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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

Caducidad del contrato estatal: Decisión disciplinaria

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Fecha
2022-01-11
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 9: CUARTA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202203141142190.DOCX

Síntesis del concepto

Caducidad del contrato estatal: Decisión disciplinaria

En resumen

Al respecto se debe señalar que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 establecen los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto del contrato y el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 establece la caducidad como aquella medida que se debe declarar cuando se presentan incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. CONTRATO ESTATAL-Mecanismos legales para hacer efectivo su cumplimiento CONTRATO ESTATAL-Facultades exorbitantes del estado CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL-Límites temporales según la jurisprudencia del Consejo de Estado PRIMERO: Que es nula la Resolución número 252 de fecha 19 de julio de 2017 por medio de la cual se da apertura al Proceso Administrativo de Caducidad al Contrato de Obra No. 005 del 22 de septiembre de 2015, Celebrado entre EL MUNICIPIO DE LA GLORIA CESAR Y LA UNION TEMPORAL A.A LA MATA.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993
  • Ley 1474 de 2011
  • Ley 1437 de 2011

Puntos que trata

  • Acción de controversias contractuales: Contra contrato de Obra suscrito entre el Municipio de La Gloria – Cesar y la Unión Temporal A.A La Mata
  • Contrato estatal: Finalidad
  • Contrato estatal: Finalidad según la jurisprudencia del Consejo de Estado
  • Contrato estatal: Definición legal

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio

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Texto del documento 113.085 caracteres
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Contra contrato de Obra suscrito entre el Municipio de La Gloria – Cesar y la Unión Temporal A.A La Mata CONTRATO ESTATAL-Finalidad Resulta pertinente señalar que la finalidad que persiguen los contratos estatales es lograr el cumplimiento de los cometidos estatales y la efectiva prestación de los servicios a su cargo, en procura de lograr la satisfacción de los derechos de todos los administrados, para lo cual el Estado se vale de los particulares para que ejecuten aquellas actividades o proyectos que no pueden ser desarrollados por ella, en virtud de lo cual se crea la relación contractual entre el Estado y los particulares quienes con ésta persiguen obtener un provecho económico en su favor… CONTRATO ESTATAL-Finalidad según la jurisprudencia del Consejo de Estado CONTRATO ESTATAL-Definición legal Ha sido una constante del régimen jurídico de los contratos celebrados por la Administración Pública, el reconocimiento de derechos y deberes al contratista, en virtud de esa relación conmutativa o reciproca que se amparan en el clausulado contractual, y que además encuentra su respaldo en el ordenamiento jurídico que regula la relación contractual del Estado con los particulares que suscriben negocios jurídicos con aquel. Este negocio jurídico denominado como contrato tiene una definición expresa en la Ley 80 de 1993y se percibe como aquel acto o acuerdo entre dos o más extremos que expresan su voluntad y acuerdan un marco normativo o regulatorio que regirá su relación con el objetivo de ejecutar una actividad. CONTRATO ESTATAL-Caducidad Al respecto se debe señalar que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 establecen los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto del contrato y el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 establece la caducidad como aquella medida que se debe declarar cuando se presentan incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. CONTRATO ESTATAL-Mecanismos legales para hacer efectivo su cumplimiento Respecto al contenido del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 se debe señalar que la caducidad es la potestad en cabeza del Estado para declarar unilateralmente el fin del negocio jurídico, cuando aquel no hubiese finalizado en su término de ejecución, y se perciben circunstancias que se constituyan en incumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato que afectan de manera grave y directa la consecución del objeto del contrato, decisión que se debe contener en un acto administrativo en el cual se expresen de manera sustentada y razonables las causas que generaron tal declaratoria y que ordene su liquidación de forma unilateral. La caducidad es un poder en favor de la entidad contratante que únicamente procede como consecuencia del incumplimiento del contrato y de las obligaciones emanadas de aquel y que debe de ser de tal magnitud que ponga en riesgo la correcta y acordada ejecución del objeto del contrato. CONTRATO ESTATAL-Facultades exorbitantes del estado CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL-Definición legal CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL-Límites temporales según la jurisprudencia del Consejo de Estado EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL-Razones por la cuales se altera según la jurisprudencia del Consejo de Estado EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO-Deber de restablecerlo según la normatividad CONTRATO ESTATAL-Principio de la buena fe según la jurisprudencia del Consejo de Estado CONCEPTO No. 02 / 2022 Bogotá D.C., 12 enero 2022. SEÑORES CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A” Consejera Ponente MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO E. S. D. EXPEDIENTE: 20001-23-33-000-2019-00410-01 (67.690) MEDIO DE CONTROL: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DEMANDANTE: JESÚS ORLANDO TOLOSA SUÁREZ DEMANDADO: MUNICIPIO LA GLORIA – CESAR Sentido del concepto: Se debe CONFIRMAR la sentencia recurrida / La Resolución No. 346 de 22 de septiembre de 2017 fue emitida atendiendo los preceptos normativos previsto en los artículos 14 y 18 de la Ley 80 de 1993 para declarar el incumplimiento y la caducidad del Contrato de Obra No. 005 de 2015 / Los incumplimientos que generaron la declaratoria de incumplimiento y caducidad del Contrato de Obra No. 0005 de 2015, son hechos imputables a la parte actora / No se cumplió con el requisito de oportunidad para el reconocimiento y pago de las pretensiones de la parte actora como consecuencia del desequilibrio económico del contrato. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior presenta los siguientes elementos: ANTECEDENTES Objeto del litigio: El señor [NOMBRE TACHADO] su condición de socio de la Unión Temporal A.A. La Mata, radicó medio de control de controversias contractuales ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contra el Municipio de la Gloria del Departamento del Cesar, con el fin que mediante sentencia de fondo se ordene a la accionada acceder a las siguientes declaraciones y condenas, las cuales fueron expuestas por el actor en su escrito petitorio en el siguiente sentido: “PRIMERO: Que es nula la Resolución número 252 de fecha 19 de julio de 2017 por medio de la cual se da apertura al Proceso Administrativo de Caducidad al Contrato de Obra No. 005 del 22 de septiembre de 2015, Celebrado entre EL MUNICIPIO DE LA GLORIA CESAR Y LA UNION TEMPORAL A.A LA MATA. SEGUNDA. - Que es nula la Resolución No. 346 de fecha 22 de septiembre de 2017, por medio de la cual se declara el incumplimiento y la caducidad al Contrato de Obra No. 005 de fecha22 de septiembre de 2015, celebrado entre la entidad demandada MUNICIPIO DE LA GLORIA CESAR y la UT AA LA MATA. TERCERA. - Que es nula la Resolución No. 354 de fecha 28 de septiembre de 2017, por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por la UT AA LA MATA Y SEGUROS DEL ESTADO S.A., en contra de la Resolución de caducidad 346 del 22 de septiembre de 2017. CUARTA. - Que son nulas Las (sic) demás actuaciones, comunicaciones, actas, resoluciones, actos administrativos y decisiones que se deriven de la terminación unilateral del Contrato de Obra 005 de 2015 y las que pertenezcan a la etapa postcontractual, relaciones con lo determinado por la jurisprudencia y la doctrina para estos casos QUINTA. - Que como consecuencia de lo anterior se declare resuelto el contrato mencionado por el incumplimiento de la parte demandada MUNICIPIO DE LA GLORIA CESAR. SEXTA. - Que la entidad demandada MUNICIPIO DE LA GLORIA CESAR se sirva a indemnizar solidariamente y por ende pagar todo el valor de los perjuicios causados a mi representado con ocasión de la expedición y ejecutoria de las resoluciones, actos administrativos, sanciones, comunicaciones, con ocasión a la declaratoria de caducidad del Contrato de Obra 005 del 2015, incluyendo DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE, así como la corrección monetaria y cualesquiera otros índices de ajuste monetario de tales sumas estimadas en SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROS (SIC) OCHENTA Y TRES MIL PESOS ($ 7.380.730.483) M/CTE. SEPTIMA. - Que se LIQUIDE JUDICIALMENTE el Contrato de Obra 005 de 2015. OCTAVA. - Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada Municipio de la Gloria Cesar” Hechos del caso. El día 22 de septiembre de 2015, el Municipio de la Gloria suscribieron con la Unión Temporal A.A La Mata, integrada pon JESUS ORLANDO TOLOSA SUAREZ con el 90% de participación y CONSTRUCCIONES MORENO S.A.S. con el 10% de participación, el Contrato de Obra No. 005 de 2015 para llevar a cabo la construcción de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de la Mata del Municipio de La Gloria del Departamento del Cesar. En curso de la ejecución del contrato, el Municipio de La Gloria, citó el 25 de julio de 2017 al representante de la Unión Temporal A.A La Mata, con el fin de celebrar audiencia en la que se debatió la caducidad del Contrato de Obra No. 005 de 2015. Lo anterior como quiera que el Municipio mediante la Resolución No. 252 del 19 de julio de 2017, dio apertura al proceso administrativo de caducidad del contrato, fundamentando dicho acto administrativo en el artículo 18 de la ley 80 de 1993 y el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. En la audiencia el trámite se sustentó en el informe de interventoría del 14 de julio de 2017, presentado por el ingeniero [NOMBRE TACHADO] calidad de Director de Interventoría de INGRESAR LTDA firma interventora del Contrato de Obra. El informe, arribó a la conclusión que en el marco de ejecución del Contrato de Obra la parte contratada incurrió en presuntas irregularidades e incumplimientos en su ejecución por cuanto; no se cumplió la fecha estimada para la entrega de la obra; se evidenció que posterior a la última reprogramación de la obra, el contratista debía ejecutar el presupuesto, es decir, $917,674,175,91 entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2017 y en junio solo había ejecutado $8.981.330.63 y $0 durante los 14 días del mes de julio; y que en la visita previa se encontró suspendida la ejecución de la obra de forma injustificada, indebida y unilateralmente por parte del contratista. Con respecto a las conclusiones técnicas a las cuales llegó el informe, se señalaron que no fueron corregidas las fallas y asentamientos de zanjas; falta de detalles constructivos por corregir de los pozos de inspección; se evidenció la exposición del acero de refuerzo a la intemperie afectando el funcionamiento futuro de la estructura; y se encontró que el contratista no había invertido $1.008.284.927 por concepto de anticipo entregado, por lo que se le solicitó una copia de los soportes de inversión y pagos realizados con dinero del anticipo, sin que fueran suministrados. En cuanto a los hallazgos de tipo administrativo que generaron el proceso de caducidad del Contrato de Obra, se destacó que el contratista no hizo entrega de las pólizas corregidas como quiera que la vigencia de estas estaba desactualizada respecto al reinicio No. 4 de la obra y el contrato adicional en tiempo No. 2; y quejas por parte del personal contratado para la ejecución de la obra respecto a no pago de salarios y prestaciones. Se señala como hecho de la demanda que el informe de interventoría de fecha 14 de julio de 2017, que fundamentó el inicio del proceso de declarar la caducidad del Contrato de Obra, fue suscrito y presentado por parte del ingeniero Alonso Abuabara Norierga en su calidad de director de interventoría, sin estar facultado para ello, sin ser el representante legal de la firma INGESAR LTDA, razón por la cual a juicio de la parte actora el informe está viciado de nulidad. La Administración Municipal de La Gloria, mediante Resolución No. 346 del 22 de septiembre de 2017, tomo la decisión de declarar el incumplimiento en la ejecución del Contrato de Obra No. 005 de 2015, y, en consecuencia, declaró la caducidad administrativa del Contrato de Obra, para la realización y ejecución de la obra. Por lo anterior la entidad demandada dentro de sus consideraciones y sustento para declarar la caducidad administrativa del contrato tuvo en cuenta las conclusiones del informe de interventoría de la firma INGESAR LTDA de fecha 14 de julio de 2017. El señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de representante legal de UT AA LA MATA, solicitó a la administración Municipal de La Gloria Cesar, que le suministrara copia autentica del informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación para realizar la citación a la audiencia de incumplimiento y caducidad, sin que se le diera una respuesta ni positiva ni negativa; el demandante interpuso el recurso de reposición contra la Resolución No. 346 del 22 de septiembre de 2017, recurso que fue resuelto de manera negativa a través de la Resolución No. 354 del 28 de septiembre de 2017. Asimismo, el demandante interpuso el recurso de reposición contra la Resolución No. 138 de 21 de marzo de 2018, por la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Obras No. 005 de 2015, recurso que fue resuelto desfavorablemente a través de la Resolución No. 218 de fecha 4 de mayo de 2018, la cual fue notificada el día 17 de mayo de 2018. El demandante, interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 346 del 22 de septiembre de 2017, el cual fue resuelto negativamente por la Resolución No. 354 del 28 de septiembre de 2017, agotando así la vía gubernativa, quedando en firme estos actos administrativos. Posteriormente, el demandante interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 138 del 21 de marzo de 2018, que liquidó unilateralmente el Contrato de Obra No. 005 de 2015, siendo, igualmente, resuelto de forma desfavorable por medio de la resolución 218 del 4 de mayo de 2018, notificada el 17 de mayo de 2018. 1.1.2. La postura de la parte demandante es que si bien la Resolución No. 252 de 2017 inició la apertura del proceso administrativo de caducidad al Contrato de Obra No. 005 de 2015 teniendo como fundamento el informe presentado por el ingeniero Alonso Abuabara Noriega de fecha 14 de julio de 2017, este informe no se le dio a conocer físicamente por parte de la administración municipal; igualmente señala que el ingeniero Alonso Abuabara Noriega, quien actuó como representante legal de interventoría de la firma INGESARA LTDA, no estaba facultado ni autorizado para tomar decisiones a nombre de la empresa interventora por lo cual aquel no tenía facultades para firmar o suscribir en nombre de la firma INGESARA LTDA, el informe de interventoría que dio lugar a la apertura de la investigación administrativa. Consideró la parte actora que la administración Municipal de la Gloria Cesar, con el acto administrativo de declaratoria de la caducidad, Resolución No. 346 de septiembre 22 de 2017, viola el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, toda vez que al declarar con este acto administrativo el presunto incumplimiento por parte del contratista, no cuantifico los perjuicios de este, conforme lo ordena esta disposición. La parte actora alega que los hechos que motivaron la declaratoria de caducidad del contrato no pueden ser imputables a título de dolo o culpa atribuibles a la Unión Temporal A.A La Mata, pues el demandante comunicó, bajo su concepto, de forma oportuna, los inconvenientes que impedían el cabal cumplimiento de las obligaciones contraídas. Asimismo, expresó que si el Contrato de Obra No. 005 de 2015 no se cumplió, dicho hecho obedece a que el interventor incumplió con la obligación de exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría desde el comienzo de la obra. En concepto del demandante, no se dio un incumplimiento que pueda calificarse como mora grave o atraso severo en la ejecución del objeto del contrato, sino que el incumplimiento fue debido al cambio de administración, pues una vez asumido el nuevo mandatario, se dio orden de suspensión de la obra por espacio de 3 meses, como lo plasma el acta de Comité de Obra No. 02 del 22 de enero de 2016. La postura del Municipio de La Gloria es que a través de Resolución No. 252 del 19 de Julio de 2017, la Administración Municipal ordenó la apertura del proceso administrativo de caducidad al Contrato de Obra No. 005 de 2015, teniendo en cuenta informe de interventoría presentado por la firma INGESARA LTDA el día 14 de julio de 2017, documentos que fueron debidamente trasladados a los interesados del trámite. Que los actos administrativos expedidos en virtud del proceso que declaró la caducidad del contrato en comento atienden el principio de legalidad, ya que las entidades pueden ejercitar, de conformidad con la ley y el contrato, la potestad sancionadora en el desarrollo contractual, esto es, sin tener que acudir al juez para declarar el incumplimiento. Que en consideración al informe de interventoría de fecha 14 de Julio de 2017 emitido por INGESARA LTDA., así como de las manifestaciones hechas por el contratista UT y las pruebas allegadas al trámite administrativo de declaratoria de caducidad, existieron evidentes incumplimientos de las obligaciones contractuales en cabeza del contratista y las cuales estaban previstas en la cláusula novena del Contrato de Obra No. 005 de 2015. Que las pruebas allegadas al proceso sancionatorio contractual dan cuenta que desde el 4 de julio de 2017 la UT mantuvo paralizada unilateralmente las obras presuntamente por razones de carácter técnico que no fueron probadas por este durante el respectivo trámite administrativo. Que conforme lo visto en la visita de obra realizada el día 3 de agosto de 2017, prueba solicitada por la UT, coadyuvada por la Aseguradora y decretada por la entidad, se pudo confirmar que el porcentaje de ejecución de la obra para esa fecha no sobrepasaba el 48%. Que el contratista no pudo demostrar avance en su obligación de realizar reparaciones en los tramos que no cumplían con las especificaciones técnicas del proyecto, reparaciones que se encontraban incluidas en la reprogramación de obra que soportó el adicional No. 2 y que se evidenció como claramente incumplido por la UT. Que a pesar que en múltiples ocasiones el interventor solicitó la ejecución de las reparaciones de obra que no cumplían las especificaciones técnicas del proyecto, la UT hizo caso omiso a las mismas, demostrado con el hecho que el contratista no pudo demostrar el avance de las reparaciones exigidas, que se encontraban incluidas en la reprogramación de obra que dio sustento a la adicional en tiempo No. 2 y que se encontraba incumplido en atención a la paralización unilateral de la obra por parte del contratista. Que los incumplimientos del contratista constituyeron una afectación grave y directa a la ejecución del contrato, toda vez que con los mismos se evidenció una paralización del contrato y existió la posibilidad que el contrato no concluyera de manera eficiente, pues a menos de quince días de plazo contractual aún hacían falta la ejecución de aproximadamente 48% de la obra. Que la parte demandante no aportó prueba alguna que permitiera inferir que se haya incurrido en algún tipo de ilegalidad, o que se haya actuado contrario a la ley, así como tampoco probó que tenía derecho a el reconocimiento de la suma de $7.380.730.483, por concepto de daño emergente y lucro cesante, con ocasión de la sanción de inhabilidad para contratar por cinco años, que se recuerda es un efecto jurídico de la declaratoria de caducidad de un contrato. Que la entidad verificó las cantidades de obra efectivamente realizadas por el contratista las cuales fueron descritas en la liquidación unilateral realizada por la entidad, teniendo en cuenta la negativa del contratista de adelantar una liquidación bilateral, dando como resultado un reconocimiento de obra ejecutada por valor de $266.207.941. Que se debe aclarar que el Municipio de La Gloria recibió de Seguros del Estado S.A. la suma de $1.419.769.731.14, por concepto de anticipo no amortizado, esto como consecuencia de la declaratoria del siniestro de la garantía de anticipo. Como excepción previa propuso la denominada como presunción de legalidad del acto acusado y al respeto señaló que los actos administrativos atacados gozan de presunción de legalidad hasta tanto no se demuestre que se encuentran viciados de alguna de las causales de nulidad, de conformidad con el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011. De igual forma se encuentra establecido que a la fecha de liquidación del contrato se actuó conforme a las normas aplicables y al contrato, el cual es ley para las partes. Y propuso una excepción innominada frente a toda situación de hecho y/o derecho que resulte probada en el presente proceso y que beneficie los intereses de la entidad que represento y solicito el reconocimiento oficioso, en la sentencia, de los hechos que resulten probadas y que contribuyan una excepción de fondo. El Ministerio Público en el trámite de primera instancia no realizó ninguna intervención. 1.2. Sentencia de primera instancia: Correspondió el conocimiento del asunto al Tribunal Administrativo del Cesar, despacho que negó las suplicas de la parte actora a través de Sentencia del 22 de julio de 2021. Al respecto, el Tribunal Administrativo señaló: Señala el Tribunal que la cláusula novena del contrato suscrito entre la Unión Temporal A.A. La Mata y el Municipio de La Gloria, Cesar, estableció las obligaciones del contratista, quien aceptó dichas condiciones al momento de firmarlo, tal como consta en la cláusula séptima que trata sobre el plazo, que en principio era de 10 meses, y sobre la aceptación de dicho documento contractual. Que el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 prevé la imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento, así como también faculta la cuantificación de los perjuicios que se causen; que al respecto el artículo en cita preceptúa el procedimiento para la aplicación de dichas medidas, dejando expuesto que evidenciado el posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad lo citará a audiencia para el debate de los hechos que generen un incumplimiento y posteriormente, en audiencia, se presentarán los hechos que motivaron la actuación y se enunciarán las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que se podrían derivar para el contratista. Que, realizada la anterior precisión normativa, el Tribunal señaló, que en el caso en comento, mediante la Resolución No. 117 de 24 de marzo de 2017, el Municipio de La Gloria, citó y dio inicio al procedimiento en el cual se esbozaron y analizaron los hechos que llevaron a la imposición de multa por el declarado incumplimiento de las obligaciones del Contrato de Obra por parte del entonces contratista. Que en dicho proceso se evidenció que no hubo presencia del director de obra e ingeniero residente con la formación académica y experiencia técnica exigida en el pliego de condiciones, desde el inicio de la obra hasta la fecha en la que se declaró dicho incumplimiento, ello, en razón a que el contratista, en reunión de Comité de Obra 0726, celebrada el 13 de mayo del 2016, presentó al Ingeniero Residente Giancarlo solano Lobo, pero el 15 de septiembre de 2016 fue cuando registró la afiliación del residente y del director de obra, Jorge Enrique Campos Jiménez, a ARL- SURA, por lo que se evidencia que la obra estuvo sin éstos prácticamente un año después de iniciada la obra. Que otra razón para decidir el incumplimiento fue el hecho del indebido relleno de zanjas e instalaciones de tuberías que no atendían a la especificación técnica ni el manual técnico del proveedor CELTA, lo cual tuvo como consecuencia que, tras el primer aguacero en dicho lugar, el viernes 01 de abril de 2016, se habían presentado asentamientos en los rellenos, como se evidenció en el informe presentado por el Ingeniero de Apoyo a Supervisión el 11 de abril de 2016 al supervisor, consistiendo en una longitud de rellenos mal ejecutados en la zanja de red de alcantarillado sanitario, de 2733,98 metros, por los que además el contratista reclamó y recibió el pago establecido en el Contrato de Obra No. 005 de 2015. Que se advirtió del material probatorio que el contratista construyó tramos adicionales de alcantarillado sanitario los cuales no tenían un diseño previo, por lo que se incurrió en la ejecución de más pozos de inspección y tramos de tubería de 8” en el constado noroccidental del corregimiento La Mata; hecho por el que también el contratista reclama y recibe el pago establecido en el Contrato de Obra No. 005 de 2015, por obras mal ejecutadas. Que previo a la instalación de dicha tubería de alcantarillado sanitario, el contratista tenía la obligación de solicitar a la interventoría o al Municipio de La gloria, el catastro de redes existentes, y, de no existir dicha información, debía realizar la correspondiente investigación; no obstante, no lo hizo e incurrió en desatinos como coincidir el alineamiento de la red de alcantarillado con la red existente del acueducto recién instalado, la retiró, excavó e instaló la del alcantarillado, para posteriormente instalar la del acueducto, incumpliendo además de esta forma, el RAS2000, sobre la separación y ubicación de las redes de servicios públicos; demolió la canaleta de aguas lluvias de la vía La Mata – Ayacucho para instalar debajo de esta, la red de alcantarillado, pudiéndola construir entre la cuneta y el paramento de las vivienda como las redes del gas y acueducto, incurriendo así en el deterioro de la vía, mayores costos y la construcción de una mayor cantidad de pozos de inspección. Que ejecutó 7,711, 81 Mt3 de excavaciones a máquina e hizo cobro de estas como si las hubiese ejecutado a