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FALTA DISCIPLINARIA-No hay tipicidad de la conducta dado que la nueva norma eliminó los deberes reprochados relacionados con la publicación de la contratación
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-Es de plena aplicación en el campo disciplinario/
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-Está ampliamente ligado al principio de legalidad y a la aplicación de la ley en el tiempo
Para comprobar el alcance de este principio en materia disciplinaria, es bueno hacer referencia a lo expuesto por la Corte Constitucional.
…Así que de acuerdo a lo dicho por la alta corporación, es de plena aplicación el principio de favorabilidad en el campo disciplinario.
…Notamos que el principio de favorabilidad está ampliamente ligado al principio de legalidad y a la aplicación de la ley en el tiempo.
APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO-Aplicación del principio de favorabilidad
En el caso concreto manifiestan los impugnantes que el deber consagrado en la norma presuntamente violada salió del ordenamiento jurídico en virtud de la derogación de la misma y que era menester aplicar la norma posterior por resultar más favorable a los disciplinados.
En ese sentido, respecto de la aplicación general de las normas en el tiempo se ha expresado la Corte Constitucional en sentencia C- 619 de 2001.
…Usando lo dicho por la Corte Constitucional respecto a la aplicación de la ley en el tiempo con relación al caso bajo estudio, encontramos que, efectivamente, la norma disciplinaria que se presenta como infringida por los disciplinados, esto es el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, hace referencia al cumplimiento de los deberes señalados en la Constitución, las leyes y los Decretos, específicamente los contenidos en los artículos 59 y 61 de la Ley 190 de 1995 y los artículos 1, 2, 3 y 6 del Decreto 1477 de 1997, respecto de los contratos de la vigencia 2009.
Es claro que los artículos 59 y 61 de la Ley 190 de 1995 y consecuentemente los artículos 1, 2, 3 y 6 del Decreto Reglamentario 1477 de 1997, fueron derogados por los artículos 223 y 225 del Decreto 9 de 2012, a partir del 1 de junio de 2012.
Por lo que es fácil deducir que los artículos 59 y 61 de la Ley 190 de 1995 y los artículos 1, 2, 3 y 6 del Decreto 1477 de 1997, para el año 2009, contaban con plena vigencia.
PUBLICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL-En cumplimiento del mecanismo de publicidad los contratos estatales del orden nacional debían ser publicados en el Diario Oficial/ DEBER FUNCIONAL-Desarrollo legal de la obligación de publicación y forma de hacerlo
Así que el deber de publicación se concretaba en que a partir de la vigencia de esta Ley, los contratos que celebraran las entidades públicas del orden nacional deberían ser publicados dentro de los tres (3) meses siguientes al pago de los derechos de publicación en el Diario Oficial, respetando el mecanismo de publicidad creado por la norma.
Precepto que debía entenderse en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 3 literal d) de la Ley 1150 de 2007, vigente para el año 2009, época de los hechos investigados, que señalaba que el SECOP estaría integrado, entre otros, por el Diario Único de Contratación Estatal.
El artículo 61 de la Ley 190 de 1995 indicaba que …En este caso el deber de publicación se puntualizaba en que a partir de la vigencia de esta ley, las entidades públicas debían enviar a la Imprenta Nacional una relación de los contratos celebrados que superaren el 50% de su menor cuantía.
Por su lado, el Gobierno Nacional expidió mediante el Decreto 1477 de 1995 la reglamentación de la Ley 190 de 1995, disponiendo en el artículo 1º que la publicación de los contratos de las entidades estatales del orden nacional se debía efectuar bajo la forma del denominado "extracto único de publicación", que fuera un anexo del contrato y que comprendiera solamente los elementos fundamentales de los contratos, los cuales señaló la misma norma.
El artículo 3º del decreto 1477 de 1995 reafirmó la obligación de pago del valor de la publicación del contrato realizada en esta forma, por parte del contratista, cuando preceptuó: «Una vez el contratista haya cancelado el valor de los derechos de publicación y entregue a la entidad contratante la constancia de tal hecho, el ordenador del gasto de las entidades públicas del orden nacional o su delegado remitirá a la Imprenta Nacional de Colombia en original el extracto único de publicación de los contratos por él suscritos, dentro de los diez (10) días siguientes a dicha entrega».
Por lo que el pago de los derechos de publicación del contrato con formalidades plenas, bajo el formato del extracto único de publicación, en el Diario Único de Contratación Pública, instituía un requisito de legalización del contrato y debía ser efectuado por el contratista, mediante la entrega a la entidad estatal del correspondiente recibo de pago a la Imprenta Nacional de Colombia, con lo cual se entendía cumplido el requisito, de acuerdo con los artículos 60 de la Ley 190 de 1995 y 3º del Decreto 1477 de 1995.
PUBLICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL-Contratos celebrados por las entidades estatales de todos los órdenes que superaban el 50% de su menor cuantía/PUBLICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL-Cumplimiento con envío de relación o declaración
Situación distinta se predicaba de la remisión a la Imprenta Nacional de Colombia, de la relación mensual de los contratos celebrados por las entidades estatales de todos los órdenes, que superaban el 50% de su menor cuantía, la cual constituía una obligación de las entidades mismas, conforme a los artículos 61 de la Ley 190 de 1995 y 6º del Decreto 1477 de 1995, relación que podía sustituirse, en el caso de las entidades del orden nacional, por una declaración de que la totalidad de los contratos celebrados el mes anterior habían sido enviados para su publicación, bajo el formato del extracto, a la Imprenta Nacional.
PUBLICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL-Lo que se modificó no fue el deber de publicación sino una forma de realizarlo.
Con todo ello la nueva regla, esto es el artículo 223 del Decreto 9 de 2012, no suprimió el deber de publicación de los contratos, sino que eliminó una forma de realizarlo, tal como lo dejó claro la Corte Constitucional al estudiar la exequibilidad de esta norma.
APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO-La norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista es la que se aplica a esos hechos/ PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-La norma disciplinaria hace parte de los tipos abiertos/ PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-No se puede entender que las normas que le imponen obligaciones a las entidades públicas en materia contractual no lo aplican/DERECHO DISCIPLINARIO-Acepta el sistema de numerus apertus
Visto lo anterior, para la Sala es diáfano que dentro de la Teoría General del Derecho, la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada después; sin embargo, para efectos de la norma disciplinaria aplicada al presente caso, artículo 34 del CDU, de los deberes del servidor público, tal como lo expresaron los apelantes, esta hace parte de los tipos abiertos que caracterizan al Código Disciplinario Único, que deben ser llenados con las normas que los contienen, así que no es de recibo lo expuesto por la primera instancia frente al argumento referente a que en materia disciplinaria (artículo 14 del CDU), la favorabilidad se aplica a la norma que rige la actuación disciplinaria, en cuanto a las conductas y las sanciones que se derivan de las mismas, por lo que las normas que le imponen obligaciones a las entidades públicas en materia contractual, no aplican para el principio de favorabilidad alegado por la defensa.
No en vano, la Corte Constitucional considera razonable que el Derecho Disciplinario, como un cuerpo normativo, esté integrado «[...] por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, independientemente de cuál sea el órgano o la rama a la que pertenezcan», aceptando el sistema de numerus apertus « Dado que en un Estado de Derecho las autoridades sólo pueden hacer lo que les está permitido, el régimen disciplinario se caracteriza, a diferencia del penal, porque las conductas constitutivas de falta disciplinaria están consignadas en tipos abiertos, ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos donde se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de los actos antijurídicos de los servidores públicos » , por lo que no podemos excluir de la aplicación del principio de favorabilidad a aquellas normas que le imponen obligaciones a las entidades públicas en materia contractual, y que expresan deberes contenidos en las mismas.
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-Tiene restricciones para su aplicación en los procesos contractuales/ PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-En materia contractual no hay sanción sino fijación de parámetros
Si bien es cierto que el principio de favorabilidad tiene restricciones para su aplicación en los procesos contractuales, en la medida en que una entidad pública no debe darle aplicación, por ejemplo, cuando se presenta una contradicción en el pliego de condiciones entre el título de una norma y el contenido de la misma que establece un criterio para evaluar el tiempo de experiencia y cumplimiento por parte del contratista, pero ello tiene fundamento es en que no se está frente a una competencia sancionadora, disciplinaria o punitiva de la administración pública, sino de cara a un precepto que tiene como contenido y alcance establecer un criterio de valoración de experiencia y cumplimiento, sin que con ello se esté imponiendo una sanción o se discipline a los proponentes, ya que no puede imprimírsele un contenido sancionatorio a un precepto del pliego de condiciones que lo único que hace es fijar un parámetro de calificación basado en la experiencia de los proponentes en la ejecución de contratos estatales, razón por la cual no se puede equiparar un criterio de valoración de experiencia y cumplimiento en un proceso de licitación pública, ni ningún otro procedimiento en materia contractual, con una sanción de índole administrativa en la que sí es dable la aplicación de este principio.
DEBIDO PROCESO-Tiene dos expresiones desde el derecho administrativo/ DEBIDO PROCESO-En el derecho administrativo sancionador es aplicable el principio de favorabilidad
Corolario de lo anterior es lo expresado por el Consejo de Estado, de cara al contenido del artículo 29 de la Carta Política de 1991, en cuanto a que el debido proceso tiene dos expresiones desde el derecho administrativo. «(…) i) el derecho al debido proceso en el derecho administrativo no sancionador y ii) el derecho al debido proceso en el derecho administrativo sancionador […] en este último será predicable el principio de favorabilidad», exponiendo que en el derecho administrativo sancionador se trata de situaciones en las cuales el Estado ejerce una potestad que es excepcional o exorbitante consistente en la posibilidad de imponer sanciones.
Así las cosas, contrario a la tesis del a quo, las normas que le imponen obligaciones a las entidades públicas en materia contractual, al ser aplicadas en un juicio administrativo sancionatorio, aplican para el principio de favorabilidad, con fundamento en el debido proceso propio de este tipo de causas.
