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ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-contra el Ministerio de Educación, para que se decrete la nulidad de la Resolución No. 019344 del 24 de diciembre de 2018, por la cual se adjudicó la Licitación Pública LP-MEN-11-2018
ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Procedencia
CONTRATO ESTATAL-Marco legal
ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Procedencia
CONTRATOS ESTATALES-Naturaleza de los actos contractuales
CONTRATO ESTATAL-Marco legal
Así, para conciliar esas necesidades de asegurar la primacía del principio de legalidad y poder conceder al Estado un instrumento de acción pública consensuando y flexible, que sirva a involucrar a los operadores económicos de la sociedad en la consecución de los fines estatales, el régimen jurídico previsto por el Estatuto General de Contratación (Ley 80 de 1993), hace del contrato estatal un instrumento singular. Lo anterior, en la medida que por regla general, el régimen jurídico de los contratos estatales haría referencia a las disposiciones civiles y comerciales que rigen los contratos (art. 13), lo cual permitiría que en algunos aspectos pudiera interpretarse consultando la intención de las partes al momento de suscribir el contrato (art. 1618 C. Civil); sin embargo, el estatuto deja claro que en dicho ejercicio, siempre se deberá preferir aquella interpretación que se adecúe mejor a la consecución de las finalidades estatales, la continuación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos de los administrados pues la conductas de los ambos contratantes del contrato estatal están sometidas a la consecución de dichas finalidades (art.3 Ley 80 de 1993)
CONCEPTO N° 52 /2023
Bogotá D. C., 14 de marzo de 2023.
Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente Doctor [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
Referencia: 68.783 (25000-2336-000-2019-00455-01)
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Actor: Digicom System Corporation S.A. y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional
Honorable Magistrado:
En mi condición de agente de la señora Procuradora General de la Nación, y con fundamento en las competencias previstas en los artículos 277-7 de la Constitución Política, 30-2 del Decreto Ley 262 de 2000 y encontrándome dentro del término del traslado previsto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, procedo a rendir concepto dentro del proceso de controversias contractuales de la referencia así:
1. ANTECEDENTES
Por intermedio de apoderado judicial las sociedades Lockers Colombia S.A.S Digicom System Corporation S.A., integrantes del Consorcio ARCADOC FTIC- MEN presentaron demanda contra la Nación- Ministerio de Educación, en la que se formularon las siguientes pretensiones:
(…) PRIMERA. - Que se decrete la nulidad de la Resolución No. 019344 del 24 de diciembre de 2018, notificada en estrados, en audiencia pública de adjudicación, por medio de la cual EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL decidió adjudicar la Licitación Pública LP-MEN-11-2018 al proponente UNIÓN TEMPORAL MEN 2018, representada legalmente por JOSE JERDING DUEÑAS MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía [IDENTIFICACIÓN TACHADA], integrada por TANDEM S.A., con NIT [IDENTIFICACIÓN TACHADA] y la COMPANIA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S., con NIT [IDENTIFICACIÓN TACHADA], por la suma de OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MICTE ($ 8.549.604.496), incluido IVA.
SEGUNDA. – Que como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, condénese al EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL a reconocer y pagar a favor de las empresas LOCKERS COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. [IDENTIFICACIÓN TACHADA]; y DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A., identificada con NIT. [IDENTIFICACIÓN TACHADA], integrantes del CONSORCIO ARCADOC FTIC-MEN el valor de los perjuicios que le fueron causados por la no adjudicación de la Licitación Pública LP-MEN-11-2018 a la que tenía derecho por ser su oferta la mejor y más conveniente para la Entidad licitante. Dicha condenación al pago de perjuicios es equivalente al del valor de la utilidad legítima esperada por la ejecución del contrato, correlativo a la licitación por la suma de $1.029.613.929 M/cte.
TERCERA. – Que las sumas anteriores sean reconocidas, liquidadas y ajustadas conforme lo indica el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, teniendo de esta manera como base el Índice de Precios al Consumidor.
CUARTA. – Que las sumas reconocidas deberán devengar intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia conforme a lo señalado en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
QUINTA. – Que se condene a la entidad accionada al pago de las costas, agencias en derecho y demás gastos del proceso conforme lo indica el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. (…)
Como fundamento fáctico en las referidas demandas se relataron los hechos constitutivos de la controversia así:
Se adujo que el 20 de noviembre de 2018 las sociedades demandantes conformaron el Consorcio Arcadoc FTIC- MEN, con el objeto de participar en el proceso de licitación pública LP-MEN -11-2018 adelantado por el Ministerio de Educación Nacional, que tendría por objeto “(…) la PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO DE GESTIÓN Y ARCHIVO CENTRAL, CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, BODEGAJE Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (…)”, que tendría un presupuesto total de ($8.877.846.710) incluido IVA.
Se indicó en la demanda que el 26 de noviembre se llevó a cabo el cierre del referido proceso de licitación, en el cual presentaron propuestas, los siguientes proponentes:
EL 7 de noviembre de 2018, el Ministerio de Educación Nacional revisó y analizó los documentos allegados para proferir informe definitivo, en el cual se tuvo que el Consorcio Arcadoc FTIC-MEN- estaba habilitado jurídicamente y financieramente, pero se consideró como no habilitado técnicamente. Pese a haber elevado observaciones durante el traslado del informe final, el Consorcio demandante solo se calificaría como habilitado hasta el día de la adjudicación del contrato, el 24 de diciembre de 2018, después de haberse suspendido la audiencia de adjudicación el 19 de diciembre de 2018.