mano, generando un sobrecosto adicional a la actividad ejecutada. Señaló el Tribunal que el contratista cobró el proceso de entibado, pero este proceso se encontraba establecido en el ítem 3.01, como que debería ejecutarse a expensas del contratista, sin embargo, el contratista cobró, y la administración municipal 2012-2015, pagó. Que respecto al análisis de las prestaciones sociales tanto para salarios menores a 2SMLMV como para mayores a este valor, el contratista asumió valores que no corresponden a lo señalado en la legislación vigente y de aportes parafiscales, creando un aumento indebido del valor de estas. Que por lo anterior estimó el Tribunal que la Alcaldía encontró probado y tuvo la facultad para declarar el incumplimiento del clausulado obligacional del contrato, y como consecuencia de dicha declaratoria, también podía imponer las sanciones que consagra el contrato, la ley y hacer efectivas las garantías constituidas en razón a que el siniestro de incumplimiento ocurrió dentro de la vigencia amparada, a su vez genera la aplicación de la cláusula décimo segunda, referente a la sanción pecuniaria. Que pese a la argumentación expuesta por el contratista en los descargos, no se logró demostrar el cumplimiento total de los compromisos adquiridos con la entidad con ocasión a la ejecución de la obra, estando en mora del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por lo que el Tribunal encontró ajustado la aplicación del derecho al debido proceso y la decisión adoptada por el Municipio, ya que se apreció del material probatorio que aquél buscó conminar al contratista a cumplir sus obligaciones mediante multa, toda vez que la ley establece que procede dicha acción mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones. Estimó el Tribunal que quedó demostrado que en el trámite y durante el transcurso de este, que la UT tuvo la oportunidad de conocer y debatir y controvertir los hallazgos de la supervisión y de lo que dieron cuenta las pruebas arrimadas al proceso, documentos que se encontraban en poder de los interesados en el proceso. Que, respecto a las consideraciones y fundamentos para declarar la caducidad, encuentra el Tribunal que, en efecto, del informe de interventoría de fecha 14 de julio de 2017, emitido por INGESARA LTDA, como las manifestaciones hechas por el contratista y las pruebas allegadas al presente proceso, existen evidentes incumplimientos de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Que prueba de una de ellas, fue lo señalado por la directora de la obra en cuanto a que el 1 de agosto y posteriormente el día 8 de agosto de 2017 la UT AA La Mata, mantuvo paralizada la ejecución de la obra aduciendo inconvenientes técnicos, sin embargo, no probó dichas afirmaciones. Que en la visita realizada el 3 de agosto 2017, prueba solicitada por la Unión Temporal A.A La Mata y coadyuvada por la aseguradora, se pudo comprobar que el porcentaje de la ejecución de obra en dicho momento no sobrepasaba el 48%. Que igualmente se probó que con ocasión del reinicio de las obras y la suscripción del adicional en tiempo No. 2, a la fecha del informe de interventoría, el 14 de julio de 2017, el contratista debía cumplir con una ejecución de obra de $900.000.000, pero de esto, solo se demostró la ejecución por un valor de $8.000.000, evidenciando así el incumplimiento de la reprogramación concertada y, en consecuencia, de su obligación de ejecutar la obra de manera oportuna. Que, en cuanto al incumplimiento con relación a los permisos ambientales, señaló el Tribunal que quedó demostrado en las audiencias que los mismos no constituyen causa justa para la paralización de la obra por parte del contratista, y como prueba de esto se encuentra la construcción de una batea sin ningún permiso por parte de CORPOCESAR. Concluyó el Tribunal que los incumplimientos del contrato por parte del contratista constituyeron una afectación grave y directa a la ejecución del contrato, toda vez que son evidencia de la paralización del contrato y existía la posibilidad de que el contrato no concluyera de manera eficiente; que por lo anterior consideró el Tribunal que las prerrogativas de la administración en materia contractual y su fundamento, están justificadas constitucionalmente por el interés público que está implícito en la contratación estatal; de tal suerte que el fallador de primera instancia advirtió la aplicación sin ningún reproche del artículo 86 de la ley 1474 de 2007 y el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 en un procedimiento que no desconoce el debido proceso y reconoció a la administración la facultad necesaria para preservar dicho interés; que en el caso en comento encontró el Tribunal, que con sujeción a la norma por parte de la Alcaldía Municipal de La Gloria se impuso al contratista la sanción de caducidad por incumplimiento del contrato estatal, la cual se impuso con sujeción a los hechos y omisiones por parte del contratista que fueron probados. 1.3. El recurso de apelación interpuesto: Inconforme con la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar de fecha 22 de julio de 2021, la parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en el cual, además, de reiterar textualmente los argumentos expresados en el escrito petitorio y que ya fueran valorados a la luz de lo probado en sede de primera instancia, se destaca cómo argumentos nuevos del inconformismo con la decisión del fallador de primera instancia los siguientes: Que el fallador de primera instancia debió advertir en su fallo que el Municipio de la Gloria, tenía la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato y no lo hizo, para evitar la paralización o la afectación grave de los servicios a su cargo y así de esa manera asegurar la inmediata, continua y adecuada ejecución de la obra, para evitar la terminación unilateral del contrato. Que el Magistrado ponente, no dio aplicación a lo establecido en el numeral 2 del artículo 14 de la ley 80 de 1993, ya que era obligación del ente contratante, haber pactado las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. Que la nueva administración torpedeó al contratista para que este no pudiera cumplir con el objeto del contrato y poder quitárselo como en efecto lo hizo, desde su entrada suspendió el contrato por casi 4 meses. Que las causas por las cuales no se cumplió con el contrato son imputables al contratante como quiera que aquél ordenó la suspensión de la obra, lo que conllevó romper el equilibrio, la ecuación contractual. Que la entidad territorial al tomar la decisión de declarar la caducidad administrativa al contra de obra 005, violó el precepto del artículo 16 d la ley 80 de 1993, ya que no se le dio la oportunidad al contratista de que el equilibrio contractual se nivelara, no se expidió el respectivo acto administrativo para que este con base en la alteración del equilibrio contractual de más del 20% renunciara a la ejecución del contrato. Que por lo cual la entidad territorial violó los distintos procedimientos para declarar la caducidad administrativa del Contrato de Obra 005, ya que este artículo no fue tenido en cuenta por el A Quo, si lo que pretendía era fundamentar el fallo en el incumplimiento del contratista. Que el A Quo se atuvo a concluir que el contratista había incumplido con el Contrato de Obra, sin examinar las razones de fondo que se esgrimieron para decir, que ese acto administrativo mediante el cual se declaraba la caducidad administrativa del Contrato de Obra pública 005, estaba viciado de nulidad al igual que los otros actos administrativos demandados, porque no hizo el procedimiento de ley por lo que se violó el debido proceso. Que la paralización de la obra a la que hace referencia la ley 80 de 1993 en sus artículos 14 y 18, implica necesariamente que afecte el servicio público, siendo así las cosas porque la entidad contratante toma la decisión de declarar el incumplimiento y por ende declarar la caducidad administrativa sino se afectó ningún servicio público. Que el acto administrativo que declaró el siniestro está viciado de nulidad por falsa e indebida motivación, porqué en el mismo jamás se dijo cual fue ese daño patrimonial causado al igual que no se determinó la cuantía de este. Señala el apelante que el fallo se profiere partiendo del problema jurídico equivocado, ya que el A Quo lo enfocó a determinar si U.T. A.A LA MATA era el responsable del presunto incumplimiento del Contrato de Obras No. 005 y en caso de ser así determinar si la consecuencia jurídica fue la correcta; que al respecto el Tribunal no debió determinar si el incumplimiento había sido o no de la contratista U.T. A.A LA MATA, puesto que es la UT la que está accionando el aparato judicial y la demanda se encauzó a endilgar responsabilidad al Municipio de la Gloria Cesar, por cuanto se demostró que la administración municipal, desde el inicio de la nueva administración ordenó suspender la obra, torpedeando la ejecución de esta. Que el procedimiento que empleó la alcaldía para declarar y sancionar al contratista estaba viciado de nulidad, porque no se hizo el debido proceso, ya que la administración sustentó sus decisiones en el informe de interventoría el cual fue suscrito por el Ingeniero ALONSO ABUABARA NORIEGA, quien estaba desautorizado para la suscripción de este por parte del representante legal de la firma INGESAR LTDA. Que el juez de primera instancia se circunscribió fue a determinar el incumplimiento por parte del contratista, sin entrar a detenerse a hacer un análisis, de las normas jurídicas que le sirvieron de sustento del fallo recurrido. Que si se dieron las anomalías en le ejecución del contrato que advirtió el fallador de primera instancia, se debe analizar que aquéllas no son causa imputable al actor, porque si aquello fuera cierto, donde estaba el supervisor funcionario de la alcaldía o el interventor contratado, y porque no actuaron cuando fueron advertidas; que por lo cual, que las anomalías no fueran resueltas es un hechos imputable a la administración y por ello incumplió con el deber de velar para que la obra se ejecutara bien y dentro del tiempo establecido. Que los actos de la administración municipal nunca fueron debidamente motivados, ni con informes técnicos por parte de interventoría, ni con informes del supervisor de la obra, violándole a la parte actora el derecho de defensa. Que, al contratista, la nueva administración del Municipio de la Gloria no lo dejó cumplir con el contrato, poniéndole talanqueras, al pretender que volviera a construir ítems del contrato cuando ya estaban aprobados por interventoría y se habían cancelado mediante acta; actuando de mala fe, violando el principio que los contratos deben celebrarse de buena fe y no ponerle “zancadillas” al contratista para llevarlo a un incumplimiento con el afán de hacer nueva licitación pública. Que el apelante no comparte el fallo de primera instancia porque se apartó de los fundamentos y pretensiones de la demanda, no se tuvo en cuenta o no se hizo un análisis de las normas violadas por la administración al expedir los actos administrativos acusados, que es por ello, que manifestó que la sentencia no está en congruencia entre lo solicitado en la demanda y lo fallado. Que dentro del proceso en primera instancia se demostró las suspensiones de obra que estuvieron a cargo de la administración municipal y donde se lograron señalar que buscaban razones infundadas para dar por incumplido el contrato, faltando al principio de equilibrio de la ecuación económica del contrato, paralizando sin fundamentos la obra, no reconociendo el pago de obras ejecutadas, no teniendo en cuenta las inclemencias del clima, y no saneando los reparos que hiciese la parte actora para la eficaz ejecución de la obra. Asimismo, señaló el apelante que no se incorporó al proceso, todas las pruebas que fueron solicitadas, como lo era la copia de todo el expediente que tenía la administración municipal del Municipio de la Gloria Cesar, y el testimonio del señor ALONSO ABUABARA para que expusiera las razones por medio de las cuales presentó su escrito en representación de la interventoría sin serlo. 1.4. Alegatos de conclusión en segunda instancia: El Consejo de Estado corrió término para que las partes presentaran alegatos de conclusión, término durante el cual los extremos procesales no presentaron escrito de alegaciones finales en segunda instancia. II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos. De acuerdo con el trámite surtido y conforme los reparos manifestados en el recurso, el Ministerio Público, en su función de intervención en defensa del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales, considera que el problema jurídico a abordar, para efectos de presentar concepto, se puede formular de la siguiente manera: ¿Es procedente la declaratoria de incumplimiento y caducidad del Contrato de Obra No 0005 de 2015 suscrito entre el Municipio de La Gloria - Cesar, con la Unión Temporal A.A La Mata, integrada por Jesús Orlando Tolosa Suarez y Construcciones Moreno S.A.S, que efectuó el Municipio de La Gloria a través Resolución No. 346 de fecha 22 de septiembre de 2017? ¿Los incumplimientos que generaron la declaratoria de incumplimiento y caducidad del Contrato de Obra No. 0005 de 2015, son hechos imputables a la parte actora de acuerdo con lo probado dentro del proceso que el Municipio de La Gloria - Cesar, inicio a través de la Resolución 252 de fecha 19 de julio de 2017 mediante la cual se da apertura al proceso administrativo de declaratoria de caducidad al Contrato de Obra No 005 de 2015? ¿Se presentó una ruptura del equilibrio económico del Contrato de Obra No 005 de 2015? 