TIPICIDAD-Constituye una concreción o derivación del principio de legalidad
En relación al principio de tipicidad es bueno anotar lo señalado por la Corte Constitucional en su sentencia C- 796 de 2004, en cuanto este constituye una concreción o derivación del principio de legalidad, respecto del cual la misma sentencia marca que constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de todos los asociados al permitirles conocer de manera anticipada las conductas que son reprochables y las sanciones aplicables. Expresando además: «Que el ius puniendi del Estado sea reglado y sometido a los controles necesarios, es precisamente uno de los objetivos que persigue el Estado de Derecho, en cuanto representa la forma de garantizar la plena vigencia de los derechos y garantías de los potenciales encartados, erradicando así la arbitrariedad y el autoritarismo».
DEBER DEL SERVIDOR PUBLICO-Cumplir con la constitución, las leyes y manuales de funciones
Así las cosas, es preciso establecer si la norma posterior que también incluía el deber de la publicación de los contratos fue cumplida en su momento por los implicados y si ello da lugar a la aplicación del principio de favorabilidad, por ello, en orden a establecer la existencia de la conducta imputada y si ella encuadra en la norma disciplinaria presuntamente infringida, la Sala se referirá al numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002; señalado en el auto de cargos y confirmado en la decisión de instancia como violada por los investigados. Seguidamente analizará las pruebas que sustentan los reproches fundantes de la imputación, su evaluación jurídica, para determinar la existencia de la conducta constitutiva del incumplimiento de los deberes, de cara a los argumentos planteados por los recurrentes en los escritos de apelación.
…La Sala nota que la norma anterior, señalada por el sentenciador de instancia como fundamento de las imputaciones hechas a los disciplinados, hace referencia al respeto que debe profesar todo servidor público por el cumplimiento de deberes contenidos en la Constitución, la Ley, los decretos y los manuales de funciones, al tiempo que la complementa con los artículos 59 y 61 de la Ley 190 de 1995 y los artículos 1, 2, 3 y 6 del Decreto Reglamentario 1477 de 1997, como aquellas que contienen, de manera específica, el deber presuntamente incumplido por los disciplinados.
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-La nueva ley le quitó el carácter de falta disciplinaria a la que con la antigua ley lo era
…Las anteriores pruebas permiten determinar que CORPORINOQUIA no diligenció el extracto único de publicación y su posterior envío a la Imprenta Nacional de Colombia para su publicación en el Diario Único de Contratación, como tampoco envió a la Imprenta Nacional la relación de los contratos celebrados que superaban el 50% de su menor cuantía, para la vigencia 2009, y que la nueva ley prescindió explícitamente de esa forma de realizar la publicación en materia contractual, eliminando la publicación en medio escrito como el Diario Único de Contratación y optando por un medio electrónico, no impreso -Sistema Electrónico de Contratación Estatal, SECOP-, que cumple y cumplía la misma finalidad de hacer público el conocimiento de dichos actos de la actuación contractual de la administración, lo cual le quitó el carácter de falta disciplinaria a la que con la antigua ley lo era. Para la Sala, este evento envuelve la aplicación de la norma más favorable a los disciplinados, aun cuando aquella sea posterior en el tiempo en que se cometió la falta, dadas las especiales características del presente caso.
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-Ante diversas posturas interpretativas ha de acogerse la más favorable y menos gravosa para disciplinados/PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-La norma se debe de aplicar de manera crítica dando prevalencia a la realidad
La Sala no puede dejar de lado que ante diversas posturas interpretativas ha de acogerse la más favorable y menos gravosa para disciplinados, máxime cuando uno de los principios rectores de la ley disciplinaria se encuentra plasmado en el artículo 14 del CDU y desarrolla el principio de favorabilidad, en tanto la ley permisiva o favorable, aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable, sin que tal enunciado haga distinción entre la norma procesal y la sustantiva, lo cual deja claro que su aplicación es tanto para el procedimiento como en el estudio de fondo al caso determinado.
Lo anterior no significa que se deba prescindir de la norma, sino aplicarla de manera crítica, en tanto que si la norma ofrece diversas soluciones justas y concretas en el tiempo, estas deben dársele el valor que cada una tiene, de ahí que «La tipicidad comporta un aspecto esencial dentro de la lógica de la naturaleza de las cosas ya que el entendimiento de la realidad es meramente tipológico, lo cual no implica la prevalencia del tipo-como formalidad- sobre la realidad, sino más bien su uso adecuado como descripción o explicitación de la realidad».
PUBLICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL-Los disciplinados cumplieron las formas de publicación establecidas en la nueva norma
Y es que aun cuando en este proceso se cuestiona el incumplimiento del deber contenido en los artículos 59 y 61 de la Ley 190 de 1995, norma vigente para la época de los hechos, los disciplinados sí dieron cumplimiento al deber de publicación de los contratos durante la vigencia 2009, ya que estos cumplieron las formas de publicación establecidas en la nueva norma, esto es el artículo 223 del Decreto 9 de 2012, el cual instituyó que los contratos estatales sólo se publicarían en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP, razón por la cual es acertado aplicar el principio de favorabilidad contenido en el artículo 14 de la Ley 734 de 2002 para el caso concreto.
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-Los deberes señalados como incumplidos dejaron de admitir reproche disciplinario porque ya no hacen parte del ordenamiento jurídico
Así las cosas, la Sala no comparte el juicio realizado por la primera instancia al negar el reconocimiento del principio de favorabilidad que tiene raíces constitucionales y legales, para la plena aplicación en el derecho disciplinario, comoquiera que los deberes señalados en los cargos como incumplidos por los investigados dejaron de admitir reproche disciplinario por virtud de que ya no hacen parte del ordenamiento jurídico, ni de la órbita funcional que se predica de los disciplinados, además que la norma posterior que los contiene fue cumplida en su nueva forma.
Por ello, al aplicar el principio de favorabilidad, la norma aplicable que llenaría el tipo en blanco señalado por el sentenciador de instancia correspondería al artículo 223 del Decreto 9 de 2012 y en su defecto el deber exigido a los disciplinados se concretaría en que los contratos estatales sólo se publicarían en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP, deber que aparece cumplido por la entidad y por ende por los disciplinados.
SALA DISCIPLINARIA
Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil quince (2015).
Aprobado en Acta de Sala Extraordinaria N° 34
Radicación No:
161-6110 ( IUS 2010 - 387491)
Disciplinados:
[NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO]
Cargo:
Director General y asesor de CORPORINOQUIA
Origen:
Hallazgo disciplinario
Fecha del informe:
18 de enero de 2011
Fecha de la conducta investigada:
Vigencia 2009
Asunto:
Apelación fallo primera instancia
P.D. PONENTE: Dr. [NOMBRE TACHADO] virtud del recurso de apelación interpuesto y sustentado en legal forma por los señores [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], revisa la Sala Disciplinaria la decisión del 23 de diciembre de 2014, mediante la cual la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa decidió declararlos responsables de la acusación formulada en el pliego de cargos y les impuso la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de diez (10) y seis (6) meses, en su orden.
ANTECEDENTES PROCESALES
Las presentes diligencias tuvieron origen en el informe de la Contraloría Departamental del Casanare de fecha 18 de junio de 2010 en el cual pone en conocimiento de la Procuraduría Regional de Casanare las presuntas irregularidades de parte de funcionarios de CORPORINOQUIA, debido al no diligenciamiento del extracto único de publicación de los contratos vigencia 2009, y su posterior envío a la imprenta nacional de conformidad con lo ordenado en la Ley 190 de 1995 y su Decreto reglamentario 1477 de 1995 (folios 1 a 31 cuad. Original 1).
El 5 de marzo de 2012 la Procuraduría Regional de Casanare inició indagación preliminar contra los señores [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], director General y asesor de CORPORINOQUIA, respectivamente (folios 33 a 35 cuad. Original 1).
El 28 de mayo de 2013 la Procuraduría Regional de Casanare dispuso remitir por competencia las diligencias a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa (Reparto) (folios 41 a 44 cuad. Original 1).
El 16 de julio de 2013 la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra los dos servidores públicos involucrados (folios 47 a 50 cuad. Original 1).
El 3 de marzo de 2014 la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa decidió el cierre de la investigación disciplinaria (folio 165 cuad. Original 1).
El 10 de abril de 2014 la delegada instructora les formuló pliego de cargos a los dos implicados (folios 174 a 199 cuad. Original 1), surtiéndose la notificación personal al apoderado del señor Héctor Piraguata el 24 de junio de 2014 (folio 216 cuad. Original 2), quien presentó descargos y solicitó pruebas (folios 221 a 234 cuad. Original 2) y la notificación personal al defensor de oficio del señor [NOMBRE TACHADO] 12 de agosto de 2014 (folio 266 cuad. Original 2), quien presentó descargos y solicitó pruebas (folios 275 a 286 cuad. Original 2), también presentó descargos el investigado señor Puerto Góngora sin solicitar pruebas (folios 268 a 272 cuad. Original 2). La Delegada decretó algunas pruebas solicitadas con los descargos y negó otras (folios 294 a 298 cuad. Original 2).
El 5 de noviembre de 2014 el funcionario instructor dio traslado a las partes para alegar (folios 376 a 377 cuad. Original 2), quienes hicieron uso de este derecho el 19 de noviembre y el 2 de diciembre de 2014 (folios 490 a 497 y 499 a 402 cuad. Original 2).
El 23 de diciembre de 2014 profirió fallo de primera instancia mediante el cual les impuso las sanciones disciplinarias a los señores [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO] de suspensión en el ejercicio de sus cargos por el término de diez (10) y seis (6) meses respectivamente (folios 507 a 544 cuad. Original 2); Dicha decisión, habiendo sido notificada, fue impugnada por la defensa del [NOMBRE TACHADO] y en causa propia por el señor [NOMBRE TACHADO] (folios 550 a 560 y 562 a 574 cuad. Original 2).