Ese mismo día, el Ministerio de Educación Nacional rechazó la oferta presentada por el Consorcio Arcadoc -FTIC- MEN, al considerar que éste “(…) no diligenció los valores de las casillas en las cuales se encuentra diligenciada la cantidad que se requiere contratar, se aplica el rechazo teniendo en cuenta la nota 3 señalada en la oferta económica. en consecuencia, no se da el respectivo puntaje (…)”; mediante Resolución 019344 del 24 de diciembre de 2018 adjudicó el contrato a la Unión Temporal MEN 2018.
Se señaló en la demanda que la nota No. 3 de la propuesta económica disponía lo siguiente:
“(…) NOTA No. 3: La propuesta económica deberá presentar todos los elementos y/o servicios requeridos por la entidad, so pena de rechazo de la oferta (…)”.
Por su parte la Nota 5 disponía:
“(…) NOTA No. 5: Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual. (… )”
Por su parte, el pliego de condiciones definitivo en el acápite denominado “Oferta” literal A) inciso 6 precisó lo siguiente:
“(…) En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en letras y en números, se tomará el valor expresado en letras en la oferta económica, la cual deberá estar diligenciada en un sobre electrónico distinto a los demás documentos y/o anexos, el proponente debe indicar claramente cuál es el precio propuesto de acuerdo al presupuesto establecido, así como su utilidad. Cualquier costo a cargo del proponente que sea omitido en la oferta se entenderá que se encuentra incluido y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de reclamación por restitución del equilibrio económico.” (…)
Agregó que, de acuerdo al literal J de los pliegos de condiciones definitivos no se evidencia la causal de rechazo de la oferta invocada por el Ministerio de Educación Nacional. Señaló que la propuesta económica del consorcio, (…) En ningún momento quedaron vacías las casillas correspondientes los ‘elementos y/o servicios que en últimas son las que causan el rechazo de acuerdo con la nota No. 3. (…). Aclaró que el consorcio en su propuesta económica siempre fue claro en señalar que su propuesta económica sería por $ 8’580.116.079, oo millones de pesos, y adujo que de no haberse rechazado la propuesta del Consorcio Arcadoc -FTIC- MEN este hubiera sido el adjudicatario.
Como fundamento jurídico de las pretensiones se señaló en la demanda que la Resolución No. 019344 del 24 de diciembre de 2018 se profirió en violación al artículo 209 de la Constitución Política, de la legalidad y el debido proceso. A su vez, se adujo que la referida Resolución se profirió con falsa motivación, pues no le era aplicable la Nota 3. Como causal de rechazo porque en ningún momento dejó de ofertar elementos y servicios, y desconoció las reglas obrantes en la nota No. 6 y en el inciso 6 del literal A) del acápite “Oferta” del Pliego de condiciones.
1.2. CONTESTACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, pues consideró que existía una ausencia de pruebas para desvirtuar la presunción de legalidad que recaía sobre la Resolución 019344 del 24 de diciembre de 2018. Adujo que “(…) La causal de rechazo se encuentra taxativamente en la nota 3 de la oferta económica pues su causal de rechazo no obedeció aspectos formales, encontrándose con ello ajustado en derecho el rechazo del oferente (…)”.
Adujo que pese a que el consorcio demandante adujo que no dejó de ofertar elementos y/o servicios que es lo que determinaba la nota 3, como causal de rechazo, resultaba evidente que no se diligenciaron los valores de las casillas en las cuales se encontraba la cantidad que requería contratar. En virtud de lo anterior, estimó que con aplicación del numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, no podía calificarse la propuesta
De igual forma se refirió al parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para considerar que los datos que debían indicarse en las referidas casillas no eran susceptibles de subsanación pues se trataba de aspectos económicos de la propuesta que no son susceptibles de subsanación.
1.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B en sentencia del 29 de octubre de 2021 se dispuso a:
(…) PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante. Se fija por concepto de agencias en derecho a favor de la parte demandada, la suma equivalente al 3% de las pretensiones de la demanda, que corresponden a la suma de $3.088.417.
TERCERO. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría de la Sección, liquídense los gastos del proceso, y en caso de remanentes, devuélvanse al interesado. Pasados dos (2) años sin que la parte demandante los haya reclamado, la mencionada secretaría declarará la prescripción a favor del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial. (…)”
Para arribar a la anterior decisión el Tribunal partió del problema jurídico consistente en:
¿Determinar la legalidad de la Resolución No? 19344 del 24 de diciembre de 2018, que adjudicó el proceso de licitación pública LP-MEN11-2018, conforme al criterio de rechazo de la oferta al diligenciamiento de las casillas conforme a las notas del formato de la oferta económica?
Frente a los problemas jurídicos planteados, la Sala del Tribunal, en primer lugar, se dispuso a referirse a los hechos probados dentro del plenario, en segundo lugar, al descender al caso concreto precisó que los cargos de nulidad se dirigían a objetar la indebida aplicación de las causales de rechazo de la oferta, con fundamento en el contenido de“(…)a la nota No. 5 de la oferta económica y el inciso No. 6 del literal A) de la ‘oferta’ por lo que se debió entender que no pretendía el pago por ese ítem (…)”. Por otro lado consideró que la defensa de la entidad demandada se dirigía a justificar la legalidad de acto enjuiciado sobre la causal de rechazo de v la oferta económica contenida en la nota No. 3 de la oferta económica, toda vez que no se diligenciaron los valores de las casillas en las que se encontraba la cantidad que se requería contratar.
Precisado lo anterior, la Sala del Tribunal se refirió a la naturaleza jurídica del pliego de condiciones, y explicó que cuando existen condiciones que pudieran generar alguna ambigüedad o contradicción en los pliegos de condiciones “(…) Se deberá acudir a las reglas de interpretación y hermenéutica que regula el tipo contractual, toda vez que los mismos son elaborados de manera unilateral por la demandada. (…)
Para la Sala de Tribunal, al examinarse la oferta económica del demandante (…) se tiene que no hubo expresión en letras de los valores fijados en los servicios variables mensuales de 2018 dejó en blanco esos espacios, sin embargo, si hizo mención a las cantidades según los ítems (…)”, por lo que no habría lugar a la aplicación del inciso 6 del literal A de la “oferta” que prefería los valores expresados en letras a cifras.
Ahora, sobre las causales de rechazo que estaban previstas en el literal J estableció en
“(…) los pliegos de condiciones se establecieron en las letras o) y t) como causales de rechazo cuando no concediera (sic) la información diligenciada y que se incluían las demás previstas en el pliego (f. 90 c2), significa lo anterior que las causales de rechazo no se limitaban a las previstas solo en este literal, sino también la contenidas en las notas de la oferta económica, por lo que evidencia que todas las causales fueron taxativas en los pliegos de condiciones. (…)”
Agregó que en la oferta económica se establecieron unas notas que no fueron cumplidas por el demandante y que constituyen causal de rechazo, al dejar casillas en blanco relacionadas con los servicios variables mensuales del 2018, en los valores unitarios y valor parcial (nota 2.); al mencionar los servicios variables del 2018, pero no indicar de forma numérica los servicios y el valor de los mismos (nota 3); y al no incluir ningún el valor la entidad no podría definir las discrepancias de los diferentes valores de conformidad al valor unitario (nota 4).
Frente a las objeciones de la demandante sobre la falta de aplicación de la nota No. 5 – relativa a la responsabilidad exclusiva del proponente de errores u omisiones al indicar el valor de la propuesta y las pérdidas-, la Sala estimó con sujeción al artículo 1618 del Código Civil que “(…) la intención de dicha nota fue aclarar que el valor del servicio plasmado en la oferta debía contener todos los costos, gastos, utilidad e IVA, es decir, que no se hacía responsable si no se incluía en su totalidad (…)”.
Para la Sala el que el proponente demandante no haya indicado las cantidades de los servicios variables mensuales de 2018, ni los valores unitarios y parciales “(…) genera una negligencia en el diligenciamiento del formato que debió escribir alguna letra, número o símbolo (…)” – para lo cual se refirió al artículo 1620 del Código Civil-. Adujo, además que, vistas otras propuestas, se advirtió la utilización por otros proponentes la utilización de símbolos como el cero (0) o el guion (-) para indicar la ausencia de cantidad o que no correspondía asignar un precio. Sin que importara, que la Unión Temporal Soluciones Integrales 2018 también haya dejado casillas en blanco, pues no fue la adjudicataria.
Para la Sala de decisión, la naturaleza de la etapa de evaluación implicaba que no era factible efectuar correcciones sobre la oferta – pues dicha posibilidad estaba únicamente destinada para los requisitos habilitantes (parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007)-. Así, si existían dudas sobre las exigencias de los pliegos de condiciones las mismas debían elevarse en la oportunidad para hacer observaciones. Por consiguiente, la Sala concluyó que la Resolución No. 19344 del 24 de diciembre de 2018 se ajustó a derecho, “(…) toda vez que el demandante no diligenció las casillas de valor unitario de los servicios mensuales por demanda de 2018, cumplimiento taxativo en las notas de la oferta económica ‘de rechazo de la propuesta, por lo que no había lugar en indicar un puntaje de criterio de evaluación (…)”
1.4. LAS IMPUGNACIÓNES
1.4.1 CONSORCIO ARCADOC FTIC-MEN
Por intermedio de su apoderado judicial, las sociedades integrantes del Consorcio Arcadoc Ftic-Men elevaron recurso de apelación contra la decisión proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Para el recurrente el a quo incurrió en “(…) un interpretación sesgada y limitada frente a las disposiciones precontractuales relacionadas con las causales de rechazo (…)”, por lo cual solicitó se revocara su decisión, y en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.
Adujo que el consorcio cumplía a cabalidad con todos los requisitos habilitantes, según lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, por lo cual tenía pleno derecho a participar en la licitación pública LP-MEN11-2018. No obstante, en la audiencia de adjudicación del 24 de diciembre de 2018, la propuesta de Consorcio se le dio un trato diferenciado, pues por no haberse diligenciado los valores de las casillas de las cantidades que se requerían contratar, no se le asignó ningún puntaje a la oferta económica – mientras que si se le asignó puntaje a los demás proponentes-. Agregó que la propuesta del consorcio en “ningún momento dejó de presentar elementos/servicios requeridos” –que era lo que taxativamente exigía el anexo formato No. 11- por lo cual no era dable rechazar la propuesta apoyándose en lo dispuesto en la nota No. 3 de la oferta económica.
Arguyó que la omisión en el diligenciamiento a unos valores unitarios y parciales del 2018, la tomó la proponente pues como comerciante podía conocer cuales servicios son susceptibles o no de cobro “(…) y así definir una oferta económica ajustada al presupuesto oficial y al método de ponderación de las propuestas económicas (…)”. Se refirió al contenido al acápite de denominado “Oferta” literal A) “presentación, inciso 6 del pliego de condiciones y a la nota 5 del formato de propuesta económica donde se indicó que frente a omisiones en los costos incluidos en la oferta “SE ENTENDERÁ QUE SE ENCUENTRA INCLUÍDO” o las omisiones frente a la indicación el valor de su propuesta imponía al proponente “(…) ASUMIR los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u OMISIONES sin que por esta razón haya lugar a alegar la ruptura contractual (…)”
En este sentido, para el recurrente el Consorcio Arcadoc FTIC -MEN actuó de conformidad a las reglas establecidas para la etapa precontractual, amparado en una confianza legítima, pues a su juicio la entidad contratante previó la posibilidad que el proponente omitiera costos para ajustar sus propuestas y competir en el mercado.
Sobre la interpretación que otorgó el Tribunal Administrativo a las disposiciones pre- contractuales estimó que no fue conjunta, pues fueron interpretaciones aisladas de algunas de las disposiciones precontractuales, que otorgaron un alcance distinto a los establecido en la nota No. 5 de la propuesta económica. A juicio del recurrente la nota No. 5 se dirigía imputar responsabilidad por las omisiones en la indicación de los valores plasmados, al proponente. Adujo, que en ningún aparte de los documentos precontractuales, se impuso que los valores unitarios y los valores parciales en la propuesta debían ser escritos con letras, números o símbolos, por lo cual el Tribunal no podía crear tal exigencia.
Criticó el que el Tribunal hubiese desestimado el trato distinto que se le otorgó a la UT Soluciones Integrales 2018, a la cual sí se le asignó puntaje pese a haber dejado dejó valores unitarios y parciales en blanco en los ítems 21 al 28. En efecto, adujo que de haberse otorgado el tratamiento que se le dio a dicha unión temporal, el Consorcio Arcadoc FTIC- MEN hubiese sido el adjudicatario del contrato al aplicarse los criterios de puntuación definidos en el pliego precontractual, pues hubiese tenido los mayores puntajes, así:
En este sentido estimó que el restablecimiento del derecho que se le debía reconocer corresponde a la utilidad esperada del contrato, para lo cual se refirió al precedente sentado por la Sección en sentencia del 1 de marzo de 2006 (exp. 14576) y del 12 de noviembre de 2014 (exp. 27.986).
2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
2.1. PROBLEMA JURIDICO
Visto el contenido del recurso de apelación propuesto por la parte demandante, a juicio de este Ministerio Público, corresponde a la Sala de Subsección resolver si hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia, para lo cual deberá establecerse si ¿la Resolución No 019344 del 24 de diciembre de 2018 resulta ajustada a derecho, al haberse asignado una puntuación de (0) al Consorcio -FTC-MEN por no haber diligenciado unas casillas relativas a “valor unitario base (sin Iva)” y “Vr.Parcial” dentro de la propuesta económica?
Previamente a resolver los problemas jurídicos propuestos, procede este Despacho a examinar si en el presente asunto se reúnen los presupuestos procesales necesarios para proferir sentencia de fondo.
2.1.1 SOBRE LA PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Tratándose del medio de control procedente, se observa por el suscrito agente del Ministerio Público que en el presente proceso, no se buscó acumular pretensiones relativas a la nulidad de actos precontractuales (MC: nulidad y restablecimiento del derecho) y la nulidad del contrato estatal (MC: Controversias contractuales), pues únicamente se pretendió la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 019344 del 24 de diciembre de 2018, que adjudicó el contrato dentro de la licitación LP-MEN-11-2018, y el restablecimiento del derecho asociada a dicha declaratoria. En este sentido, el medio de control procedente sería el de nulidad y restablecimiento del derecho – más adelante se tocará lo relativo a la escogencia del medio de control procedente tratándose del contencioso de la formación del contrato estatal.
De conformidad con el numeral 2°, literal c) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (…) los actos previos a la celebración de un contrato, el término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a su comunicación notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales (…)”
Ahora bien, en el presente caso se pretende la nulidad de la Resolución No. 019344 del 24 de diciembre de 2018, esta adquirió firmeza desde su notificación en audiencia pública, de conformidad al artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 y del artículo 77 de la Ley 80 de 1993. Por lo cual, en principio la parte demandante podía interponer el medio de control de controversias contractuales hasta el 24 de abril de 2019. Sin embargo, de acuerdo con la constancia del 19 de junio de 2019 de la Procuraduría 134 Judicial I para Asuntos Administrativos, el demandante elevó solicitud de conciliación extrajudicial el 22 de abril de 2019, a dos días de configurarse la caducidad de la acción la cual se declararía fallida en audiencia del 19 de junio de 2019. En este sentido, al haberse presentado la demanda el 20 de junio de 2019, ésta se presentó oportunamente, habida cuenta que se hizo dentro de los 2 días que restaban previo a que operara la caducidad de la acción.
2.2. SOBRE EL CONTENCIOSO RELATIVO A LA FORMACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL.
Tratándose del régimen de los contratos suscritos por las personas de derecho público, éste tiene la necesidad de concretizar un instrumento de negociación capaz de vincular la iniciativa privada de los operadores económicos en la consecución de los fines del Estado, y la preservación de las prerrogativas de la administración que sirven a asegurar la realización del interés general.
De esta forma, la singularidad del contrato estatal se vería reflejada en un estatuto jurídico que no podría imponer a este instrumento de la acción pública, un tratamiento como el otorgado a los actos administrativos de la administración, donde el control judicial sería preponderantemente objetivo y rígido en la medida que está dirigido a asegurar el principio de legalidad de las actuaciones de la administración. Tampoco, podría asimilarse completamente al rol del juez de dicho contrato donde con apego al principio de la autonomía de la voluntad privada, consultaría -principalmente- la real intención de las partes al “tiempo del contrato”, pues el contenido de los contratos estatales no podía desconocer que más que a la voluntad de los contrayentes, lo que persigue materializar son las finalidades de interés público.
Así, para conciliar esas necesidades de asegurar la primacía del principio de legalidad y poder conceder al Estado un instrumento de acción pública consensuando y flexible, que sirva a involucrar a los operadores económicos de la sociedad en la consecución de los fines estatales, el régimen jurídico previsto por el Estatuto General de Contratación (Ley 80 de 1993), hace del contrato estatal un instrumento singular. Lo anterior, en la medida que por regla general, el régimen jurídico de los contratos estatales haría referencia a las disposiciones civiles y comerciales que rigen los contratos (art. 13), lo cual permitiría que en algunos aspectos pudiera interpretarse consultando la intención de las partes al momento de suscribir el contrato (art. 1618 C. Civil); sin embargo, el estatuto deja claro que en dicho ejercicio, siempre se deberá preferir aquella interpretación que se adecúe mejor a la consecución de las finalidades estatales, la continuación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos de los administrados pues la conductas de los ambos contratantes del contrato estatal están sometidas a la consecución de dichas finalidades (art.3 Ley 80 de 1993)
Respondiendo a lo anterior, el contencioso que toca la formación del contrato estatal, responde a singularidades distintas a las que estaría sometido cualquier contrato regido exclusivamente por el derecho común. Así la validez del contrato se verá condicionada por reglas jurídicas especiales en lo que se refiere a las condiciones del consentimiento (capacidad, forma e integridad), y en lo que se refiere al contenido y su causa, de allí que la validez de este se vea sometido a un régimen especial de nulidades (art. 44 y sigs.). Igualmente, pese a reconocerse la libertad contractual a las entidades públicas, en aras de limitar la discrecionalidad administrativa, en favor de un “un mayor control de la sociedad sobre la gestión pública”, el Estatuto de Contratación y las demás normas que lo desarrollaron sometió -por regla general- la selección del contratista al agotamiento de procesos selección competitivos y objetivos.
Así, fruto de la singularidad de los contratos suscritos por la administración el ordenamiento jurídico colombiano, impone a la jurisdicción de lo contencioso- administrativo interrogarse sobre la naturaleza de los actos contractuales sometidos a su control. En este sentido, la jurisprudencia y la ley ha integrado al ordenamiento jurídico colombiano la “teoría de los actos separables”, para identificar ciertos actos dentro de la relación entre la administración y sus contratantes, que constituyen el ejercicio de facultades unilaterales separables del negocio principal, es decir “el contrato”.
Así, en el estado actual de la jurisprudencia el control judicial sobre ha reconocido que los actos precontractuales tienen la característica de ser actos separables del contrato principal, cuya validez puede ser cuestionada con independencia de éste, y por personas que pese a reconocérseles un interés legítimo no son parte de la relación contractual (ex: proponentes vencidos).
Así, en vigencia de la Ley 1437 de 2011, la jurisprudencia del Consejo de Estado reconoció que la nueva legislación tenía por objeto “(…) dotar de total independencia los litigios en los que se debatiera la ilegalidad de los actos administrativos previos, sin importar que con posterioridad acaeciera la celebración del contrato. (…). Cabe resaltar que, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437, las suscripción del contrato impedía que se siguiera predicando la separabilidad de los actos precontractuales, por lo cual la legalidad tenía que cuestionarse junto con la validez del contrato como fundamento de la nulidad absoluta del mismo (art. 44 Ley 80 de 1993) .
En suma, bajo el estado actual de la jurisprudencia el medio de control procedente para someter al control judicial los actos acaecidos en la etapa de formación del negocio jurídico será:
Medio de control procedente:
Acto enjuiciado
Nulidad simple (art. 137 C.P.A.C.A.)
Nulidad y restablecimiento del derecho (Art. 138 C.P.A.C.A.).
Los actos previos al contrato estatal o precontractuales (regido por la Ley 80 de 1993), calificables de actos administrativos definitivos. Ex: Acto de adjudicación, o el que declara desierto el proceso de selección. -sin injerencia que se suscriba o no el contrato estatal-
Controversias contractuales (Art.141):
La existencia y/o validez del contrato estatal o del consentimiento de las partes (arts.44 sigs. Ley 80 de 1993).
Reparación directa (art.140 C.P.A.C.A.):
Es el caso de los actos precontractuales de contratos con regímenes exceptuados de la aplicación de la Ley 80 de 1993, y de conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa (núm. 2 art. 104 C.P.A.C.A.), pues no se les considera actos administrativos – salvo habilitación legal expresa- siendo así calificados como actos de naturaleza privada Ex: “aceptación de la oferta”.
Por último, vale precisar, que la corporación ya admitió viabilidad de acumular las pretensiones relativas a la nulidad del acto de adjudicación y del contrato estatal, siempre que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas, y que el mismo juez sea competente para conocer ambas pretensiones.
2.2.1. SOBRE EL CONTENCIOSO DE LA VALIDEZ DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN (LEY 80 DE 1993).
El acto de adjudicación del contrato corresponde a aquel por el cual una entidad pública, finaliza el proceso de licitación y se dispone a seleccionar la oferta más favorable – de conformidad a las reglas establecidas en el pliego de condiciones-. La jurisprudencia del alto tribunal de lo contencioso administrativo ha dispuesto que este acto administrativo, por sí solo, no perfecciona el contrato estatal, pero su contenido sirve a establecer: “(…) el derecho subjetivo del adjudicatario, como situación excluyente para contratar con el Estado; ii) deber jurídico correlativo del licitante de contratar con el adjudicatario; iii) mantenimiento inalterable de los pliegos de condiciones, entre otros, directamente entroncados con la celebración misma del negocio jurídico. (…)”.
En otras palabras, el acto de adjudicación, es un requisito sine qua non para el perfeccionamiento del contrato estatal en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, de allí que sea irrevocable –salvo inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente antes de la suscripción del contrato o causa ilícita (art. 9de la Ley 1150 de 2007)-, y el único medio de impugnación salvo el recurso de reposición será la acción judicial – para la cual solo están legitimados “(…) los oferentes no favorecidos así como la misma administración, quienes en realidad de verdad ostentan un interés legítimo para demandar el acto de adjudicación (…)”.
En sede judicial, para que se acceda a declararse la nulidad del acta de adjudicación y obtener la indemnización de perjuicios, el precedente de la Sección ha aclarado que se debe desvirtuar la presunción de legalidad que reposa sobre el acto de adjudicación y demostrar que la propuesta resultaba la más favorable, a la luz de los criterios de ponderación establecidos en los pliegos de condiciones. Previsto lo anterior, la jurisprudencia ha debatido sobre si la aplicación del acto de adjudicación admite un margen de discrecionalidad, o si por el contrario supone un acto enteramente reglado sometido a interpretación.
En todo caso la validez del acto de adjudicación se verifica frente a marco jurídico superior que debía observar su proferimiento “(…) -normas y pliegos de condiciones- que para el efecto se consideran la ley del proceso de selección, principios de la contratación estatal, la competencia de la autoridad que lo emitió, la debida motivación y el respeto del derecho de audiencia y de defensa, entre otros (…)”.
Tratándose de los pliegos de condiciones, este es muestra de la singularidad del contrato estatal, en cuanto es un “(…) acto reglado y reglamentario del procedimiento de contratación estatal (…)” pues, entre otros asuntos define las condiciones para la presentación de ofertas, la evaluación de estas, su calificación y la adjudicación del contrato o la declaratoria de desierto; y a la vez, define las reglas del contrato a suscribir, y una vez perfeccionado el mismo pasa formar parte del contenido del contrato estatal. Por consiguiente, dicho acto de carácter mixto sirve a concretizar (…) los postulados de transparencia, de igualdad, de economía y de selección objetiva, (…) durante la etapa precontractual, y constituye el principal sustento de validez del acto de adjudicación.
2.3 CASO CONCRETO
2.3.1 Sobre la legalidad de la Resolución 019344 del 24 de diciembre de 2018 del Ministerio de Educación Nacional por la cual se adjudicó el proceso de licitación pública LP-MEN-11-2018.
Precisado el marco jurídico y vistos los razonamientos de la decisión de primera instancia y del recurso de apelación, se estima que los cargos de nulidad que deben resolverse por la Sala de decisión para resolver el recurso de alzada, son aquellos que piden determinar si, la referida resolución de adjudicación se profirió con falsa motivación al haber rechazado la oferta del Consorcio Arcadoc FTIC- MEN con fundamente en una causal de rechazo que no resultaba aplicable, y si este acto se profirió con violación al principio de igualdad y de selección objetiva.
2.3.1.1 Hechos probados relativos a los cargos de nulidad.
En efecto, examinada la Resolución 19344 del 24 de diciembre de 2018, se evidencia que en esta resolvió:
(…) PRIMERO. ADJUDICAR el proceso de Licitación Pública LP-MEN-11-2018, cuyo objeto es la (sic) “PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO DE GESTIÓN Y ARCHIVO CENTRAL, CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, BODEGAJE Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, al siguiente proponente:
UNION TEMPORAL MEN 2018, representada legalmente por JOSE JERDING DUEÑAS MEDINA, identificado con la cédula de ciudadanía [IDENTIFICACIÓN TACHADA] integrada por TANDEM S.A., NIT [IDENTIFICACIÓN TACHADA] y la COMPAÑÍA DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS Y TECNOLÓGICOS S.A.S., NIT[IDENTIFICACIÓN TACHADA], por la suma de OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($8’549.604.495), Incluido IVA y todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones y demás emolumentos relacionados con el cumplimiento del objeto contractual.
(…)
En dicha resolución se anotó -después de haberse establecido los proponentes habilitados- lo siguiente:
“(…) Teniendo en cuenta que el proponente ARCADOC-FTIC. MEN no diligencia los valores de las casillas en las cuales se encuentra diligenciada la cantidad que se requiere contratar, se aplica el rechazo teniendo en cuenta la nota 3 señaladas en la oferta económica, en consecuencia, no se da el respectivo puntaje ( Ver informe de evaluación ) (…)”
En el referido informe de evaluación del 24 de diciembre de 2018, se justificó la recomendación de rechazar la oferta de ARCADOC -FTIC-MEN, así:
“(…) En el caso del oferente ARCADOC en la oferta remitida por ellos, se puede observar que no presupuestaron los ítems requeridos por la entidad en la vigencia 2018, lo que conlleva a la causal de rechazo establecida en la nota 3:
“NOTA No.3 La propuesta económica deberá presentar todos los elementos y/o servicios requeridos por la entidad, so pena (sic) de rechazo de la oferta” De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el oferente para los ítems 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la vigencia 2018 no registró valores unitarios a pesar de que existían cantidades proyectadas por el Ministerio para esta vigencia, se determinó que cumple con la causal de rechazo establecida en la Nota 3 del Pliego de condiciones. (…)”
Tratándose del pliego de condiciones definitivo, éste dispuso como causales de rechazo de ofertas, la siguientes:
“(…) a) Cuando sean presentadas en medio diferente a la plataforma de Colombia, compra eficiente denominada SECOP II.
b) Cuando intenten enterarse indebidamente de las evaluaciones o influir en el proceso de evaluación de las ofertas o en la decisión sobre la evaluación y adjudicación por parte de una entidad contratante.
c) Cuando el proponente o 1 de sus miembros del consorcio o de la Unión temporal se encuentren incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidades fijadas por la Constitución o la ley.
d) Cuando un proponente haga parte directa o indirectamente de 2 o más consorcios o uniones temporales que presenten ofertas para él. Presente proceso de selección.
e) Cuando se configure un conflicto de intereses de los señalados en el presente pliego de condiciones.
f) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse.
g) Cuando el representante legal de la sociedad, individualmente considerada o como parte de una propuesta conjunta, no se encuentre debidamente autorizada para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales.
h) Cuando existan evidencias de que el proponente ha tratado de interferir o influenciar indebidamente en el análisis de las propuestas, la decisión de adjudicación.
i) Cuando el MEN Compruebe que la propuesta contiene información o documentos que no guardan correspondencia con la solicita. Previa verificación de la información correspondiente.
j) Cuando el proponente, singular, persona, natural jurídica o de estructura plural, consorcio o Unión temporal no cumpla con todos y cada 1 de los indicadores financieros establecidos y evaluados de acuerdo con el presente pliego de condiciones.
k) Cuando la propuesta se excedía, en el plazo oficial establecido para la ejecución del contrato.
l) Cuando el valor de la oferta sobrepase el presupuesto oficial total establecido para el presente proceso de selección, o cuando supere el valor del presupuesto estimado para cada vigencia.
m) Cuando el proponente no cumpla los requisitos de habilitación o desatienda los requerimientos del MEN Una vez le haya solicitado, subsanarlos o aclararlos, o desatienda los aspectos sustanciales del requerimiento.
n) Si la entidad comprueba el incumplimiento del oferente o de su representante o empleados por hechos constitutivos de corrupción durante el proceso de selección, si esta comprobación se da con posterioridad a la justificación el MEN Podrá dar por terminado de manera anticipada el contrato por causa imputable al contratista, siendo aplicable todas las consecuencias previstas en esta situación.
o) Cuando no coincida la información diligenciada en los formatos con la información de los documentos, soportes solicitados como aclaración por parte del MEN. El MEN Entiende que la información no coincide cuando no exista correspondencia entre la información contenida en el documento soporte frente a los relacionados por el proponente en los respectivos formatos.
p) Cuando el proponente o alguno de los integrantes del consorcio Unión Temporal se encuentra reportado en el Boletín de responsables fiscales que expide la Contraloría General de la República
q) Cuando en la propuesta se encuentra información o documentos que contengan datos. Tergiversados o alterados tendiente a inducir a error a la administración.
r) Cuando el proponente no presenta la garantía de seriedad de la oferta con la propuesta.
s) Cuando no se cumpla con lo establecido en las guías o uso de las plataformas SECOP II Para subir la propuesta.
t) Las demás establecidas en la normatividad vigente y previstas en este pliego de condiciones. (…) (subrayado por fuera del texto original)
Igualmente, se observa que, dentro del pliego de condiciones, en el capítulo de evaluación de la oferta en el acápite 4 se señaló, entre otras disposiciones que:
(…) La valoración económica de la propuesta se realizará de acuerdo con la información solicitada en el anexo FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA.
El proponente deberá presentar propuesta económica ofreciendo las condiciones técnicas mínimas requeridas por la entidad a la cual se le efectuará la corrección aritmética correspondiente y para ello se tomará como valor inmodificable el valor unitario base de bien incluido en el formato de la presentación de la propuesta económica . Posteriormente, de haber efectuado la respectiva revisión económica. (…)
Más adelante, el pliego de condiciones el capítulo “OFERTA” en el acápite “A. Presentación” señaló:
(…) En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en letras y números, se tomará el valor expresado en letras en la oferta económica la cual deberá estar diligenciada en un sobre electrónico distinto a los demás documentos y/o anexos el proponente debe indicar claramente cuál es el precio propuesto de acuerdo con el presupuesto establecido, así como su utilidad. Cualquier costo a cargo del proponente que sea omitido en la oferta se entenderá que se encuentra incluidos y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de reclamación por restitución del equilibrio económico (…) (negrilla por fuera del texto original)
En el formato de la propuesta económica al que se refirió el acápite 4 del capítulo de evaluación de la oferta del pliego de condiciones se fijaron las siguientes notas, :
(…) NOTA No. 1: Las ofertas se presentarán en pesos colombianos.
NOTA No. 2: El presente FORMATO debe ser diligenciado a completitud por el proponente, de conformidad con las condiciones establecidas en el presente pliego de condiciones.
NOTA No. 3: La propuesta económica deberá presentar todos los elementos y/o servicios requeridos por la entidad, sopena(sic) de rechazo de la oferta.
NOTA No. 4: En caso de presentarse cualquier discrepancia entre los diferentes valores, el MEN podrá hacer correcciones y para ello tomará como valor inmodificable el valor unitario base (antes de IVA) del bien incluido en su propuesta economía, lo anterior sin perjuicio de los efectos contemplados para la oferta que sobrepase el presupuesto oficial estimado por la entidad.
NOTA No. 5: Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual.
NOTA No. 6: El valor unitario base de los elementos de la oferta, no podrán superar el valor estimado por el Ministerio en el análisis del valor del presupuesto para cada uno de los ítems, así como que, de ninguna manera el valor total de la oferta podrá superar el valor total del presupuesto del proceso, so pena de rechazo de la oferta.
NOTA No 7: El valor ofertado contempla todos los impuestos, costos directos e indirectos, Gastos administrativos, de personal, equipos y utilidad asociados al proyecto, así mismo los valores ofertados contemplan el suministro de bienes nuevos, no remanufacturados ni usados.
NOTA No 8: El porcentaje de Gastos Administrativos y de Utilidad serán inmodificables. Durante la ejecución del contrato el supervisor del mismo verificará que, especialmente para el recurso humano, el contratista haga la erogación al tercero de acuerdo con los valores ofertados. (…) (negrilla por fuera del texto original)
El demandante en la oferta económica en el ítem de servicios variables mensuales (por demanda) 2018, se dejó en blanco, es decir, sin diligenciar lo correspondiente al valor unitario base (sin IVA) y valor Parcial – cabe precisar que las cantidades no las estableció el proponente, estas ya estaban incluidas en el formato “Propuesta Económica” anexado al pliego de condiciones- :
2.3.1.2. Concepto sobre la prosperidad de los cargos, elevados contra la Resolución 019344 del 24 de diciembre de 2018.
Previsto lo anterior, se evidencia que los cargos de nulidad elevados por el apoderado judicial de los integrantes del Consorcio ARCADOC -FTIC-MEN no tienen mérito para desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre la Resolución No. 19344. Si bien, la jurisprudencia de la corporación ha admitido que el rechazo de las propuestas no puede darse por aspectos puramente formales -inciso 1 numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993-, el suscrito delegado considera que no puede tratarse como un aspecto meramente formal la indicación de los valores unitarios o parciales dentro de la oferta económica, por lo cual el rechazo de ésta podía efectuarse con fundamento en la nota.3 del “Formato de Oferta Económica” y el literal t) de las causales de rechazo contempladas en el pliego de condiciones definitivo de la licitación ARCADOC FTIC- MEN.
En efecto, verificadas las ofertas económicas allegadas junto con la demanda se observa que en las casillas relativas, a los “Servicios Variables (Por Demanda)” del año 2018, aun cuando la entidad en el formato de propuesta económica no indicó requerir cantidad alguna de unos “ítems”, algunos proponentes (UT MEN 2018 y Data File) no dejaron de diligenciar el valor unitario de dichos ítems para el año en cuestión. Pero se subraya, que en el caso de todos los proponentes se indicaron los valores unitarios y parciales sobre todos los ítems donde se reflejaron cantidades dentro del formato de la “Propuesta Económica” que acompañó el pliego de condiciones, incluida la Oferta Económica de la UT Soluciones Integrales 2018, por lo cual se descarta para el Ministerio Público la existencia de un trato diferenciado. En otras palabras, el único proponente que dejó en blancos valores unitarios frente a los ítems para los cuales la entidad efectivamente requería cantidades, fue el Consorcio ARCADOC-FTIC MEN, por lo cual fue el único que incurrió en el evento previsto en la nota 3.
Precisado lo anterior, de ser cierto lo aducido de por el apoderado del Consorcio demandante, en cuanto el Consorcio ARCADOC FTIC- MEN tenía por estrategia comercial que no se iban a cobrar los servicios variables de demanda por el año, al menos debió haber diligenciado los valores unitarios de cada ítem e indicar con (0) los valores parciales sobre los cuales iba efectuar dichas estrategias -y de ser posible exponérsela de forma clara a la entidad-. Lo anterior, atendiendo que de no admitirse dicha estrategia, los valores unitarios servirían a la entidad para hacer las correcciones aritméticas correspondientes de conformidad a lo establecido en Pliego de Condiciones capítulo de evaluación de la oferta en el acápite 4, que facultó a la entidad para realizar dichas correcciones, en el evento que los costos no cumplan “(…) las condiciones técnicas mínimas requeridas por la entidad (…)” .
Si bien resulta cierto que en el capítulo “OFERTA” en el acápite, se indicó que los proponentes debían ser claros en dentro de la oferta económica, y en caso de no serlo, serían responsables por las omisiones en la indicación de costos, a criterio del suscrito, dicha disposición no tiene el alcance que le otorga el demandante. Según el recurrente dicha disposición se debe interpretar en el sentido que las omisiones al diligenciar la propuesta económica debían remplazarse por (0); no obstante, para el Ministerio Público se considera que dicha disposición hace referencia al “valor de la propuesta”, es decir a los costos que directamente debía hacer el proponente (los valores parciales), y no los valores que se utilizan de referencia (valores unitarios). En este sentido, si el proponente como estrategia económica pensaba no cobrar por algunos ítems estaba obligado a hacerlo explícito dentro de su propuesta económica, sin imponer a la entidad que deba interpretar la negligencia en diligenciar de forma completa la propuesta económica, como el ofrecimiento de una ventaja económica. En todo caso, en dicho escenario el proponente nunca debió dejar de diligenciar los valores unitarios, los cuales servían de insumo a la entidad para efectuar correcciones sobre la propuesta.
En efecto, aún si efectivamente se tratare del ofrecimiento de una ventaja económica, el proponente debió indicarlo de forma explicita y debidamente justificada, pues la entidad además tenía el deber de consultar los precios de mercado a efecto de verificar los costos propuestos con la realidad económica, en especial, para evitar una oferta artíficialmente baja. En este sentido, la causal de rechazo insertada en la nota 3 de la propuesta económica cobra sentido, pues solicita hacer explícitos todos los elementos de la oferta económica, la administración sirve hacer explícita los justificantes del precio propuesto, y ajustarlo – en caso de error aritmético o en la s condiciones técnicas mínimas- según la facultad otorgada en el capítulo de la evaluación de la oferta del pliego (acápite 4) de condiciones
Por los anteriores motivos, a juicio del suscrito agente del Ministerio Publico la Resolución 19344 del 24 de diciembre de 2018 resulta ajustada en derecho, pues los cargos elevados en la demanda no lograron desvirtuar la presunción de derecho que pesa sobre la misma. Por este motivo, salvo mejor consideración de la Sala adopta la siguiente:
CONCLUSION
De conformidad con la argumentación expuesta, y las pruebas que pudieron ser valoradas por el suscrito agente del Ministerio Público, de manera respetuosa considero al no desvirtuarse los razonamientos adoptados por Tribunal Administrativo de Cundinamarca de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B para no acceder los cargos de falsa motivación y violación directa de la ley elevados contra la Resolución 19344 del 24 de diciembre de 2018 del Ministerio de Educación, deberá CONFIRMARSE la sentencia adoptada el 29 de octubre de 2021 que denegó las pretensiones de la demanda.
Del H. Magistrado,
LUIS RAMIRO ESCANDÓN HERNÁNDEZ
Procurador Delegado con Funciones Mixtas 6: para la Conciliación Administrativa
LREH/JEQJ