2.2. Análisis fáctico y probatorio. En el expediente existe abundante material probatorio, el cual correspondió sopesar al Ministerio Público. Una vez revisado éste material, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado destaca las siguientes pruebas relevantes para emitir concepto de fondo sobre el asunto: Contrato de Obra No. 005 de 2015 de fecha 22 de septiembre de 2015 suscrito por el Municipio de La Gloria, Cesar, con la Unión Temporal A.A La Mata, integrada por Jesús Orlando Tolosa Suarez, con un 90% de participación, y Construcciones Moreno S.A.S con el 10% de participación, cuyo objeto fue la construcción de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de la mata del municipio de la gloria departamento del cesar. Acta de reunión de fecha 22 de enero de 2016 en la cual participaron Alfonso Bonfante Arévalo, secretario de Planeación, en calidad de supervisor del contrato N° 005 de 22 de septiembre de 2015; [NOMBRE TACHADO], representante legal de la [NOMBRE TACHADO] La Mata, en calidad de contratista; y Alonso Abuabara Noriega, representante legal de INGESARA LTDA. en calidad de interventor, con el fin de suspender el contrato a través del acta de suspensión de obra N° 01. Acta de Reinicio de Obra N° 01 de fecha 07 de marzo de 2016 en la cual comparecieron Alfonso Bonfante Arévalo, [NOMBRE TACHADO] y Alonso Abuabara Noriega, con el fin de reiniciar el Contrato de Obra N° 005 de 2015. Acta de suspensión de obra N° 03 de fecha 3 de octubre de 2016, a la cual comparecieron el secretario de Planeación, el representante legal de la UT A.A. La Mata y el representante legal de INGESARA LTDA, con el fin de suspender el Contrato de Obra en razón a que desde el mes de octubre se presentaron lluvias en el sitio de obras, disminuyendo el rendimiento de su ejecución, exponiendo al personal de obras a riesgos debido a derrumbes en las paredes de las zanjas, así como también, que las actividades a realizar consistían en la fundida de digestores, hecho que requería de tiempo seco para su ejecución pues podría comprometerse la resistencia del concreto Acta de reinicio No. 03 de fecha 26 de octubre de 2016 la cual fue suscrita por Alfonso Bonfante Arévalo, secretario de Planeación, en calidad de supervisor del contrato N° 005 de 22 de septiembre de 2015; [NOMBRE TACHADO], representante legal de la [NOMBRE TACHADO] La Mata, en calidad de contratista; y Alonso Abuabara Noriega, representante legal de INGESARA LTDA en calidad de interventor y, Jorge Enrique Campos Jiménez, director de la obra, con el fin de reiniciar el Contrato de Obra, considerando que las condiciones adversas de clima habían mejorado, pudiendo así continuar con la ejecución del contrato. Acta de suspensión No. 04 de fecha 29 de marzo de 2017 suscrita por Alfonso Bonfante Arévalo, Secretario de Planeación, en calidad de supervisor del contrato N° 005 de 22 de septiembre de 2015; [NOMBRE TACHADO], representante legal de la [NOMBRE TACHADO] La Mata, en calidad de contratista; y Alonso Abuabara Noriega, representante legal de INGESARA LTDA en calidad de interventor, con el fin de suspender el contrato bajo las consideraciones planteadas, en razón a que, transcurridos 15 meses de la ejecución de las obras, no se encontró avance significativo en lo pactado en el Contrato de Obra N° 005, por lo que incluso la Administración Municipal sancionó por incumplimiento de las especificaciones técnicas de las cláusulas contractuales y de la normatividad técnica y legal vigente al contratista de obra e interventor. Por este motivo se dio un plazo para la terminación de las obras con entera satisfacción. Las obras se suspendieron hasta el 17 de abril 2017. Resolución N° 117 de fecha 24 de marzo de 2017 por medio de la cual se declara el incumplimiento de las obligaciones al Contrato de Obra N° 005 de 2015 y, se impone una multa en el marco del procedimiento administrativo consagrado en la ley 1474 de 2011. Resolución N° 122 de fecha 28 de marzo de 2017 por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por al UT AA la Mata y Seguros del Estado S.A en contra de la resolución N° 117 del 24 de marzo de 2017. Oficio de fecha 19 de abril de 2017, en el cual INGESARA LTDA comunica al secretario de Planeación la remoción del Alonso Abuabara Noriega. Al respecto resaltó el Tribunal en el fallo de primera instancia que quien sustituyó al señor [NOMBRE TACHADO], fue el señor [NOMBRE TACHADO], quien en ocasiones previas había ejercido como representante legal de la empresa en mención, tal como consta en el acta de reinicio de obra N° 01 del 7 de marzo de 2016, que yace en el folio 83 del expediente. Resolución 252 de fecha 19 de julio de 2017 mediante la cual se da apertura al proceso administrativo de declaratoria de caducidad al Contrato de Obra N° 005 de 2015, la cual resolvió dar inicio al proceso administrativo de caducidad de obra N° 005 de 2015, celebrado entre el Municipio La Gloria, Cesar y la [NOMBRE TACHADO] La Mata Comunicación de fecha 25 de julio de 2017 mediante la cual el Municipio de La Gloria, Cesar, remite comunicación al señor [NOMBRE TACHADO], representante legal de la Unión Temporal A.A La Mata, con el propósito de celebrar audiencia en la que se debatió la posible caducidad del Contrato de Obra N° 005 de 2015. Resolución N° 346 de fecha 22 de septiembre de 2017 por la cual el Municipio de La Gloria, Cesar, declaró el incumplimiento y la caducidad al Contrato de Obra N° 005 de 2015. Acto administrativo de fecha 28 de septiembre de 201724 mediante el cual es resuelto el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante contra la Resolución N° 346. 2.3. Análisis jurídico. Procede esta delegada, a emitir concepto dentro del presente radicado, tendiente a solicitar que se CONFIRME la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar de fecha 22 de julio de 2021, dentro del medio de control de controversias contractuales, de acuerdo con las siguientes consideraciones: Advierte esta delegada del material probatorio antes referido, que el día 22 de septiembre de 2015, la parte actora y el Municipio de la Gloria suscribieron el Contrato de Obra No. 005 de 2015 para llevar a cabo la ejecución de la obra que tenía por objeto la construcción de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de La Mata, del Municipio de la Gloria, Departamento del Cesar. En curso de la ejecución del contrato, mediante Resolución No. 252 de fecha 19 de julio de 2017, el Municipio dio apertura del proceso administrativo de caducidad al Contrato de Obra No. 005 de 2015, fundamentando dicho acto administrativo en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el clausulado del Contrato de Obra en comento y teniendo como sustento el informe del 14 de julio de 2017 de interventoría presentado por el ingeniero Alonso Abuabara Noriega, quien hizo las veces de representante legal de INGRESAR LTDA firma interventora. El informe de interventoría en comento expuso los incumplimientos: En las metas de ejecución del contrato que harían que las obras no fueran ejecutadas y entregadas en la fecha prevista en el contrato. Deficiencias en la ejecución del presupuesto del contrato pues que para el mes de junio y julio de 2017 debió ejecutar $917,674,175,91 y para dicho periodo se ejecutó $8.981.330.63. Suspensión en la ejecución de las obras de forma injustificada, indebida y unilateralmente por parte del contratista. Incumplimiento en la entrega de las correcciones respecto a las fallas y asentamientos de zanjas y también que el contratista avalara los rellenos. Detalles de constructivos faltantes por corregir de los pozos de inspección. Exposición del acero de refuerzo a la intemperie. No inversión de $1.008.284.92. por concepto de anticipo entregado. No corrección de las pólizas del contrato en razón a que la vigencia de estas estaba desactualizada. Quejas por parte del personal que laboró en la obra puesto que, al estar suspendida la obra, sin justa causa, éstos debían buscar trabajo en otras empresas En el trámite del proceso de caducidad que dio inicio en audiencia que se efectuó el día 1 de agosto del 2017, el contratista solicitó como prueba una visita técnica en la obra para verificar el informe de la interventora, visita que fue coadyuvada por Seguros del Estado S.A y practicada el día 3 de agosto de 2017 por el Municipio de La Gloria; así mismo en dicha audiencia la aseguradora Seguros del Estado S.A, solicitó subsanar inconsistencias en el escrito de citación a la audiencia de caducidad, siendo éstas resueltas por la entidad en el oficio de 4 de agosto de 2017, sin que la aseguradora realizara un nuevo pronunciamiento al respecto. La Administración Municipal mediante Resolución No. 346 del 22 de septiembre de 2017, tomo la decisión de declarar el incumplimiento en la ejecución del Contrato de Obra No. 005 de 2015, y en consecuencia declaró la caducidad administrativa del Contrato de Obra No. 005 de 2015, para la realización y ejecución de la obra. Dentro de sus consideraciones para adoptar tal decisión expresó que tuvo en cuenta el informe de interventoría del 14 de julio de 2017 de la firma INGESAR LTDA, que analizó las inconsistencias en le ejecución del contrato. La parte actora, interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 346 del 22 de septiembre de 2017, el cual le fue resuelto de manera negativa a través de la Resolución No. 354 del 28 de septiembre de 2017; asimismo interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 138 de 21 de marzo de 2018 por la cual se liquidó unilateralmente el Contrato de Obra No. 005 de 2015, el cual fue resuelto negativamente mediante la Resolución No. 218 de fecha 4 de mayo de 2018, la cual fue notificada el día 17 de mayo de 2018. 2.3.1 Respecto al contrato estatal y la declaratoria de caducidad. Resulta pertinente señalar que la finalidad que persiguen los contratos estatales es lograr el cumplimiento de los cometidos estatales y la efectiva prestación de los servicios a su cargo, en procura de lograr la satisfacción de los derechos de todos los administrados, para lo cual el Estado se vale de los particulares para que ejecuten aquellas actividades o proyectos que no pueden ser desarrollados por ella, en virtud de lo cual se crea la relación contractual entre el Estado y los particulares quienes con ésta persiguen obtener un provecho económico en su favor; frente al anterior planteamiento el Consejo de Estado ha señalado: “El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado. De acuerdo con esta orientación, los contratos estatales están poderosamente influidos por el fin que ellos involucran, cuál es el interés público, lo que determina, por una parte, que no le es permitido a la administración desligarse de la forma como los particulares contratistas realizan la labor encomendada a través del contrato; y de otra, que el contratista ostente la posición de colaborador de la entidad. Es decir, con el contrato se pretende la realización de un fin de interés general, pues es un medio que utiliza la administración pública para la consecución de los objetivos Estatales, el desarrollo de sus funciones y la misión que le ha sido confiada, con la colaboración o contribución de los particulares contratistas, los cuales concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual. Es entonces, la razonable contraprestación económica la que permite que exista un adecuado balance entre el interés público que anima al Estado a contratar y el interés individual que estimula a los particulares colaboradores a obligarse a suministrar los bienes y servicios objeto del contrato para contribuir con el cumplimiento de los fines de la contratación, el cual debe ser calculado y previsto al tiempo de proponer y contraer el vínculo contractual. Así, al nacimiento del contrato, las partes conocen o saben el provecho que les reportará, sobre la base de una equivalencia de prestaciones; por un lado, la administración persigue la consecución de los fines del Estado y, por otro lado, el contratista un beneficio económico en su favor, de suerte que es en ese instante de asunción del vínculo en el que se regula la economía del acuerdo en forma simétrica, constituyéndose una ecuación financiera que deberá preservarse en su ejecución.” Ha sido una constante del régimen jurídico de los contratos celebrados por la Administración Pública, el reconocimiento de derechos y deberes al contratista, en virtud de esa relación conmutativa o reciproca que se amparan en el clausulado contractual, y que además encuentra su respaldo en el ordenamiento jurídico que regula la relación contractual del Estado con los particulares que suscriben negocios jurídicos con aquel. Este negocio jurídico denominado como contrato tiene una definición expresa en la Ley 80 de 1993, y se percibe como aquel acto o acuerdo entre dos o más extremos que expresan su voluntad y acuerdan un marco normativo o regulatorio que regirá su relación con el objetivo de ejecutar una actividad. Es evidente que en el caso en comento las partes están regidas por el clausulado al cual se obligaron de manera reciproca y voluntaria con la suscripción del Contrato de Obra No. 005 de 2015 del cual emanan tanto derechos como obligaciones a los extremos contractuales, que deben ser cumplidos de manera íntegra en el marco de las especificaciones técnicas, presupuestales y administrativas de lo pactado en el contrato y en la etapa previa de éste; de tal forma que si surge alguna causal de incumplimiento de las obligaciones contractuales, la parte afectada puede hacer uso de las herramientas jurídicas convenidas en el contrato y que regula el ordenamiento jurídico para contener el incumplimiento contractual y hacer efectivas las disposiciones jurídicas para tal coyuntura. Al respecto se debe señalar que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 establecen los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto del contrato y el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 establece la caducidad como aquella medida que se debe declarar cuando se presentan incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Por su parte el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 señala: “ARTÍCULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o. de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial. Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilaterales, procederá el recurso de reposición, sin perjuicio de la acción contractual que puede intentar el contratista, según lo previsto en el artículo 77 de esta ley. 2o. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión. Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y de prestación de servicios. En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aún cuando no se consignen expresamente. PARÁGRAFO. En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2o. de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales.” Se debe advertir que el precepto normativo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 es una expresión de las facultades exorbitante del Estado, en este caso del Municipio de la Gloria, ella como la potestad de dirección y control de la celebración y ejecución del contrato que en virtud de la garantía del interés general tiene el Estado en el término de ejecución de un contrato estatal, con ocasión de la reciprocidad de obligaciones del contrato; aquélla potestad se ejecuta para evitar la parálisis en la ejecución del objeto del contrato o la afectación grave del servicio a su cargo, lo anterior como una expresión de los privilegios contractuales de los cuales goza el Estado en vigencia de la ejecución de aquellos negocios que ella suscriba, con el fin de garantizar la protección y preponderancia del interés de todos los administrados o si se quieres de aquélla población a la cual está dirigida la ejecución de un contrato que dignifique y beneficia sus condiciones de vida. Al respecto el Consejo de Estado ha señalado: “En materia contractual, la administración tiene la dirección y control de la celebración y ejecución del contrato, función que desarrolla, entre otras formas, a través de las cláusulas exorbitantes, caracterizadas, esencialmente, por la inaplicabilidad de algunos principios contractuales del derecho civil, toda vez que, precisamente, al practicarse quebrantan la igualdad y conmutatividad propias del acuerdo de voluntades (…) El fundamento de estos poderes, reservados a la administración, es el interés general, deducible de la teleología de los extremos del contrato estatal. En efecto, la entidad pública que acude al negocio jurídico, directa o indirectamente, espera un beneficio colectivo, y el contratista, por su parte, pretende con la suscripción del acuerdo incrementar su patrimonio. (…) las cláusulas exorbitantes son -de acuerdo con la Ley 80 de 1993: la interpretación unilateral de los documentos contractuales y de las estipulaciones en ellos convenidas, la introducción de modificaciones a lo pactado, la terminación unilateral, la caducidad administrativa, la reversión y el sometimiento a las leyes nacionales. En este orden de ideas, las cláusulas exorbitantes le otorgan ventajas a la Administración, porque es gestora del interés colectivo. (…)” Aquella facultad exorbitante está contenida en la cláusula décimo séptima del Contrato de Obra No. 005 de 2015, lo cual implica que aquella no resulta desconocida o extraña para los extremos contractuales y la cual al respecto señala: “CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. CADUCIDAD. EL MUNICIPIO podrá declarar la caducidad administrativa de este contrato por medio de resolución motivada, a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando, con ocasión de la ejecución de este contrato, el CONTRATISTA incurra en cualquiera de las causales de caducidad que señale ala Ley. PARAGRAFO PRIEMRO: Declarada la caducidad, el CONTRATISTA hará una relación detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecución de la resolución que la declare, los cuales se consignaran en un acta que deberá llevar el visto bueno de EL MUNICIPIO. PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad, el CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades prevista en la ley 80 de 1993, y EL MUNICIPIO podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través de garante o de otro contratista PARAGRAFO TERCERO: Si EL MUNICIPIO se abstiene de declarar la caducidad, adoptara las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos del contrato.” Por su parte el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 señala: “ARTÍCULO 18. DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.” Respecto al contenido del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 se debe señalar que la caducidad es la potestad en cabeza del Estado para declarar unilateralmente el fin del negocio jurídico, cuando aquel no hubiese finalizado en su término de ejecución, y se perciben circunstancias que se constituyan en incumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato que afectan de manera grave y directa la consecución del objeto del contrato, decisión que se debe contener en un acto administrativo en el cual se expresen de manera sustentada y razonables las causas que generaron tal declaratoria y que ordene su liquidación de forma unilateral. La caducidad es un poder en favor de la entidad contratante que únicamente procede como consecuencia del incumplimiento del contrato y de las obligaciones emanadas de aquel y que debe de ser de tal magnitud que ponga en riesgo la correcta y acordada ejecución del objeto del contrato. Por su parte respecto al contenido del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 el Consejo de Estado ha señalado: “De conformidad con lo prescrito por el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la Administración está habilitada para declarar la caducidad del contrato por medio de acto administrativo debidamente motivado, siempre que se reúnen los siguientes presupuestos: (i) un incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista; (ii) que dicho incumplimiento afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y (iii) que el mismo evidencie que puede conducir a la paralización del contrato. Según la norma en cita, dicha declaratoria trae aparejada la pérdida de los derechos que dimanaban del negocio jurídico para el contratista y, particularmente, que se traducen en: (i) dar por terminado el vínculo negocial sin que haya lugar a indemnización para el contratista; (ii) ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre; (iii) hacer exigibles garantías por configuración del siniestro del incumplimiento; (iv) hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y (v) configurar la inhabilidad para contratar con entidades públicas por 5 años. (…)” Sobre los límites temporales para la declaratoria de caducidad el máximo órgano de cierre de lo contencioso administrativo, a señado que “en lo que hace a los límites temporales del ejercicio de la declaratoria de caducidad como poder exorbitante, la Sala tiene determinado que la caducidad del contrato sólo puede declararse durante el plazo de ejecución y mientras se encuentre vigente y no durante en la etapa de liquidación, habida cuenta que una vez fenecido el plazo convenido no se acompasa con la finalidad y sentido de esta medida excepcional que debe ser de interpretación restrictiva.”, al respecto se debe decir que el Contrato de Obra No. 005 de 2015 vencía en su término de ejecución el día 04 de octubre de 2017 y la fecha de la declaratoria de caducidad se efectuada mediante la Resolución No. 346 del 22 de septiembre de 2017, cumpliendo la exigencia prevista por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Establecidos los anteriores lineamentos normativos y jurisprudenciales es evidente que la decisión contenida en la Resolución No. 346 del 22 de septiembre de 2017 que declaró el incumplimiento en la ejecución del Contrato de Obra No. 005 de 2015 y en consecuencia declaró la caducidad administrativa del Contrato, así como los demás actos que se derivaron del anterior, son una expresión de la facultad exorbitante de la administración por lo cual no se encuentra reparo sobre ello, a más que el clausula del contrato así lo preveía como se trascribió en párrafos precedentes; ahora, atendiendo lo expresado por el apelante esta delegada examinara si aquel acto atendió a hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que afectaron de manera grave y directa la ejecución del contrato, y si aquello condujo a la parálisis de la obra conforme la probanza que al respecto se realizó dentro del cartulario. 2.3.2 De la declaratoria de caducidad del Contrato de Obra No. 005 de 2015. Se debe decir que para el Municipio de la Gloria la génesis de la declaratoria de caducidad del Contrato de Obra No. 005 de 2015 a través de la Resolución No. 346 del 22 de septiembre de 2017, fue el incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones dispuestas en la cláusula novena del contrato en comento, al respecto aquéllas señaladas por la entidad indican qué: “b. Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutándolo oportuna e idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones. c. Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas del interventor y/o su previsor del contrato. (…) f. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratando para la ejecución del contrato, por casi o con ocasión del desarrollo del mismo. g. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. h. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de todos el personal que ocupe en la ejecución de la obra y mantenerse al día en el pago de seguridad social integral y obligaciones parafiscales, y acreditarlo en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993- adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, para el personal de la oficina que preste el apoyo a la ejecución del proyecto, como todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, este último cuando corresponda. m. Dar estricto cumplimiento de las especificaciones das por el supervisor de la obra.” Es evidente de acuerdo con la motivación que se expresó en la Resolución No. 346 del 22 de septiembre de 2017, que el municipio encontró desatendidas las anteriores obligaciones de acuerdo con las conclusiones a las cuales arribó el señor [NOMBRE TACHADO] calidad de director de Interventoría de la firma interventora del Contrato de Obra No. 005 de 2015 en su informe de fecha 14 de julio de 2017, quien al respecto señaló: “CONCLUCIONES (sic) Y EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA En referencia al análisis relacionado con los términos de inicio y terminación (para el caso la fecha de terminación seria el próximo 4 de octubre de 2017) en atención a la reprogramación pactada, y revisando la misma, haciendo uso de un método de ejecución y planeación y estimando la experiencia de los equipos de trabajo del contratista, es decir estimando los rendimientos de las cuadrillas, los tiempo optimistas y pesimistas a además cualquier circunstancia exógena que puede suceder en el desarrollo normal de las obras es casi imposible cumplir; pero sí adicionalmente fueron paralizados los trabajos, es apenas lógico que en la proyección de fecha de terminación próximo de 4 octubre, no se alcanzarla el cumplimiento de la meta trazada para esta obra pública, lo que podría traducirse en otro parcial incumplimiento. En ocasión al cumplimiento de la programación y ejecución de obras; es que existe obras verificadas y otras por verificar en el cual su ejecución es defectuosa, sobre las cuales no hay documentado su corrección ni reportado a esta interventoría, lo que permite estimar un tiempo adicional que no cabe dentro del término ultimo do ejecución do lo obra que también apunta a un eminente incumplimiento. Según la reprogramación de obra para el adicional en tiempo N4 (páginas 34 - 41) el contratista debió ejecutar un valor de$ 917.647.175.91 desde el 1 de junio al 14 de julio de 2017 y solo ejecutó un valor de $8.981 ,330,63 durante al mes de junio y en un valor de $0 durante los 14 días transcurridos del mes de julio. Si bien es cierto en el desarrollo del contrato se han justificado distintas reprogramaciones de obra, de esta última hechos los análisis respectivos en los cual se proyectó ejecutar un valor en obra de$ 917.647.175.91 aproximadamente se evidencia ejecución de un valor de $8.981.330.63 resultado de la instalación de cinta pvc en los digestores y de una corrección subsanable en el cálculo del ltem de excavaciones. Este valor apenas expresa un porcentaje mínimo de la ejecución total proyectada del contrato por lo que se estima un incumplimiento de la reprogramación, como se puede reflejar en el cuadro de control de cantidades y programación de obra anexo (Folios 34 a41) que exprese un avance total del 46.92% muy similar al del informe del mes anterior. En pasada visita que se hizo en compañía de una visita secretaria del Planeación municipal y aun a la fecha esta interventoría encuentra que la obra se encuentra suspendida por parte del contratista, de forma injustificada, indebida y unilateral lo que se determina como incumplimiento de los compromisos realizados en la reprogramación de obra nueva y reprogramación de reparación de obra mal ejecutada. CONCLUSIONES TECNICAS Esta interventoría ha estado a la espera que el contratista realice las correcciones de todos los fallos de asentamientos de zanjas y avale todos los rellenos mediante laboratorios de densidades, planos y demás y demuestre que no afectó el buen comportamiento hidráulico y la calidad de la tubería sanitaria no se podrá reconocer la totalidad de lo ejecutado. Hasta la fecha se encuentra en incumplimiento con la entrega de esta documentación. En tal sentido se estima un posible incumplimiento. Atendiendo lo anterior y en cumplimiento de mis funciones de control es este proyecto, no se avalará el pago de obra que no cumpla con las especiaciones técnicas del caso y por disposición del parágrafo 4 de la cláusula 9. En las páginas 67-72 se encuentra el resumen de los detalles constructivos faltantes por corregir en los pozos de Inspección. Estos detalles fueron solicitados en obra a la directora de obra, pero hizo caso omiso a la solicitud. Es preocupante la situación del acero de refuerzo ya que con la constante exposición a la intemperie degenera las características de resistencia del mismo afectando el buen funcionamiento futuro de la estructura. Esto podría constituirse en un posible detrimento. (…) El contratista aún no ha invertido un valor de $1.008.284.927 del anticipo entregado, razón por la cual no debe suspender la obra por razones económicas, pues debe tener suficiente dinero para mantener un flujo de caja para pagos de salarios y demás compromisos propios de la obra. Mediante oficio del 3 de mayo y 12 de junio de 2017 se le ha solicitado al contratista copia de los soportes de inversión y pagos realizados con dinero del anticipo y a la fecha no allega ningún documento, por esta razón no es posible anexarlos al presente informe Esta situación constituye un posible incumplimiento. CONCLUSIONES ADMINISTRATIVAS En revisión a las pólizas del contrato de obra de la referencia, las cuales deben estar actualizadas según el reinicio de obra No 4 y contrato adicional en tiempo No2, se le solicito al contratista la corrección debido a lo siguiente: La póliza 47-44-101002243 Anexo 6, en su amparo buen manejo y correcta inversión del anticipo no cumple con la vigencia de los 4 meses más luego de terminado el contrato. La póliza de responsabilidad civil extracontractual No 47-40-101000612 Anexo 5 su vigencia no se encuentra debidamente actualizado respeto al adicional en tiempo N2. Hasta la fecha el contratista no entrega las pólizas corregidas constituyendo un posible incumplimiento. Existen muchas quejas por parte del personal que laboró durante el mes anterior en la obra puesto que al estar la obra suspendida ellos deben buscar trabajo en otras empresas lo cual no es posible al no poderlos afiliar al sistema de seguridad social debido a que el contratista le debe dinero al seguro y por ello no se pueden desafiliar del sistema para ser nuevamente afiliados por la empresa que los quiera contratar. Se le ha pedido copia del pago de seguridad social al contratista y a la fecha no allega la información, según información suministrada por los trabajadores. Esto constituye un posible incumplimiento. contractual en obligaciones del contratista en el inciso h) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra y mantenerse al día en el pago de seguridad social integral y obligaciones parafiscales, y acreditarlo en las oportunidades que así se requiera...” De acuerdo con lo probado en el proceso, resulta pertinente señalar que el desconocimiento por parte del contratista de las obligaciones a su cargo y prevista en la cláusula novena del contrato de Obra No. 005 de 2015, son un hecho reiterado, ya que por el desconocimiento de estas, la administración municipal a través de la Resolución No. 117 del 24 de marzo de 2017 declaró el incumplimiento del contrato e impuso una multa por cuantía de $52.187.746., decisión que fue recurrida por el contratista y confirmada en la Resolución No. 122 de 28 de marzo de 2017. De tal suerte, que contrario a lo expresado por el apelante se aprecia que el Municipio conmino y requirió al contratista, para que aquél ejecutara el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas y los tiempos dispuesto para ello, dado que después de la imposición de la multa el municipio realizó varios comités técnicos para tal fin y con el siguiente objeto: Comité No. 14 del 22 de mayo de 2017 en el cual se señaló que “el supervisor señala que una vez revisada y aprobada las reprogramaciones de obra presentadas por el contratista y avaladas por el interventor, se suscribirá el reinicio de las obras y la correspondiente adición en plazo de ejecución, tanto del contrato de obra como de interventoría, actividades que se realizan a más tardar el 31 de mayo de los corrientes, y para lo cual se expedirán las citaciones correspondientes. A través del apoyo de la supervisión de la Secretaría de Obras Públicas, se realizarán visitas semanales con el fin de corroborar el cumplimiento de lo establecido en las programaciones entregadas por la Ingeniera Directora de Obra de la Unión Temoral AA la Mata.” Comité No. 15 de fecha 20 de junio de 2017 el cual se discutió la y acordó que suspender “por revisión de documento allegado por el contratista [NOMBRE TACHADO]. La Mata, en donde aduce fallas en el diseño del sistema de alcantarillado, documento el cual fue remito al consultor para emitir informe sobre el mismo.” Y comité del 10 de agosto de 2017 en el cual se reanudo el No. 15 y se dispuso que “La supervisión hace entrega de resultados de pruebas, de densímetro nuclear y reitera respuesta del consultor a observaciones de la UT al diseño del sistema de alcantarillado entregado en audiencia del 1 de agosto de 2017. El contratista entrega -soporte de seguridad social y anexo 7 de pólizas para revisión e informa que reanuda la ejecución del contrato.” Las pruebas dan cuenta que el municipio conminó y requirió al contratista para que aquel ejecutara el objeto del Contrato de Obra No. 005 de 2015 en los términos previsto y atendiendo a las obligaciones a las cuales la UT se encontraba sujeto, lo anterior contrario a los argumentos del apelante en la cual achaca el incumplimiento contractual en el cual incurrió como consecuencia de la falta de control y vigilancia del municipio, afirmación que además es contraria a la realidad procesal dado que las pruebas permiten inferir que al contratista se le requirió la ejecución del contrato conforme las obligaciones a su cargo, las cuales de acuerdo al informe de interventoría de fecha 14 de julio de 2017 no fueron acatadas, además que dicho informe es claro en señalar que de los incumplimientos a los cuales se hace referencia se informó al contratista sin que al respecto efectuara la respectiva corrección o pronunciamiento en los términos pertinentes. Es evidente para esta delegada que la carga de municipio de control y vigilancia no fue desatendida, todo lo contrario, gracias al actuar del municipio y de la interventoría contratada fue que se logró conminar y requerir al contratista para que ejecutara el contrato en los términos previsto, para tal efecto y por la desatención a las obligaciones contractuales el contratista fue multado a través de la Resolución No. 117 del 24 de marzo de 2017; de tal manera que decir que el municipio no tomó medidas para evitar la paralización o la afectación grave de los servicios a su cargo, es una afirmación que adolece de pruebas dentro del presente proceso, adicional a que el principio de buena fe que rige siempre las relaciones contractuales, hace improcedente la argumentación según la cual le estaría justificado al contratista el incumplimiento del contrato al no existir apremio previo por parte de la administración, pues dicho principio impone la obligación siempre de cumplir las obligaciones de las partes de manera pura y simple. Es evidente para el Ministerio Público que el apelante pretende achacar sus omisiones y desatinos técnicos en la ejecución del contrato a presuntas talanqueras que el municipio, en su decir, impuso para la ejecución del contrato; al respecto se debe señalar que de aquello no hay prueba en el cartulario, ni se percibe de las obrantes en el proceso que el municipio caprichosamente torpedeara las actividades que en cumplimiento de sus deberes contractuales debía ejecutar el contratista, es evidente de las pruebas que las suspensiones de las cuales fue objeto el contrato siempre fueron concertadas entre los extremos contractuales dado que las actas que suspendían las obras siempre fueron suscritas por las partes como se aprecia de las Actas de Suspensión No. 1 de fecha 22 de enero de 2016, No. 2 de fecha 11 de agosto de 2016, No. 3 de fecha 03 de octubre de 2016 y No. 4 de fecha 29 de marzo de 2017, actas que fueron concertadas y suscritas por las partes sin expresarse ningún reproche en las mismas; contrario a lo advertido en el informe de interventoría de fecha 14 de julio de 2017 en el cual respecto a la suspensión de las obras se anotó que; “En pasada visita que se hizo en compañía de una visita secretaria del Planeación municipal y aun a la fecha esta interventoría encuentra que la obra se encuentra suspendida por parte del contratista, de forma injustificada, indebida y unilateral lo que se determina como incumplimiento de los compromisos realizados en la reprogramación de obra nueva y reprogramación de reparación de obra mal ejecutada.”(Subrayado fuera de texto). Es decir que las suspensiones no fueron solo las acordadas de común acuerdo, sino que existió otra que fue unilateral e injustificada por parte del contratista. Asimismo resulta infundada y carente de prueba que lo acredite la afirmación del apelante en cuanto a la falsa e indebida motivación de la Resolución No. 252 de fecha 19 de julio de 2017 que declaró el inicio del proceso administrativo de caducidad del contrato de marras, así como de la Resolución No. 346 de 22 de septiembre de 2017 que la declaró y la Resolución No. 354 de 28 de septiembre de 2017 que confirmo tal decion, ello como quiera que aquellos actos expone de forma clara y diáfana el fundamento de su decisión en atención a la facultad exorbitante de la administración y que además está prevista en el Contrato de Obra No. 005 de 2015 en su cláusula décimo séptima, asimismo que en dicho proceso desde su declaración en al Resolución No. 252 se les notificó el contenido del informe de interventoría de fecha 14 de julio de 2017, ya que el mismo se encontraba transcrito en la resolución en comento, como pieza que exponía los incumplimiento al contrato en el cual incurrieron, resolución sobre la cual en audiencia de fecha 01 de agosto de 2017 se les expuso las cláusulas contractuales de incumplimiento, el fundamento jurídico de la actuación, y el contratista efectuó su intervención, además que se ordenó visita de obra para realizarse el día 03 de agosto de 2017 en la cual se pudo advertir: “Hierros de refuerzos expuestos y sumergidos bajo agua, en las excavaciones en donde se construye los tanques principales de la planta. Se observó que a pesar que se tiene formaletiado para fundir muros en uno de los digestores estos se encuentra llenos de agua, el hierro de refuerzo sumergido y en proceso de oxidación, sin ningún tipo de tratamiento para evitar dicha oxidación. Se realizó recorrido por las calles de la población y se evidencio que no se están realizando a la fecha reparaciones en tramos afectados, ni avance de obra nueva. Se destaparon varios pozos de inspección, en los cuales se evidencio que no tienen pasos, y además de esto las cañuelas se encuentran mal construida. El contratista aclara que el Informe presentado el 14 de julio de la anualidad, y que soporta el trámite de incumplimiento, se generó teniendo en cuenta las cantidades conciliadas con el contratista y la interventor en el mes de mayo, a lo que la interventoría argumenta que el avance presentado a 14 de Julio de 2017 corresponde solo a la cinta PVC instalada en los tanques, es decir que de mayo a Julio, el contratista ejecuto aproximadamente$ 8.000.000, cuando debió ejecutar$ 900.000.000 aproximadamente. La interventoría deja constancia que de existir variaciones en las cantidades, estas son mínimas y producto de una revisión y corrección en las memorias de cálculo. Las cuales debían ser