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clave: "pgn:responsabilidad_disciplinaria:201603052352280.DOCX"
titulo: "CONTRATO ESTATAL: el Despacho no acepta este argumento planteado por la defensa"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2014-08-04"
radicado: "IUS 2013-390300"
numero: "201603052352280.DOCX"
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# CONTRATO ESTATAL: el Despacho no acepta este argumento planteado por la defensa

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2014-08-04
- **Radicado:** IUS 2013-390300
- **Número:** 201603052352280.DOCX
- **Sección / Sala:** PROCURADURIA PROVINCIAL DE INSTRUCCION SANTA ROSA DE VITERBO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201603052352280.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Falta disciplinaria: Actuar de manera irregular al reconocer y pagar obligaciones ejecutadas con anterioridad a suscripción de contrato
- Tipicidad de la conducta: Consagrada en la ley como falta gravísima/TIPOS EN BLANCO-Se hace una remisión a otras normas para poder completar el precepto
- Contrato estatal: Permitir la ejecución de contratos sin haberse legalizado genera responsabilidad disciplinaria/CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-Debe expedirse previamente a la suscripción de contratos
- Antijuridicidad: Comportamiento contra los principios de contratación y la gestión administrativa/DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL GASTO PUBLICO-Toda obligación que se contraiga o que se decrete debe contar con la debida antelación con los recursos que respalden la erogación

## Fundamentos jurídicos

- Ley 734 de 2002, art. 48 núm. 31
- Ley 80 de 1993, arts. 41 y 25 núm. 6
- Ley 1474 de 2011

## Extracto

En consecuencia, el Despacho no acepta este argumento planteado por la defensa. En su condición de alcalde, ordenador del gasto y director de la contratación del municipio de La Uvita, presuntamente incursionó en falta disciplinaria, en cuanto actuó de manera irregular, al reconocer y pagar obligaciones ejecutadas con anterioridad a la suscripción del contrato No. 157 de Diciembre 28 de 2010, con el señor [NOMBRE TACHADO], para el suministro de 220 metros de guaya, para ser utilizada en el acueducto de la vereda del Carmen del municipio de la Uvita, por la suma de $550.000°°, procurando subsanar, ora legalizar hechos cumplidos, dado que en el momento que ordenó y fue ejecutado el servicio, esto es, Agosto 7 de 2010, no existía disponibilidad presupuestal como tampoco contrato escrito alguno. Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales.

## Descriptores temáticos

CONTRATO ESTATAL, Permitir la ejecución de contratos sin haberse legalizado genera responsabilidad disciplinaria

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — El juez del contrato no puede deducir del silencio una renuncia tácita, ni convertir la ausencia de salvedades en un requisito jurisprudencial de procedencia o prosperidad de una reclamación posterior.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:13001233300020170082001-74181-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:18001234000020190006702-71860-sentencia.md)
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## Texto del documento

