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FALTA DISCIPLINARIA-Actuar de manera irregular al reconocer y pagar obligaciones ejecutadas con anterioridad a suscripción de contrato
TIPICIDAD DE LA CONDUCTA-Consagrada en la ley como falta gravísima/TIPOS EN BLANCO-Se hace una remisión a otras normas para poder completar el precepto
El tipo disciplinario que contempla la falta que se imputa en esta oportunidad al señor….es de aquellos llamados por la doctrina tipos en blanco, porque para precisar la acción u omisión que se predica como infracción de la función pública, es necesario remitirse a otra norma, ya sea de carácter Constitucional, legal o reglamentaria. En el evento que nos ocupa, la ley 734 de 2002 artículo 48 numeral 31 del CDU, señala que constituye falta gravísima, participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal contemplados en la Constitución y la Ley. Luego, para completar la proposición jurídica, nos debemos remitir a la norma que contiene la conducta considerada como ilegal en la que incursionó el señor….en lo que atañe al gasto público, esto es, los principios de la contratación pública
CONTRATO ESTATAL-Permitir la ejecución de contratos sin haberse legalizado genera responsabilidad disciplinaria/CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-Debe expedirse previamente a la suscripción de contratos
En este orden de ideas, el señor….al ordenar el suministro de elementos para el acueducto, sin puntualizar la existencia de recursos dentro del presupuesto municipal para respaldar el compromiso, ora omitir la suscripción del contrato respectivo, previo el agotamiento del proceso contractual respectivo, incursionó en violación a la ley 80 de 1993, artículo 41 que ordena: Que los contratos del estado se perfeccionan cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito. Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales.
ANTIJURIDICIDAD-Comportamiento contra los principios de contratación y la gestión administrativa/DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL GASTO PUBLICO-Toda obligación que se contraiga o que se decrete debe contar con la debida antelación con los recursos que respalden la erogación
Esta establecido en el dossier que en agosto de 2010, el disciplinado ordenó a miembros de la Junta del Acueducto de la Vereda El Carmen del Municipio de la Uvita, consiguieran en alguno de los establecimientos comerciales del lugar, el suministro de guaya para arreglo del acueducto de su vereda, sin que tal mandato estuviere precedido por los requisitos y principios ordenados por la ley contractual, tal y como lo consagra el Principio de Economía Contractual consagrado en la ley 80 de 1993 artículo 25 numeral 6), el cual colige, que las entidades estatales evitaran iniciar procesos de suscripción de contratos, sin la existencia de las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales. Principio el cual encuentra amparo en el principio de legalidad del gasto público, el cual enfatiza, que toda obligación que se contraiga o gasto que se decrete, debe contar con la debida antelación con los recursos que van a respaldar el gasto. Así, cuando se incumplen estos postulados, emerge la transgresión del artículo 48 numeral 31 de la ley 734 de 2002, que prohíbe vulnerar los principios contractuales que deben ser parte implícita en el ejercicio de todo gasto público, toda vez que toda entidad del estado que administra recursos públicos, para realizar y ejecutar cualquier erogación económica, esta debe estar soportada en un contrato u orden escrita y de una disponibilidad presupuestal previa. Empero, en el subexamine, esto no se produjo, conducta que encuentra soporte probatorio en la actuación traída en la modalidad de prueba trasladada del proceso 092- 3908-12
CONTRATOS-Para legalizar hechos cumplidos genera responsabilidad disciplinaria
…Luego, se encuentra acreditado que el señor…, en su carácter de Alcalde Municipal de La Uvita, al ordenar en agosto de 2010, el suministro de 220 metros de guaya, para ser utilizada en el acueducto de la vereda del Carmen del municipio de la Uvita, sin las exigencias ordenadas por la Constitución Nacional y la ley, direccionó su actuar hacia la legalización de hechos con anterioridad cumplidos, incursionando en transgresión de los ordenamientos normativos citados en el pliego de cargos.
PRUEBA TRASLADADA-Marco Normativo
IN DUBIO PRO REO-No es aplicable en las presentes diligencias
A manera de un plus, la duda razonable debe aplicarse cuando exista tal insuficiencia probatoria, que imposibilite, no obstante un trabajo probatorio juicioso, eliminarla y por tanto debe aplicarse a favor del investigado. Siendo así, no entiende el Despacho como la defensa exhibe a su favor el principio de duda, toda vez que en el proceso, están debidamente probado el hecho investigado en la citación a audiencia pública, lo cual consolidó la certeza de la ejecución de la falta por parte del disciplinado y del porque este despacho no acepta esta circunstancia de la duda razonable. Al margen, agregar que la duda debe ser razonable, esto es, concordante con la prueba existente en el proceso, pues mal haría la Procuraduría, en aducir la duda como fundamento de una decisión favorable al disciplinado, cuando del acervo probatorio recaudado se concluye que el señor…sí es responsable de los hechos que se le endilgaron, dado que si bien es cierto, toda persona contra quién curse cualquier acción de la índole que sea, goza del principio de inocencia y goza de una presunción relativa en su favor, con todo, esta presunción se irá debilitando, en forma gradual, a partir del advenimiento de medios probatorios que pongan en tela de juicio tales presunciones; así, en el presente caso, la etapa preliminar, marcó el primer escalón de ese avance debilitador, que marco el camino para la citación a audiencia pública donde se reafirmó la carga probatoria arrimada en la fase primaria disciplinaria, quedando finalmente desvirtuada con el presente proferimiento sancionador. En consecuencia, el Despacho no acepta este argumento planteado por la defensa.
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD-Aplicación como parámetro superior para la graduación de las faltas y sanciones/PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD- Permitió variar la forma de culpabilidad de culpa gravísima a culpa grave
En cuanto a la responsabilidad disciplinaria presentada al disciplinado en la providencia de llamamiento a audiencia pública, se le exhibió como gravísima a título de culpa gravísima, empero el despacho atendiendo el principio de proporcionalidad entre la gravedad de la conducta y la sanción a aplicar, procede a variar la forma de culpabilidad de culpa gravísima a culpa grave, teniendo en cuenta que en el subexamine se encuentran dados los presupuestos del parágrafo del artículo 44 de la ley 734 de 2002, que en su parte pertinente dispone, que la culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN-Criterios a tener en cuenta/DOSIFICACION DE LA SANCION-Suspensión por el término de dos meses
Como complemento de lo anterior, para tasar dicho termino debemos tener en cuenta los criterios de graduación dispuestos en el artículo 47 de la ley 734 de 2002, los cuales serán aplicados de la siguiente manera: como criterios atenuantes tenemos: (i) que el señor…no le figuran sanciones disciplinarias dentro de los cinco (5) años anteriores a la comisión de la conducta materia de investigación (ii) Además, que la conducta desplegada por el disciplinado, no generó perjuicio a la comunidad o al patrimonio público. Ahora, como criterios agravantes surge: (i) que a todo servidor público le es imperativo conocer los deberes y prohibiciones de su cargo, contenidos en la Constitución y la Ley, las cuales promete respetar y hacer cumplir (literal i), más aún como primera autoridad, representante legal, ordenador del gasto, director de la contratación, como quiera que fungía como Alcalde Municipal de la Uvita, cargo en el que se ejerce el más alto rango de jerarquía y mando en el ejercicio administrativo del ente territorial (ii) la falta de diligencia demostrada en el cargo, más entratándose de un profesional del derecho, el cual debía estar enterado de los procesos sobre gasto público y contratación estatal.
….En complemento de lo anterior, corresponde entonces aplicar la sanción de suspensión, que oscila entre un mes (1) y doce (12) meses; y al tener en cuenta que hay criterios agravantes, pero son mucho más los atenuantes, se considera proporcional estimar la sanción en una dual parte del termino establecido legalmente, con lo cual la sanción definitiva a imponer es la suspensión por el término de dos (2) meses. Pero de acuerdo al contenido del Artículo 46 de la ley 734 de 2002, como en estos momentos el disciplinado ha cesado en el ejercicio de las funciones, el término de suspensión se convertirá en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para la época de la comisión de la falta, que según la certificación vista a folio 117, la asignación básica mensual para el año 2010, correspondía a la suma de $2.630.000°°, valor que al multiplicar por dos (2) meses de suspensión, equivale a cinco millones doscientos sesenta mil pesos moneda corriente ($5.260.000°°).
