ley 734 de 2002.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA-Se Confirmó fallo de 1 instancia que declaró responsable a Gobernador del Amazonas por comisión de falta grave con culpa grave y le impuso suspensión de 2 meses convertida en salarios
Dependencia:
Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular
Radicado:
IUS-2014-82941 / IUC-D-2015-100-677440
Investigado:
[NOMBRE TACHADO]
Cargo:
Gobernador
Entidad:
Departamento del Amazonas
Fecha informe:
6 de febrero de 2014
Fecha hechos:
Vigencia 2012
Asunto:
Fallo de segunda instancia
Bogotá D.C. once (11) de abril dos mil veinticuatro (2024)
Aprobado en Sala con Acta No. 13
P.D. Ponente:
I. ASUNTO
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el disciplinable, en contra del fallo proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para Juzgamiento 1, el 9 de junio de 2022, que lo declaró disciplinariamente responsable en su calidad de gobernador del Departamento del Amazonas, periodo 2012-2015.
II. HECHOS
Se contraen a posibles irregularidades en los contratos números 079, 592 y 1350 de 2012, suscritos entre el gobernador [NOMBRE TACHADO] y Funerarias Nacionales S.A.S, toda vez que no fueron liquidados. Los bilaterales tenían todos por objeto: «prestación de servicios de auxilios funerarios como apoyo a la población pobre y vulnerable en situación de desplazamiento y eventos no POS del régimen subsidiado».
III. ANTECEDENTES
3.1 La Procuraduría Regional del Amazonas, con fundamento en los hallazgos disciplinarios Nos. PK24, PK25 y PK26 de la Contraloría Departamental, resultantes de la auditoría regular a la gestión fiscal, vigencia 2012, practicada a la gobernación homóloga, en auto del 9 de enero de 2015 ordenó indagación preliminar contra [NOMBRE TACHADO] y Tatiana Marcela Peña Rodríguez en sus condiciones de gobernador y jefe de la División Técnica Científica (supervisora) del Amazonas. Decisión notificada personalmente a los disciplinables, el siguiente 30 de enero siguiente.
3.2 En auto del 20 de febrero de 2015, la procuraduría territorial remitió las diligencias a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal, en razón a la calidad del cargo del disciplinable [NOMBRE TACHADO].
3.3 La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, el 17 de abril de 2017, ordenó abrir investigación disciplinaria frente a i) [NOMBRE TACHADO], por suscribir las comunicaciones de aceptación de las ofertas Nos. 079, 592 y 1350 de 2012 con Funerarias Nacionales S.A.S.; ii) Tatiana Marcela Peña Rodríguez, por ejercer la supervisión de los citados contratos; iii) Cidalia Falla Domínguez, por suscribir los estudios previos ;y, iv) Andrés Antonio Caicedo Arana, quien firmó las invitaciones públicas números 0003 y 000195 de 2012, los dos últimos en sus calidades de directora de Salud (e) y director jurídico de la Gobernación del Amazonas, respectivamente. La decisión les fue notificada por edicto fijado el siguiente 29 de junio al 4 de julio.
3.4 El cierre de la investigación fue ordenado con auto del 30 de noviembre de 2017, notificado a los sujetos procesales por edicto del 21 de diciembre del mismo año.
3.5 El 5 de octubre de 2021 se profirió pliego de cargos y archivo parcial así:
A [NOMBRE TACHADO], como gobernador del Amazonas, por omitir el deber de liquidar bilateral o unilateralmente los contratos números 079, 592 y 1350 de 2012, celebrados por el disciplinable con Funerarias Nacionales S.A.S.
A Tatiana Marcela Peña Rodríguez, en calidad de jefe de la División Técnica Científica de la gobernación del Amazonas y supervisora, en relación con el Contrato No. 592 de 2012, por autorizar con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución, la prestación de servicios funerarios en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2012, certificar la prestación del mismo, y reconocer el valor a pagar al contratista en el mes de diciembre de 2012 con cargo a dicho contrato.
En cuanto al Contrato No. 1350 de 2012, por autorizar con anterioridad a la celebración de este contrato, la prestación de servicios funerarios en los meses de abril, junio, y agosto de 2012 y certificar la prestación de servicios correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2012, y reconocer el valor a pagar al contratista por el mismo con cargo a este contrato.
La conducta desplegada por los procesados fue encuadrada en el tipo normativo descrito en el numeral 1º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, complementado, para el primero, con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley No. 19 del 10 de enero de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y, para la segunda, con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.
Frente a los dos implicados la falta se calificó provisionalmente como grave; la responsabilidad subjetiva derivada de la conducta de Rodríguez Celis fue a título de culpa gravísima por desatención elemental, en tanto que para Peña Rodríguez lo fue a título de dolo.
En cuanto a Cidalia Falla Domínguez y Andrés Antonio Caicedo Arana, se ordenó la terminación y archivo de la acción disciplinaria al no encontrarse acreditada la existencia de falta disciplinaria imputable a los disciplinables.
Respecto a la primera, operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción con respecto a los estudios previos de los contratos números 079 y 592 de 2012, y los del contrato No. 1350 de 2012, se encontró que se dio cumplimiento al artículo 3.5.2 del Decreto Reglamentario 734 de 2012. En cuanto al segundo, se evidenció que las invitaciones públicas de los contratos 592 y 1350 de 2012, estuvieron ajustadas al artículo 3.5.2 ibídem.
En este orden, también se decretó el archivo a favor de Tatiana Marcela Peña Rodríguez, por las actividades de supervisión ejercidas en la ejecución del contrato No. 079 del 8 de febrero de 2012 así: del informe de supervisión del 31 de marzo de 2012, se encontró que la acción disciplinaria caducó. De la evaluación del informe de supervisión del periodo del 1 al 23 de abril de 2012 y de las certificaciones del 20 de abril y 24 de mayo de 2012 de 2012, la delegada no halló irregularidades en razón a que los servicios cobrados y autorizados correspondían al plazo de ejecución contractual.
La decisión fue notificada al gobernador [NOMBRE TACHADO] por correo electrónico del 20 de octubre de 2021. En cuanto a Tatiana Marcela Peña Rodríguez, la Procuraduría Regional del Amazonas, remitió certificado de defunción del 10 de noviembre de 2018. Según constancia secretarial del siguiente 24 de noviembre, a Cidalia Falla Domínguez y Andrés Antonio Caicedo Arana, les fue comunicada la decisión de archivo mediante oficios 1788/89 del 8 de octubre de 2021. Decisión contra la cual no se interpuso recurso alguno.
3.6 El 24 de noviembre de 2021, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal remitió la actuación a reparto de las procuradurías delegadas para el juzgamiento disciplinario, siendo allegadas a esta Sala de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, que a su vez, en auto del 3 de febrero de 2022, remitió el expediente por competencia interna.
3.7 La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, en auto del 24 de marzo de 2022, avocó conocimiento del proceso y declaró la extinción y el archivo de la acción disciplinaria en favor de Tatiana Marcela Peña Rodríguez por muerte y ordenó correr traslado para alegar de conclusión.
3.8 El 9 de junio de 2022, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para el Juzgamiento 1, antes Delegada para la Moralidad Pública, profirió decisión de primera instancia, declarando la responsabilidad de [NOMBRE TACHADO] por el cargo único imputado, imponiéndole sanción de suspensión por el término de dos (2) meses, convertido al salario devengado para el año 2013, en tanto que la conducta omisiva objeto de formulación de cargos le imprimía el deber de actuar hasta dicha anualidad.
3.9 En auto del 24 de junio de 2022 se concedió el recurso de apelación interpuesto por el disciplinable, ante esta Sala. El proceso fue remitido para resolver la alzada mediante oficio PDMP No. 1456 del 29 de junio de 2022.
IV. PROVIDENCIA RECURRIDA
El fallo objeto del recurso de apelación se sustentó en las siguientes razones:

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

al 1º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Acorde con lo señalado por la primera instancia, se afectó el funcionamiento del Estado, por cuanto al no liquidar los citados contratos, el gobernador [NOMBRE TACHADO] privó a la entidad territorial de determinar con certidumbre si existieron o no prestaciones, derechos y obligaciones a favor o en su contra, no se realizó el balance de los contratos para determinar si, como lo reportó el informe de la Contraloría, los bilaterales arrojaban un saldo a favor de la gobernación del amazonas.
Así consta en el informe de auditoría:
En la ejecución de los contratos auditados, se observaron las siguientes posibles irregularidades:
Todos los contratos arrojan un saldo a favor de la entidad auditada, sin embargo, a la fecha no han sido liquidados.
Por lo tanto y contrario a lo alegado por el disciplinable en su apelación, como representante legal y ordenador de gasto del departamento del Amazonas, incurrió en una falta típica, sustancialmente ilícita, al omitir observar la obligación de liquidar los bilaterales de tracto sucesivos Nos. 079, 592 y 1350 de 2012, función que no fue delegada en otro servidor en los términos previstos en el artículo 10 de la Ley 489 de 1998.
En cuanto a la culpabilidad, la Sala pone de presente que en virtud del principio de legalidad las faltas graves sólo son sancionables a título de dolo o culpa grave, no de culpa gravísima; en este sentido, se procede a variar la modalidad de la culpabilidad a culpa grave, especialmente, bajo el entendido que la carga argumentativa del fallo de primera instancia se refirió a una desatención predicable de la inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones, esto es, una culpa grave.
