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clave: "pgn:responsabilidad_disciplinaria:202408061550210.DOCX"
titulo: "CONTRATO ESTATAL: manifestó que la administración departamental no contrató en su momento la vigilancia"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2024-02-22"
radicado: "IUS 2014-286954"
numero: "202408061550210.DOCX"
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# CONTRATO ESTATAL: manifestó que la administración departamental no contrató en su momento la vigilancia

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2024-02-22
- **Radicado:** IUS 2014-286954
- **Número:** 202408061550210.DOCX
- **Sección / Sala:** SALA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ELECCION POPULAR
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202408061550210.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Fallo de segunda instancia: Confirma fallo de 1 instancia de Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, declarando responsabilidad
- Conducta: Omitir adelantar oportunamente gestiones para que contrato interadministrativo 540 de 2012 contara con debida vigilancia y control
- Competencia: De Sala Disciplinaria de Juzgamiento de servidores de Elección Popular para conocer de estas diligencias por disposición legal
- Competencia: De Procuraduría General de la Nación para investigar, juzgar y sancionar servidores públicos de elección popular, según sentencia de la Corte Constitucional

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1952 de 2019
- Ley 2094 de 2021
- Constitución Política

## Extracto

CONTRATO ESTATAL-Existen diferencias en la naturaleza jurídica de la supervisión y la interventoría de estos Presunto desconocimiento de los principios que rigen la contratación estatal, por parte de los funcionarios vinculados a la Gobernación de San Andrés, al omitir adelantar oportunamente las gestiones para que el contrato interadministrativo 540 del 2012, suscrito con la IPS Universitaria de Antioquia para la administración de la red pública hospitalaria, contara con la debida vigilancia y control; por lo que, entre el 1 de agosto del 2012 y el 7 de noviembre de 2014, y, entre el 31 de diciembre del 2014 y el 17 de septiembre del 2015, careció de ella. Se reprochó que no se tuvo en cuenta la prueba documental que demuestra que se realizaron comités de seguimiento técnico, científico y financiero del contrato interadministrativo 540 del 2012. Adicionalmente, los testimonios solo se valoraron en lo desfavorable a los procesados.

## Descriptores temáticos

CONTRATO ESTATAL, Existen diferencias en la naturaleza jurídica de la supervisión y la interventoría de estos

## Guías prácticas relacionadas

- [Supervisión e interventoría](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/supervision-interventoria.md): Cuál de las dos figuras corresponde, cuándo la interventoría es obligatoria y quién responde.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — El juez del contrato no puede deducir del silencio una renuncia tácita, ni convertir la ausencia de salvedades en un requisito jurisprudencial de procedencia o prosperidad de una reclamación posterior.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:13001233300020170082001-74181-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:18001234000020190006702-71860-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020200230601-72791-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no existen pruebas que demuestren defectos en la planeación por parte de la entidad](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020170007602-68810-sentencia.md)

## Texto del documento

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA-Confirma fallo de 1 instancia de Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, declarando responsabilidad
disciplinaria de Gobernadora y Secretarios Departamentales de Salud de San Andrés
CONDUCTA-Omitir adelantar oportunamente gestiones para que contrato interadministrativo 540 de 2012 contara con debida vigilancia y control
COMPETENCIA-De Sala Disciplinaria de Juzgamiento de servidores de Elección Popular para conocer de estas diligencias por disposición legal
COMPETENCIA-De Procuraduría General de la Nación para investigar, juzgar y sancionar servidores públicos de elección popular, según sentencia de la Corte Constitucional
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN-Es competente para investigar, juzgar y sancionar a servidores de elección popular bajo un condicionamiento
En este orden de ideas, desde la lectura constitucional autorizada por la Corte Constitucional, armonizada con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la CorteIDH, la Procuraduría General de la Nación es competente para investigar, juzgar y sancionar a los servidores públicos de elección popular, bajo un condicionamiento, cual es que las decisiones sancionatorias de destitución, suspensión e inhabilidad, que implican las restricción de derechos políticos, frente a servidores que se encuentran ejerciendo el cargo, no pueden quedar ejecutoriadas ni ser ejecutables, por lo tanto quedan suspendidas, hasta que su determinación final se defina por medio de sentencia que expida el juez contencioso administrativo
RECURSO DE APELACIÓN-Otorga competencia a funcionario de 2 instancia para revisar únicamente aspectos impugnados y aquellos que resultes inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación
RECURSO DE APELACIÓN-Fue interpuesto y concedido en legal forma, acorde con lo dispuesto por la ley
CONTRATO ESTATAL-Existen diferencias en la naturaleza jurídica de la supervisión y la interventoría de estos
…..En efecto, como se indicó en el fallo impugnado, existen diferencias en la naturaleza jurídica de la supervisión y la interventoría, pues si bien son instrumentos que concretan actividades de vigilancia sobre la correcta ejecución de un determinado contrato estatal y el objeto contratado, lo cierto es que son figuras distintas. Se destaca que, mientras en la supervisión es la propia entidad estatal –a través de los funcionarios que integran sus dependencias- la que ejerce las tareas de inspección, seguimiento y verificación de la realización de las disposiciones contractuales en sus aspectos administrativo, financiero, contable y jurídico; la interventoría, implica la celebración de una especie de contrato de consultoría
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-No está demostrado que se haya pactado además de supervisión, la interventoría de tercero externo
Para la Sala no tiene asidero que en el contrato interadministrativo se haya pactado, además de la supervisión, la interventoría por un tercero externo, lo cual muestra la importancia de esta última en términos de los fines del contrato, para después afirmar, por parte de los procesados, que con la supervisión o la interventoría provisional se suplió la vigilancia contractual, lo cual, como quedó demostrado en el proceso disciplinario, tampoco se cumplió en debida forma.
DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN-Se tuvieron en cuenta criterios de graduación estipulados en el art. 47 del estatuto disciplinario imputando a secretarios procesados, agravantes contemplados en la ley
GOBERNADOR-No era posible dar aplicación al art. 50 del CGD como causal de agravación, por hacer más gravosa la situación del procesado
GOBERNADOR-Su conducta se calificó finalmente como falta grave a título de culpa grave
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA-Confirma fallo de 1 instancia declarando responsabilidad disciplinaria de procesados y modificando la de Gobernadora, redosificandola a suspensión de 6 meses
Dependencia:
Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular
Radicado:
IUS 2014-286954 / IUC D- 2016-99-708428
Investigados:
Aury Guerrero Bowie
Gonzalo [NOMBRE TACHADO]
Miguel Alfredo May Salcedo
Cargos:
Gobernadora y secretarios departamentales de Salud
Entidad:
Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Asunto
Fallo de segunda instancia
Bogotá D.C. veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Aprobado en Sala con Acta No. 07
P.D. Ponente: Andrea Nataly Bermúdez Sánchez
ASUNTO
La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por los investigados en contra del fallo sancionatorio de primera instancia proferido por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, el 9 de mayo de 2022.
HECHOS
Presunto desconocimiento de los principios que rigen la contratación estatal, por parte de los funcionarios vinculados a la Gobernación de San Andrés, al omitir adelantar oportunamente las gestiones para que el contrato interadministrativo 540 del 2012, suscrito con la IPS Universitaria de Antioquia para la administración de la red pública hospitalaria, contara con la debida vigilancia y control; por lo que, entre el 1 de agosto del 2012 y el 7 de noviembre de 2014, y, entre el 31 de diciembre del 2014 y el 17 de septiembre del 2015, careció de ella.
ACTUACIONES PROCESALES
3.1. Con fundamento en informe oficial presentado, la Procuraduría Regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ordenó, mediante auto del 16 de octubre del 2015, el inicio de la indagación preliminar frente a personas por determinar. Posteriormente, el 22 de febrero de 2016, se ordenó vincular a la indagación preliminar a los sujetos procesales investigados, decisión notificada personalmente a los procesados. El asunto fue remitido por competencia a reparto entre las procuradurías delegadas
3.2. A través de decisión del 13 de marzo del 2017, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal dispuso la apertura de la investigación disciplinaria frente a Aury Guerrero Bowie, Gonzalo [NOMBRE TACHADO] y Miguel Alfredo May Salcedo, en sus calidades de gobernadora y secretarios departamentales de salud de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El cierre de la investigación se profirió el 12 de marzo del 2019 y fue notificado el 18 siguiente.
3.3. El 3 de diciembre del 2019 la Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal, designada como funcionaria especial para adelantar actuaciones disciplinarias, formuló pliego de cargos frente a los procesados, por la comisión de la falta gravísima contenida en el artículo 48, numeral 31, a título de culpa gravísima.
3.4. Notificado el pliego de cargos, los destinatarios de la acción disciplinaria presentaron, escrito de descargos los días 10, 13 y 14 de febrero del 2020.
3.5. El 2 de agosto de 2021 el proceso fue remitido por competencia. Correspondió conocer del asunto a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, la que inicialmente avocó el conocimiento del asunto y reiteró la práctica de prueba en descargos y, posteriormente, en determinación del 18 de febrero del 2022, dio traslado para alegar de conclusión. Alegatos de clausura que fueron presentados en termino por los investigados.
3.6. El 9 de mayo de 2022 la procuraduría delegada profirió fallo de primera instancia en el que declaró a los procesados disciplinariamente responsables, imponiéndoles sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer función pública por el término de ocho (8) a Aury Guerrero Bowie, al paso que a los secretarios de salud departamentales [NOMBRE TACHADO] y May Salcedo se les sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de uno (1) y dos (2) meses respectivamente, pues el comportamiento desplegado por ellos fue definitivamente calificado a título de culpa grave.
3.7. El fallo sancionatorio fue notificado a los procesados el 10 de mayo del 2022, quienes presentaron recurso de apelación los días 13 y 16 del mismo mes, solicitando absolución frente a los cargos formulados.
3.8. El 23 de mayo del 2022 se concedió el recurso ante esta Sala de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular con el fin de que se desaten las apelaciones elevadas.
Decisión RECURRIDA
Dentro de la argumentación suministrada por el fallador de instancia, una vez narrados los antecedentes fácticos y procesales; identificados los procesados; establecida la competencia y realizado el recuento probatorio, se tiene:
La investigada Guerrero Bowie ocupó el cargo de Gobernadora del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el periodo comprendido entre 2012-2015. Así mismo, los demás procesados ejercieron como secretarios departamentales de salud entre el 20 de julio del 2012 al 8 de febrero del 2013 Gonzalo [NOMBRE TACHADO] y del 3 de julio del 2013 al 4 de enero del 2016 Miguel Alfredo May Salcedo.
Se afirmó, que la gobernación departamental suscribió para el año 2012 con la Institución Prestadora de Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia «IPS UNIVERSITARIA”, el contrato interadministrativo 540 cuyo objeto era la «OPERACIÓN ASISTENCIAL Y LOGISTICA DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA».
A su vez, estableció que, dentro del clausulado de tal negocio jurídico, se pactó la «CLAUSULA 9. INTERVENTORIA: La interventoría del presente contrato será realizada por EL DEPARTAMENTO» y la «CLAUSULA 14. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: El DEPARTAMENTO se obliga a: 10) Contratar la Interventoría del presente contrato de operación y facilitar el desarrollo de su gestión»; derivándose de ellas la obligación de ejercer actividades de supervisión, y, contratar la interventoría del contrato 540 del 2012.
Indicó el fallo que la implicada Aury Guerrero Bowie vio comprometida su responsabilidad disciplinaria e incurrió en la infracción prevista en el numeral 31 del artículo 48 del Código Único Disciplinario -CUD- al no realizar oportunamente el proceso de contratación para la selección de interventor del contrato 540 del 2012.
Igualmente, reprochó que se haya iniciado tal acuerdo de voluntades sin interventoría. Manifestó que la administración departamental no contrató en su momento la vigilancia, seguimiento y control.
En relación con [NOMBRE TACHADO] y May Salcedo precisó que también incurrieron en el numeral 31 del artículo 48 citado, por, respectivamente, permitir que se iniciara la ejecución del contrato interadministrativo 540 sin interventoría y por no adelantar, dentro del periodo que se desempeñaron como secretarios de salud, el proceso de contratación de la interventoría, con excepción del lapso comprendido entre el 7 de noviembre y 31 de diciembre del 2014.
Adujo que el principio de la contratación estatal que se vio quebrantado por el comportamiento de los investigados fue el de responsabilidad. La gobernadora, en tanto era la encargada de adelantar la actividad contractual y los procesos de selección. Así mismo, los secretarios departamentales de salud trasgredieron tal principio, pues debían buscar el cumplimiento de los fines estatales y vigilar el correcto funcionamiento del objeto contratado.
Para la primera instancia, tal situación no solo permite establecer la tipicidad de la conducta, sino también reveló el desconocimiento del deber funcional. Afectándose la función administrativa confiada a los procesados, siendo Guerrero Bowie responsable, en punto de la ilicitud sustancial, de socavar los principios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y economía; mientras que los demás investigados solo comprometieron los dos últimos.
En relación con la culpabilidad determinó que la gobernadora procesada incurrió en culpa gravísima por desatención elemental, al no ser diligente y «prever» las consecuencias de no suscribir un contrato de interventoría. Del mismo modo, precisó, que los secretarios de salud actuaron con culpa grave debido a que no observaron el cuidado necesario que un servidor público le daría al ejercicio de sus funciones.
Una vez cumplidos los requisitos para establecer la responsabilidad disciplinaria por la infracción descrita en el numeral 31 del artículo 48, la autoridad de primera instancia optó por sancionar a los procesados, imponiéndole a Aury Guerrero Bowie sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas durante ocho (8) años; mientras que, los secretarios de salud departamentales [NOMBRE TACHADO] y May Salcedo recibieron el correctivo de suspensión en el ejercicio de sus cargos por uno (1) y dos (2) meses, respectivamente. Estas suspensiones fueron conmutadas de acuerdo con los ingresos devengados en la época de los hechos, resultando en montos de siete millones quinientos noventa pesos ($7.594.840) y diecisiete millones cuatrocientos dieciocho mil trescientos setenta y un pesos ($17.418.371).
Argumentos de impugnación
Una vez proferida y notificada la decisión disciplinaria del 9 de mayo del 2022, los investigados presentaron recurso de apelación, pretendiendo que se revoque el fallo y se les absuelva de los cargos formulados

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

s criterios de graduación establecidos en el artículo 47 del estatuto disciplinario, imputando a los secretarios procesados las agravantes contempladas en los literales «c) El grave daño social de la conducta» y «j) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad» con fundamento en ello le impuso a Gonzalo [NOMBRE TACHADO] la sanción mínima, esto es, suspensión de un (1) mes, que convertido a los salarios percibidos al momento de la comisión de la infracción equivale a $7.594.840; y, a Miguel Alfredo May Salcedo sanción de suspensión de 2 meses, conmutada a $17.418.371; las que se confirman por la Sala.
Respecto de la gobernadora, se tuvieron en consideración los mismos agravantes referidos para los otros dos procesados, contenidos en la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único -CDU-, pero adicionalmente se le aplicó retroactivamente el agravante incorporado en el artículo 50 del Código General Disciplinario -CGD- (Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021), en el literal h), referido a “La naturaleza de los perjuicios causados.”
No es posible en este caso dar aplicación al artículo 50 del CGD, en tanto que la atribución de la mencionada causal de agravación, no vigente al momento de la comisión de los hechos, hace más gravosa la situación de la procesada. Razón por la cual, para dosificar su sanción, solo es posible tener como referente, en su integridad, el artículo 47 del CDU, en este sentido, siguiendo los criterios establecidos por la primera instancia, como fueron el grave daño social de la conducta; y, teniendo especial consideración en la pertenencia de la procesada al máximo nivel directivo de la entidad, en virtud de su calidad de gobernadora, frente a quien se exige en mayor medida el cuidado del debe objetivo y el cumplimiento del principio de responsabilidad, en atención a los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la sanción disciplinaria y los fines que busca, para Aury Socorro Guerrero Bowie se concreta la sanción de suspensión en 6 meses, que con ocasión a la cesación en el cargo se conmutará a los salarios devengados para la época de los hechos, correspondiendo a la cantidad de $48.427.542, esto según certificación expedida por la secretaria general de la gobernación departamental de San Andres.
Conclusión
De las consideraciones efectuadas se deriva que la decisión disciplinaria de primera instancia, emitida por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública el 9 de mayo del 2022, debe confirmarse, en cuanto declaro la responsabilidad disciplinaria de los procesados.
Respecto de Aury Guerrero Bowie, se degrada la imputación subjetiva de culpa gravísima a culpa grave, en consecuencia, todos los disciplinados son sancionados por la comisión de falta grave con culpa grave.
Otras determinaciones
La Corte Constitucional, en la sentencia C-030 de 2023, hizo hincapié en la importancia de mantener incólume la reserva judicial de la imposición definitiva de las sanciones disciplinarias de los funcionarios elegidos popularmente, en ejercicio del cargo, en los casos de destitución, suspensión e inhabilidad, regla jurisprudencial que resultó de la armonización entre el nuevo contexto normativo establecido por la Ley 2094 de 2021, en el marco de la Constitución y el bloque de constitucionalidad, especialmente considerando el artículo 23.2 de la CADH.
Así mismo, la Corte Constitucional realizó la integración y modulación del recurso extraordinario de revisión, bajo el entendido que «la activación del recurso automático de revisión exige que el sancionado esté en ejercicio del mandato popular, pues, de no ser así, deberá acudir a los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo». Dicho trato diferencial entre los servidores públicos de elección popular que están en ejercicio de sus funciones y los demás servidores públicos, de cara a las sanciones que las autoridades con funciones administrativas pueden imponer a unos y a otros, lo encontró la Corte razonablemente justificado «en la circunstancia de que la democracia participativa y la participación política sean «aspectos estructurales e inescindibles del modelo constitucional (Estado Social de Derecho) acogido por el Constituyente de 1991» (…). Lo anterior, porque el impacto de la sanción que restringe la participación política del afectado trasciende a la representación política efectiva y actual que aquel ejerce».
Por lo tanto, en cumplimiento de lo expresado en la sentencia C-030 de 2023, se precisa que el presente fallo de segunda instancia cobrará ejecutoria de acuerdo con las normas procesales una vez surtida su notificación personal y procederá su ejecución inmediatamente, toda vez que la servidora pública de elección popular sancionado no se encuentra actualmente en ejercicio del cargo.
En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular,
RESUELVE:
PRIMERO: Confirmar el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, el 9 de mayo de 2022, en tanto declaró la responsabilidad disciplinaria de Aury Guerrero Bowie, Miguel Alfredo May Salcedo y Gonzalo [NOMBRE TACHADO].
Segundo: Modificar la responsabilidad disciplinaria de Aury Guerrero Bowie a quien se declara responsable de la comisión de falta grave atribuida a título de culpa grave, en consecuencia, redosificar la sanción en imponer suspensión de 6 meses convertidos a salarios devengados al momento de la comisión de la falta, por lo que se le impone pagar $48.427.542.
TERCERO: Notificar personalmente, por la Secretaría de la Sala, la presente decisión a los sujetos procesales, de conformidad con lo establecido en los artículos 101, 102 y 107 de la Ley 734 de 2002, a quienes se les indicará que, en cumplimiento de la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, la sanción cobrará ejecutoria de acuerdo con el artículo 119 del CDU, y su ejecución procederá inmediatamente por no ser procedente el recurso extraordinario de revisión.
CUARTO: COMISIONAR, por la secretaría de la Sala, a la Procuraduría Regional del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por el término de cinco (5) días hábiles, con facultad para subcomisionar, para que le notifique la presente decisión a los procesados.
QUINTO: Devolver, por la Secretaría de la Sala, el proceso a la dependencia de origen, previos los registros y anotaciones correspondientes, para que: a) Informe a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación las decisiones de primera y segunda instancia, para lo de su cargo; y, b) Realice las comunicaciones a que haya lugar para dar cumplimiento artículos 172 a 174 de la Ley 734 de 2002.
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
ANDREA NATALY BERMÚDEZ SÁNCHEZ
Procuradora Delegada
CARLOS HUMBERTO GARCÍA PARRADO
Procurador Delegado
LUIS FRANCISCO CASAS FARFÁN
Procurador Delegado
Presidente
Elaboró: NBM (SDJSPEP)
Revisó: ANBS (SDJSPEP)
Aprobó: ANBS/LFCF/CHGP (SDJSPEP)

## Cómo citar esta fuente

Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL. 2024-02-22. Rad. IUS 2014-286954. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202408061550210.DOCX).
