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titulo: "CONTRATO ESTATAL: el Consorcio demandante solo se calificaría como habilitado hasta el día de la adjudicación del contrato"
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tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2023-03-14"
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# CONTRATO ESTATAL: el Consorcio demandante solo se calificaría como habilitado hasta el día de la adjudicación del contrato

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2023-03-14
- **Número:** 202307101505310.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202307101505310.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Regla de decisión

Cualquier costo a cargo del proponente que sea omitido en la oferta se entenderá que se encuentra incluido y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de reclamación por restitución del equilibrio económico.

## Puntos clave

- Acción de nulidad y restablecimiento del derecho: contra el Ministerio de Educación, para que se decrete la nulidad de la Resolución No. 019344 del 24 de diciembre de 2018, por la cual se adjudicó la Licitación Pública LP-MEN-11-2018
- Acción de nulidad y restablecimiento del derecho: Procedencia
- Contrato estatal: Marco legal
- Acción de nulidad y restablecimiento del derecho: Procedencia

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993
- Decreto Ley 262 de 2000
- Ley 1437 de 2011

## Extracto

Lo anterior, en la medida que por regla general, el régimen jurídico de los contratos estatales haría referencia a las disposiciones civiles y comerciales que rigen los contratos (art. 13), lo cual permitiría que en algunos aspectos pudiera interpretarse consultando la intención de las partes al momento de suscribir el contrato (art. 1618 C. Civil); sin embargo, el estatuto deja claro que en dicho ejercicio, siempre se deberá preferir aquella interpretación que se adecúe mejor a la consecución de las finalidades estatales, la continuación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos de los administrados pues la conductas de los ambos contratantes del contrato estatal están sometidas a la consecución de dichas finalidades (art.3 Ley 80 de 1993) Se señaló en la demanda que la nota No.

## Descriptores temáticos

CONTRATO ESTATAL, Marco legal

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- [Procuraduría General de la Nación — Liquidacion de contrato estatal: Decisión disciplinaria](https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201712060909100.DOC.md)
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- [Consejo de Estado — Procede la condena en sede de repetición a los demandados, a título de culpa grave, por haber incurrido en una inobservancia plena de los deberes que le asistían como procuradores encargados del ejercicio del poder sancionador del Estado, en punto de la determinación del aspecto volitivo en la imposición de una sanción disciplinaria.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:70001233300020130000101-56849-sentencia.md)

## Texto del documento

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-contra el Ministerio de Educación, para que se decrete la nulidad de la Resolución No. 019344 del 24 de diciembre de 2018, por la cual se adjudicó la Licitación Pública LP-MEN-11-2018
ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Procedencia
CONTRATO ESTATAL-Marco legal
ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Procedencia
CONTRATOS ESTATALES-Naturaleza de los actos contractuales
CONTRATO ESTATAL-Marco legal
Así, para conciliar esas necesidades de asegurar la primacía del principio de legalidad y poder conceder al Estado un instrumento de acción pública consensuando y flexible, que sirva a involucrar a los operadores económicos de la sociedad en la consecución de los fines estatales, el régimen jurídico previsto por el Estatuto General de Contratación (Ley 80 de 1993), hace del contrato estatal un instrumento singular. Lo anterior, en la medida que por regla general, el régimen jurídico de los contratos estatales haría referencia a las disposiciones civiles y comerciales que rigen los contratos (art. 13), lo cual permitiría que en algunos aspectos pudiera interpretarse consultando la intención de las partes al momento de suscribir el contrato (art. 1618 C. Civil); sin embargo, el estatuto deja claro que en dicho ejercicio, siempre se deberá preferir aquella interpretación que se adecúe mejor a la consecución de las finalidades estatales, la continuación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos de los administrados pues la conductas de los ambos contratantes del contrato estatal están sometidas a la consecución de dichas finalidades (art.3 Ley 80 de 1993)
CONCEPTO N° 52 /2023
Bogotá D. C., 14 de marzo de 2023.
Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente Doctor [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
Referencia: 68.783 (25000-2336-000-2019-00455-01)
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Actor: Digicom System Corporation S.A. y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional
Honorable Magistrado:
En mi condición de agente de la señora Procuradora General de la Nación, y con fundamento en las competencias previstas en los artículos 277-7 de la Constitución Política, 30-2 del Decreto Ley 262 de 2000 y encontrándome dentro del término del traslado previsto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, procedo a rendir concepto dentro del proceso de controversias contractuales de la referencia así:
1. ANTECEDENTES
Por intermedio de apoderado judicial las sociedades Lockers Colombia S.A.S Digicom System Corporation S.A., integrantes del Consorcio ARCADOC FTIC- MEN presentaron demanda contra la Nación- Ministerio de Educación, en la que se formularon las siguientes pretensiones:
(…) PRIMERA. - Que se decrete la nulidad de la Resolución No. 019344 del 24 de diciembre de 2018, notificada en estrados, en audiencia pública de adjudicación, por medio de la cual EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL decidió adjudicar la Licitación Pública LP-MEN-11-2018 al proponente UNIÓN TEMPORAL MEN 2018, representada legalmente por JOSE JERDING DUEÑAS MEDINA, identificado con la cedula de ciudadanía [IDENTIFICACIÓN TACHADA], integrada por TANDEM S.A., con NIT [IDENTIFICACIÓN TACHADA] y la COMPANIA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S., con NIT [IDENTIFICACIÓN TACHADA], por la suma de OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MICTE ($ 8.549.604.496), incluido IVA.
SEGUNDA. – Que como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, condénese al EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL a reconocer y pagar a favor de las empresas LOCKERS COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. [IDENTIFICACIÓN TACHADA]; y DIGICOM SYSTEM CORPORATION S.A., identificada con NIT. [IDENTIFICACIÓN TACHADA], integrantes del CONSORCIO ARCADOC FTIC-MEN el valor de los perjuicios que le fueron causados por la no adjudicación de la Licitación Pública LP-MEN-11-2018 a la que tenía derecho por ser su oferta la mejor y más conveniente para la Entidad licitante. Dicha condenación al pago de perjuicios es equivalente al del valor de la utilidad legítima esperada por la ejecución del contrato, correlativo a la licitación por la suma de $1.029.613.929 M/cte.
TERCERA. – Que las sumas anteriores sean reconocidas, liquidadas y ajustadas conforme lo indica el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, teniendo de esta manera como base el Índice de Precios al Consumidor.
CUARTA. – Que las sumas reconocidas deberán devengar intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia conforme a lo señalado en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
QUINTA. – Que se condene a la entidad accionada al pago de las costas, agencias en derecho y demás gastos del proceso conforme lo indica el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. (…)
Como fundamento fáctico en las referidas demandas se relataron los hechos constitutivos de la controversia así:
Se adujo que el 20 de noviembre de 2018 las sociedades demandantes conformaron el Consorcio Arcadoc FTIC- MEN, con el objeto de participar en el proceso de licitación pública LP-MEN -11-2018 adelantado por el Ministerio de Educación Nacional, que tendría por objeto “(…) la PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO DE GESTIÓN Y ARCHIVO CENTRAL, CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, BODEGAJE Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (…)”, que tendría un presupuesto total de ($8.877.846.710) incluido IVA.
Se indicó en la demanda que el 26 de noviembre se llevó a cabo el cierre del referido proceso de licitación, en el cual presentaron propuestas, los siguientes proponentes:
EL 7 de noviembre de 2018, el Ministerio de Educación Nacional revisó y analizó los documentos allegados para proferir informe definitivo, en el cual se tuvo que el Consorcio Arcadoc FTIC-MEN- estaba habilitado jurídicamente y financieramente, pero se consideró como no habilitado técnicamente. Pese a haber elevado observaciones durante el traslado del informe final, el Consorcio demandante solo se calificaría como habilitado hasta el día de la adjudicación del contrato, el 24 de diciembre de 2018, después de haberse suspendido la audiencia de adjudicación el 19 de diciembre de 2018.
Ese mismo día, el Ministerio de Educación Nacional rechazó la oferta presentada por el Consorcio Arcadoc -FTIC- MEN, al considerar que éste “(…) no diligenció los valores de las casillas en las cuales se encuentra diligenciada la cantidad que se requiere contratar, se aplica el rechazo teniendo en cuenta la nota 3 señalada en la oferta económica. en consecuencia, no se da el respectivo puntaje (…)”; mediante Resolución 019344 del 24 de diciembre de 2018 adjudicó el contrato a la Unión Temporal MEN 2018.
Se señaló en la demanda que la nota No. 3 de la propuesta económica disponía lo siguiente:
“(…) NOTA No. 3: La propuesta económica deberá presentar todos los elementos y/o servicios requeridos por la entidad, so pena de rechazo de la oferta (…)”.
Por su parte la Nota 5 disponía:
“(…) NOTA No. 5: Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual. (… )”
Por su parte, el pliego de condiciones definitivo en el acápite denominado “Oferta” literal A) inciso 6 precisó lo siguiente:
“(…) En caso de presentarse diferencias en los valores expresados en letras y en números, se tomará el valor expresado en letras en la oferta económica, la cual deberá estar diligenciada en un sobre electrónico distinto a los demás documentos y/o anexos, el proponente debe indicar claramente cuál es el precio propuesto de acuerdo al presupuesto establecido, así como su utilidad. Cualquier costo a cargo del proponente que sea omitido en la oferta se entenderá que se encuentra incluido y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de reclamación por restitución del equilibrio económico.” (…)
Agregó que, de acuerdo al literal J de los pliegos de condiciones definitivos no se evidencia la causal de rechazo de la oferta invocada por el Ministerio de Educación Nacional. Señaló que la propuesta económica del consorcio, (…) En ningún momento quedaron vacías las casillas correspondientes los ‘elementos y/o servicios que en últimas son las que causan el rechazo de acuerdo con la nota No. 3. (…). Aclaró que el consorcio en su propuesta económica siempre fue claro en señalar que su propuesta económica sería por $ 8’580.116.079, oo millones de pesos, y adujo que de no haberse rechazado la propuesta del Consorcio Arcadoc -FTIC- MEN este hubiera sido el adjudicatario.
Como fundamento jurídico de las pretensiones se señaló en la demanda que la Resolución No. 019344 del 24 de diciembre de 2018 se profirió en violación al artículo 209 de la Constitución Política, de la legalidad y el debido proceso. A su vez, se adujo que la referida Resolución se profirió con falsa motivación, pues no le era aplicable la Nota 3. Como causal de rechazo porque en ningún momento dejó de ofertar elementos y servicios, y desconoció las reglas obrantes en la nota No. 6 y en el inciso 6 del literal A) del acápite “Oferta” del Pliego de condiciones.
1.2. CONTESTACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, pues consideró que existía una ausencia de pruebas para desvirtuar la presunción de legalidad que recaía sobre la Resolución 019344 del 24 de diciembre de 2018. Adujo que “(…) La causal de rechazo se encuentra taxativamente en la nota 3 de la oferta económica pues su causal de rechazo no obedeció aspectos formales, encontrándose con ello ajustado en derecho el rechazo del oferente (…)”.
Adujo que pese a que el consorcio demandante adujo que no dejó de ofertar elementos y/o servicios que es lo que determinaba la nota 3, como causal de rechazo, resultaba evidente que no se diligenciaron los valores de las casillas en las cuales se encontraba la cantidad que requería contratar. En virtud de lo anterior, estimó que con aplicación del numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, no podía calificarse la propuesta
De igual forma se refirió al parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para considerar que los datos que debían indicarse en las referidas casillas no eran susceptibles de subsanación pues se trataba de aspectos económicos de la propuesta que no son susceptibles de subsanación.
1.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B en sentencia del 29 de octubre de 2021 se dispuso a:
(…) PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante. Se fija por concepto de agencias en derecho a favor de la parte demandada, la suma equivalente al 3% de las pretensiones de la demanda, que corresponden a la suma de $3.088.417.
TERCERO. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría de la Sección, liquídense los gastos del proceso, y en caso de remanentes, devuélvanse al interesado. Pasados dos (2) años sin que la parte demandante los haya reclamado, la mencionada secretaría declarará la prescripción a favor del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial. (…)”
Para arribar a la anterior decisión el Tribunal partió del problema jurídico consistente en:
¿Determinar la legalidad de la Resolución No? 19344 del 24 de diciembre de 2018, que adjudicó el proceso de licitación pública LP-MEN11-2018, conforme al criterio de rechazo de la oferta al diligenciamiento de las casillas conforme a las notas del formato de la oferta económica?
Frente a los problemas jurídicos planteados, la Sala del Tribunal, en primer lugar, se dispuso a referirse a los hechos probados dentro del plenario, en segundo lugar, al descender al caso concreto precisó que los cargos de nulidad se dirigían a objetar la indebida aplicación de las causales de rechazo de la oferta, con fundamento en el contenido de“(…)a la nota No. 5 de la oferta económica y el inciso No. 6 del literal A) de la ‘oferta’ por lo que se debió entender que no pretendía el pago por ese ítem (…)”. Por otro lado consideró que la defensa de la entidad demandada se dirigía a justificar la legalidad de acto enjuiciado sobre la causal de rechazo de v la oferta económica contenida en la nota No. 3 de la oferta económica, toda vez que no se diligenciaron los valores de las casillas en las que se encontraba la cantidad que se requería contratar.
Precisado lo anterior, la Sala del Tribunal se refirió a la naturaleza jurídica del pliego de condiciones, y explicó que cuando existen condiciones que pudieran generar alguna ambigüedad o contradicción en los pliegos de

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

de personal, equipos y utilidad asociados al proyecto, así mismo los valores ofertados contemplan el suministro de bienes nuevos, no remanufacturados ni usados.
NOTA No 8: El porcentaje de Gastos Administrativos y de Utilidad serán inmodificables. Durante la ejecución del contrato el supervisor del mismo verificará que, especialmente para el recurso humano, el contratista haga la erogación al tercero de acuerdo con los valores ofertados. (…) (negrilla por fuera del texto original)
El demandante en la oferta económica en el ítem de servicios variables mensuales (por demanda) 2018, se dejó en blanco, es decir, sin diligenciar lo correspondiente al valor unitario base (sin IVA) y valor Parcial – cabe precisar que las cantidades no las estableció el proponente, estas ya estaban incluidas en el formato “Propuesta Económica” anexado al pliego de condiciones- :
2.3.1.2. Concepto sobre la prosperidad de los cargos, elevados contra la Resolución 019344 del 24 de diciembre de 2018.
Previsto lo anterior, se evidencia que los cargos de nulidad elevados por el apoderado judicial de los integrantes del Consorcio ARCADOC -FTIC-MEN no tienen mérito para desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre la Resolución No. 19344. Si bien, la jurisprudencia de la corporación ha admitido que el rechazo de las propuestas no puede darse por aspectos puramente formales -inciso 1 numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993-, el suscrito delegado considera que no puede tratarse como un aspecto meramente formal la indicación de los valores unitarios o parciales dentro de la oferta económica, por lo cual el rechazo de ésta podía efectuarse con fundamento en la nota.3 del “Formato de Oferta Económica” y el literal t) de las causales de rechazo contempladas en el pliego de condiciones definitivo de la licitación ARCADOC FTIC- MEN.
En efecto, verificadas las ofertas económicas allegadas junto con la demanda se observa que en las casillas relativas, a los “Servicios Variables (Por Demanda)” del año 2018, aun cuando la entidad en el formato de propuesta económica no indicó requerir cantidad alguna de unos “ítems”, algunos proponentes (UT MEN 2018 y Data File) no dejaron de diligenciar el valor unitario de dichos ítems para el año en cuestión. Pero se subraya, que en el caso de todos los proponentes se indicaron los valores unitarios y parciales sobre todos los ítems donde se reflejaron cantidades dentro del formato de la “Propuesta Económica” que acompañó el pliego de condiciones, incluida la Oferta Económica de la UT Soluciones Integrales 2018, por lo cual se descarta para el Ministerio Público la existencia de un trato diferenciado. En otras palabras, el único proponente que dejó en blancos valores unitarios frente a los ítems para los cuales la entidad efectivamente requería cantidades, fue el Consorcio ARCADOC-FTIC MEN, por lo cual fue el único que incurrió en el evento previsto en la nota 3.
Precisado lo anterior, de ser cierto lo aducido de por el apoderado del Consorcio demandante, en cuanto el Consorcio ARCADOC FTIC- MEN tenía por estrategia comercial que no se iban a cobrar los servicios variables de demanda por el año, al menos debió haber diligenciado los valores unitarios de cada ítem e indicar con (0) los valores parciales sobre los cuales iba efectuar dichas estrategias -y de ser posible exponérsela de forma clara a la entidad-. Lo anterior, atendiendo que de no admitirse dicha estrategia, los valores unitarios servirían a la entidad para hacer las correcciones aritméticas correspondientes de conformidad a lo establecido en Pliego de Condiciones capítulo de evaluación de la oferta en el acápite 4, que facultó a la entidad para realizar dichas correcciones, en el evento que los costos no cumplan “(…) las condiciones técnicas mínimas requeridas por la entidad (…)” .
Si bien resulta cierto que en el capítulo “OFERTA” en el acápite, se indicó que los proponentes debían ser claros en dentro de la oferta económica, y en caso de no serlo, serían responsables por las omisiones en la indicación de costos, a criterio del suscrito, dicha disposición no tiene el alcance que le otorga el demandante. Según el recurrente dicha disposición se debe interpretar en el sentido que las omisiones al diligenciar la propuesta económica debían remplazarse por (0); no obstante, para el Ministerio Público se considera que dicha disposición hace referencia al “valor de la propuesta”, es decir a los costos que directamente debía hacer el proponente (los valores parciales), y no los valores que se utilizan de referencia (valores unitarios). En este sentido, si el proponente como estrategia económica pensaba no cobrar por algunos ítems estaba obligado a hacerlo explícito dentro de su propuesta económica, sin imponer a la entidad que deba interpretar la negligencia en diligenciar de forma completa la propuesta económica, como el ofrecimiento de una ventaja económica. En todo caso, en dicho escenario el proponente nunca debió dejar de diligenciar los valores unitarios, los cuales servían de insumo a la entidad para efectuar correcciones sobre la propuesta.
En efecto, aún si efectivamente se tratare del ofrecimiento de una ventaja económica, el proponente debió indicarlo de forma explicita y debidamente justificada, pues la entidad además tenía el deber de consultar los precios de mercado a efecto de verificar los costos propuestos con la realidad económica, en especial, para evitar una oferta artíficialmente baja. En este sentido, la causal de rechazo insertada en la nota 3 de la propuesta económica cobra sentido, pues solicita hacer explícitos todos los elementos de la oferta económica, la administración sirve hacer explícita los justificantes del precio propuesto, y ajustarlo – en caso de error aritmético o en la s condiciones técnicas mínimas- según la facultad otorgada en el capítulo de la evaluación de la oferta del pliego (acápite 4) de condiciones
Por los anteriores motivos, a juicio del suscrito agente del Ministerio Publico la Resolución 19344 del 24 de diciembre de 2018 resulta ajustada en derecho, pues los cargos elevados en la demanda no lograron desvirtuar la presunción de derecho que pesa sobre la misma. Por este motivo, salvo mejor consideración de la Sala adopta la siguiente:
CONCLUSION
De conformidad con la argumentación expuesta, y las pruebas que pudieron ser valoradas por el suscrito agente del Ministerio Público, de manera respetuosa considero al no desvirtuarse los razonamientos adoptados por Tribunal Administrativo de Cundinamarca de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B para no acceder los cargos de falsa motivación y violación directa de la ley elevados contra la Resolución 19344 del 24 de diciembre de 2018 del Ministerio de Educación, deberá CONFIRMARSE la sentencia adoptada el 29 de octubre de 2021 que denegó las pretensiones de la demanda.
Del H. Magistrado,
LUIS RAMIRO ESCANDÓN HERNÁNDEZ
Procurador Delegado con Funciones Mixtas 6: para la Conciliación Administrativa
LREH/JEQJ

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Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL. 2023-03-14. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202307101505310.DOCX).