corregirlas por un error en operaciones matemáticas. La supervisión deja constancia que la cuantificación y la calidad de las obras que hasta el momento se han ejecutado y que fueron visualizadas en esta inspección ocular directa, para efecto de su recibo y eventual liquidación, quedan supeditadas a las normas, especificaciones técnicas y laboratorios que requieran o apliquen.” Conclusiones que permitieron corroborara la información plasmada en el informe de interventoría del 14 de julio de 2017, sin que al respecto en aquélla diligencia la parte actora realizara pronunciamiento al respecto, como de ella se extrae. Realizada la visita, las pruebas dan cuenta que la audiencia se retomó el día 8 de agosto de 2017, diligencia en la cual la parte actora ejerció su derechos de defensa y contradicción como quiera que presentó descargos ante los incumplimiento señalados, así como la Aseguradora del Estado S.A., intervenciones frente a las cuales la administración municipal efectuó su pronunciamiento; lo anterior deja claro que contrario a los señalado por el apelante, aquél gozó de las garantías procesales para que ejerciera su derecho de defensa y contradicción, lo cual deja presente que la decisión de declaratoria de caducidad no es infundada o carente de argumentación como lo expresa el apelante, además que aquella encontró su sustento en los incumplimiento señalados en el informe de interventoría de fecha 14 de julio de 2017 que no fueron desvirtuados por el actor en el proceso de declaratoria de caducidad, y que confirma: i.) el incumplimientos de las obligaciones a cargo del contratista presitas en los literales b, c, f, g, h y m de la cláusula novena del Contrato de Obra No. 005 de 2015; ii.) la afectación grave y directa la ejecución del Contrato de Obra No. 005 de 2015 como quiera que aquello impidió la entrega de la obra en el término previsto para ello, pese a las actuaciones que para tal fin la interventoría y el Municipio realizó, además de las concertaciones que se realizaron en los comités posteriores a la imposición del multa de la cual fue objeto el contratista; iii.) y que los incumplimientos condujeron a la parálisis de la obra de manera unilateral e injustificada por parte del contratista. Si bien el apelante pretende desacreditar el informe de interventoría de fecha 14 de julio de 2017 señalando que aquél que lo suscribe, Alonso Abuabara Noriega, no está autorizado para ello, de dicha desautorización para la presentación del informe fecha 14 de julio de 2017 no existe prueba en el proceso, no existe en el proceso una prueba documental o testimonial que permite interpretar o deducir que el señor Abuabara Noriega fue despojado de su cargo de director de Interventoría para el 14 de julio de 2017 y por ello no podía presentar el informe de interventoría en comentó; además dicha estrategia defensiva ya fue analizada y desestimada dentro del trámite del proceso de caducidad y al respecto se destaca que en la Resolución No. 354 de fecha 28 de septiembre de 2017 que negara el recurso de reposición que presentó la parte actora contra la Resolución No. 346 de 22 de septiembre de 2017 que declaró el incumplimiento y la caducidad del Contrato de Obra No. 0005 de 2015 se dijo que “en cuanto a una posible ilegalidad del informe técnico emitido por la firma INGESARA LTDA, la entidad a estima que este argumento carece de todo fundamento, teniendo en cuenta que el ingeniero a ALONSO ABUABARA ha fungido desde el inicio del contrato de obra hasta la fecha como Directo de Interventoría, estado como tal legitimado con ocasión del contrato de interventoría para la entregar los informes que la entidad solicite.” En cuanto a la consideración del apelante con respecto a que en el Contrato de Obra No. 005 de 2015 se presentó un desequilibrio económico del contrato que debió ser restablecido por la entidad, se debe decir que el mantenimiento del equilibrio contractual o económico del contrato, en virtud de la equivalencia de las prestaciones recíprocas, el reconocimiento y respecto de las condiciones pactadas por las partes en las cláusulas del contrato, constituye una de las partes esenciales de la relación que se solemnizó con el Estado, a través del contrato. Al respecto ha dicho el Consejo de Estado: “Desde el punto de vista de la teoría general del contrato, éste es un acto jurídico generador de obligaciones que tiene su fundamento primario en el principio de la autonomía de la voluntad -aunque matizado por ciertos límites que, por diversas razones, son establecidos por el legislador -, en el sentido de que las partes concurren a su celebración y en consecuencia asumen las obligaciones correlativas, por una libre y autónoma decisión de acudir a este procedimiento de intercambio económico y por ello, en general, la ley debe operar sólo de manera supletiva, frente a los vacíos que las partes hayan podido dejar respecto de la regulación de su relación y sólo para llenar esas lagunas de la voluntad. Y precisamente de ese pilar en el que descansa la relación contractual, es que se desprende el principio del pacta sunt servanda, es decir la fuerza obligatoria del contrato mediante el principio del respeto a la palabra empeñada, en la medida en que las cláusulas del negocio jurídico resultan vinculantes para las partes y deben ser respetadas y cumplidas a lo largo de toda la ejecución del contrato; como desarrollo de tal principio, el Código Civil en su artículo 1602 establece que “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”, disposición que evidencia la importancia que reviste a la hora de ejecutar un contrato, la voluntad de las partes que se obligaron mediante su celebración. Y es en esto precisamente, que consiste el llamado equilibrio del contrato, que no es otra cosa que el mantenimiento durante la ejecución del mismo, de la equivalencia entre obligaciones y derechos que se estableció entre las partes al momento de su celebración. El Consejo de Estado, ha identificado a través del desarrollo jurisprudencial, las razones por las cuales se altera el equilibrio económico del contrato estatal. Entre otros pronunciamientos se encuentra: “Y es que desde que surge a la vida jurídica el contrato, por la celebración, las partes aceptan conocer cuál es el beneficio que derivarán del mismo; la Administración, el logro de los fines esenciales del Estado y el contratista, la obtención del provecho económico en su favor. Es en ese momento histórico cuando surge la regulación económica del convenio, que se traduce en la llamada ecuación financiera del contrato. Desde esa situación, se marcan las bases de la regulación financiera del contrato, que por regla general lo guiarán durante su existencia y es por ello que las normas que regulan la contratación propugnan porque la ecuación financiera del contrato deba mantenerse para así proteger el resultado económico pretendido por las partes contratantes de haberse ejecutado el contrato en las condiciones originales. Al respecto cabe señalar que la Sala ha precisado que el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato tiene aplicación en los llamados contratos “conmutativos” y, con mayor razón en aquellos que deben ser ejecutados en plazos más o menos largos, dado que cualquier variación en la economía de estos durante su vigencia rompe el equilibrio convenido; ha explicado también que el equilibrio económico del contrato puede verse alterado durante su ejecución, por las siguientes causas: 1º. Por actos o hechos de la Administración contratante, 2º. Por actos de la Administración como Estado; y, 3º. Por factores exógenos a las partes del negocio jurídico. Nota de Relatoría: Ver Exp. 14855 del 29 de abril de 1999”. De las líneas precedentes se puede deducir que desde la suscripción del contrato estatal, las partes poseen claridad sobra la contraprestación que a cada extremo le corresponde con ocasión de su ejecución y el provecho económico a su favor, en virtud de lo anterior es que surge la ecuación financiera del contrato, aquella como una paradigma inamovible en garantía de mantener los términos económicos pactados inicialmente en el contrato y regular la relación negocial entre los extremos contractuales, ello como quiera que la alteración de la ecuación durante la ejecución del contrato provocaría el rompimiento del equilibrio convenido con la ecuación financiera. Atendido los argumentos expuestos el Ministerio Público considera oportuno precisar que en todos los eventos que puedan dar lugar a una alteración del equilibrio económico del contrato es indispensable, para que se abra paso el restablecimiento, la prueba del menoscabo y de que este es grave y que además no corresponde a un riesgo propio de la actividad que deba ser asumido por una de las partes contractuales. Aparte de lo anterior, para que prospere una pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del contrato en virtud de cualquiera de las causas que pueden dar lugar a la alteración, es indispensable que el factor de oportunidad no la haga improcedente. Veamos: El deber de restablecimiento del equilibrio económico se encuentra normativamente previsto en los numerales 3º y 8º del artículo 4º, en el numeral 1º del artículo 5º y en el artículo 27, todos de la Ley 80 de 1993, que respectivamente preceptúan: “Artículo 4°. De los derechos y deberes de las entidades estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: (…) 3°. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. (…) 8°. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa, Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios. (…) Artículo 5° De los derechos y deberes de los contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 30.de esta ley. Los contratistas: 1°. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas, Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato. (…) Artículo 27. De la ecuación contractual. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia que se trate”. (Negrilla de la Delegada). Ahora bien, en efecto, tanto el artículo 16 como el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 prevén que en los casos de alteración del equilibrio económico del contrato las partes pueden convenir lo necesario para restablecerlo, suscribiendo “los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar…” Lo anterior significa que en situaciones o circunstancias que alteren o puedan alterar el equilibrio económico del contrato, y sobre tales las partes lleguen a acuerdos tales como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., al momento de suscribir tales acuerdos en razón de tales circunstancias es que deben presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación o por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes. Sobre este tema, el Consejo de Estado se ha pronunciado señalando que es el principio de la buena fe el que se impone ante tales eventualidades, toda vez que como se sabe, la buena fe contractual, que es la objetiva, “consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia” (Se subrayado fuera de texto). Sobre este aspecto, el Consejo de Estado señaló: “(…) En consecuencia, si las solicitudes, reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración del equilibrio económico no se hacen al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., que por tal motivo se convinieren, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual. (Resalta la Delegada) Esta postura es de vieja data en la Sección Tercera del Consejo de Estado y baste para confirmar lo dicho traer a cuento el siguiente aparte de la sentencia proferida el 23 de junio de 1992, Exp. 6032: “La anterior manifestación, sin embargo, no encuentra pleno respaldo en el proceso, porque lo cierto es que si hubo suspensiones de las obras, atrasos, de moras, que en últimas condujeron a la prolongación del término contractual inicialmente señalado, no todo obedeció a la voluntad exclusiva de la entidad contratante, sino que hubo acuerdo entre las partes para hacerlo, como se desprende de las actas de suspensión de obra visibles a folios 63 y 64 del Anexo No. 1, suscrito por los interventores, Auditor General y el contratista; o bien de las obras adicionales contratadas, las cuales fueron consignadas en los documentos “otro sí” que reposan en los folios 50 a 60 del Anexo No. 1, suscritos también por el contratista; así mismo, obran en autos las solicitudes de prórroga del actor y los plazos concedidos no sólo en atención a esas peticiones, sino para que entregara la obra contratada en estado de correcta utilización. No encuentra la Sala razonable que el contratista después de finalizado el contrato, por entrega total de la obra, pretenda censurar a la administración por prolongaciones en el plazo convenido, cuando estuvo de acuerdo con las mismas y en parte fue causante de aquellas. En ningún momento el contratista impugnó tales prórrogas y, si lo hizo, de ello no hay demostración alguna en el proceso. En cambio, si se infiere que con las prórrogas y ampliaciones las partes procuraron superar las dificultades que se presentaron, todo con el ánimo de obtener la ejecución del objeto contractual y de cumplir a cabalidad las obligaciones contractualmente adquiridas. De estas apreciaciones concluye la Sala que no hay lugar a aceptar el cumplimiento respecto del término del contrato planteado