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CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Para liquidación judicial de convenio interadministrativo entre municipio de Neiva y Universidad Sur colombiana al igual que se condene esta al pago de perjuicios materiales, intereses moratorios, pago sumas actualizadas, costas y gastos del proceso
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Procedencia de este medio de control según regulación legal
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-Definición
En cuanto a la liquidación de los contratos estatales, esta se define como aquella actuación que se surte de manera posterior a la terminación bien sea normal o anormal del contrato mediante la cual se busca determinar si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo o en favor de cada una de las partes, para de esta forma realizar un balance final o un corte definitivo de las cuentas derivadas de la relación negocial, definiéndose en últimas quién le debe a quién y cuánto. Actuación que se permite adelantar por las partes de común acuerdo, por alguna de ellas unilateralmente o cumplido el plazo en sede judicial por el juez competente, esto a fin de “dar así finiquito y paz y salvo a la relación negocial”
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-Definición según regulación legal
De manera primigenia se debe decir que la noción de convenio interadministrativo está concebida por el legislador en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, en la cual se precisa o faculta a las entidades para asociarse en procura de la ejecución de fines comunes a los extremos concurrentes, para lo cual cada extremo, desde el ámbito de su deber funcional o atribuciones legales, aportar con el fin de alcanzar un objetivo y la satisfacción del interés general. Tal premisa evidencia un ánimo asociativo de cooperación entre órganos con funciones trasversales o complementarias.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-No procedencia de orden de restablecimiento del equilibrio contractual, si no se prestaron los servicios se debe devolver dinero transferido por municipio
Es de resaltar, es que por medio del acuerdo de voluntades las dos entidades públicas, aúnan esfuerzos, para cooperar, coordinar, distribuir competencias y colaborar entre sí, para lograr su finalidad, es decir, ambas entidades están cumpliendo fines esenciales de su misionalidad, lo que significa que lo que significa que ninguna de las dos obtendrá como tal una ganancia económica.Todo lo anterior para concluir, que no se considera posible ordenar el restablecimiento del equilibrio contractual solicitado, por cuanto conforme con la forma de pago pactada por las partes, si el ente universitario no prestó dichos servicios, debe proceder a devolver el dinero que le fue transferido por el MUNICIPIO, pues de lo contrario existiría un enriquecimiento sin causa, tal y como fue señalado por el A Quo.
ENTIDADES PÚBLICAS-No se demostró incumplimiento parcial de sus obligaciones
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-Se debe ordenar su liquidación judicial en el sub examine
CONCEPTO No. 136 / 2024
Bogotá, D.C., 26 de noviembre de 2024
Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente Doctor [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
EXPEDIENTE
41001-23-33-000-2012-00227-02 (71.780)
MEDIO DE CONTROL
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
ACTOR
MUNICIPIO DE NEIVA
DEMANDADO
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
TRÁMITE
Apelación primera instancia
Sentido del Concepto: Se solicita MODIFICAR la decisión contenida en la Sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Huila // Confirmar la liquidación judicial realizada por el A Quo. // No se acreditó incumplimiento parcial del convenio interadministrativo por parte del MUNICIPIO DE NEIVA ni de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA // Acaecimiento de una fuerza mayor que hace imposible el cumplimiento contractual // Lo no ejecutado pero pagado, debe ser devuelto so pena de enriquecimiento sin causa y detrimento patrimonial.
El Ministerio Público en cumplimiento de la función de intervención, actúa ante esta instancia dentro del medio de control de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y del patrimonio público. Para lo cual, se presenta el siguiente concepto:
ANTECEDENTES
La Demanda– Pretensiones.
El MUNICIPIO DE NEIVA formuló demanda de controversias contractuales, en contra de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, pretendiendo entre otras cosas, lo siguiente:
Que se liquide judicialmente el convenio interadministrativo No. 111 de 2007, suscrito entre el MUNICIPIO DE NEIVA y la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA- USCO.
Que la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA REINTEGRE al MUNICIPIO DE NEIVA la suma de $1.119.333.025,52, junto con los intereses a que haya lugar, correspondientes a los valores girados no ejecutados por parte de la universidad en desarrollo del convenio interadministrativo.
Que se condene a la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA al pago de perjuicios de orden material, intereses moratorios, a pagar las sumas de dinero ordenadas debidamente actualizadas y al pago de costas y gastos del proceso.
Hechos que sustentan la demanda.
Como sustento de sus pretensiones, la parte demandante indicó que celebró el convenio interadministrativo No. 111 el veintisiete (27) de abril de 2007 con la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, cuyo objeto consistía en realizar “Interventoría Técnica de proyectos financiados con regalías del 2007 a los convenios celebrados entre el municipio de Neiva y Empresas Públicas de Neiva”, en el cual se indicaron los contratos a los cuales se haría la correspondiente interventoría.
Señaló, que el MUNICIPIO DE NEIVA cancelaría a la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA un porcentaje del valor de las obras a vigilar, el cual desde el estudio de conveniencia y oportunidad se estableció en el cinco por ciento (5%) del valor total de las obras a supervisar.
En cuanto al valor de las obras sobre las cuales se realizaría la interventoría, en el convenio se estableció la suma de $40.924.863.460, por lo que el cinco por ciento (5%) de dicho valor quedó estimado en $2.046.243.173, el cual sería pagado por el MUNICIPIO DE NEIVA, de la siguiente manera:
Anticipo del 50% del valor del convenio por valor de $1.023.121.586,50 una vez legalizado el convenio;
Segundo pago del 45% del valor del acordado por la suma de $920.809.427,85 a los tres (3) meses de ejecución del convenio;
Pago final del 5% por $102.312.158,65 a la firma del acta de terminación del convenio y a la entrega del informe final avalado por el supervisor designado por el municipio.
Respecto del tiempo de duración, el convenio interadministrativo contempló inicialmente un plazo de ejecución de doce (12) meses contados a partir del perfeccionamiento del mismo, es decir, desde el doce (12) de junio de 2007, fecha en que se suscribió el acta de inicio.
Afirmó que se suscribió otrosí de fecha veinticuatro (24) de octubre de 2007, a través del cual las partes aclararon la forma de vinculación del personal a laborar en la interventoría, así como que el pago de las labores adelantadas se haría por obra realizada y no por tiempo de duración de la misma, es decir, que el convenio estaría sujeto a la terminación de las obras.
De igual, que se suscribió convenio adicional a través del cual se adicionó el valor del convenio quedando en la suma de $2.466.244.000, y se amplió su plazo de ejecución a 16 meses y 3 días contados a partir del perfeccionamiento del mismo.
Aseguró que las Empresas Públicas de Neiva, mediante oficio 01905 de diecisiete (17) de abril y 05418 de dieciocho (18) de septiembre de 2008, informaron al alcalde municipal y a la supervisora del convenio No. 111 de 2007, que “la interventoría que la Universidad Surcolombiana debe practicar a los convenios celebrados entre el Municipio de Neiva y las Empresas Públicas de Neiva, no corresponden al valor estimado del convenio 111 – 2007, ya que existe una serie de convenios que tienen interventoría con FONADE”.
Los acuerdos contractuales a que hizo alusión el oficio 01905 de 2008, sumaban en total $14.839.000.000, y correspondían a:
Construcción VI fase colector Comuna 10 por valor de $4.099.000.000;
Instalación y/o reparación de hidrantes por valor de $500.000.000;
Instalación y/o reparación de válvulas y ventosas por valor de $240.000.000;
Construcción del podaje poco a poco por valor de $10.000.000.000
En consideración a lo informado por las Empresas Públicas de Neiva, señaló que el MUNICIPIO DE NEIVA requirió a la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, a través de oficios 2995 y 2996 de 30 de octubre de 2008, 5728 de 23 de noviembre de 2009, 1435 y 1436 de 12 de abril de 2010, TM-0470 de 13 de mayo de 2010, para que realizara el reintegro de los recursos que no serían ejecutados en el convenio.
En virtud de los hechos señalados en la demanda, aseguró que el valor final de los contratos de obra sobre los que la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA ejerció la interventoría, ascendió a la suma de $21.891.959.776,52, razón por la cual debe realizar una devolución de los recursos que no fueron invertidos en el convenio pero que si fueron transferidos por el municipio por valor de $1.119.333.025,52, junto con los intereses legales producidos.
Finalmente, indicó que finalizando la vigencia fiscal 2011 la parte demandante remitió a la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, el acta de liquidación bilateral del convenio interadministrativo 111 de 2007, sin que a la fecha de presentación de la acción que nos ocupa, se hubiese pronunciado al respecto.
Contestación de la demanda
La parte demandada descorrió el traslado de la demanda, e interpuso las siguientes excepciones de: i) Cobro de lo no debido; ii) Incumplimiento del objeto contractual del convenio 111 de 2007 por parte del MUNICIPIO DE NEIVA; iii) Desequilibrio económico en contra de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
i) En cuanto a cobro de lo no debido, señaló que no tiene obligación de devolver la suma de dinero pretendida por el MUNICIPIO DE NIEVA, por cuanto el término final de la interventoría y sus costos mensuales, se extendieron por 38 meses cuando se habían pactado por 12 meses inicialmente.
Así mismo, que la propuesta que hace parte integral del convenio dejó claro que el valor planteado por la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA era únicamente para efectos fiscales, pero “el valor real y final sería el resultado de multiplicar los tiempos realmente trabajados por los sueldos y costos vigentes”, que de acuerdo con la estructura de costos podía variar entre el 6 y el 8% del valor total de los contratos a ser intervenidos.
Aseguró que el MUNICIPIO DE NIEVA debía indemnizar a la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, por cuanto si bien la entidad territorial de manera unilateral contrató varias de las interventorías contempladas en el convenio 111 con otras entidades, lo cierto es que obligó a la USCO a contratar todo el personal, lo cual no redujo el valor final de la interventoría, que comprendía el cálculo de costos directos e indirectos de 64 obras por 38 meses, el cual ascendía a $3.971.159.007.
ii) Respecto del incumplimiento del objeto contractual del convenio 111 de 2007 por parte del MUNICIPIO DE NEIVA, consideró que el MUNICIPIO DE NIEVA impuso a la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, una modificación unilateral del objeto contractual que afectó de manera grave el devenir del mismo, por cuanto el convenio suscrito entre las partes era por la suma de $40.924.863.460, sobre los cuales la universidad efectuó la respectiva propuesta y dispuso todos los medios humanos, económicos y técnicos para efectuar tal supervisión.
Indicó que el MUNICIPIO DE NEIVA sin consultar a la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, decidió modificar el objeto contractual de la interventoría con un simple oficio del 15 de mayo de 2008, es decir, a través de dicho documento le hizo saber de la modificación de las obras a supervisar, cuando lo adecuado era suscribir un otrosí modificatorio del convenio, razón por la que solicita que se declare que la demandada fue la que incumplió el acuerdo contractual, pues no estaba facultada para modificarlo sin el consentimiento previo del ente universitario.
ii) Finalmente, en cuanto al Desequilibrio económico, manifestó que contrario a lo expuesto en la demanda, quien terminó afectado por el mayor tiempo de ejecución contractual es la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, debido a que el tiempo adicional en el plazo trajo consigo unos mayores valores que deben ser asumidos por el MUNICIPIO DE NEIVA.
Sostiene, que el 24 de octubre de 2007 las partes suscribieron un otrosí, únicamente se modificó la cláusula quinta del contrato en lo relacionado con el plazo, señalando que las demás clausulas se mantendrían iguales, y que si bien en dicho documento se expresó que el pago del convenio es por obra y no por duración, también lo es, que se trató de “un obvio error de transcripción cometido por el Municipio al momento de redactarlo”, por lo que la voluntad de las partes debe estarse más allá del tenor literal de las palabras.
Concluyó que la universidad ejecutó durante 38 meses con el presupuesto proyectado para 12 meses, por lo que el valor de la interventoría de 64 obras intervenidas fue de $3.971.159.007,85, como lo demuestra el dictamen emitido por el ingeniero William Parra Olaya, el cual se adjuntó con la contestación.
Finalmente, indicó que la situación no era nueva para el Municipio por cuanto en la reunión de treinta (30) de diciembre de 2008, la universidad manifestó que el costo de los 12 meses adicionales del convenio le costaban la suma de $2.196.244.000.
Demanda de reconvención
La UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA igualmente propuso demanda de reconvención, pretendiendo entre otras cosas, lo siguiente:
Que se declare el incumplimiento por el MUNICIPIO DE NEIVA respecto de las obligaciones contractuales del convenio interadministrativo No. 111 de 2007, con ocasión de la modificación unilateral e inconsulta de su objeto contractual.
Que se declare el incumplimiento por el MUNICIPIO DE NEIVA por la extensión del plazo del convenio en 38 meses, los cuales no fueron reconocidos ni pagados a la universidad.
Que se ordene la liquidación judicial del convenio interadministrativo No. 111 de 2007, declarando que la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA cumplió a cabalidad las obligaciones y que el ente territorial adeuda los dineros por concepto de liquidación.
Que se ordene al MUNICIPIO DE NEIVA al pago de dinero liquidados por vía judicial por la suma de $1.924.915.834,85, debidamente indexados desde el 30 de diciembre de 2010, fecha en que se suscribió el acta de recibo final del último contrato supervisado. (daño emergente)
Que se condene al MUNICIPIO DE NEIVA al pago de perjuicios materiales equivalentes a intereses moratorios. (lucro cesante)
Que se condene en costas y gastos al ente territorial.
Hechos que sustentan la demanda de reconvención
Además de reiterar los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, insistió en los graves perjuicios que se le causaron debido a las graves falencias de los estudios previos, que llevaron a que el plazo de ejecución del convenio se extendiera por 38 meses, lo que sin duda alguna llevó al desequilibrio de la ecuación financiera del contrato, conforme a las pruebas allegadas al plenario y al dictamen pericial aportado por la universidad.
Contestación a la demanda de reconvención
EL MUNICIPIO DE NEIVA contestó cada uno de los hechos de la demanda de reconvención, de los cuales se destaca la oposición a que el personal contratado para ejercer la interventoría estuvo contratado por los 38 meses como lo indicó la universidad, entre otras cosas, por las múltiples suspensiones y reiniciaciones; aseguró que no es cierto, que el municipio motu propio desconociera el objeto de convenio, ya que fueron circunstancias ajenas a la entidad territorial, las que llevaron a que el valor inicial de la interventoría se disminuyera; se opuso al argumento relacionado con el desequilibro contractual, por cuanto las labores adelantadas, se desarrollarían por obra realizada, condición que era de conocimiento de ambas partes.
Propuso como excepciones la buena fe; culpa de un tercero y la genérica e innominada.
Pronunciamiento del Ministerio Público en primera instancia.
El Ministerio Público guardó silencio.
Sentencia de primera instancia.
Correspondió el conocimiento del asunto Tribunal Administrativo del Huila, despacho que mediante sentencia de primera instancia de dieciséis (16) de julio de 2024, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO. Declarar que el municipio de Neiva y la Universidad Surcolombiana incumplieron parcialmente el convenio interadministrativo 111 de 2007.
SEGUNDO. - Declarar liquidado el convenio interadministrativo 111 de 2007 celebrado entre el municipio de Neiva y la Universidad Surcolombiana; en los términos ya descritos.
En tal virtud, ordenar a la Universidad Surcolombiana restituir al municipio de Neiva la suma de $1.244.615.927.
TERCERO. Denegar las demás súplicas de la demanda.
CUARTO. Denegar las súplicas de la demanda de reconvención.
QUINTO. Sin condena en costas”.
Para resolver el problema jurídico, el Tribunal Administrativo del Huila analizó de fondo el caso, en tres partes:
1.8.1 Forma de pago y duración del convenio interadministrativo No. 111 de 2007
El despacho judicial trae a consideración el otrosí modificatorio de veinticuatro (24) de octubre de 2007, suscrito de común acuerdo entre las partes, a través del cual se modificó la forma de pago en el sentido de precisar que era por obra realizada y no por su duración: “… el pago del presente convenio es por obra realizada y no por tiempo de duración de la misma.”
De igual manera, constató con base en la anterior aclaración que los contratos de prestación de servicios, que suscribió la universidad con el grupo interdisciplinario de profesionales también fueron objeto de modificaciones (suscritas el 1º de noviembre de 2007), y en todos ellos se consignó que “… el pago del presente Otrosí es por obra realizada y no por tiempo de duración de la misma …”
En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que el H. Consejo de Estado precisó que la naturaleza o finalidad asociativa de los convenios interadministrativos les permite autoregularse por estipulaciones propias, que no es cosa distinta a la materialización de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes, en el que las partes gozan de una posición horizontal o igualitaria.
Así las cosas, concluyó que con la suscripción del otrosí del veinticuatro (24) de octubre de 2007, las partes modificaron la forma de pago pactando que sería por obra ejecutada, decisión que se acompasa con la naturaleza de esta clase de convenios y no merece reproche alguno.
1.8.2 Los contratos de obra frente a los cuales no se realizó la interventoría por parte de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
El Tribunal indicó que teniendo en cuenta los hechos de la demanda, su contestación, la demanda de reconvención y en la respectiva contestación; así como lo manifestado por los testigos Amparo Gómez Coronado, Luis Fernando Ramón Bonilla Camacho y Jaime Saavedra Perdomo, que no existe ninguna duda de que la universidad no realizó la interventoría en los cuatro contratos que a continuación se relacionan:
OBJETO
TIPO
VALOR
PLAZO DE EJECUCIÓN
Construcción VI fase colector comuna 10
ALC-C
4.099.000.000
7 MESES
Instalación y/o reparación hidrantes
ALC-C
500.000.000
3 MESES
Instalación y/o reparación válvulas y ventosas
ALC-C
240.000.000
3 MESES
Construcción del podaje poco a poco
ALC-C
10.000.000.000
11 MESES
TOTAL
14.839.000.000
1.8.3 Incumplimiento de las obligaciones contractuales.
Puntualizó los siguientes aspectos:
a.- El convenio primigenio fue objeto de una modificación y de cinco adiciones. El 24 de octubre de 2007, se modificó la forma de pago y el plazo (quedó establecido en 8 meses y 3 días); en el adicional No. 1 se incrementó el valor a $2.466.244.000 y se estableció que el plazo de ejecución sería de 16 meses y la vigencia 20 meses; en el adicional No. 2 se amplió el término de ejecución destacando que “Dicha adición no genera un mayor valor al convenio” (el valor del contrato no fue modificado); los demás adicionales ampliaron el término de ejecución y vigencia del convenio, sin modificar el valor pactado.
b.- Como la ampliación del plazo fue debidamente consensuado por las partes, consideró que no era de recibo que el ente universitario pretendiera la indemnización del alegado desequilibrio financiero, porque está acreditado que de manera libre y voluntaria prohijó y participó en las reformas que se introdujeron al convenio, siendo consciente de que las adiciones del plazo no generaban un mayor valor al convenio, lo cual quedó pactado expresamente.
c.- Consideró probado que el MUNICIPIO DE NEIVA si bien transfirió el anticipo y el segundo pago del convenio, no hizo lo mismo con el último del 5% correspondiente a $102.312.158,65; así mismo, que se canceló a la interventoría el porcentaje del 5% del valor de las obras cuya interventoría fue realizada por FONADE, correspondientes a la “Construcción VI fase colector comuna 10; Instalación y/o reparación hidrantes; Instalación y/o reparación válvulas y ventosas y Construcción del podaje poco a poco), por valor de $741.950.000.
Así las cosas, determinó que en la medida en que dicho valor se pagó a la universidad sin prestar el servicio; en aras de garantizar la equivalencia de prestaciones y evitar un enriquecimiento sin causa, ordenó el reintegro de dicha suma al municipio ($741.950.000), pero descontando a la misma el valor del último pago ($102.312.158.65), es decir, la suma de $639.637.841.35, la cual actualizada con una fórmula matemática estimó en $1.244.615.927.
Argumentos de las apelaciones
1.9.1 El MUNICIPIO DE NEIVA sustentó su recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia de dieciséis (16) de julio de 2024, indicando que si bien está de acuerdo con la decisión de ordenar la devolución del dinero, por cuanto la forma de pago pactada en el convenio es por obra realizada y no por duración de la misma, la inconformidad refiere a la forma de calcular el monto a devolver, por cuanto el despacho judicial no tuvo en cuenta el valor ejecutado de las obras contratadas por las Empresas Públicas de Neiva que ascendió a $21.891.959.766, por lo que el 5% como factor para calcular el costo de la interventoría sería la suma de $1.094.597.988.
Corolario de lo expuesto indicó, que si el MUNICIPIO DE NEIVA, pagó un mayor valor a lo realmente ejecutado en razón a la forma de pago pactada, para lograr la suma exacta a devolver el A Quo debió realizar la siguiente operación:
Valor pagado al USCO: $1.943.931.014
Valor ejecutado: $1.094.597.988
Valor a devolver: $ 849.333.026
De igual manera, considera que se equivoca el fallo de primera instancia en declarar incumplimiento el contrato por no realizar el último pago del 5% del aporte inicial del MUNICIPIO DE NEIVA al convenio, ya que afirmó que dicho recurso no se giró por cuanto ya se había girado más del 95% del valor total de los aportes pactados y, por tanto, más del 100% de lo realmente ejecutado, por lo que solicita que no se realice descuento alguno.
1.9.2 LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA señaló que en la sentencia no se consideraron hechos de la demanda de reconvención que fueron probados, como fue que el MUNICIPIO DE NEIVA abusando de su posición dominante como contratante se extralimitó en sus atribuciones como “facultades exorbitantes” a partir de los oficios 2995 y 2996 del 30 de octubre de 2008, a través de los cuales le informó a la Universidad sobre la modificación unilateral del objeto del convenio, lo cual generó un desequilibro en el balance de derechos y obligaciones para con la universidad y se transformó en un incumplimiento del convenio.
Así mismo, que la adición de los plazos de la interventoría conllevó la participación de un equipo profesional técnico, que implicó en un plano de equilibrio contractual, unos mayores costos para la Universidad, los cuales estimaron en $1.924.915.834.85 y que no se podía pretender que su mandante renunciara a parte de las interventorías asignadas sobre las cuales tenía una expectativa de ganancia, en el marco de la buena fe y confianza legítima, reclamo de “perdida de la oportunidad” que manifestó no fue objeto de evaluación en la sentencia.
Reitera los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, relacionados con la propuesta técnica en la que los costos se calcularon “Hombre/Mes”, es decir, que se estimaron los recursos por mes calendario para un máximo de doce (12) meses y que el otrosí solo modificó el plazo, por lo que, si bien la universidad cumplió sus obligaciones, no se restableció el equilibrio contractual.
Finalmente solicita se valoren integralmente las pruebas conforme las reglas de la sana crítica.
Admisión de los recursos de apelación:
Mediante auto de siete (7) de noviembre de 2024, el Consejo de Estado dispuso admitir el recurso de apelación interpuesto por las partes, en contra la sentencia del dieciséis (16) de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.
CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Problemas Jurídicos:
De acuerdo con el trámite surtido y conforme los reparos manifestados en los recursos de apelación, el Ministerio Público en su función de intervención en defensa del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales, considera que los problemas jurídicos a abordar atendiendo las situaciones fáticas probadas y los argumentos invocados en los recursos de apelación, para efectos de presentar concepto, se pueden formular de la siguiente manera:
i) ¿existió el ejercicio de cláusulas exorbitantes al haberse realizado una modificación unilateral del contrato por parte del Municipio?
ii) ¿hay lugar al restablecimiento del equilibrio contractual solicitado por la Universidad?
iii) ¿hay incumplimiento del convenio interadministrativo?
iv) ¿es correcto el valor a devolver establecido por el Tribunal?
. Marco Jurídico, y/o jurisprudencial aplicable al caso:
Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público.
2.2.1. La acción de controversias contractuales.
El medio de control de control de controversias contractuales se encuentra desarrollado mediante el artículo 141 del CPACA, el cual establece la procedencia del mismo a fin de acudir a la justicia, con miras a resolver las controversias con ocasión de la actividad contractual, normativa que establece:
“ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley (…)”. (Subrayado fuera de texto).
2.2.2. La liquidación del contrato estatal en sede judicial.
En cuanto a la liquidación de los contratos estatales, esta se define como aquella actuación que se surte de manera posterior a la terminación bien sea normal o anormal del contrato, mediante la cual se busca determinar si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo o en favor de cada una de las partes, para de esta forma realizar un balance final o un corte definitivo de las cuentas derivadas de la relación negocial, definiéndose en últimas quién le debe a quién y cuánto. Actuación que se permite adelantar por las partes de común acuerdo, por alguna de ellas unilateralmente o cumplido el plazo en sede judicial por el juez competente, esto a fin de “dar así finiquito y paz y salvo a la relación negocial”
Así las cosas, la liquidación judicial corresponde a aquel balance, finiquito o corte de cuentas que realiza el juez sobre un determinado contrato estatal dentro de un proceso judicial y, que sólo resulta procedente en tanto no se haya podido realizar la liquidación bilateral, ni unilateral del respectivo contrato estatal celebrado y dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación a liquidar.
En resumen, en el supuesto caso en el cual las partes no hayan liquidado el contrato bilateralmente o por mutuo acuerdo ni la entidad estatal lo haya hecho de forma unilateral o respecto de puntos no liquidados, el juez del contrato está investido con la competencia para liquidarlo, entonces, en ese momento el contratista puede acudir ante el juez del contrato, quien deberá definir las prestaciones mutuas entre ellas por medio de providencia judicial y con efectos de cosa juzgada.
2.2.3. Convenios Interadministrativos
De manera primigenia se debe decir que la noción de convenio interadministrativo está concebida por el legislador en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, en la cual se precisa o faculta a las entidades para asociarse en procura de la ejecución de fines comunes a los extremos concurrentes, para lo cual cada extremo, desde el ámbito de su deber funcional o atribuciones legales, aportar con el fin de alcanzar un objetivo y la satisfacción del interés general. Tal premisa evidencia un ánimo asociativo de cooperación entre órganos con funciones trasversales o complementarias.
El Consejo de Estado ha destacado de esta facultad asociativa que:
“Como se ha indicado, se habla de cooperación porque la entidad pública celebra el convenio cuando tiene algo que aportar desde su ámbito funcional, obligándose a ejecutar actividades que contribuyen directamente al fin común de los sujetos contratantes, compartiendo tareas entre ellas.” Esa finalidad común y ánimo de cooperación, agrega en esta oportunidad la Sala, se da en el ámbito de un “paralelismo de intereses”, por lo que no existe preeminencia del contratante respecto del contratista, sino más bien las relaciones se desarrollan en un plano de igualdad o equivalencia, esto es, sin que existan prerrogativas en favor de una parte a costa de la otra.” (Subrayado fuera del texto)
2.2.4. De la Fuerza mayor.
La fuerza mayor es definida por el artículo 1 de la Ley 95 de 1890 que subrogó el artículo 64 del Código Civil como "el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos (sic) de autoridad ejercidos por un funcionario público."
