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ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Por desequilibrio económico en contrato de construcción de aulas del Ministerio de Educación por hallazgos arqueológicos en Sopo (Boyacá)
ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Regulado por el artículo 87 del CCA
CONTRATO ESTATAL-Objeto según Consejo de Estado
CONTRATO ESTATAL-Definición y clases según Ley 80 de 1993 Art. 32
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL-Diferencia frente al desequilibrio económico del contrato según jurisprudencia del Consejo de Estado
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL-Según jurisprudencia del Consejo de Estado/EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-Concepto/EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-Implica mantener la igualdad entre derechos y obligaciones surgidas al momento de proponer o contratar
CONCEPTOS-Del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH
DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRACTUAL-Hay lugar a reconocimiento de sobrecostos por mayor permanencia en obra/DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRACTUAL-Se debe ordenar pago de los valores en cada una de las facturas de venta ya reconocidas por el Ministerio
PRUEBA CONTABLE-Debe solicitarse de oficio por la segunda instancia para establecer tributación del impuesto de guerra
PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL-Debe realizarse nuevamente por el Ad Quem
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA-Debe revocar por probarse el cumplimiento del contrato y restablecer el equilibrio contractual
CONCEPTO No. 117
Bogotá, D.C. 20 de agosto de 2019
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A
Consejera Ponente Doctora [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
EXPEDIENTE: 25000233600020150084001(61500)
ACCIÓN: Contractual
ACTOR: [NOMBRE TACHADO]
DEMANDADO: Ministerio de Educación Nacional
Sentido del concepto: Solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida / Hubo cumplimiento del contrato /Debe hacerse reconocimientos y pagos de las prestaciones derivadas / / Hubo mayor permanencia en obra/ Hubo desequilibrio económico del contrato// Se solicita la reliquidación del mismo.
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales.
ANTECEDENTES
1.1. La Demanda.
El [NOMBRE TACHADO] por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción contractual contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, con el fin de que se declare:
Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL es responsable administrativamente responsable por el incumplimiento del contrato, lo cual generó afectación al equilibrio económico y financiero del mismo y con ello graves perjuicios materiales y morales subjetivos y objetivos, actuales y futuros, junto con su rendimientos financieros al CONSORCIO TEVAL- OBCIVIL.- Contratista, en la ejecución del contrato de Obra No. 859 de 2011.
Por lo tanto se condene al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL a pagar las siguientes sumas de dinero:
Primera. Doscientos setenta y seis millones ciento setenta y siete mil, quinientos cincuenta y cuatro pesos ($276.177.554) por concepto de costos administrativos no amortizados, generados por causas no imputables a él. Valor que se deberá ajustar al valor presente del día en que se realice la liquidación del contrato.
Segunda Trecientos Cuarenta y Un Millones novecientos ochenta y cinco mil trecientos once pesos ($341.985.311) por concepto de perjuicios de sobrecostos administrativos por incumplimiento de las obligaciones contractuales de contratante.
Tercera. Ciento sesenta y dos millones seiscientos ochenta y ocho mil ciento noventa y nueve pesos ($162.688.199) por concepto de perjuicios por omisión de la entidad contratante configurado por falta de suscripción del acto administrativo de terminación unilateral y así mismo de liquidación del contrato de obra pública 859 de 2011.
Cuarta. Veinte millones ciento veintisiete mil trecientos diecinueve pesos ($20.127.319) por concepto de facturación pendiente por pagar hasta la fecha de presentación de la presente acción.
Quinta. Sesenta millones doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos ($60.248.688) por concepto de utilidad dejada de percibir, con relación al contrato de obra Pública No. 859 de 2011.
Sexta. Cuarenta y Un millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos ($41.743.554)
Séptima Doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios morales con ocasión del padecimiento sufrido por el incumplimiento del contrato de Obra No. 859 de 2011 materializados en la falta al legal deber de planeación y el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Num. 1º de la Cláusula 3ª de las Obligaciones del Ministerio.
Octava. Que se liquide el contrato de Obra Pública No. 859 de 2011 suscrito entre el [NOMBRE TACHADO] y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
Novena. Que las sumas sean reajustadas hasta la fecha de ejecutoria de la providencia y que se ordene el pago de intereses corrientes y moratorios.
Décima. Que se condene en costas al Demandado
Sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 1º de febrero de 2018, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante Telval Obcivil.
Para lo cual se basó en los siguientes interrogantes:
¿Se presentó un desequilibrio económico del contrato por los diseños que la entidad entregó al contratista y la mayor permanencia en obra?
El contratista entregó la obra conforme a lo pactado?
En caso de que se demuestre el incumplimiento atribuido debe el Ministerio reconocer al demandante las sumas reclamadas en la demanda?
Debe realizarse la liquidación judicial del contrato?
Respecto del desequilibrio económico:
- Por deficiencias en los diseños
Que según el demandante la razón del desequilibrio económico se debió a la ocurrencia de una circunstancia imprevisible y ajena a la voluntad del contratista, que impidió el desarrollo normal del contrato pues los diseños entregados por el MINISTERIO implicaron cambios estructurales, falencias para la cimentación, además que se trataba de una zona arqueológica.
A lo cual la Sala advierte que en el pliego de condiciones de la licitación pública, se determinó que éste presentaba una fase inicial para la revisión de los diseños, por el término de 10 días calendario.
En el punto. 2.2. de los pliegos se señaló:
Especificaciones técnicas y Obligaciones cada uno de los proyectos mencionados es estos pliegos cuenta con sus respectivos estudios, diseños, planos, memorias de cantidades, especificaciones técnicas y demás documentos necesarios para adelantar las actividades objeto del contrato, los cuales hacen parte de los estudios previos y se publican en el SECOP de conformidad con lo previsto en el Decreto 2474 de 2008.
Así mismo dentro de las obligaciones de carácter general que debía cumplir el futuro contratista, en el pliego de condiciones se establecieron entre otras la siguiente:
4. Cumplir con toda la normatividad vigente aplicable para el cumplimiento del objeto del contrato tales como: Normas técnicas colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de instalaciones y ambientes escolares (NTC 4595 y Muebles escolares)
Además en el documento precontractual se previó que el proponente por su cuenta y riesgo debía visitar las obras donde se desarrollaría el proyecto, pues de esta manera podría verificar e inspeccionar aquellos aspectos propios y necesarios para la ejecución del contrato, para que así estructurara su oferta económica. Tanto así que si el oferente no realizaba la visita, sería causal de rechazo de su propuesta así:
Tal y como se estableció en el punto 2.3. Visita de los proyectos que la visita sería obligatoria y por lo tanto el oferente deberá acreditar el cumplimiento a dicha visita, la cual debía hacerse por parte de un arquitecto o ingeniero en representación del oferente.
Por lo tanto desde el documento precontractual quedaron previstas las condiciones que debía atender el contratista para estructurar su oferta, de tal manera que no puede aducir como un hecho imprevisible los cambios o ajustes en los diseños, pues tuvo conocimiento de esa situación al momento de participar en el proceso de selección.
Por lo que el oferente debía tener cierta diligencia y cuidado, con el fin de evitar cualquier cambio o impacto negativo en su oferta económica, máxime si el objeto social se refiere a desarrollar proyectos de gran incidencia en la arquitectura e ingeniería.
Además en el contrato se estableció que el MINISTERIO se comprometía a entregar los estudios, diseños, planos y demás documentos necesarios para la ejecución del contrato. Lo cual no significa que el contratista no estuviese obligado a efectuar los cambios que fueren necesarios en los diseños, pues había una fase inicial para la revisión de los mismos, así como la visita a las obras.
Por otro lado, en el capítulo II del pliego de condiciones se estableció la determinación de los riesgos Tipificación modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas. Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación. Asignación. Lo asume el contratista quien debe prever el riesgo en su propuesta económica. Estimación. No se reconoce suma alguna al contratista.
Además como en este caso se trata de un contrato cuyo pago se efectúa a precios unitarios, sin fórmula de reajuste, puede ocurrir eventos que implican que se realicen actividades adicionales a las inicialmente previstas.
Por lo que la Sala manifiesta que a diferencia de lo señalado por el demandante, no hubo desconocimiento del principio de planeación por parte del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, lo que implicó la modificación de los diseños, sino la falta de previsión por parte del contratista.
Y en estas condiciones no hay lugar a declarar el incumplimiento del MINISTERIO DE EDUCACIÓN respecto de los diseños o ajustes de los mismos, porque se trataba una condición prevista desde el pliego de condiciones y lo que el contratista debió haber hecho era presentar aclaraciones o modificaciones al pliego o pedir su nulidad por esa vía judicial, lo cual no hizo.
- Por mayor permanencia en Obra
Según el demandante el plazo que debe reconocerse fue mayor porque se presentaron inconvenientes en los diseños; al iniciar la ejecución encontraron otros contratistas en el mismo sitio; el hallazgo arqueológico en la construcción de la IE del frente de Sopó, y porque la obra de Padua fue recibida solo hasta abril de 2013, lo que ocasionó más costos administrativos.
Ante todo la Sala señaló que la sola prolongación del término de ejecución no determina la mayor permanencia en obra, pues para que proceda dicho reconocimiento debe acreditarse: la prolongación en el tiempo de la ejecución inicialmente pactada, que esa extensión obedezca a hechos imputables al contratante, que el contratista cumpla con su débito contractual y que se acrediten los mayores extra costos generados por la mayor permanencia en la obra.
Pero en el presente caso el plazo pactado era de 6 meses, desde el acta de inició, la cual se suscribió el 16 de febrero de 2012, es decir que el término vencía el 15 de agosto del 2012, pero dentro de las pruebas aportadas no se demuestra que se hubiese suspendido o prorrogado el contrato.