Esta variación de la imputación subjetiva, sin embargo, no tienen incidencia en la dosificación de la sanción, ni afecta las garantías de los disciplinados, toda vez que no se altera el núcleo fáctico de la acusación ni la imputación jurídica. Ello, porque para las faltas graves cometidas con culpa grave, la sanción procedente es la suspensión de 1 a 12 meses, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 44 del CDU es suspensión en concordancia con inc. 2 del artículo 46 de la misma norma. Así que, conforme a los criterios de dosificación tomados por la primera instancia, los cuales comparte la Sala, la sanción de suspensión de dos (2) meses se encuentra ajustada.
6.2.3 Conclusión
Para Sala, los argumentos de apelación no tienen la capacidad jurídica y probatoria para enervar la revocatoria la declaratoria de responsabilidad disciplinaria del fallo de primera instancia, por el contrario, al verificar los argumentos en que se fundó hay lugar a su confirmación. Con base en las pruebas legal y oportunamente allegadas a la actuación se tiene certeza sobre la existencia de la conducta atribuida en el cargo endilgado al disciplinado y recurrido, y de la responsabilidad disciplinaria, como lo exige el artículo 142 de la Ley 734 de 2002.
6.2.4 Otras determinaciones
La Corte Constitucional, en la sentencia C-030 de 2023, hizo hincapié en la importancia de mantener incólume la reserva judicial de la imposición definitiva de las sanciones disciplinarias de los funcionarios elegidos popularmente, en ejercicio del cargo, en los casos de destitución, suspensión e inhabilidad, regla jurisprudencial que resultó de la armonización entre el nuevo contexto normativo establecido por la Ley 2094 de 2021, a servidores públicos de elección popular, en ejercicio de sus funciones, el marco de la Constitución y el bloque de constitucionalidad, especialmente considerando el artículo 23.2 de la CADH.
Así mismo, la Corte Constitucional realizó la integración y modulación del recurso extraordinario de revisión, bajo el entendido que «la activación del recurso automático de revisión exige que el sancionado esté en ejercicio del mandato popular, pues, de no ser así, deberá acudir a los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.» Dicho trato diferencial entre los servidores públicos de elección popular que están en ejercicio de sus funciones y los demás servidores públicos, de cara a las sanciones que las autoridades con funciones administrativas pueden imponer a unos y a otros, lo encontró la Corte razonablemente justificado «en la circunstancia de que la democracia participativa y la participación política sean “aspectos estructurales e inescindibles del modelo constitucional (Estado Social de Derecho) acogido por el Constituyente de 1991” (…). Lo anterior, porque el impacto de la sanción que restringe la participación política del afectado trasciende a la representación política efectiva y actual que aquel ejerce». (Subraya de la Sala)
Por lo tanto, en cumplimiento de lo expresado en la sentencia C-030-23, se precisa que el presente fallo de segunda instancia cobrará ejecutoria de acuerdo con las normas procesales una vez surtida su notificación personal y procederá su ejecución inmediatamente, toda vez que [NOMBRE TACHADO] no se encuentra actualmente en ejercicio del cargo de elección popular.
En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, en ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias,
RESUELVE
PRIMERO: Confirmar el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinario para Juzgamiento 1, el 9 de junio de 2022, con el que sancionó a [NOMBRE TACHADO], identificado con cédula de ciudadanía No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA], en condición de gobernador del departamento de Amazonas (2012-2015), en el sentido de declararlo disciplinariamente responsable de la comisión de falta grave con culpa grave e impone suspensión de dos (2) meses, convertida en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, esto es, año 2013, equivalente a $ 16.697.818.
SEGUNDO: Notificar personalmente por la Secretaría de la Sala, la presente decisión a los sujetos procesales, de conformidad con lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley 734 de 2002, a quienes se les indicará que, en cumplimiento de la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, la sanción cobrará ejecutoria y su ejecución procederá inmediatamente a través de las dependencias competentes, por no ser procedente el recurso extraordinario de revisión en razón a que el sancionado no se encuentran en ejercicio del cargo de elección popular.
TERCERO: Devolver, por la Secretaría de la Sala, el proceso a la dependencia de origen, previos los registros y anotaciones correspondientes, para que: a) Informe a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación las decisiones de primera y segunda instancia, para lo de su cargo; y, b) Realice las comunicaciones a que haya lugar para para dar cumplimiento los artículos 172 a 174 de la Ley 734 de 2002.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Procuradora Delegada
Procurador Delegado
Procurador Delegado
Presidente

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