RESOLUCION No. 009
(04 DE AGOSTO DE 2014)
Mediante la cual se emite fallo de primera instancia dentro del proceso verbal disciplinario seguido contra el señor [NOMBRE TACHADO].
IDENTIDAD DEL INVESTIGADO
Se trata del señor [NOMBRE TACHADO], identificado con la C. de C. No. 4.239.366 de La Uvita, en su condición de Alcalde Municipal de La Uvita, a quien por los hechos objeto de actuación se le investiga como Alcalde del Municipio de La Uvita periodo 2008-2011.
I. ACTUACION PROCESAL
A. QUEJA:
La Procuraduría Regional de Boyacá en providencia calendada 13 de septiembre de 2013, parte Resolutiva numeral Séptimo, ordenó investigar posibles inconsistencias en que pudo incursionar el señor [NOMBRE TACHADO], en su calidad de Alcalde Municipal de La Uvita, al reconocer y pagar obligaciones ejecutadas con anterioridad a la suscripción del contrato No. 157 de Diciembre 28 de 2010, llevando consigo vulneración de principios que rigen la actividad contractual del estado
B. INDAGACIÓN PRELIMINAR:
Atendiendo lo ordenado por la Procuraduría Regional de Boyacá, mediante auto calendado marzo 11 de 2014, se dispuso la etapa de indagación preliminar. En esta etapa procesal, se ordenó dar aplicabilidad al artículo 51 inciso 1) de la ley 1474 de 2011 y acopiar fotocopias del expediente No. 092- 3908-12, de los folios 3, 4, 5, 22 al 30, 34 al 45, 49 al 56, 89 al 94, 120 al 124, 126 al 132, 147 al 173, en su carácter de prueba trasladada. Documentos que una vez se arrimaron al proceso erigieron el mérito, para convocar al señor [NOMBRE TACHADO] su carácter de Alcalde Municipal de La Uvita, periodo constitucional 2008-2011, a audiencia pública el 30 de mayo de 2014.
C. CITACION A AUDIENCIA PÚBLICA
Mediante providencia de mayo 30 de 2014, al señor [NOMBRE TACHADO], identificado con cédula de ciudadanía No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en La Uvita, en su condición de Alcalde Municipal de La Uvita, periodo constitucional 2008 –2011, se le reprochó posible responsabilidad disciplinaria, al reconocer y pagar obligaciones ejecutadas con anterioridad a la suscripción del contrato No. 157 de Diciembre 28 de 2010, llevando consigo vulneración de principios que rigen la actividad contractual del estado.
En esta medida, se evidenció que el señor [NOMBRE TACHADO], autorizó en el mes de agosto de 2010, el suministro de 220 metros de guaya a algunos miembros de la Junta del Acueducto de la vereda El Carmen del municipio de la Uvita. Así, se advierte una orden, un gasto que involucra el patrimonio público de La Uvita, sin que al parecer mediara disponibilidad de los recursos para pagarla, mucho menos el agotamiento del proceso que ordena la ley para comprometer recursos públicos cualquiera que sea la modalidad de contratación utilizada.
En este estado de la diligencia se interrumpe la lectura del fallo para dejar constancia de la comparecencia a la presente audiencia del implicado [NOMBRE TACHADO], seguidamente se continúa con la lectura.
Posteriormente, ante la insistencia del pago por parte del contratista desde el 27 de diciembre de 2010, se fraguan los documentos para revestir de legalidad el pago de un hecho ya cumplido. Mirados en principio los anteriores hechos, nos encontraríamos frente a la adquisición de bienes sin haberse celebrado el respectivo contrato escrito y sin contar con el respaldo presupuestal, situaciones que pueden enmarcarse dentro de lo que comúnmente se denomina legalización de hechos cumplidos, a pesar que la ley ordena planear el gasto y establecer si existen recursos disponibles para adquirir obligaciones. Justamente por ello, se le convocó a audiencia pública, procedimiento especial previsto en los artículos 57 y 58 de la ley 1474 de 2011, que modificó los artículos 175 y 177 de la ley 734 de 2002.
D. SINTESIS PROBATORIA
Prueba documental:
Aviso de convocatoria efectuado por la administración municipal de la Uvita el 27 de diciembre de 2010, suscrito por el señor [NOMBRE TACHADO] (f.13).
Propuesta presentada por el señor [NOMBRE TACHADO], el 27 de Diciembre de 2010 a la alcaldía Municipal, para el suministro de 220 metros de guaya (f.16).
Contrato No. 157 de 2010, en la forma de subasta inversa de Diciembre 28 de 2010, para el suministro de 220 metros de guaya, para ser utilizada en el acueducto de la Vereda del Carmen del Municipio de la Uvita, por la suma de $550.000°°(f.17).
Factura de venta No. 0632 sin fecha, por 220 metros de guaya, por la suma de $550.000°° (f.19).
Comprobante de egreso No. 2010000711 de Diciembre 30 de 2010, a favor de [NOMBRE TACHADO], en el cual se visualiza que el contrato de suministro de marras, fue cancelado con el cheque No. 036 por la suma de $513.000°° (f.12).
Comprobante de ingreso No. 145 de Diciembre 30 de 2010, donde la Almacenista Municipal [NOMBRE TACHADO] y el Alcalde Municipal de la Uvita [NOMBRE TACHADO], certifican el ingreso al almacén de los 220 metros de guaya para acueducto (f.20).
Es de connotar, que los documentos anteriormente relacionados, son los elaborados y firmados por el ordenador del gasto, en el mes de diciembre de 2010, para pagar el suministro de los 220 metros de guaya, suministrada por el señor [NOMBRE TACHADO] parecer en el mes de agosto de 2007.
Prueba testimonial
Dentro de la versión rendida por el señor [NOMBRE TACHADO], la cual fue traída como prueba trasladada del proceso 092- 3908-12, refirió referente al suministro de la guaya, que lo buscaron algunos miembros de la junta de acueducto de la vereda el Carmen del municipio de La Uvita, JORGE ENRIQUE GALVIS, HERIBERTO CACERES y ALVARO SUA NIETO, que suministro la guaya el 7 de Agosto de 2010 entregándoles la factura, en la cual se especificaba el valor y los metros del producto, quedando pendiente el pago. Que hasta después de cuatro meses el tesorero municipal LUIS EMILIO TARAZONA, lo llamó que había un cheque para él y que al recibirlo le hicieron firmar unos documentos, no obstante no haber celebrado contrato alguno con la administración municipal (f.50).
Testimonio de [NOMBRE TACHADO], quién refirió que vino hablar al despacho del alcalde, junto con ERIBERTO CARREÑO y el profesor ALVARO SUA, para que les colaboraba con unos elementos para arreglar el acueducto de la Vereda El Carmen. Que el alcalde autorizó la consecución de los elementos para la reparación, señalando su posterior pago. Que así, encontrándose con el señor [NOMBRE TACHADO] le preguntaron si tenía guaya que les vendiera, a lo cual manifestó, que si tenía un poco. Que fueron y al observar que les servía, se la entregó (f.57).
En análogo sentido, se citó al señor [NOMBRE TACHADO], quién refirió, que el suministro de la guaya se realizó en Agosto de 2010, que necesitaban ese material para arreglar el acueducto. Que el señor [NOMBRE TACHADO] lo suministró y entregó en esta fecha. Que la Alcaldía había quedado comprometida en hacer el pago de la guaya (f.61).
Testimonio de la señora [NOMBRE TACHADO], Almacenista del municipio de la Uvita, para la fecha de los hechos, quién refiere que los 220 metros de guaya para el acueducto de la vereda El Carmen, no entraron el 27 de diciembre de 2010 al almacén del municipio. Que como almacenista verificó con el presidente de la junta administradora del acueducto, que los elementos hayan sido entregados con fin de certificar su entrega. Que los documentos soporte del suministro de la guaya, fueron bajados a su oficina el 30 de diciembre de 2010, para legalizar el ingreso y poder pagarle a la persona que entregó los elementos del suministro. Afirmó, que en Diciembre de 2010 no se entregó la guaya, porque estos ya habían sido entregados tiempo atrás y se encontraba correctamente funcionando. Que, para diciembre 28 de 2010, lo que lo que se hizo, fue legalizar la documentación para ejecutar el pago (f.63).
E. AUDIENCIA PÚBLICA
Continuando con el recorrido procesal, llegado el día y la hora señalada 31 de julio de 2014 a las 3:00 de la tarde, el despacho se constituyó en AUDIENCA PÚBLICA a la que solo concurrió el disciplinado señor [NOMBRE TACHADO] quien en el curso de la misma solicitó el uso de la palabra para pedir el aplazamiento de la lectura del fallo, atendiendo que su abogado defensor por circunstancias ajenas a su voluntad no había podido concurrir, situación que fue acogida por el Despacho atendiendo que en el evento de tener que recurrir la providencia el implicado iba a carecer de la defensa técnica, por tal razón se suspendió para reanudarla el día de hoy, como en efecto ocurre.
F. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
I. COMPETENCIA
De conformidad con la competencia asignada a través del literal a) del Numeral 1° del Artículo 76 del Dto. 262 del 2000, está Procuraduría Provincial, es competente para conocer en primera instancia los hechos materia de investigación, teniendo en cuenta la calidad del sujeto procesal, esto es, entratárse del señor [NOMBRE TACHADO] del Municipio de La Uvita.
II. IDENTIDAD DEL INVESTIGADO:
Se decide en la presente vista pública, la responsabilidad que le asiste al señor [NOMBRE TACHADO], identificado con cédula de ciudadanía No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en La Uvita, en su condición de Alcalde Municipal de La Uvita, periodo constitucional 2008 – 2011 y conforme lo establecen los documentos que obran a folios 116 al 121 del encuadernamiento.
Con esta salvedad, corresponde en esta coyuntura procesal entrar a decidir de acuerdo con la valoración jurídica de las pruebas aportadas, si el acá investigado [NOMBRE TACHADO], en su condición de Alcalde del Municipio de La Uvita, debe responder y ser objeto de la sanción disciplinaria, por la falta que se le endilgó en la presente vista pública, bajo esta perspectiva, es necesario determinar si la conducta asumida por el disciplinado se adecua a los principios de tipicidad y culpabilidad, exigidos por el ordenamiento disciplinario para que su actuar sea objeto de sanción.
III. DE LA TIPICIDAD
El tipo disciplinario que contempla la falta que se imputa en esta oportunidad al señor [NOMBRE TACHADO], es de aquellos llamados por la doctrina tipos en blanco, porque para precisar la acción u omisión que se predica como infracción de la función pública, es necesario remitirse a otra norma, ya sea de carácter Constitucional, legal o reglamentaria. En el evento que nos ocupa, la ley 734 de 2002 artículo 48 numeral 31 del CDU, señala que constituye falta gravísima, participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal contemplados en la Constitución y la Ley. Luego, para completar la proposición jurídica, nos debemos remitir a la norma que contiene la conducta considerada como ilegal en la que incursionó el señor [NOMBRE TACHADO] lo que atañe al gasto público, esto es, los principios de la contratación pública. Justamente, llevó a presentarle solicitud de explicación sobre el siguiente hecho al disciplinado:
En su condición de alcalde, ordenador del gasto y director de la contratación del municipio de La Uvita, presuntamente incursionó en falta disciplinaria, en cuanto actuó de manera irregular, al reconocer y pagar obligaciones ejecutadas con anterioridad a la suscripción del contrato No. 157 de Diciembre 28 de 2010, con el señor [NOMBRE TACHADO], para el suministro de 220 metros de guaya, para ser utilizada en el acueducto de la vereda del Carmen del municipio de la Uvita, por la suma de $550.000°°, procurando subsanar, ora legalizar hechos cumplidos, dado que en el momento que ordenó y fue ejecutado el servicio, esto es, Agosto 7 de 2010, no existía disponibilidad presupuestal como tampoco contrato escrito alguno. Conducta que lo posicionaría como transgresor de los principios de planeación, economía y responsabilidad previstas en los artículos 25 numerales 6 y 7; 26 numerales 2 y 5 y 41 de la ley 80 de 1993.
ADECUACION NORMATIVA DE LA CONDUCTA
Al disciplinado [NOMBRE TACHADO], en su carácter de Alcalde Municipal de La Uvita, al ordenar a miembros de la junta del Acueducto de la Vereda El Carmen de la Uvita, de suministro de material para ser utilizado en el acueducto de la vereda del Carmen del municipio de la Uvita, sin contrato escrito, como tampoco disponibilidad presupuestal alguna, asumió una obligación sobre apropiaciones presupuestales inexistentes. Luego, para legalizar esta obligación, dado que el suministro había sido ordenado y ejecutado en mes de agosto de 2010, en diciembre de 2010 desarrolló el proceso propio de una contratación en la modalidad de selección abreviada, esto es, (i) convocatoria del 27 de diciembre de 2010 (ii) cotización de 27 de diciembre de 2010 (iii) suscripción del contrato de suministro No. 157/10 de subasta inversa, adicionalmente, emitir la expedición del (iv) egreso No. 2010000711 de Diciembre 30 de 2010, a favor de [NOMBRE TACHADO], en el cual se estableció que el contrato de suministro No. 157/10 fue cancelado en esta fecha, con el (v) cheque No. 036 por la suma de $513.000°°. Comportamiento, que al parecer transgredió el principio constitucional de legalidad del gasto, amén de los principios contractuales establecidos por el legislador para ser aplicados con antelación a la suscripción de cualquier compromiso que afectara el presupuesto municipal, esto es disponibilidad presupuestal y el agotamiento del proceso contractual para arribar a la suscripción del contrato respectivo. Por ello, se le presentó el contenido del artículo 6 de la Constitución Nacional, indicándole que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infligir la constitución y las leyes, pero los servidores públicos, lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Máxime cuando el señor [NOMBRE TACHADO], en el desarrollo de su ternaria función, representante legal, ordenador del gasto de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto y director de la contratación municipal, debía procurar el cuidado extremo para ajustar sus decisiones a la ley, más aún entratándose de un sector tan delicado como lo es, el gasto público, en el cual no podía comprometer recursos por eximios que fueran, sin tener la certeza de la existencia de los recursos, mediante el cual se garantiza la coexistencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción del compromiso de los 220 metros de guaya. En efecto, no podía asumir obligaciones de ningún tipo, sin que mediara la certificación de disponibilidad presupuestal, elemento el cual figura dentro del principio de planeación y legalidad del gasto establecido en el artículo 345 de la Constitución Nacional, como de manera puntual lo destacó la Corte Constitucional en Sentencia C – 18 de 1996, al señalar: “En relación con la exigencia de disponibilidad presupuestal, ella hace parte del principio de legalidad del gasto público, establecido en los artículos 345, 346 y 347 de la Constitución Política, anteriormente transcritos. La disponibilidad se concibe como un instrumento mediante el cual se busca prevenir o evitar que el gasto sea realizado por encima del monto autorizado por la correspondiente ley anual de presupuesto durante su ejecución…”
En este orden de ideas, el señor [NOMBRE TACHADO], al ordenar el suministro de elementos para el acueducto, sin puntualizar la existencia de recursos dentro del presupuesto municipal para respaldar el compromiso, ora omitir la suscripción del contrato respectivo, previo el agotamiento del proceso contractual respectivo, incursionó en violación a la ley 80 de 1993, artículo 41 que ordena: Que los contratos del estado se perfeccionan cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito. Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales.
Esta establecido en el dossier que en agosto de 2010, el disciplinado ordenó a miembros de la Junta del Acueducto de la Vereda El Carmen del Municipio de la Uvita, consiguieran en alguno de los establecimientos comerciales del lugar, el suministro de guaya para arreglo del acueducto de su vereda, sin que tal mandato estuviere precedido por los requisitos y principios ordenados por la ley contractual, tal y como lo consagra el Principio de Economía Contractual consagrado en la ley 80 de 1993 artículo 25 numeral 6), el cual colige, que las entidades estatales evitaran iniciar procesos de suscripción de contratos, sin la existencia de las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales. Principio el cual encuentra amparo en el principio de legalidad del gasto público, el cual enfatiza, que toda obligación que se contraiga o gasto que se decrete, debe contar con la debida antelación con los recursos que van a respaldar el gasto. Así, cuando se incumplen estos postulados, emerge la transgresión del artículo 48 numeral 31 de la ley 734 de 2002, que prohíbe vulnerar los principios contractuales que deben ser parte implícita en el ejercicio de todo gasto público, toda vez que toda entidad del estado que administra recursos públicos, para realizar y ejecutar cualquier erogación económica, esta debe estar soportada en un contrato u orden escrita y de una disponibilidad presupuestal previa. Empero, en el subexamine, esto no se produjo, conducta que encuentra soporte probatorio en la actuación traída en la modalidad de prueba trasladada del proceso 092- 3908-12 del señor [NOMBRE TACHADO], quién refirió:
Referente al suministro de la guaya, que lo buscaron algunos miembros de la junta de acueducto de la vereda el Carmen del municipio de La Uvita, JORGE ENRIQUE GALVIS, HERIBERTO CACERES y ALVARO SUA NIETO, que suministro la guaya el 7 de Agosto de 2010 entregándoles la factura, en la cual se especificaba el valor y los metros del producto, quedando pendiente el pago. Que hasta después de cuatro meses el tesorero municipal LUIS EMILIO TARAZONA, lo llamó que había un cheque para él y que al recibirlo le hicieron firmar unos documentos, no obstante no haber celebrado contrato alguno con la administración municipal.
Y, el testimonio del señor [NOMBRE TACHADO], quién adujó con referencia a los hechos:
Que vino hablar al despacho del alcalde, junto con ERIBERTO CARREÑO y el profesor ALVARO SUA, para que les colaborara con unos elementos para arreglar el acueducto de la Vereda El Carmen. Que el alcalde avaló la consecución de los elementos para la reparación, señalando su posterior pago. Que así, encontrándose con el señor [NOMBRE TACHADO] le preguntaron si tenía guaya que les vendiera, a lo cual manifestó, que si tenía un poco. Que fueron y al observar que les servía, se la entregó.
En análogo sentido, deviene lo referido por el señor [NOMBRE TACHADO]:
Quién refirió, que el suministro de la guaya lo fue en Agosto de 2010, que necesitaban ese material para arreglar el acueducto. Que el señor [NOMBRE TACHADO] lo suministró y entregó en esta fecha. Que la Alcaldía había quedado comprometida en hacer el pago de la guaya (f.61).
Deviene, con gran valía el testimonio de la señora [NOMBRE TACHADO], Almacenista del municipio de la Uvita, para la fecha de los hechos investigados:
Refiere, que los 220 metros de guaya para el acueducto de la vereda El Carmen, no entraron el 27 de diciembre de 2010 al almacén del municipio. Que como almacenista verificó con el presidente de la junta administradora del acueducto, que los elementos hayan sido entregados con fin de certificar su entrega. Que los documentos soporte del suministro de la guaya, fueron bajados a su oficina el 30 de diciembre de 2010, para legalizar el ingreso y poder pagarle a la persona que entregó los elementos del suministro. Afirmó, que en Diciembre de 2010 no se entregó la guaya, porque estos ya habían sido entregados tiempo atrás y se encontraba correctamente funcionando. Que, para diciembre 28 de 2010, lo que lo que se hizo, fue legalizar la documentación para ejecutar el pago.
En este espacio es de subrayar, que la prueba testimonial esbozada, se le otorgó para su aducción al presente proceso a) la aplicación de los principios de la sana crítica, y b) una adecuada valoración de la prueba teniendo en cuenta algunos principios como la admisibilidad, pertinencia, oportunidad y legitimidad de la misma a la conducta que se pretende clarificar efectuada por el mandatario local de la Uvita.
Se decanta de la prueba testimonial, que la orden del suministro de los elementos para el acueducto susodicho, fue dada en agosto de 2010, y en diciembre 28 de 2010, el burgomaestre procura enmendar la transgresión de la normativa expuesta, desarrollando todo el proceso contractual para eventos de selección abreviada, haciendo aparecer que la orden del gasto se daba en ese momento, cuando la carga probatoria del orden testimonial, incluyendo los fallos de primera y segunda instancia que surgieron dentro del proceso número 092- 3908-12, connotan que la orden del gasto fue realizada en agosto 7 de 2010, y para legalizar el pago de un hecho cumplido, se suscribe el contrato No. 157 de 2010, para hacer aparecer de legal un hecho que desde su primario nacimiento no lo fue, para resguardar una orden de suministro dada con anterioridad, sin que mediara como ya tantas veces se ha enunciado; contrato escrito como tampoco disponibilidad presupuestal para su pago, arribando a lo que en materia contractual se denominan hechos cumplidos. Valga en esta coyuntura destacar, que los hechos cumplidos se consolidan cuando se adquieren obligaciones, sin que medie soporte legal que los respalde, es decir; antes de su ejecución no se han cumplido requisitos mínimos y legales en su creación, como lo es la reserva presupuestal previa. Luego, se infiere que los hechos cumplidos se producen por una inadecuada labor administrativa en la aplicación del principio de planeación en los procesos contractuales y en la adquisición de obligaciones con cargo al presupuesto de gastos del ente territorial.
IV. HECHOS PROBADOS
Está demostrada la ocurrencia de lo que se ha denominado en materia presupuestal y contractual, “hechos cumplidos”, dado que el señor [NOMBRE TACHADO], permitió que se generara una situación fáctica con contenido patrimonial para la administración, al ordenar la prestación de un suministro de elementos para el acueducto de la vereda El Carmen, de manera informal y sin el lleno de las exigencias a la suscripción de los contratos que ha impuesto la ley, esto es, sin que existiera disponibilidad presupuestal previa, amén agotar el proceso en la modalidad de selección abreviada , para arribar a la suscripción de un contrato, como elementos determinantes para comprometer el gasto público, La jurisdicción contencioso administrativa ha considerado con referencia a los denominados hechos cumplidos, la prestación efectiva por parte de un particular de un servicio o la entrega o suministro de unos bienes sin que previamente se haya dado cumplimiento a los requisitos previstos por la ley, para el nacimiento de la correspondiente relación jurídica contractual, por tanto, se puede acceder a la jurisdicción contenciosa cuando “…no se hayan verificado los trámites necesarios para la formalización escrita del contrato y para su perfeccionamiento…”Consejo de Estado (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente Dr. [NOMBRE TACHADO]. Referencia: Expediente No. 25.763, marzo 25 de 2004).
Así, el disciplinado, al parecer incursionó en quebrantamiento al principio de legalidad del gasto público (art. 345 de la carta política) y de los principios de economía y responsabilidad previstas en los artículos 25 numerales 6 y 7; 26 numerales 2 y 5 y 41 de la ley 80 de 1993. Adicionalmente, el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, disposiciones que insisten a los ordenadores del gasto, que cuando se trata de manejo y gasto público, atender los principios que exigen los ordenamientos citados.
Que el señor [NOMBRE TACHADO], al dar la orden del suministro de la guaya para el acueducto susodicho, no constató que dentro del presupuesto municipal de La Uvita, estuvieran los recursos para amparar la obligación contraída, menos agotar una serie de condiciones para comprometer el citado gasto. Que dicho gasto público, cualquiera que fuera, no podía comprometerse sin la certeza de la coexistencia de apropiación presupuestal y libre de afectación para la asunción del compromiso de los 220 metros de guaya.
Luego, se encuentra acreditado que el señor [NOMBRE TACHADO], en su carácter de Alcalde Municipal de La Uvita, al ordenar en agosto de 2010, el suministro de 220 metros de guaya, para ser utilizada en el acueducto de la vereda del Carmen del municipio de la Uvita, sin las exigencias ordenadas por la Constitución Nacional y la ley, direccionó su actuar hacia la legalización de hechos con anterioridad cumplidos, incursionando en transgresión de los ordenamientos normativos citados en el pliego de cargos.
V. MARCO CONCEPTUAL SOBRE VERSION, ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
En la diligencia de versión libre y espontánea el disciplinado [NOMBRE TACHADO], señaló en su defensa, que en varias oportunidades miembros de las juntas le pidieron apoyo para el mejoramiento de sus acueductos, manifestándoles su voluntad de apoyo, de colaboración pero una vez se verifica los respaldos con los recursos necesarios se les da el trámite. Además, destacó que en el mes de diciembre, por el cierre del año fiscal se acumula mucho trabajo y se revisan los recursos que hay para proceder a efectuar las contrataciones respectivas. Como se puede apreciar, en esta diligencia el disciplinado no aporta aclaración alguna a la conducta investigada. Ahora, en la solicitud probatoria por parte de los sujetos procesales, y no obstante ser conocedores de la prueba documental y testimonial existente en el proceso, no solicitaron prueba alguna, como tampoco objetaron, tacharon o solicitaron controvertir las existentes, las cuales fueron acopiadas al dossier bajo la figura de prueba trasladada contemplada en el artículo 51 de la ley 1474 de 2011, que derogó el artículo 135 de la ley 734 de 2002.
En esta coyuntura, con referencia al punto planteado en los alegatos finales por parte de los sujetos procesales, referida a que toda decisión debe fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso, por ello consideran que la prueba testimonial trasladada a la presente investigación, no encaja en los postulados que deben ser. Hace remisión a lo dispuesto por el artículo 21 de la ley 734 de 2002, en cuanto al principio de integración normativa. Y con cimiento en esta normativa, esgrime el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil y al artículo 174 de la ley 1564 de 2012, el cual estipula que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieran practicado a petición de la parte contra quién se aducen o con audiencia (sic) de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. Así, entonces refiere que la prueba testimonial trasladada debe ser desestimada, esto es, las declaraciones de los señores [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO], [NOMBRE TACHADO] Y [NOMBRE TACHADO]. Agregó la defensa, que estas pruebas no fueron practicadas a petición de la parte contra quién se aducen, es decir a petición del señor [NOMBRE TACHADO], como tampoco fueron ratificados dentro del proceso, requisito que se necesitaba para seguir el procedimiento previsto en el artículo 229 del código de procedimiento civil. Que en el mismo sentido se pronuncia el artículo 140 de la ley 734 de 2002, al señalar que la prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales se tendrá como inexistente.
AL RESPECTO EL DESPACHO SEÑALA:
Se precisa recordar, que mediante providencia de marzo 11 de 2014, se dispuso iniciar Indagación Preliminar contra el señor [NOMBRE TACHADO] Municipal de La Uvita, en la parte resolutiva Numeral Segundo se ordenó por secretaría de la entidad sacar fotocopias de unas pruebas recaudadas con las formalidades legales en el proceso No. 092-3908-12 y se indicó, que la finalidad consistía en que hicieran parte como prueba trasladada y con los alcances dispuestos por el artículo 51 de la ley 1474 de 2011.
Como se puede advertir, desde el inicio del investigativo se produjo el traslado de las pruebas documental y testimonial del proceso 092- 3908-12 al subjudice, providencia que fue debidamente notificada. En este punto, es donde emerge el artículo 138 de la ley 734 de 2002, que enseña: Oportunidad para controvertir la prueba. Los sujetos procesales podrán controvertir las pruebas a partir del momento en que tengan acceso a la actuación disciplinaría. Significando lo anterior, que desde el inició de la acción los sujetos procesales tuvieron todas las garantías para conocer el haber probatorio y controvertirlo, esto es, las pruebas que a manera de prueba trasladada habían sido incorporadas al investigativo. Consecutivamente, el 30 de mayo de 2014, se determinó continuar la presente investigación disciplinaria, mediante audiencia pública y se procede hacer la invitación pública al señor [NOMBRE TACHADO], quién no obstante haberse enviado las comunicaciones de comparecencia respectivas, no acude al llamado del ente de control, por ello se procede a agotar la notificación por Edicto. Agotado el trámite propio de este tipo de notificaciones, se designó defensor de oficio para la consecuente defensa. Empero, llegado el día del inició de la audiencia pública hace presencia el disciplinado y el abogado de oficio designado doctor [NOMBRE TACHADO], con los cuales se da curso a la vista pública enterándolos del contenido del auto de citación a audiencia pública, incluyendo el soporte probatorio del llamamiento a la audiencia, sin embargo ostentando el derecho de controversia procesal y probatoria, las partes guardan silencio. Es de señalar, que en la misma actuación los sujetos procesales piden aplazar la diligencia de versión libre, para que el disciplinado se entere del contenido del proceso, explique la conducta por la cual fue citado a la vista pública y solicite, aporte y controvierta las pruebas a la fecha. Sin embargo, llegada la fecha y hora de la diligencia de versión libre el señor [NOMBRE TACHADO], no aporta probanza alguna, mucho menos controvierte las presentes en el proceso.
Resulta de vital importancia, para debatir los argumentos contenidos en los alegatos de conclusión, señalar que el artículo 21 de la ley 734 de 2002, señala: Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en esta ley y en la Constitución Política. En lo no previsto en esta ley, se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo dispuesto en los códigos Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil en lo que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario.
Desarrollando la normativa enunciada, es menester indicar que en el campo disciplinario y tomando como marco de referencia el artículo 21 de la ley 734 de 2002, en aquellos eventos en que sea necesario hacer remisiones a otras disposiciones se tendrá en prima facie lo establecido en el ordenamiento de procedimiento penal, esto es la ley 600 de 2000, conforme lo estableció la Directiva No. 06 de 2005 del despacho del Procurador General de la Nación, la cual dispuso que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional expuesta en la Sentencia de Tutela T-1093 de noviembre 4 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, el jefe del Ministerio Público tiene la facultad-deber de impartir directrices generales de interpretación de las normas disciplinarias para que estas sean leídas y aplicadas en un mismo sentido por los distintos operadores disciplinarios, toda vez que, por otro lado, tiene una mayor capacidad de orientación y definición de las prioridades y objetivos del quehacer institucional de la entidad que encabeza.
DEFINE:
La remisión a que hace alusión el artículo 21 de la Ley 734 de 2002, cuando se trate de la aplicación por vacíos legislativos del Código de Procedimiento Penal, es a la Ley 600 de 2000(destacado del despacho).
Así, entonces arribamos a la conclusión, que en la aplicación del artículo 21 de la ley 734 de 2002, sobre integración normativa, en el proceso disciplinario, se aplica lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal (ley 600 de 2000) y no lo dispuesto por el Código de procedimiento civil como lo exhibe la defensa.
Lo dispuesto, ostenta su cimiento en lo consagrado por el artículo 130 de la ley 734 de 2002, el cual dispone: Medios de Prueba. Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial, y los documentos los cuales se practicaran conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal, en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario (Destacado fuera de texto).
Concomitante emerge el artículo 131 que enseña: Libertad de pruebas. La falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos
Y, el Artículo 135 ibídem. Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, podrán trasladarse a la actuación disciplinaria, mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme las reglas previstas en este código. Artículo modificado por la ley 1474 de 2011 artículo 51. Prueba Trasladada. El artículo 135 de la ley 734 quedara así: Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país y los medios materiales de prueba, podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas en este código. Además, señala. Que también podrán trasladarse los elementos materiales de prueba o evidencias físicas que la Fiscalía General de la Nación haya descubierto con la presentación del escrito de acusación en el proceso penal. Empero, aquí en este párrafo se habla es de evidencias físicas que la fiscalía haya descubierto en la acusación en proceso penal.
Como se puede apreciar en esta coyuntura, la defensa no le asiste razón alguna cuando expone en los alegatos de conclusión que la prueba testimonial no puede ser tenida en cuenta por cuanto es prueba trasladada de otro proceso y no fue controvertida, por consiguiente no tiene validez. Al respecto surgen varios hechos de connotar conforme la secuencia normativa expuesta:
1. Para el manejo de la prueba en el proceso disciplinario, se tiene en cuenta las reglas previstas en el ordenamiento disciplinario y las disposiciones del Código de Procedimiento Penal (ley 600 de 2000), por expresa disposición del artículo 130 de la ley 734 de 2002, y la Directiva No. 06 de Abril 8 de 2005, no las disposiciones del Código de procedimiento Civil como de manera equivocada lo enuncia la defensa.
2. Connotar, que la prueba testimonial amén la documental aportada del proceso 092- 3908-12, en la modalidad de prueba traslada es legítima, dado que fueron probanzas producidas de manera legal en la misma entidad de control, sobre hechos similares. Luego, las probanzas del orden testimonial amén documental allegadas del expediente 092-3809-12, de manera directa refieren que la orden del suministro de guaya para el acueducto veredal citado, fue dada en agosto de 2010 y los documentos legalizados en el mes de diciembre de 2010, incursionando el disciplinado en legalización de hechos cumplidos, contrariando la normativa constitucional y legal expuesta en la citación a audiencia pública.
3. No se explica el despacho, porque la defensa solicita que no se tenga en cuenta la prueba testimonial por cuanto no fue controvertida, y la documental si se mantenga indemne a favor del disciplinado. Posición la cual no resulta coherente, por cuanto la prueba documental y testimonial hacen parte de una misma comunidad probatoria traslada del mismo proceso 092-3908-12 y con una misma finalidad, probar la irregularidad de la legalización de un hecho cumplido, así en la investigación 092-3908-12 se haya investigado la misma conducta para la declaratoria de una inhabilidad.
4. La defensa de igual forma esbozó, en el libelo de alegatos finales, que no hay falta de su prohijado, por cuanto la Procuraduría Regional sancionó al señor [NOMBRE TACHADO], por cuanto se demostró que la celebración del contrato fue suscrito la fecha del 27 de diciembre de 2010.
Al respecto hay que señalar, que en ese proceso el debate giró en la incursión en una causal de inhabilidad, que esta sanción se otorgó, por cuanto la Procuraduría Regional tuvo en cuenta fue la fecha de suscripción del contrato No. 157 en diciembre 27 de 2010, para manejar las fechas de la inhabilidad y por cuanto según la posición del Consejo de Estado, en materia de inhabilidad contractual, se tiene en cuenta es la fecha de suscripción del contrato no la de su ejecución, circunstancia que es la que en este proceso se investiga, esto es, que la orden del suministro de la guaya fue otorgada en agosto de 2010, como lo manifiestan los miembros de la junta, la almacenista y el mismo disciplinado en diligencia testimonial otorgada en el proceso 092- 3908-12. Así, se arriba al hecho, que en el caso controvertido, no se trató de un simple pago, sino de la legalización de una orden subsanada por la administración municipal bajo la modalidad de hecho cumplido, al reconocer y pagar obligaciones ejecutadas con anterioridad a la suscripción del contrato, llevando la vulneración de los principios que rigen en materia de contratación estatal pública, como lo es el principio de planeación, que se requiere per-se para iniciar cualquier proceso contractual, sin importar su modalidad de selección.
5. Ahora, con referencia a la prueba trasladada en materia penal, se encuentra regulada en el Código de Procedimiento Penal que señala en su artículo 239 “Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa dentro o fuera del país, podrán trasladarse a otra en copia autentica y serán apreciadas de acuerdo con las reglas previstas en este código.” La Corte Suprema de Justicia, refiriéndose a este tema, se ha pronunciado en los siguientes términos: Lo que interesa a la Corte respecto de la prueba trasladada frente a la validez en su aducción, no es el proceso de formación en la actuación de origen sino el rito de su traslado y la posibilidad de que una vez incorporada, los sujetos procesales hayan podido conocerla y ejerzan el derecho de contradicción (28 de septiembre de 2006. Rad. Nº 19888). Como se puede apreciar, el ordenamiento disciplinario faculta el traslado de la prueba y la ley 600 de 2000 el cual es el norte en el manejo de la prueba disciplinaria, da como alcance a esta circunstancia procesal que la prueba trasladada sea incorporada a otro proceso mediante copia y apreciada conforme las reglas de la ley disciplinaria y en el evento de encontrarse la necesidad de acudir a otro ordenamiento en materia de pruebas se debe acudir al penal no al civil o administrativo.
No sobra advertir que la esencia del traslado dispuesto en el artículo 176 de la Ley 600 de 2000, está más allá del simple cumplimiento de la formalidad a la que se halla sujeta el respectivo trámite, ya que lo verdaderamente importante o sustancial, con efectos determinantes en la protección de las garantías superiores (debido proceso y derecho de defensa), es que la prueba obre en la actuación y que se permita a los sujetos procesales acceder a ella y ejercer el derecho de contradicción con respecto a esta, situación en la que indefectiblemente estuvieron los sujetos procesales, disciplinado y defensa. Por ello, en el caso en controversia, estos en ningún momento fueron sorprendidos con pruebas ocultas, ya que desde que se inició la etapa primaria conocían de la existencia de la prueba trasladada, siendo por lo mismo insostenible la afirmación relativa a la violación del principio de contradicción probatoria o al derecho de defensa con base en el aspecto analizado.
6. Adicionalmente, vale la pena traer a colación lo señalado por la doctrina, en relación con el tema probatorio en materia disciplinaria y el alcance del artículo 130 de la ley 734 de 2002:
“Conviene advertir, en este punto específico, que de acuerdo con la disposición legal antes mencionada (artículo 130 de la Ley 734 de 2002), las pruebas en el proceso disciplinario se practicarán de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Penal, en cuanto tales pautas sean compatibles con las normas del derecho disciplinario, con apoyo en el principio de integración normativa.
(….)
En la Ley 600 de 2000, al igual que en el proceso disciplinario rige el principio de “permanencia de la prueba”, según el cual las practicadas por el fiscal, el juez o el operador disciplinario en el decurso de las diversas etapas procesales, son válidas como elementos de convicción para sustentar cada una de las providencias que integran la estructura lógica del proceso penal o disciplinario.
Por otra parte, tanto en la Ley 600 de 2000 como en el régimen probatorio que el Código Disciplinario Único desarrolla, es aplicable con especial énfasis el principio de investigación integral, en virtud del cual el funcionario judicial o el operador disciplinario deben investigar, con igual esmero, los factores que permitan establecer la existencia del delito o falta disciplinaria, y la responsabilidad del procesado o investigado, y al mismo tiempo las circunstancias que impliquen demostrar eximentes de responsabilidad penal o disciplinaria, o atenuantes de la misma.
(…)
En tal sentido, el principio de investigación integral es de la esencia de los regímenes probatorios como los que regulan y desarrollan las Leyes 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal) y 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), y no con lo establecido en la Ley 906 de 2004, donde se consagra un procedimiento penal acusatorio para Colombia, incompatible con la filosofía de que sustenta el procedimiento disciplinario.
7. En síntesis, en materia probatoria atendiendo el sistema imperante en nuestro ordenamiento disciplinario, esto es la ley 600 de 2000, por mandato expreso del artículo 130 de la ley 734 de 2002, ha de concluirse entonces y mantener el valor probatorio otorgado a la prueba trasladada en el subexamine, motivo por el cual no es dable atender los argumentos presentados por la defensa.
Adicionalmente, la defensa en el escrito de alegatos finales, pregona a favor de su defendido el principio in dubio pro disciplinado, que comporta que la duda se debe resolver a favor del investigado
Al respecto tenemos en el Artículo 9 inciso 2° de la ley 734 de 2002:
Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla.
Acorde con los postulados de la Ley Disciplinaria, en concordancia con el Derecho Procesal Penal y la Constitución Política, pertinente es señalar que el principio del in dubio pro reo se viene considerando en los distintos procedimientos, como una derivación de la presunción general de inocencia, principio éste último que, en sentido lato, se sintetiza diciendo que las personas son inocentes mientras no se demuestre judicial o administrativamente lo contrario. Sin embargo se trata de una presunción independiente, que se manifiesta en la afirmación de que las personas son inocentes mientras no se elimine la duda. Ello significa que es al Estado a quien corresponde demostrar en el grado de certeza que el disciplinado es responsable de la conducta que se le atribuye. In dubio significa en estado de duda y pro reo que se traduce “a favor del reo”. Por su parte, la duda, es un estado subjetivo, como estado psicológico de falta de certeza, dependiente de inexacto conocimiento de la realidad objetiva o subjetiva. Estar en duda, por tanto, es poseer un conocimiento insuficiente de la realidad, en el caso del procedimiento disciplinario, la realidad objetiva es carecer de conocimiento cierto acerca de dicha realidad, es un estado cognoscitivo similar al estado de incertidumbre.
La duda es una bifurcación, de los dos caminos y no se sabe cuál tomar. Esta imposibilidad de elección se expresa mediante la palabra incertidumbre. El funcionario que obra reflexivamente, encuentra que las pruebas lo conducen a la afirmación pero otras, al mismo tiempo lo conducen a la negación. Significa tal y como lo afirma el doctor [NOMBRE TACHADO]:
"que esta presunción opera permanentemente, en el día a día de todas las personas, pero su materialización tiene lugar tempero-espacialmente desde que el Estado asume una investigación de orden penal (Disciplinario) contra un individuo y hasta que mediante una providencia de fondo se resuelva acerca de su responsabilidad en términos de certeza para los condenados y en términos de probabilidad para los absueltos ....” En materia disciplinaria también debe operar este principio y cuando a un servidor del Estado se le imputa una conducta disciplinaria y se le vincula al mismo, existe una duda razonable acerca de su inocencia, la cual debe ser resuelta en su favor mediante el mandato constitucional que ordena su condición o estado de tal.
En nuestro caso, no hay cabida de este principio, toda vez que no se ésta frente a duda alguna, dado que es la misma Procuraduría Regional de Boyacá, la que ordena investigar al ordenador del gasto y representante legal del municipio de La Uvita, en providencia de septiembre 23 de 2013 al señalar: “ …documentos que también gozan del mismo valor probatorio y de cuya lectura se puede extraer con absoluta claridad que no se trataba de un simple pago, sino la legalización del contrato referido, pues llama la atención que dicho comportamiento no fue objeto de investigación en su momento por el a quo, como quiera que se estaba subsanando por la administración municipal un “hecho cumplido”, aspecto sobre el cual nos referiremos con mayor detenimiento más adelante- toda vez que al ser cuestionable la conducta endilgada al disciplinado en esta actuación disciplinaria, también lo es el comportamiento asumido por el municipio de La Uvita, en cabeza de su representante legal al reconocer y pagar obligaciones ejecutadas con anterioridad a la suscripción del contrato estatal, pues tal conducta lleva consigo la vulneración de los principios que rigen en materia de contratación pública, como es en el presente caso el principio de planeación, que se requiere per-se, para iniciar cualquier proceso contractual, sin importar la modalidad de selección. Conducta que además podría tipificar la configuración de una conducta punible… una supuesta falsedad en documento público que se pudo dar alrededor de la elaboración de los documentos suscritos entre el 28 al 30 de diciembre de 2010, que soportaron el pago de los 220 metros de guaya”. Fundamento, por el cual se llamó a responder al señor [NOMBRE TACHADO], junto con la carga probatoria que hacia parte del proceso, lo cual nos ubicó en el contexto de la certeza y convicción sobre la existencia de la legalización del hecho cumplido y la responsabilidad del implicado.
A manera de un plus, la duda razonable debe aplicarse cuando exista tal insuficiencia probatoria, que imposibilite, no obstante un trabajo probatorio juicioso, eliminarla y por tanto debe aplicarse a favor del investigado.
Siendo así, no entiende el Despacho como la defensa exhibe a su favor el principio de duda, toda vez que en el proceso, están debidamente probado el hecho investigado en la citación a audiencia pública, lo cual consolidó la certeza de la ejecución de la falta por parte del disciplinado y del porque este despacho no acepta esta circunstancia de la duda razonable.
Al margen, agregar que la duda debe ser razonable, esto es, concordante con la prueba existente en el proceso, pues mal haría la Procuraduría, en aducir la duda como fundamento de una decisión favorable al disciplinado, cuando del acervo probatorio recaudado se concluye que el señor [NOMBRE TACHADO] sí es responsable de los hechos que se le endilgaron, dado que si bien es cierto, toda persona contra quién curse cualquier acción de la índole que sea, goza del principio de inocencia y goza de una presunción relativa en su favor, con todo, esta presunción se irá debilitando, en forma gradual, a partir del advenimiento de medios probatorios que pongan en tela de juicio tales presunciones; así, en el presente caso, la etapa preliminar, marcó el primer escalón de ese avance debilitador, que marco el camino para la citación a audiencia pública donde se reafirmó la carga probatoria arrimada en la fase primaria disciplinaria, quedando finalmente desvirtuada con el presente proferimiento sancionador. En consecuencia, el Despacho no acepta este argumento planteado por la defensa.
VI. ANALISIS DE LA CULPABILIDAD DEL SEÑOR [NOMBRE TACHADO]
El legislador al señalar en las normas las faltas disciplinarias, también establece en ellas las sanciones que acarrea el estar incurso en dichas faltas; pero siempre respetando criterios como la razonabilidad, la necesidad, la proporcionalidad y la proscripción de la responsabilidad objetiva.
En esta medida, la modalidad de la falta en el subjudice, se calificó provisionalmente como Gravísima, atendiendo que el numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, así lo dispone.
Ahora, la recriminación disciplinaria, se fundó en la culpa, esto es, por la violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento, es decir, el sujeto procesal incurre en culpa gravísima, en los términos del parágrafo único del artículo 44 de la ley 734 de 2002. Por cuanto, el señor [NOMBRE TACHADO], desatendió las disposiciones legales que le ordenaban que no podía adquirir obligaciones sin que existiera disponibilidad presupuestal, amén agotar los requisitos establecidos en la ley para comprometer el gasto público, por cuanto al soslayar estos presupuestos, lo llevaría a violentar principios básicos de la contratación cual era el principio de planeación y legalidad del gasto, economía, responsabilidad y transparencia.
En cuanto a la responsabilidad disciplinaria presentada al disciplinado en la providencia de llamamiento a audiencia pública, se le exhibió como gravísima a título de culpa gravísima, empero el despacho atendiendo el principio de proporcionalidad entre la gravedad de la conducta y la sanción a aplicar, procede a variar la forma de culpabilidad de culpa gravísima a culpa grave, teniendo en cuenta que en el subexamine se encuentran dados los presupuestos del parágrafo del artículo 44 de la ley 734 de 2002, que en su parte pertinente dispone, que la culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones, para lo cual nos situaremos a la definición dada por la doctrina al respecto: “Este tipo de imprudencia, cuyo nivel de cuidado también se encuentra estandarizado, teniendo como modelo a un hombre prudente, se presenta cuando se ha prescindido, “de manera no elemental” de la moderación y el buen juicio que normalmente suelen conducir al bien y evitar el mal. Pero como se trata de gestión en el cumplimiento de funciones públicas o en el ejercicio de las mismas funciones y ser entendida como aquella sujeta a la especial relación de sujeción de que se trate, no especificada ni por funciones ni por jerarquías, en términos generales el hombre medio de la administración pública, servidor o particular, pues tal modalidad de culpa emana cuando el servidor público ha soslayado la diligencia media acostumbrada en una esfera especial de su actividad.
En esta medida entonces, el despacho encuentra la posibilidad de variar la modalidad de culpa gravísima endilgada en la citación a audiencia al disciplinado y calificarla de manera definitiva como culpa grave, así la conducta cuando es calificada como gravísima con culpa grave será estimada como falta grave (art.43 numeral 9 ibídem). En estas condiciones, la sanción para este tipo de conductas es la suspensión en atención a lo normado en el numeral 3 del artículo 44 de la ley 734 de 2002 y de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 46 ejusdem, el termino no puede ser inferior a un (1) mes ni superior a doce (12) meses, lapso dentro del cual se debe dosificar la sanción.
Como complemento de lo anterior, para tasar dicho termino debemos tener en cuenta los criterios de graduación dispuestos en el artículo 47 de la ley 734 de 2002, los cuales serán aplicados de la siguiente manera: como criterios atenuantes tenemos: (i) que el señor [NOMBRE TACHADO] figuran sanciones disciplinarias dentro de los cinco (5) años anteriores a la comisión de la conducta materia de investigación (f.118) (ii) Además, que la conducta desplegada por el disciplinado, no generó perjuicio a la comunidad o al patrimonio público. Ahora, como criterios agravantes surge: (i) que a todo servidor público le es imperativo conocer los deberes y prohibiciones de su cargo, contenidos en la Constitución y la Ley, las cuales promete respetar y hacer cumplir (literal i), más aún como primera autoridad, representante legal, ordenador del gasto, director de la contratación, como quiera que fungía como Alcalde Municipal de la Uvita, cargo en el que se ejerce el más alto rango de jerarquía y mando en el ejercicio administrativo del ente territorial (ii) la falta de diligencia demostrada en el cargo, más entratándose de un profesional del derecho, el cual debía estar enterado de los procesos sobre gasto público y contratación estatal.
En el anterior orden de ideas, la sanción a imponer al señor [NOMBRE TACHADO] carácter de Alcalde Municipal de La Uvita, será de SUSPENSION por el término de dos (2) meses, a la luz de los criterios presentados en el cuerpo del presente proferimiento.
VII. DOSIFICACION DE LA SANCION
En complemento de lo anterior, corresponde entonces aplicar la sanción de suspensión, que oscila entre un mes (1) y doce (12) meses; y al tener en cuenta que hay criterios agravantes, pero son mucho más los atenuantes, se considera proporcional estimar la sanción en una dual parte del termino establecido legalmente, con lo cual la sanción definitiva a imponer es la suspensión por el término de dos (2) meses. Pero de acuerdo al contenido del Artículo 46 de la ley 734 de 2002, como en estos momentos el disciplinado ha cesado en el ejercicio de las funciones, el término de suspensión se convertirá en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para la época de la comisión de la falta, que según la certificación vista a folio 117, la asignación básica mensual para el año 2010, correspondía a la suma de $2.630.000°°, valor que al multiplicar por dos (2) meses de suspensión, equivale a cinco millones doscientos sesenta mil pesos moneda corriente ($5.260.000°°).
En virtud de lo anterior, LA PROCURADORA PROVINCIAL DE SANTA ROSA DE VITERBO, en uso de sus atribuciones legales,
VIII. R E S U E L V E
ARTICULO PRIMERO: Declarar probado y no desvirtuado el cargo disciplinario imputado al señor [NOMBRE TACHADO], identificado con cédula de ciudadanía No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en La Uvita, en su condición de Alcalde Municipal de La Uvita, periodo constitucional 2008 – 2011,en las circunstancias señaladas en la parte motiva del proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior SANCIONAR DISCIPLINARIAMENTE al señor [NOMBRE TACHADO], de condiciones civiles ya conocidas, atendiendo lo anotado en la parte motiva de esta providencia, con SUSPENSIÓN por el término de dos (2) meses. Sin embargo, de acuerdo al contenido del Artículo 46 de la ley 734 de 2002, como en estos momentos el disciplinado ha cesado en el ejercicio de las funciones, el término de suspensión se convertirá en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para la época de la comisión de la falta, que según la certificación vista a folio 173, la asignación básica mensual para el año 2010, correspondía a la suma de $2.630.000°°, valor que al multiplicar por dos (2) meses de suspensión, equivale a cinco millones doscientos sesenta mil pesos moneda corriente ($5.260.000°°).
ARTICULO TERCERO: La presente providencia se entiende notificada a los sujetos procesales doctor [NOMBRE TACHADO], en su calidad de defensor e [NOMBRE TACHADO] disciplinado en las presentes en este momento de la audiencia, entendiendo que la misma se surte en estrados y con la advertencia que contra la misma procede el recurso de APELACIÓN ante el Procurador Regional de Boyacá, que deberá sustentarse verbalmente dentro de la misma Audiencia, e inmediatamente se decidirá sobre su otorgamiento. Si no se recurriere la decisión quedará ejecutoriada al terminó de la misma.
ARTICULO CUARTO: En firme la decisión sancionatoria, remitir a la División de Registro y Control los formularios para el registro de la sanción disciplinaria y enviar copia de los fallos, con su constancia de ejecutoria, al funcionario que deba ejecutar la sanción, conforme lo dispuesto en el artículo 172 numeral 2 de la ley 734 de 2002.
ARTICULO QUINTO: Agotado lo anterior, archívese el expediente, previamente el cumplimiento de la Circular No. 055 de Septiembre 23 de 2002, proferida por el señor Procurador General de la Nación.
Déjense las constancias de rigor
NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE,
(original firmado)
TANIA VICTORIA OROZCO BECERRA
Procuradora Provincial
En este estado de la diligencia, la señora Procuradora le concede el uso de la palabra a los sujetos procesales, para que manifiesten si desean impugnar la decisión aquí tomada y notificada en estrados, para ante la Procuraduría Regional de Boyacá. Al respecto y en uso de la palabra el abogado defensor solicita un receso de diez minutos para analizar la decisión que tomarán en relación con el fallo proferido, solicitud que es concedida por el Despacho. Culminado el receso y reanudada formalmente la presente audiencia, se le concede el uso de la palabra al implicado [NOMBRE TACHADO], quien en uso de ella manifestó lo siguiente. Me acojo a lo decidido por el Despacho. No siendo otro, el objeto de la presente diligencia se termina y se firma siendo las 04:00 p.m., una vez leída, aprobada, notificada en estrados y firmada en señal de aprobación..
La Procuradora Provincial,
(originales firmador por)
TANIA VICTORIA OROZCO BECERRA
El investigado,
[NOMBRE TACHADO]
El Defensor,
[NOMBRE TACHADO]
La Profesional Universitario,
YAMILE RODRIGUEZ CARDENAS
El Secretario,
DAIRO FERNEY ALBARRACIN GONZALEZ
CONSTANCIA DE EJECUTORIA
Que la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, mediante fallo verbal de primera instancia número 009 del 04 de agosto de 2014, proferido dentro del proceso IUS 2013-390300, impuso sanción de suspensión por el término de dos meses, convertida en salarios devengados para el año 2010, en un equivalente a la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS m/cte ($5.260.000,oo) al señor [NOMBRE TACHADO], identificado con cédula de ciudadanía número [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en La Uvita – Boyacá, en su condición de Alcalde Municipal de La Uvita - Boyacá, periodo constitucional 2008-2011.
Que el disciplinado [NOMBRE TACHADO] y/o su apoderado, no presentaron recurso contra el fallo citado.-
En consecuencia el día cuatro (04) de agosto de 2014, cobró firmeza y quedó ejecutoriado el fallo de primera instancia número 009 del 04 de agosto de 2014, proferido dentro del proceso IUS 2013-390330 proferido por la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, confirmado por la Procuraduría Regional de Boyacá mediante fallo de segunda instancia número 011 del 30 de abril de 2014, de conformidad con lo previsto en el artículo 119 de la Ley 734 de 2002. En constancia se firma.
(original firmado)
DAIRO FERNEY ALBARRACIN GONZALEZ
SECRETARIO PROCURADURÍA