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titulo: "CONTRATO ESTATAL: Esta Sala procederá a absolver al señor alcalde de Villa de San Diego de Ubaté para la época de los hechos cuestionados"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2015-10-29"
radicado: "IUS 2009-97885"
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# CONTRATO ESTATAL: Esta Sala procederá a absolver al señor alcalde de Villa de San Diego de Ubaté para la época de los hechos cuestionados

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2015-10-29
- **Radicado:** IUS 2009-97885
- **Número:** 201605041500570.DOCX
- **Sección / Sala:** SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201605041500570.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Regla de decisión

Una de las formas de poner fin a la relación contractual sin que el contrato estatal se haya ejecutado es la terminación anticipada por mutuo acuerdo entre las partes.

## Puntos clave

- Contrato de prestación de servicios: Irregularidades por parte del contratista por incumplir las obligaciones contraídas con la empresa IMEC S. A.
- Segunda instancia: En el trámite el ad quem sólo decretará de oficio las pruebas que considere necesarias/RECURSO DE APELACIÓN-Está encaminado a controvertir la apreciación de los hechos/RECURSO DE APELACIÓN-Por excepción se ordena la práctica de pruebas en esta etapa y el funcionario encargado de resolverla es quien puede solicitarlas
- Contrato de prestación de servicios: El contratista lo dio por terminado de común acuerdo y ordenó los respectivos pagos, a pesar de conocerse su incumplimiento
- Imposición de sanción: El motivo obedeció al permanente mal uso del predio por cuanto el sistema de residuos sólidos no cumplía con la exigencia de la normatividad ambiental

## Fundamentos jurídicos

- Ley 734 de 2002
- Ley 80 de 1993
- Decreto Ley 262 de 2000

## Extracto

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-El contratista lo dio por terminado de común acuerdo y ordenó los respectivos pagos, a pesar de conocerse su incumplimiento Ahora bien, una de las formas de poner fin a la relación contractual sin que el contrato estatal se haya ejecutado es la terminación anticipada por mutuo acuerdo entre las partes. CONTRATACIÓN ESTATAL-Fines según la Corte Constitucional CONTRATO ESTATAL-En el caso sub lite las circunstancias hacían imposible su ejecución En consecuencia, esta Sala procederá a absolver al señor alcalde de Villa de San Diego de Ubaté para la época de los hechos cuestionados, toda vez que aparece demostrado que la potestad con la que contó dicho servidor público al dar por terminado por mutuo acuerdo el contrato de prestación de servicios 116 del 2 de agosto de 2007 no contravino los fines y principios de la contratación estatal o el interés general.

## Descriptores temáticos

CONTRATO ESTATAL, En el caso sub lite las circunstancias hacían imposible su ejecución

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — El juez del contrato no puede deducir del silencio una renuncia tácita, ni convertir la ausencia de salvedades en un requisito jurisprudencial de procedencia o prosperidad de una reclamación posterior.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:13001233300020170082001-74181-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:18001234000020190006702-71860-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020200230601-72791-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: no existen pruebas que demuestren defectos en la planeación por parte de la entidad](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233300020170007602-68810-sentencia.md)