Por lo que no se encuentra justificación en la reclamación efectuada por el demandante, cuando las circunstancias surgieron dentro del plazo contractual. Así lo acreditan las actas de seguimiento y las comunicaciones que el contratista remitió al demandado y a la interventoría.
Entonces, si el contratista realizó actividades con posterioridad la plazo contractual, ello obedeció a que no cumplió con su obligaciones dentro del plazo pactado, lo cual se pudo establecer con el acta de seguimiento del 8 de agosto de 2012, 7 días antes de vencer el plazo, donde las partes hacían referencia a temas como entrega del ajuste de los diseños estructurales, el análisis de la vulnerabilidad sísmica, lo cual se reitera, son obligaciones que están a cargo del demandante, pues en el contrato se previó que el contratista debía conocer toda la normatividad sobre las normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente.
En ese orden de ideas aplica inclusive la excepción de contrato no cumplido, puesto que no es dable al contratista aludir que cumplió con una parte del objeto contractual como fue el caso de la obra de Padua, pero no con las demás obligaciones de los otros proyectos y justificarse en presuntos omisiones del demandado.
Llama la atención de la Sala el hecho de que la interventoría el 7 de noviembre del 2013 hubiera recomendado reconocer unas sumas al contratista por reajuste económico que a su juicio no podía ser superior a $646.615.227 incluido el valor por mayor permanencia en obra y ajustes, a pesar de que el MINISTERIO no autorizó suspender o prorrogar el contrato, pues las actividades ejecutadas deberían haber tenido el aval del demandado, así como el aval del interventor, según las obligaciones establecidas en el contrato como está establecida en el literal d) Informar al MEN sobre los cambios que se presenten durante la ejecución del contrato.
Aun así en caso de haber existido mayor permanencia de obra, se debió haber probado ese derecho, pero solo se aportó por el demandante, el registro de libro auxiliar contable con terceros, sin ningún soporte como comprobantes de egreso, el recibo de pago a terceros, consignaciones, etc. Ni genera certeza si lo allí consignado correspondió al contrato 859 de 2011. Por lo que no hay lugar a reconocer concepto alguno por la mayor permanencia en obra, como fueron los costos administrativos pretendidos en la demanda.
Sobre el pago de la utilidad esperada y las facturas de venta
El demandante considera que se le debe reconocer el valor de la utilidad que esperaba aunque las obras no se hayan ejecutado en su totalidad, que corresponde a los cortes de obra, lo cual justificó con las facturas de venta por la suma de $60.248.688, teniendo en cuenta que ya se había efectuado un descuento por el valor de $15.119.079.
Al respecto la Sala señala que la utilidad esperada se refiere a la ganancia o remuneración del contratista por los servicios ejecutados, por lo que no hay lugar a lo pretendido por la demanda, cuando incumplió el objeto contractual.
Además pretende que se le pague el valor de 2 facturas por valor de $8.220.109 y $1.843.551, las cuales fueron enviadas al MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
Pero, señala la Sala que no se allegó los documentos necesarios para su pago como la certificación de cumplimiento y la constancia de pago de aportes a la seguridad social expedidos por el interventor.
Contribución especial del Impuesto de Guerra
Señala el demandante que se le debe reintegrar la suma de $41.743.554 por el impuesto de guerra, porque se descontó ese concepto del valor total de las actas de obra como del anticipo girado.
Señala la Sala que en las órdenes de pago que obran en el expediente no se evidencia que se haya efectuado el descuento en los términos que se planteó.
Liquidación del contrato
Para el caso se debe aplicar el art. 91 de la Ley 1474 de 2011 en consecuencia el contratista deberá manejar el anticipo a través de un contrato de fiducia.
El balance económico general del contrato se concreta así:
Valor inicial del contrato
Valor del anticipo girado (50%)
Valor total de las facturas
Valor total del anticipo amortizado
Valor facturas y amortización anticipo
Valor no ejecutado
Saldo a favor de la entidad por
Anticipo entregado y no amortizado
$1.991.894.282,79
$ 995.947.141
$ 379.189.151
$ 189.590.073
$ 568.779.224
$1.423.115.058,79
$ 427.167.917
Por lo cual el contratista debe reintegrar a la entidad por concepto de anticipo no amortizado la suma de $427.167.917
Respecto del Perjuicio moral
El reconocimiento es procedente cuando se presenta por incumplimiento contractual o por cualquier conducta que afecta la relación negocial. En este caso, no hay lugar por cuanto el contratista no cumplió.
Perjuicios por no haber efectuado la liquidación
La sala no encontró justificado en que consistieron los mismos, razón para negarlos, máxime cuando aunque esa actuación no se realice en sede administrativa, no impide que se haga por esta vía, como en efecto se hizo.
Costas
Teniendo en cuenta que se condena a la parte vencida, se condenará el demandante a pagar a favor del demandado un salario mínimo legal vigente, dado que el Ministerio no intervino en las etapas procesales que aquí se surtieron.
Argumentos de la apelación
Recurso de la parte demandante – [NOMBRE TACHADO]
El apoderado de la parte demandante solicitó revocar el fallo proferido el 1º de febrero de 2018, basado en los siguientes aspectos:
Hechos Contractuales:
Que el 9 de noviembre de 2011 el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL dio apertura a la licitación pública cuyo objeto era “realizar la construcción de obras de infraestructura educativa en establecimientos educativos oficiales del país” a desarrollarse en tres grupos diferenciados, bajo la modalidad de precios unitarios, cuyo valor total es $9.249.893.841
Que el 26 de diciembre de 2011 se adjudicó el grupo No. 2 de la licitación al [NOMBRE TACHADO] por un valor de $1.991.894.282,79 de conformidad con la propuesta presentada y en consecuencia se celebró el 30 de diciembre el contrato de obra pública No. 859 de 2011.
Que el 16 de febrero de 2012 se suscribió acta de inicio entre la interventoría, el Consorcio C&R 2011 y el CONSORCIO TELVAL – OBCIVIL
El 21 de marzo de 2012 se suscribió contrato adicional No. 1 al contrato 859 de 2011, por medio del cual se aclaró y modificó la cláusula primera del Objeto del contrato, estableciendo que el valor del mismo sería de $1.991.894.282,79
Frente Sopó
En la ejecución el contratista se encontró con varias irregularidades en los estudios y diseños entregados por el Ministerio de Educación, pues al momento de realizar las perforaciones se encontró que las condiciones y especificaciones dadas por el Ministerio era completamente alejadas de la realidad, lo cual implicaba cambios sustanciales en el diseño estructural y el sistema constructivo previsto, ahora se requería de la elaboración de nuevos estudios, situación que afectaba el plazo de ejecución.
Que en el desarrollo de las actividades de cimentación a cargo del Consorcio TELVAL- OBCIVIL este detectó la presencia de 2 tubos correspondientes a la red subterránea, por lo que era necesario la reubicación de dicho tubos y la reevaluación del sistema de cimentación propuesto.
Luego se encontró con un muro de contención, el cual se encontraba fisurado y con claras muestras de fallo por volcamiento, lo cual ponía en riesgo a las viviendas aledañas, así como la estabilidad de la obra.
El 18 de abril se encuentra un hallazgo arqueológico, por lo que se solicitó a la alcaldía visita por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) para que realice la inspección, por lo que el 25 de abril se ordenó por este instituto la suspensión de la obra y se conceptúo sobre el hallazgo.
En acta de seguimiento del 2 de mayo del 2012 se informó que debió a los sucesos y hallazgos la alcaldía de Sopó ha determinado suspender las obras.
El día 3 de mayo de 2012 el ICANH recomienda la contratación de un arqueólogo para que formulara e implementará el respectivo Programa de Arqueología Preventiva.
El 18 de febrero de 2013 en Comité en el MINISTERIO DE EDUCACIÓN se informó que se procedería a efectuar la liquidación de los contratos de interventoría y de obra, ante lo cual el CONSORCIO TELVAL - OBCIVIL dejó las constancias pertinentes, entre otras la inexistencia de la causal invocada en la ley o justificación legal para la terminación unilateral y arbitraria del contrato por parte del MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, basada en sus incumplimientos contractuales y legales.
Que a la fecha no se ha emitido por parte del MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL documento o acto administrativo en el que se materialice la terminación unilateral del contrato y por ende la liquidación del mismo.
Frente Muzo
El 19 de abril de abril de 2012 e visita de obra con el representante de la interventoría, FONADE y el Contratista se encontró que las condiciones existentes en el predio no coincidían con los diseños estructurales entregados al contratista.
El 3 de mayo se le informó a la interventoría que no se había podido iniciar actividades por falta de diseños, lo cual estaba ocasionando atrasos en el desarrollo del cronograma y sobrecostos en la administración del contrato.
Para el 8 de agosto de 2012 no se habían entregado los diseños del reforzamiento y la construcción del frente de Muzo. Por lo que se acordó que el CONTRATISTA realizara un nuevo diseño, cuyo costo sería asumido por el MINISTERIO, el cual fue entregado el 8 de octubre de 2012.
El 25 de enero de 2013 se iniciaron nuevamente actividades de obra, el 7 de febrero se hizo presentación del proyecto a la comunidad por parte del MINISTERIO, FONADE Y LA INTERVENTORIA.
En Comité del 18 de febrero de 2013 el CONTRATANTE informó su decisión de dar por terminado unilateralmente el contrato, por lo que ordenó la suspensión definitiva de las obras, así como de los demás frente que componente de la referencia, lo cual consta en acta del 15 de abril de 2013.
Frente Padua
Se encuentran inconsistencias frente al diseño, requiriendo entre otras la construcción de un pozo séptico nuevo, así como un cuarto de bombeo.
Las actividades se terminaron a un 100% el 2 de noviembre de 2012, aunque el MINISTERIO las recibe el 8 de febrero de 2013, pero el MINISTERIO no aprobó la adición de los trabajos complementarios necesarios.
Hechos Procesales
Dentro de los que se destaca que la demanda fue admitida el 27 de mayo de 2015 y que el 14 de octubre del ese año, se tuvo por no contestada la demanda por parte del MINISTERIO DE EDUCACION.
El 29 de febrero de 2016 en audiencia inicial se fijó el litigio así: ¿Se configuraron los elementos del incumplimiento contractual que atribuye la parte demandante al demandado por la ejecución del contrato de Obra No. 859 de 2011, cuyo objeto consistió en la realización de obras de infraestructura educativa en establecimientos educativos oficiales del país?
Sustentación del Recurso
Dentro de los temas de sustentación del recurso señaló:
Omisión Procesal del Aquo
Al no tener de presente que el demandado no contestó la demanda, no portó pruebas, no controvirtió las obrantes, actuación que es indicio grave en su contra, al tenor de lo señalado por el Código General de Proceso, lo cual implica una confesión de los hechos por parte del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
Falencias en el diseño del proyecto se constituyeron en un riesgo que reposaba en cabeza del contratista
Lo cual no es correcto, por lo siguiente:
Hubo incumplimiento de las obligaciones por parte del MINISTERIO, por falta del deber de planeación.
De acuerdo con la matriz de riesgos EL CONTRATISTA asume a su cargo los cambios necesarios para alcanzar el objeto contractual, pero que el contratista releve a la entidad contratante en su obligación de elaborar y entregar los diseños de las obras y menos financiarlo.
Por cuanto los diseños inicialmente entregados por el MINIESTERIO no eran viables o ejecutables una vez se hizo el replanteo de los mimos en el campo de los frente de Muzo y Sopó, pues solo hasta el momento de iniciar la intervención en campo en el frente de Muzo fue factible detectar las situaciones técnicas e ingenieriles, al punto que el [NOMBRE TACHADO] elaboró unos nuevos diseños para dicho frente. Lo cual implicó para el CONTRATISTA mayores recursos económicos
A pesar de que existía una obligación estipulada en la Cláusula Tercera del Contrato No. 859 de 2011 como era entregar los estudios, diseños planos y demás documentos necesarios para le ejecución del objeto del contrato. Obligación que hace referencia al principio de planeación que está en cabeza de la administración.
Pues este deber de planeación que le asiste al CONTRATISTA obedece a una asignación residual como colaborar del Estado, no de manera subsidiaria como lo pretende el fallador de primera instancia
Respecto de la matriz de riesgos debe señalarse que aun cuando se hubiera consignado el traslado de todas las obligaciones del contrato en cabeza del contratista [NOMBRE TACHADO], como lo interpreta erróneamente el fallador, y que en realidad no es así, esta posible interpretación contractual no está llamada a producir efectos jurídicos vinculantes para las partes y es ineficaz de pleno derecho, de acuerdo a lo señalado en el literal d) del numeral 5º del art. 24 de la Ley 80 de 1993 sobre el principio de trasparencia.
En el que se dispuso que en los pliegos de condiciones no se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de responsabilidad derivadas de los datos, informes y documentos que se suministre. Y Por último que “serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral o disponga renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados.”
El desequilibrio económico y financiero del contrato
Si bien el en numeral 2.3 del Pliego de condiciones de la Licitación Pública, se dispuso que el proponente debía realizar una visita al proyecto para inspeccionar y examinar el sitio donde se van a realizar los proyectos y los alrededores de la obra e informase sobre la forma y características del sitio. Y que “Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo, familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán efectuados los trabajos, así como de los riegos previsibles de la obra.”
A lo que señaló que no era factible para el contratista determinar que los diseños eran inservibles e inejecutables hasta que se hiciera el replanteó de las obras en campo y se iniciara la efectiva intervención y sondeo de las obras in situ.
Por lo que no se compárate la posición del fallador al señalar que en el término de 10 días otorgado al contratista para hacer las observaciones era la oportunidad para hacerlo, pues en este término no era posible hacer una pena verificación, revisión, replanteó en campo, excavaciones y sondeos que le permitieran al CONTRATISTA inferir que los diseños no eran ejecutables, pues solo era factible hacer observaciones técnicas sobre los planos entregados.
Pero tan solo unos días de inició del contrato el CONTRATISTA si cumplió con su deber de revisión de esos estudios y dio aviso oportuno y advertencia al CONTRATISTA y luego llegó al extremo de realizar por completo esos diseños y entregarlos al contratante, sin que el MINISTERIO hiciera nada para solucionar esos inconvenientes.
Mayor permanencia en la obra
La mayor permanencia en obra no se configura en la fecha de ocurrencia de esas actuaciones protocolarias del contrato, sino que se presenta por el mayor tiempo durante el cual el contratista se ve forzado a seguir adelantando actividades del contrato e incurriendo en costos y gastos adicionales.
Para lo cual el Tribunal apeló a 4 supuestos: 1. Prolongación en el tiempo, 2. Que esa extensión obedezca a hechos no imputables al contratista e imputables a su contraparte. 3. Que el contratista cumpla con su débito contractual. Y 4. Que se acrediten los mayores extracostos generados por la mayor permanencia en obra.
Los cuales en el presente caso están plenamente demostrados, sin que se requiera la extrema condición de que el mayor tiempo obre en modificaciones contractuales, menos a sabiendas de la negativa de la administración de proyectarlas y suscribirlas dado su evidente incumplimiento del contrato para suministrar unos estudios y diseños.
De hecho el MINISTERIO, primero recibió los estudios y propuestas que realizó el CONSORCIO, luego anunciaron que estaban analizando las alternativas de solución que les propuso el CONSORCIO y luego adelantaron los trámites de una prórroga contractual y después anunciaron que el MINISTERIO deba por terminado el contrato de forma unilateral, pero jamás lo formalizaron, incluso a pesar de las distintas solicitudes que para ello les hizo el CONSORCIO hasta recurriendo al derecho de petición, que en la respuesta al mismo el MINISTERIO le confirmó la decisión de terminar unilateralmente el contrato.
Y a pesar de todo ello, el Tribunal afirma que el CONTRATISTA incumplió el contrato y hasta habla de la aplicación de la tesis de la excepción de contrato no cumplido a favor del MINISTERIO.
Agrega el Tribunal que el demandante para probar la mayor permanencia en obra solo allegó el registro de libro auxiliar contable con terceros sin ningún soporte. A lo que debe señalarse que esta prueba fue solicitada por el [NOMBRE TACHADO] en el escrito de demanda a través de la prueba de inspección judicial, pero en la audiencia inicial el Tribunal señaló que teniendo en cuenta que el MINISTERIO no presentó la demanda no veía la necesidad de practicarla.
Por lo anterior, no se entiende como el Tribunal omitiendo el valor probatorio que tiene los auxiliares contables avalados por el contador público del CONSORCIO, señale que el hecho de la mayor permanencia en obra carece de soportes, sin contar que esos mismos costos y gastos y consideraciones también habían sido revisados y avalados por la interventoría del contrato.
Si para el fallador de primera instancia no eran suficientes los medios probatorios aportados para formar su convicción, hubiera tenido la oportunidad de hacerlo de oficio. Por lo que se le solicita al fallador de segunda instancia que de considerarlo necesario practique la prueba de inspección judicial sobre los soportes contables.
Pago de facturas
El Tribunal negó el pago de las facturas No 12 y 13 por cuanto no reposaban los soportes y demás documentos necesarios para su pago. A lo que debe señalarse que dichas facturas ya habían sido objeto de aceptación por parte del MINISTERIO DE EDUCACIONA, es decir ya habían sido radicadas y aprobadas por el contratante y su interventoría, quien ya había constatado los soportes de cada una de ellas de conformidad con lo dispuesto en el contrato.
Por lo que en la demanda solo se solicitó se ordenara su pago. Pues las facturas de venta no requerían de nueva cuenta de los documentos indicados en la Cláusula Octava sobre la forma de pago.
Lo que hace que el Tribunal se esté extralimitando en lo pedido.
Pago de la Utilidad del contrato
El Tribunal niega el pago de la utilidad del contrato bajo el argumento de que el contratista incumplió con el objeto contractual. Pero debe recordarse que la parte que incumplió fue el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, pues no hubo cambios o modificaciones al diseño entregado por el contratante, sino que dichos diseños eran inejecutables, lo cual se pudo constatar por el CONTRATISTA al momento de ejecutar las obras y sondeos donde se evidenció que eran irrealizables.
Y el MINISTERIO por su parte no hizo nada para ajustar los estudios, ni prorrogar o adicionar el contrato, ni tramitar siquiera la adición de recursos para ejecutar esos trabajos.
En otras palabras la apreciación del Tribunal atenta contra el principio de buena fe contractual objetivada y además pasa por alto el principio de trasparencia.
Respecto a la Solicitud del impuesto de guerra
En los auxiliares contables aportados al proceso reposan en detalle los cobros y pagos realizados al CONSORCIO TELVA OBCIVIL, donde se evidencia e error del MINISTERIO DE EDUCACION al descontar por partida doble la contribución especial del impuesto de guerra.
Para lo cual debe tenerse en cuenta que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN no controvirtió esa prueba.
Perjuicios Morales
El incumplimiento del contrato es imputable al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL quien faltando al deber de planeación omitió entregar una información veraz y unos diseños ejecutables, por lo que hubo que efectuar nuevos diseños y que al demandar nuevos recursos tampoco los viabilizó el CONTRATANTE, lo cual llevó a la imposibilidad de materializar el objeto contratado por parte del contratista.
Liquidación judicial
Pretensión que había sido solicitada en la demanda, pero al fijar el litigio se excluyó, según el acta de audiencia inicial del 29 de febrero de 2016 y frente a la misma no se presentaron recursos, ni siquiera por parte del Ministerio de Educación Nacional. Por lo que el CONSORCIO desistió de esta pretensión.