FALTA DISCIPLINARIA-Actuar de manera irregular al reconocer y pagar obligaciones ejecutadas con anterioridad a suscripción de contrato
TIPICIDAD DE LA CONDUCTA-Consagrada en la ley como falta gravísima/TIPOS EN BLANCO-Se hace una remisión a otras normas para poder completar el precepto
El tipo disciplinario que contempla la falta que se imputa en esta oportunidad al señor….es de aquellos llamados por la doctrina tipos en blanco, porque para precisar la acción u omisión que se predica como infracción de la función pública, es necesario remitirse a otra norma, ya sea de carácter Constitucional, legal o reglamentaria. En el evento que nos ocupa, la ley 734 de 2002 artículo 48 numeral 31 del CDU, señala que constituye falta gravísima, participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal contemplados en la Constitución y la Ley. Luego, para completar la proposición jurídica, nos debemos remitir a la norma que contiene la conducta considerada como ilegal en la que incursionó el señor….en lo que atañe al gasto público, esto es, los principios de la contratación pública
CONTRATO ESTATAL-Permitir la ejecución de contratos sin haberse legalizado genera responsabilidad disciplinaria/CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-Debe expedirse previamente a la suscripción de contratos
En este orden de ideas, el señor….al ordenar el suministro de elementos para el acueducto, sin puntualizar la existencia de recursos dentro del presupuesto municipal para respaldar el compromiso, ora omitir la suscripción del contrato respectivo, previo el agotamiento del proceso contractual respectivo, incursionó en violación a la ley 80 de 1993, artículo 41 que ordena: Que los contratos del estado se perfeccionan cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito. Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales.
ANTIJURIDICIDAD-Comportamiento contra los principios de contratación y la gestión administrativa/DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL GASTO PUBLICO-Toda obligación que se contraiga o que se decrete debe contar con la debida antelación con los recursos que respalden la erogación
Esta establecido en el dossier que en agosto de 2010, el disciplinado ordenó a miembros de la Junta del Acueducto de la Vereda El Carmen del Municipio de la Uvita, consiguieran en alguno de los establecimientos comerciales del lugar, el suministro de guaya para arreglo del acueducto de su vereda, sin que tal mandato estuviere precedido por los requisitos y principios ordenados por la ley contractual, tal y como lo consagra el Principio de Economía Contractual consagrado en la ley 80 de 1993 artículo 25 numeral 6), el cual colige, que las entidades estatales evitaran iniciar procesos de suscripción de contratos, sin la existencia de las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales. Principio el cual encuentra amparo en el principio de legalidad del gasto público, el cual enfatiza, que toda obligación que se contraiga o gasto que se decrete, debe contar con la debida antelación con los recursos que van a respaldar el gasto. Así, cuando se incumplen estos postulados, emerge la transgresión del artículo 48 numeral 31 de la ley 734 de 2002, que prohíbe vulnerar los principios contractuales que deben ser parte implícita en el ejercicio de todo gasto público, toda vez que toda entidad del estado que administra recursos públicos, para realizar y ejecutar cualquier erogación económica, esta debe estar soportada en un contrato u orden escrita y de una disponibilidad presupuestal previa. Empero, en el subexamine, esto no se produjo, conducta que encuentra soporte probatorio en la actuación traída en la modalidad de prueba trasladada del proceso 092- 3908-12
CONTRATOS-Para legalizar hechos cumplidos genera responsabilidad disciplinaria
…Luego, se encuentra acreditado que el señor…, en su carácter de Alcalde Municipal de La Uvita, al ordenar en agosto de 2010, el suministro de 220 metros de guaya, para ser utilizada en el acueducto de la vereda del Carmen del municipio de la Uvita, sin las exigencias ordenadas por la Constitución Nacional y la ley, direccionó su actuar hacia la legalización de hechos con anterioridad cumplidos, incursionando en transgresión de los ordenamientos normativos citados en el pliego de cargos.