## Texto del documento

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Irregularidades por parte del contratista por incumplir las obligaciones contraídas con la empresa IMEC S. A.
SEGUNDA INSTANCIA-En el trámite el ad quem sólo decretará de oficio las pruebas que considere necesarias/RECURSO DE APELACIÓN-Está encaminado a controvertir la apreciación de los hechos/RECURSO DE APELACIÓN-Por excepción se ordena la práctica de pruebas en esta etapa y el funcionario encargado de resolverla es quien puede solicitarlas
Frente a esta petición basta señalar que en el trámite de la segunda instancia el ad quem solo decretará de oficio las pruebas que considere necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley 734 de 2002. Al respecto, la Corte Constitucional expuso que «la discusión que, por virtud del recurso de apelación, tiene lugar en la segunda instancia, no está encaminada a probar o desvirtuar los hechos que promueven la apertura de la investigación disciplinaria y sobre los cuales recae la formulación de cargos, sino a controvertir la apreciación que de los mismos (sic) ha hecho el funcionario de primera instancia. De allí que, solo por excepción, se ordene la práctica de pruebas durante dicha etapa y que sea el funcionario encargado de resolver la apelación el que pueda solicitarlas, tras haber comprobado la deficiencia del recaudo probatorio practicado por el a quo» (Negrillas fuera del texto).
De cara a lo expuesto en precedencia, este despacho no accederá a lo peticionado en consideración a que la ley disciplinaria restringe esta facultad al juzgador de segunda instancia; tampoco se decretará de oficio comoquiera que no resulta necesaria su práctica porque el acervo probatorio obrante en el proceso es suficiente para adelantar el debate que debe surtirse en esta instancia.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-El contratista lo dio por terminado de común acuerdo y ordenó los respectivos pagos, a pesar de conocerse su incumplimiento
Debemos partir por recordar que la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa decidió sancionar al alcalde de Ubaté, [NOMBRE TACHADO], porque consideró que a pesar de conocer del incumplimiento por parte de la firma imec s. a. e. s. p. de las obligaciones contempladas en el contrato de prestación de servicios 116 de 2007, procedió a dar por terminado el contrato de común acuerdo el 30 de noviembre de 2008 y ordenó los respectivos pagos hasta esa fecha, relevando así al contratista de su responsabilidad, en lugar de haberlo terminado unilateralmente y haber hecho efectivas las garantías correspondientes en defensa de los intereses del municipio.
Las razones esbozadas para extinguir dicho contrato se fundamentaron en que con anterioridad a su celebración existía una medida preventiva de suspensión de actividades de recepción y disposición final de residuos sólidos a cielo abierto en el predio La Calera y que tanto el municipio como el contratista eran conscientes de la gravedad de continuar ejecutando el contrato, en consideración a las medidas tomadas por la car y las que llegare a tomar.
IMPOSICIÓN DE SANCIÓN-El motivo obedeció al permanente mal uso del predio por cuanto el sistema de residuos sólidos no cumplía con la exigencia de la normatividad ambiental
El motivo para imponer dicha sanción fue el permanente mal uso del predio porque el sistema de aprovechamiento de residuos sólidos no tenía previsto ni desarrollado el componente de disposición final para los residuos sólidos no aprovechables conforme lo exige la normativa ambiental, por cuanto la disposición en el suelo se debe desarrollar a través de la técnica de relleno sanitario, el cual debía estar previamente licenciado.
CONTRATO ESTATAL-Una de las formas de poner fin a la relación contractual sin que este se haya ejecutado es la terminación anticipada por mutuo acuerdo entre las partes/DERECHO PRIVADO-El Consejo de Estado precisa que es viable la terminación del contrato por el mutuo acuerdo de las partes/DERECHO PÚBLICO-Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la terminación de la relación contractual sin que el contrato se haya ejecutado
Ahora bien, una de las formas de poner fin a la relación contractual sin que el contrato estatal se haya ejecutado es la terminación anticipada por mutuo acuerdo entre las partes. Sobre el particular, el Consejo de Estado precisó lo siguiente:
Así pues, en el derecho privado es viable la terminación del contrato por el mutuo acuerdo de las partes, al amparo de los artículos 1602 y 1625 del Código Civil, aplicables a la contratación estatal como todas las reglas civiles y comerciales que no resulten incompatibles con el Estatuto de Contratación de la Administración Pública (artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993).
En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de esta Corporación cuando ha dicho que el derecho público impone que los contratos de la administración como en general todos los contratos se celebran con el propósito de cumplirse, de ejecutarse con el cabal y oportuno cumplimiento de las prestaciones a las que tanto la administración como el contratista particular se comprometieron al celebrarlo; pero ello no impide que cuando surjan circunstancias que tornen imposible su ejecución, las partes determinen poner fin a la relación contractual sin que el contrato se haya ejecutado.
CONTRATOS ESTATALES-Autonomía de las partes contractuales
Es decir, si bien con fundamento en la autonomía de la que gozan las partes contractuales, lo que el mutuus consensus ha formado, el mutuus disensus puede disolverlo, en los contratos estatales dicha facultad comporta límites, los cuales están dados por el cumplimiento de los fines del Estado (artículo 2º de la Constitución Política) y de la contratación estatal (artículo 3º de la Ley 80), todo ello, en concordancia con los principios que rigen el ejercicio de la función administrativa (artículo 209 C.P.). Acerca de los fines de la contratación estatal, la Corte Constitucional ha señalado:
CONTRATACIÓN ESTATAL-Fines según la Corte Constitucional
CONTRATO ESTATAL-En el caso sub lite las circunstancias hacían imposible su ejecución
Al descender nuevamente al caso objeto de estudio tenemos que las circunstancias ampliamente expuestas en precedencia hacían imposible la ejecución del contrato 116 de 2007, pues ello implicaba desarrollar las actividades conexas al proceso de transformación de los residuos que se recogieran en prestación del servicio público domiciliario de aseo en el municipio de Ubaté causando efectos ambientales y a la salud pública.
SERVIDOR PÚBLICO-En el caso sub lite no contravino los fines y principios de la contratación estatal o el interés general
En consecuencia, esta Sala procederá a absolver al señor alcalde de Villa de San Diego de Ubaté para la época de los hechos cuestionados, toda vez que aparece demostrado que la potestad con la que contó dicho servidor público al dar por terminado por mutuo acuerdo el contrato de prestación de servicios 116 del 2 de agosto de 2007 no contravino los fines y principios de la contratación estatal o el interés general.
SALA DISCIPLINARIA
Bogotá, D.C.; veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2015)
Aprobado en acta de sala No. 40
Radicación
161 – 5821 (ius 2009-97885 iuc d-2009-584-117034)
Sancionado
[NOMBRE TACHADO] y Entidad
Alcalde – Alcaldía Villa de San Diego de Ubaté
Autoridad informante
[NOMBRE TACHADO] San Diego de Ubaté
Fecha informe
10 de febrero de 2009
Fecha de los hechos
24 – 30 de noviembre de 2008
Asunto
Fallo de segunda instancia
P. D. PONENTE: Dra. [NOMBRE TACHADO] fundamento en la función otorgada en el inciso segundo, numeral 1, artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, la Sala Disciplinaria procede a conocer en segunda instancia el proceso disciplinario de la referencia adelantado por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa.
ANTECEDENTES PROCESALES:
Con ocasión de la solicitud elevada por el alcalde de Villa de San Diego de Ubaté en la que pedía que se practicara una visita a la planta de aprovechamiento de residuos sólidos del municipio, el 27 de enero de 2009, la procuradora Provincial de Zipaquirá comisionó al personero de dicha municipalidad para que verificara si el contrato cps 116 del 12 de agosto de 2007 estaba siendo ejecutado por el contratista imec s. a. e. s. p. de conformidad con la normativa ambiental (f. 16 c. o. 1).
Mediante oficio 52 del 10 de febrero de 2009, recibido el 23 del mismo mes y año en la Procuraduría Provincial de Zipaquirá, el citado personero rindió el correspondiente informe en donde señaló que planta se encontraba cerrada y que no se avizoraba que se estuviesen depositando residuos sólidos; además trajo a colación apartes del contenido del acta de inspección física llevada a cabo el 27 de agosto de 2008 en donde se dejó consignado el manejo inadecuado de las basuras y las irregularidades respecto a la seguridad industrial y salud ocupacional que llevaron a que a través de la Resolución 8 del 29 de noviembre de 2008 se ordenara el cierre (ff. 1-2 c. o. 1).
Por esta presunta irregularidad, la Procuraduría Provincial de Zipaquirá resolvió el 30 de abril de 2009 iniciar indagación preliminar contra el señor [NOMBRE TACHADO], alcalde de Villa de San Diego de Ubaté para la época de ocurrencia de los hechos (ff. 27-28 c. o. 1) y el 16 de febrero de 2010 ordenó la apertura de investigación disciplinaria en su contra (ff. 133-135 c. o. 1); este auto se notificó personalmente al apoderado del investigado el 2 de marzo de 2010 (f. 140 c. o. 1).
El 10 de diciembre de 2010, el procurador General de la Nación designó como funcionario especial al procurador segundo delegado para la Vigilancia Administrativa para que asumiera el conocimiento de las quejas y actuaciones disciplinarias que se adelantaran contra el funcionario investigado (ff. 149-150 c. o. 1).
Vencido el término de la prórroga de la investigación disciplinaria ordenado en el auto proferido el 14 de febrero de 2011, se procedió a cerrar la investigación disciplinaria el 29 de febrero del siguiente año (f. 197 c. o. 1). El 28 de junio de 2013 el operador jurídico formuló pliego de cargos contra el investigado (ff. 224-231 c. o. 2). Una vez notificado personalmente dicho auto (f. 243 c. o. 2), se allegó memorial de descargos (ff. 245-252 c. o. 2).
Con auto del 7 de octubre de 2013 se dispuso correr traslado para alegar de conclusión (f. 458 c. o. 3), el cual fue notificado por estado el 15 del mismo mes y año (f. 463 c. o. 3); comoquiera que dentro del término establecido no se allegaron los respectivos alegatos (f. 589 c. o. 3), el 5 de noviembre de 2013 fue proferido fallo de primera instancia, por medio del cual se sancionó a [NOMBRE TACHADO] con destitución e inhabilidad general por el término de quince años (ff. 590-615 c. o. 3).
Este fallo se le notificó personalmente al defensor del sancionado el 6 de noviembre de 2013 (f. 631 c. o. 3). El 12 de noviembre siguiente se allegó el recurso de apelación interpuesto contra dicha providencia (ff. 634-643 c. o. 3), el cual fue concedido por la primera instancia el 18 de noviembre de 2013 para ante la Sala Disciplinaria (f. 645 c. o. 3).
DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:
La providencia se estructuró en diez capítulos: asunto, antecedentes procesales, identidad del investigado, hechos, acervo probatorio, análisis y valoración de los cargos, de los descargos y alegatos de conclusión, y consideraciones del despacho. En este último capítulo se desarrollaron los siguientes títulos: análisis de las pruebas en que se basa el fallo, análisis de los argumentos del investigado y su defensa, conclusiones, fundamentación de las faltas disciplinarias por las que se procede (cargo único: descripción de la conducta, normas infringidas, calificación de la falta y culpabilidad) y, finalmente, la sanción a imponer.
Pues bien, en el capítulo de análisis y valoración de los cargos se sintetizó el cargo primero así: el señor [NOMBRE TACHADO], en su condición de alcalde de Villa de San Diego de Ubaté, a pesar de tener conocimiento de que el contratista imec s. a. e. s. p. había incumplido las obligaciones contraídas en el contrato de prestación de servicios 116 del 27 de agosto de 2007, optó por terminarlo de común acuerdo el 24 de noviembre de 2008, cuando lo procedente era terminar unilateralmente el contrato, aplicar la cláusula de caducidad por incumplimiento prevista en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, que fue pactada en la cláusula novena del citado contrato, y hacer efectivas las pólizas correspondientes.
Con dicha acción se configuró la falta disciplinaria de que trata el artículo 48, numeral 31 del Código Disciplinario Único: «Participar […] en la actividad contractual, […] con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley», y se desconocieron los artículos 3 y 26, numerales 1, 2, 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, que prevén, entre otros aspectos, que los servi

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

biental, lo que conllevaba incumplirle al contratista ya que tocaba pedirle el terreno para ser restaurado.
A su vez, la supervisora del contrato, Adriana Johanna Mediorreal Ramírez, dijo «el contratista realizaba la transformación de residuos de acuerdo con parte de las obligaciones, más sin embargo siempre existía el vacío de los residuos o inservibles y no transformados que se dejaban a cielo abierto y en donde el municipio les obligaba a tratarlos, pero de la misma forma dentro de las cláusulas del contrato aparecía que dicho (sic) deberían disponerse dentro del lugar donde se encontraba la planta y donde anteriormente se explicó que allí no se podía disponer por requerimientos de la autoridad ambiental».
En suma, sin perjuicio de la naturaleza del contrato y la procedencia o no de la aplicación de las cláusulas exorbitantes, se advierte que, efectivamente, como las sanciones de la car versaron sobre el incumplimiento de la orden de restauración del área afectada y el manejo inadecuado de los residuos sólidos no aprovechables, el contrato 116 de 2007 no podía seguirse ejecutando en las condiciones en que fue concebido, comoquiera que ello generaba una serie de limitaciones para las partes en torno al desarrollo de las actividades y obligaciones pactadas e incumplimientos reiterados de las órdenes impartidas por la autoridad ambiental.
Ahora bien, una de las formas de poner fin a la relación contractual sin que el contrato estatal se haya ejecutado es la terminación anticipada por mutuo acuerdo entre las partes. Sobre el particular, el Consejo de Estado precisó lo siguiente:
Así pues, en el derecho privado es viable la terminación del contrato por el mutuo acuerdo de las partes, al amparo de los artículos 1602 y 1625 del Código Civil, aplicables a la contratación estatal como todas las reglas civiles y comerciales que no resulten incompatibles con el Estatuto de Contratación de la Administración Pública (artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993).
En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de esta Corporación cuando ha dicho que el derecho público impone que los contratos de la administración como en general todos los contratos se celebran con el propósito de cumplirse, de ejecutarse con el cabal y oportuno cumplimiento de las prestaciones a las que tanto la administración como el contratista particular se comprometieron al celebrarlo; pero ello no impide que cuando surjan circunstancias que tornen imposible su ejecución, las partes determinen poner fin a la relación contractual sin que el contrato se haya ejecutado.
Es decir, si bien con fundamento en la autonomía de la que gozan las partes contractuales, lo que el mutuus consensus ha formado, el mutuus disensus puede disolverlo, en los contratos estatales dicha facultad comporta límites, los cuales están dados por el cumplimiento de los fines del Estado (artículo 2º de la Constitución Política) y de la contratación estatal (artículo 3º de la Ley 80), todo ello, en concordancia con los principios que rigen el ejercicio de la función administrativa (artículo 209 C.P.). Acerca de los fines de la contratación estatal, la Corte Constitucional ha señalado:
El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado.
Al descender nuevamente al caso objeto de estudio tenemos que las circunstancias ampliamente expuestas en precedencia hacían imposible la ejecución del contrato 116 de 2007, pues ello implicaba desarrollar las actividades conexas al proceso de transformación de los residuos que se recogieran en prestación del servicio público domiciliario de aseo en el municipio de Ubaté causando efectos ambientales y a la salud pública.
En consecuencia, esta Sala procederá a absolver al señor [NOMBRE TACHADO], alcalde de Villa de San Diego de Ubaté para la época de los hechos cuestionados, toda vez que aparece demostrado que la potestad con la que contó dicho servidor público al dar por terminado por mutuo acuerdo el contrato de prestación de servicios 116 del 2 de agosto de 2007 no contravino los fines y principios de la contratación estatal o el interés general.
Resta agregar, que con ello no se está desconociendo el incumplimiento persistente y sistemático en el que incurrió la administración municipal respecto de las órdenes impartidas por la autoridad ambiental, al no trasladar oportunamente los residuos inservibles a sistemas de disposición final autorizados.
En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
PRIMERO: Revocar el fallo proferido el 5 de noviembre de 2013, por medio del cual la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa resolvió destituir e inhabilitar por quince (15) años al señor [NOMBRE TACHADO], identificado con la cédula de ciudadanía [IDENTIFICACIÓN TACHADA], en su condición de alcalde de Villa de San Diego de Ubaté para la época de ocurrencia de los hechos, y en su lugar absolverlo del cargo endilgado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: Notificar personalmente, a través de la Secretaría de la Sala Disciplinaria, el contenido de la presente decisión a los sujetos procesales, con la advertencia de que contra ella no procede recurso alguno por hallarse agotada la vía gubernativa. Para efecto de las comunicaciones que sobre el particular se envíen al investigado y su defensor, se relacionan a continuación las direcciones que obran en el expediente:
― [NOMBRE TACHADO]: (f. 222 c. o. 2).
― Álvaro Enrique Páez Rodríguez (apoderado (ff. 243 c. o. 2 y 643 c. o. 3).
TERCERO: Informar por la oficina de origen las decisiones de primera y segunda instancia a la División de Registro y Control y Correspondencia, Grupo siri, de la Procuraduría General de la Nación.
CUARTO: Registrar las constancias de rigor y devolver el expediente a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CARLOS NOVOA BUENDÍA
Procurador Primero Delegado
Presidente
MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ
Procuradora Segunda Delegada
Proyectó: Ximena Patricia Gómez Higuera
Expediente 161 – 5821 (ius 2009-97885 iuc d-2009-584-117034)

## Cómo citar esta fuente

Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL. 2015-10-29. Rad. IUS 2009-97885. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201605041500570.DOCX).