Prueba
Solicita se decrete y se practique la prueba de Inspección judicial, mediante los cuales se evidencia y prueba los perjuicios económicos ocasionados al contratista por parte del Ministerio de Educación Nacional, así como el doble descuento del IVA. (SIC).
2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
2.1. Problemas jurídicos planteados por el Ministerio Público:
¿Hubo incumplimiento por parte del Contratista TELVAL OBCIVIL respecto de las obligaciones adquiridas para la ejecución del contrato de Obra No. 859 de 2011?
Hubo desequilibrio económico en la ejecución del contrato de Obra 859 de 2011?
2.2. Las pruebas obrantes
Dentro del material probatorio que obra en el expediente, destacamos las siguientes foliaturas, consideradas como pertinentes para el análisis del presente caso:
Contrato de Obra No. 859 del 30 de diciembre de 2011, celebrado entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO TELVAL – OBCIVIL CLAUSULA PRIMERA OBJETO. ¡Error! no se encuentra el origen de la referencia En desarrollo del objeto antes mencionado, el CONTRATISTA deberá ejecutar los siguientes proyectos:
Departamento
Municipio
IE
Proyecto
Presupuesto
Licencia
Área total
Plazo
Boyacá
Muzo
San Marcos
4 aulas, 1 batería, 1 laboratorio
$481.121.668
Si del 6 de octubre del 2010 por 36 meses
616,57
6 meses
Boyacá
Padua
Santa Rosa
2 aulas, 1 batería
$301.171.273
4 de octubre del 2010 por 24 meses
229,03
6 meses
Cundinamarca
Sopó
Colegio Pablo VI Fase I
9 aulas, 2 baterías sanitarias
$1.341.272.843
28 de julio de 2011
1150,14
6 meses
$2.123.565.784
1995,14
CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES. Obligaciones que sume el contratista 1. Conocer a cabalidad el Pliego de condiciones, los estudios previos, estudios y diseños y el contrato para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia”…7. Elaborar antes del inicio de las obras actas de vecindad con el fin de inspeccionar el estado de las construcciones, vías y demás construcciones vecinas y dejar constancia del estado de las mismas. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL MINISTERIO. El Ministerio se compromete a través del presente contrato a: 1. Entregar los estudios, diseños planos y demás documentos necesarios para la ejecución del objeto del contrato. 2. Ejercer la interventoría del presente contrato con el fin de constar la correcta ejecución del mismo”.”… CLAUSULA QUINTA. PLAZO. El plazo de ejecución del presente contrato es de 6 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y los necesarios para la suscripción de la mencionada acta de inicio. CLAUSULA SEXTA. VALOR. El presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios unitarios sin fórmula de reajuste. Los precios unitarios utilizados para valorar los diferentes trabajos realizados por el contratista, durante el plazo de la ejecución del contrato, serán los consignados por el proponente en el FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA, con las correcciones aritméticas a las que hubiere lugar durante la evaluación, el cual hace parte integral del presente contrato...””...CLAUSULA OCTAVA. FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato se girará al CONTRATISTA de la siguiente forma: * Un anticipo del 50% que será girado una vez el interventor haya validado y aprobado el plan de inversión del anticipo y los análisis de precios unitarios, el cual deberá ser invertido de conformidad con lo establecido en el flujo de inversión del anticipo presentado”…” El contratista acepta iniciar la ejecución del contrato, en la fecha del acta de inicio, independientemente del giro efectivo del anticipo, ya que reconoce y acepta que el giro del mismo está sujeto al PAC del MINISTERIO. Así mismo el contratista acepta que el pago de anticipa se haga el pagos parciales, teniendo en cuenta que el anticipo se pagará la suma de $ 460.000.000 con cargo a los recursos 2011 y la suma de $ 535.947.141 con cargo a los recursos 2012. * Forma de pago. Los precios unitarios de los trabajos realizados durante el plazo de ejecución de la ejecución del contrato, serán fijos, sin fórmula de reajuste y corresponderá a los valores unitarios ofrecidos por el proponente en la propuesta económica. El MEN pagará al contratista el valor del contrato así: * El Noventa por ciento (90%) del valor total del contrato mediante pagos mensuales, de acuerdo con los precios de los trabajos realizados durante tal periodo, mediante actas mensuales de ejecución de obra, debidamente suscritas por el contratista y el interventor. * El Diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, a la liquidación del mismo…”CLAUSULA NOVENA INTERVENTORIA La Interventoría del presente contrato la efectuará el Consorcio C&R, en virtud del contrato 858 de 2011 suscrito con el Ministerio…””…CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. LIQUIDACION. El presente contrato se liquidará de conformidad con lo dispuesto en el art. 60 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación de su plazo. La liquidación se fundamentará en el informe final de gestión y certificado de cumplimiento del objeto del presente contrato suscritas por el interventor…” Folios 252 a 275
Contrato adicional No. 01 al Contrato 859 de 2011 del 21 de Marzo del 2012 mediante el cual acordaron suscribir la presente modificación al Contrato 859 de 2011 el cual se regirán por las siguientes cláusulas. PRIMERA por medio del presente las partes acuerdan modificar la cláusula primera del contrato, la cual quedará así: Realizar la Construcción de obras de infraestructura educativa en establecimientos educativos oficiales del país. En desarrollo del objeto antes establecido, EL CONTRATISTA deberá ejecutar los siguientes proyectos:
Departamento
Municipio
IE
Proyecto
Presupuesto
Licencia
Área total
Plazo
Boyacá
Muzo
San Marcos
4 aulas, 1 batería, 1 laboratorio
$436.672.246
Si del 6 de octubre del 2010 por 36 meses
616,57
6 meses
Boyacá
Padua
Santa Rosa
2 aulas, 1 batería
$293.540.356
4 de octubre del 2010 por 24 meses
229,03
6 meses
Cundinamarca
Sopó
Colegio Pablo VI Fase I
9 aulas, 2 baterías sanitarias
$1.261.681.681
28 de julio de 2011
1150,14
6 meses
$1.991.894.282,79
1995,14
CLAUSULA SEGUNDA VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Quedan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan modificado por lo acordado en el presente documento…” Folio 276 a 277 C. 3
Oficio del 20 de marzo de 2012 mediante el cual el representante del Consorcio C&R 2011 en su condición de interventor atiende una comunicación enviada por el CONTRATISTA sobre el Frente Sopó en el que se habla de solicitar a la supervisión de FONADE que determine quién es el responsable del estudio de suelos, diseño estructural y construcción de muro de contención nuevo que se está proponiendo levantar en el predio. Folios 490- 492 C. 3
Acta de seguimiento del 21 de marzo de 2012 En la que se señaló que el inicio de la obra es del 2 de abril de 2012. Folio 565 C. 3
Oficio del 9 de abril de 2012 mediante el cual el representante del CONTRATISTA TELVAL – OBCIVIL le informa a la Interventoría que ante las diferentes dificultades que se han presentado para poder dar inicio a las actividades de cada frente de obra del contrato de la referencia, se permite hacer una relación de hechos para aclarar y documentar la situación actual del contrato. Folio 428 a 434 C. 3
Oficio del 26 de abril de 2012 mediante el cual el representante legal del CONSORCIO TELVAL – OBCIVIL le informa a la Interventoría sobre un cambio de diseños de cimentación Bloque B colegio Pablo VI Sopó, por lo que dichos diseños serían entregados el 30 de abril. Por lo que le solicitan su colaboración para agilizar al máximo una solución pronta y definitiva a los temas pendientes por resolver. Que la obra de Sopó está suspendida por el tema de los nuevos diseños por entregar por parte del contratante y que además se informó por parte de la Alcaldía de Sopó de manera verbal que se suspendían las actividades de los tres frentes de trabajo hasta nuevo aviso, pues se encontraron hallazgos de importancia arqueológica. Folio 445- 446 C. 3
Acta de seguimiento del 02 de mayo de 2012 mediante la cual se estableció que se ha tomado la determinación por parte de la alcaldía de suspender las obras debido a los hallazgos arqueológicos. Los contratista manifiestan falencias que han habido en los diseños. Además que no se han cumplido con las citaciones hechas a los consultores que llevan 2 meses esperando diseños y planos finales. La alcaldía expone que se debía resolver el tema presupuestal con cada obra y los diseños del proyecto mientras se define el estudio arqueológico. Que el arquitecto Andrés Díaz del MEN informó que el proceso de los hallazgos amerita un tiempo para excavaciones, solicitud de permisos, planes de manejo ambiental y hasta que no se siga este proceso no se puede realizar obras y que el proceso se demora más o menos 1 mes. Informa el secretario de cultura del municipio que el Instituto de Arqueología informó que el programa se debió presentar antes de iniciar las obras y que al Instituto no se le informó. Que la orden de la alcaldía es suspender la obra total. El ingeniero Buitrago señala que a pesar de que las obras se detengan, no se debe dejar de lado las actividades pendientes en cuanto a diseños, presupuestos y especificaciones que hacen falta por resolver. La ingeniera Valbuena informa que se deben parar totalmente las obras e inclusive informar que no se continuara con la consecución de recursos para el muro de contención. La supervisora de FONADE solicita que se realice la complementación de los diseños y presupuesto del proyecto y se defina la ejecución de las actividades. El arquitecto Andrés Diaz del MEN informa que para tomar la decisión de si sigue o no, tiene internamente un comité de contratación para lo cual llevara la información y en el trascurso de la semana, comunicara al contratista lo que se debe hacer. Que se siguen presentando actividades de obra que no están incluidas en los contratos, la interventoría solicita de nuevo al Comité despegar las dudas de quien realizará las actividades eléctricas adicionales. Señala el representante del MEN que lo que en este momento importa son los hallazgos arqueológicos y que esta semana se tomará una decisión de continuar con las obras o no, pues el MEN abrió fue una licitación de obra y no de ajustes a diseños. Se termina el comité señalando que no se van a realizar más actividades por parte de la interventoría y del contratista hasta tanto no se defina que va a pasar con el proyecto. Folio 610 – 624 C. 4
Oficio del 2 de mayo del 2012 mediante el cual EL CONSORCIO TELVA - OBCIVIL le solicita al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL la aplicación de la cláusula de Solución de Controversias Contractuales, para lo cual solicita se atiendan y resuelvan los siguientes asuntos, con base en las siguientes consideraciones:
Naturaleza del contrato que nos ocupa
La responsabilidad por los defectos de los diseños
El plazo contractual y las obligaciones derivadas del mismo
Las sanciones contractuales
Los precios y sobrecostos contractuales para lo cual solicita el restablecimiento del equilibrio económico y financiero del contrato, el cual salta a la vista se rompe cuando el contrato no puede ejecutarse de la forma en la cual fue concebido.
Folio 453- 457 C. 3
Acta de seguimiento de 3 de mayo de 2012. Respecto del proyecto de Sopó FONADE Informó que a la fecha el MEN no se ha pronunciado en cuanto a la solicitud de suspensión. Respecto de Padua se debe realizar la definición del pozo séptico. Respecto de Muzo se va a realizar una reunión el día viernes con la consultoría para definir los diseños estructurales Folio 625-632 C4
Oficio del 15 de mayo de 2012 mediante el cual EL CONSORCIO TELVA - OBCIVIL le solicita al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL la definición urgente de Obra a realizarse y reiteran la aplicación de la cláusula de Solución de Controversias Contractuales y señala que la Interventoría está haciendo caso omiso de la realidad del proyecto e insiste en hablar de inexistentes incumplimientos de parte del CONTRATISTA y de inaplicables sanciones en su contra. Folio 457- 459 C. 3
Derecho de petición presentado el 1º de junio del 2012 por EL CONSORCIO TELVA - OBCIVIL al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL mediante el cual le solicita definición urgente de Obra a realizarse y la aplicación de la cláusula de Solución de Controversias Contractuales. Por lo que solicita 1. se dé respuesta a los escritos del 2 y 15 de mayo del 2012 2. se establezca el procedimiento y hoja de ruta para resolver los temas objeto de controversia en el contrato. 3 se defina el mecanismo y derrotero que permita la valoración, reconocimiento y pago de los costos administrativos. 4 se confirme con claridad las responsabilidades que competente a cada parte interviniente en el proyecto, en particular tomando como base los riesgos que están en cabeza de cada parte. Folio 415- 415 C. 3
Oficio del 6 de junio de 2012 mediante el cual EL CONSORCIO TELVA - OBCIVIL le manifiesta al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL su inconformidad con la propuesta del MINISTERIO en el sentido de suspender las ejecución de los trabajos en los frentes de Muzo y Sopó, hasta tanto no se resuelvan los temas pendientes de diseño a cargo del MEN. Y luego de que se cumplan los plazos de estas suspensiones, se proceda a estudiar para cada frente las afectaciones que para las partes implican tales resultados y se adopten las medidas del caso que permitan dar continuidad a los trabajos o determinar el futuro desarrollo de la relación contractual, manteniendo o restableciendo las condiciones contractuales de equilibrio de derechos y/o obligaciones de las partes. Folio 480 a 481 C. 3
Oficio del 22 de junio de 2012 por medio del cual la subdirectora de Acceso del MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL le contestó al CONSORCIO TELVA - OBCIVIL el derecho de petición y las comunicaciones enviadas en el sentido de señalar que se dieron por superadas las inquietudes planteadas por el contratistas y se acordó entre las partes proceder a tramitar la suspensión de los frentes de la I.E. San Marcos del municipio de Muzo de I.E. Pablo VI del municipio de Sopó con el fin de resolver y atender las aclaraciones técnicas efectuadas, así como para contar con el tiempo requerido para conocer los resultados de las actividades de arqueología que se adelantaran en el sitio de las obras de la I.E. Pablo VI del municipio de Sopó. Así mismo que en reunión del 5 de junio las partes estuvieron de acuerdo en que no existía controversia contractual alguna. Folio 418 a 419 C. 3.
Oficio del 28 de junio de 2012 mediante el cual FONADE le informa a la Interventoría respecto del informe de los diseños propuestos, que el Consultor no ha dado una respuesta formal. Folio 508 – 509 C. 3
Oficio del 5 de julio de 2012 mediante el cual el Arquitecto de Mc Arquitectos S.A. le informa a FONADE que analizada la propuesta presentada por el CONTRATISTA, respecto de la I.E. San Marcos de Muzo, teniendo en cuenta que las condiciones que se encontraron en la estructura al momento de la intervención, no era posible detectar sin haber demolido la parte superior de todas las viguetas, consideran que la solución planteada por el contratista es viable y responde a la solución estructural y procedimental de la obra. Y que respecto al pozo séptico considera que teniendo de presente que no estaba contemplado dentro del contrato, pues el colegio lo tenía, estudiar la posibilidad de hacerle mantenimiento. Folio 513 C.3
Acta de seguimiento del 31 de julio de 2012 en la que se estableció que se prevé que aproximadamente 2 meses se realice la prospección, se entreguen informes y se emitan los permisos para iniciar las obras. Folio 639 – 644 C. 4
Acta de seguimiento del 8 de agosto de 2012 En la que se señala que el proyecto de puna se encuentra en ejecución y los proyectos de Muzo y Sopó se encuentran suspendidos. Que respecto del de Sopó existen otras obras exteriores que no están contempladas en la consultora como es la construcción de un nuevo muro de contención Que dentro de los compromisos que se plasmaron esta para el MEN la previsión de la propuesta del análisis de vulnerabilidad sísmica, la revisión ajuste y actualización de los diseños estructurales del proyecto de MUZO, lo cual está previsto para el viernes 18 de agosto. Folio 645- 658 C. 4
Oficio del 10 de agosto del 2012 mediante el cual el CONSORCIO TELVAL – OBCIVIL le presenta al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL propuesta de realización de esas actividades y que corresponden al análisis de vulnerabilidad de la estructura, revisión, ajuste y actualización de los diseños, correspondiente a la Institución Educativa de Muzo, en el que se señala como tiempo de entrega 3 semanas. Folio 472 a 475 C 3.
Oficio del 15 de agosto del 2012 mediante el cual el CONSORCIO C&R 2011, en su condición de interventor le allega al MINISTERIO DE EDUCACION el aval sobre la propuesta de evaluación vulnerabilidad, revisión, ajuste y actualización diseños MUZO. Folio 496 C. 3
Acta de seguimiento del 24 de septiembre de 2012. En la que se señala que el desarrollo del proyecto ha sido irregular ya que el proyecto estaba estipulado para construir en 6 meses 3 proyectos y que a la fecha el único que está andando es el de Padua, el cual también presenta atrasos debido a los diseños pendientes por definir por parte de la consultoría. Que en dicho acta el contratista hace entrega de documento de Costos y gastos administrativos directos pagados por el Consorcio que corresponden al personal y logística entre otros. Así mismo el Consorcio Contratista allega valor por el desequilibrio. Folio 650- 658 C. 4
Oficio del 8 de octubre del 2012 mediante el cual el CONSORCIO TELVAL – OBCIVIL le entrega al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL la actualización de los diseños estructurales de la I. E. San Marcos Muzo. Folio 476 C.3
Acta de seguimiento del 4 de diciembre del 2012. En la que se señaló por parte del contratista que hay desequilibrio contractual, pues solo se ejecutó el proyecto de Padua el cual ocasionó gastos administrativos. La interventoría señala que para continuar con los trámites en el proyecto de Muzo se debe hacer una adición al contrato como una prórroga, suspensión etc. a lo que señala el MEN que el contrato se encuentra vigente hasta el 15 de diciembre de 2012. Además señaló el MEN que el proyecto de Padua se recibirá entre el 10 y 15 de diciembre. Folio 659 – 667 C. 4
Acta de seguimiento de 7 de febrero de 2013 en la que se señala que una vez presentado el proyecto de Muzo se da reiniciadas las actividades de obra. Folio 591 C. 3
Acta de seguimiento del 8 de febrero del 2013 en la que se señala que se hace entrega al rector de la Institución educativa de Padua. Folio 258 – 260 C. 2
Oficio del 2 de abril de 2013 mediante el cual el CONSORCIO C&R 2011, en su condición de interventor le solicita al MINISTERIO DE EDUCACION directrices y acciones a tomar a carca de los contratos de Obras 859 de 2011 y de Interventoría 858 de 2011. Folio 497 C. 3
Derecho de petición del 16 de abril de 2013 presentado por el CONSORCIO TELVAL – OBCIVIL al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL mediante el cual solicita:
- Se ratifique la decisión del MEN de terminar unilateralmente el contrato,
- Se dé respuesta a la solicitud de reconocimiento y pago de los sobrecostos del contrato
- Si se da por terminada la etapa de negociación directa entre las partes para resolver las controversias presentada por los perjuicios causados.
- Que indique el procedimiento para efectuar la entrega y recibo de las facturas que no se han pagado
- Que defina si va a implementar o no los trabajos, obras y suministros requerido para garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones eléctricas en la IE de Padua, pues de no contarse con ello no es posible garantizar la estabilidad y correcto funcionamiento de los trabajaos realizados
Folio 420 a 421 C. 3
Oficio del 24 de mayo del 2013, por medio del cual el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL le informa al CONTRATISTA que atendiendo que el derecho de petición se solicitó asistencia técnica y jurídica a FONADE que ha sido quien ha realizado el seguimiento al contrato, por lo que el 17 de junio se le dará respuesta. Folio 422 C. 3
Oficio del 17 de junio de 2013 mediante el cual el MINISTERIO DE EDUCACION le atiende el derecho de petición al CONTRATISTA. El cual no se encuentra con las páginas completas. Folio 423 a 427 C. 3
Oficio del 25 de junio de 2013 mediante el cual el CONSORCIO TELVAL – OBCIVIL le entrega a FONADE Información acerca del balance financiero de las obras en cada uno de los frentes de obra, para un total de $399.307.467 y señala que las facturas correspondientes a los cortes de avance de obra que aún no han sido pagadas por el MEN son:
Factura No. CTO-012 de 1º de marzo de 2013 por valor de $16.440.218 correspondiente al corte No. 3 del frente de Obra Muzo
Factura No. CTO-013 fecha 1º de marzo de 2013 por valor de $3.687.101 correspondiente al corte No. 8 del frente de obra de Padua.
Dichas facturas fueron radicadas el 6 de marzo de 2013 en la oficina de Interventoría para el trámite respectivo y a su vez la interventoría las remitió al MEN mediante comunicado del 2 de abril de 2013.
Que adicionalmente el 29 de abril de 2013 se radicó en el MINISTERIO solicitud de reconocimiento y pago de los sobrecostos del contrato, en la que se relaciona los sobre costos administrativos por valor de $670.417.195.
Y respecto de la utilidad esperada solicita que se pague en su totalidad, pues solo se ha cancelado $15.119.079 de $75.367.767 que era la utilidad esperada.
Por lo tanto a 31 de marzo el valor solicitado al MEN es de $692.803.073 de los cuales corresponde a:
Cortes de Obra pendiente por pagar Facturas 12 y 13 las cuales sumas un total de $20.127.319
Sobrecostos en la administración del contrato de $612.427.066
Utilidad esperada del contrato de $60.248.688
Por último informa que el MEN no ha dado respuesta al derecho de petición radicado el 16 de abril de 2013.
Folios 477- 479 C. 3
Acta de seguimiento del 17 de julio de 2013 el contratista señal lo correspondiente a los sobre costos en los que incurrió en el proyecto de Padua, por lo que el MINISTERIO DE EDUCACION le señaló que esto está siendo analizado. Folio 668 – 671 C. 4
Oficio del 17 de julio de 2013 mediante el cual el CONSORCIO C&R 2011, en su condición de interventor le solicita a FONADE la liquidación de los contratos 858 y 859 de 2011. Folio 499 a 500 C. 3
Acta de seguimiento del 4 de septiembre de 2013 en la cual el contratista manifestó que a la fecha no ha recibido por parte del MEN el procedimiento para reintegrar el saldo del anticipo y cancelar y liquidar el encargo fiduciario. Además señala los sobrecostos administrativos como costos generados por el contrato de mandato especial, suscrito por los consorciados para que la firma Telval asumirá la responsabilidad de la administración del contrato de obra y 2. costos generados por el personal de obra ofertado por el Consorcio ( en el tiempo total en que estuvo presente el personal en la obra). Folio 671 - 673
Oficio del 7 de noviembre de 2013 mediante el cual el CONSORCIO C&R 2011, le solicita a FONADE el reajuste económico del Contrato de Obra 859 de 2011. Señalando que el valor máximo a reconocer debe ser la suma de $ 646.615.227, pues el contratista no allegó la totalidad de los soportes de esta contabilización, en especial lo relacionado con el gasto de personal. Esta cifra es obtenida de acuerdo al siguiente cuadro explicativo:
Gastos reconocibles por gastos Administrativos 8 meses para los Frentes de Muzo y Sopó:
Administración
$305.241.391
Utilidad
$ 64.253.024
TOTAL
$369.494.416
Para Padua no se realiza cálculo, ya que este frente fue ejecutado en su totalidad
Proyección de gastos por continuidad del contrato 6 meses más
Administración
$228.931.044
Utilidad
$ 48.189.768
TOTAL
$277.120.812
Total Costos Administrativos reconocibles contractualmente 8 meses y por mayor permanencia 6 meses
Administración 8 meses
$369.494.416
Permanencia en obra 6 meses mas
$277.120.812
TOTAL
$646.615.227
Folio 501 a 505 C. 3
Oficio del 8 de noviembre de 2013 mediante el cual FONADE le solicita al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL directrices para que el CONTRATISTA reintegre el saldo del anticipo no ejecutado del contrato, lo anterior para poder realizar la liquidación del encargo fiduciario. Que dicha solicitud fue reiterada por el contratista en comité del 24 de julio de 2013. Folio 339- 340 C. 3
Oficio del 6 de diciembre de 2013 mediante el cual el CONSORCIO C&R 2011, le allega a FONADE el acta de liquidación del contrato de Obra No. 859 de 2011. Folios 506 a 507 C. 2
Análisis Jurídico.
Marco teórico
Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto del Ministerio Público:
2.4.1.1. La acción de controversias contractuales.
La acción de controversias contractuales, se encuentra regulada conforme a lo dispuesto en el artículo 87 del CCA, que señala:
“ARTÍCULO 87. Modificado por el art. 17, Decreto Nacional 2304 de 1989 , Modificado por el art. 32, Ley 446 de 1998 De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato.
El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes”.
2.4.1.2. El objeto de los Contratos Estatales.
Respecto a la finalidad que persiguen los contratos estatales, resulta pertinente traer a colación las siguientes consideraciones del Consejo de Estado:
“El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado.
De acuerdo con esta orientación, los contratos estatales están poderosamente influidos por el fin que ellos involucran, cuál es el interés público, lo que determina, por una parte, que no le es permitido a la administración desligarse de la forma como los particulares contratistas realizan la labor encomendada a través del contrato; y de otra, que el contratista ostente la posición de colaborador de la entidad.
Es decir, con el contrato se pretende la realización de un fin de interés general, pues es un medio que utiliza la administración pública para la consecución de los objetivos Estatales, el desarrollo de sus funciones y la misión que le ha sido confiada, con la colaboración o contribución de los particulares contratistas, los cuales concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual.
Es entonces, la razonable contraprestación económica la que permite que exista un adecuado balance entre el interés público que anima al Estado a contratar y el interés individual que estimula a los particulares colaboradores a obligarse a suministrar los bienes y servicios objeto del contrato para contribuir con el cumplimiento de los fines de la contratación, el cual debe ser calculado y previsto al tiempo de proponer y contraer el vínculo contractual.
Así, al nacimiento del contrato, las partes conocen o saben el provecho que les reportará, sobre la base de una equivalencia de prestaciones; por un lado, la administración persigue la consecución de los fines del Estado y, por otro lado, el contratista un beneficio económico en su favor, de suerte que es en ese instante de asunción del vínculo en el que se regula la economía del acuerdo en forma simétrica, constituyéndose una ecuación financiera que deberá preservarse en su ejecución.”
Por su parte la ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en su artículo 32 establece:
“Artículo 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:
1o. Contrato de Obra
“Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.
En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.”
2.4.1.3. Precisiones conceptuales en torno al incumplimiento contractual – diferencias frente al desequilibrio económico del contrato – Reiteración jurisprudencial
“No han sido pocos los pronunciamientos de este Subsección en los cuales se ha enfatizado que la conservación del sinalagma prestacional propende por asegurar que durante la ejecución del contrato se mantengan las mismas condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar oferta y que le sirvieron de cimiento a la misma. En ese sentido, ha sostenido que dicha equivalencia puede verse afectada ya fuere por factores externos a las partes cuya ocurrencia se enmarca dentro de la teoría de la imprevisión o por diversas causas que pueden resultar atribuibles a la Administración por la expedición de actos en ejercicio legítimo de su posición de autoridad, los cuales han sido concebidos por la doctrina como “Hecho del Príncipe” o “Ius variandi”, pero que no se derivan de la conducta antijurídica del extremo público contratante. Las mencionadas circunstancias podrían dar lugar a que la parte afectada solicite a su co-contratante la adopción de los mecanismos de ajuste y revisión de precios, así como la implementación de los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos, si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución del contrato. El incumplimiento como supuesto de la responsabilidad contractual supone la inobservancia de las obligaciones contraídas por virtud de la celebración del acuerdo negocial, infracción que bien puede cristalizarse por cuenta del cumplimiento tardío o defectuoso de las condiciones convenidas o por el incumplimiento absoluto del objeto del contrato. NOTA DE RELATORÍA: En tratándose de las diferencias entre el incumplimiento y el desequilibrio económico del contrato consultar, sentencia de 22 de agosto de 2013, expediente: 22.947, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.”
2.4.1.4. Incumplimiento contractual – Definición
“El incumplimiento se origina en una conducta alejada de la juridicidad de uno de los extremos co-contratantes que de manera injustificada se sustrae de la satisfacción de las prestaciones a su cargo en el tiempo y en la forma estipulados. Su ocurrencia invade la órbita de la responsabilidad contractual y, desde esa perspectiva, la parte cumplida, por regla general, podrá acudir a la jurisdicción en procura de obtener la resolución del vínculo obligación, el cumplimiento del compromiso insatisfecho y la indemnización de los perjuicios causados.”
2.4.1.5. Contratación Estatal - Deber de las partes de preservar el equilibro económico del contrato / Equilibrio Económico del Contrato Estatal - Noción. Se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones pactadas por las partes / desequilibrio económico del contrato - puede tener lugar aunque las partes hayan cumplido las obligaciones contractuales
“2.5 En el presente litigio el problema jurídico se planteó en el ámbito del desequilibrio económico del contrato el cual consiste en la ruptura de la equivalencia entre las prestaciones a cargo de las partes. (…) Se observa que el deber de restablecer el equilibrio económico que se impone al Estado contratante, o al contratista en su caso, puede tener lugar aunque la parte a la que se le imputa haya cumplido las obligaciones contractuales, toda vez que es factible la convergencia de aquel contenido obligacional con las responsabilidades o cargas económicas adicionales, en orden a mantener el valor intrínseco de las prestaciones comprometidas en un acuerdo contractual.”
2.4.2 Caso Concreto
De los medios de prueba obrantes al interior del proceso en estudio, se encuentran que entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el [NOMBRE TACHADO] se suscribió el contrato de Obra No. 859 de 2011 cuyo objeto era la construcción de aulas y baterías sanitarias en 3 Instituciones educativas de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, esto es la IE San Marcos, en el municipio de Muzo, la IE Santa Rosa en el municipio de Padua y la IE de Pablo VI en el municipio de Sopó, por el valor de MIL NOVESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.991.894.282,79) obras que debían realizarse en el plazo de 6 meses a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, esto es desde el 16 de febrero del 2012.
La supervisión del contrato del obra estuvo a cargo de FONADE y la Interventoría a cargo del CONSORCIO C&R 2011, de acuerdo al contrato No 858 de 2011.
Que además del contrato suscrito por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN con el CONSORCIO, también existían otros contratos de obra por parte de la Alcaldía de Sopó y la Gobernación de Cundinamarca sobre la misma I.E. Pablo VI, por lo que fue necesario coordinar las actividades de manera conjunta.
Ya una vez iniciadas las obras se encontraron Hallazgos arqueológicos de importancia en la sede de Sopó, por lo que fue necesario solicitar el concepto del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH lo que conllevó a la suspensión de las actividades de los 3 proyectos, lo cual quedó consignado en acta de seguimiento de 2 de mayo de 2012, folio 610 C. 4, en la que se señaló que el arquitecto Andrés Díaz del MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL informó que el proceso de los hallazgos amerita un tiempo para excavaciones, solicitud de permisos, planes de manejo ambiental y hasta que no se siga este proceso no se puede realizar obras y que el proceso se demora más o menos 1 mes.
Además se presentaron otras situaciones tales como; la realización de un nuevo estudio de suelos para construcción de un muro de contención en la IE de Sopó, pues el existente se encontraba fisurado, en el proyecto de Muzo fue necesario definir los diseños estructurales y en el proyecto de Padua fue necesario definir la construcción o no de un pozo séptico. Tal y como aparece consignado en acta de seguimiento del 3 de mayo de 2012. Que obra a folio 625 C. 4, todo lo cual no estaba contemplado en las actividades a desarrollar por parte del contratista.
Por lo anterior, el CONSORCIO CONTRATISTA, TELVAL OBCIVIL solicitó al MINISTERIO DE EDUCACION, la aplicación de la cláusula de solución de controversias contractuales, y en especial que se resuelvan temas como la responsabilidad por los defectos de los diseños, el plazo contractual, los precios y sobrecostos, por lo que solicitó el restablecimiento del equilibrio económico.
Ante la falta de soluciones EL CONTRATISTA presentó el 1º de junio de 2012 un derecho de petición, ante lo cual la subdirectora de Acceso del MINISTERIO DE EDUCACION, contestó que se acordó entre las partes proceder a tramitar la suspensión de los proyectos de Muzo y Sopó y con el fin de resolver y atender las aclaraciones técnicas efectuadas, así como para contar con el tiempo requerido para conocer los resultados de las actividades de arqueología que se adelantarán en el proyecto de Sopó, tal y como se señaló mediante oficio del 22 de junio de 2012 que obra a folio 418 del C. 3.
Mediante comunicación del 5 de julio del 2012 el arquitecto consultor le informó a FONADE que la solución planteada por el CONTRATISTA TELVAL OBCIVIL respecto del proyecto de Muzo, es viable y responde a la solución estructural y procedimental de la obra, pues era necesario haber realizado la demolición de las viguetas para detectar el estado en el que se encontraba la estructura, lo cual implica actualización de diseños. Propuesta que incluía la realización de actividades que corresponden al análisis de vulnerabilidad de la estructura, revisión, ajustes y actualización de los diseños de dicha institución y la cual fue presentada al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL por parte del contratista TELVA – OBCIVL y avalada por el CONSORCIO INTERVENTOR C&R 2011, quien se lo hizo saber al MINISTERIO DE EDUCACION, tal y como en oficios que obran a folios 513 y 472 C. 3.
La actualización de los diseños estructurales del proyecto de Muzo fue entregada al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL el 8 de octubre de 2012 por parte del CONSORCIO CONTRATISTA.
Para el 8 de agosto de 2012 los proyectos a desarrollar en los municipios de Muzo y Sopó se encontraban suspendidos tal y como consta en el acta de seguimiento de esa fecha que obra a folio 645 C. 4
Para el 24 de septiembre de 2012 el proyecto de Padua presentaba atrasos en la ejecución de la obra tal y como quedó consignado en acta de seguimiento de esa fecha que obra a folio 650 C. 4
En Comité celebrado el 4 de diciembre de 2012 el representante del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL señaló que el contrato se encontraba vigente hasta el 15 de diciembre de 2012, tal y como quedó consignado en acta de esa fecha la cual obra a folio 659 del C. 4 en cuya acta también se señaló por parte del contratista que hay desequilibrio contractual, pues solo se ejecutó el proyecto de Padua el cual ocasionó gastos administrativos.
Para febrero de 2013 se da por reiniciadas las actividades de obra en el proyecto de Muzo, las cuales estuvieron suspendidas desde mayo hasta agosto de 2012 y se realiza la entrega de la Institución educativa de Padua al rector, tal y como quedó consignado en las actas de seguimiento del 7 y 8 de febrero del 2013 que obran a folios 591 del C 3 y a folio 258 del C. 2
El 2 de abril de 2013 el CONSORCIO C&R 2011 le solicitó al MINISTERIO DE EDUCACION directrices a tomar a cerca del contrato de interventoría 858 de 2011 y del contrato de Obra 859 de 2011.
El 16 de abril de 2013 el CONSORCIO CONTRATISTA TELVAL – OBCIVIL presenta nuevamente derecho de petición al MINISTERIO DE EDUCACION en el que solicitó que se ratifique la decisión de terminar unilateralmente el contrato; que se dé respuesta al reconocimiento y pago de sobrecostos; que se dé por terminada la etapa de negociación directa para resolver las controversias presentadas por los perjuicios ocasionados, así mismo que se indique el procedimiento para efectuar la entrega y recibo de las facturas que no se han pagado. Y que respecto al proyecto de Padua se defina si se van a implementar los trabajos para garantizar el funcionamiento de las instalaciones eléctricas.
La respuesta dada al derecho de petición por parte del MINISTERIO DE EDUCACIÓN el 17 de junio de 2013 no se encuentra completa en el plenario, por lo que no es posible establecer en qué sentido se atendió.
El 29 de abril de 2013 EL CONSORCIO CONTRATISTA radicó ante el MINISTERIO DE EDUCACIÓN solicitud de reconocimiento y pago de los sobrecostos del contrato, en la que se relaciona los costos administrativos por valor de $670.417.195
Mediante comunicación del 25 de junio 2013 el CONSORCIO CONTRATISTA le entregó a FONADE información sobre el balance financiero y señaló que las facturas No. 12 y 13 aún no han sido pagadas por el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL las cuales fueron radicadas el 6 de marzo de 2013 en la oficina de Interventoría para el trámite respectivo y a su vez la interventoría las remitió al MINISTERIO mediante comunicado del 2 de abril de 2013.
Mediante acta de seguimiento del 17 de julio de 2013 el MINISTERIO DE EDUCACION le señaló al CONSORCIO CONTRATISTA que lo relacionado con los sobrecostos en los que incurrió en el proyecto de Padua, estaba siendo analizado.
El 17 de julio de 2013 el CONSORCIO C&R 2011, en su condición de interventor le solicitó a FONADE la liquidación de los contratos 858 y 859 de 2011, tal y como aparece en oficio que obra a folio 499 a 500 C. 3
Para el 4 de septiembre de 2013 EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL no había informado al CONSORCIO CONTRATISTA el procedimiento para reintegrar el saldo del anticipo, tal y como aparece en acta de seguimiento de esa fecha a pesar de que en comité de junio se había hecho la solicitud.
El 7 de noviembre de 2013 el CONSORCIO C&R 2011, en su condición de interventor le solicitó a FONADE el reajuste económico del Contrato de Obra 859 de 2011, señalando que el valor máximo a reconocer debe ser la suma de $ 646.615.227, pues el contratista no había allegado la totalidad de los soportes de esta contabilización, en especial lo relacionado con el gasto de personal. El cuadro explicativo allegado es el siguiente:
Gastos reconocibles por gastos Administrativos 8 meses para los Frentes de Muzo y Sopó:
Administración
$305.241.391
Utilidad
$ 64.253.024
TOTAL
$369.494.416
Para Padua no se realiza cálculo, ya que este frente fue ejecutado en su totalidad
Proyección de gastos por continuidad del contrato 6 meses más
Administración
$228.931.044
Utilidad
$ 48.189.768
TOTAL
$277.120.812
Total Costos Administrativos reconocibles contractualmente 8 meses y por mayor permanencia 6 meses
Administración 8 meses
$369.494.416
Permanencia en obra 6 meses mas
$277.120.812
TOTAL
$646.615.227
Mediante oficio del 6 de diciembre de 2013 el CONSORCIO C&R 2011, le allegó a FONADE el proyecto de acta de liquidación del contrato de Obra No. 859 de 2011 l tal y como aparece en el oficio que obra a folios 506 a 507 C. 2
Una vez hecho el recuento de los hechos probados, nos detendremos a analizar los temas expuestos en la primera instancia.
Desequilibrio económico del contractual
La Sala manifestó que atendiendo que en el pliego de condiciones se estableció una visita al terreno donde se realizarían las obras, por lo cual no era posible aducir como hecho imprevisible los cambios o ajustes en los diseños, pues EL CONTRATISTA tuvo conocimiento de esa situación al momento de participar en el proceso de selección que dio lugar a la celebración del contrato de obra 859 de 2011.
Y que además en el acápite de “Determinación de los Riesgos” del pliego de condiciones, se estableció que el riesgo de modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas, lo asumía el contratista, por lo que no se le reconoce suma alguna.
A lo que señala este Despacho que debe hacerse una distinción al respecto, pues de los tres proyectos, el inconveniente relacionado con los diseños, se presentó en las instituciones educativas de Muzo y Sopó, pues en el primero fue necesario hacer una actualización de los diseños por cuanto la estructura se encontraba vulnerable y en el segundo se encontró un muro de contención que presentaba fisuras, por lo que fue necesario replantear los diseños iniciales tendientes a la construcción de dicho muro.
Sobre lo cual considera este Despacho que respecto a los Riesgos Previsibles que señala el pliego de condiciones, el riesgo que debe aplicarse, es el primero que se señala en dicho documento precontractual esto es; el riesgo por entrega de información desactualizada lo que conlleva a que la información sea errada, pues tal y como lo señaló el Secretario de Cultura de la Alcaldía de Sopó, sobre dicha zona, antes de iniciar las obras, había que poner en conocimiento del Instituto de Antropología - ICANH, para adelantar si era del caso, el programa de protección, situación similar se presentó con la existencia de un muro de contención fisurado, lo que conllevó a replantearse un nuevo estudio de suelos, y diseño estructural.
Lo que significa claramente que la información entregada por el MINISTERIO DE EDUCACION al CONTRATISTA no era actualizada lo que conllevó a la elaboración de nuevos diseños, tanto del proyecto de Muzo, como del Sopó. Los nuevos diseños en el proyecto de Muzo fueron realizados por parte del CONTRATISTA y aprobados por FONADE y así mismo entregados al MINISTERIO DE EDUCACION.
Por lo tanto no se comparte la posición de la primera instancia en el sentido de afirmar que lo que se presentó fue una falta de previsión del contratista y en esas condiciones no hubo incumplimiento por parte del MINSTERIO DE EDUCACION respecto de los diseños o ajustes.
Pues claramente para este despacho lo que se evidenció fue el incumplimiento por parte del CONTRATANTE de una de sus obligaciones contractuales como era, la entrega de los documentos y estudios requeridos para la ejecución de las obras, tal y como estaba estipulado en la Cláusula Tercera del Contrato de Obra 859 de 2011 “Entregar los estudios, diseños planos y demás documentos necesarios para la ejecución del objeto del contrato”.
Y por ende la elaboración de unos nuevos diseños y estudios, generó un desequilibrio económico del contrato, pues hubo ruptura en la equivalencia de las prestaciones a cargo de las partes, tal y como lo señaló el Consejo de Estado en sentencia del 23 de octubre de 2017 Rad 53875, ya referenciada.
Mayor permanencia en Obra
Al Respecto señaló el Tribunal que para que se reconozca las pretensiones por esta razón la parte demandante debía demostrar 1. La prolongación en el tiempo de la ejecución inicialmente pactada, 2. Que esa extensión obedeciera a hechos no imputables al contratista e imputables a su contraparte, 3. Que el contratista cumplió con su débito contractual y 4. Los costos extras generados por la mayor permanencia en obra, pero de las pruebas aportadas al proceso ninguna demuestra que las partes hubieran suspendido o prorrogado el contrato. Y que si el contratista hizo actividades con posterioridad al plazo convenido ello obedeció precisamente a que no cumplió con sus obligaciones dentro del término pactado.
A lo que señala este Despacho que es necesario precisar dos situaciones 1. El hecho de que se hubieren entregado por parte del MINISTERIO DE EDUCACION unos diseños no actualizados, para los proyectos de Muzo y Sopó, lo que generó la realización de nuevos diseños por parte del CONTRATISTA lo que ocasionó agravado con el hecho de que el MINISTERIO no gestionara debidamente los trámites correspondientes para tomar decisiones respecto de los inconvenientes presentados tanto en el proyecto de Muzo como en el de Sopó, a pesar de las varias solicitudes presentada por el CONTRATISTA para que se diera solución a este tema, e incluso que se decidiera suscribir otro si o una prórroga del contrato. Y 2. No se puede desconocer que en actas de seguimiento el representante del MINISTERIO DE EDUCACION señaló enfáticamente que los proyectos se encontraban suspendidos como lo es quedó indicado en el acta del 2 de mayo del 2012 debido a los hallazgos arqueológicos encontrados en el proyecto de Sopó y las situaciones de definición de diseños en el proyecto de Muzo.
Así mismo en el acta del 4 de diciembre de ese mismo año, en la que incluso el representante del MINISTERIO DE EDUCACION señaló que el contrato se encontraba vigente hasta el 15 de diciembre del 2012, lo que indica que tácitamente se prorrogó, esto es, que debido a la suspensión de la obra en los 3 frentes, por hechos no imputables al CONTRATISTA, el MINISTERIO DE EDUCACION como parte contratante, se vio en la obligación de manifestar en los comités de seguimiento (lo cual quedó plasmado en las respectivas actas), que el contrato se encontraba suspendido y por lo tanto dispuso su prórroga hasta el 15 de diciembre de 2012, esto es 4 meses más, de lo inicialmente pactado. Lo anterior en reconocimiento de una realidad, sin embargo ello no se oficializó en la elaboración de un documento que se denominara expresamente “Suspensión del contrato” u Otro Si, que contuviera la Prórroga del Contrato.
Lo anterior en concepto del Ministerio Público, permite establecer que efectivamente se dio la mayor permanencia en obra, por razones no imputables al Consorcio Contratista, quien antes por el contrario buscó resolver los problemas por la desactualización de los estudios, que dichos tiempos adicionales en obra fueron del conocimiento y aceptación por parte del Interventor lo que quedó plasmado en las actas anteriormente mencionadas.
Además como se pudo establecer el proyecto de Padua si fue realizado y entregado en febrero del 2013, (según acta de seguimiento del 8 de febrero del 2013) esto es, fuera del plazo convenido, pues este proyecto también fue suspendido en mayo de 2012 y aunque no se tiene certeza de cuando se retomaron las actividades de obra, para el mes de septiembre de 2012 tenía retrasos la ejecución de las obras, tal y como se consignó en acta de seguimiento del 24 de septiembre del 2012.
Por lo tanto, este Despacho manifiesta que hay lugar a reconocer la mayor permanencia en obra y por lo tanto los costos administrativos en los que incurrió el CONTRATISTA por ese concepto.
Facturas de venta
Señala el Tribunal que respecto de la pretensión de la parte de demandante del pago de las facturas No. 12 y 13, referente al proyecto de Muzo y Padua, no se allegaron los documentos soportes para su pago, por lo que no se le reconoce dicha solicitud.
Al respecto se comparte lo señalado en el recurso de apelación de la parte demandante al manifestar que dichas facturas ya habían sido objeto de aceptación por parte del MINISTERIO DE EDUCACION, es decir que las mismas ya habían sido objeto, de forma previa a este litigio, de radicación y aprobación por el contratante y su interventoría, por lo que se pidió en la demanda solo fue que se ordenara su pago.
Contribución especial del impuesto de guerra
Teniendo en cuenta que el demandante solicitó el reembolso por cuanto se hizo una doble tributación del impuesto de guerra, al descontarlo del valor total de las actas y del anticipo girado, pero agrega el Tribunal que con los documentos aportados no se evidencia que al contratista se le haya realizado dicho descuento.
A lo que señala la apelante de la parte demandante, que para demostrar dicha situación había solicitado la práctica de una inspección judicial, la cual fue negada por el Tribunal en la audiencia inicial celebrada el 29 de febrero de 2016, por considerarla innecesaria.
Pues al respecto considera este Despacho que se le solicitara a la segunda instancia que si a bien lo tiene ordene de oficio la práctica de la inspección judicial sobre los soportes contables de la ejecución del contrato, con el fin de esclarecer dicha tributación.
Liquidación judicial
Al respecto señala este Despacho que atendiendo que el contrato de Obra No. 859 de 2011 fue liquidado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se solicitará al Consejo de Estado efectuar una nueva liquidación conforme a los parámetros que resultan del presente concepto.
Perjuicio Moral
El Tribunal manifestó que no hay lugar a dicho reconocimiento a favor de la parte demandante, por cuanto fue el CONTRATISTA el que incumplió el contrato.
Al respecto manifiesta este Despacho que tal y como se ha venido señalando a lo largo de este documento, no hubo incumplimiento por parte del CONTARTISTA TELVAL- OBCIVIL en la ejecución del contrato de Obra 859 de 2011, pero al no haberse allegado elementos de prueba que acrediten este daño, no hay lugar al reconocimiento de dicho perjuicio.
En este orden de ideas este Despacho solicitará al H. Consejo de Estado REVOCAR la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 1º de febrero de 2018, dentro de la presente Acción Contractual, pues tal y como quedó expuesto no hubo incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA.
CONCLUSIÓN
Esta Delegada del Ministerio Público sugiere respetuosamente al Honorable Consejo de Estado REVOCAR la sentencia recurrida proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues con el material probatorio obrante, se puede afirmar que efectivamente hubo cumplimiento del contrato por parte del CONSORCIO CONTRATISTA y por ende se hace necesario el reconocimiento de determinados valores para garantizar el equilibrio contractual y una nueva liquidación del mismo, conforme se expuso en el presente Concepto.
De la Honorable Magistrada,
CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA
Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado