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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

CONTRATO ESTATAL: manifestó que la administración departamental no contrató en su momento la vigilancia

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Fecha
2024-02-22
Radicado
IUS 2014-286954
Sección / Sala
SALA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ELECCION POPULAR
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202408061550210.DOCX

Síntesis del concepto

CONTRATO ESTATAL: manifestó que la administración departamental no contrató en su momento la vigilancia

En resumen

CONTRATO ESTATAL-Existen diferencias en la naturaleza jurídica de la supervisión y la interventoría de estos Presunto desconocimiento de los principios que rigen la contratación estatal, por parte de los funcionarios vinculados a la Gobernación de San Andrés, al omitir adelantar oportunamente las gestiones para que el contrato interadministrativo 540 del 2012, suscrito con la IPS Universitaria de Antioquia para la administración de la red pública hospitalaria, contara con la debida vigilancia y control; por lo que, entre el 1 de agosto del 2012 y el 7 de noviembre de 2014, y, entre el 31 de diciembre del 2014 y el 17 de septiembre del 2015, careció de ella. Se reprochó que no se tuvo en cuenta la prueba documental que demuestra que se realizaron comités de seguimiento técnico, científico y financiero del contrato interadministrativo 540 del 2012. Adicionalmente, los testimonios solo se valoraron en lo desfavorable a los procesados.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Ley 1952 de 2019
  • Ley 2094 de 2021
  • Constitución Política

Puntos que trata

  • Fallo de segunda instancia: Confirma fallo de 1 instancia de Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, declarando responsabilidad
  • Conducta: Omitir adelantar oportunamente gestiones para que contrato interadministrativo 540 de 2012 contara con debida vigilancia y control
  • Competencia: De Sala Disciplinaria de Juzgamiento de servidores de Elección Popular para conocer de estas diligencias por disposición legal
  • Competencia: De Procuraduría General de la Nación para investigar, juzgar y sancionar servidores públicos de elección popular, según sentencia de la Corte Constitucional

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

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Supervisión e interventoría

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Texto del documento 61.130 caracteres
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA-Confirma fallo de 1 instancia de Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, declarando responsabilidad disciplinaria de Gobernadora y Secretarios Departamentales de Salud de San Andrés CONDUCTA-Omitir adelantar oportunamente gestiones para que contrato interadministrativo 540 de 2012 contara con debida vigilancia y control COMPETENCIA-De Sala Disciplinaria de Juzgamiento de servidores de Elección Popular para conocer de estas diligencias por disposición legal COMPETENCIA-De Procuraduría General de la Nación para investigar, juzgar y sancionar servidores públicos de elección popular, según sentencia de la Corte Constitucional PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN-Es competente para investigar, juzgar y sancionar a servidores de elección popular bajo un condicionamiento En este orden de ideas, desde la lectura constitucional autorizada por la Corte Constitucional, armonizada con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la CorteIDH, la Procuraduría General de la Nación es competente para investigar, juzgar y sancionar a los servidores públicos de elección popular, bajo un condicionamiento, cual es que las decisiones sancionatorias de destitución, suspensión e inhabilidad, que implican las restricción de derechos políticos, frente a servidores que se encuentran ejerciendo el cargo, no pueden quedar ejecutoriadas ni ser ejecutables, por lo tanto quedan suspendidas, hasta que su determinación final se defina por medio de sentencia que expida el juez contencioso administrativo RECURSO DE APELACIÓN-Otorga competencia a funcionario de 2 instancia para revisar únicamente aspectos impugnados y aquellos que resultes inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación RECURSO DE APELACIÓN-Fue interpuesto y concedido en legal forma, acorde con lo dispuesto por la ley CONTRATO ESTATAL-Existen diferencias en la naturaleza jurídica de la supervisión y la interventoría de estos …..En efecto, como se indicó en el fallo impugnado, existen diferencias en la naturaleza jurídica de la supervisión y la interventoría, pues si bien son instrumentos que concretan actividades de vigilancia sobre la correcta ejecución de un determinado contrato estatal y el objeto contratado, lo cierto es que son figuras distintas. Se destaca que, mientras en la supervisión es la propia entidad estatal –a través de los funcionarios que integran sus dependencias- la que ejerce las tareas de inspección, seguimiento y verificación de la realización de las disposiciones contractuales en sus aspectos administrativo, financiero, contable y jurídico; la interventoría, implica la celebración de una especie de contrato de consultoría CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-No está demostrado que se haya pactado además de supervisión, la interventoría de tercero externo Para la Sala no tiene asidero que en el contrato interadministrativo se haya pactado, además de la supervisión, la interventoría por un tercero externo, lo cual muestra la importancia de esta última en términos de los fines del contrato, para después afirmar, por parte de los procesados, que con la supervisión o la interventoría provisional se suplió la vigilancia contractual, lo cual, como quedó demostrado en el proceso disciplinario, tampoco se cumplió en debida forma. DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN-Se tuvieron en cuenta criterios de graduación estipulados en el art. 47 del estatuto disciplinario imputando a secretarios procesados, agravantes contemplados en la ley GOBERNADOR-No era posible dar aplicación al art. 50 del CGD como causal de agravación, por hacer más gravosa la situación del procesado GOBERNADOR-Su conducta se calificó finalmente como falta grave a título de culpa grave FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA-Confirma fallo de 1 instancia declarando responsabilidad disciplinaria de procesados y modificando la de Gobernadora, redosificandola a suspensión de 6 meses Dependencia: Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular Radicado: IUS 2014-286954 / IUC D- 2016-99-708428 Investigados: Aury Guerrero Bowie Gonzalo [NOMBRE TACHADO] Miguel Alfredo May Salcedo Cargos: Gobernadora y secretarios departamentales de Salud Entidad: Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Asunto Fallo de segunda instancia Bogotá D.C. veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) Aprobado en Sala con Acta No. 07 P.D. Ponente: Andrea Nataly Bermúdez Sánchez ASUNTO La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por los investigados en contra del fallo sancionatorio de primera instancia proferido por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, el 9 de mayo de 2022. HECHOS Presunto desconocimiento de los principios que rigen la contratación estatal, por parte de los funcionarios vinculados a la Gobernación de San Andrés, al omitir adelantar oportunamente las gestiones para que el contrato interadministrativo 540 del 2012, suscrito con la IPS Universitaria de Antioquia para la administración de la red pública hospitalaria, contara con la debida vigilancia y control; por lo que, entre el 1 de agosto del 2012 y el 7 de noviembre de 2014, y, entre el 31 de diciembre del 2014 y el 17 de septiembre del 2015, careció de ella. ACTUACIONES PROCESALES 3.1. Con fundamento en informe oficial presentado, la Procuraduría Regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ordenó, mediante auto del 16 de octubre del 2015, el inicio de la indagación preliminar frente a personas por determinar. Posteriormente, el 22 de febrero de 2016, se ordenó vincular a la indagación preliminar a los sujetos procesales investigados, decisión notificada personalmente a los procesados. El asunto fue remitido por competencia a reparto entre las procuradurías delegadas 3.2. A través de decisión del 13 de marzo del 2017, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dispuso la apertura de la investigación disciplinaria frente a Aury Guerrero Bowie, Gonzalo [NOMBRE TACHADO] y Miguel Alfredo May Salcedo, en sus calidades de gobernadora y secretarios departamentales de salud de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El cierre de la investigación se profirió el 12 de marzo del 2019 y fue notificado el 18 siguiente. 3.3. El 3 de diciembre del 2019 la Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal, designada como funcionaria especial para adelantar actuaciones disciplinarias, formuló pliego de cargos frente a los procesados, por la comisión de la falta gravísima contenida en el artículo 48, numeral 31, a título de culpa gravísima. 3.4. Notificado el pliego de cargos, los destinatarios de la acción disciplinaria presentaron, escrito de descargos los días 10, 13 y 14 de febrero del 2020. 3.5. El 2 de agosto de 2021 el proceso fue remitido por competencia. Correspondió conocer del asunto a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, la que inicialmente avocó el conocimiento del asunto y reiteró la práctica de prueba en descargos y, posteriormente, en determinación del 18 de febrero del 2022, dio traslado para alegar de conclusión. Alegatos de clausura que fueron presentados en termino por los investigados. 3.6. El 9 de mayo de 2022 la procuraduría delegada profirió fallo de primera instancia en el que declaró a los procesados disciplinariamente responsables, imponiéndoles sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer función pública por el término de ocho (8) a Aury Guerrero Bowie, al paso que a los secretarios de salud departamentales [NOMBRE TACHADO] y May Salcedo se les sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de uno (1) y dos (2) meses respectivamente, pues el comportamiento desplegado por ellos fue definitivamente calificado a título de culpa grave. 3.7. El fallo sancionatorio fue notificado a los procesados el 10 de mayo del 2022, quienes presentaron recurso de apelación los días 13 y 16 del mismo mes, solicitando absolución frente a los cargos formulados. 3.8. El 23 de mayo del 2022 se concedió el recurso ante esta Sala de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular con el fin de que se desaten las apelaciones elevadas. Decisión RECURRIDA Dentro de la argumentación suministrada por el fallador de instancia, una vez narrados los antecedentes fácticos y procesales; identificados los procesados; establecida la competencia y realizado el recuento probatorio, se tiene: La investigada Guerrero Bowie ocupó el cargo de Gobernadora del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el periodo comprendido entre 2012-2015. Así mismo, los demás procesados ejercieron como secretarios departamentales de salud entre el 20 de julio del 2012 al 8 de febrero del 2013 Gonzalo [NOMBRE TACHADO] y del 3 de julio del 2013 al 4 de enero del 2016 Miguel Alfredo May Salcedo. Se afirmó, que la gobernación departamental suscribió para el año 2012 con la Institución Prestadora de Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia «IPS UNIVERSITARIA”, el contrato interadministrativo 540 cuyo objeto era la «OPERACIÓN ASISTENCIAL Y LOGISTICA DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA». A su vez, estableció que, dentro del clausulado de tal negocio jurídico, se pactó la «CLAUSULA 9. INTERVENTORIA: La interventoría del presente contrato será realizada por EL DEPARTAMENTO» y la «CLAUSULA 14. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: El DEPARTAMENTO se obliga a: 10) Contratar la Interventoría del presente contrato de operación y facilitar el desarrollo de su gestión»; derivándose de ellas la obligación de ejercer actividades de supervisión, y, contratar la interventoría del contrato 540 del 2012. Indicó el fallo que la implicada Aury Guerrero Bowie vio comprometida su responsabilidad disciplinaria e incurrió en la infracción prevista en el numeral 31 del artículo 48 del Código Único Disciplinario -CUD- al no realizar oportunamente el proceso de contratación para la selección de interventor del contrato 540 del 2012. Igualmente, reprochó que se haya iniciado tal acuerdo de voluntades sin interventoría. Manifestó que la administración departamental no contrató en su momento la vigilancia, seguimiento y control. En relación con [NOMBRE TACHADO] y May Salcedo precisó que también incurrieron en el numeral 31 del artículo 48 citado, por, respectivamente, permitir que se iniciara la ejecución del contrato interadministrativo 540 sin interventoría y por no adelantar, dentro del periodo que se desempeñaron como secretarios de salud, el proceso de contratación de la interventoría, con excepción del lapso comprendido entre el 7 de noviembre y 31 de diciembre del 2014. Adujo que el principio de la contratación estatal que se vio quebrantado por el comportamiento de los investigados fue el de responsabilidad. La gobernadora, en tanto era la encargada de adelantar la actividad contractual y los procesos de selección. Así mismo, los secretarios departamentales de salud trasgredieron tal principio, pues debían buscar el cumplimiento de los fines estatales y vigilar el correcto funcionamiento del objeto contratado. Para la primera instancia, tal situación no solo permite establecer la tipicidad de la conducta, sino también reveló el desconocimiento del deber funcional. Afectándose la función administrativa confiada a los procesados, siendo Guerrero Bowie responsable, en punto de la ilicitud sustancial, de socavar los principios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y economía; mientras que los demás investigados solo comprometieron los dos últimos. En relación con la culpabilidad determinó que la gobernadora procesada incurrió en culpa gravísima por desatención elemental, al no ser diligente y «prever» las consecuencias de no suscribir un contrato de interventoría. Del mismo modo, precisó, que los secretarios de salud actuaron con culpa grave debido a que no observaron el cuidado necesario que un servidor público le daría al ejercicio de sus funciones. Una vez cumplidos los requisitos para establecer la responsabilidad disciplinaria por la infracción descrita en el numeral 31 del artículo 48, la autoridad de primera instancia optó por sancionar a los procesados, imponiéndole a Aury Guerrero Bowie sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas durante ocho (8) años; mientras que, los secretarios de salud departamentales [NOMBRE TACHADO] y May Salcedo recibieron el correctivo de suspensión en el ejercicio de sus cargos por uno (1) y dos (2) meses, respectivamente. Estas suspensiones fueron conmutadas de acuerdo con los ingresos devengados en la época de los hechos, resultando en montos de siete millones quinientos noventa pesos ($7.594.840) y diecisiete millones cuatrocientos dieciocho mil trescientos setenta y un pesos ($17.418.371). Argumentos de impugnación Una vez proferida y notificada la decisión disciplinaria del 9 de mayo del 2022, los investigados presentaron recurso de apelación, pretendiendo que se revoque el fallo y se les absuelva de los cargos formulados. Dentro de la argumentación propuesta refirieron: Coincidieron en afirmar que en el contrato interadministrativo 540 del 2012 previó la supervisión como mecanismo para vigilar las actividades contractuales, efectuándose tal seguimiento por la secretaria departamental. Precisaron que tal negocio jurídico, aun cuando no tuvo interventoría, nunca estuvo sin supervisión por parte de la secretaria de salud, conformándose incluso el Comité Provisional de Interventoría el que ejerció control y vigilancia. Así mismo, se indicó que no existió contradicción de las cláusulas contractuales, puesto, una de ellas indicaba que la interventoría provisional la realizaría la Secretaría de Salud, y así sucedió. Se reprochó que no se tuvo en cuenta la prueba documental que demuestra que se realizaron comités de seguimiento técnico, científico y financiero del contrato interadministrativo 540 del 2012. Igualmente, se adelantó un proceso de contratación de interventoría que fue declarado desierto. Adicionalmente, los testimonios solo se valoraron en lo desfavorable a los procesados. Los secretarios departamentales sostuvieron en la apelación presentada que se les sancionó con fundamento en la responsabilidad objetiva. El disciplinable Miguel Alfredo May Salcedo indicó que la sanción impuesta se fundó en la no contratación de interventoría, sin tener en consideración que aquello no era obligatorio dada la naturaleza del contrato 540 del 2012. Por otro lado, sostuvo [NOMBRE TACHADO] que se debió graduar la culpa grave de conformidad con los parámetros fijados en el código civil para concluir que no incurrió en la hipótesis de «no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios», en razón a que siempre hubo supervisión del contrato. CONSIDERACIONES La Sala de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular se pronuncia sobre los reparos efectuados contra la decisión disciplinaria del 9 de mayo del 2022, a fin de determinar si es procedente revocar la decisión sancionatoria proferida por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, o si, por el contrario, debe mantenerse incólume. En ese sentido, la Sala abordará los siguientes aspectos 6.1) Competencia 6.2) Análisis de los reparos formulados por los recurrentes 6.3) Culpabilidad 6.4) Dosificación 6.5) Conclusión y 6.6) Otras determinaciones. Competencia La Constitución Política, en el artículo 277, numeral 6, otorga a la Procuraduría General de la Nación la función de: «[6]. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular, ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley.» Dicha función se desarrolla en la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, que integran el Código General Disciplinario, vigentes desde el 29 de marzo del 2022. El artículo 1º de la Ley 2094 de 2021, señala: «[S]e le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas; inclusive los de elección popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley.» El artículo 16 de la citada norma, introdujo modificaciones a la Ley 1952 de 2019, en particular, en lo que respecta a la competencia de las Salas Disciplinarias, así: «[A]RTÍCULO 101. Competencia de las salas disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación contará con tres (3) Salas Disciplinarias, encargadas de conocer, según sus competencias, de la etapa de instrucción y juzgamiento. Estas Salas serán competentes, en lo que les corresponda, para conocer de los procesos disciplinarios contra los siguientes servidores públicos. El Vicepresidente de la República, los Ministros del Despacho, los Congresistas, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, el Gerente del Banco de la República y demás miembros de su Junta Directiva, el Alcalde Mayor de Bogotá, D. C., los Magistrados del Consejo Nacional Electoral, el Auditor General de la República, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Contador General, los Generales de la República y oficiales de rango equivalente, el · Personero y el Contralor de Bogotá, D.C., los Directores de Departamentos - Administrativos del orden nacional y del Distrito Capital, los miembros de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Viceprocurador, los Procuradores Delegados, los Procuradores Auxiliares, el Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, el Veedor, el Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, el Director Nacional de Investigaciones Especiales y el Secretario Privado de la Procuraduría General. También conocerán de los procesos disciplinarios de los demás servidores públicos del orden nacional de igual o superior categoría a los mencionados, siempre que la competencia no esté asignada a otra autoridad disciplinaria. La competencia de las Salas Disciplinarias se ejercerá respecto de las faltas cometidas con anterioridad a la adquisición de la calidad de los servidores enunciados en este artículo o durante su ejercicio, en este último caso, aunque hayan hecho dejación del cargo.» […] Como lo determinó el legislador, a la Procuraduría General de la Nación se le han reconocido funciones para investigar, juzgar y sancionar, si a ello hubiere lugar, a servidores públicos de elección popular, por hechos de naturaleza disciplinaria y, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Constitucional, en la sentencia C-030 de 2023, tal función es de naturaleza administrativa. De manera concreta, y ante los cambios normativos incorporados por el legislador al régimen disciplinario colombiano con la Ley 2094 de 2021, para adecuar el ordenamiento interno a lo dispuesto por la sentencia de la Corte IDH del 8 de julio de 2020, correspondió a la Corte Constitucional pronunciarse frente a la competencia de la Procuraduría General de la Nación, en particular, para investigar, juzgar y sancionar servidores públicos de elección popular. En la referida sentencia C-030 de 2023, la Corte Constitucional fijó una regla jurisprudencial que marca el lineamiento de la decisión, «la imposición de sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular requerirá la intervención de un juez», ahora bien, dicha reserva judicial sólo opera para servidores públicos que se encuentren en ejercicio del cargo, así lo refirió: «279. En suma, la Sala precisa la regla jurisprudencial derivada de una interpretación armónica y dialógica del artículo 23.2. de la CADH en el marco del bloque de constitucionalidad: esta corresponde a que la restricción o limitación temporal del derecho a ser elegido de un servidor de elección popular, en ejercicio de sus funciones, tiene reserva judicial y solo puede ser impuesta de manera definitiva por un juez de la República de cualquier especialidad, con las excepciones constitucionales expuestas previamente. Esta regla jurisprudencial guiará el análisis constitucional de la medida acusada.» En este orden de ideas, desde la lectura autorizada por la Corte Constitucional, armonizada con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH, la Procuraduría General de la Nación es competente para investigar, juzgar y sancionar a los servidores públicos de elección popular, bajo un condicionamiento, cual es que las decisiones sancionatorias de destitución, suspensión e inhabilidad, que implican las restricción de derechos políticos, frente a servidores que se encuentran ejerciendo el cargo, no pueden quedar ejecutoriadas ni ser ejecutables, por lo tanto quedan suspendidas, hasta que su determinación final se defina por medio de sentencia que expida el juez contencioso administrativo. Precisó la Corte Constitucional: «374. Lo anterior configura el remedio constitucional que armoniza y materializa los principios en tensión y evita un vacío regulatorio o una situación de incumplimiento de los estándares de la Carta. En concreto, evita poner en riesgo intereses superiores relacionados con la eficiencia y transparencia de la función pública y, ante todo, busca no debilitar la acción del Estado en cuanto a la lucha contra la corrupción, ordenada por la Constitución y tratados internacionales.» Con el fin de otorgar una mayor garantía en las actuaciones disciplinarias, sin importar la calidad del disciplinable, y para dar cumplimiento a la división de las etapas de instrucción y juzgamiento consagradas en la Ley 2094 de 2021, el legislador expidió el Decreto 1851 del 24 de diciembre del mismo año, cuyo artículo 11 modificó el artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000 que, en su numeral 3º, en lo pertinente dispone: «3]. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular tiene las siguientes competencias: […] b. Conocer de los recursos de apelación y de queja, al igual que de los impedimentos, recusaciones y conflictos de competencia que se presenten, en etapa de juzgamiento, en los procesos de conocimiento de los procuradores delegados, regionales, distritales y provinciales, en las actuaciones contra servidores públicos de elección popular» […]. (La Sala subraya). Por lo expuesto, procede la Sala como superior funcional en ejercicio de las facultades legales, en los términos del artículo 1.° de la Ley 2094 de 2021, así como en cumplimiento de lo contemplado en el artículo 22.3 del Decreto Ley 262 de 2000 a resolver las apelaciones formuladas por los investigados en contra el fallo sancionatorio proferido el 9 de mayo de 2022 por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, en tanto se trata de un recurso formulado sobre decisión proferida en proceso disciplinario en etapa de juicio de un servidor público de elección popular. Lo anterior, además, en el entendido de que el recurso fue interpuesto y concedido en legal forma, acorde con los artículos 109 y 111 de la Ley 734 de 2002 -CDU-, vigente para la época de su presentación, según la regla de transición normativa. Dicha competencia es atribuida a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular dentro del delimitado marco que define el parágrafo del artículo 171 del -CDU-, en los siguientes términos: «[E]l recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación. Por ello, a continuación, esta Colegiatura se pronunciará respecto de los argumentos contenidos en la apelación interpuesta por los disciplinables, contra lo expuesto y decidido en el fallo apelado.» Por ello, a continuación, se pronunciará respecto de los argumentos contenidos en la apelación interpuesta contra lo expuesto y decidido en el fallo apelado. Análisis de los reparos formulados por los recurrentes En las impugnaciones presentadas se reprochó, en primer lugar, la imputación por la ausencia de contratación de la interventoría del contrato interadministrativo 540 del 2012, precisando que, si bien aquella no fue contratada, tal negocio jurídico siempre tuvo supervisión y vigilancia. Así mismo, censuraron que el fallo de primera instancia no tuviera en cuenta, según los apelantes, la prueba documental de los comités de seguimiento realizados, y que se adelantó un procedimiento de selección de interventoría que fue declarado desierto. Complementaron diciendo que los testimonios practicados solo fueron tomados para desfavorecerlos. Frente a lo anterior, es de indicar por parte de esta Sala que no son de recibo los reparos formulados, por las siguientes razones: Reparos frente a la vigilancia del contrato interadministrativo 540 del 2012 Cierto es, como lo refieren los censores, que el contrato interadministrativo 540 del 2012 previó en la cláusula novena como mecanismo para la vigilancia de las actividades contractuales que la “interventoría del contrato” sería realizada de manera provisional por el Departamento, para ello conformó un “Grupo interdisciplinario provisional de apoyo a la supervisión al convenio interadministrativo 540 de 2012”, llamado a realizar acciones de carácter científico, administrativo, “técnico”, financiero y legal, con la finalidad de verificar el cumplimiento del contrato, con ello, entienden los disciplinables que se cumplió con el ejercicio del control y vigilancia dentro del acuerdo de voluntades en cuestión, por lo que no habría lugar al reproche disciplinario. En todo caso, en la cláusula catorce del contrato interadministrativo citado se estableció como una obligación del Departamento, contratar la interventoría del contrato de operación y facilitar el desarrollo de su gestión. Por su parte, el presente proceso tuvo por objeto establecer la responsabilidad de los recurrentes por no adelantar un procedimiento de selección que culminara con la contratación de la interventoría del contrato interadministrativo 540 del 2012, de una persona natural o jurídica, externa a la gobernación del archipiélago, que ejerciera tal labor, y contara con conocimientos especializados para ejercer la vigilancia del contrato interadministrativo. Omisión que implicó un quebrantamiento del principio de responsabilidad en el desenvolvimiento en la actividad y ejecución del contrato interadministrativo. Si bien los procesados sostuvieron que la secretaria de salud y la gobernación departamental efectuaron la vigilancia del contrato interadministrativo, constituyendo incluso, mediante Resolución 05396 del 11 de octubre del 2012, el Comité Provisional de Interventoría, lo que se encuentra acreditado es que aquél era insuficiente para que se ejerciera en debida forma la vigilancia y control necesaria y estipulada en el contrato para garantizar el cumplimiento oportuno y adecuado del mismo. En efecto, como se indicó en el fallo impugnado, existen diferencias en la naturaleza jurídica de la supervisión y la interventoría, pues si bien son instrumentos que concretan actividades de vigilancia sobre la correcta ejecución de un determinado contrato estatal y el objeto contratado, lo cierto es que son figuras distintas. Se destaca que, mientras en la supervisión es la propia entidad estatal –a través de los funcionarios que integran sus dependencias- la que ejerce las tareas de inspección, seguimiento y verificación de la realización de las disposiciones contractuales en sus aspectos administrativo, financiero, contable y jurídico; la interventoría, implica la celebración de una especie de contrato de consultoría, previo concurso de méritos, y consiste esencialmente en el seguimiento “técnico” que debe realizar un contratista con la experticia suficiente para determinar y aprobar la ejecución contractual. En este sentido, la supervisión no requiere conocimientos especializados en tanto que en la interventoría ellos son indispensables. De lo anterior se deriva, que en la actividad de supervisión denominada de “interventoría provisional”, desarrollada por la gobernación, y con la conformación del comité para tal fin dentro el contrato interadministrativo en cuestión, no se desarrolló, estrictamente, una actividad de interventoría, en tanto que no se contó con el conocimiento específico para el ejercicio de la vigilancia técnica por un tercero contratista con experiencia en la materia y que certificara la correcta realización del objeto negocial cual era la “operación asistencial y logística de la red pública hospitalaria del departamento…” En este sentido, se cuenta dentro de la actuación con tres actas del “Comité Provisional de Interventoría”, del 24 de octubre, 15 de noviembre y 28 de diciembre de 2012, dentro de él se designó como auditor técnico al secretario de infraestructura, quien participó en la primera y en la última reunión, limitando su intervención a señalar que “la firma constructora refiere pagar lo que le corresponda por la reparación de los pisos en lugar de hacerlo ellos mismos” al paso que en la última acta solo aparece su firma. Nótese como la auditoría técnica estaba referida a la infraestructura, lo que era solo una parte del objeto del contrato interadministrativo, era realizada por un funcionario de la gobernación, que no tenía un conocimiento especializado sobre la totalidad del objeto contractual, es decir, no tenía las características de una interventoría. Adicionalmente, esa “interventoría provisional” del contrato estatal no siempre se ejerció, esto es así porque el contrato 540 inició el 1 agosto del 2012 y solo hasta octubre del 2012 se emitió la Resolución 05396 del mismo que instituyó el Comité Provisional de Interventoría, interregno donde ni siquiera hubo vigilancia por la entidad estatal. Es importante destacar que en virtud de la distinción hecha entre la interventoría y la supervisión se hace evidente que en realidad esa “interventoría provisional” era una supervisión y seguía siendo necesaria una real interventoría, ejecutada por un tercero con conocimientos técnicos específicos, en atención a la especialidad del objeto contractual. Es por lo anterior que, contrario a lo dicho por los apelantes, el contenido de la cláusula contractual número 9, que permitió la “interventoría provisional” por parte del Departamento, al ser en realidad una supervisión, básicamente por realizarse directamente por la entidad y no tener la capacidad de vigilar y hacer seguimiento a aspectos técnicos; no eximía a la administración del cumplimiento de la obligación contenida en el numeral 14 del contrato interadministrativo, cual era contratar la interventoría. Se insiste que el objeto del contrato era la operación de la red pública hospitalaria del Archipiélago de San Andrés y que dentro del contenido obligacional se encontraba la prestación de los servicios de salud de alta, mediana y baja complejidad. La no contratación de interventoría aparejó que no se contara con alguien externo a la entidad con la pericia suficiente para establecer que se cumpliera en debida forma con los servicios de salud prestados por «IPS UNIVERSITARIA». La contratación de interventoría era una obligación de la entidad contratante, de la que no estaba exenta por haber provisionalmente establecido funciones de “auditoria técnica” en el marco del Comité Provisional para la Interventoría del Contrato 540-12. Esto en razón a que el propio clausulado contractual no contempló excepción alguna a tal deber y lo que resultaba claro es que dicha “interventoría provisional” se encontraba sujeta a la contratación de la interventoría, de suerte que, no teniendo el carácter de definitiva se extendió en el tiempo ante la ausencia de contratación del interventor. Es de apuntar que, la obligación del ente contratante para la interventoría no estaba condicionada por la naturaleza onerosa o gratuita del contrato. La administración departamental adquirió la obligación de contratar un interventor, es decir, del contrato interadministrativo 540 de 2012 surgió el deber que incumplió, fue una cláusula legalmente pactada en ejercicio de la autonomía contractual de las partes que lo suscribieron, de suerte que, el hecho de que este tipo de acuerdos no tengan establecida legalmente la necesidad de contratar la interventoría, no exime del cumplimiento de dicho deber u obligación contractual, pues, finalmente si la administración incluyó dicha cláusula en la minuta, es porque consideró necesario e importante que quedara pactada la vigilancia por un interventor externo. Lo anterior se afirma, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 40 de la ley 80 de 1993, que refiere que […] En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. […]. Es decir, que las partes contratantes en ejercicio de su autonomía de la voluntad tienen la facultad, dentro del marco de la actividad reglada que es la contratación estatal, de decidir las cláusulas negociales. La inclusión de un elemento accidental, como fue la obligación de contratar una interventoría para el contrato interadministrativo 540 de 2012, no implicaba que aquella clausula se pueda desconocer so pretexto de que no es un imperativo legal. Por el contrario, la fuerza vinculante de las disposiciones contractuales imponía la obligación de cumplir con la totalidad de ellas, pues, como viene de advertirse, la cláusula contractual de contratar la interventoría suponía su importancia para que el contrato administrativo se ejecutara en debida forma. Es decir, lo acordado entre la Gobernación de San Andrés, a través de la exgobernadora, y la IPS Universitaria de Antioquia era una ejecución coligada del objeto del contrato administrativo, con el objeto del contrato de interventoría, que debía tener como finalidad la vigilancia técnica de aquel. En ese sentido, la gobernadora departamental y los secretarios de salud procesados omitieron cumplir con una estipulación contractual a la que el departamento se comprometió, con lo que se quebrantó el principio de responsabilidad, pues, el control y vigilancia de la ejecución contractual quedó limitado a la denominada “interventoría provisional”, realizada directamente por la administración, y no a la interventoría propiamente dicha que debía efectuar un tercero con conocimiento técnicos específicos. Además, la no contratación de un tercero interventor conllevó a que se transgrediera el deber de la entidad contratante de cumplir con la cláusula pactada dentro del contrato interadministrativo, en otros términos, a incumplir su propio contrato. Esto supuso un desconociendo de los fines de la contratación estatal y, por ende, de los fines esenciales del estado, bajo el entendido de que, si la administración incluyó en el contrato interadministrativo la obligación de la interventoría, ello fue por su importancia para la ejecución del contrato principal, toda vez que, una forma de garantizar la debida ejecución de objeto contratado, y con ello la salvaguarda del derecho a la salud de los ciudadanos del departamento. En consecuencia, la no contratación efectuada, implicó el quebranto de uno de los principios de la contratación y la transgresión de la función administrativa en vista a que la actividad contractual del negocio interadministrativo 540 del 2012 se desarrolló sin que hubiera un control y vigilancia por parte de una persona natural o jurídica externa a la entidad contratante y con la pericia para establecer que el contratista de tal acuerdo interadministrativo realizaba correctamente la ejecución del objeto contractual. En virtud de lo expuesto, para la Sala resulta acertada la decisión adoptada por la primera instancia, y no comparte el argumento de la apelación según el cual con la supervisión o “interventoría provisional” realizada por parte de la gobernación y la secretaría de salud departamental, así como la constitución de un comité suplió la obligación asumida de contratar la interventoría. Reparos respecto de la valoración probatoria En los argumentos propuestos por los investigados, se afirmó que la autoridad de primer grado no realizó una valoración probatoria respecto de los medios allegados por la defensa, puntualmente, que no se tuvieron en cuenta los documentos donde se condensaban las actividades desarrolladas en los comités de seguimiento técnico, científico y financiero del contrato interadministrativo 540 del 2012 por el Comité Provisional de Interventoría. Los testimonios recaudados se analizaron solo en lo desfavorable a los procesados. Censuró May Salcedo, que no se tuvo en cuenta que en el año 2013 se adelantó un proceso de selección de interventoría que se declaró desierto. La Sala no encuentra fundados los reparos por las siguientes razones. La delegada de primera instancia en el acápite «III. Material probatorio obtenido durante la etapa de descargos», señaló, dentro de las pruebas recaudadas, las copias de las actas del comité de seguimiento conformado por la gobernación departamental. Así mismo, al abordar las exculpaciones mencionadas por los investigados en las etapas de descargos y alegatos de conclusión, refirió lo mencionado por ellos respecto a dicho comité. Contrario a lo afirmado por los recurrentes, en la parte considerativa de la decisión, el a quo valoró las actas del comité de seguimiento, así como las demás pruebas documentales y los testimonios. Se esa apreciación probatoria concluyó que, si bien los apelantes realizaron actividades de supervisión bajo la denominada “interventoría provisional”, lo cierto es que no se contrató la interventoría exigida por el artículo catorce, numeral décimo, del contrato interadministrativo 540 del 2012, incumpliéndose el principio de responsabilidad dentro de su actividad contractual. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, en punto de la vigilancia del objeto contractual, el contrato interadministrativo previó tres situaciones diferenciables: una, la contenida en la cláusula novena, sobre la “interventoría provisional”; y, las otras dos contenidas en la cláusula catorce, la del numeral tercero, referida a la supervisión propiamente dicha, y, la del numeral décimo, relativa a la obligación de contratar la interventoría. En este sentido, el reproche fundado en el incumplimiento de la contratación de la interventoría se demostró, al margen de que se hubieran realizado otras labores de vigilancia. Para la Sala no tiene asidero que en el contrato interadministrativo se haya pactado, además de la supervisión, la interventoría por un tercero externo, lo cual muestra la importancia de esta última en términos de los fines del contrato, para después afirmar, por parte de los procesados, que con la supervisión o la interventoría provisional se suplió la vigilancia contractual, lo cual, como quedó demostrado en el proceso disciplinario, tampoco se cumplió en debida forma. Las actas del comité de seguimiento no permiten acreditar que dentro de los lapsos comprendidos entre el 1 de agosto del 2012 hasta el 17 de septiembre del 2015 –con la excepción del contenido entre el 7 de noviembre y 31 de diciembre del 2014-, se haya contado con un contratista interventor con los conocimientos para establecer la correcta ejecución del contrato interadministrativo 540 del 2012. Se trató, entonces, de pruebas valoradas, pero no en el sentido pretendido por los procesados. Respecto a la evaluación desfavorable de los testimonios, es importante señalar que no fueron analizados solo respecto en lo desfavorable a los intereses de los investigados. Por el contrario, las declaraciones de los ciudadanos Martín Botero, Emiliana Bernad y Eloísa Martínez sirvieron para proporcionar el contexto a la autoridad disciplinaria sobre las circunstancias relacionadas con el contrato interadministrativo 540 del 2012. Estos ciudadanos narraron la necesidad de llevar a cabo ese acto y cómo la administración departamental realizó gestiones de supervisión a través del comité de seguimiento, incluso, con fundamento en su valoración la primera instancia, degradó la calificación subjetiva de la falta, respecto de los secretarios de salud, de culpa gravísima a grave, pero en nada varían la demostración sobre la falta de contratación de la interventoría. Ante el argumento defensivo que alega no se valoró la existencia un proceso de selección de interventoría adelantado en el año 2013, que fue declarado desierto, esta Sala, sin desconocer la ocurrencia de ese hecho, no encuentra que el mismo exima de responsabilidad a los procesados Guerrero Bowie y May Salcedo, pues lo que se debió hacer era la apertura de un nuevo proceso para la contratación del interventor o, según las circunstancias particulares, la modificación del contrato principal para que quedara plenamente definido por qué ya no se cumpliría la vigilancia contractual por un interventor externo, sino uno interno o un supervisor. El proceso de selección fallido correspondió al concurso de méritos 029 de 2013 y solo se inició hasta el 26 de septiembre de ese año, lo que quiere decir que el contrato comenzó su ejecución sin que se hubiera realizado la gestión pertinente para la contratación de la interventoría. Adicionalmente, el contrato 540 solamente contó con interventoría entre el 7 de noviembre y 31 de diciembre de 2014, en el contexto de un nuevo procedimiento de escogencia, es decir, transcurrieron más de dos años sin que se cumpliera con la obligación contractual; adicionalmente, desde esa fecha y hasta el 17 de septiembre del 2015 no se volvió a contar con interventoría. En conclusión, la ausencia de contratación de interventoría dentro de los lapsos indicados se encuentra suficientemente acreditada y no se advierte eximente de responsabilidad disciplinaria por la realización de un concurso de méritos declarado desierto en 2013, pues, claramente, en cumplimiento del principio de responsabilidad lo recomendable es que “el proceso de contratación para seleccionar al interventor se inicie al mismo tiempo con el proceso de contratación que tiene por objeto el contrato que va a ser vigilado, con el fin de que los dos contratos empiecen al mismo tiempo y el seguimiento se realice desde el momento en que empieza el plazo del contrato vigilado” y lo irrebatible es que durante la mayoría de su ejecución el contrato careció de interventoría por falta de contratación. Culpabilidad Las faltas disciplinarias solo son sancionables cuando se han cometido con dolo o culpa, quedando proscrito cualquier reproche que implique responsabilidad objetiva. El artículo 13 del CDU, señala: «ARTÍCULO 13. CULPABILIDAD. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa.» [Subrayas fuera del texto] Esta disposición normativa resulta importante para establecer que el derecho disciplinario, como manifestación sancionatoria del Estado, no prescinde de efectuar una valoración sobre la culpabilidad o la intencionalidad del procesado, exigiéndose que haya habido dolo o culpa en su actuar. Se requiere, por consiguiente, tener en cuenta, para la edificación de responsabilidad, no el mero incumplimiento de un deber -responsabilidad objetiva-, sino la convergencia de una relación subjetiva entre quien se investiga y el acto. La proscripción de la responsabilidad objetiva implica valorar el comportamiento voluntario o imprudente del disciplinado, esto no es otra cosa que la comprobación de que la conducta típica y sustancialmente ilícita se realizó con dolo o culpa y la concreción del principio de culpabilidad. Adicionalmente, la culpabilidad como categoría dogmática implica un juicio de reproche que recae sobre el presunto autor de la infracción, por el cual se le recrimina, que estando en la posibilidad de actuar conforme a lo mandado por el orden vigente, optó por realizar el comportamiento sancionado por la ley, sin que mediara justificación alguna. En materia disciplinaria la culpa, en cualquiera de sus modalidades, tiene como presupuesto la infracción al deber objetivo de cuidado, entendido aquel deber como el mandato de actuar conforme a las normas que regulan un especifico comportamiento frente a una determinada actividad. Ahora bien, dentro de las apelaciones presentadas, los secretarios departamentales afirmaron que se les sancionó con fundamento en la responsabilidad objetiva. El disciplinable Miguel Alfredo May Salcedo, desarrolló tal afirmación, indicando que la sanción impuesta orbitó en la no contratación de interventoría, sin tener en consideración que ella no era obligatoria en atención a que se trataba de un contrato interadministrativo. Por otro lado, sostuvo [NOMBRE TACHADO], que existió tal forma de responsabilidad, pues se debió graduar la culpa grave de conformidad con los parámetros fijados en el código civil; agregó, que no incurrió en la hipótesis de «no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios», en razón a que siempre hubo supervisión del contrato. La Sala reitera, contrario a lo afirmado, que la no obligatoriedad de la interventoría en los contrarios interadministrativos no avala a la administración departamental para incumplir el deber contractual que asumió. La actividad contractual como manifestación de la función administrativa debe estar encaminada a satisfacer los acuerdos a los que se ve obligado, pues el incumplimiento de aquellos apareja el quebrantamiento de los principios que la irradian, situación que sucedió en el presente caso, sin que ello conlleve una responsabilidad objetiva. Igualmente, se precisa, que la sanción impuesta por la autoridad de primer grado no solo fue producto de la valoración del mero hecho de no contratarse a un interventor para el contrato 540 del 2012. Sino que, se apreció el nexo subjetivo entre aquella circunstancia y los procesados. Para el caso particular de May Salcedo se estableció que el comportamiento fue desplegado con culpa grave a raíz de la inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones. El análisis del fallo de primer grado censuró el quebrantamiento culposo del deber funcional, fundado en que a pesar de ocupar el cargo de secretario de salud desde el 3 de julio del 2013, solo hasta el periodo comprendido entre el 7 de noviembre 2014 se contó con una interventoría, por aproximadamente un mes, después de eso se careció de ella hasta el 17 de septiembre del 2015. De ahí, la ausencia de diligencia y de atención, pues si bien la cartera de salud ejerció alguna vigilancia, no era la interventoría requerida contractualmente. En el presente caso, se quebrantó el deber de cuidado, en razón a que Miguel Alfredo May Salcedo desatendió, aun cuando podía comportarse conforme a derecho y predeterminar su actuar al cumplimiento de la normativa que regulaba la materia, el deber que le asistía de velar por el adecuado desarrollo del contrato 540 de 2012 y coordinar al interior de su dependencia lo relacionado con la actividad contractual. Circunstancia que implicó el desconocimiento de la reglamentación existente en el tráfico jurídico para aquella actividad y que establecía un determinado actuar, que no fue acatado. Teniendo en cuenta lo anterior, encuentra la Sala que la culpabilidad culposa, a título de culpa grave, que le fue atribuida al disciplinable May Salcedo debe mantenerse, dado su actuar imprudente y la trasgresión, por falta de cuidado, del deber que le fue encomendado para iniciar los procesos de contratación de la interventoría de manera tardía en las vigencias 2014 y 2015. Ahora bien, justamente atendiendo a la declaración de Martín Botero, representante legal de la firma interventora contratada por un lapso, quien indicó que la interventoría realizó verificaciones retrospectivas de los años 2012 al 2014, fue que la primera instancia consideró adecuado variar la imputación subjetiva de culpa gravísima a grave. Por otro lado, en lo que respecta al reparo esgrimido por el investigado [NOMBRE TACHADO], se aclara que la clasificación establecida para la culpa en el código civil no resulta aplicable en el proceso sancionatorio. En materia civil la culpa sí demanda de una confrontación objetiva con un estándar general, es decir, un reproche objetivo; en tanto que, el juicio de culpabilidad en el derecho sancionador comporta un reproche subjetivo de la conducta, lo que implica valorar las circunstancias particulares en que actuó el autor. Adicionalmente, en virtud del artículo 21 de la ley 734 del 2002, la aplicación de la integración normativa solo es posible en lo que no se encuentre regulado y siempre que no se contravenga la naturaleza del derecho disciplinario. En este sentido, se debe dar prevalencia a los principios contenidos en la legislación disciplinaria, dentro de los cuales se encuentra el de culpabilidad. Ante la regulación específica del derecho disciplinario, pero en especial porque en ese ámbito la responsabilidad sí está ligada de manera estrecha al daño, lo que no ocurre en sede del derecho disciplinario, donde la culpabilidad se funda en el juicio de reproche subjetivo, no resulta procedente la aplicación de la clasificación contemplada en el código civil, en este sentido, no es posible aplicar el criterio de «no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios», para valorar el actuar de [NOMBRE TACHADO]. Ahora bien, esta Sala concuerda con la primera instancia en que el investigado cometió la conducta con culpa grave, y no con culpa gravísima como se imputó provisionalmente en el pliego de cargos, por cuanto si bien inobservó el cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones, las circunstancias del hecho, de acuerdo con lo narrado por las testigos Emiliana Bernard y Eloísa Martínez, planteaban circunstancias particulares por la salida intempestiva de CAPRECOM y la necesidad de contratar rápidamente a la IPS UNIVERSITARIA. Respecto de la situación de Aury Guerrero Bowie, la primera instancia le atribuyó la culpabilidad a título de culpa gravísima por desatención elemental. La Sala concuerda con que la gobernadora conocía la importancia del contrato interadministrativo, pues tenía por objeto la prestación de los servicios asistenciales de salud, pese a ello no adelantó oportunamente los procesos de contratación para la interventoría. A ella, como ordenadora del gasto y responsable de la actividad contractual y servidora pública de elección popular le es exigible con mayor intensidad el principio de responsabilidad. Como se ha dicho, la existencia de otros mecanismos de supervisión del contrato no desdibuja la obligación que le asistía contractualmente para que se ejerciera a cabalidad la debida vigilancia y control de la ejecución del contrato interadministrativo. Sin embargo, esos otros mecanismos de vigilancia sí permiten establecer que la procesada no actuó bajo absoluta desatención elemental, al punto de dejar sin ningún control la ejecución del acuerdo contractual, sino que con el Comité de Interventoría por ella instalado realizó una actividad mínima encaminada a garantizar el cumplimiento del objeto contractual. Por lo anterior, considera la Sala que la procesada incurrió en la falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario y no por desatención elemental, pues deben valorarse igualmente frente a ella las circunstancias que rodearon los hechos investigados -y que sirvieron de fundamento para degradar la culpabilidad respecto de los demás procesados-, como son la inminencia de contratar el empresa prestadora del servicio de salud ante la salida de CAPRECOM, la actividad realizada para la contratación de la interventoría fallida, y el alcance retrospectivo de la interventoría contratada, lo que impone imputar la conducta a título de culpa grave en aplicación del numeral 9o del artículo 43 del CDU. Dosificación El artículo 44 del CDU establece las clases y límites de las sanciones disciplinarias, así: «ARTÍCULO 44. Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones: […] 3. Suspensión, para las faltas graves culposas. A su vez, el numeral 2 del artículo 45 y el artículo 46 ibidem, definen, en su orden la sanción de suspensión y su sucedáneo: ARTÍCULO 45. Definición de las sanciones. […] 2. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria […]. ARTÍCULO 46. Límite de las sanciones. La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial.» [Subrayas fuera del texto] En los términos del numeral 9º del artículo 43 de la Ley 734 de 2002 la realización típica de una falta gravísima cometida con culpa grave será considerada falta grave. Ahora bien, en el entendido que la falta atribuida a los procesados Aury Guerrero Bowie, Gonzalo [NOMBRE TACHADO] y Miguel Alfredo May Salcedo es una falta grave culposa la sanción que les corresponde es la de suspensión en el ejercicio del cargo por un término que oscila entre uno (1) y doce (12) meses, que en términos del artículo 46 transcrito, se convierte a salarios devengados al momento de la comisión de la falta. El fallo de primera instancia aplicó los criterios de graduación establecidos en el artículo 47 del estatuto disciplinario, imputando a los secretarios procesados las agravantes contempladas en los literales «c) El grave daño social de la conducta» y «j) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad» con fundamento en ello le impuso a Gonzalo [NOMBRE TACHADO] la sanción mínima, esto es, suspensión de un (1) mes, que convertido a los salarios percibidos al momento de la comisión de la infracción equivale a $7.594.840; y, a Miguel Alfredo May Salcedo sanción de suspensión de 2 meses, conmutada a $17.418.371; las que se confirman por la Sala. Respecto de la gobernadora, se tuvieron en consideración los mismos agravantes referidos para los otros dos procesados, contenidos en la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único -CDU-, pero adicionalmente se le aplicó retroactivamente el agravante incorporado en el artículo 50 del Código General Disciplinario -CGD- (Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021), en el literal h), referido a “La naturaleza de los perjuicios causados.” No es posible en este caso dar aplicación al artículo 50 del CGD, en tanto que la atribución de la mencionada causal de agravación, no vigente al momento de la comisión de los hechos, hace más gravosa la situación de la procesada. Razón por la cual, para dosificar su sanción, solo es posible tener como referente, en su integridad, el artículo 47 del CDU, en este sentido, siguiendo los criterios establecidos por la primera instancia, como fueron el grave daño social de la conducta; y, teniendo especial consideración en la pertenencia de la procesada al máximo nivel directivo de la entidad, en virtud de su calidad de gobernadora, frente a quien se exige en mayor medida el cuidado del debe objetivo y el cumplimiento del principio de responsabilidad, en atención a los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la sanción disciplinaria y los fines que busca, para Aury Socorro Guerrero Bowie se concreta la sanción de suspensión en 6 meses, que con ocasión a la cesación en el cargo se conmutará a los salarios devengados para la época de los hechos, correspondiendo a la cantidad de $48.427.542, esto según certificación expedida por la secretaria general de la gobernación departamental de San Andres. Conclusión De las consideraciones efectuadas se deriva que la decisión disciplinaria de primera instancia, emitida por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública el 9 de mayo del 2022, debe confirmarse, en cuanto declaro la responsabilidad disciplinaria de los procesados. Respecto de Aury Guerrero Bowie, se degrada la imputación subjetiva de culpa gravísima a culpa grave, en consecuencia, todos los disciplinados son sancionados por la comisión de falta grave con culpa grave. Otras determinaciones La Corte Constitucional, en la sentencia C-030 de 2023, hizo hincapié en la importancia de mantener incólume la reserva judicial de la imposición definitiva de las sanciones disciplinarias de los funcionarios elegidos popularmente, en ejercicio del cargo, en los casos de destitución, suspensión e inhabilidad, regla jurisprudencial que resultó de la armonización entre el nuevo contexto normativo establecido por la Ley 2094 de 2021, en el marco de la Constitución y el bloque de constitucionalidad, especialmente considerando el artículo 23.2 de la CADH. Así mismo, la Corte Constitucional realizó la integración y modulación del recurso extraordinario de revisión, bajo el entendido que «la activación del recurso automático de revisión exige que el sancionado esté en ejercicio del mandato popular, pues, de no ser así, deberá acudir a los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo». Dicho trato diferencial entre los servidores públicos de elección popular que están en ejercicio de sus funciones y los demás servidores públicos, de cara a las sanciones que las autoridades con funciones administrativas pueden imponer a unos y a otros, lo encontró la Corte razonablemente justificado «en la circunstancia de que la democracia participativa y la participación política sean «aspectos estructurales e inescindibles del modelo constitucional (Estado Social de Derecho) acogido por el Constituyente de 1991» (…). Lo anterior, porque el impacto de la sanción que restringe la participación política del afectado trasciende a la representación política efectiva y actual que aquel ejerce». Por lo tanto, en cumplimiento de lo expresado en la sentencia C-030 de 2023, se precisa que el presente fallo de segunda instancia cobrará ejecutoria de acuerdo con las normas procesales una vez surtida su notificación personal y procederá su ejecución inmediatamente, toda vez que la servidora pública de elección popular sancionado no se encuentra actualmente en ejercicio del cargo. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, RESUELVE: PRIMERO: Confirmar el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, el 9 de mayo de 2022, en tanto declaró la responsabilidad disciplinaria de Aury Guerrero Bowie, Miguel Alfredo May Salcedo y Gonzalo [NOMBRE TACHADO]. Segundo: Modificar la responsabilidad disciplinaria de Aury Guerrero Bowie a quien se declara responsable de la comisión de falta grave atribuida a título de culpa grave, en consecuencia, redosificar la sanción en imponer suspensión de 6 meses convertidos a salarios devengados al momento de la comisión de la falta, por lo que se le impone pagar $48.427.542. TERCERO: Notificar personalmente, por la Secretaría de la Sala, la presente decisión a los sujetos procesales, de conformidad con lo establecido en los artículos 101, 102 y 107 de la Ley 734 de 2002, a quienes se les indicará que, en cumplimiento de la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, la sanción cobrará ejecutoria de acuerdo con el artículo 119 del CDU, y su ejecución procederá inmediatamente por no ser procedente el recurso extraordinario de revisión. CUARTO: COMISIONAR, por la secretaría de la Sala, a la Procuraduría Regional del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por el término de cinco (5) días hábiles, con facultad para subcomisionar, para que le notifique la presente decisión a los procesados. QUINTO: Devolver, por la Secretaría de la Sala, el proceso a la dependencia de origen, previos los registros y anotaciones correspondientes, para que: a) Informe a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación las decisiones de primera y segunda instancia, para lo de su cargo; y, b) Realice las comunicaciones a que haya lugar para dar cumplimiento artículos 172 a 174 de la Ley 734 de 2002. NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE ANDREA NATALY BERMÚDEZ SÁNCHEZ Procuradora Delegada CARLOS HUMBERTO GARCÍA PARRADO Procurador Delegado LUIS FRANCISCO CASAS FARFÁN Procurador Delegado Presidente Elaboró: NBM (SDJSPEP) Revisó: ANBS (SDJSPEP) Aprobó: ANBS/LFCF/CHGP (SDJSPEP)

Fuente original

https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory