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titulo: "CONTRATO ESTATAL: especificaciones técnicas y Obligaciones cada uno de los proyectos mencionados es estos pliegos cuenta con sus respectivos estudios"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
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fecha: "2019-08-20"
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# CONTRATO ESTATAL: especificaciones técnicas y Obligaciones cada uno de los proyectos mencionados es estos pliegos cuenta con sus respectivos estudios

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2019-08-20
- **Número:** 201910301058390.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 9: CUARTA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201910301058390.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Regla de decisión

Valor que se deberá ajustar al valor presente del día en que se realice la liquidación del contrato.

## Puntos clave

- Accion de controversias contractuales: Por desequilibrio económico en contrato de construcción de aulas del Ministerio de Educación por hallazgos arqueológicos en Sopo (Boyacá)
- Accion de controversias contractuales: Regulado por el artículo 87 del CCA
- Contrato estatal: Objeto según Consejo de Estado
- Contrato estatal: Definición y clases según Ley 80 de 1993 Art. 32

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993
- Decreto 2474 de 2008
- Ley 1474 de 2011

## Extracto

CONTRATO ESTATAL-Definición y clases según Ley 80 de 1993 Art. 32 Ciento sesenta y dos millones seiscientos ochenta y ocho mil ciento noventa y nueve pesos ($162.688.199) por concepto de perjuicios por omisión de la entidad contratante configurado por falta de suscripción del acto administrativo de terminación unilateral y así mismo de liquidación del contrato de obra pública 859 de 2011. Debe realizarse la liquidación judicial del contrato? Por lo tanto desde el documento precontractual quedaron previstas las condiciones que debía atender el contratista para estructurar su oferta, de tal manera que no puede aducir como un hecho imprevisible los cambios o ajustes en los diseños, pues tuvo conocimiento de esa situación al momento de participar en el proceso de selección. Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación.

## Descriptores temáticos

CONTRATO ESTATAL, Definición y clases según ley 80 de 1993 art. 32

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — El juez del contrato no puede deducir del silencio una renuncia tácita, ni convertir la ausencia de salvedades en un requisito jurisprudencial de procedencia o prosperidad de una reclamación posterior.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:13001233300020170082001-74181-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:18001234000020190006702-71860-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020200230601-72791-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no existen pruebas que demuestren defectos en la planeación por parte de la entidad](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020170007602-68810-sentencia.md)

## Texto del documento

ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Por desequilibrio económico en contrato de construcción de aulas del Ministerio de Educación por hallazgos arqueológicos en Sopo (Boyacá)
ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Regulado por el artículo 87 del CCA
CONTRATO ESTATAL-Objeto según Consejo de Estado
CONTRATO ESTATAL-Definición y clases según Ley 80 de 1993 Art. 32
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL-Diferencia frente al desequilibrio económico del contrato según jurisprudencia del Consejo de Estado
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL-Según jurisprudencia del Consejo de Estado/EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-Concepto/EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-Implica mantener la igualdad entre derechos y obligaciones surgidas al momento de proponer o contratar
CONCEPTOS-Del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH
DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRACTUAL-Hay lugar a reconocimiento de sobrecostos por mayor permanencia en obra/DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRACTUAL-Se debe ordenar pago de los valores en cada una de las facturas de venta ya reconocidas por el Ministerio
PRUEBA CONTABLE-Debe solicitarse de oficio por la segunda instancia para establecer tributación del impuesto de guerra
PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL-Debe realizarse nuevamente por el Ad Quem
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA-Debe revocar por probarse el cumplimiento del contrato y restablecer el equilibrio contractual
CONCEPTO No. 117
Bogotá, D.C. 20 de agosto de 2019
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A
Consejera Ponente Doctora [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
EXPEDIENTE: 25000233600020150084001(61500)
ACCIÓN: Contractual
ACTOR: [NOMBRE TACHADO]
DEMANDADO: Ministerio de Educación Nacional
Sentido del concepto: Solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida / Hubo cumplimiento del contrato /Debe hacerse reconocimientos y pagos de las prestaciones derivadas / / Hubo mayor permanencia en obra/ Hubo desequilibrio económico del contrato// Se solicita la reliquidación del mismo.
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales.
ANTECEDENTES
1.1. La Demanda.
El [NOMBRE TACHADO] por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción contractual contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, con el fin de que se declare:
Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL es responsable administrativamente responsable por el incumplimiento del contrato, lo cual generó afectación al equilibrio económico y financiero del mismo y con ello graves perjuicios materiales y morales subjetivos y objetivos, actuales y futuros, junto con su rendimientos financieros al CONSORCIO TEVAL- OBCIVIL.- Contratista, en la ejecución del contrato de Obra No. 859 de 2011.
Por lo tanto se condene al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL a pagar las siguientes sumas de dinero:
Primera. Doscientos setenta y seis millones ciento setenta y siete mil, quinientos cincuenta y cuatro pesos ($276.177.554) por concepto de costos administrativos no amortizados, generados por causas no imputables a él. Valor que se deberá ajustar al valor presente del día en que se realice la liquidación del contrato.
Segunda Trecientos Cuarenta y Un Millones novecientos ochenta y cinco mil trecientos once pesos ($341.985.311) por concepto de perjuicios de sobrecostos administrativos por incumplimiento de las obligaciones contractuales de contratante.
Tercera. Ciento sesenta y dos millones seiscientos ochenta y ocho mil ciento noventa y nueve pesos ($162.688.199) por concepto de perjuicios por omisión de la entidad contratante configurado por falta de suscripción del acto administrativo de terminación unilateral y así mismo de liquidación del contrato de obra pública 859 de 2011.
Cuarta. Veinte millones ciento veintisiete mil trecientos diecinueve pesos ($20.127.319) por concepto de facturación pendiente por pagar hasta la fecha de presentación de la presente acción.
Quinta. Sesenta millones doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos ($60.248.688) por concepto de utilidad dejada de percibir, con relación al contrato de obra Pública No. 859 de 2011.
Sexta. Cuarenta y Un millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos ($41.743.554)
Séptima Doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios morales con ocasión del padecimiento sufrido por el incumplimiento del contrato de Obra No. 859 de 2011 materializados en la falta al legal deber de planeación y el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Num. 1º de la Cláusula 3ª de las Obligaciones del Ministerio.
Octava. Que se liquide el contrato de Obra Pública No. 859 de 2011 suscrito entre el [NOMBRE TACHADO] y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
Novena. Que las sumas sean reajustadas hasta la fecha de ejecutoria de la providencia y que se ordene el pago de intereses corrientes y moratorios.
Décima. Que se condene en costas al Demandado
Sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 1º de febrero de 2018, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante Telval Obcivil.
Para lo cual se basó en los siguientes interrogantes:
¿Se presentó un desequilibrio económico del contrato por los diseños que la entidad entregó al contratista y la mayor permanencia en obra?
El contratista entregó la obra conforme a lo pactado?
En caso de que se demuestre el incumplimiento atribuido debe el Ministerio reconocer al demandante las sumas reclamadas en la demanda?
Debe realizarse la liquidación judicial del contrato?
Respecto del desequilibrio económico:
- Por deficiencias en los diseños
Que según el demandante la razón del desequilibrio económico se debió a la ocurrencia de una circunstancia imprevisible y ajena a la voluntad del contratista, que impidió el desarrollo normal del contrato pues los diseños entregados por el MINISTERIO implicaron cambios estructurales, falencias para la cimentación, además que se trataba de una zona arqueológica.
A lo cual la Sala advierte que en el pliego de condiciones de la licitación pública, se determinó que éste presentaba una fase inicial para la revisión de los diseños, por el término de 10 días calendario.
En el punto. 2.2. de los pliegos se señaló:
Especificaciones técnicas y Obligaciones cada uno de los proyectos mencionados es estos pliegos cuenta con sus respectivos estudios, diseños, planos, memorias de cantidades, especificaciones técnicas y demás documentos necesarios para adelantar las actividades objeto del contrato, los cuales hacen parte de los estudios previos y se publican en el SECOP de conformidad con lo previsto en el Decreto 2474 de 2008.
Así mismo dentro de las obligaciones de carácter general que debía cumplir el futuro contratista, en el pliego de condiciones se establecieron entre otras la siguiente:
4. Cumplir con toda la normatividad vigente aplicable para el cumplimiento del objeto del contrato tales como: Normas técnicas colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de instalaciones y ambientes escolares (NTC 4595 y Muebles escolares)
Además en el documento precontractual se previó que el proponente por su cuenta y riesgo debía visitar las obras donde se desarrollaría el proyecto, pues de esta manera podría verificar e inspeccionar aquellos aspectos propios y necesarios para la ejecución del contrato, para que así estructurara su oferta económica. Tanto así que si el oferente no realizaba la visita, sería causal de rechazo de su propuesta así:
Tal y como se estableció en el punto 2.3. Visita de los proyectos que la visita sería obligatoria y por lo tanto el oferente deberá acreditar el cumplimiento a dicha visita, la cual debía hacerse por parte de un arquitecto o ingeniero en representación del oferente.
Por lo tanto desde el documento precontractual quedaron previstas las condiciones que debía atender el contratista para estructurar su oferta, de tal manera que no puede aducir como un hecho imprevisible los cambios o ajustes en los diseños, pues tuvo conocimiento de esa situación al momento de participar en el proceso de selección.
Por lo que el oferente debía tener cierta diligencia y cuidado, con el fin de evitar cualquier cambio o impacto negativo en su oferta económica, máxime si el objeto social se refiere a desarrollar proyectos de gran incidencia en la arquitectura e ingeniería.
Además en el contrato se estableció que el MINISTERIO se comprometía a entregar los estudios, diseños, planos y demás documentos necesarios para la ejecución del contrato. Lo cual no significa que el contratista no estuviese obligado a efectuar los cambios que fueren necesarios en los diseños, pues había una fase inicial para la revisión de los mismos, así como la visita a las obras.
Por otro lado, en el capítulo II del pliego de condiciones se estableció la determinación de los riesgos Tipificación modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas. Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación. Asignación. Lo asume el contratista quien debe prever el riesgo en su propuesta económica. Estimación. No se reconoce suma alguna al contratista.
Además como en este caso se trata de un contrato cuyo pago se efectúa a precios unitarios, sin fórmula de reajuste, puede ocurrir eventos que implican que se realicen actividades adicionales a las inicialmente previstas.
Por lo que la Sala manifiesta que a diferencia de lo señalado por el demandante, no hubo desconocimiento del principio de planeación por parte del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, lo que implicó la modificación de los diseños, sino la falta de previsión por parte del contratista.
Y en estas condiciones no hay lugar a declarar el incumplimiento del MINISTERIO DE EDUCACIÓN respecto de los diseños o ajustes de los mismos, porque se trataba una condición prevista desde el pliego de condiciones y lo que el contratista debió haber hecho era presentar aclaraciones o modificaciones al pliego o pedir su nulidad por esa vía judicial, lo cual no hizo.
- Por mayor permanencia en Obra
Según el demandante el plazo que debe reconocerse fue mayor porque se presentaron inconvenientes en los diseños; al iniciar la ejecución encontraron otros contratistas en el mismo sitio; el hallazgo arqueológico en la construcción de la IE del frente de Sopó, y porque la obra de Padua fue recibida solo hasta abril de 2013, lo que ocasionó más costos administrativos.
Ante todo la Sala señaló que la sola prolongación del término de ejecución no determina la mayor permanencia en obra, pues para que proceda dicho reconocimiento debe acreditarse: la prolongación en el tiempo de la ejecución inicialmente pactada, que esa extensión obedezca a hechos imputables al contratante, que el contratista cumpla con su débito contractual y que se acrediten los mayores extra costos generados por la mayor permanencia en la obra.
Pero en el presente caso el plazo pactado era de 6 meses, desde el acta de inició, la cual se suscribió el 16 de febrero de 2012, es decir que el término vencía el 15 de agosto del 2012, pero dentro de las pruebas aportadas no se demuestra que se hubiese suspendido o prorrogado el contrato.
Por lo que no se encuentra justificación en la reclamación efectuada por el demandante, cuando las circunstancias surgieron dentro del plazo contractual. Así lo acreditan las actas de seguimiento y las comunicaciones que el contratista remitió al demandado y a la interventoría.
Entonces, si el contratista realizó actividades con posterioridad la plazo contractual, ello obedeció a que no cumplió con su obligaciones dentro del plazo pactado, lo cual se pudo establecer con el acta de seguimiento del 8 de agosto de 2012, 7 días antes de vencer el plazo, donde las partes hacían referencia a temas como entrega del ajuste de los diseños estructurales, el análisis de la vulnerabilidad sísmica, lo cual se reitera, son obligaciones que están a cargo del demandante, pues en el contrato se previó que el contratista debía conocer toda la normatividad sobre las normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente.
En ese orden de ideas aplica inclusive la excepción de contrato no cumplido, puesto que no es dable al contratista aludir que cumplió con una parte del objeto contractual como fue el caso de la obra de Padua, pero no con las demás obligaciones de los otros proyectos y justificarse en presuntos omisiones del demandado.
Llama la atención de la Sala el hecho de que la interventoría el 7 de noviembre del 2013 hubiera recomendado reconocer unas sumas al contratista por reajuste económico que a su juicio no podía ser superior a $646.615.227 incluido el valor por mayor permanencia en obra y ajustes, a pesar de que el MINISTERIO

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ostrar 1. La prolongación en el tiempo de la ejecución inicialmente pactada, 2. Que esa extensión obedeciera a hechos no imputables al contratista e imputables a su contraparte, 3. Que el contratista cumplió con su débito contractual y 4. Los costos extras generados por la mayor permanencia en obra, pero de las pruebas aportadas al proceso ninguna demuestra que las partes hubieran suspendido o prorrogado el contrato. Y que si el contratista hizo actividades con posterioridad al plazo convenido ello obedeció precisamente a que no cumplió con sus obligaciones dentro del término pactado.
A lo que señala este Despacho que es necesario precisar dos situaciones 1. El hecho de que se hubieren entregado por parte del MINISTERIO DE EDUCACION unos diseños no actualizados, para los proyectos de Muzo y Sopó, lo que generó la realización de nuevos diseños por parte del CONTRATISTA lo que ocasionó agravado con el hecho de que el MINISTERIO no gestionara debidamente los trámites correspondientes para tomar decisiones respecto de los inconvenientes presentados tanto en el proyecto de Muzo como en el de Sopó, a pesar de las varias solicitudes presentada por el CONTRATISTA para que se diera solución a este tema, e incluso que se decidiera suscribir otro si o una prórroga del contrato. Y 2. No se puede desconocer que en actas de seguimiento el representante del MINISTERIO DE EDUCACION señaló enfáticamente que los proyectos se encontraban suspendidos como lo es quedó indicado en el acta del 2 de mayo del 2012 debido a los hallazgos arqueológicos encontrados en el proyecto de Sopó y las situaciones de definición de diseños en el proyecto de Muzo.
Así mismo en el acta del 4 de diciembre de ese mismo año, en la que incluso el representante del MINISTERIO DE EDUCACION señaló que el contrato se encontraba vigente hasta el 15 de diciembre del 2012, lo que indica que tácitamente se prorrogó, esto es, que debido a la suspensión de la obra en los 3 frentes, por hechos no imputables al CONTRATISTA, el MINISTERIO DE EDUCACION como parte contratante, se vio en la obligación de manifestar en los comités de seguimiento (lo cual quedó plasmado en las respectivas actas), que el contrato se encontraba suspendido y por lo tanto dispuso su prórroga hasta el 15 de diciembre de 2012, esto es 4 meses más, de lo inicialmente pactado. Lo anterior en reconocimiento de una realidad, sin embargo ello no se oficializó en la elaboración de un documento que se denominara expresamente “Suspensión del contrato” u Otro Si, que contuviera la Prórroga del Contrato.
Lo anterior en concepto del Ministerio Público, permite establecer que efectivamente se dio la mayor permanencia en obra, por razones no imputables al Consorcio Contratista, quien antes por el contrario buscó resolver los problemas por la desactualización de los estudios, que dichos tiempos adicionales en obra fueron del conocimiento y aceptación por parte del Interventor lo que quedó plasmado en las actas anteriormente mencionadas.
Además como se pudo establecer el proyecto de Padua si fue realizado y entregado en febrero del 2013, (según acta de seguimiento del 8 de febrero del 2013) esto es, fuera del plazo convenido, pues este proyecto también fue suspendido en mayo de 2012 y aunque no se tiene certeza de cuando se retomaron las actividades de obra, para el mes de septiembre de 2012 tenía retrasos la ejecución de las obras, tal y como se consignó en acta de seguimiento del 24 de septiembre del 2012.
Por lo tanto, este Despacho manifiesta que hay lugar a reconocer la mayor permanencia en obra y por lo tanto los costos administrativos en los que incurrió el CONTRATISTA por ese concepto.
Facturas de venta
Señala el Tribunal que respecto de la pretensión de la parte de demandante del pago de las facturas No. 12 y 13, referente al proyecto de Muzo y Padua, no se allegaron los documentos soportes para su pago, por lo que no se le reconoce dicha solicitud.
Al respecto se comparte lo señalado en el recurso de apelación de la parte demandante al manifestar que dichas facturas ya habían sido objeto de aceptación por parte del MINISTERIO DE EDUCACION, es decir que las mismas ya habían sido objeto, de forma previa a este litigio, de radicación y aprobación por el contratante y su interventoría, por lo que se pidió en la demanda solo fue que se ordenara su pago.
Contribución especial del impuesto de guerra
Teniendo en cuenta que el demandante solicitó el reembolso por cuanto se hizo una doble tributación del impuesto de guerra, al descontarlo del valor total de las actas y del anticipo girado, pero agrega el Tribunal que con los documentos aportados no se evidencia que al contratista se le haya realizado dicho descuento.
A lo que señala la apelante de la parte demandante, que para demostrar dicha situación había solicitado la práctica de una inspección judicial, la cual fue negada por el Tribunal en la audiencia inicial celebrada el 29 de febrero de 2016, por considerarla innecesaria.
Pues al respecto considera este Despacho que se le solicitara a la segunda instancia que si a bien lo tiene ordene de oficio la práctica de la inspección judicial sobre los soportes contables de la ejecución del contrato, con el fin de esclarecer dicha tributación.
Liquidación judicial
Al respecto señala este Despacho que atendiendo que el contrato de Obra No. 859 de 2011 fue liquidado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se solicitará al Consejo de Estado efectuar una nueva liquidación conforme a los parámetros que resultan del presente concepto.
Perjuicio Moral
El Tribunal manifestó que no hay lugar a dicho reconocimiento a favor de la parte demandante, por cuanto fue el CONTRATISTA el que incumplió el contrato.
Al respecto manifiesta este Despacho que tal y como se ha venido señalando a lo largo de este documento, no hubo incumplimiento por parte del CONTARTISTA TELVAL- OBCIVIL en la ejecución del contrato de Obra 859 de 2011, pero al no haberse allegado elementos de prueba que acrediten este daño, no hay lugar al reconocimiento de dicho perjuicio.
En este orden de ideas este Despacho solicitará al H. Consejo de Estado REVOCAR la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 1º de febrero de 2018, dentro de la presente Acción Contractual, pues tal y como quedó expuesto no hubo incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA.
CONCLUSIÓN
Esta Delegada del Ministerio Público sugiere respetuosamente al Honorable Consejo de Estado REVOCAR la sentencia recurrida proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues con el material probatorio obrante, se puede afirmar que efectivamente hubo cumplimiento del contrato por parte del CONSORCIO CONTRATISTA y por ende se hace necesario el reconocimiento de determinados valores para garantizar el equilibrio contractual y una nueva liquidación del mismo, conforme se expuso en el presente Concepto.
De la Honorable Magistrada,
CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA
Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado

## Cómo citar esta fuente

Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL. 2019-08-20. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201910301058390.DOCX).
