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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Irregularidades por parte del contratista por incumplir las obligaciones contraídas con la empresa IMEC S. A.
SEGUNDA INSTANCIA-En el trámite el ad quem sólo decretará de oficio las pruebas que considere necesarias/RECURSO DE APELACIÓN-Está encaminado a controvertir la apreciación de los hechos/RECURSO DE APELACIÓN-Por excepción se ordena la práctica de pruebas en esta etapa y el funcionario encargado de resolverla es quien puede solicitarlas
Frente a esta petición basta señalar que en el trámite de la segunda instancia el ad quem solo decretará de oficio las pruebas que considere necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley 734 de 2002. Al respecto, la Corte Constitucional expuso que «la discusión que, por virtud del recurso de apelación, tiene lugar en la segunda instancia, no está encaminada a probar o desvirtuar los hechos que promueven la apertura de la investigación disciplinaria y sobre los cuales recae la formulación de cargos, sino a controvertir la apreciación que de los mismos (sic) ha hecho el funcionario de primera instancia. De allí que, solo por excepción, se ordene la práctica de pruebas durante dicha etapa y que sea el funcionario encargado de resolver la apelación el que pueda solicitarlas, tras haber comprobado la deficiencia del recaudo probatorio practicado por el a quo» (Negrillas fuera del texto).
De cara a lo expuesto en precedencia, este despacho no accederá a lo peticionado en consideración a que la ley disciplinaria restringe esta facultad al juzgador de segunda instancia; tampoco se decretará de oficio comoquiera que no resulta necesaria su práctica porque el acervo probatorio obrante en el proceso es suficiente para adelantar el debate que debe surtirse en esta instancia.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-El contratista lo dio por terminado de común acuerdo y ordenó los respectivos pagos, a pesar de conocerse su incumplimiento
Debemos partir por recordar que la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa decidió sancionar al alcalde de Ubaté, [NOMBRE TACHADO], porque consideró que a pesar de conocer del incumplimiento por parte de la firma imec s. a. e. s. p. de las obligaciones contempladas en el contrato de prestación de servicios 116 de 2007, procedió a dar por terminado el contrato de común acuerdo el 30 de noviembre de 2008 y ordenó los respectivos pagos hasta esa fecha, relevando así al contratista de su responsabilidad, en lugar de haberlo terminado unilateralmente y haber hecho efectivas las garantías correspondientes en defensa de los intereses del municipio.
Las razones esbozadas para extinguir dicho contrato se fundamentaron en que con anterioridad a su celebración existía una medida preventiva de suspensión de actividades de recepción y disposición final de residuos sólidos a cielo abierto en el predio La Calera y que tanto el municipio como el contratista eran conscientes de la gravedad de continuar ejecutando el contrato, en consideración a las medidas tomadas por la car y las que llegare a tomar.
IMPOSICIÓN DE SANCIÓN-El motivo obedeció al permanente mal uso del predio por cuanto el sistema de residuos sólidos no cumplía con la exigencia de la normatividad ambiental
El motivo para imponer dicha sanción fue el permanente mal uso del predio porque el sistema de aprovechamiento de residuos sólidos no tenía previsto ni desarrollado el componente de disposición final para los residuos sólidos no aprovechables conforme lo exige la normativa ambiental, por cuanto la disposición en el suelo se debe desarrollar a través de la técnica de relleno sanitario, el cual debía estar previamente licenciado.
CONTRATO ESTATAL-Una de las formas de poner fin a la relación contractual sin que este se haya ejecutado es la terminación anticipada por mutuo acuerdo entre las partes/DERECHO PRIVADO-El Consejo de Estado precisa que es viable la terminación del contrato por el mutuo acuerdo de las partes/DERECHO PÚBLICO-Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la terminación de la relación contractual sin que el contrato se haya ejecutado
Ahora bien, una de las formas de poner fin a la relación contractual sin que el contrato estatal se haya ejecutado es la terminación anticipada por mutuo acuerdo entre las partes. Sobre el particular, el Consejo de Estado precisó lo siguiente:
Así pues, en el derecho privado es viable la terminación del contrato por el mutuo acuerdo de las partes, al amparo de los artículos 1602 y 1625 del Código Civil, aplicables a la contratación estatal como todas las reglas civiles y comerciales que no resulten incompatibles con el Estatuto de Contratación de la Administración Pública (artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993).
En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de esta Corporación cuando ha dicho que el derecho público impone que los contratos de la administración como en general todos los contratos se celebran con el propósito de cumplirse, de ejecutarse con el cabal y oportuno cumplimiento de las prestaciones a las que tanto la administración como el contratista particular se comprometieron al celebrarlo; pero ello no impide que cuando surjan circunstancias que tornen imposible su ejecución, las partes determinen poner fin a la relación contractual sin que el contrato se haya ejecutado.
CONTRATOS ESTATALES-Autonomía de las partes contractuales
Es decir, si bien con fundamento en la autonomía de la que gozan las partes contractuales, lo que el mutuus consensus ha formado, el mutuus disensus puede disolverlo, en los contratos estatales dicha facultad comporta límites, los cuales están dados por el cumplimiento de los fines del Estado (artículo 2º de la Constitución Política) y de la contratación estatal (artículo 3º de la Ley 80), todo ello, en concordancia con los principios que rigen el ejercicio de la función administrativa (artículo 209 C.P.). Acerca de los fines de la contratación estatal, la Corte Constitucional ha señalado:
CONTRATACIÓN ESTATAL-Fines según la Corte Constitucional
CONTRATO ESTATAL-En el caso sub lite las circunstancias hacían imposible su ejecución
Al descender nuevamente al caso objeto de estudio tenemos que las circunstancias ampliamente expuestas en precedencia hacían imposible la ejecución del contrato 116 de 2007, pues ello implicaba desarrollar las actividades conexas al proceso de transformación de los residuos que se recogieran en prestación del servicio público domiciliario de aseo en el municipio de Ubaté causando efectos ambientales y a la salud pública.
SERVIDOR PÚBLICO-En el caso sub lite no contravino los fines y principios de la contratación estatal o el interés general
En consecuencia, esta Sala procederá a absolver al señor alcalde de Villa de San Diego de Ubaté para la época de los hechos cuestionados, toda vez que aparece demostrado que la potestad con la que contó dicho servidor público al dar por terminado por mutuo acuerdo el contrato de prestación de servicios 116 del 2 de agosto de 2007 no contravino los fines y principios de la contratación estatal o el interés general.
SALA DISCIPLINARIA
Bogotá, D.C.; veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2015)
Aprobado en acta de sala No. 40
Radicación
161 – 5821 (ius 2009-97885 iuc d-2009-584-117034)
Sancionado
[NOMBRE TACHADO] y Entidad
Alcalde – Alcaldía Villa de San Diego de Ubaté
Autoridad informante
[NOMBRE TACHADO] San Diego de Ubaté
Fecha informe
10 de febrero de 2009
Fecha de los hechos
24 – 30 de noviembre de 2008
Asunto
Fallo de segunda instancia
P. D. PONENTE: Dra. [NOMBRE TACHADO] fundamento en la función otorgada en el inciso segundo, numeral 1, artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, la Sala Disciplinaria procede a conocer en segunda instancia el proceso disciplinario de la referencia adelantado por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa.
ANTECEDENTES PROCESALES:
Con ocasión de la solicitud elevada por el alcalde de Villa de San Diego de Ubaté en la que pedía que se practicara una visita a la planta de aprovechamiento de residuos sólidos del municipio, el 27 de enero de 2009, la procuradora Provincial de Zipaquirá comisionó al personero de dicha municipalidad para que verificara si el contrato cps 116 del 12 de agosto de 2007 estaba siendo ejecutado por el contratista imec s. a. e. s. p. de conformidad con la normativa ambiental (f. 16 c. o. 1).
Mediante oficio 52 del 10 de febrero de 2009, recibido el 23 del mismo mes y año en la Procuraduría Provincial de Zipaquirá, el citado personero rindió el correspondiente informe en donde señaló que planta se encontraba cerrada y que no se avizoraba que se estuviesen depositando residuos sólidos; además trajo a colación apartes del contenido del acta de inspección física llevada a cabo el 27 de agosto de 2008 en donde se dejó consignado el manejo inadecuado de las basuras y las irregularidades respecto a la seguridad industrial y salud ocupacional que llevaron a que a través de la Resolución 8 del 29 de noviembre de 2008 se ordenara el cierre (ff. 1-2 c. o. 1).
Por esta presunta irregularidad, la Procuraduría Provincial de Zipaquirá resolvió el 30 de abril de 2009 iniciar indagación preliminar contra el señor [NOMBRE TACHADO], alcalde de Villa de San Diego de Ubaté para la época de ocurrencia de los hechos (ff. 27-28 c. o. 1) y el 16 de febrero de 2010 ordenó la apertura de investigación disciplinaria en su contra (ff. 133-135 c. o. 1); este auto se notificó personalmente al apoderado del investigado el 2 de marzo de 2010 (f. 140 c. o. 1).
El 10 de diciembre de 2010, el procurador General de la Nación designó como funcionario especial al procurador segundo delegado para la Vigilancia Administrativa para que asumiera el conocimiento de las quejas y actuaciones disciplinarias que se adelantaran contra el funcionario investigado (ff. 149-150 c. o. 1).
Vencido el término de la prórroga de la investigación disciplinaria ordenado en el auto proferido el 14 de febrero de 2011, se procedió a cerrar la investigación disciplinaria el 29 de febrero del siguiente año (f. 197 c. o. 1). El 28 de junio de 2013 el operador jurídico formuló pliego de cargos contra el investigado (ff. 224-231 c. o. 2). Una vez notificado personalmente dicho auto (f. 243 c. o. 2), se allegó memorial de descargos (ff. 245-252 c. o. 2).
Con auto del 7 de octubre de 2013 se dispuso correr traslado para alegar de conclusión (f. 458 c. o. 3), el cual fue notificado por estado el 15 del mismo mes y año (f. 463 c. o. 3); comoquiera que dentro del término establecido no se allegaron los respectivos alegatos (f. 589 c. o. 3), el 5 de noviembre de 2013 fue proferido fallo de primera instancia, por medio del cual se sancionó a [NOMBRE TACHADO] con destitución e inhabilidad general por el término de quince años (ff. 590-615 c. o. 3).
Este fallo se le notificó personalmente al defensor del sancionado el 6 de noviembre de 2013 (f. 631 c. o. 3). El 12 de noviembre siguiente se allegó el recurso de apelación interpuesto contra dicha providencia (ff. 634-643 c. o. 3), el cual fue concedido por la primera instancia el 18 de noviembre de 2013 para ante la Sala Disciplinaria (f. 645 c. o. 3).
DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:
La providencia se estructuró en diez capítulos: asunto, antecedentes procesales, identidad del investigado, hechos, acervo probatorio, análisis y valoración de los cargos, de los descargos y alegatos de conclusión, y consideraciones del despacho. En este último capítulo se desarrollaron los siguientes títulos: análisis de las pruebas en que se basa el fallo, análisis de los argumentos del investigado y su defensa, conclusiones, fundamentación de las faltas disciplinarias por las que se procede (cargo único: descripción de la conducta, normas infringidas, calificación de la falta y culpabilidad) y, finalmente, la sanción a imponer.
Pues bien, en el capítulo de análisis y valoración de los cargos se sintetizó el cargo primero así: el señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde de Villa de San Diego de Ubaté, a pesar de tener conocimiento de que el contratista imec s. a. e. s. p. había incumplido las obligaciones contraídas en el contrato de prestación de servicios 116 del 27 de agosto de 2007, optó por terminarlo de común acuerdo el 24 de noviembre de 2008, cuando lo procedente era terminar unilateralmente el contrato, aplicar la cláusula de caducidad por incumplimiento prevista en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, que fue pactada en la cláusula novena del citado contrato, y hacer efectivas las pólizas correspondientes.
Con dicha acción se configuró la falta disciplinaria de que trata el artículo 48, numeral 31 del Código Disciplinario Único: «Participar […] en la actividad contractual, […] con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley», y se desconocieron los artículos 3 y 26, numerales 1, 2, 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, que prevén, entre otros aspectos, que los servidores públicos que intervienen en la contratación deben buscar el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ella en la consecución de dichos fines, y el principio de responsabilidad.
Esta conducta fue calificada provisionalmente como falta disciplinaria gravísima cometida con dolo, por considerar que el alcalde conocía que el contrato 116 de 2007 estaba siendo incumplido por la firma contratista, pues así lo manifestó en la solicitud de visita presentada a la Procuraduría Agraria, y sin embargo un mes después, de manera inexplicable, suscribió su terminación por mutuo acuerdo.
Respecto al cargo segundo precisó que no obstante tener conocimiento del incumplimiento del contrato por parte de imec s. a. e. s. p., el citado alcalde ordenó el pago de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008, tal y como consta en el acta de terminación del contrato 116 de 2007, en detrimento del patrimonio público, pues ordenó el pago de un servicio no prestado a cabalidad por el contratista, circunstancia que él mismo expresó en la solicitud de visita elevada a la Procuraduría Agraria.
Con este comportamiento también se configuró la falta prevista en el artículo 48, numeral 31 del Código Disciplinario Único y se vulneraron los artículos 3 y 26, numeral 1 de la Ley 80 de 1993, y 91, literal c), numeral 5 de la Ley 136 de 1994, fue calificada provisionalmente como gravísima cometida con dolo, ya que desconoció los fines de la contratación estatal porque a pesar de que la entidad contratante no recibió el servicio conforme a lo pactado ni cumplió el fin pretendido en el contrato, ordenó el pago de las mensualidades al contratista, en detrimento del patrimonio público.
A continuación, al analizar las pruebas practicadas, comenzó efectuando un recuento de los antecedentes de la relación contractual para indicar que en los estudios de conveniencia para la celebración del contrato de transformación de residuos sólidos se estableció que se regiría por la Ley 142 de 1994 de servicios públicos domiciliarios, que en los términos de referencia se indicaron las especificaciones técnicas, las cuales fueron aceptadas en la propuesta presentada por el imec, donde también se señalaron todas las normas que eran aplicables al proyecto y explicaron cómo lo ejecutarían.
Del contrato 116 de 2007 trajo a colación su objeto; de la cláusula tercera resaltó que frente a los derechos y deberes de las partes se aplicaría lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993; y de la cláusula novena, la caducidad, terminación, modificación e interpretación unilateral por parte de la administración municipal.
En cuanto a las solicitudes de visita efectuadas por el alcalde enjuiciado a la Procuraduría Judicial Agraria unos meses antes de la terminación bilateral del contrato, destacó que el 1 de septiembre de 2008 la pidió con el fin de obtener un concepto sobre el manejo dado a los residuos según lo previsto en el contrato cps 116 de 2007, teniendo en cuenta que se han realizado una serie de requerimientos al contratista por parte de la supervisora por incumplimiento del contrato por indebida utilización del área para disposición de diferentes tipos de residuos, sin obtener respuesta alguna, lo que ha generado graves perjuicios.
Y en la solicitud del 10 de octubre siguiente, el alcalde dijo que la empresa contratista tenía un nivel bajo de cumplimiento (20%), de acuerdo al resultado arrojado por la matriz de importancia; que la Secretaría de Hábitat y Recursos Mineros de Cundinamarca y funcionarios de la car realizaron una visita a la mencionada planta y reportaron un alto incumplimiento del contrato 116 de 2007 frente a las normas ambientales; que por tratarse de un contrato cuyo objeto era el desarrollo directo de actividades científicas y/o tecnológicas se prescindía de cláusulas o estipulaciones excepcionales, conforme a lo consagrado en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993; por último, indicó que la única herramienta jurídica del municipio era la declaratoria del siniestro de incumplimiento del contrato, con miras a hacer efectiva la garantía correspondiente, trámite que dijo que se encontraba en curso para ese momento.
Respecto a la naturaleza del contrato, el a quo precisó en dicha oportunidad que no se trataba de un contrato de ciencia y tecnología, sino de un contrato de prestación de servicios y que además las cláusulas excepcionales de terminación e interpretación unilateral y de caducidad estaban pactadas dentro del contrato.
Del acta de terminación del contrato por mutuo acuerdo, del 24 de noviembre de 2008, trajo a colación, como razones aducidas para darlo por terminado, que antes de su celebración existía una medida preventiva de suspensión de actividades de recepción y disposición final de residuos sólidos a cielo abierto; que el contratista y el municipio eran conscientes de la gravedad de mantener la ejecución del contrato no obstante las medidas tomadas por la car; y que en aras de la responsabilidad que les asistía, habían decidido darlo por terminado.
También se pactó allí, entre otros aspectos, que el contrato se terminaba a partir del 30 de noviembre de 2008 y que ello no implicaba reconocimiento económico en dinero y/o especie para ninguna de las partes; que el municipio debía pagar al contratista el valor de los servicios prestados hasta el 30 de noviembre de 2008; que la suma adeudada era de $75.000.000, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre, de 2008 y que el pago de noviembre se efectuaría el 5 de diciembre de 2008, siempre que la firma contratista presentara el informe de noviembre y la correspondiente factura.
Frente a las actuaciones de la car sobre la planta procesadora de residuos sólidos de Ubaté anotó que el 25 de enero de 2008 la Corporación requirió al municipio para que dentro del mes siguiente presentara un plan de clausura y restauración del predio donde funcionaba el botadero de basura y la planta de tratamiento y transformación de residuos sólidos. Además, en la visita practicada por la CAR con el acompañamiento de la Procuraduría se recomendó prohibir la descarga temporal y/o final de residuos sólidos en las zonas que fueron intervenidas con el funcionamiento del botadero a cielo abierto y que debían ser destinadas a la clausura y restauración ambiental.
Resaltó que si bien la car le precisó a la Alcaldía de Ubaté que la planta para el manejo de residuos sólidos no requería de licencia ambiental, debía contar con los permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales por el aprovechamiento y uso de los recursos naturales, tales como permisos de vertimiento, de emisiones atmosféricas, si se pretendía instalar una planta de incineración para residuos convencionales u ordinarios, concesión de aguas de requerirse derivación de agua de una fuente de uso público o de un pozo profundo.
También le aclaró que, de acuerdo con el parágrafo del artículo 9 del Decreto 1220 de 2005, la disposición de subproductos no aprovechables que se generaran en desarrollo de las actividades de aprovechamiento y/o almacenamiento temporal de residuos sólidos debía realizarse en un sistema de disposición final autorizado por autoridad ambiental mediante licencia ambiental de acuerdo con lo previsto en el numeral 10 del citado artículo.
Mencionó que en el auto del 25 de enero de 2008 la car requirió al municipio de Ubaté para que presentara un plan de clausura y restauración del referido predio y que en la visita técnica a la planta se determinó que debía suspender las labores de disposición final de residuos subproductos o materiales no aprovechables que allí se generaran, que se debía desarrollar en otro predio a través de la técnica de relleno sanitario, para lo cual el responsable del proyecto debía prever que este estuviera técnicamente diseñado y operado, y contara con autorización legal.
Del informe técnico de la car del 29 de febrero de 2008, señaló que de ahí se evidenciaba que el contratista no realizaba ningún proceso de reciclaje y transformación de residuos inorgánicos, ni siquiera hacía la recuperación adecuada y presentaba tal cual los residuos para su comercialización; no contaba con ningún tipo de maquinaria para reducir el volumen de estos residuos, lo que generó almacenamientos a cielo abierto en diferentes sitios; no realizó el tratamiento y control de los residuos inservibles, ya que estos eran depositados en un botadero a cielo abierto generando problemas ambientales; y en cuanto al control de vectores no había ninguno contra roedores.
En cuanto a los informes de la supervisora sobre la ejecución del contrato 116, manifestó que en el oficio del 31 de marzo de 2008 se le puso de presente al contratista el incumplimiento de los requerimientos efectuados por la car, a pesar de que dicha firma contratista tenía la obligación de adelantar los trámites y procedimientos para la obtención de licencias ambientales, planes de manejo o cualquier otro requerimiento ante las autoridades ambientales.
Posteriormente, se entraron a analizar los testimonios practicados; de la declaración rendida por Luz Marina Caro, abogada externa del municipio se extrajo que el proceso precontractual y contractual fue defectuoso por entregar un predio que había sido descalificado por la autoridad ambiental para esos menesteres; que no se tipificaba un contrato de ciencia y tecnología, sino de concesión de un servicio público de transformación y disposición final de residuos sólidos; que como para los contratos de ciencia y tecnología está prohibido pactar las cláusulas excepcionales, no podía declararse la caducidad del contrato, pese a que estaba pactada porque se corría el riesgo de ser demandado por el contratista con perspectivas de ganar la demanda; que lo que procedía era declarar el incumplimiento del contrato para hacer efectivas las garantías, y que la de cumplimiento que se encontraba pactada en un 10% del valor del contrato; aunado a ello, declaró que en los escenarios planteados estaba latente el acatamiento de la obligación impuesta por la autoridad ambiental de cierre del lugar donde se transformaban los residuos sólidos desde el 2005.
Del testimonio de Ana Beatriz Castiblanco, se sustrajo el hecho de que en su condición de supervisora financiera del contrato 116, era quien llevaba el control sobre las ventas de humus efectuadas por el contratista y sobre lo poco que ingresaba al municipio por ese concepto y expuso que en cuanto a la parte operativa del contrato era la supervisora Adriana Mediorreal la encargada de verificar el cumplimiento del objeto del contrato, de expedir la certificación de cumplimiento y anexar las facturas y los soportes del informe que entregaba la firma contratista para efectuar el pago; aclaró que los pagos fueron demorados porque fue necesario requerir al contratista para que cumpliera con las obligaciones del contrato; que fue miembro del comité de conciliación y defensa judicial del municipio en el que se trató el tema del incumplimiento del contrato por parte del contratista y de alguna falencia por parte del municipio porque estaban poniendo residuos en un lote sobre el que pesaban pronunciamientos de la car y que el imec estaba dejando allí los residuos sólidos inorgánicos que afectaban el medio ambiente; que en el comité también se comentó que el municipio estaba incumpliendo porque había tenido problemas con la instalación de redes eléctricas y que por estar disponiendo residuos en ese lote el municipio tuvo que pagar dos sanciones.
Del testimonio de Lutani Martínez, abogada externa del municipio, destacó que ella participó en las reuniones del comité de conciliación del municipio en donde se trató el tema de las cláusulas exorbitantes en un contrato de ciencia y tecnología y se concluyó que así estuviese pactada la caducidad el municipio debía abstenerse de declararla porque podía ser demandado por el imec y que esta fue la razón por la que decidieron terminar el contrato por mutuo acuerdo; que esta información quedó plasmada en las actas de dicho comité; y que ella no recomendó la terminación por mutuo acuerdo porque era inexperta en el tema y no era la que estaba atendiendo ese trámite.
De la declaración rendida por Adriana Mediorreal, secretaria de Obras Públicas y supervisora del contrato 116 de 2007, se destacó que se realizaron visitas al predio donde se adelantaba la transformación y tratamiento de los residuos sólidos en compañía de contratistas ambientales del municipio y se hallaron falencias en la disposición de residuos sólidos que no estaban acordes a lo que se venía solicitando, como la disposición de residuos inservibles o que no tenía tratamiento alguno a cielo abierto dentro del predio donde no se debía realizar esta labor debido a los requerimientos de la autoridad ambiental para la no disposición de residuos y donde lo que se debía era llevar a cabo un plan de restauración del predio, algunas de las labores no estaban tecnificadas, sobre las que aducía el contratista que era por la carencia del fluido eléctrico; advirtió que en los informes de supervisión se detallan las falencias o hallazgos y que el municipio tenía la obligación de hacer el mantenimiento de la infraestructura de la planta de residuos sólidos y, además, por ser el terreno de propiedad del municipio debía hacer las gestiones necesarias ante la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica. Que en lo atinente a la terminación del contrato señaló que hubo apoyo de la Oficina Jurídica y que no recuerda en qué se basaron para darlo por terminado por mutuo acuerdo, que había incumplimiento por parte del municipio y del contratista; reconoció el incumplimiento del contratista en el manejo de desechos inservibles y en el proceso de transformación y tratamiento de residuos sólidos, en el acatamiento de las normas de salud ocupacional y en las entregas de los informes sobre la ejecución del contrato.
En el capítulo en el que se analizaron los descargos se adujo en primer lugar que el funcionario investigador solo tuvo en cuenta lo que servía de fundamento para formular los cargos y desestimó lo favorable al investigado; al respecto, el despacho de primera instancia precisó que el investigado fue citado después de ordenada la apertura de investigación para que rindiera versión libre y diera su versión sobre los hechos, y que a pesar de haber comparecido manifestó que haría llegar su versión por escrito; dicha etapa se cerró sin que esto sucediera; durante la práctica de pruebas de descargos fue citado en cuatro oportunidades y nunca se presentó. Aunado a ello aclaró que la decisión tomada se basó en los soportes de la actividad contractual cuestionada y en los aspectos contenidos en la documentación e información aportada al proceso, aplicando los principios de razonabilidad y sana crítica, dando cumplimiento al principio de imparcialidad en la práctica de pruebas, conforme a lo preceptuado en el artículo 129 de la Ley 734 de 2002; por ende, desestimó dicho argumento.
En segundo lugar, en cuanto a la falta de apreciación de los motivos que tuvo el municipio de Ubaté para dar por terminado por mutuo acuerdo el contrato, los que se encontraban contenidos en el acta de terminación, disintió el a quo de tal planteamiento, pues en el auto de cargos se analizó dicha acta; además puntualizó que existían suficientes pruebas que demostraban el incumplimiento del contrato 116 de 2007 por parte del contratista y el conocimiento del investigado de dicho incumplimiento, tales como lo manifestado por él mismo en la solicitud de intervención dirigida a la Procuraduría Judicial Agraria, la visita practicada por la Personería de Ubaté y el informe de auditoría ambiental de gestión y cumplimiento del 26 de febrero de 2008.
Hizo énfasis el despacho en que en la solicitud de intervención el investigado tenía claro que debía declarar el incumplimiento del contrato, con miras a hacer efectiva la garantía correspondiente, y sin embargo dio por terminado el contrato por mutuo acuerdo con base en la existencia de una medida preventiva de suspensión de actividades de recepción y disposición final de residuos a cielo abierto en el susodicho predio; frente a este punto se adujo que según lo previsto en el artículo 5 del Decreto 1713 de 2002, con el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, y en el artículo 103 de la Ley 99 de 1993, la persona prestadora del servicio encargada del manejo del sistema de disposición final será responsable por los impactos ambientales y sanitarios ocasionados por el inadecuado manejo del relleno.
Por tanto, como la firma contratista era la que debía responder por los efectos ambientales generados por la actividad que desarrollaba allí, lo que se reitera es el incumplimiento de uno de los ítems más del contrato por parte del contratista, en la medida en que desde la invitación pública fue claro que lo que se perseguía era dar cumplimiento a la Ley 142 de 1994, en lo referente a la disposición final de residuos sólidos del municipio de Ubaté, en cumplimiento de las normas y requerimientos ambientales expedidos por la car, el plan de gestión integral de residuos sólidos y las exigencias de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Adicionalmente, al contratista le correspondía el trámite y obtención de las licencias necesarias para la ejecución del contrato conforme a lo previsto en el numeral 2, literal a) de la cláusula segunda del contrato, lo que nunca acreditó.
Indicó que lo anterior está soportado en el informe de conclusiones presentado por la supervisora del contrato del período 1 de agosto al 31 de octubre de 2008, en el pronunciamiento de la Auditoría Ambiental de Gestión y Cumplimiento del Contrato 116 de 2007, del período 26 de febrero al 17 marzo de 2008, en el que se analizaron todos los antecedentes, documentos del contrato, las actas de visita a la planta de aprovechamiento de residuos sólidos, los requerimientos presentados por la car.
Este asunto fue finalizado diciendo que si bien hubo inconvenientes en el desarrollo de actividades a cargo del contratista por cuenta de las demoras del municipio en la adecuación de la infraestructura para el suministro de fluido eléctrico, esta circunstancia no fue decisiva en la terminación bilateral del contrato y no podía invocarse como justificación de la medida adoptada por el disciplinado en desmedro de los intereses de Ubaté.
Respecto a la imposibilidad de aplicar la cláusula de caducidad por tratarse el contrato 116 de 2007 de ciencia y tecnología, que tenía por objeto la transformación de residuos sólidos, advirtió el fallador de primera instancia que aun cuando en los términos de referencia se adujo que se trataba de un contrato de ciencia y tecnología, de las actividades específicas contenidas dentro del contrato y de la definición contemplada en el artículo 2 del Decreto Ley 591 de 1991, en concordancia con los artículos 1 y 2 del Decreto 393 de 1991, se desprendía que ninguna de dichas actividades encuadraba dentro de las consideradas de ciencia y tecnología, y, por consiguiente, no era factible considerarlo como de aquellos de naturaleza especial que admitían la exclusión de las cláusulas exorbitantes.
En el siguiente acápite se desarrolló el tema del servicio público domiciliario de aseo y sus componentes, allí se partió diciendo que la Ley 142 de 1994 se aplica tanto al servicio público de aseo como a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos, principalmente sólidos.
Trajo a colación el parágrafo del artículo 31 de la Ley 689 de 2001 para resaltar que los contratos que celebren los entes territoriales con las empresas de servicios públicos con el objeto de que estas últimas asuman la prestación de estos servicios deben regirse por el Estatuto General de Contratación, y la selección siempre deberá realizarse previa licitación pública. Sobre el particular, se aclaró que el procedimiento de selección no fue objeto de cuestionamiento en esta actuación disciplinaria, pues no le atañía al funcionario investigado, ya que solo intervino en la ejecución del contrato.
Además citó la definición contenida en el artículo 1 del Decreto 1503 de 2003 sobre aprovechamiento en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos y aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo. También mencionó la obligación de los entes territoriales de elaborar y mantener actualizado el Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólido (pgirs).
Las normas y precisiones anteriores le permitieron concluir al a quo que como el contrato 116 de 2007 se trató de un contrato de prestación del servicio público de aseo, en su componente de tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos, regulado por la Ley 142 de 1994 y regido por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, al señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de director de la actividad contractual, le correspondía, ante el incumplimiento del contratista, darlo por terminado unilateralmente, aplicando la cláusula de caducidad y haciendo efectivas las garantías, y no haberlo terminado por mutuo acuerdo.
Tampoco consideró como causal de justificación de la terminación del contrato por mutuo acuerdo la existencia de acciones sancionatorias por parte de la car y de la Superintendencia de Servicios Públicos, ya que lo que se perseguía con el contrato 116 de 2007 era conjurar las malas prácticas que se venían realizando en el acopio, tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos a cielo abierto, pero que por el incumplimiento del contratista se mantuvieron y fue lo que llevó a la decisión definitiva de imponer dicha sanción, pues para el tratamiento de los mencionados residuos tenía que aplicar un procedimiento de microrrelleno sanitario y no lo hizo de esa forma, sino que fueron apilados a cielo abierto, procedimiento que se encuentra prohibido por el impacto ambiental que produce.
Aunado a ello, para el tratamiento y disposición final de residuos sólidos inservibles se requería de licencia ambiental otorgada por la car, diligencia que de acuerdo con lo previsto en los términos de referencia y en la cláusula segunda, literal c), numeral 2 del contrato le correspondía al contratista tramitar, y tampoco lo hizo; entonces, quedó claro que las sanciones impuestas corroboraron el incumplimiento del contrato por parte del contratista, por tanto no podían invocarse como justificación para la terminación por mutuo acuerdo.
De los testimonios de las dos asesoras externas del municipio, doctoras Luz Marina Caro y Lutuani Martínez, no compartió el dicho de que la terminación por mutuo acuerdo se hubiese dado ante la imposibilidad de hacer uso de la cláusula de caducidad por incumplimiento porque se trataba de un contrato de ciencia y tecnología, ya que, como se vio, las actividades pactadas en el contrato, no corresponden a las descritas por la Ley 591 de 1991. En cuanto a la realización de los comités de conciliación en los que se estudió el tema, en la visita practicada el 5 de octubre de 2013 a la Alcaldía de Ubaté no se encontró acta o constancia alguna de dichos comités y la secretaria General y de Gobierno manifestó en dicha diligencia que no existían, razón por la cual le restó credibilidad al argumento defensivo basado en que el alcalde se limitó a seguir los lineamientos fijados por dicho comité.
Resaltó como contradicciones en las que incurrió la declarante Luz Marina Caro el haber afirmado que para ella el contrato en cuestión era de concesión de un servicio, pero que la nominación equivocada de ciencia y tecnología impedía la aplicación de las cláusulas exorbitantes pactadas en el contrato por la expresa prohibición del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 en ese sentido. Lo anterior porque en una sana y elemental lógica se debían aplicar las disposiciones que le son propias al tipo de contrato indicado en el objeto, pues lo que determina su naturaleza es su objeto, si este no está claro se acude a las actividades y las especificaciones del contrato. También cuando concluyó que debía hacerse efectiva la garantía de cumplimiento, pero si la administración no declaró el incumplimiento del contrato por parte del contratista, sino que lo dio por terminado por mutuo acuerdo, ¿cómo podía hacer efectivas las garantías?
De otro lado, al tocar el tema del segundo cargo formulado, el despacho encontró que como esta última conducta estaba subsumida en el primer cargo resultaba pertinente integrarlos en un cargo único, en la medida en que los hechos y cuestionamientos efectuados son una secuencia de actos que se derivan de la conducta principal, esto es, de la terminación del contrato por mutuo que liberó al contratista de asumir responsabilidades a pesar del incumplimiento de lo pactado.
El cargo quedó integrado así: el señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde de Ubaté, a pesar de tener conocimiento del incumplimiento del contrato de prestación de servicios suscrito entre el municipio que él representaba y la Empresa imec s.a. e.s.p., por parte del contratista y de ser consciente de que lo procedente en este caso era dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantías correspondientes, optó por dar por terminado el contrato de común acuerdo con el contratista el 30 de noviembre de 2008, en virtud del acta del 24 de noviembre de 2008, relevando al contratista de su responsabilidad derivada del incumplimiento de las obligaciones adquiridas al suscribir el contrato 116 de 2007, sin que se hubiera liquidado el contrato ni se hubieran hecho efectivas las garantías, además de que se verificaron los pagos por la ejecución hasta el momento de la terminación, haciendo caso omiso al incumplimiento demostrado.
No obstante que la ley estableció que en el caso de incumplimiento por parte del contratista, se debía aplicar la cláusula de caducidad por incumplimiento prevista en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, disposición que fue pactada en la cláusula novena del contrato 116 de 2007, y hacer efectivas las pólizas correspondientes por haberse dado el siniestro de incumplimiento, el funcionario investigado no hizo uso de las herramientas legales con que contaba la administración en defensa de los intereses estatales.
Entonces, entró a resumir que en el proceso quedó demostrado que el alcalde [NOMBRE TACHADO] era determinable por la norma y la infringió siendo imputable, pues no mediaba ninguna situación de inimputabilidad; que conocía del incumplimiento del contrato por parte del contratista y que frente a esta eventualidad debía actuar en procura de defender los intereses del Estado declarando el incumplimiento del contrato y haciendo efectivas las garantías constituidas para estos efectos; sin embargo, lo dio por terminado por mutuo acuerdo y relevó al contratista de asumir su responsabilidad y obligaciones frente al incumplimiento de dicho negocio jurídico.
También se demostró la conciencia de la ilicitud, ya que el alcalde sabía que su comportamiento era contrario a derecho, pues la mayoría de servidores públicos saben que la contratación está dirigida al cumplimiento de los fines del Estado y que el contratista participa como auxiliar de la administración en el cumplimiento de estos fines y que los alcaldes como directores de la actividad contractual deben velar porque en esta etapa contractual sean protegidos los intereses del municipio que representan, conocimiento que demostró en diversas actuaciones ya analizadas en esta decisión. Además, le era exigible un comportamiento diverso. En efecto, no debió dar por terminado por mutuo acuerdo el contrato ni ordenar el pago de las mensualidades, sin verificar cuál había sido en concreto el nivel o grado de ejecución del contrato en esos meses.
Así las cosas, encontró reunidos todos los elementos de la estructura de la responsabilidad disciplinaria por la falta contenida en el numeral 31, artículo 48 del Código Disciplinario Único, por participar en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público, con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y la ley.
Por lo expuesto, procedió a sancionar al señor [NOMBRE TACHADO] con destitución e inhabilidad general de quince años, por tratarse de una falta gravísima cometida a título de dolo y para graduar la inhabilidad tuvo en cuenta el grave daño social de la conducta, el conocimiento de la ilicitud y que el servidor público pertenecía a un cargo de nivel directivo, y como criterio atenuante señaló la ausencia de antecedentes disciplinarios.
RECURSO DE APELACIÓN:
El apoderado del sancionado [NOMBRE TACHADO] solicitó en el escrito contentivo del recurso de alzada que se revocara el fallo proferido el 5 de noviembre de 2013, con fundamento en los argumentos que se resumen a continuación:
― Falta de análisis objetivo de las pruebas arrimadas al proceso: se omitió realizar un análisis objetivo del contenido de los testimonios con el argumento de que como no se ubicaron las actas del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio de Ubaté, estos no tenían validez porque no se pudo corroborar lo dicho por los testigos con lo expuesto en las actas; precisamente la defensa los pidió para demostrar que sí existieron los debates y sugerencias al alcalde de Ubaté por parte de algunos abogados del municipio, en especial, el testimonio de la doctora Luz Marina Caro sobre la inconveniencia y alto riesgo para el ente territorial al declarar el incumplimiento del contrato.
El fallo recurrido solo tuvo en cuenta mencionar los oficios enviados por el alcalde, en donde informaba del incumplimiento del contratista, pero desestimó el dicho de los testigos y los informes de supervisión del contrato que a la postre sirvieron para ordenar el pago de cada mensualidad y que expresan el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, dejando de lado que para generar el pago del valor mensual establecido, la Secretaría de Hacienda verificó el cumplimiento de la labor contratada, como lo prevé la Ley 80 de 1993.
Si bien es cierto que desde el principio se argumentó que existía un incumplimiento del contrato por parte del contratista, también lo es que, de acuerdo a lo dicho por el contratista en sus informes, se evidenciaba que estaba cumpliendo y por tal razón la supervisora del contrato ordenó el pago de las mensualidades respectivas; pero estas pruebas no fueron valoradas, por el contrario, el fallador de primera instancia manifestó que se presumía el dolo por la no rendición de la versión libre, cuando está demostrado a través de los testimonios que antes de tomar la decisión de terminación del contrato por mutuo acuerdo se asesoró y tuvo en cuenta las decisiones y recomendaciones dadas por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Ubaté.
― Pruebas decretadas y no practicadas: a pesar de haberse oficiado a la car, Oficina Ubaté, para que remitiera copia autentica de los procesos administrativos de carácter sancionatorio adelantados contra el municipio de Ubaté y relacionados con el predio La Calera, ubicado en la vereda Apartadero, jurisdicción del municipio de Ubaté, sitio en el cual funcionó el Botadero de Basura, con el fin de demostrar la existencia de tales procesos y la afectación que tenía dicho predio, la car solo envió información del 2004 hacia atrás; ante esto, la Procuraduría ordenó una visita, pero esta no se realizó, sin exponer las razones y argumentos que se tenían para no practicar la prueba, cuando ya había sido decretada.
Similar situación ocurrió con la prueba decretada en la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios de Ubaté con el fin de que informara sobre la existencia de procesos administrativos sancionatorios adelantados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y las sanciones impuestas con ocasión de la inadecuada disposición final de residuos sólidos y afines. Esta prueba se decretó pero no se ofició a dicha entidad; la Procuraduría ordenó visita especial, sin embargo no se llevó a cabo, así como tampoco se expusieron las razones y argumentos para no practicarla. Señaló que en la visita especial practicada a la Secretaría de Hacienda Municipal se allegaron dos expedientes contentivos de las sanciones impuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos, pero sobre estos documentos no se realizó análisis alguno.
En cuanto al envío de copia de las actas del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del municipio de Ubaté correspondientes a los meses de junio a octubre de 2008, donde consten las recomendaciones dadas en torno al susodicho contrato, dijo que si bien no se encontraron dichas actas, se demostró su existencia con los testimonios y las recomendaciones dadas al alcalde para tomar la decisión de terminar el contrato de mutuo acuerdo.
De los testimonios de Luz Marina Caro López, Luatani Martínez, Adriana Mediorreal Ramírez Serrano y Ana Beatriz Castiblanco Espinel, dijo que sí se practicaron, pero que no se hizo un análisis objetivo y claro. Frente a la declaración de Carlos Alberto Zabaleta Barrero, quien para la época de los hechos se desempeñaba como gerente técnico de la firma contratista, manifestó que a pesar de haber sido decretada no se practicó, y si bien es cierto que fue citado en dos oportunidades, la Procuraduría contaba con los medios conducentes para hacer comparecer al testigo renuente. Esta prueba era necesaria porque dejaba ver el punto de vista del contratista y los argumentos que exponía en sus oficios sobre el cumplimiento del contrato, así como las razones por las cuales llamaron al municipio a conciliación extrajudicial, previo a la demanda que pretendían interponer.
En relación con la práctica de la versión libre del inculpado señaló que infortunadamente por problemas laborales de su poderdante no fue posible su concurrencia, pero esto no es óbice para pretender afirmar que actuó con dolo, cuando fue el mismo alcalde quien solicitó la orientación y seguimiento de la Procuraduría Ambiental, así como de la Contraloría y que acogió las sugerencias dadas por los asesores a través del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del municipio.
Todas esas pruebas evidencian que los procesos administrativos ambientales de carácter sancionatorio a nombre del municipio de Ubaté, iniciados por la car, antes y durante la suscripción del contrato con imec, terminaron con la sanción al municipio, y que de haberse continuado con la ejecución del contrato se habría expuesto a otras sanciones y perjuicios que resultarían muy costosos; en consecuencia, su defendido siguió las recomendaciones dadas por los supervisores del contrato y por los miembros del citado Comité.
― Violación al debido proceso y derecho de defensa por indebida modificación de los cargos: respecto al hecho expuesto desde los descargos de que no debería existir un segundo cargo en la medida en que se buscaba sancionar dos veces al alcalde por una sola conducta, se le halló la razón a la defensa y en el fallo se dejó un cargo único, pero le agregaron la circunstancia de que no se hubiera liquidado el contrato, violando el debido proceso y derecho a la defensa, toda vez que de manera irregular se modificó el pliego de cargos sin que se hubiera efectuado su variación y se les hubiese corrido traslado con el fin de ejercer el derecho de defensa y contradicción, tal como lo prevé el artículo 165 de la Ley 734 de 2002.
Así las cosas, en el fallo debió haberse declarado probado el cargo primero y absolverlo del segundo sin modificarlos o realizarse la correspondiente variación en su oportunidad; pero no solo se unificaron los dos cargos, sin efectuar debida variación, sino que también se le agregó el hecho de no liquidar el contrato, el cual no fue objeto de investigación, agravando aún más la violación al debido proceso y derecho de defensa.
― Causales eximentes de responsabilidad: el actuar de su defendido siempre estuvo precedido de la convicción errada e invencible de que no se estaba generando responsabilidad disciplinaria, por cuanto él actuó teniendo en cuenta las recomendaciones y sugerencias dadas por los asesores y el Comité. Que el fallador de primera instancia manifestó que hubo detrimento patrimonial cuando no existe prueba física que así lo demuestre; por el contrario, lo que se advierte es que continuar con el contrato sí afectaría al municipio y declarar el incumplimiento generaría demandas respecto de las cuales existe alto riesgo de perderlas.
Invocó también el principio de buena fe, pues es claro que fue el mismo alcalde el que prendió las alarmas e informó a las entidades de control; aun cuando su error fue no haber informado los motivos por los cuales tomó la decisión de dar por terminado el contrato de mutuo acuerdo, no puede tomarse como una infracción a las normas disciplinarias; en este caso, no se demostró que la terminación de mutuo acuerdo del contrato 116 de 2007 haya afectado el bien jurídico tutelado, ni haya puesto en peligro los principios y postulados de la función pública; no se hizo el análisis de los beneficios que trajo para el municipio la decisión adoptada. Por último, aclara que la empresa contratista no era la prestadora del servicio de aseo, sino el municipio.
―Solicitud de pruebas en segunda instancia:
1. Oficiar o realizar visita especial a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca car, Oficina Ubaté, con el fin de allegar al expediente copia auténtica de los procesos administrativos de carácter sancionatorio adelantados contra el municipio de Ubaté, relacionados con el predio en el cual funcionó el Botadero de Basura; ello en aras de probar la existencia de tales procesos y la afectación que recaía sobre dicho predio.
2. Oficiar o realizar visita especial a la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de Ubaté, fin: informe sobre la existencia de procesos administrativos sancionatorios adelantados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y las sanciones impuestas con ocasión de la inadecuada disposición final de residuos sólidos y afines; lo anterior como soporte de que el municipio fue investigado y sancionado por la Superintendencia con ocasión del contrato suscrito con la imec y que fue otro de los elementos para la terminación del contrato 116 de 2007.
3. Llamar a declarar a Carlos Alberto Zabaleta Barrero, para que en su calidad de gerente técnico de la empresa imec s. a. e. s. p. narre lo que le conste sobre la ejecución y cumplimiento del contrato 116 de 2007 y exponga el análisis y las recomendaciones finales que se tuvieron en cuenta para la terminación de mutuo acuerdo.
4. Escuchar en versión libre y espontánea al investigado para que absuelva inquietudes y amplié otros aspectos en ejercicio del derecho de defensa.
CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA:
4.1. Competencia:
De conformidad con la competencia que el recurso de apelación le otorga al fallador de segunda instancia, se proceden a revisar las razones invocadas por el apoderado del señor [NOMBRE TACHADO] para apelar el fallo proferido el 5 de noviembre de 2013 por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, en el cual se le sancionó con destitución más inhabilidad general de quince años dentro del proceso disciplinario de la referencia.
4.2. De la solicitud de pruebas del apelante:
En el capítulo final del escrito contentivo del recurso de apelación, el defensor pide que se realicen visitas especiales a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca car, Oficina Ubaté y a la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios del municipio de Ubaté, que se llame a declarar a Carlos Alberto Zabaleta Barrero, gerente técnico de la empresa imec s. a. e. s. p. y se escuche en versión libre y espontánea al investigado.
Frente a esta petición basta señalar que en el trámite de la segunda instancia el ad quem solo decretará de oficio las pruebas que considere necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley 734 de 2002. Al respecto, la Corte Constitucional expuso que «la discusión que, por virtud del recurso de apelación, tiene lugar en la segunda instancia, no está encaminada a probar o desvirtuar los hechos que promueven la apertura de la investigación disciplinaria y sobre los cuales recae la formulación de cargos, sino a controvertir la apreciación que de los mismos (sic) ha hecho el funcionario de primera instancia. De allí que, solo por excepción, se ordene la práctica de pruebas durante dicha etapa y que sea el funcionario encargado de resolver la apelación el que pueda solicitarlas, tras haber comprobado la deficiencia del recaudo probatorio practicado por el a quo» (Negrillas fuera del texto).
De cara a lo expuesto en precedencia, este despacho no accederá a lo peticionado en consideración a que la ley disciplinaria restringe esta facultad al juzgador de segunda instancia; tampoco se decretará de oficio comoquiera que no resulta necesaria su práctica porque el acervo probatorio obrante en el proceso es suficiente para adelantar el debate que debe surtirse en esta instancia.
4.3. Análisis del ad quem respecto a los planteamientos del apelante:
Debemos partir por recordar que la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa decidió sancionar al alcalde de Ubaté, [NOMBRE TACHADO], porque consideró que a pesar de conocer del incumplimiento por parte de la firma imec s. a. e. s. p. de las obligaciones contempladas en el contrato de prestación de servicios 116 de 2007, procedió a dar por terminado el contrato de común acuerdo el 30 de noviembre de 2008 y ordenó los respectivos pagos hasta esa fecha, relevando así al contratista de su responsabilidad, en lugar de haberlo terminado unilateralmente y haber hecho efectivas las garantías correspondientes en defensa de los intereses del municipio.
Las razones esbozadas para extinguir dicho contrato se fundamentaron en que con anterioridad a su celebración existía una medida preventiva de suspensión de actividades de recepción y disposición final de residuos sólidos a cielo abierto en el predio La Calera y que tanto el municipio como el contratista eran conscientes de la gravedad de continuar ejecutando el contrato, en consideración a las medidas tomadas por la car y las que llegare a tomar.
Por consiguiente, la Sala examinará el entorno del contrato con el fin de precisar las circunstancias que impactaban su ejecución, para así establecer si era viable desde el punto de vista legal el modo de terminación del contrato adoptado por las partes.
4.3.1. Circunstancias fácticas que se desprenden de los documentos obrantes en el proceso:
4.3.1.1. En relación con las sanciones impuestas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca al municipio de Ubaté:
― Expediente 5001-76.2-15264: se adelantó el proceso administrativo de carácter sancionatorio el cual versaba sobre el sistema de disposición final de residuos sólidos en el predio denominado La Calera, ubicado en la vereda Apartadero, jurisdicción del municipio de Ubaté que operó hasta el 2005.
El 30 de septiembre de 2005, mediante Resolución 1756, el ente territorial fue sancionado con la imposición del cierre definitivo y la obligación de presentar el plan de clausura. Allí se suspendió de manera definitiva la disposición de residuos sólidos en este predio.
― Expediente 8014-76.2-30413: el 29 de noviembre de 2007, a través de la Resolución 8, se le impuso al municipio una medida preventiva de suspensión de actividades de disposición de residuos sólidos a cielo abierto en el susodicho predio o en algún otro que no contara con licencia ambiental. El levantamiento de la referida medida se condicionó a que se obtuviera para la actividad la respectiva licencia ambiental. Con esta resolución se declaró iniciado el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio.
El motivo que ocasionó la imposición de esta medida se debió a que cuando entró en operación la planta de aprovechamiento en el predio La Calera, producto de los procesos de selección, aprovechamiento y transformación, se empezaron a generar residuos no aprovechables y a disponerlos a cielo abierto en el mismo predio.
El 30 de diciembre de 2008, con Resolución 2832, se decidió el trámite ambiental de carácter sancionatorio imponiéndole como sanción una multa de $9.230.000 y declarándolo contraventor de las siguientes normas ambientales: artículos 49 de la Ley 99 de 1993 y 5 del Decreto 1220 de 2005, modificado por el Decreto 500 de 2006 (De la obligatoriedad de la licencia ambiental), este último decreto dispone que los residuos o subproductos de los procesos de aprovechamiento o transformación de residuos sólidos deben ser dispuestos en rellenos sanitarios licenciados; artículo 179 del Decreto 2811 de 1974, para la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo en aras de evitar su pérdida o degradación, lograr su recuperación y asegurar su conservación; y artículo 13 de la Resolución 1045 de 2003, clausura y restauración ambiental de los botaderos a cielo abierto.
El motivo para imponer dicha sanción fue el permanente mal uso del predio porque el sistema de aprovechamiento de residuos sólidos no tenía previsto ni desarrollado el componente de disposición final para los residuos sólidos no aprovechables conforme lo exige la normativa ambiental, por cuanto la disposición en el suelo se debe desarrollar a través de la técnica de relleno sanitario, el cual debía estar previamente licenciado.
Los informes técnicos que sirvieron de fundamento para imponer esta sanción fueron el 102 del 21 de febrero de 2008 y el 638 del 9 de octubre de 2008, de los cuales se resaltan los apartes que a continuación se transcriben, en su orden:
[…] es de reiterar que con las actividades del proceso de transformación se ha continuado interviniendo diferentes áreas del predio, las cuales debían estar dedicadas exclusivamente a la restauración. […] También es de reportar que se continúa disponiendo a cielo abierto y de manera dispersa dentro del predio residuos que por sus características no pueden ingresar al proceso de aprovechamiento y transformación […], situación que ratifica la falta de planeación del proceso por cuanto no presenta alternativa de traslado de dichos residuos a sistemas de disposición final autorizados […]. En la actualidad la administración municipal de Ubaté no ha dado cumplimiento a lo ordenado por la Corporación, en cuanto a la medida preventiva de suspensión de las actividades de disposición final de residuos sólidos a cielo abierto en el predio La Calera. Las condiciones en las que se adelanta la disposición final de los residuos sólidos no aprovechables obtenidos en el aprovechamiento y transformación de los residuos sólidos recogidos en la prestación del servicio público de aseo está contraviniendo lo dispuesto en el Decreto 1220 de 2005, el cual establece que los subproductos o residuos no aprovechables deberán disponerse en sistemas autorizados y que los rellenos sanitarios deben contar con la respectiva licencia ambiental […]. Con base en la medida que se adopte, se debe requerir a la administración municipal la presentación de la certificación de prestación del servicio contratado con la administración del relleno seleccionado.
[…] el proceso de aprovechamiento adelantado en el predio La Calera presenta dispersión de actividades dentro del predio, incluidos los espacios que fueron empleados antes del 2005 para la disposición de residuos sólidos y que deben estar en proceso de restauración y no presentar residuos a la intemperie […]. En la actualidad, los inservibles o residuos o subproductos que se generan en el proceso están siendo dispuestos a la intemperie frente al área de recibo y selección, específicamente en el costado izquierdo y según información del administrador no se tiene claridad frente al manejo definitivo de los mismos (sic); […] técnicamente resulta procedente solicitar a los responsables del proyecto definir el área que dentro del predio se destinará a los procesos propios del sistema de aprovechamiento y transformación, dentro de la cual están excluidas las áreas que antes de la medida preventiva impuesta en el 2005 se empleaban o fueron empleadas para la disposición de los residuos sólidos, toda vez que estas, […] deben ser destinadas exclusivamente al proceso de restauración ambiental, debiéndose retirar de allí, en un plazo perentorio, tanto los residuos o subproductos que con posterioridad se han dispuesto como las actividades del proceso de aprovechamiento en funcionamiento. Respecto del proceso de aprovechamiento y transformación, técnicamente resulta conveniente recomendar a los responsables del mismo (sic) realizar evaluaciones y ajustes para hacerlo más eficiente en todas sus etapas, minimizando las áreas ocupadas o la dispersión de actividades y asegurando que el componente de disposición final se adelante en un relleno sanitario legalizado ambientalmente.
Finalmente, el 23 de noviembre de 2009 se expidió la Resolución 2862, con la cual resolvió no reponer la Resolución 2832 del 30 de diciembre de 2008.
4.3.1.2. En cuanto al contrato 116 de 2007 y sus antecedentes:
El 22 de junio de 2007 se elaboró el estudio de conveniencia, prestación de servicios de transferencia tecnológica para la transformación y recuperación de hasta 1000 toneladas mensuales de residuos sólidos, utilizando planta productora y de transformación de material reciclable y tecnología de lombricultura para la mutación del material orgánico, garantizando la producción y comercialización de humus sólido, líquido y material reciclable.
En el acápite justificación se dejó consignado «Que en la actualidad se está adelantando el proceso de convocatoria para el mantenimiento y operación de la Planta de Residuos Sólidos, y que como tal requiere ajustes en los términos definitivos, para que los proponentes presenten su propuesta ajustada a las especificaciones técnicas requeridas, conforme lo dispone el plan de gestión integral de residuos sólidos, el Decreto 1713 de 2002 y el Decreto 838 del 2005, el cual modifica al Decreto 1713 del 2002, sobre la disposición final de Residuos Sólidos y se dictan otras disposiciones».
En el inciso siguiente se dijo «Que la presente invitación pública es para dar cumplimiento a la Ley 142 de 1994, en lo referente a la disposición final de residuos sólidos del municipio de Ubaté, en cumplimiento de las normas y requerimientos ambientales expedidos por la corporación autónoma regional car, para lo cual se presentó ante la corporación el proyecto pgirs (plan de gestión integral de residuos sólidos) y exigencias de la entidad de control y vigilancia Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios».
El 10 de julio de 2007 la empresa imec s. a. e. s. p. presentó su propuesta, a la cual adjuntó el documento titulado programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos municipio de villas de san diego de ubaté (cundinamarca), del que se transcriben los siguientes apartes:
1.2. beneficios y ventajas ante otros sistemas de disposición final
A continuación se incluyen los principales beneficios que ofrece nuestro sistema de tratamiento comparado con la disposición final llevada a cabo en relleno sanitario […]
1.4. marco conceptual
[…]
Disposición final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente.
[…]
Relleno sanitario: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos (sic), control de gases y lixiviados, y cobertura final.
[…]
Residuo sólido no aprovechable: Es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición.
[…]
2.1. fábrica de suelos, recuperación y transformación de residuos sólidos urbanos asociados a variables ecológicas, económicas y sociales.
[…]
El impacto ambiental que normalmente han generado los residuos sólidos urbanos a través de procesos de acumulación (relleno sanitario), es cambiado radicalmente mediante el proceso de transformación desarrollado por imec s. a. e. s. p., […].
9. disposición final de residuos inservibles.
[…] el 5% restante que está constituido por material inservible será dispuesto en el microrrelleno de la planta.
[…]
propuesta técnico operativa para el manejo de la planta de transformación de residuos sólidos urbanos del municipio villas de san diego de ubaté.
síntesis
La planta de Transformación de Residuos Sólidos Urbanos del municipio de Ubaté (Cundinamarca) se construyó en el año de 2005 bajo el mandato del alcalde Jorge Cendales, atendiendo a la grave problemática presente por la mala disposición de residuos sólidos a cielo abierto en predios cercanos al casco urbano del municipio.
[…]
Manejo de residuos de inservibles: se tiene previsto la disposición de este material en un área contigua a la planta, en donde se tendrá como alternativa de disposición final un microrrelleno sanitario, que garantice una disposición técnica y controlada, que disminuya los efectos negativos sobre la comunidad y el ambiente asociados con los residuos sólidos.
El 25 de julio de 2007, mediante Resolución 441, el alcalde municipal de Villa de San Diego de Ubaté adjudicó el contrato a la empresa imec s. a. e. s. p. y el 2 de agosto de 2007 se celebró el contrato de prestación de servicios 116, del cual se extraen las siguientes consideraciones:
3. Que teniendo en cuenta que el literal d., numeral., (sic) artículo 24 de la Ley 80 de 1993, faculta contratar directamente la prestación de servicios para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, y que, el municipio requiere un mecanismo que permita la obtención de los conocimientos técnicos y especializados relacionados con el tratamiento de basuras; se hace necesario contratar la prestación de servicios de transferencia tecnológica para la transformación y recuperación de residuos sólidos. 4. Que en términos generales la expresión transferencia de tecnología hace referencia a un proceso mediante el cual la ciencia y la tecnología se difunden en las actividades humanas. Sin embargo, en el ámbito de las actividades económicas se precisa que la transferencia de tecnología puede interpretarse como el proceso de incorporación a una unidad productiva de un conocimiento desarrollado fuera de ella. La tecnología es un activo de propiedad privada que tiene un valor de cambio en el mercado y con ello una capacidad de generar renta a aquellos que la poseen, controlan y explotan. 5. Que la celebración del presente contrato busca dar cumplimiento a la Carta Política y puntualmente a la Ley 142 de 1994, en lo referente a la disposición final de residuos sólidos del municipio de Ubaté, en cumplimiento de las normas y requerimientos ambientales expedidos por la corporación autónoma regional car, para lo cual se presentó ante la corporación el proyecto pgirs (plan de gestión integral de residuos sólidos) el cual se acompañó del cumplimiento de las exigencias de la entidad de control y vigilancia Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 6. Que el municipio de Ubaté asume de manera directa la prestación del servicio público de aseo, teniendo en cuenta los objetivos propuestos en el programa de gestión suscrito con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dando cumplimiento de esta manera a los preceptos constitucionales y legales. 7. Que la Secretaría de Obras Públicas y la Oficina de Servicios Públicos remitió estudio de oportunidad y conveniencia en el que plasmó las consideraciones y justificaciones para la celebración del proceso y por ende del contrato. […] 9. Que pese a tratarse de una contratación directa, en aras de obtener el mejor servicio, se realizó invitación pública donde se presentó una sola propuesta por parte de […] imec s. a. e. s. p. la cual fue calificada favorablemente. 10. Que el señor alcalde municipal mediante Resolución Administrativa No. 0441/07 le adjudicó el contrato resultante de la Invitación Pública No. 001/07.
A continuación, se transcriben algunas de las cláusulas del referido contrato, a saber:
cláusula primera. objeto. Prestación de servicios de transferencia tecnológica para la transformación y recuperación de hasta 1000 toneladas mensuales de residuos sólidos, utilizando planta productora y de transformación de material reciclable y tecnología de lombricultura para la mutación del material orgánico, garantizando la producción y comercialización de humus sólido, líquido y material reciclable del municipio Villa de San Diego de Ubaté, de conformidad con los términos de referencia definitivos, el estudio de oportunidad y conveniencia y la propuesta presentada por el contratista, que para todos los efectos forma parte integral del presente contrato. cláusula segunda. obligaciones específicas del contratista. El objeto del presente contrato además de tener las obligaciones ordenadas en la Ley, tiene las siguientes obligaciones específicas: a) gestión técnica: Dentro del programa de transformación y recuperación de residuos sólidos con planta productora de material reciclable y tecnología de lombricultura se deberá tener en cuenta que el sitio de disposición final de los residuos sólidos es el que actualmente existe en el municipio y cobija, entre otras, las actividades que seguidamente se relacionan: 1. Realizar la recepción de los viajes de residuos sólidos generados por el municipio de Ubaté. […] 8. Realizar el tratamiento y control de residuos inservibles. […] c) gestión administrativa: […] 2. Adelantar los trámites y procedimientos para la obtención de licencias, planes de manejo o cualquier otro requerimiento ante las autoridades competentes, que sean necesarios para la prestación adecuada del servicio. […] cláusula quinta. obligación del municipio. La administración municipal estará a cargo de efectuar el mantenimiento requerido de la infraestructura de la planta de manejo de residuos sólidos. […] cláusula décima segunda. caducidad, terminación, modificación e interpretación unilateral. Entiéndanse incluidas en este contrato las cláusulas de caducidad, terminación, modificación e interpretación unilateral por parte de la administración municipal, previstas en la Ley 80 de 1993. […] cláusula décima séptima. supervisión y seguimiento. La supervisión del presente contrato la efectuará la secretaría de hacienda y la oficina de servicios públicos, oficinas que deberán presentar informes mensuales de seguimiento de la ejecución y el cumplimiento del objeto contractual.
El 24 de agosto de 2007, con Resolución 474, el alcalde municipal de Villa de San Diego de Ubaté designó como supervisor del contrato al secretario de Obras Públicas. Ese mismo día se suscribió el acta de inicio del contrato.
El 24 de noviembre de 2008 se terminó el contrato de mutuo acuerdo; las consideraciones que resulta del caso plasmar aquí son «1) Que previamente a la celebración del contrato, […] existía una medida preventiva de suspensión de actividades de recepción y disposición final de residuos sólidos a cielo abierto en el predio […]. 2) Que tanto la administración actual del municipio como el contratista son conscientes de la gravedad de mantener la ejecución del contrato, no obstante las medidas tomadas por la car y las que en un inmediato futuro llegare a tomar, que incidirían respecto de la ejecución del contrato […]». Dentro las cláusulas se destacan «segunda.- La terminación del contrato no implica ningún reconocimiento económico, ni en dinero ni en especie, para ninguna de las partes contratantes. tercera.- El municipio pagará al contratista el valor de los servicios prestados hasta el 30 de noviembre del año en curso […]».
4.3.1.3. Respecto a los requerimientos y respuestas suministradas por la firma contratista en desarrollo del contrato 116 de 2007:
En enero de 2008 la secretaria de Obras Públicas de Ubaté dejó consignado que para el período 24 de diciembre al 31 de enero de 2008 la firma contratista efectuó la disposición final de basuras a cielo abierto.
El 6 de febrero de 2008 el gerente técnico del imec s. a. e. s. p. le informó a la secretaria de Obras Públicas que «[…] Dentro del programa de transformación y recuperación de residuos sólidos con planta productora de material reciclable y tecnología de lombricultura se deberá tener en cuenta que el sitio de disposición final de los residuos sólidos es el que actualmente existe en el municipio y cobija, entre otras, las actividades que seguidamente se relacionan: 8. Realizar el tratamiento y control de residuos [in]servibles. En este orden de ideas imec s. a. e. s. p. viene dando cumplimiento a lo pactado en el contrato en mención. Sirva esta oportunidad para informarle que estamos dispuestos a reunirnos con su equipo de trabajo […]».
El 11 de febrero de 2008 la secretaria de Obras Públicas le solicitó al imec que le informara, entre otros aspectos, ¿cómo se ha realizado por parte de la empresa, y en cumplimiento al contrato, el tratamiento y control de residuos inservibles?
El 18 de marzo de 2008 la secretaria de Obras Públicas condicionó el pago al imec a la presentación del informe completo de ejecución.
El 25 de marzo de 2008 la secretaria de Obras Públicas pidió al imec la suspensión de la disposición del material inservible a cielo abierto, de conformidad con el oficio pub N° 045 del 9 de enero de 2008, expedido por la car.
El 27 de marzo de 2008 el gerente técnico del imec le respondió al alcalde que de conformidad con la cláusula segunda del contrato 116, el sitio de disposición final de los residuos sólidos era el que actualmente existe en el municipio; que «el contrato en mención se viene ejecutando desde el 2 de agosto de 2007 y el área señalada para la disposición final de los residuos inservibles es el microrrelleno que se acondicionó con sus respectivas geomembranas, según se puede apreciar en la secuencia fotográfica adjunta, presentándose en los informes correspondientes, los cuales la administración nunca objetó».
A continuación dijo que la car «expresó claramente, mediante el oficio opub 045 del 9 de enero de 2008, que la actividad desarrollada por imec s. a. e. s. p. no requiere de licencia ambiental, motivo por el que puede afirmarse que la empresa ha dado estricto cumplimiento a lo pactado». Por último, solicita la participación del alcalde para que les dé directrices con el fin de dar cumplimiento a la suspensión de la disposición del material inservible a cielo abierto; mientras tanto, los almacenarán en la forma más ordenada posible en el área de recepción de residuos sólidos.
El 31 de marzo de 2008 la supervisora le efectuó a una serie de aclaraciones al contratista:
Es de conocimiento que para la disposición de residuos existen diferentes mecanismos, uno de ellos es disponer en rellenos sanitarios que para su funcionamiento se debe contar con licencia ambiental la cual se obtendrá una vez se cumplan con las especificaciones técnicas y operativas; en la respuesta obtenida por parte de la empresa imec s. a. e. s. p., se hace referencia a que los residuos inservibles se disponen en el «microrrelleno» y que este cuenta con geomembrana, sin embargo no hace referencia a los demás requerimientos que deben estar establecidos y que por ende no se cuenta con dicha licencia, lo cual demuestra que la actividad de disposición final está infringiendo la legislación, y que por la evidencia presentada en visitas técnicas realizadas por la car, la Gobernación de Cundinamarca ― Secretaría de Hábitat y Recursos Mineros, Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía Municipal; el manejo adoptado y dado para estos residuos se ha convertido en un botadero a cielo abierto incumpliendo con la normatividad (sic) ambiental vigente y por lo tanto con lo estipulado en el c. p. s. 116 de 2007, cláusula segunda Obligaciones específicas del contratista, literal A) gestión técnica Numeral 8. Realizar el tratamiento y control de residuos inservibles, […].
También es concerniente mencionar que una vez analizado el Plan de Manejo Ambiental que fue presentado ante la car, […] no se estipuló […] la contingencia específica de los residuos inservibles, para la eventualidad en que los residuos por diferentes causas no pudieran ser dispuestos en el predio.
Motivo por el cual la nueva administración […] ha venido analizando la situación actual referente al manejo de los residuos sólidos el cual está legalizado en el municipio por medio del contrato de prestación de servicios N° 116 de 2007 […], encontrando así que la Corporación Autónoma Regional car, en repetidas ocasiones ha realizado requerimientos a los cuales la empresa no ha dado cumplimiento; y por lo tanto esta situación ha conllevado a que sea el municipio quien se encuentre respondiendo por dicha situación ante la entidad, lo cual evidencia que no se le da cumplimiento a la cláusula segunda Obligaciones específicas del contratista, literal c) Gestión Administrativa, Numeral 2. Adelantar los trámites y procedimientos para la obtención de licencias, planes de manejo o cualquier otro requerimiento ante las autoridades competentes.
En la respuesta obtenida también se hace referencia a la misma cláusula segunda […] «se deberá tener en cuenta que el sitio de disposición final de los residuos sólidos es el que actualmente existe en el municipio, […]»; cabe aclarar que con la firma del contrato se dan por aceptadas las condiciones impuestas por parte del contratante, para cumplir con el objeto del mismo (sic), por lo cual no entendemos cómo en este momento el contratista hace referencia a esta situación, además, teniendo en cuenta que el contratista tiene un período considerable en el manejo de la planta de aprovechamiento existente en el municipio y conocía a cabalidad las condiciones y procedimientos establecidos en el predio La Calera, sector Las Brisas, vereda Apartadero, municipio de Ubaté.
El 16 de mayo de 2008 la secretaria de Obras Públicas le solicitó a la empresa contratista la no disposición de ningún tipo de residuo en el área destinada exclusivamente al proceso de restauración. Aclaró que «De acuerdo al oficio recibido con fecha 27 de marzo de 2008, en el cual se hace referencia a la suspensión de la disposición del material inservible a cielo abierto ordenado en el oficio sopu 114-2008 de fecha 25 de marzo de 2008 y en el cual se solicita la participación de la administración para que se den las directrices correspondientes es necesario aclarar que de acuerdo al contrato de prestación de servicios No. 116-2007 cláusula segunda: obligaciones específicas del contratista literal a) gestión técnica N° 8 realizar el tratamiento y control en residuos inservibles, es obligatorio que el contratista dé una solución definitiva a los residuos inservibles».
El 28 de julio de 2008 la secretaria de Obras Públicas le informó a la empresa contratista que se realizaría la delimitación del área para el proceso de restauración ambiental por parte del municipio.
En el informe de supervisión del período 1 de marzo al 30 de junio de 2008 se dejó consignado que «De acuerdo al oficio sopu-114-2008 y la respuesta del sopu-114-2008 la interventoría no ha obtenido respuesta por parte de la entidad contratista del mecanismo adoptado para el control y tratamiento de dichos residuos por lo cual se espera que no se esté generando un nuevo problema ambiental al interior de la planta de aprovechamiento».
En el informe de supervisión del período 1 al 31 de julio de 2008 se volvió a plasmar que «el contratista no ha tomado ninguna acción encaminada a lo descrito en el informe; por lo tanto de manera reiterativa se deja constancia [de] que se ha hecho caso omiso a lo exigido por la supervisión del contrato» y que «el contratista sigue realizando acciones que perjudican a la administración municipal en cuanto al manejo de los residuos sólidos provenientes de la recolección del servicio público de aseo […]».
El 31 de octubre de 2008, la representante legal de imec manifestó que «[…] en la diligencia que [se] llevó a cabo en la Procuraduría Séptima Judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el pasado dieciocho (18) de septiembre de dos mil ocho (2008), se acordó con el señor alcalde de ese municipio mantener una comunicación fluida y respetuosa para desarrollar, en un esfuerzo conjunto y armonioso, el objeto del contrato, cosa que evidentemente no es posible hacer si debe la empresa sufrir sus continuas y temerarias apreciaciones personales acerca del cumplimiento del contrato que la representante del ministerio público sugirió replantear por pretender el municipio hacer variar las condiciones iniciales en que fue pactado, además de la mora en el pago de las sumas que debe cancelar a imec s. a. e. s. p., que es hasta este momento el único incumplimiento que se ha observado».
En el informe de supervisión del período 1 al 30 de noviembre de 2008 se dejó la siguiente constancia «El día 24 de noviembre del año en curso se liquidó bilateralmente el c.p.s. N° 116 de 2007 […]; teniendo en cuenta que de acuerdo al seguimiento realizado a partir del mes de enero hasta el mes de noviembre de 2008, soportado (sic) por medio de la autoridad ambiental practicada por la empresa siegaia ltda, las visitas realizadas por parte de la Gobernación de Cundinamarca, Secretaría de Hábitat y Recursos Mineros, Dirección de Salud Pública, control de riesgos, etc., se demostró que la operación de la planta no cumplía con los parámetros exigidos para su normal funcionamiento, de acuerdo a lo establecido en el c.p.s. N° 116 de 2007».
En el documento del 18 de septiembre de 2008, contentivo de las conclusiones finales de la situación actual de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos, la supervisora dijo al respecto:
1. Inadecuado manejo en el proceso de control de los residuos inservibles teniendo en cuenta que el microrrelleno dispuesto para tal fin no cumple con los parámetros para el funcionamiento del mismo (sic) ni cuenta con licencia ambiental; razón por la cual se solicitó de acuerdo a los comunicados expedidos por la car, la suspensión de dicha actividad y a su vez la solución a dicho manejo, para lo cual el contratista hizo caso omiso a lo anteriormente expuesto […].
2. El predio fue delimitado con polisombra para el proceso de clausura y restauración y se ha encontrado que de acuerdo a la evidencia fotográfica han invadido nuevamente el área cortando la polisombra e ingresando para continuar con la disposición ya antes suspendida, esto ha sucedido en repetidas ocasiones alterando así los parámetros tomados para la formulación del plan de clausura y restauración de acuerdo a la comunicación emitida por la car.
[…]
4. Se hace necesario ante la situación actual nombrar lo estipulado en el Decreto 1713 el artículo 5°. Responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos. La responsabilidad por los efectos ambientales y a la salud pública generados por las actividades efectuadas en los diferentes componentes del servicio público de aseo de los residuos sólidos, recaerá en la persona prestadora del servicio de aseo, la cual deberá cumplir con las disposiciones del presente decreto y demás normatividad vigente.
Parágrafo. cuando se realice la actividad de aprovechamiento, la responsabilidad por los efectos ambientales y a la salud pública causados será de quien ejecute la actividad.
4.3.1.4. Frente a los informes operativos rendidos por el contratista en cada período del 2008, en cumplimiento de la cláusula segunda del contrato 116, que prevé como una de las obligaciones específicas la gestión técnica, se dejó consignado respecto a la realización del tratamiento y control de residuos inservibles lo siguiente:
Del 1 al 31 de enero: nada se dijo al respecto.
Del 1 al 29 de febrero: «Se vienen realizando la separación de los residuos de los cuales aproximadamente un 18% se obtiene como residuos inservibles, y de acuerdo al contrato se realiza la disposición final en el microrrelleno que el municipio adecuara para ello. La empresa ha sugerido en varias oportunidades que para hacer un trabajo más eficiente con estos residuos se debe contar con una compactadora que requiere de la energía eléctrica».
Del 1 al 31 de marzo: «Se vienen realizando la separación de los residuos de los cuales se obtiene los inservibles los cuales se están empacando en lonas y se están almacenando en una zona destinada en el área de recepción, lo anterior atendiendo las instrucciones de la Secretaría de Obras Públicas que nos ordenó no seguir disponiendo en el microrrelleno que adecuó el municipio de Ubaté. La empresa ha sugerido en varias oportunidades que para hacer un trabajo más eficiente con estos residuos se debe contar con una compactadora la cual requiere para su trabajo la disponibilidad de la energía eléctrica, favoreciendo además otros procesos que a la fecha pueden generar un impacto visual negativo».
Del 1 al 30 de abril: «El almacenamiento del material no orgánico o inservible se hace en lonas en un espacio específico de la empresa para su posterior evacuación, el control de mosca en ese sector se hace con fumigación y cebos con agita».
Del 1 al 31 de mayo: «Se vienen realizando la separación de los residuos de los cuales se obtiene los inservibles los cuales se están empacando en lonas y se están almacenando en una zona destinada en el área de recepción, lo anterior atendiendo las instrucciones de la Secretaría de Obras Públicas que nos ordenó no seguir disponiendo en el microrrelleno que adecuó el municipio de Ubaté. La empresa ha sugerido en varias oportunidades que para hacer un trabajo más eficiente con estos residuos se debe contar con una compactadora la cual requiere para su trabajo la disponibilidad de la energía eléctrica, favoreciendo además otros procesos que a la fecha pueden generar un impacto visual negativo».
Del 1 al 30 de junio: «El almacenamiento del material inservible se realiza en la zona destinada para ello debido a que este es empacado en lonas y costales, allí se mantienen trampas y se realizan fumigaciones diarias para el control de la mosca. La empresa ha sugerido en varias oportunidades que para hacer un trabajo más eficiente con estos residuos se debe contar con una compactadora la cual requiere para su trabajo la disponibilidad de la energía eléctrica, favoreciendo además otros procesos que a la fecha pueden generar un impacto visual negativo».
Del 1 al 30 de julio: «El almacenamiento de los residuos inservibles se realizó en la zona destinada para ello, se empaca en lonas y costales y se deja allí donde se hace necesario fumigaciones para control de mosca y otros vectores».
Del 1 al 31 de agosto: «El material de inservibles se está sacando y dejando a un lado de la planta se empaca en globos y lonas y se realiza control de vectores por medio de las fumigaciones constantes que se hacen en toda el área».
Del 1 al 30 de septiembre: «El almacenamiento del inservible se realiza en la zona destinada para ello, para controlar vectores se ponen trampas y se realizan fumigaciones diarias para el control de la mosca y otras posibles plagas».
Del 1 al 31 de octubre: «El almacenamiento del inservible se realiza en la zona destinada para ello, para controlar vectores se ponen trampas y se realizan fumigaciones diarias para el control de la mosca».
Del 1 al 30 de noviembre: «El almacenamiento del inservible se realiza en la zona destinada para ello, para controlar vectores se ponen trampas y se realizan fumigaciones diarias para el control de la mosca».
4.3.1.5. En cuanto a lo que se desprende de otros documentos y/o comunicaciones:
En escritura pública 402 del 10 de mayo de 1988 consta que al municipio de Ubaté se le transfirió a título de venta real y enajenación perpetua el derecho de dominio y posesión de un lote de terreno denominado «La Calera», con extensión aproximada de cinco hectáreas, ocho mil quinientos metros cuadrados, ubicado en la vereda de Apartadero, jurisdicción del municipio de Ubaté.
El 9 de enero de 2008 el jefe de la Oficina Provincial de Ubaté de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca le dirigió la siguiente respuesta al alcalde de Ubaté:
[…] de acuerdo con la normatividad (sic) ambiental vigente en materia de licencia ambiental y manejo de residuos sólidos la planta de manejo integral de residuos sólidos del municipio de Ubaté no requiere licencia ambiental; sin embargo, debe contar con los permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales a que haya lugar por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, como: permiso de vertimientos si se proyecta efectuar descargas puntuales o no puntuales a una fuente hídrica superficial de uso público, permiso de ocupación de cauce si para efectuar la descarga de residuos líquidos se afecta el cauce de la corriente, permiso de emisiones atmosféricas si se pretende instalar una planta de incineración para residuos convencionales u ordinarios, concesión de aguas de requerirse derivación de agua de una fuente de uso público o de un pozo profundo.
No obstante lo anterior, es de reiterarle que de acuerdo al parágrafo 6° del artículo 9 del Decreto 1220 de 2005, reglamentario del Título viii de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, la disposición final de los subproductos no aprovechables que se generen en desarrollo de las actividades de aprovechamiento y/o almacenamiento temporal de residuos sólidos, deberá realizarse en un sistema de disposición final autorizado por la autoridad ambiental competente. Autorización que a la luz de lo dispuesto en el numeral 10° del artículo mencionado, corresponde a licencia ambiental cuya competencia para otorgarla o negarla es de la Corporación Autónoma Regional.
Respecto de la existencia de limitantes para el funcionamiento de la planta, es de señalar que de acuerdo a lo reportado en visita técnica cuyos informes hacen parte (sic) de los expedientes obrantes en esta entidad, para la operación de la planta no se proyectó ni se ha proyectado la alternativa para la disposición final de los subproductos no aprovechables, los cuales no pueden disponerse en el predio donde funciona la planta de aprovechamiento por cuanto no cuenta con licencia ambiental y como antecedente tiene medida de cierre definitivo del botadero que existió hasta el 2005 y orden de restauración ambiental del área intervenida por el mismo (sic), es decir, esta área solamente debe estar destinada a procesos de restauración ambiental y sobre ella no pueden desarrollarse actividades conexas al proceso de transformación de los residuos que se recojan en prestación del servicio público domiciliario de aseo en el municipio de Ubaté.
El 25 de enero de 2008 la Oficina Provincial profirió el auto opub 080 en el que se resolvió requerir al municipio de Ubaté para que, dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación de ese acto administrativo, presentara el plan de clausura y restauración del predio La Calera.
El 7 de febrero de 2008, la jefe de Oficina de Obras Públicas y el asesor ambiental señalaron en el informe de visita técnica rendido al alcalde que «el proceso de reciclaje es deficiente debido a que en el área de disposición final de las basuras encontramos materiales que debieron ser seleccionados para reciclar como llantas, tarros plásticos, bolsas plásticas, trapos, vidrio, cartón, entre otros […]»; se recomendó «Suspender las actividades de disposición de residuos sólidos a cielo abierto en el predio […] o en algún otro predio que no cuente con licencia ambiental, según lo ordenado en el artículo primero de la Resolución […] 008 de noviembre 29 de 2007, expediente car No. 4642 de 30/09/05, esto con el propósito de evitar una sanción millonaria que está en trámite en la oficina de la car en contra del municipio de Ubaté».
El 25 de febrero de 2008 la Secretaría de Hábitat y Recursos Mineros del departamento de Cundinamarca dejó plasmadas las siguientes conclusiones en el informe técnico rendido en relación con la planta de aprovechamiento de residuos sólidos del municipio de Ubaté:
En la planta de transformación de residuos sólidos el aprovechamiento de los mismos (sic) es poco, ya que generan una gran cantidad de desechos que son dispuestos inadecuadamente, creando un nuevo botadero a cielo abierto, contraviniendo la normatividad (sic) ambiental especialmente lo estipulado en los artículos 13 y 14 del Decreto 1045 de 2003, que ordenaba la clausura y restauración de los botaderos a cielo abierto y la obligación de todo prestador del servicio público de aseo de realizar la disposición final de los residuos sólidos en rellenos sanitarios que cuente[n] con licencia ambiental. Además, por orden del Gobierno Nacional, a partir del 3 de octubre de 2005 ningún municipio ni Empresa de Servicios Públicos (esp) del país podrán disponer residuos sólidos en botaderos a cielo abierto. La car para esta época les recordó a los mandatarios que deberían clausurar y restaurar ambientalmente los botaderos a cielo abierto entre los que se encontraba el ubicado en el municipio de Ubaté, de acuerdo con la Resolución 1731 de 2005.
Aunque el municipio ya había cumplido con hacer la clausura y restauración del botadero, en este momento está permitiendo que dentro del área de la planta de aprovechamiento se esté generando un nuevo botadero a cielo abierto, por tal razón la car ya ordenó el cierre del mismo (sic); la empresa imec s. a. e. s. p. debe dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad ambiental y esta zona tiene que ser restaurada.
Frente a lo estipulado en el contrato con imec s. a. e. s. p. de fecha agosto 2 de 2007, en la cláusula segunda literal A) donde expresa que «[…] se deberá tener en cuenta que el sitio de disposición final de los residuos sólidos es el que actualmente existe en el municipio […]», es necesario recordar que en el municipio de Ubaté no existe ningún sitio de disposición final o relleno sanitario, por tal motivo esto no es válido ya que carece de todo sustento, siendo su texto inoficioso. En la normatividad (sic) vigente un sitio de disposición final solo es un relleno sanitario debidamente autorizado y no puede interpretarse como un botadero a cielo abierto así como lo ha hecho la empresa imec s. a. e. s. p. desconociendo sus obligaciones ambientales.
Es indispensable que la empresa imec s. a. e. s. p. encargada del aprovechamiento en el cual quedan unos residuos inservibles, celebre un contrato con una empresa encargada de la disposición final que cuenten con licencia ambiental, donde trasladen los residuos no aprovechables, que podría ser el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo u otro que cuente con autorización.
[…]
La empresa imec s. a. e. s. p. no realiza el tratamiento y control de los residuos inservibles ya que estos residuos son depositados en un botadero a cielo abierto generando problemas ambientales. Por tal motivo, no realiza el manejo ambiental de los mismos (sic).
En el informe de auditoría ambiental de gestión y cumplimiento, rendido por las secretarias de Gobierno y de Obras Públicas y dos administradoras ambientales de la empresa siegaia, ltda., período: del 26 de febrero al 17 de marzo de 2008, se dejó consignado que «El microrrelleno en el cual se dispone el material inservible y el rípido de la zaranda proviene del humus; se encuentra funcionando sin cumplir con las especificaciones técnicas (manejo y monitoreo de gases y lixiviados) y sin licencia otorgada por parte de la car»; continúa el informe diciendo «Se preguntó a los responsables de la planta: ¿Por qué se encuentran residuos dispuestos a cielo abierto sin ningún tipo de control y ubicados en el sitio destinado exclusivamente para el proceso de restauración? Respuesta: Porque así está establecido por la empresa».
Por último, se concluyó que la empresa imec tenía un bajo nivel de cumplimiento de acuerdo al resultado que arrojó la matriz de importancia con un valor del 20% frente al contrato 116 (la actividad de realizar el tratamiento y control de residuos inservibles arrojó una calificación de 0,0 de acuerdo con los parámetros de evaluación); que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 5 del Decreto 1713 de 2002, que prevé que la responsabilidad por los efectos ambientales y la salud pública causados cuando se realice la actividad de aprovechamiento es de quien ejecute la actividad; que debía requerirse a imec para que suspendiera inmediatamente la disposición de residuos inservibles a cielo abierto y para que respete el área destinada para el proceso de restauración del antiguo botadero.
El 27 de agosto de 2008 el personero, las secretarias de Obras Públicas y de Gobierno, dos asesores ambientales, del municipio de Ubaté, dos auditores y un ingeniero civil de la cgr, dejaron consignado en el acta de inspección física a la planta de tratamiento de residuos sólidos que «El plazo estipulado para el almacenamiento de los residuos no aprovechados o inservibles está determinado cuando el globo se llena, tiene una capacidad aproximada de 60 kg, los cuales se están acumulando al frente de la planta. En el área restringida aún se encuentra lombricultura en tierra sin manejo de lixiviados, y cerca están la quebrada Apartadero, lo cual ocasiona daño a las aguas, existen otras eras de lombricultura en la parte posterior de la planta colindante con la quebrada La Chorrera. No hay manejo y monitoreo de gases y lixiviados y se carece de licencia otorgada por parte de la car».
De la solicitud de conciliación prejudicial radicada por la empresa imec s. a. e. s. p. se resalta que le pidió al alcalde de Ubaté el 27 de marzo de 2008 «las instrucciones del caso, habida cuenta de que se trata de una modificación sustancial de los términos del contrato en el que claramente se estipuló que debía ser desarrollado en el sitio de disposición final con el que cuenta el municipio […] la administración municipal pretende zanjar la observación que a ella le hiciera la Corporación Autónoma Regional car, imponiéndole unilateralmente a imec s. a. e. s. p. la carga de disponer de los residuos sólidos inservibles en un lugar distinto al pactado, tanto como la responsabilidad de remediar, sin ningún tipo de colaboración de su parte, un requerimiento ambiental que surgiera luego de que se suscribiera el contrato, por lo que no quedó consagrado en él». Esta diligencia se llevó a cabo el 18 de septiembre de 2008, sin embargo, no se continuó adelantando ya que las pretensiones no eran objeto de conciliación por carecer de contenido patrimonial.
El 1 de septiembre de 2008 el alcalde elevó ante la Procuraduría una solicitud de visita de inspección técnica al predio donde funciona la planta de aprovechamiento de residuos sólidos provenientes de la recolección del servicio público de aseo; señaló que la finalidad era obtener un concepto sobre el manejo dado a los residuos. Allí expuso textualmente que «se han realizado una serie de requerimientos al contratista por parte de la supervisión del contrato sin obtener respuesta alguna, omitiendo así el cumplimiento de lo requerido, ocasionando graves perjuicios para el normal funcionamiento del mismo (sic) y el incumplimiento del contrato».
Agregó que «Actualmente el predio tiene dispuesta un área (sic) para el proceso de restauración del sistema de disposición final existente en el municipio para dar cumplimiento a los requerimientos emitidos por la […] car; área que se encuentra delimitada físicamente pero a su vez sigue siendo utilizada para la disposición de diferentes tipos de residuos por parte de la empresa imec s. a. e. s. p. operadora del sistema haciendo caso omiso a las comunicaciones antes referidas por parte de la administración».
El 21 de agosto de 2013 la secretaria General y de Gobierno manifestó que «1. Verificada la información con la Oficina de Servicios Públicos del municipio de Ubaté se constató que hasta la fecha no se ha iniciado o se adelanta proceso alguno de tipo administrativo sancionatorio por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 2. […] una vez revisado el archivo tanto central como de la dependencia de Secretaría General y de Gobierno, se determinó que no existen las actas de sesiones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial correspondiente a los meses de junio a octubre de 2008, por lo cual es imposible suministrarle las mismas (sic)».
4.3.2. Inconvenientes que se desprenden del recuento que antecede y que repercutían en el contrato 116 de 2007 tal y como fue concebido:
4.3.2.1. Lugar de prestación del servicio: en el contrato 116 se dejó consignado que para llevar a cabo el programa de transformación y recuperación de residuos sólidos con la planta productora de material reciclable y tecnología de lombricultura, el sitio de disposición final de los residuos sólidos sería el que actualmente existe en el municipio.
Este sitio corresponde al predio denominado La Calera, ubicado en la vereda Apartadero, jurisdicción del municipio de Ubaté; en la parte alta se construyó la planta de transformación de residuos sólidos urbanos del municipio de Ubaté y la parte media era el botadero a cielo abierto.
Desde septiembre de 2005, la car suspendió de manera definitiva la disposición final de residuos sólidos en este predio, impuso su cierre definitivo e impartió la orden de restauración ambiental del área intervenida. Es decir, dicha área tenía una destinación exclusiva, solamente podía utilizarse para procesos de restauración ambiental, por ende, sobre ella no podían realizarse actividades conexas al proceso de transformación de los residuos que se recogieran en prestación del servicio público domiciliario de aseo en el municipio de Ubaté.
4.3.2.2. Tratamiento y control de inservibles o residuos sólidos que no tienen ningún aprovechamiento: en el citado contrato de prestación de servicios se dejó consignado que los términos de referencia definitivos, el estudio de oportunidad y conveniencia y la propuesta presentada por el contratista forman parte integral de aquel.
Pues bien, desde la propuesta el contratista señaló que el sistema que iba a utilizar era diferente al de disposición final en relleno sanitario; particularmente señaló que el material inservible sería dispuesto en el microrrelleno sanitario de la planta.
Se advierte, entonces, que el contrato giró en torno al proceso de transformación del material orgánico e inorgánico y se despreocupó de establecer las condiciones acordes con la ley para desarrollar la actividad conexa al proceso de transformación de disposición de residuos sólidos no aprovechables; allí tan solo se discriminó como actividad realizar el tratamiento y control de los residuos inservibles.
De manera que si los residuos no aprovechables de la planta de tratamiento se fueron apilando en dicho microrrelleno, a cielo abierto, o se empacaban en lonas y costales, y se almacenaban en el área de recepción, dentro del mismo predio, resultaba evidente que estos inservibles no se estaban manejando de conformidad con la normativa que regula la materia y que estaban interviniendo áreas de destinación exclusiva.
Aunado a ello, debe precisarse en el área exclusiva no solo se estaban disponiendo los residuos inservibles generados con ocasión de la transformación, sino que también permanecían desechos del antiguo botadero a cielo abierto.
4.3.2.3. Trámite de la licencia ambiental: la planta de transformación de residuos sólidos no necesitaba de licenciamiento ambiental, pero sí la disposición final para los residuos sólidos no aprovechables que se derivaban del funcionamiento de dicha planta. Sin embargo, como sobre dicho predio pesaba la orden de restauración ambiental, esos residuos debían retirarse de allí con destino a un relleno sanitario con licencia.
En esa medida, aun cuando una de las obligaciones del contratista era adelantar los trámites y procedimientos para la obtención de licencias, planes de manejo o cualquier otro requerimiento ante las autoridades competentes, no era factible llevar a cabo este trámite de licencia sobre ese predio por la orden de destinación exclusiva que sobre él recaía.
En consecuencia, el predio La Calera no era el sitio donde podían disponerse finalmente los residuos sólidos no aprovechables provenientes del servicio público de aseo o de la planta de aprovechamiento, sino un relleno sanitario técnicamente diseñado, construido y operado conforme a las medidas de manejo ambiental establecidas por las autoridades ambientales regionales competentes, que obviamente debía contar con licencia ambiental.
4.3.2.4. Dotación de energía eléctrica: si bien era obligación del municipio efectuar el mantenimiento requerido de la infraestructura de la planta de manejo de residuos sólidos y, con fundamento en ella, el contratista le solicitó en reiteradas ocasiones la instalación de energía eléctrica en el predio con el fin de utilizar una compactadora que hiciera más eficiente el trabajo con esos residuos, no puede perderse de vista que esta no era la solución para manejar adecuadamente los residuos inservibles, ya que estos debieron haberse depositado en un relleno sanitario.
4.3.2.5. Delimitación del predio para el proceso de clausura y restauración: dentro de las medidas adoptadas en la formulación del plan de clausura y restauración del predio La Calera se tomó esta determinación; sin embargo, el contratista ha seguido disponiendo en dicha área los residuos inservibles.
4.3.2.6. Retención de pagos: la supervisora del contrato condicionó los pagos mensuales, en más de una ocasión, a la complementación de los informes de ejecución.
Frente a estos inconvenientes, la posición del contratista se resume en que el sitio de disposición final de los residuos sólidos derivados del programa de transformación y recuperación de residuos sólidos con planta productora de material reciclable y tecnología de lombricultura es el que existe en el municipio de Ubaté; que dentro de las actividades que cobija dicho programa se encuentra la de realizar el tratamiento y control de residuos inservibles en el microrrelleno que se acondicionó con sus respectivas geomembranas.
Además, que mientras el alcalde les daba las directrices que permitieran cumplir la orden de suspensión de la disposición del material inservible a cielo abierto, estos residuos los almacenarían en la forma más ordenada posible en el área de recepción de residuos sólidos; que la actividad desarrollada por imec s. a. e. s. p. no requería de licencia ambiental. Por consiguiente, afirmaba que la empresa había dado estricto cumplimiento a lo pactado, que pretender lo contrario implicaba variar las condiciones iniciales del contrato.
Por otra parte, la posición del municipio contratante se basó en que como era obligación de la firma imec s. a. e. s. p. adelantar los trámites y procedimientos para la obtención de licencias o cualquier otro requerimiento ante las autoridades competentes, a ellos les correspondía adecuar el microrrelleno con todas las especificaciones técnicas y operativas, para así obtener la licencia ambiental requerida y para poner en funcionamiento el relleno sanitario, con el fin de cumplir con la orden impartida por la car de suspender la disposición del material inservible a cielo abierto. Por ende, la solución definitiva para el manejo adecuado de los inservibles le correspondía al contratista, pues una de las actividades que se comprometió a realizar fue el tratamiento y control de los residuos inservibles.
De las declaraciones rendidas por las asesoras externas del municipio de Ubaté, doctoras Luz Marina Caro y Luatani Martínez Serrano se desprende que al discutir todos los escenarios planteados se llegaba a la conclusión de que el municipio no saldría muy bien librado por las falencias de fondo en las que incurrió en la elaboración de los estudios previos del contrato, tales como no considerar que sobre el predio pesaban unos requerimientos de la car que impedían desarrollar las actividades de disposición final y transformación de residuos sólidos correspondientes al objeto del contrato; estaban en una disyuntiva: no cumplir el requerimiento de la car y continuar con la ejecución del contrato a sabiendas de que podría verse sometido a la disposición de sanciones pecuniarias o cumplirle a la autoridad ambiental, lo que conllevaba incumplirle al contratista ya que tocaba pedirle el terreno para ser restaurado.
A su vez, la supervisora del contrato, Adriana Johanna Mediorreal Ramírez, dijo «el contratista realizaba la transformación de residuos de acuerdo con parte de las obligaciones, más sin embargo siempre existía el vacío de los residuos o inservibles y no transformados que se dejaban a cielo abierto y en donde el municipio les obligaba a tratarlos, pero de la misma forma dentro de las cláusulas del contrato aparecía que dicho (sic) deberían disponerse dentro del lugar donde se encontraba la planta y donde anteriormente se explicó que allí no se podía disponer por requerimientos de la autoridad ambiental».
En suma, sin perjuicio de la naturaleza del contrato y la procedencia o no de la aplicación de las cláusulas exorbitantes, se advierte que, efectivamente, como las sanciones de la car versaron sobre el incumplimiento de la orden de restauración del área afectada y el manejo inadecuado de los residuos sólidos no aprovechables, el contrato 116 de 2007 no podía seguirse ejecutando en las condiciones en que fue concebido, comoquiera que ello generaba una serie de limitaciones para las partes en torno al desarrollo de las actividades y obligaciones pactadas e incumplimientos reiterados de las órdenes impartidas por la autoridad ambiental.
Ahora bien, una de las formas de poner fin a la relación contractual sin que el contrato estatal se haya ejecutado es la terminación anticipada por mutuo acuerdo entre las partes. Sobre el particular, el Consejo de Estado precisó lo siguiente:
Así pues, en el derecho privado es viable la terminación del contrato por el mutuo acuerdo de las partes, al amparo de los artículos 1602 y 1625 del Código Civil, aplicables a la contratación estatal como todas las reglas civiles y comerciales que no resulten incompatibles con el Estatuto de Contratación de la Administración Pública (artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993).
En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de esta Corporación cuando ha dicho que el derecho público impone que los contratos de la administración como en general todos los contratos se celebran con el propósito de cumplirse, de ejecutarse con el cabal y oportuno cumplimiento de las prestaciones a las que tanto la administración como el contratista particular se comprometieron al celebrarlo; pero ello no impide que cuando surjan circunstancias que tornen imposible su ejecución, las partes determinen poner fin a la relación contractual sin que el contrato se haya ejecutado.
Es decir, si bien con fundamento en la autonomía de la que gozan las partes contractuales, lo que el mutuus consensus ha formado, el mutuus disensus puede disolverlo, en los contratos estatales dicha facultad comporta límites, los cuales están dados por el cumplimiento de los fines del Estado (artículo 2º de la Constitución Política) y de la contratación estatal (artículo 3º de la Ley 80), todo ello, en concordancia con los principios que rigen el ejercicio de la función administrativa (artículo 209 C.P.). Acerca de los fines de la contratación estatal, la Corte Constitucional ha señalado:
El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado.
Al descender nuevamente al caso objeto de estudio tenemos que las circunstancias ampliamente expuestas en precedencia hacían imposible la ejecución del contrato 116 de 2007, pues ello implicaba desarrollar las actividades conexas al proceso de transformación de los residuos que se recogieran en prestación del servicio público domiciliario de aseo en el municipio de Ubaté causando efectos ambientales y a la salud pública.
En consecuencia, esta Sala procederá a absolver al señor [NOMBRE TACHADO], alcalde de Villa de San Diego de Ubaté para la época de los hechos cuestionados, toda vez que aparece demostrado que la potestad con la que contó dicho servidor público al dar por terminado por mutuo acuerdo el contrato de prestación de servicios 116 del 2 de agosto de 2007 no contravino los fines y principios de la contratación estatal o el interés general.
Resta agregar, que con ello no se está desconociendo el incumplimiento persistente y sistemático en el que incurrió la administración municipal respecto de las órdenes impartidas por la autoridad ambiental, al no trasladar oportunamente los residuos inservibles a sistemas de disposición final autorizados.
En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO: Revocar el fallo proferido el 5 de noviembre de 2013, por medio del cual la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa resolvió destituir e inhabilitar por quince (15) años al señor [NOMBRE TACHADO], identificado con la cédula de ciudadanía [IDENTIFICACIÓN TACHADA], en su condición de alcalde de Villa de San Diego de Ubaté para la época de ocurrencia de los hechos, y en su lugar absolverlo del cargo endilgado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: Notificar personalmente, a través de la Secretaría de la Sala Disciplinaria, el contenido de la presente decisión a los sujetos procesales, con la advertencia de que contra ella no procede recurso alguno por hallarse agotada la vía gubernativa. Para efecto de las comunicaciones que sobre el particular se envíen al investigado y su defensor, se relacionan a continuación las direcciones que obran en el expediente:
― [NOMBRE TACHADO]: (f. 222 c. o. 2).
― Álvaro Enrique Páez Rodríguez (apoderado (ff. 243 c. o. 2 y 643 c. o. 3).
TERCERO: Informar por la oficina de origen las decisiones de primera y segunda instancia a la División de Registro y Control y Correspondencia, Grupo siri, de la Procuraduría General de la Nación.
CUARTO: Registrar las constancias de rigor y devolver el expediente a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CARLOS NOVOA BUENDÍA
Procurador Primero Delegado
Presidente
MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ
Procuradora Segunda Delegada
Proyectó: Ximena Patricia Gómez Higuera
Expediente 161 – 5821 (ius 2009-97885 iuc d-2009-584-117034)