El 5 de enero de 2015 la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación (folio 575 cuad. Original 2).
II.FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Los fundamentos de la decisión de primera instancia en relación con los cargos formulados a los implicados, de los cuales se desprende la responsabilidad disciplinaria, se resumen en los siguientes términos (folios 507 a 544 cuad. Original 2):
El a quo en su fallo de instancia identifica a los investigados, hace un recuento de los antecedentes procesales, relata la conducta reprochada a los disciplinados, relaciona las pruebas recaudadas en el curso de la audiencia, se refiere a las explicaciones y alegatos de conclusión presentados por los encartados.
La delegada, para establecer la imposición de la sanción disciplinaria al señor [NOMBRE TACHADO] expuso la siguiente argumentación jurídica:
Se refirió a los dos cargos endilgados al disciplinado consistentes en: i) haber omitido el envío a la Imprenta Nacional de Colombia de la relación de los contratos celebrados por CORPORINOQUIA, entidad que dirigía, para la vigencia 2009, que superaban el 50% de la menor cuantía con la información contenida en el artículo 61 de la Ley 190 de 1995, ii) haber omitido el diligenciamiento del extracto único de publicación, correspondiente a los contratos celebrados por CORPORINOQUIA en vigencia 2009 y su posterior envío a la Imprenta Nacional de Colombia para su publicación en el Diario Único de Contratación.
Sostuvo que el investigado incumplió sus funciones como Director General de CORPORINOQUIA porque no cumplió la obligación de las entidades públicas de remitir a la Imprenta Nacional de Colombia la relación de los contratos que superan el 50% de su menor cuantía y el diligenciamiento de los extractos únicos de publicación correspondientes, según lo ordenado por el Decreto 1477 de 1995 que reglamentó la Ley 190 del 6 de junio de 1995 en materia de publicación de contratos en el Diario Único de Contratación Pública.
Indicó que el incumplimiento de la norma por parte del disciplinado estaba soportada en las pruebas obrantes en el expediente y en el mismo informe de hallazgo allegado por la Contraloría General de la República, así se corroboró el incumplimiento objetivo de las obligaciones en ella consignada dada su calidad de representante legal, del manejo de la actividad contractual y del cumplimiento de los deberes asignados en razón a su función de ordenador del gasto.
Desestimó el argumento de la defensa frente al análisis de la ilicitud sustancial, indicando que la desconcentración de funciones no puede ser la base para predicar la total irresponsabilidad de los servidores públicos en quienes se encuentra delegada la función de ejercer la dirección de las actividades contractuales y de ordenación del gasto, como en el caso presente, máxime cuando el diligenciamiento del extracto único de publicación fue concebido como una obligación exigible única y exclusivamente al ordenador del gasto de la entidad.
Afirmó que no compartía la responsabilidad que le pretendía endilgar la defensa a la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta que las obligaciones asignadas a esa dependencia se orientaban a brindar apoyo a la gestión institucional.
Adicionó que los diferentes mecanismos que adoptó CORPORINOQUIA, para optimizar su gestión y la publicación que se hiciera de los contratos en la página del SECOP y en la gaceta de la entidad, no suplía las exigencias de diligenciar el extracto único y la remisión de la relación de los contratos que superaban el 50% de su menor cuantía, toda vez que estas publicaciones difieren en sus fines últimos.
Respecto al principio de favorabilidad comentó que los hechos datan del año 2009 periodo en el cual la Contraloría General de la República detectó el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 190 del 6 de junio de 1995 y el Decreto 1477 de 1995, norma que se mantuvo vigente hasta enero de 2012 cuando entró a regir el Decreto Legislativo 019 anti trámites; pero que en materia disciplinaria (artículo 14 del CDU), la favorabilidad se aplica a la norma que rige la actuación disciplinaria, en cuanto a las conductas y las sanciones que se derivan de las mismas, por lo que las normas que le imponen obligaciones a las entidades públicas en materia contractual, no aplican para el principio de favorabilidad alegado por la defensa.
Manifestó que al quedar demostrado el incumplimiento de los deberes consagrados en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y con ello la desatención del deber, bajo el entendido que la norma violada iba encaminada a establecer parámetros de comparación en la contratación pública y evitar con ello actos de corrupción en materia contractual, el disciplinado ocasionó el entorpecimiento del normal desarrollo de la función pública por lo que consideró su conducta generadora de ilicitud sustancial.
En cuanto a la culpabilidad consideró la necesidad de variar la calificación de la culpa establecida para el primer cargo, de culpa gravísima a culpa grave en atención al artículo 44 de la Ley 734 de 2002, por inobservancia de cuidado necesario que cualquier persona imprime a sus actuaciones y mantuvo la imputación hecha a título de culpa grave para el segundo cargo formulado al investigado.
Atañido a la calificación de la falta varió la calificación del primer cargo de falta gravísima a falta grave atendiendo el numeral 9 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002 y en cuanto al segundo cargo mantuvo la calificación de falta grave, teniendo en cuenta el grado de culpabilidad, la jerarquía y mando que tenía el señor [NOMBRE TACHADO] y la perturbación del servicio.
De acuerdo a los criterios de graduación de la sanción establecidos en los literales i) y j) del artículo 47 de la Ley 734 de 2002 la sanción que impuso fue de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de diez (10) meses que según el artículo 46 ídem será la suma de los salarios devengados por el encartado para la época de los hechos.
La delegada, para establecer la imposición de la sanción disciplinaria al señor [NOMBRE TACHADO] expuso la siguiente argumentación jurídica:
Se refirió a los dos cargos endilgados al disciplinado consistentes en haber omitido sus labores como asesor jurídico en materia contractual, en lo concerniente a: i) el envío a la Imprenta Nacional de Colombia de la relación de los contratos celebrados por CORPORINOQUIA, para la vigencia 2009 que superaban el 50% de la menor cuantía con la información contenida en el artículo 61 de la Ley 190 de 1995, y ii) el diligenciamiento del extracto único de publicación, correspondiente a los contratos celebrados por CORPORINOQUIA en vigencia 2009 y su posterior envío a la Imprenta Nacional de Colombia para su publicación en el Diario Único de Contratación.
Advirtió acerca de la similitud de los argumentos defensivos expuestos y de las conductas imputadas.
Después de establecer el vínculo y el cargo desempeñado por el disciplinado en CORPORINOQUIA, así como las funciones señaladas por el respectivo Manual a su cargo de asesor de la Oficina Legal Ambiental, en cuanto a la prestación de asesoría jurídica referente a la contratación a las dependencias de la Corporación que lo requieran, trajo a colación las pruebas obrantes en el expediente que daban cuenta del incumplimiento de la obligación contenida en la Ley 190 del 6 de junio de 1995 y el Decreto 1477 de 1995, por parte de CORPORINOQUIA
Agregó que son desacertadas las argumentaciones del señor Puerto Góngora manifestadas en su defensa, en la medida en que la razón de ser de las normas inobservadas por CORPORINOQUIA es la de realizar una comparación y evaluación de los diferentes aspectos concernientes a los procesos de contratación de la entidad, con el fin de que el Gobierno Nacional ejerciera control sobre la gestión de las entidades públicas y evitar con ello actos de corrupción y la publicación de los contratos realizada en la Gaceta de CORPORINOQUIA y a través del SECOP no cumplía la misma finalidad, pues esta última se orienta a comunicar a la población en general interesada en los procesos contractuales.
Expresó, respecto al principio de favorabilidad, los mismos términos indicados para el caso del señor [NOMBRE TACHADO], en cuanto a que los hechos datan del año 2009 periodo en el cual la Contraloría General de la República detectó el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 190 del 6 de junio de 1995 y el Decreto 1477 de 1995, norma que se mantuvo vigente hasta enero de 2012 cuando entró a regir el Decreto Legislativo 019 anti trámites; pero que en materia disciplinaria (artículo 14 del CDU), la favorabilidad se aplica a la norma que rige la actuación disciplinaria, en cuanto a las conductas y las sanciones que se derivan de las mismas, por lo que las normas que le imponen obligaciones a las entidades públicas en materia contractual, no aplican para el principio de favorabilidad alegado por la defensa.
Explicó que al quedar demostrado el incumplimiento de los deberes consagrados en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y en la Resolución N° 200.15.05.0974 y con ello la afectación del deber, bajo el entendido que las obligaciones desatendidas y que fueron impartidas por el legislador a las entidades públicas del orden nacional, iba encauzada a establecer parámetros de comparación en la contratación pública y evitar con ello actos de corrupción en materia contractual, el disciplinado ocasionó el entorpecimiento del normal desarrollo de la función pública por lo que consideró su conducta generadora de ilicitud sustancial.
En cuanto a la culpabilidad razonó manteniendo la calificación de la culpa establecida en los dos cargos de culpa grave en atención a la inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona imprime a sus actuaciones.
En lo concerniente a la calificación de la falta para los dos cargos endilgados al disciplinado mantuvo la calificación de falta grave, teniendo en cuenta la jerarquía del cargo de jefe de la Oficina Legal Ambiental y la perturbación del servicio.
De acuerdo al criterio de graduación de la sanción establecido en los literales i) y j) del artículo 47 de la Ley 734 de 2002 y a la gravedad de la falta cometida, la sanción que impuso fue de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de seis (6) meses que según el artículo 46 ídem será la suma de los salarios devengados por el investigado para la época de los hechos.
III.RECURSO DE APELACIÓN
1. DEL SEÑOR [NOMBRE TACHADO].
La defensa del señor [NOMBRE TACHADO] solicitó la revocatoria del fallo impugnado y que en su lugar se absuelva de toda responsabilidad a su defendido como quiera que su conducta no fue constitutiva de falta disciplinaria y además se encuentra cobijada en el principio de favorabilidad. Las razones jurídicas que fundamentan sus pedimentos son las siguientes:
1.1. Del principio de favorabilidad.
Manifestó su inconformidad frente a la interpretación de la prerrogativa contemplada en el artículo 147 de la Ley 734 de 2002, concerniente al principio de favorabilidad, al considerar que la norma disciplinaria presuntamente violada por su defendido es genérica, por lo que el fallador tuvo que acudir a aquellas normas que en forma concreta determinan en qué consistía el deber supuestamente desconocido, estos son los artículos 59 y 61 de la Ley 190 de 1995 y los artículos primero y sexto del Decreto 1477 de 1995, deberes que aun cuando estaban en vigencia para el momento de los hechos analizados, fueron suprimidos en atención al Decreto Ley 019 de 2012 y en razón a ello se derogaron los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 190 de 1995 y por ende sus normas regulatorias, específicamente el Decreto 1477 de 1995.
Discurrió acerca de la dogmatica de la tipicidad disciplinaria a la luz de la jurisprudencia constitucional y la misma Procuraduría General de la Nación, en cuanto ella está sustentada en un sistema de numerus apertus o de cláusula abierta, por lo cual se admite la presencia de tipos en blanco y de tipos abiertos, así que al ser derogados por una norma posterior los deberes presuntamente incumplidos, no resulta dable exigir el cumplimiento de éstos, por lo que es menester aplicar el principio de favorabilidad, pues tales deberes dejaron de comportar reproche disciplinario por virtud de que ya no hacen parte del ordenamiento jurídico, ni de la órbita funcional que se predica del disciplinado, por lo que consideró que la primera instancia erró al negar el reconocimiento de tal principio que es de arraigo constitucional.
Se refirió al concepto C-156-06 emanado de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios y a la Sentencia T-233 del 25 de mayo de 1995 de la Corte Constitucional, respecto de la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria, en tanto la ley permisiva o favorable, aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
1.2. De la estructuración del ilícito disciplinario.
Exteriorizó su discrepancia de cara a la adecuación típica de la conducta, pues consideró que la primera instancia no determinó si el comportamiento omisivo presuntamente desplegado por el encartado presentaba relación causal con la inobservancia del deber reclamado.
Expresó que el a quo se limitó a indicar que el disciplinado omitió lo dispuesto en la Ley 190 de 1995 sin detenerse a analizar si en él confluían tales deberes o si por la figura de la delegación o desconcentración, los mismos recaían en otro funcionario y le endilga un comportamiento que no se compadece con las funciones que directamente debía adelantar derivando su argumentación en una responsabilidad objetiva ya prescrita, al precisar que por ser directivo de Corporinoquia y ordenador del gasto debía realizar las demás gestiones y labores de la contratación de la entidad, desconociendo además las reglas de la sana critica, la experiencia y el sentido común, pues dadas las características de la entidad esta cuenta con un departamento específico para tales labores. Insistió en que el disciplinado en calidad de ordenador del gasto si bien debía suscribir el extracto único, ello no significaba que también debía enviarlo y asumir objetivamente la responsabilidad del mismo en la omisión de la obligación.
Controvirtió el análisis de los testimonios practicados a los funcionarios de Corporinoquia, en los que se demuestra que el implicado desconocía la omisión informada por el ente de control fiscal, situación que le impedía ordenar, coordinar e incluso asumir directamente y personalmente los correctivos necesarios y específicos de esa forma de publicación, máxime cuando fue diligente al proporcionar los medios tecnológicos necesarios para que en la dependencia encargada se llevaran a cabo todas aquellas obligaciones que en materia contractual se requerían cumplir, y tampoco sus directrices fueron las de omisión de las normas contractuales estatales ni de sus principios, pues pese a no cumplir con rigurosidad y exactitud cada una de estas, sabía de la obligación de cumplir con la publicidad de los procesos contractuales y de los contratos en sí, sin desconocer que ello estaría de acuerdo con las directrices que la Oficina Jurídica debía prestar, desconociendo el error u omisión de la misma.
Informó que tal fue la eficiencia y eficacia del investigado en el desempeño de su cargo que creó y organizó el Grupo de Desarrollo Organizacional, además mediante Resolución N° 200-41-08-0279 del 18 de marzo de 2008 redefinió las instancias para la implementación, desarrollo y mejoramiento continuo de los Sistemas de Control Interno (Modelo MECI 1000:2005) y de Gestión de la Calidad (NTCGP 1000:2004), estableciendo en su artículo 25, el cual transcribe, las responsabilidades que les asistían a los subdirectores y jefes de oficinas, además de las funciones asignadas en el Manual Específico de Funciones y Requisitos, en relación con la implementación de dicho sistema. A su vez llevó a cabo la culminación satisfactoria del proceso de certificación ISO 9000, haciendo mención a la declaración de la jefe de la Oficina de Control Interno para la época de los hechos, para referirse a la ejecución de acciones de esa dependencia, bajo la directriz del disciplinado para dar cumplimiento a la transparencia de las actividades contractuales, según los documentos allegados al proceso por la declarante, los cuales relacionó. Aclaró que no pretendía endilgar la responsabilidad a la Oficina de Control Interno.
Hizo mención a los límites otorgados por el principio de confianza en aquellas actividades que involucran la actividad de un grupo numeroso de personas, trayendo a colación la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 9 de febrero de 2005 relacionada por la primera instancia, de la cual dijo que debía tenerse en cuenta a favor del disciplinado, pues este principio radica en la obligación de objetar o corregir los errores manifiestos de otros; pero en este caso su defendido desconocía los errores y omisión de la actividad específicamente ejercida por la dependencia competente para ese fin, que era la Oficina Jurídica, bajo la supervisión y coordinación del asesor jurídico y no por funcionarios coordinados directamente por el director general de la entidad, además no se tuvo en cuenta el desconocimiento de todas y cada una de las normas y procedimientos relacionados a la especialidad de la contratación estatal por parte del encartado, trayendo las declaraciones de la señora [NOMBRE TACHADO] y Yaneth Holguín, ya que no fue informado por parte de la Oficina de Control Interno y Gestión de Calidad de algún yerro en el resultado de los procesos.
De la ilicitud sustancial dijo que el funcionario instructor no precisó el alcance del comportamiento de su defendido, si en efecto estorbó la buena gestión administrativa y por ende sus principios; sino que juzgó el deber por el deber mismo, sin que existiera claridad en qué consistió la supuesta infracción al deber funcional, pues está claro que la omisión endilgada no tuvo consecuencias nocivas para la administración, ni impidió el normal desarrollo de la función, ni causó detrimento patrimonial alguno ni se impidió los cometidos de los contratos ni se faltó a la ética y honestidad por parte del investigado.
1.3. De la culpabilidad.
Advirtió que de la evaluación que hace el operador disciplinario del aspecto subjetivo debe tener pruebas que le permitan determinar si existe una conducta constitutiva de falta disciplinaria, y en el caso de su defendido sus actuaciones no pueden ser constitutivas de falta disciplinaria y no puede tener un nexo causal con el incumplimiento del diligenciamiento del formato y envío de ésta información a la Imprenta Nacional, pues esta no era una actividad puntual que debía ejecutar.
Indicó que el disciplinado comprendía la obligación de la publicación de los procesos pre y contractuales, sin manejar en detalle los requisitos, formalidades y condiciones que la ley contractual estipula, conocía de la existencia del SECOP, como portal único de contratación, la función que cumplía la Gaceta Oficial y la página web de la entidad, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2474 de 2008.
Consideró que el fallador de instancia no precisó el por qué, en efecto la falta se cometió a título culposo, pues no determinó como se violó el deber objetivo de cuidado y por qué tales deberes de precaución se deducían del investigado y por qué su desconocimiento era a él atribuible. Así que se cometió despropósito al evacuar con meras conjeturas en ambos cargos, sin que existieran elementos de pruebas para determinar las mencionadas circunstancias.
2. DEL SEÑOR [NOMBRE TACHADO].
El señor [NOMBRE TACHADO] solicitó la revocatoria del fallo impugnado y que en su lugar se archive definitivamente la presente actuación disciplinaria. Las razones jurídicas que fundamentan sus pedimentos son las siguientes:
Una vez consignados los hechos que dieron lugar a las presentes diligencias y las actuaciones procesales que llevaron al fallo recurrido, hizo un resumen de las argumentaciones esbozadas por el fallador de instancia refiriéndose a los siguientes tópicos:
2.1. De la publicación de los contratos.
Sostuvo que con las tres publicaciones a las que se refirió en el oficio del 11 de febrero de 2010 dirigido a la Contraloría General de la República, esto es en la página web de CORPORINOQUIA y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, se cumplió la finalidad de la publicación, esto es el acceso fácil, oportuno, idóneo y eficaz del público, lo cual tiende obviamente a evitar actos de corrupción en materia contractual.
Advierte que se cuestiona es la forma de realizar la publicación de contratos estatales, más no la de publicar tales contratos. La publicación de los contratos en el SECOP cumplía y cumple la misma finalidad que la publicación en medio escrito como el Diario Único de Contratación. El SECOP pretende alcanzar dos objetivos: pulcritud en la selección del contratista y condiciones de contratación más favorables para el Estado.
Disertó acerca de la contratación pública electrónica (artículo 3 de la Ley 1150 de 2007) y las herramientas con que cuenta el SECOP, para rebatir los argumentos de la primera instancia frente a la finalidad de las publicaciones tanto la contenida en la norma presuntamente violada y la realizada por la entidad, indicando que la Ley 1150 de 2007 facultó al Gobierno Nacional para implementar los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades públicas debían garantizar la publicidad de todos los procedimientos de la contratación estatal, a través del SECOP, así que no compartió lo dicho por la Delegada en el sentido que no se podían establecer parámetros de comparación y evitar actos de corrupción en la contratación pública con la publicación en el SECOP.
Alegó que el diligenciamiento del extracto único de publicación de los contratos celebrados y el envío a la Imprenta Nacional de la relación de los contratos celebrados que superen el 50% de su mínima cuantía no son los únicos medios idóneos para establecer parámetros de comparación en la contratación pública, por ello el legislador encontró pertinente eliminar el Diario Único de Contratación Pública y dispuso que los contratos celebrados sólo se publicarán en el SECOP. Entonces, se hace el siguiente cuestionamiento: ¿Cuál es el grado de perturbación del servicio cuando desde el año 2007 se comenzó a implementar el SECOP el cual permitía y permite también establecer parámetros de comparación en la contratación pública y evitar con ello actos de corrupción?
2.2. Del principio de favorabilidad.
Se refirió al artículo 223 del Decreto Legislativo 019 de 2012 el cual estableció que a partir del 1 de junio de 2012 los contratos celebrados sólo se publicarían en el SECOP y en consecuencia no requerían la publicación en el Diario Único de Contratación Pública de la Imprenta Nacional, advirtiendo que dicha norma no abolió el deber de publicar el contrato estatal sino que suprimió una forma de realizarlo, dejando un medio electrónico, el SECOP, que cumple la misma finalidad de hacer público el conocimiento de dichos actos, por lo cual no es pertinente adelantar proceso disciplinario alguno sustentado en omisiones a una norma que fue eliminada un año antes de haberse ordenado abrir la investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Razonó acerca del principio de favorabilidad a la luz de la norma constitucional y disciplinaria y de la jurisprudencia constitucional, así como de los deberes contenidos en el numeral 1 del artículo 34 del CDU, especialmente el segundo inciso de “los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integran a este código”, en el que se fundamenta para argumentar que en el caso que nos ocupa sí aplica este principio, en tanto que la norma que fue objeto de derogatoria y cuyo desconocimiento se reprocha tiene que ver con los deberes de todo servidor público consagrados taxativamente en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Mencionó que al momento de proferir el fallo apelado estaba en vigencia el artículo 223 del Decreto Legislativo 019 de 2012, así que la omisión en el cumplimiento del deber contenido en la Ley 190 del 6 de junio de 1995 y el Decreto 1477 de 1995, desapareció, siendo entonces menester la aplicación del principio de favorabilidad, ante la variación del supuesto de hecho que venía a completar el tipo disciplinario imputado. Debiendo aplicarse la favorabilidad retroactivamente dado el tránsito de legislación que eliminó la conducta como falta disciplinable.
Concluyó diciendo que la no aplicación del principio de favorabilidad en el fallo atacado pone en evidencia la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
2.3. De la errónea sustentación para la calificación de la conducta.
Insistió en que no hubo perturbación del servicio, ya que se realizó la publicación en el SECOP que permitía y permite también establecer parámetros de comparación en la contratación pública y evitar con ello actos de corrupción.
Advirtió que la primera instancia se inventa el ejercicio de un cargo cuando señaló como criterio para calificar la conducta “la jerarquía del cargo de jefe de la Oficina Legal Ambiental” cuando en otros apartes siempre mencionó el cargo de asesor de tal oficina.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA
De la competencia de la Sala Disciplinaria
La Sala Disciplinaria, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000, tiene competencia para desatar los recursos de apelación interpuestos por los sancionados, en los términos previstos en los artículos 111, 112 y 115 de la Ley 734 de 2002.
De la concesión de los recursos de apelación.
Los recursos de apelación fueron interpuestos y sustentados así:
El del señor [NOMBRE TACHADO], por apoderado, el día 2 de enero de 2015 (folios 562 a 574 cuad. Original 2), y el del señor [NOMBRE TACHADO] día 29 de diciembre de 2014 (folios 550 a 560 cuad. Original 2).
La notificación a los implicados se dio de la siguiente manera:
La del apoderado del señor [NOMBRE TACHADO], se surtió de manera personal el 29 de diciembre de 2014 (folios 548 cuad. Original 2), por lo que el término para la interposición del recurso de apelación expiraba el día 2 de enero de 2015.
La del señor [NOMBRE TACHADO] por vía email de fecha 23 de diciembre de 2014 (folios 546 cuad. Original 2), por lo que el término para la interposición del recurso de apelación debía expirar el día 29 de diciembre de esa misma anualidad; pero dado que la última notificación se surtió el 29 de diciembre de 2014 el término para interponer el recurso se extiende hasta el día 2 de enero de 2015, según el artículo 111 de la Ley 734 de 2002.
Por lo tanto, el auto proferido por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa el 5 de enero de 2015 (folio 575 cuad. Original 2), por medio del cual se concedieron, en el efecto suspensivo, los recursos de apelación interpuestos contra la providencia de fecha 23 de diciembre de 2014 (folios 507 a 544 cuad. Original 2), se encuentra ajustado a derecho.
Del estudio del asunto objeto del recurso
El artículo 142 de la Ley 734 de 2002, reza: «No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado »; de ello se desprende que después de realizado un análisis valorativo de las pruebas arrimadas al proceso no se presenten dudas acerca de la existencia de la falta ni de la responsabilidad del implicado en su cometido, sino que conduzcan al juez, en grado de certeza, al establecimiento del reproche.
En este orden de ideas, la Sala hará un examen de la realidad o conducta constitutiva de la falta, desde la perspectiva de la norma, la voluntad y conocimiento de esa realidad, así como del conjunto de condiciones externas que sirven de contexto de la misma, en torno a las imputaciones objeto de los cargos y los argumentos expuestos por los impugnantes, buscando determinar la existencia o no de la falta disciplinaria, así como la responsabilidad en su comisión, en el caso que ella existiere, para lo cual se parte por transcribir los cargos endilgados a cada disciplinado.
Cargos confirmados en el fallo de primera instancia al Señor [NOMBRE TACHADO].
Primer cargo.
El primer cargo formulado al señor [NOMBRE TACHADO], fue el siguiente:
Al señor [NOMBRE TACHADO] le imputa, presuntamente, haber omitido en su calidad de director de CORPORINOQUIA, el envío a la Imprenta Nacional de Colombia de la relación de contratos celebrados por dicha entidad, para la vigencia 2009, que superaban el 50% de la menor cuantía con la información contenida en el artículo 61 de la Ley 190 de 1995.
Segundo Cargo.
El segundo cargo formulado al señor [NOMBRE TACHADO], fue el siguiente:
En segundo lugar se le imputa al señor [NOMBRE TACHADO], presuntamente, haber omitido en su calidad de director de CORPORINOQUIA y ordenador del gasto el diligenciamiento del extracto único de publicación, correspondiente a los contratos celebrados por dicha entidad en vigencia 2009 y su posterior envío a la Imprenta Nacional de Colombia para su publicación en el Diario Único de Contratación.
Las conductas desplegadas por el investigado fueron tipificadas en el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, normativa que eleva a falta disciplinaria el no cumplir ni hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, la Ley y los Decretos.
Como normas que contienen los deberes inobservados se indicaron, para el primer cargo, el artículo 61 de la Ley 190 de 1995 y el artículo 6 del Decreto 1477 de 1997, para el segundo cargo, el artículo 59 de la Ley 190 de 1995 y los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 1477 de 1997.
En el auto de cargos, para la primera imputación la falta disciplinaria fue calificada como falta gravísima a título de culpa gravísima; pero como ya se dijo, en el fallo de primera instancia, para ambos cargos, se calificaron las faltas como graves y se determinó que en realidad fueron cometidas con culpa grave, esto es, por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común habría tenido en el ejercicio de las funciones de dirección encomendadas.
Cargos confirmados en el fallo de primera instancia al señor [NOMBRE TACHADO].
Primer Cargo.
El cargo formulado al señor [NOMBRE TACHADO], fue el siguiente:
Al señor [NOMBRE TACHADO] le imputa, presuntamente, haber omitido en su calidad de asesor Código 1020 Grado 7 de la Oficina Legal Ambiental, el cumplimiento de sus labores como asesor jurídico en materia de contratación de CORPORINOQUIA, puntualmente en lo que concierne al envío a la Imprenta Nacional de Colombia de la relación de contratos celebrados por dicha entidad, para la vigencia 2009, que superaban el 50% de la menor cuantía con la información contenida en el artículo 61 de la Ley 190 de 1995.
Segundo Cargo.
[…] se le imputa, presuntamente, haber omitido en su calidad de asesor Código 1020 Grado 7 de la Oficina Legal Ambiental, la realización de sus labores como asesor jurídico en materia de contratación de CORPORINOQUIA, concretamente en lo que concierne al diligenciamiento del extracto único de publicación, correspondiente a los contratos celebrados por dicha entidad en vigencia 2009 y su posterior envío a la Imprenta Nacional de Colombia para su publicación en el Diario Único de Contratación.
Las conductas desplegadas por el investigado fueron tipificadas en el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, normativa que eleva a falta disciplinaria el no cumplir ni hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, la Ley y los Decretos.
Como normas que contienen los deberes inobservados se indicaron, para el primer cargo, el artículo 61 de la Ley 190 de 1995 y el artículo 6 del Decreto 1477 de 1997, para el segundo cargo, el artículo 59 de la Ley 190 de 1995, los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 1477 de 1997 y la Resolución 200.15.05.0974 (Manual de Funciones).
En el fallo de primera instancia, para ambos cargos, se mantuvo la calificación de las faltas hecha en el pliego de cargos como graves, así como el grado de culpabilidad a título de culpa grave, esto es, por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común habría tenido en el ejercicio de las funciones de asesor encomendadas.
Análisis y valoración jurídica de las pruebas y del recurso de apelación interpuesto.-
Según el parágrafo único del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, el recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar sólo los aspectos impugnados y los que resulten vinculados, de manera inescindible, al objeto de impugnación; en consecuencia, bajo estos presupuestos se realizará el examen valorativo correspondiente.
Pues bien, dada la similitud en los cargos y en las argumentaciones presentadas por los implicados en sus escritos de apelación nos referiremos a los temas abordados para dilucidar el problema planteado a esta dependencia.
Problema planteado.
La Sala advierte que el centro de la inconformidad de los recurrentes, de manera común, es la no aplicación del principio de favorabilidad.
Así las cosas, es necesario que nos refiramos a este principio y a la procedencia de su aplicación dentro del presente asunto, a fin de establecer la responsabilidad de los investigados.
Del principio de favorabilidad.
Para comprobar el alcance de este principio en materia disciplinaria, es bueno hacer referencia a lo expuesto por la Corte Constitucional, cuando indicó que:
La Corte ha considerado obligatorio el respeto del principio de favorabilidad, de conformidad con el cual la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplica de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Frente a este punto, ha advertido que aún cuando el artículo 29 de la Constitución se refiere a la aplicación del principio en “materia penal”, ello “(…) no impide que el legislador lo extienda a otros ámbitos del derecho sancionador, como el disciplinario. Tampoco conduce a que el juez deba interpretar restrictivamente esta garantía, que tiene pleno sentido y especial relevancia dentro de un estado social de derecho en otros contextos punitivos diferentes al penal.
Así que de acuerdo a lo dicho por la alta corporación, es de plena aplicación el principio de favorabilidad en el campo disciplinario.
La misma sentencia Constitucional define los alcances del principio de legalidad en el derecho disciplinario, así:
En lo que se refiere al principio de legalidad, la Corte ha señalado que su carácter imperativo en materia disciplinaria, deviene de la aplicación de varias disposiciones constitucionales, y en virtud de dicho principio, las autoridades administrativas sólo pueden imponer sanciones en aplicación de normas preexistentes, en las que se consagran claramente las conductas que constituyen falta disciplinaria, así como las sanciones que se derivan como consecuencia. Contrario sensu, en la imposición de sanciones, la autoridad respectiva no puede aplicar normas en forma retroactiva, salvo la garantía del principio de favorabilidad, que debe ser analizado en cada caso concreto.
Notamos que el principio de favorabilidad está ampliamente ligado al principio de legalidad y a la aplicación de la ley en el tiempo.
En el caso concreto manifiestan los impugnantes que el deber consagrado en la norma presuntamente violada salió del ordenamiento jurídico en virtud de la derogación de la misma y que era menester aplicar la norma posterior por resultar más favorable a los disciplinados.
En ese sentido, respecto de la aplicación general de las normas en el tiempo ha expresado la Corte Constitucional en sentencia C- 619 de 2001 que:
[…] Con fundamento en las normas constitucionales transcritas, puede afirmarse que en relación con los efectos de la ley en el tiempo la regla general es la irretroactividad, entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia. Obviamente, si una situación jurídica se ha consolidado completamente bajo la ley antigua, no existe propiamente un conflicto de leyes, como tampoco se da el mismo cuando los hechos o situaciones que deben ser regulados se generan durante la vigencia de la ley nueva. La necesidad de establecer cuál es la ley que debe regir un determinado asunto, se presenta cuando un hecho tiene nacimiento bajo la ley antigua pero sus efectos o consecuencias se producen bajo la nueva, o cuando se realiza un hecho jurídico bajo la ley antigua, pero la ley nueva señala nuevas condiciones para el reconocimiento de sus efectos (Subrayas de la Sala).
Así mismo la Corte Constitucional se ha referido a este tópico diciendo:
Entra entonces la Corte a hacer ciertas precisiones necesarias, en relación con el principio de favorabilidad y la aplicación de la ley en el tiempo. En principio, toda disposición legal surte sus efectos atribuyendo consecuencias normativas - deontológicas - a aquellas situaciones de hecho que cumplan dos condiciones: 1) que sean subsumibles dentro de sus supuestos, y 2) que ocurran durante la vigencia de la ley. Con todo, tanto en materia penal como disciplinaria, en virtud del principio de favorabilidad, "la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable" (C.P. art. 29, resaltado fuera de texto). Es decir, las normas más favorables son susceptibles de ser aplicadas retroactivamente, como si hubieran estado vigentes en el momento en que ocurrieron los hechos. Esta aplicación retroactiva es susceptible de darse incluso cuando, durante el proceso, la norma más favorable también es derogada. Ello no supone una aplicación ultractiva de la ley, pues ésta se aplica en el momento en que ocurre la conducta establecida en el supuesto normativo, no en aquel en que la consecuencia normativa es materialmente llevada a cabo por el ente disciplinario o por el juez. Por lo tanto, la Corte descarta que las disposiciones demandadas aun sean aplicables en virtud del principio de favorabilidad, pues este principio no les da carácter ultractivo a las disposiciones derogadas, haciéndolas aplicables a conductas ocurridas con posterioridad a su derogatoria (Subrayas de la Sala).
Ahora bien, sobre la ultractividad de la ley ha manifestado la Corte Constitucional que:
Bajo los supuestos vistos la ultraactividad de la ley también encuentra arraigo constitucional. La ultraactividad de la ley es un problema de aplicación de la ley en el tiempo y está íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Dentro de la Teoría General del Derecho, es clara la aplicación del principio "Tempus regit actus", que se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada después. Esto es lo que explica la Teoría del Derecho, la denominada ultractividad de las normas, que son normas derogadas, que se siguen aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia. Este fenómeno se presenta en relación con todas las normas jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza: civil, comercial, penal, etc."
Y claro, el legislador bien podrá ordenar también que ciertas disposiciones legales formalmente derogadas, continúen produciendo efectos en torno a determinada hipótesis, dada la favorabilidad que ellas puedan reportar a sus destinatarios. Poniéndose de relieve una coexistencia material de reglas sobre un mismo punto, de suerte que mientras la nueva ley se enerva bajo la figura de la inaplicación, por su parte la antigua ley prolonga su existencia al tenor de la ultraactividad, que es, ni más ni menos, que la metaexistencia jurídica de una norma derogada, por expresa voluntad del legislador […]
Usando lo dicho por la Corte Constitucional respecto a la aplicación de la ley en el tiempo con relación al caso bajo estudio, encontramos que, efectivamente, la norma disciplinaria que se presenta como infringida por los disciplinados, esto es el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, hace referencia al cumplimiento de los deberes señalados en la Constitución, las leyes y los Decretos, específicamente los contenidos en los artículos 59 y 61 de la Ley 190 de 1995 y los artículos 1, 2, 3 y 6 del Decreto 1477 de 1997, respecto de los contratos de la vigencia 2009.
Es claro que los artículos 59 y 61 de la Ley 190 de 1995 y consecuentemente los artículos 1, 2, 3 y 6 del Decreto Reglamentario 1477 de 1997, fueron derogados por los artículos 223 y 225 del Decreto 9 de 2012, a partir del 1 de junio de 2012, al señalar éstos lo siguiente:
ARTICULO 223. Eliminación del diario único de contratación.
A partir del primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicarán en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, a partir de dicha fecha los contratos estatales no requerirán de publicación en el Diario Único de Contratación y quedarán derogados el parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62 de la ley 190 de 1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.
ARTÍCULO 225. Derogatorias. Corregido por el art. 3, Decreto Nacional 53 de 2012.
A partir de la vigencia de la presente ley se derogan las siguientes disposiciones:
[…] los artículos 59, 60, 61 y 62 de la ley 190 de 1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.
Por lo que es fácil deducir que los artículos 59 y 61 de la Ley 190 de 1995 y los artículos 1, 2, 3 y 6 del Decreto 1477 de 1997, para el año 2009, contaban con plena vigencia.
El artículo 59 de la Ley 190 de 1995 indicaba:
Como apéndice del Diario Oficial créase el Diario Único de Contratación Pública, el cual será elaborado y distribuido por la Imprenta Nacional.
El Diario Único de Contratación Pública contendrá información sobre los contratos que celebren las entidades públicas del orden nacional. En él se señalarán los contratantes, el objeto, el valor y los valores unitarios si hubiesen, el plazo y los adicionales o modificaciones de cada uno de los contratos, y se editarán de tal manera que permita establecer parámetros de comparación de acuerdo con los costos, con el plazo, con la clase, de forma que se identifiquen las diferencias apreciables con que contrata la administración pública evaluando su eficiencia.
PARÁGRAFO. A partir de la vigencia de esta Ley, los contratos a que se refiere este artículo deberán ser publicados dentro de los tres (3) meses siguientes al pago de los derechos de publicación en el Diario Oficial.
Así que el deber de publicación se concretaba en que a partir de la vigencia de esta Ley, los contratos que celebraran las entidades públicas del orden nacional deberían ser publicados dentro de los tres (3) meses siguientes al pago de los derechos de publicación en el Diario Oficial, respetando el mecanismo de publicidad creado por la norma.
Precepto que debía entenderse en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 3 literal d) de la Ley 1150 de 2007, vigente para el año 2009, época de los hechos investigados, que señalaba que el SECOP estaría integrado, entre otros, por el Diario Único de Contratación Estatal, así:
Con el fin de materializar los objetivos a que se refiere el inciso anterior, el Gobierno Nacional desarrollará el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop, el cual:
[…]
d) Integrará el Registro Único Empresarial de las Cámaras de Comercio, el Diario Único de Contratación Estatal y los demás sistemas que involucren la gestión contractual pública. Así mismo, se articulará con el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, creado por la Ley 598 de 2000, sin que este pierda su autonomía para el ejercicio del control fiscal a la contratación pública.
El artículo 61 de la Ley 190 de 1995 indicaba:
Mensualmente las entidades públicas de todos los órdenes enviarán a la imprenta nacional una relación de los contratos celebrados que superen el 50% de su menor cuantía en la cual deberán detallarse las personas contratantes, el objeto, el valor total y los costos unitarios, el plazo, los adicionales y modificaciones que hubiesen celebrado, el interventor y toda la información necesaria a fin de comparar y evaluar dicha contratación.
En este caso el deber de publicación se puntualizaba en que a partir de la vigencia de esta ley, las entidades públicas debían enviar a la Imprenta Nacional una relación de los contratos celebrados que superaren el 50% de su menor cuantía.
Por su lado, el Gobierno Nacional expidió mediante el Decreto 1477 de 1995 la reglamentación de la Ley 190 de 1995, disponiendo en el artículo 1º que la publicación de los contratos de las entidades estatales del orden nacional se debía efectuar bajo la forma del denominado "extracto único de publicación", que fuera un anexo del contrato y que comprendiera solamente los elementos fundamentales de los contratos, los cuales señaló la misma norma.
El artículo 3º del decreto 1477 de 1995 reafirmó la obligación de pago del valor de la publicación del contrato realizada en esta forma, por parte del contratista, cuando preceptuó: «Una vez el contratista haya cancelado el valor de los derechos de publicación y entregue a la entidad contratante la constancia de tal hecho, el ordenador del gasto de las entidades públicas del orden nacional o su delegado remitirá a la Imprenta Nacional de Colombia en original el extracto único de publicación de los contratos por él suscritos, dentro de los diez (10) días siguientes a dicha entrega».
Por lo que el pago de los derechos de publicación del contrato con formalidades plenas, bajo el formato del extracto único de publicación, en el Diario Único de Contratación Pública, instituía un requisito de legalización del contrato y debía ser efectuado por el contratista, mediante la entrega a la entidad estatal del correspondiente recibo de pago a la Imprenta Nacional de Colombia, con lo cual se entendía cumplido el requisito, de acuerdo con los artículos 60 de la Ley 190 de 1995 y 3º del Decreto 1477 de 1995.
Situación distinta se predicaba de la remisión a la Imprenta Nacional de Colombia, de la relación mensual de los contratos celebrados por las entidades estatales de todos los órdenes, que superaban el 50% de su menor cuantía, la cual constituía una obligación de las entidades mismas, conforme a los artículos 61 de la Ley 190 de 1995 y 6º del Decreto 1477 de 1995, relación que podía sustituirse, en el caso de las entidades del orden nacional, por una declaración de que la totalidad de los contratos celebrados el mes anterior habían sido enviados para su publicación, bajo el formato del extracto, a la Imprenta Nacional.
Con todo ello la nueva regla, esto es el artículo 223 del Decreto 9 de 2012, no suprimió el deber de publicación de los contratos, sino que eliminó una forma de realizarlo, tal como lo dejó claro la Corte Constitucional al estudiar la exequibilidad de esta norma, así:
La disposición acusada no suprime el deber de publicar el contrato estatal, sino que suprime una forma de realizarlo, eliminando la publicación en un medio escrito como el Diario Único de Contratación y optando por un medio electrónico, no impreso -Sistema Electrónico de Contratación Estatal, SECOP-, que cumple la misma finalidad de hacer público el conocimiento de dichos actos de la actuación contractual de la administración. En cuanto a que la supresión de la publicación en el Diario Único de Contratación fuese necesaria, y en consecuencia ajena al ámbito de las facultades extraordinarias conferidas, se concluye que, si bien la publicación de los contratos estatales puede tenerse como requisito esencial para la ejecución y control público de los contratos oficiales, no así su inclusión en una forma específica de divulgación, como el DUC. Por el contrario, al disponerse que sea publicado en un medio electrónico, al cargo y cuidado de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, se asegura la regularidad de este tipo de trámite, en manos de una entidad responsable de realizarlo; y, simultáneamente, se cumple la finalidad de la publicación, que no otra distinta de brindarle al público la posibilidad de acceso fácil, oportuno, idóneo y eficaz a los términos de la contratación estatal.
Visto lo anterior, para la Sala es diáfano que dentro de la Teoría General del Derecho, la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada después; sin embargo, para efectos de la norma disciplinaria aplicada al presente caso, artículo 34 del CDU, de los deberes del servidor público, tal como lo expresaron los apelantes, esta hace parte de los tipos abiertos que caracterizan al Código Disciplinario Único, que deben ser llenados con las normas que los contienen, así que no es de recibo lo expuesto por la primera instancia frente al argumento referente a que en materia disciplinaria (artículo 14 del CDU), la favorabilidad se aplica a la norma que rige la actuación disciplinaria, en cuanto a las conductas y las sanciones que se derivan de las mismas, por lo que las normas que le imponen obligaciones a las entidades públicas en materia contractual, no aplican para el principio de favorabilidad alegado por la defensa.
No en vano, la Corte Constitucional considera razonable que el Derecho Disciplinario, como un cuerpo normativo, esté integrado «[...] por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, independientemente de cuál sea el órgano o la rama a la que pertenezcan», aceptando el sistema de numerus apertus « Dado que en un Estado de Derecho las autoridades sólo pueden hacer lo que les está permitido, el régimen disciplinario se caracteriza, a diferencia del penal, porque las conductas constitutivas de falta disciplinaria están consignadas en tipos abiertos, ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos donde se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de los actos antijurídicos de los servidores públicos » , por lo que no podemos excluir de la aplicación del principio de favorabilidad a aquellas normas que le imponen obligaciones a las entidades públicas en materia contractual, y que expresan deberes contenidos en las mismas.
Si bien es cierto que el principio de favorabilidad tiene restricciones para su aplicación en los procesos contractuales, en la medida en que una entidad pública no debe darle aplicación, por ejemplo, cuando se presenta una contradicción en el pliego de condiciones entre el título de una norma y el contenido de la misma que establece un criterio para evaluar el tiempo de experiencia y cumplimiento por parte del contratista, pero ello tiene fundamento es en que no se está frente a una competencia sancionadora, disciplinaria o punitiva de la administración pública, sino de cara a un precepto que tiene como contenido y alcance establecer un criterio de valoración de experiencia y cumplimiento, sin que con ello se esté imponiendo una sanción o se discipline a los proponentes, ya que no puede imprimírsele un contenido sancionatorio a un precepto del pliego de condiciones que lo único que hace es fijar un parámetro de calificación basado en la experiencia de los proponentes en la ejecución de contratos estatales, razón por la cual no se puede equiparar un criterio de valoración de experiencia y cumplimiento en un proceso de licitación pública, ni ningún otro procedimiento en materia contractual, con una sanción de índole administrativa en la que sí es dable la aplicación de este principio.
Corolario de lo anterior es lo expresado por el Consejo de Estado, de cara al contenido del artículo 29 de la Carta Política de 1991, en cuanto a que el debido proceso tiene dos expresiones desde el derecho administrativo. «(…) i) el derecho al debido proceso en el derecho administrativo no sancionador y ii) el derecho al debido proceso en el derecho administrativo sancionador […] en este último será predicable el principio de favorabilidad», exponiendo que en el derecho administrativo sancionador se trata de situaciones en las cuales el Estado ejerce una potestad que es excepcional o exorbitante consistente en la posibilidad de imponer sanciones.
Así las cosas, contrario a la tesis del a quo, las normas que le imponen obligaciones a las entidades públicas en materia contractual, al ser aplicadas en un juicio administrativo sancionatorio, aplican para el principio de favorabilidad, con fundamento en el debido proceso propio de este tipo de causas.
Hechas las anteriores reflexiones, entraremos al estudio de la tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad.
TIPIFICACIÓN DE LA CONDUCTA REPROCHADA A LOS DISCIPLINADOS
En relación al principio de tipicidad es bueno anotar lo señalado por la Corte Constitucional en su sentencia C- 796 de 2004, en cuanto este constituye una concreción o derivación del principio de legalidad, respecto del cual la misma sentencia marca que constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de todos los asociados al permitirles conocer de manera anticipada las conductas que son reprochables y las sanciones aplicables. Expresando además: «Que el ius puniendi del Estado sea reglado y sometido a los controles necesarios, es precisamente uno de los objetivos que persigue el Estado de Derecho, en cuanto representa la forma de garantizar la plena vigencia de los derechos y garantías de los potenciales encartados, erradicando así la arbitrariedad y el autoritarismo».
Como quiera que el principio de favorabilidad, referido por los apelantes, está ampliamente relacionado con el principio de legalidad, abordaremos la tipicidad de cara a ambas temáticas.
Así las cosas, es preciso establecer si la norma posterior que también incluía el deber de la publicación de los contratos fue cumplida en su momento por los implicados y si ello da lugar a la aplicación del principio de favorabilidad, por ello, en orden a establecer la existencia de la conducta imputada y si ella encuadra en la norma disciplinaria presuntamente infringida, la Sala se referirá al numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002; señalado en el auto de cargos y confirmado en la decisión de instancia como violada por los investigados. Seguidamente analizará las pruebas que sustentan los reproches fundantes de la imputación, su evaluación jurídica, para determinar la existencia de la conducta constitutiva del incumplimiento de los deberes, de cara a los argumentos planteados por los recurrentes en los escritos de apelación.
El numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 establece como deber a todo servidor público el cumplimiento de deberes contenidos en la Constitución y la Ley, al indicar que se debe: «Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, […] las Leyes, los decretos, […], y los manuales de funciones […]»
La Sala nota que la norma anterior, señalada por el sentenciador de instancia como fundamento de las imputaciones hechas a los disciplinados, hace referencia al respeto que debe profesar todo servidor público por el cumplimiento de deberes contenidos en la Constitución, la Ley, los decretos y los manuales de funciones, al tiempo que la complementa con los artículos 59 y 61 de la Ley 190 de 1995 y los artículos 1, 2, 3 y 6 del Decreto Reglamentario 1477 de 1997, como aquellas que contienen, de manera específica, el deber presuntamente incumplido por los disciplinados.
Hechos probados en la presente actuación disciplinaria.-
a) Los disciplinados [NOMBRE TACHADO] y [NOMBRE TACHADO], ejercieron los cargos de director general desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2009 y asesor desde el 5 de enero de 2004 hasta el 6 de diciembre de 2011, de CORPORINOQUIA, respectivamente (folios 39, 40 y 85 cuad. Original 1).
b) La entidad no diligenció el extracto único de publicación y su posterior envío a la Imprenta Nacional de Colombia para su publicación en el Diario Único de Contratación, como tampoco envió a la Imprenta Nacional la relación de los contratos celebrados que superaban el 50% de su menor cuantía, para la vigencia 2009, según informe de la Contraloría General de la Republica y aceptación de CORPORINOQUIA (folios 17 a 23, 38, cuad. Original 1 y 432 a 437 cuad. Original 2).
c) La entidad realizó la publicación de la contratación para la vigencia 2009 en la gaceta oficial, en la página web de la entidad y en el SECOP, según Oficio de fecha 11 de febrero de 2010 suscrito por el señor [NOMBRE TACHADO], asesor de CORPORINOQUIA que dio respuesta a la Contraloría General de la Republica y las declaraciones de las señoras Sandra Isabel Colina Cárdenas, funcionaria de la Oficina Jurídica encargada de la publicación en la página web de la actividad contractual y Yanet Holguín Suárez jefe de la Oficina de Control Interno de CORPORINOQUIA, para la época de los hechos (folios 17 a 23 cuad. Original 1 y 432 a 437 cuad. Original 2).
Pues bien, de lo expresado por el coordinador del Diario Único de Contratación Pública en Oficio del 14 de abril de 2010 enviado a la Contraloría del Casanare se desprende que antes de implementar el diligenciamiento vía página web, esto es antes de la expedición de la circular CIR06-116-DVJ-0300 del año 2006 expedida por el Ministerio del Interior y de Justicia, las entidades diligenciaban los extractos en formatos pre impresos según la información requerida por el Decreto 1477 de 1995, igualmente la Imprenta Nacional diseñó un software monousuario en FoxPro versión 1.6, el cual suministraba a todas las entidades del Estado interesadas en utilizar esa herramienta que facilitaba el diligenciamiento del Extracto Único de Publicación, a la cual antes del 12 de abril de 2010 CORPORINOQUIA no tenía acceso por no contar con clave para ello ( folios 26 a 28 cuad. Original 1).
En la visita especial realizada por este ente de control a las oficinas de la dirección de CORPORINOQUIA, el día 12 de septiembre de 2013, se pudo establecer que la publicación de los contratos para la vigencia 2009 se surtió en los boletines oficiales N° 27, de julio de 2009 y el N° 31, de julio de 2010 de la Corporación, de acuerdo con la Resolución N° 00115 de marzo 18 de 1998, por medio de la cual se creó dicho Boletín y así se corrobora en el texto de los mismos ( folios 72 a 74 y 77 a 84 cuad. Original 1).
De la declaración de la señora Sandra Isabel Colina Cárdenas rendida ante este ente de control el 31 de octubre de 2014, se extraen los mecanismos que CORPORINOQUIA utilizaba para dar cumplimiento al principio de publicidad de la actividad contractual, así: «Uno era que Corporinoquia contaba con un periódico o gaceta, y ahí se publicaban los contratos realizados mensualmente, la otra Corporinoquia contaba con la página web a mediados de 2004 comenzó a funcionar se creó un link de contratación donde cualquier persona podía tener acceso tanto a la información contractual como a la pre contractual, la publicación en la imprenta, inicialmente la entidad contaba era con una cartelera donde se publicaban las invitaciones o los pliegos de condiciones para participar en las convocatorias y ahí se empezó lo de la página web que se siguió manejando paralelamente con la página del SECOP […]» ( folios 432 a 435 cuad. Original 2).
Por su parte la señora [NOMBRE TACHADO] diligencia del 31 de octubre de 2014 testificó acerca de las estrategias y herramientas que se coordinaban con la Dirección General de la Corporación para la eficacia y la transparencia dentro de los procesos contractuales, señalando que: « Mediante Resolución 200-41-080279 del 18 de marzo de 2008, se adopta el sistema de gestión de la calidad y modelo estándar de control interno MECI en cumplimiento a la Ley 872 del 2003, Decretos 4110 de 2004, 1599 de 2005, se implementaron, los procedimientos, guías, manuales, instructivos, se adoptó el Código del Buen Gobierno definiendo un capítulo de las políticas de contratación pública, se adopta mediante Resolución 200-41081367 del 26 de noviembre de 2008 por medio de la cual se crea el comité anti trámites y de gobierno en línea de la entidad […]» En cuanto a las directrices de la Dirección General informó que eran el cumplimiento a las normas generales, políticas de gobierno en línea y el SECOP ( folios 432 a 435 cuad. Original 2).
El dicho de la deponente Holguín Suárez es sustentado con los documentos encontrados en el expediente respecto a la adopción del Código de Buen Gobierno y del sistema de gestión de la calidad y modelo estándar de control interno MECI (folios 437 a 489 cuad. Original 2).
Las anteriores pruebas permiten determinar que CORPORINOQUIA no diligenció el extracto único de publicación y su posterior envío a la Imprenta Nacional de Colombia para su publicación en el Diario Único de Contratación, como tampoco envió a la Imprenta Nacional la relación de los contratos celebrados que superaban el 50% de su menor cuantía, para la vigencia 2009, y que la nueva ley prescindió explícitamente de esa forma de realizar la publicación en materia contractual, eliminando la publicación en medio escrito como el Diario Único de Contratación y optando por un medio electrónico, no impreso -Sistema Electrónico de Contratación Estatal, SECOP-, que cumple y cumplía la misma finalidad de hacer público el conocimiento de dichos actos de la actuación contractual de la administración, lo cual le quitó el carácter de falta disciplinaria a la que con la antigua ley lo era. Para la Sala, este evento envuelve la aplicación de la norma más favorable a los disciplinados, aun cuando aquella sea posterior en el tiempo en que se cometió la falta, dadas las especiales características del presente caso.
La Sala no puede dejar de lado que ante diversas posturas interpretativas ha de acogerse la más favorable y menos gravosa para disciplinados, máxime cuando uno de los principios rectores de la ley disciplinaria se encuentra plasmado en el artículo 14 del CDU y desarrolla el principio de favorabilidad, en tanto la ley permisiva o favorable, aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable, sin que tal enunciado haga distinción entre la norma procesal y la sustantiva, lo cual deja claro que su aplicación es tanto para el procedimiento como en el estudio de fondo al caso determinado.
Lo anterior no significa que se deba prescindir de la norma, sino aplicarla de manera crítica, en tanto que si la norma ofrece diversas soluciones justas y concretas en el tiempo, estas deben dársele el valor que cada una tiene, de ahí que «La tipicidad comporta un aspecto esencial dentro de la lógica de la naturaleza de las cosas ya que el entendimiento de la realidad es meramente tipológico, lo cual no implica la prevalencia del tipo-como formalidad- sobre la realidad, sino más bien su uso adecuado como descripción o explicitación de la realidad».
Y es que aun cuando en este proceso se cuestiona el incumplimiento del deber contenido en los artículos 59 y 61 de la Ley 190 de 1995, norma vigente para la época de los hechos, los disciplinados sí dieron cumplimiento al deber de publicación de los contratos durante la vigencia 2009, ya que estos cumplieron las formas de publicación establecidas en la nueva norma, esto es el artículo 223 del Decreto 9 de 2012, el cual instituyó que los contratos estatales sólo se publicarían en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP, razón por la cual es acertado aplicar el principio de favorabilidad contenido en el artículo 14 de la Ley 734 de 2002 para el caso concreto.
Así las cosas, la Sala no comparte el juicio realizado por la primera instancia al negar el reconocimiento del principio de favorabilidad que tiene raíces constitucionales y legales, para la plena aplicación en el derecho disciplinario, comoquiera que los deberes señalados en los cargos como incumplidos por los investigados dejaron de admitir reproche disciplinario por virtud de que ya no hacen parte del ordenamiento jurídico, ni de la órbita funcional que se predica de los disciplinados, además que la norma posterior que los contiene fue cumplida en su nueva forma.
Por ello, al aplicar el principio de favorabilidad, la norma aplicable que llenaría el tipo en blanco señalado por el sentenciador de instancia correspondería al artículo 223 del Decreto 9 de 2012 y en su defecto el deber exigido a los disciplinados se concretaría en que los contratos estatales sólo se publicarían en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP, deber que aparece cumplido por la entidad y por ende por los disciplinados.
De lo expuesto en precedencia, la Sala debe concluir que no es dable tipificar la conducta reprochada a los disciplinados en la falta endilgada de incumplimiento de deberes enunciados en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Dado que no fue superado el análisis de la tipicidad de las conductas, la Sala no abordará los demás temas planteados por los recurrentes de cara a la ilicitud sustancial y a la culpabilidad.
En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación en uso de sus facultades legales,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR los ordinales primero, segundo y parágrafo, tercero, cuarto y parágrafo del fallo de primera instancia, en cuanto declaró disciplinariamente responsable de los cargos formulados a los señores [NOMBRE TACHADO] identificado con la cédula de ciudanía número 19.143.081 y [NOMBRE TACHADO], identificado con la cédula de ciudanía número 19.252.909, en sus calidades de director general y asesor de CORPORINOQUIA, respectivamente y les impuso la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo por el término diez (10) y seis (6) meses, en orden. En consecuencia, absolverlos de responsabilidad disciplinaria, conforme lo señalado en la parte motiva de la presente decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR, por la Secretaría de la Sala Disciplinaria, la presente decisión a los investigados y a su defensora, tal como lo prevén los artículos 101 y 107 de la Ley 734 de 2002, advirtiéndoles que contra la presente providencia no procede ningún recurso en la vía gubernativa.
Para tal efecto, consultar los folios 64 del cuaderno uno, 560 y 574 del cuaderno dos del expediente
TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría de la Sala Disciplinaria, las presentes diligencias a la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, previa las anotaciones y constancias de rigor.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CARLOS NOVOA BUENDÍA
Procurador Primero Delegado
Presidente
MARIA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ
Procuradora Segunda Delegada
Proyectó: Dra. Gilma J. De Caro Meza
Expediente N°. 161-6110 (IUS 2010 - 387491)