PRUEBA TRASLADADA-Marco Normativo
IN DUBIO PRO REO-No es aplicable en las presentes diligencias
A manera de un plus, la duda razonable debe aplicarse cuando exista tal insuficiencia probatoria, que imposibilite, no obstante un trabajo probatorio juicioso, eliminarla y por tanto debe aplicarse a favor del investigado. Siendo así, no entiende el Despacho como la defensa exhibe a su favor el principio de duda, toda vez que en el proceso, están debidamente probado el hecho investigado en la citación a audiencia pública, lo cual consolidó la certeza de la ejecución de la falta por parte del disciplinado y del porque este despacho no acepta esta circunstancia de la duda razonable. Al margen, agregar que la duda debe ser razonable, esto es, concordante con la prueba existente en el proceso, pues mal haría la Procuraduría, en aducir la duda como fundamento de una decisión favorable al disciplinado, cuando del acervo probatorio recaudado se concluye que el señor…sí es responsable de los hechos que se le endilgaron, dado que si bien es cierto, toda persona contra quién curse cualquier acción de la índole que sea, goza del principio de inocencia y goza de una presunción relativa en su favor, con todo, esta presunción se irá debilitando, en forma gradual, a partir del advenimiento de medios probatorios que pongan en tela de juicio tales presunciones; así, en el presente caso, la etapa preliminar, marcó el primer escalón de ese avance debilitador, que marco el camino para la citación a audiencia pública donde se reafirmó la carga probatoria arrimada en la fase primaria disciplinaria, quedando finalmente desvirtuada con el presente proferimiento sancionador. En consecuencia, el Despacho no acepta este argumento planteado por la defensa.
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD-Aplicación como parámetro superior para la graduación de las faltas y sanciones/PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD- Permitió variar la forma de culpabilidad de culpa gravísima a culpa grave
En cuanto a la responsabilidad disciplinaria presentada al disciplinado en la providencia de llamamiento a audiencia pública, se le exhibió como gravísima a título de culpa gravísima, empero el despacho atendiendo el principio de proporcionalidad entre la gravedad de la conducta y la sanción a aplicar, procede a variar la forma de culpabilidad de culpa gravísima a culpa grave, teniendo en cuenta que en el subexamine se encuentran dados los presupuestos del parágrafo del artículo 44 de la ley 734 de 2002, que en su parte pertinente dispone, que la culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN-Criterios a tener en cuenta/DOSIFICACION DE LA SANCION-Suspensión por el término de dos meses
Como complemento de lo anterior, para tasar dicho termino debemos tener en cuenta los criterios de graduación dispuestos en el artículo 47 de la ley 734 de 2002, los cuales serán aplicados de la siguiente manera: como criterios atenuantes tenemos: (i) que el señor…no le figuran sanciones disciplinarias dentro de los cinco (5) años anteriores a la comisión de la conducta materia de investigación (ii) Además, que la conducta desplegada por el disciplinado, no generó perjuicio a la comunidad o al patrimonio público. Ahora, como criterios agravantes surge: (i) que a todo servidor público le es imperativo conocer los deberes y prohibiciones de su cargo, contenidos en la Constitución y la Ley, las cuales promete respetar y hacer cumplir (literal i), más aún como primera autoridad, representante legal, ordenador del gasto, director de la contratación, como quiera que fungía como Alcalde Municipal de la Uvita, cargo en el que se ejerce el más alto rango de jerarquía y mando en el ejercicio administrativo del ente territorial (ii) la falta de diligencia demostrada en el cargo, más entratándose de un profesional del derecho, el cual debía estar enterado de los procesos sobre gasto público y contratación estatal.
….En complemento de lo anterior, corresponde entonces aplicar la sanción de suspensión, que oscila entre un mes (1) y doce (12) meses; y al tener en cuenta que hay criterios agravantes, pero son mucho más los atenuantes, se considera proporcional estimar la sanción en una dual parte del termino establecido legalmente, con lo cual la sanción definitiva a imponer es la suspensión por el término de dos (2) meses. Pero de acuerdo al contenido del Artículo 46 de la ley 734 de 2002, como en estos momentos el disciplinado ha cesado en el ejercicio de las funciones, el término de suspensión se convertirá en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para la época de la comisión de la falta, que según la certificación vista a folio 117, la asignación básica mensual para el año 2010, correspondía a la suma de $2.630.000°°, valor que al multiplicar por dos (2) meses de suspensión, equivale a cinco millones doscientos sesenta mil pesos moneda corriente ($5.260.000°°).
RESOLUCION No. 009
(04 DE AGOSTO DE 2014)
Mediante la cual se emite fallo de primera instancia dentro del proceso verbal disciplinario seguido contra el señor [NOMBRE TACHADO].
IDENTIDAD DEL INVESTIGADO
Se trata del señor [NOMBRE TACHADO], identificado con la C. de C. No. 4.239.366 de La Uvita, en su condición de Alcalde Municipal de La Uvita, a quien por los hechos objeto de actuación se le investiga como Alcalde del Municipio de La Uvita periodo 2008-2011.
I. ACTUACION PROCESAL
A. QUEJA:
La Procuraduría Regional de Boyacá en providencia calendada 13 de septiembre de 2013, parte Resolutiva numeral Séptimo, ordenó investigar posibles inconsistencias en que pudo incursionar el señor [NOMBRE TACHADO], en su calidad de Alcalde Municipal de La Uvita, al reconocer y pagar obligaciones ejecutadas con anterioridad a la suscripción del contrato No. 157 de Diciembre 28 de 2010, llevando consigo vulneración de principios que rigen la actividad contractual del estado
B. INDAGACIÓN PRELIMINAR:
Atendiendo lo ordenado por la Procuraduría Regional de Boyacá, mediante auto calendado marzo 11 de 2014, se dispuso la etapa de indagación preliminar. En esta etapa procesal, se ordenó dar aplicabilidad al artículo 51 inciso 1) de la ley 1474 de 2011 y acopiar fotocopias del expediente No. 092- 3908-12, de los folios 3, 4, 5, 22 al 30, 34 al 45, 49 al 56, 89 al 94, 120 al 124, 126 al 132, 147 al 173, en su carácter de prueba trasladada. Documentos que una vez se arrimaron al proceso erigieron el mérito, para convocar al señor [NOMBRE TACHADO] su carácter de Alcalde Municipal de La Uvita, periodo constitucional 2008-2011, a audiencia pública el 30 de mayo de 2014.
C. CITACION A AUDIENCIA PÚBLICA
Mediante providencia de mayo 30 de 2014, al señor [NOMBRE TACHADO], identificado con cédula de ciudadanía No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en La Uvita, en su condición de Alcalde Municipal de La Uvita, periodo constitucional 2008 –2011, se le reprochó posible responsabilidad disciplinaria, al reconocer y pagar obligaciones ejecutadas con anterioridad a la suscripción del contrato No. 157 de Diciembre 28 de 2010, llevando consigo vulneración de principios que rigen la actividad contractual del estado.
En esta medida, se evidenció que el señor [NOMBRE TACHADO], autorizó en el mes de agosto de 2010, el suministro de 220 metros de guaya a algunos miembros de la Junta del Acueducto de la vereda El Carmen del municipio de la Uvita. Así, se advierte una orden, un gasto que involucra el patrimonio público de La Uvita, sin que al parecer mediara disponibilidad de los recursos para pagarla, mucho menos el agotamiento del proceso que ordena la ley para comprometer recursos públicos cualquiera que sea la modalidad de contratación utilizada.
En este estado de la diligencia se interrumpe la lectura del fallo para dejar constancia de la comparecencia a la presente audiencia del implicado [NOMBRE TACHADO], seguidamente se continúa con la lectura.
Posteriormente, ante la insistencia del pago por parte del contratista desde el 27 de diciembre de 2010, se fraguan los documentos para revestir de legalidad el pago de un hecho ya cumplido. Mirados en principio los anteriores hechos, nos encontraríamos frente a la adquisición de bienes sin haberse celebrado el respectivo contrato escrito y sin contar con el respaldo presupuestal, situaciones que pueden enmarcarse dentro de lo que comúnmente se denomina legalización de hechos cumplidos, a pesar que la ley ordena planear el gasto y establecer si existen

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

l disciplinado, no generó perjuicio a la comunidad o al patrimonio público. Ahora, como criterios agravantes surge: (i) que a todo servidor público le es imperativo conocer los deberes y prohibiciones de su cargo, contenidos en la Constitución y la Ley, las cuales promete respetar y hacer cumplir (literal i), más aún como primera autoridad, representante legal, ordenador del gasto, director de la contratación, como quiera que fungía como Alcalde Municipal de la Uvita, cargo en el que se ejerce el más alto rango de jerarquía y mando en el ejercicio administrativo del ente territorial (ii) la falta de diligencia demostrada en el cargo, más entratándose de un profesional del derecho, el cual debía estar enterado de los procesos sobre gasto público y contratación estatal.
En el anterior orden de ideas, la sanción a imponer al señor [NOMBRE TACHADO] carácter de Alcalde Municipal de La Uvita, será de SUSPENSION por el término de dos (2) meses, a la luz de los criterios presentados en el cuerpo del presente proferimiento.
VII. DOSIFICACION DE LA SANCION
En complemento de lo anterior, corresponde entonces aplicar la sanción de suspensión, que oscila entre un mes (1) y doce (12) meses; y al tener en cuenta que hay criterios agravantes, pero son mucho más los atenuantes, se considera proporcional estimar la sanción en una dual parte del termino establecido legalmente, con lo cual la sanción definitiva a imponer es la suspensión por el término de dos (2) meses. Pero de acuerdo al contenido del Artículo 46 de la ley 734 de 2002, como en estos momentos el disciplinado ha cesado en el ejercicio de las funciones, el término de suspensión se convertirá en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para la época de la comisión de la falta, que según la certificación vista a folio 117, la asignación básica mensual para el año 2010, correspondía a la suma de $2.630.000°°, valor que al multiplicar por dos (2) meses de suspensión, equivale a cinco millones doscientos sesenta mil pesos moneda corriente ($5.260.000°°).
En virtud de lo anterior, LA PROCURADORA PROVINCIAL DE SANTA ROSA DE VITERBO, en uso de sus atribuciones legales,
VIII. R E S U E L V E
ARTICULO PRIMERO: Declarar probado y no desvirtuado el cargo disciplinario imputado al señor [NOMBRE TACHADO], identificado con cédula de ciudadanía No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en La Uvita, en su condición de Alcalde Municipal de La Uvita, periodo constitucional 2008 – 2011,en las circunstancias señaladas en la parte motiva del proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior SANCIONAR DISCIPLINARIAMENTE al señor [NOMBRE TACHADO], de condiciones civiles ya conocidas, atendiendo lo anotado en la parte motiva de esta providencia, con SUSPENSIÓN por el término de dos (2) meses. Sin embargo, de acuerdo al contenido del Artículo 46 de la ley 734 de 2002, como en estos momentos el disciplinado ha cesado en el ejercicio de las funciones, el término de suspensión se convertirá en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para la época de la comisión de la falta, que según la certificación vista a folio 173, la asignación básica mensual para el año 2010, correspondía a la suma de $2.630.000°°, valor que al multiplicar por dos (2) meses de suspensión, equivale a cinco millones doscientos sesenta mil pesos moneda corriente ($5.260.000°°).
ARTICULO TERCERO: La presente providencia se entiende notificada a los sujetos procesales doctor [NOMBRE TACHADO], en su calidad de defensor e [NOMBRE TACHADO] disciplinado en las presentes en este momento de la audiencia, entendiendo que la misma se surte en estrados y con la advertencia que contra la misma procede el recurso de APELACIÓN ante el Procurador Regional de Boyacá, que deberá sustentarse verbalmente dentro de la misma Audiencia, e inmediatamente se decidirá sobre su otorgamiento. Si no se recurriere la decisión quedará ejecutoriada al terminó de la misma.
ARTICULO CUARTO: En firme la decisión sancionatoria, remitir a la División de Registro y Control los formularios para el registro de la sanción disciplinaria y enviar copia de los fallos, con su constancia de ejecutoria, al funcionario que deba ejecutar la sanción, conforme lo dispuesto en el artículo 172 numeral 2 de la ley 734 de 2002.
ARTICULO QUINTO: Agotado lo anterior, archívese el expediente, previamente el cumplimiento de la Circular No. 055 de Septiembre 23 de 2002, proferida por el señor Procurador General de la Nación.
Déjense las constancias de rigor
NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE,
(original firmado)
TANIA VICTORIA OROZCO BECERRA
Procuradora Provincial
En este estado de la diligencia, la señora Procuradora le concede el uso de la palabra a los sujetos procesales, para que manifiesten si desean impugnar la decisión aquí tomada y notificada en estrados, para ante la Procuraduría Regional de Boyacá. Al respecto y en uso de la palabra el abogado defensor solicita un receso de diez minutos para analizar la decisión que tomarán en relación con el fallo proferido, solicitud que es concedida por el Despacho. Culminado el receso y reanudada formalmente la presente audiencia, se le concede el uso de la palabra al implicado [NOMBRE TACHADO], quien en uso de ella manifestó lo siguiente. Me acojo a lo decidido por el Despacho. No siendo otro, el objeto de la presente diligencia se termina y se firma siendo las 04:00 p.m., una vez leída, aprobada, notificada en estrados y firmada en señal de aprobación..
La Procuradora Provincial,
(originales firmador por)
TANIA VICTORIA OROZCO BECERRA
El investigado,
[NOMBRE TACHADO]
El Defensor,
[NOMBRE TACHADO]
La Profesional Universitario,
YAMILE RODRIGUEZ CARDENAS
El Secretario,
DAIRO FERNEY ALBARRACIN GONZALEZ
CONSTANCIA DE EJECUTORIA
Que la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, mediante fallo verbal de primera instancia número 009 del 04 de agosto de 2014, proferido dentro del proceso IUS 2013-390300, impuso sanción de suspensión por el término de dos meses, convertida en salarios devengados para el año 2010, en un equivalente a la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS m/cte ($5.260.000,oo) al señor [NOMBRE TACHADO], identificado con cédula de ciudadanía número [IDENTIFICACIÓN TACHADA] expedida en La Uvita – Boyacá, en su condición de Alcalde Municipal de La Uvita - Boyacá, periodo constitucional 2008-2011.
Que el disciplinado [NOMBRE TACHADO] y/o su apoderado, no presentaron recurso contra el fallo citado.-
En consecuencia el día cuatro (04) de agosto de 2014, cobró firmeza y quedó ejecutoriado el fallo de primera instancia número 009 del 04 de agosto de 2014, proferido dentro del proceso IUS 2013-390330 proferido por la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, confirmado por la Procuraduría Regional de Boyacá mediante fallo de segunda instancia número 011 del 30 de abril de 2014, de conformidad con lo previsto en el artículo 119 de la Ley 734 de 2002. En constancia se firma.
(original firmado)
DAIRO FERNEY ALBARRACIN GONZALEZ
SECRETARIO PROCURADURÍA

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Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — CONTRATO ESTATAL. 2014-08-04. Rad. IUS 2013-390300. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201603052352280.DOCX).