por el actor…” (Resaltado propio). Dicha postura fue retomada posteriormente por la Subsección B de la Sección Tercera de ésta Corporación al señalar que: “Así las cosas, es menester puntualizar los efectos jurídicos que en relación con reclamaciones pendientes tienen los negocios jurídicos bilaterales de modificación, adición, prórroga y suspensiones suscritos por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad para adaptar el contrato a las exigencias que sobrevengan o sobre el reconocimiento debido de las prestaciones cumplidas, en el sentido de que no proceden reclamaciones posteriores para obtener reconocimientos de prestaciones emanadas del contrato, cuando no aparecen o no se hicieron en dichos actos. Esta Sección en sentencia de 23 de julio de 1992, rechazó una reclamación de la contratista después de finalizado el contrato por prolongaciones del plazo convenido, cuando estuvo de acuerdo con ellas, puesto que se entiende que mediante estas prórrogas las partes procuraron superar las dificultades que se presentaron para la debida ejecución del contrato (…) Igualmente, en sentencia de 22 de noviembre de 2001, utilizando este criterio como adicional a la falta de prueba de los mayores sobrecostos, indicó que cuando se suscribe un contrato modificatorio que cambia el plazo original dejando las demás cláusulas del contrato incólumes (entre las mismas el precio), no pueden salir avante las pretensiones de la contratista: “No se probó procesalmente que BENHUR, dentro del término de ejecución del contrato incurrió en sobrecostos superiores a los reconocidos por CEDENAR. Además la Sala destaca que BENHUR en ejercicio de su autonomía de la voluntad suscribió contratos adicionales de plazo en los cuales luego de la modificación de la cláusula original de PLAZO, convino con CEDENAR que las demás cláusulas del contrato, entre ellas el precio, permanecían incólumes” (subraya la sala). No sólo no resulta jurídico sino que constituye una práctica malsana que violenta los deberes de corrección, claridad y lealtad negóciales guardar silencio respecto de reclamaciones económicas que tengan las partes al momento de celebrar contratos modificatorios o adicionales cuyo propósito precisamente es el de ajustar el acuerdo a la realidad fáctica, financiera y jurídica al momento de su realización, sorprendiendo luego o al culminar el contrato a la otra parte con una reclamación de esa índole. Recuérdese que la aplicación de la buena fe en materia negocial implica para las partes la observancia de una conducta enmarcada dentro del contexto de los deberes de corrección, claridad y recíproca lealtad que se deben los contratantes, para permitir la realización de los efectos finales buscados con el contrato... (…) Por eso, durante el desarrollo de un contrato como el de obra, en el que pueden sobrevenir una serie de situaciones, hechos y circunstancias que impliquen adecuarlo a las nuevas exigencias y necesidades en interés público que se presenten y que inciden en las condiciones iniciales o en su precio, originados en cambios en las especificaciones, incorporación de nuevos ítems de obra, obras adicionales o nuevas, mayores costos no atribuibles al contratista que deban ser reconocidos y revisión o reajuste de precios no previstos, entre otros, la oportunidad para presentar reclamaciones económicas con ocasión de las mismas y para ser reconocidas es al tiempo de suscribir o celebrar el contrato modificatorio o adicional. Igualmente, cuando las partes determinen suspender el contrato deben definir las contraprestaciones económicas que para ellas represente esa situación, con el fin de precaver reclamaciones y la negativa al reconocimiento por parte de la entidad contratante, dado que en silencio de las partes ha de entenderse que las mismas no existen o no se presentan en caso de que éstas no las manifiesten en esa oportunidad. (Resalta la Delegada) Con mayor razón legal se genera este efecto jurídico, tratándose de posibles reclamos en materia de desequilibrios económicos del contrato al momento de convenir las condiciones del contrato modificatorio o adicional, en tanto el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, preceptúa que si la igualdad o equivalencia financiera se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, “…las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento”, suscribiendo para tales efectos “los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimientos de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar…” Por consiguiente, la omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos, observaciones o salvedades por incumplimientos previos a la fecha de celebración de un contrato modificatorio, adicional o una suspensión tiene por efecto el finiquito de los asuntos pendientes para las partes, no siendo posible discutir posteriormente hechos anteriores (excepto por vicios en el consentimiento), toda vez que no es lícito a las partes venir contra sus propios actos, o sea “venire contra factum propium non valet”, que se sustenta en la buena fe que debe imperar en las relaciones jurídicas.” (Resalta la Delegada) La Subsección C de la Sección tercera de ésta Corporación también acoge dicha posición al señalar: “Pues bien, la Sala entiende que el término adicional no pudo causar una mayor permanencia en la obra imputable a la entidad, por varias razones: En primer lugar, porque este lapso fue objeto de un contrato donde las partes expresaron su voluntad sobre las condiciones en que se continuaría ejecutando la obra, de manera que siempre que se suscribe un contrato adicional la voluntad de las partes retorna a una posición de reequilibrio de las condiciones del nuevo negocio –como cuando se suscribió el contrato inicial-, porque tanto contratante como contratista tienen la posibilidad de suscribirlo o de abstenerse de hacerlo, y si ocurre lo primero, a continuación pueden establecer las nuevas condiciones del negocio. (…) Esto significa que es perfectamente posible modificar, de común acuerdo, en los contratos adicionales, los precios unitarios o globales del contrato a celebrar, bien para reducirlos o para incrementarlos, definición que cada parte valorará y seguramente concertará en función de los precios del mercado del momento. Claro está que si desde el negocio inicial el contratista se comprometió en alguna de sus cláusulas a mantener los precios, en caso de que se adicione el contrato, entonces la libertad de pacto se habrá empeñado desde esa ocasión, y a ella se atendrá la parte comprometida. En este mismo sentido ya ha expresado esta Sala que: “… En este sentido, tampoco es aceptable, como lo afirma el actor, que por tratarse de un contrato adicional los precios unitarios debían ser los mismos del contrato inicial, so pretexto de que este aspecto era inmodificable. “Este criterio es equivocado, porque bien pudo el contratista asumir una de estas dos conductas, al momento de celebrar los negocios: i) suscribirlos, pero con precios de mercado adecuados, es decir, renegociando el valor unitario de los ítems –en otras palabras, debió pedir la revisión del precio-, o ii) desistir del negocio, porque no satisfacía su pretensión económica, teniendo en cuenta que estaba vigente un impuesto que gravaba la actividad adicional que pretendía ejecutar. “Es así como, si acaso se le causó un daño al contratista se trata de una conducta imputable a él, porque suscribió varios negocios jurídicos pudiendo desistir de ellos, cuando no satisfacían su pretensión económica. “Por tanto, es inadmisible que ahora, luego de celebrados y ejecutados los negocios jurídicos, en vigencia de leyes que claramente señalaban las condiciones tributarias del momento, solicite una indemnización por hechos imputables a la gestión propia, pues de haber sido precavido no se habrían generado las consecuencias que dice padecer.” (…) En estos términos, el actor pudo acordar nuevos precios, pero no lo hizo; y mal puede venir ahora, ante el juez, a pedirle que lo haga mediante una sentencia, cuando debió negociar en su momento este aspecto. Otra cosa sería que se alegara la materialización de la teoría de la imprevisión, por cuya virtud la alteración de las condiciones de un negocio, ya celebrado, por circunstancias posteriores y ajenas a las partes, se hace difícil en su ejecución y cumplimiento, rompiendo la igualdad y el equilibrio del negocio. Pero este no es el caso, porque sin duda la suscripción de los dos contratos adicionales -tanto el de valor como el de plazo-, estaba precedido de las circunstancias que verdaderamente lo originaron, y fue sobre esas razones -conocidas por el contratista- que se pactó lo que consta en esos dos documentos. En este horizonte, cada parte del negocio se hace responsable de aquello a lo que se compromete, y así mismo, mientras nuevas circunstancias no alteren el acuerdo, se considera que contiene en sí su propio reequilibrio financiero.(Resalta la Delegada) En conclusión, para que proceda el restablecimiento judicial de la ecuación financiera del contrato es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1.- Que la ruptura de la ecuación financiera del contrato (menoscabo) sea de carácter GRAVE. 2. Que a través del medio probatorio idóneo se encuentre acreditada la relación entre la situación fáctica alegada como desequilibrante y la ruptura grave del equilibrio económico. 3. Que la situación fáctica alegada como desequilibrante no corresponda a un riesgo propio de la actividad que deba ser asumido por una de las partes contractuales. 4.- Que se realicen las solicitudes, reclamaciones o salvedades de los hechos generadores de la ruptura del equilibrio financiero, dentro de los criterios de oportunidad que atiendan al principio de buena fe objetiva o contractual, esto es que, una vez ocurrido tal hecho, se efectúen las solicitudes, reclamaciones o salvedades al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc. 5. Que las solicitudes, reclamaciones o salvedades se realicen de manera específica y concreta en cuanto a su concepto, tiempo y valor. Es decir, no tienen validez las salvedades formuladas en forma general o abstracta.” (Resalta la Delegada) (…) Citado el precedente jurisprudencial, en el caso objeto de análisis, es claro partiendo de los hechos probados, que el actor en ninguna instancia de la ejecución del Contrato de Obra No. 05 de 2015 efectuó un pronunciamiento tendiente a advertir a la administración Municipal de la Gloria la presencia de hechos que afectaran el equilibrio económico del contrato, además de aquello no se percibe ningún pronunciamiento en instancias de las actas de terminación, suspensión, reinicio y adición actuaciones dirigidas a advertir tal situación. Asimismo dentro del proceso no se aprecia probanza encaminada a acreditar el menoscabo económico que sufrió la parte actora como consecuencia del presunto desequilibrio económico acaecido, no se precia que ítem contractuales fueron afectados con aquel, las cuantías, los valores demás y las cantidades que lo constituyen, además no se aprecia una prueba técnica que permita advertir tal desequilibrio, la cuantía de aquél y si fue grave y no corresponde a un riesgo propio de la actividad contractual que debe ser asumida por el contratista. Es evidente que en curso de la ejecución del contrato de marras se presentaron varias oportunidades en las cuales el contratista, ahora demandante, pudo hacer las salvedades necesarias tendiente a lograr el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, si de ello se probara su existencia, sin embargo, no lo hizo, en los términos exigidos por el precedente jurisprudencial antes transcrito. En ese orden de ideas, la parte actora no procedió a formular oportunamente en instancia de ejecución del Contrato de Obra No. 005 de 2015, la salvedad relativa a las circunstancias generadoras del desequilibrio financiero del contrato, pues no efectuó el pedimento respectivo dentro de las oportunidades contractuales pertinentes, requisito sine qua non para que proceda la indemnización por dicha causa, el cual exige que las respectivas reclamaciones, solicitudes o salvedades se hagan al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, para invocar el restablecimiento del equilibrio financiero por tal circunstancia. En ese orden de ideas, considera esta delegada del Ministerio Público no es procedente acceder a las pretensiones del presente medio de control en la media que no se probó el derecho que le asiste a la parte actora del reconocimiento de las pretensiones invocadas. CONCEPTO Con base en todo lo anterior, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, conceptúa que la Sentencia de primera instancia del fecha 22 de julio de 2021, del Tribunal Administrativo del Cesar debe ser CONFIRMADA, ya que no se advierte reproche en el trámite administrativo que declaró el incumplimiento y caducidad del Contrato de Obra No 005 de 2015 suscrito entre el Municipio de La Gloria - Cesar, con la Unión Temporal A.A La Mata, integrada por Jesús Orlando Tolosa Suarez y Construcciones Moreno S.A.S, que efectuó el Municipio de La Gloria a través Resolución No. 346 de fecha 22 de septiembre de 2017. De la Honorable Magistrado. CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado

Fuente original

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