Sobre la definición de fuerza mayor, ha precisado el Consejo de Estado que la misma contiene entre sus características esenciales, la imprevisibilidad y la irresistibilidad, a lo cual se suma que el hecho debe ser externo al sujeto que lo padece, estos deben darse concurrentemente, de modo que, si falta uno de ellos, ya no se estaría en presencia de una casual de exoneración y responsabilidad. Respecto este tema el alto Tribunal ha manifestado lo siguiente:
"Por regla general, se ha considerado al caso fortuito y la fuerza mayor como eximentes de responsabilidad. La jurisprudencia ha distinguido los dos fenómenos y ha deducido que las características de imprevisibilidad e irresistibilidad son necesarias, en los dos casos, para su reconocimiento: "Debe tenerse en cuenta, además, la distinción que doctrina y jurisprudencia han hecho entre la fuerza mayor y el caso fortuito... Se ha dicho que la fuerza mayor es causa extraña y externa al hecho del demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causo el daño. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquel, y puede ser desconocido, permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido, no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño". (...) (Subrayado fuera del texto)
Respecto del alcance de los elementos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, ha señalado la jurisprudencia:
".. .[la] imprevisibilidad del caso fortuito es una cuestión de hecho que el juzgador debe apreciar concretamente en cada situación, tomando como criterio para el efecto la normalidad o la frecuencia del acontecimiento, o por el contrario, su rareza y perpetuidad; si tal acontecimiento es frecuente, y más aún, si suele presentarse con cierta periodicidad, no constituye un caso fortuito porque el obligado razonablemente ha debido preverlo y medir su propia habilidad para conjurarlo, o bien abstenerse de contraer el riesgo de no creer que podría evitarlo; por el contrario, si se trata de un evento de rara ocurrencia, que se ha presentado en forma súbita y sorpresiva, hay caso fortuito, porque nadie está obligado a prever lo que es excepcional y esporádico. Pero, además, el hecho de que se trata debe ser irresistible. Así como la expresión caso fortuito traduce la requerida imprevisibilidad de su ocurrencia, la fuerza mayor empleada como sinónimo de aquella en la definición legal, relieva esta otra característica que ha de ofrecer tal hecho: al ser fatal, irresistible, incontrastable, hasta el punto que el obligado no pueda evitar su acaecimiento ni superar sus consecuencias. Tampoco hay fuerza mayor o caso fortuito cuando el obstáculo, sin impedir el cumplimiento de la obligación, lo hace más difícil u oneroso que lo previsto inicialmente”.(Subrayado fuera del texto)
De esta manera, en cuanto a la exterioridad, se advierte que, para que se cumpla el fenómeno y los efectos de éste, deben ser ajenos a quien se le pretende imputar la generación del daño alegado, esto quiere decir que, tanto el hecho como sus efectos no pueden ser jurídicamente imputable a este, bien sea porque no lo realizó, o porque tampoco fueron realizados por un tercero por quien debe responder.
El elemento de la imprevisibilidad es de los tres (3) elementos esenciales constitutivos del eximente de responsabilidad denominado fuerza mayor o caso fortuito, que posee mayores dificultades en cuanto a su conceptualización dado a que someramente se puede considerar imprevisible aquella situación o acontecimiento que no se puede si quiera imaginar, lo cual, permite entonces que, todo aquello que resulte imaginable sería previsible. Sin embargo, la ocurrencia de un evento no es previsible por el solo hecho de la simple posibilidad abstracta de ser pensada, considerada o imaginada, puesto que, si así fuera, ningún evento pudiera constituir la fuerza mayor o el caso fortuito.
En este sentido, la Honorable Corte Constitucional estableció:
“Es decir, ha de tratarse de fenómenos externos al sujeto cuyo comportamiento se analiza, que reúna las características que de antaño estereotipan la figura, esto es, la imprevisibilidad (hechos súbitos, sorpresivos, insospechados, etc. (…).
(…) es necesario que, de una parte, no exista manera de contemplar su ocurrencia en condiciones de normalidad, justamente porque se presenta de súbito o en forma intempestiva (…)
(…) La imprevisibilidad del acontecimiento, concierne a la imposibilidad de prever, contemplar o anticipar ex ante las circunstancias singulares, concretas o específicas de su ocurrencia o verificación de acuerdo con las reglas de experiencia, el cotidiano, normal o corriente de diario vivir, su frecuencia, probabilidad e insularidad in casu dentro del marco fáctico de circunstancias del suceso, analizando in concreto y en cada situación los referentes de su “normalidad y frecuencia”, “probabilidad de realización” y talante “…intempestivo, excepcional o sorpresivo(…)” (subrayado fuera del texto)
Frente a la irresistibilidad, considerada como presupuesto principal de la fuerza mayor, correspondiendo a la imposibilidad objetiva para el sujeto de evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto, o irresistible “que el agente no puede evitar su acaecimiento ni superar sus consecuencias” dejando al posible responsable del acto en la absoluta imposibilidad de obrar debidamente.
2.2.5. Elementos probatorios
Una vez revisado este material, la Procuraduría Delegada de Intervención 9: Cuarta ante el Consejo de Estado destaca las siguientes pruebas relevantes para emitir concepto de fondo sobre el asunto:
2.2.5.1 Convenio interadministrativo No. 111 de 2007 suscrito entre el MUNICIPIO DE NEIVA y la Universidad SURCOLOMBIANA, para realizar la interventoría técnica a los proyectos financiados con regalías del 2007, suscrito el veintisiete (27) de abril de 2007.
2.2.5.2 Otrosí de veinticuatro (24) de octubre de 2007 al Convenio interadministrativo No. 111 de 2007. En la parte considerativa, se consignó lo siguiente: “1) Que todas las obras del presente convenio deben finalizar este año a más tardar el 30 de diciembre de 2007. 2) Que la programación de las obras de todos los contratistas va hasta la fecha anteriormente indicada. 3) Que el presente convenio se firmó el 27 de abril de 2007. 4) Que la programación de la interventoría está acorde con la programación de obra de los contratistas y por ende también debe terminar el 30 de diciembre de 2007. 5) Que el pago del presente convenio es por obra realizada y no por tiempo de duración de la misma, es decir que el presente convenio está sujeto a la terminación de las obras (…)”. Modificó la cláusula quinta del plazo del convenio, estableciendo que el mismo tendría una duración de 8 meses y 3 días, contados a partir de la suscripción del convenio el 27 de abril de 2007 y hasta el 30 de diciembre de esa misma anualidad. (Subrayado fuera del texto)
2.2.5.3 Adicional No. 1 de diecinueve (19) de diciembre de 2007. Modificó el valor del convenio para un total de $2.466.244.000 y el plazo de ejecución, quedando en 16 meses y 3 días, contados a partir de la suscripción del convenio el 27 de abril de 2007 y hasta el 30 de agosto de 2008.
2.2.5.4 Adicional No. 2 de cuatro (4) de agosto de 2008. Modificó el plazo del convenio quedando en 20 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin modificar el valor del mismo.
2.2.5.5 Adicional No. 3 de veintiocho (28) de enero de 2009. Modificó el plazo del convenio quedando en 26 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin modificar el valor del mismo.
2.2.5.6 Adicional No. 4 de diez (10) de agosto de 2009. Modificó el plazo del convenio adicionándole 6 meses quedando en 32 meses, contados a partir del doce (12) de agosto de 2009 y hasta el once (11) de febrero de 2010, sin modificar el valor del mismo.
2.2.5.7 Adicional No. 5 de nueve (9) de febrero de 2010. Modificó el plazo del convenio adicionándole 6 meses contados quedando en 38 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin modificar el valor del mismo.
2.2.5.8 Acta de suspensión del convenio suscrita el ocho (8) de abril de 2010, entre las partes debido a los inconvenientes presentados en los contratos de obra pública No. 125-2007 y 067 de 2009.
2.2.5.9 Acta de reiniciación del convenio suscrita el nueve (9) de julio de 2010.
2.2.5.10 Oficio 01905 de diecisiete (17) de abril de 2008, a través del cual EPN Empresas Públicas de Neiva E.S.P, informó a la ALCADÍA DE NEIVA, que la interventoría que la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA debe practicar en cumplimiento del Convenio 111 de 2007, a los contratos celebrados entre el MUNICIPIO DE NEIVA y EPN “no corresponde al valor estimado en $42.531.119.346 ya que los siguientes convenios tienen la interventoría por parte de FONADE”
OBJETO
TIPO
VALOR
PLAZO DE EJECUCIÓN
Construcción VI fase colector comuna 10
ALC-C
4.099.000.000
7 MESES
Instalación y/o reparación hidrantes
ALC-C
500.000.000
3 MESES
Instalación y/o reparación válvulas y ventosas
ALC-C
240.000.000
3 MESES
Construcción del podaje poco a poco
ALC-C
10.000.000.000
11 MESES
TOTAL
14.839.000.000
2.2.5.11 Oficios 982, 983 y 984 de quince (15) de mayo de 2008, a través de los cuales el MUNICIPIO DE NEIVA remitió el oficio 01905 de diecisiete (17) de abril de 2008 a la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
2.2.5.12 Oficio 2995 de treinta (30) de octubre de 2008, a mediante el cual el MUNICIPIO DE NEIVA solicitó a la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA: “Que realizado un balance de la obra ejecutada a la fecha del presente oficio (octubre 30-2008), el valor de las obras ejecutadas del convenio 111-2007 de conformidad con el otrosí, asciende a la suma de $12.879.998.236 y el valor de la Interventoría por parte de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA y calculado sobre el monto enunciado asciende a la suma de seiscientos cuarenta y tres millones novecientos noventa y nueve mil novecientos once pesos ($643.999.911), quedando pendiente por incluir en el presente balance el valor de los cuatro contratos que se encuentran en ejecución.
Como el otro si (sic) define que esa obra ejecutada y el porcentaje de interventoría por tratarse de Recursos de regalías no puede exceder del cinco (5%) porciento pactado, peticiono otra vez más a esa Tesorería tomar todas las medidas presupuestales correspondientes, para que el (sic) momento de entrar a liquidar el Convenio se realicen las devoluciones de dineros a que haya (sic) lugar”.
Acta denominada “SUSTENTACIÓN DEL OTROSÍ AL CONVENIO 111 DEL 2007”, suscrita el dos (2) de mayo de 2007 por los coordinadores del convenio, por el supervisor y por el director de interventoría del convenio No. 602, en la que se dejó la siguiente constancia:
“Es necesario que el personal que se contrate para la ejecución del Convenio se hará por medio de CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, y su labor iniciara (sic) el día que se firme acta de inicio del contrato entre el personal y los supervisores y terminará cuando se acabe la labor asignada en el contrato previa certificación de los coordinadores nombrados por la Facultad de Ingeniería. Esto quiere decir que el pago se hará por labor ejecutada y certificado y no por tiempo de duración del servicio”
Caso concreto.
Procede esta Delegada a emitir concepto dentro del presente radicado, resolviendo los problemas jurídicos plateados de acuerdo con las siguientes consideraciones:
i) Modificación unilateral del convenio y clausulas exorbitantes
En cuanto al primer problema jurídico, relacionado con si el MUNICIPIO DE NEIVA hizo uso de las cláusulas exorbitantes, y si modificó unilateralmente el convenio interadministrativo 111 de 2007, en criterio de la Delegada lo que existió fue una fuerza mayor que impidió que se ejecutara totalmente el objeto contractual del mismo.
En la cláusula primera del convenio 111 de 2007, la UNIVERSIDAD se comprometió con el MUNICIPIO a realizar la interventoría técnica de proyectos financiados con Regalías 2007, a convenios celebrados entre el Municipio de Neiva y Empresas Públicas de Neiva, suscritos en la vigencia fiscal 2007, dentro de los cuales se encontraban, la construcción VI fase colector comuna 10, instalación y/o reparación hidrantes, Instalación y/o reparación válvulas y ventosas y construcción del podaje poco a poco, entre otros.
No obstante lo anterior, con posterioridad al inicio de ejecución del convenio interadministrativo 111 de 2007, mediante Oficio 01905 de diecisiete (17) de abril de 2008, EPN Empresas Públicas de Neiva E.S.P, informó a la ALCADÍA DE NEIVA, que la interventoría que la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA debía practicar en cumplimiento del Convenio 111 de 2007, a los contratos celebrados entre el MUNICIPIO DE NEIVA y EPN no correspondía al valor estimado en $42.531.119.346, por cuanto los siguientes convenios tenía ya contratada la interventoría por parte de FONADE:
OBJETO
TIPO
VALOR
PLAZO DE EJECUCIÓN
Construcción VI fase colector comuna 10
ALC-C
4.099.000.000
7 MESES
Instalación y/o reparación hidrantes
ALC-C
500.000.000
3 MESES
Instalación y/o reparación válvulas y ventosas
ALC-C
240.000.000
3 MESES
Construcción del podaje poco a poco
ALC-C
10.000.000.000
11 MESES
TOTAL
14.839.000.000
Es decir, durante la ejecución del convenio interadministrativo se presentó un hecho imprevisible e irresistible, pues por obrar de una entidad del orden nacional externa a las partes y sin mediación alguna de estas, le fue informado al MUNICIPIO que cuatro de las interventorías contratadas con la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, contaban con interventoría por parte de FONADE, y por lo tanto no podían ser ejecutadas paralelamente, pues implicaría una doble interventoría lo cual no solo es permitido por la ley, sino que además, implicaría un detrimento patrimonial, por tanto, se hizo imposible el cumplimiento del objeto contractual en cuanto a adelantar la interventoría para aquellos contratos que ya tenían interventoría de FONADE.
Presentada la anterior novedad, se observa que el MUNICIPIO DE NEIVA, a través de los oficios No. 982, 983 y 984 de quince (15) de mayo de 2008, procedió a informarle a la UNIVERSIDAD de la novedad contenida en el Oficio 01905 de diecisiete (17) de abril de 2008, es decir, que no era posible ejecutar totalmente el objeto del convenio, puntualmente respecto de cuatro proyectos, frente a los que requería las devoluciones de dinero a que hubiere lugar en el momento de la liquidación del contrato.
Nótese, que le Municipio se limitó a informar de la novedad, del hecho acaecido por el exclusivo obrar de FONADE, y en ningún momento expidió acto administrativo alguno mediante el cual modificara de manera unilateral y por mera voluntad de dicho ente territorial el convenio interadministrativo, por lo cual, considera el Ministerio Publico que no es acertado hablar de una modificación unilateral del contrato.
En este orden de ideas, contrario a lo indicado por la universidad, el objeto del convenio no fue modificado de manera alguna, pues acá lo sucedido fue la imposibilidad de la ejecución del objeto en cuanto a esos cuatro proyectos, lo cual fue informado a la UNIVERIDAD para que se adoptaran las medidas necesarias y se realizaran las devoluciones de dinero a que hubiere lugar en el momento de la liquidación del contrato.
La fuerza mayor se configura en este caso, pues siguiendo los lineamientos jurisprudenciales expuestos anteriormente, encuentra el Ministerio Publico que la decisión tomada por FONADE fue intempestiva e inconsulta por lo que resultó imprevisible e irresistible para las partes contratantes. Imprevisible para el Municipio de Neiva, ciertamente la UNIVERSIDAD manifestó un falta de planeación, pero no sustento el porqué de ello, o porque razón el MUNICIPIO contaba con los elementos o debía de poder predecir tal decisión por parte de FONADE, e irresistible para ambos contratantes, pues se creó un hecho ante el cual al existir ya interventorías en esos contratos asignadas por FONADE y, que ya estaba operando, resultaba imposible para ambas partes oponerse a tal decisión, por lo que ello deviene en una fuerza mayor.
ii) Frente al restablecimiento del equilibrio contractual solicitado por la UNIVERSIDAD
Sea lo primero recordar, que si bien en la cláusula cuarta (forma de pago) del convenio interadministrativo 111 de 2007, el MUNICIPIO se comprometió a cancelar a la UNIVERSIDAD la suma de $2.046.243.173, dividida en tres pagos correspondientes a un anticipo del 50%, un segundo pago del 45% a los tres meses de iniciado el convenio y un 5% a la firma del acta de terminación y entrega del informe final, lo cierto es, que dicha cláusula fue modificada a través del otrosí de veinticuatro (24) de octubre de 2007, en el cual se dispuso: “5) Que el pago del presente convenio es por obra realizada y no por tiempo de duración de la misma, es decir que el presente convenio está sujeto a la terminación de las obras (…)”, es decir, las partes acordaron que el pago sería por obra ejecutada y no por tiempo.
Nótese que la UNIVERSIDAD accedió a suscribir sin salvedades el otrosí antes mencionado, así como los cinco adicionales en los cuales se ampliaba el plazo de ejecución del convenio.
Así las cosas, no se comparte la posición de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA en el sentido desconocer su propia manifestación de voluntad y en alegar años después un presunto desequilibro contractual, cuando está probado que expresamente pactó que las adiciones en tiempo que se pactaron voluntariamente y fueron aceptadas sin salvedad alguna por la UNIVERSIDAD, no generaban un mayor valor al convenio.
De igual manera, se evidencia el desconocimiento de su apoderado de las pruebas obrantes en el proceso que nos ocupa, porque aunque en la contestación de la demanda señaló que el otrosí no modificó las cláusulas tercera y cuarta del convenio (valor y forma de pago), y específicamente que el “considerando” que expresaba que el pago era por obra y no por duración correspondía a “un error de transcripción cometido por el Municipio al momento de redactarlo, tal y como lo demuestran los demás documentos contractuales, las reglas de interpretación de los contratos y la sana lógica”, se evidenció que en el plenario obra el acta “SUSTENTACIÓN DEL OTROSÍ AL CONVENIO 111 DEL 2007”, suscrita el 2 de mayo de 2007 por los coordinadores del convenio, por el supervisor y por el Director de Interventoría del Convenio 602 (todos de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA), en la que se dejó la siguiente constancia:
“Es necesario que el personal que se contrate para la ejecución del Convenio se hará por medio de CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, y su labor iniciara (sic) el día que se firme acta de inicio del contrato entre el personal y los supervisores y terminará cuando se acabe la labor asignada en el contrato previa certificación de los coordinadores nombrados por la Facultad de Ingeniería. Esto quiere decir que el pago se hará por labor ejecutada y certificado y no por tiempo de duración del servicio” (Subrayado y negrilla fuera del texto)
Lo anterior, para significar que el considerando del otrosí de veinticuatro (24) de octubre de 2007, que expresaba que el pago del convenio sería por obra y no por duración no fue un error de transcripción como lo quiere hacer ver la defensa de la UNIVERSIDAD, sino que en realidad dicha modificación fue la manifestación de la voluntad de las partes respecto a la forma de pago.
Tampoco se puede desconocer, que la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA no argumentó de manera alguna en su contestación de la demanda y en la demanda de reconvención, que si haya ejecutado la interventoría de los contratos relacionados con la “Construcción VI fase colector comuna 10; Instalación y/o reparación hidrantes; Instalación y/o reparación válvulas y ventosas y Construcción del podaje poco a poco, y por el contrario obra el testimonio de Jaime Saavedra Perdomo, que frente al tema señaló lo siguiente: “(…) el primer tropiezo que tuvimos fue en el contrato de podaje … nosotros comenzamos a ir allí a hacer la interventoría y encontramos otros interventores, entonces allí se formó el inconveniente, porque había duplicidad de funciones… hasta que Empresas Públicas no se dieron la orden que no nos dejaran entrar más.”
Ahora bien, en cuanto a la pérdida de la oportunidad alegada por la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, no se comparte dicho argumento, por cuanto los convenios interadministrativos son mecanismos jurídicos que procuran la gestión mancomunada de entidades que se articulan mediante la suscripción de acuerdos jurídicos, en los cuales los concurrentes conjugan esfuerzos para el logro de sus fines, materializando los principios de coordinación y cooperación sin que ello implique desprenderse de la ejecución de sus propias funciones.
En consecuencia, es preciso señalar que la cooperación a través del convenio no busca el lucro o prestaciones patrimoniales a los extremos contractuales, pues su característica es que no persiguen un enriquecimiento económico a los extremos suscriptores, pues su objetivo primigenio es cumplir con sus fines institucionales de carácter social y del bien común.
Lo anterior en palabras del Consejo de Estado ha sido expuesto así:
“Así, es viable distinguir entre “convenios interadministrativos” (denominación dada por las partes) de contenido patrimonial, los cuales se someterán al régimen de los contratos interadministrativos, y otros que si bien implican obligaciones y responsabilidades para los intervinientes, no tienen un interés puramente económico (es decir, destinados a obtener una ganancia), al girar en torno solamente a la forma de complementar y articular las funciones de cada entidad, mediante el intercambio de información, el apoyo logístico, la facilitación de infraestructuras, etc., para mejorar la eficiencia de la gestión pública, así como la utilización conjunta de medios y servicios públicos en el ámbito de los principios constitucionales de economía, celeridad y eficacia para el logro del bien común.
Lógicamente, en los convenios interadministrativos propiamente dichos, es posible que cada entidad incurra en costos y gastos , y en ejecución de su propio presupuesto para cumplir sus funciones y los compromisos adquiridos para con la otra, razón por la cual bien pueden comprender la asunción de aportes económicos o financieros, pero sin que su objeto esencial lo constituyan prestaciones propias de los contratos interadministrativos, o el pago un precio o una remuneración por un servicio prestado o por un bien adquirido o por una obra realizada por una a favor de la otra, pues en tales eventos se estará en presencia de verdaderos contratos, (…)”
Esto, por cuanto al hablar de los contratos y convenios interadministrativos, en donde como mínimo participan dos entidades públicas, esta modalidad de contratación directa se da con el interés de fortalecer mancomunadamente un proyecto que satisfaga la necesidad de la una población o comunidad específica, bien sea, como coadyuvantes la una con la otra o contrayendo obligaciones como cualquier otro tipo de contrato.
Es de resaltar, es que por medio del acuerdo de voluntades las dos entidades públicas, aúnan esfuerzos, para cooperar, coordinar, distribuir competencias y colaborar entre sí, para lograr su finalidad, es decir, ambas entidades están cumpliendo fines esenciales de su misionalidad, lo que significa que lo que significa que ninguna de las dos obtendrá como tal una ganancia económica.
Todo lo anterior para concluir, que no se considera posible ordenar el restablecimiento del equilibrio contractual solicitado, por cuanto conforme con la forma de pago pactada por las partes, si el ente universitario no prestó dichos servicios, debe proceder a devolver el dinero que le fue transferido por el MUNICIPIO, pues de lo contrario existiría un enriquecimiento sin causa, tal y como fue señalado por el A Quo.
iii) Incumplimiento del convenio interadministrativo
Se debe señalar de manera inicial que, los convenios a más de reglar una relación jurídica de contenido económico, también crean relaciones obligacionales conmutativas en virtud del negoción jurídico; estas obligaciones se pactan de dos extremos, de una parte un deudor que debe realiza una actividad o prestación a favor del acreedor, quien es el receptor de la prestación, ello implica que la actividad del deudor se hace en favor del acreedor en procura de satisfacer el pago de una actividad suministrada a su favor y que genera la satisfacción del objeto para el cual se concertaron o suscribieron el acuerdo negocial.
Esta relación conmutativa además de estar previamente establecida en el clausulado del convenio debe valorarse en la medida que los dos extremos de la relación contractual se unen o conciertan con el fin de ejecutar una actividad de mutuo conveniencia para sus intereses misionales.
Para el caso concreto, frente al incumplimiento del convenio el Tribunal cuestionó al MUNICIPIO DE NEIVA el incumplimiento por el no pago del 5% final de la forma de pago del mismo y respecto del incumplimiento por parte de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, no desarrolló en la decisión de manera puntual las razones por las cuales consideraba que hubo incumplimiento de su parte, por lo cual, el Ministerio Público considera que no solo no se sustentó por parte del A quo el supuesto incumplimiento de la UNIVERSIDAD sino que no existió incumplimiento alguno.
En criterio de la Delegada, la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA no incumplió el convenio No. 111 de 2007, por cuanto si bien, no desarrolló la interventoría de la totalidad de las obras que habían sido contempladas en el objeto del convenio, ya sabemos que fue debido a una fuerza mayor, lo cual hizo de imposible cumplimiento una parte del objeto del contrato, sin que ello pueda ser atribuible a incumplimiento de ninguna de las partes.
En cuanto al MUNICIPIO, se reitera que la forma de pago del convenio fue modificada por el otrosí de veinticuatro (24) de octubre de 2007, pactándose que estaba sujeta a la terminación de las obras y las mismas ya se habían pagado; así las cosas, si no podían ejecutarse los cuatro proyectos informados en el Oficio 01905 de diecisiete (17) de abril de 2008, no vemos porqué se considera que exista incumplimiento más cuando ya había cancelado al ente universitario, incluso en exceso.
Conforme a lo expuesto, este agente del Ministerio Público se separa de lo resuelto en el fallo de primera instancia, pues considera que no existe incumplimiento parcial de las obligaciones por parte del MUNICIPIO DE NEIVA o de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, por lo que se solicita revocar el resuelve primero del fallo.
iv) ¿es correcto el valor a devolver establecido por el Tribunal?
Frente a la inconformidad del MUNICIPIO DE NEIVA por el monto de dinero a reintegrar por la no ejecución de la interventoría en los cuatro contratos relacionados en este concepto, sea lo primero indicar, que se comparte la posición del A Quo relacionada con ordenar su devolución, pues fueron dichas sumas de dinero las trasferidas por el MUNICIPIO DE NEIVA a la UNIVERSIDAD SUR COLOMBIANA, en desarrollo del convenio, en virtud de la forma de pago inicialmente pacta en la cláusula cuarta del convenio.
Ahora bien, en cuanto al descuento del 5% correspondiente al último pago, se considera que fue correcta la interpretación del Tribunal, pues si la devolución de los $741.950.00 se ordenó de manera completa, es lógico que se debe aplicar el descuento de lo no pagado por el MUNICIPIO, pues la devolución fue ordenada por el 100% del valor de los cuatro contratos no supervisados.
CONCLUSIÓN
Con base en todo lo anterior, la Procuraduria Delegada de Intervencion 9: Cuarta ante el Consejo de Estado, solicita que la sentencia de primera instancia de dieciséis (16) de julio de 2024, del Tribunal Administrativo del Huila, sea MODIFICADA en cuanto a CONFIRMAR la liquidación judicial del convenio No. 111 de 2007 celebrado entre la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA y la ALCADÍA DE NEIVA en los mismos términos del fallo impugnado, pero REVOCAR la declaratoria de incumplimiento parcial de las partes, de acuerdo con los argumentos antes expuestos.
Del Honorable Magistrado,
CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA
Procurador Delegado de Intervención 9:
Cuarto ante el Consejo de EstadoL