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ARCHIVO DE INVESTIGACIÓN EN INDAGACIÓN-No existió hecho irregular en contratación de transporte escolar en zona rural imputable a funcionarios de la administración municipal de San Luis (Tolima) que sea constitutivo de falta disciplinaria
ILICITUD SUSTANCIAL-Base sobre la cual se estructura/ILICITUD SUSTANCIAL-No es sinónimo de antijuridicidad formal ni tampoco implica antijuridicidad material
ILICITUD SUSTANCIAL DISCIPLINARIA-Alcance
Cuando la conducta encuadre en la descripción típica, pero tal comportamiento corresponda a un mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, Ello no puede ser objeto de la imposición de una sanción disciplinaria, porque se constituiría en responsabilidad objetiva, al aplicarse medidas sancionatorias, sin que exista una verdadera y justa razón de ser
En una palabra, aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, pero se determine que el mismo para nada incidió en la garantía de la función pública y los principios que la gobiernan, deberá concluirse que la conducta está desprovista de ilicitud sustancial
PUBLICACION DE CONTRATO ESTATAL-La existencia del incumplimiento del deber se encuentra desprovista de ilicitud sustancial
Dependencia:
Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué
Radicación No:
IUC: D – 2020 – 1536035
IUS: E – 2020 – 241977
Disciplinado:
Averiguación de responsables
Cargo y entidad:
Municipio de San Luis Tolima
Quejoso:
Informe de servidor público
Fecha Queja:
22-03-2020
Fecha Hechos:
2019 P/E
Decisión:
Auto de evaluación de indagación preliminar
Ibagué, doce (12) de octubre de dos mil veintidós (2022)
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué, procede a evaluar las presentes diligencias preliminares para decidir lo que en derecho corresponda, esto es, si es procedente disponer apertura de formal investigación disciplinaria o disponer el archivo, conforme lo indicado en el artículo 208 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el 34 de la Ley 2094 de 20211.
ANTECEDENTES
La Procuraduría General de la Nación, oficina de planeación, grupo para la vigilancia integral del SGR, el 22 de marzo de 2022 reportó presuntas acciones incumplidas detectadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el marco del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación respecto a la inversión de los recursos del SGR relacionadas con el proyecto BPIN 2019736780006, cuyo objeto se definió en la ejecución del proyecto apoyo al transporte escolar a los estudiantes en zona rural del Municipio de San Luis, por valor de $226.323.120. Con relación a las presuntas irregularidades se señaló:
“[…] Consec PI 201901229 - Ausencia de procedimientos de contratación en la utilización de los recurso del SGR. Detalle de la presunta irregularidad
1). Extemporaneidad en la publicación en SECOP de algunos documentos de los procesos (publicación del contrato), incumpliendo lo preceptuado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, (Las entidades estatales están obligadas a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición.
… En el análisis realizado al hecho presuntamente irregular, se observa que la entidad ejecutora al parecer publicó de manera extemporánea e incompleta en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP, los documentos relacionados con los contratos mediante los cuales se ejecutó el proyecto de inversión en estudio, incumpliendo con los establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.
1 “Procedencia, objetivo y trámite de la indagación previa. En caso de duda sobre la identificación o individualización del posible autor de una falta disciplinaria, se adelantará indagación previa. La indagación previa tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de investigación”
El Contrato de Prestación de Servicios se suscribió el 3 de julio de 2019 y el registro se realizó el 29 de julio de 2019, prueba de la presunta irregularidad fue allegada en el acta de visita..
Consec PI 201901230 - - Ausencia de procedimientos de contratación en la utilización de los recursos del SGR. Detalle de la presunta irregularidad
De conformidad con lo evidenciado en el acta de visita, se presumen posibles fallas en el ejercicio de la supervisión por falta de seguimiento a las condiciones de calidad y la normatividad que regula el transporte escolar y además por no contar con informes que reflejen el cumplimiento de las especificaciones técnica del proyecto en estudio, vulnerando las normas que rigen la materia.
En efecto el acta de visita refiere:
No cumplimiento de las condiciones de calidad (especificaciones técnicas) y normatividad aplicable respecto al transporte escolar especial.
No se dispone de información respecto a los vehículos de las Instituciones Educativas que den cuenta del cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como de las garantías.
[…]
En el caso particular, se evidenciaron presuntas fallas en las labores de supervisión en el control y seguimiento del proyecto, desconociendo de esta forma las funciones y obligaciones contractuales y legales, de acuerdo con lo evidenciado en visita por el grupo de Seguimiento…”
Por otra parte, en la ficha soporte de seguimiento a proyectos financiados con recursos del SGR, entre otras conclusiones se consignó lo siguiente:
“[…] A través de la Mesa Técnica Participativa desarrollada, los ejecutores dieron a conocer las generalidades del proyecto, alcances y avances de este, así mismo realizaron las aclaraciones requeridas por parte de los distintos actores. Como resultado del ejercicio de control social, los participantes manifestaron su opinión acerca del servicio prestado y expresaron la importancia y beneficios que genera el proyecto para garantizar el acceso y permanencia de niños, niñas y jóvenes estudiantes de las I.E oficiales que viven distantes del plantel, garantizando su movilización, sin embargo manifestaron su preocupación por la falta de continuidad en la falta de prestación del servicio de transporte, teniendo en cuenta que el contrato finaliza en el mes de septiembre del año que avanza.
A partir de la revisión de los expedientes del proyecto y el ejercicio de control social realizado, no se evidencian acciones adelantadas por la entidad ejecutora orientadas a facilitar y propiciar espacios de participación ciudadana para la socialización, identificación del nivel de satisfacción y valoración del proyecto por parte de los beneficiarios, actores organizaciones sociales y sociedad civil; no se han conformado veedurías ciudadanas y aunque las Instituciones Educativas tienen conformadas asociaciones de padres de familia y comités estudiantiles, no se pudo determinar que estos realicen control y seguimiento al proyecto de transporte escolar analizado.
Previo al desarrollo de la Mesa Técnica Participativa, no se habían adelantado acciones de control social por parte del SMSE, por tanto, no se tenían compromisos sociales pendientes de cumplimiento…
El ejercicio de Control social promovido y realizado por el SMSE-DVR-DNP facilitó un espacio de interacción crítica, constructiva y respetuosa entre los actores involucrados, en este se expusieron las inquietudes, observaciones y recomendaciones al proyecto de transporte escolar del periodo 2019; esto se vio traducido en respuestas y concertación, de acciones para determinar posibilidades para mejorar el servicio, a través de la ampliación de cupos, la celeridad en los
pagos pendientes, el análisis de tarifas por rutas y el desarrollo de un diagnóstico de vías que favorezca los procesos de planeación, así como la importancia de la promoción del control social.
[…]
OPORTUNIDADES DE MEJORA
1. En los informes de supervision se requieren conceptos sobre la ejecución del proyecto en términos de cumplimiento de metas, porcentaje de ejecución, cumplimiento de especificaciones técnicas y de calidad de los bienes y servicios y no dan cuenta del seguimiento a la ejecución del contrato.”
Indagación preliminar
Por auto del 25 de junio de 2020 se inició indagación preliminar contra funcionarios en averiguación de responsables del Municipio de San Luis, así como la evacuación de algunos medios probatorios encaminados a esclarecer la situación dada a conocer2.
Pruebas recaudadas en la etapa preliminar
° El Municipio de San Luis Tolima, a través documento fechado 17 de septiembre de 2020, informó y a la vez documentó parte de la documentación del proceso contractual denominado apoyo al transporte escolar a los estudiantes en zona rural del Municipio de San Luis Tolima, aclarando que el proceso contractual figura en el sistema Secop con la denominación del contrato que es la prestación de servicios de transporte escolar de los estudiantes de la zona rural ida y regreso a las diferentes instituciones educativas del Municipio de San Luis Tolima, y a la vez adjuntó, entre otros documentos, captura de pantalla tomado directamente del sistema electrónico para la contratación pública Secop3.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Revisada la documentación existente en la etapa de indagación preliminar y vencido el término legalmente establecido para la misma, es pertinente evaluar la actuación conforme a una de las dos posibilidades derivadas del artículo 208 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 34 de la Ley 2094 de 2021, a efectos de determinar la procedencia de la apertura de una investigación o el archivo de la actuación.
Del acervo probatorio acopiado, se infiere que los hechos versaron sobre posibles irregularidades del proyecto BPIN 2019736780006 - “Apoyo al transporte escolar a los estudiantes en zona rural del Municipio de San Luis Tolima”. Las irregularidades señaladas en el reporte a los organismos control por parte del Grupo Técnico para la Vigilancia Integral del SGR, guardan relación con: primero, la publicación extemporánea en el sistema Secop y, segundo, presuntas falencias en la labor de supervisión ante incumplimientos en las especificaciones técnicas y normatividad respecto de los vehículos usados, miremos:
2 Fl. 6 - 9.
3 Fl. 11 – 13 incluido CD / 16 - 18.
Con relación a la publicación extemporánea en la página (Secop), el informe da cuenta que el contrato de prestación se habría suscrito el 03 de julio de 2019 y el registro se habría realizado el 29 de ese mismo mes y año, probándose con ello la supuesta irregularidad.
Si bien existió una publicación extemporánea del contrato de prestación de servicios, la misma sobrevino al proceso contractual adelantado por la administración municipal para la escogencia del contratista que a la postre ejecutaría la prestación del transporte escolar en esa localidad, por lo que esa sola inconsistencia no cuenta con la sustancialidad suficiente para predicar responsabilidad disciplinaria en alguno de los servidores vinculados al ente territorial.
Descendiendo a la página de contratación - Secop - se logra advertir como la administración municipal adelantó la invitación pública No. 07 – 2019 y en ella se observa publicada la actividad precontractual que iba surgiendo a raíz del adelantamiento del proceso, a saber: i). invitación pública, estudios del sector, estudios previos (22-05-2019), ii). observaciones (28-05-2019), iii). respuesta observaciones (26-05-2019), iv). adenda 1 (28-05-2019), v). recepción de ofertas (07-06-2019), vi). acta de cierre (07-06-2019), vii). adenda 2 – cronograma (07-06-2019), viii). informe de evaluación (18-06-2019), ix). observaciones realizadas al informe de avaluación (25-06-2019), x). adenda 3 (25-06-2019), xi). acta de evaluación definitiva (28-06- 2019), xii). resolución de adjudicación (04-07-2019), y xiii). contrato (29-07-2019)4.
Documentos que en ultimas reflejan el cumplimiento de las etapas del proceso contractual y por más, haber garantizado los principios de la contratación estatal, entre otros, publicidad, transparencia, selección objetiva, por lo que resulta inane a la luz del derecho disciplinario la publicación extemporánea del contrato de prestación de servicios suscrito como consecuencia del referido proceso – invitación pública No. 07
– 2019, pues, tal como ha quedado expuesto, se cumplieron todas las etapas precontractuales para llegar a la suscripción de aquel acto jurídico y en ellas se garantizó libertad de participación a los distintos oferentes, se absolvió las observaciones presentadas, se evaluó las propuestas presentadas, y se adelantó la audiencia de adjudicación que cumplió con lo exigido en la invitación.
Por lo anterior, respecto al asunto relacionado evidentemente se configura una situación de ausencia de ilicitud sustancial
La Procuraduría General de la Nación, ha dejado consignado:
[...] El ilícito disciplinario comporta un quebrantamiento del deber. Empero, no es el mero quebrantamiento formal el que origina el ilícito disciplinario, sino que se requiere un quebrantamiento sustancial. Esto quedó definitivamente reconocido con la exigencia de la ilicitud sustancial como expresión de la afectación sustancial a los deberes funcionales (arts. 5° y 51 CDU).
4 Fl. 17 – 18 – ver CD fl. 13.
Como es obvio, la operatividad de la expresión "ilicitud sustancial", proviene con mayor fuerza del nomen iuris de la figura regulada en el principio rector consagrado en el artículo 5° del CDU.
Significa lo anterior que para entender sustancialmente quebrantado el deber se requiere que la conducta enjuiciada haya desconocido no sólo el ropaje jurídico del deber, sino también la razón de ser que el mismo tiene en un Estado social y democrático de derecho."
Frente a este tema, la Procuraduría General de la Nación como máxima autoridad disciplinaria dijo: PGN - Sala Disciplinaria - fallo de 28 de febrero de 2013 - Radicación 161-5448 (IUS 2010-117739) - P. D. Ponente Doctor [NOMBRE TACHADO].
“[…]ILICITUD SUSTANCIAL-Base sobre la cual se estructura/ILICITUD SUSTANCIAL-No es Sinónimo de antijuridicidad formal ni tampoco implica antijuridicidad material/DERECHO DISCIPLINARIO-EI objeto o interés jurídico protegido es la función pública
Se identifican de la estructura de la norma antes citada los tres elementos de la ilicitud sustancial, a saber: antijuridicidad, deber funcional y justificación. De ahí que nos adentremos en estos tres aspectos, para determinar la ilicitud sustancial de la conducta de los disciplinados en este caso.
Por lo que la ilicitud sustancial no es sinónimo de antijuridicidad formal como tampoco implica antijuridicidad material, en tanto que, contrario al derecho penal, las conductas desarrolladas por el sujeto disciplinable aun cuando no produzcan un resultado pero violen un deber funcional y por ende vulneren los principios constitucionales y legales de la función pública, están inmersas en el ilícito disciplinario.
Así las cosas, el incumplimiento de dicho deber funcional es el que orienta la antijuridicidad de las conductas; sin embargo no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta, entendida esta como la conducta o comportamiento; sino la infracción sustancial de dicho deber es decir, aquella conducta que atente contra el buen funcionamiento del Estado y por consiguiente contra sus fines, la que encuentra el inicio en la antijuridicidad de la conducta.
ILICITUD SUSTANCIAL DISCIPLINARIA-Alcance
La ilicitud sustancial disciplinaria debe ser entendida como la afectación sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública, por cuanto el comportamiento, más que desconocer formalmente la norma jurídica que lo prohíbe, debe ser opuesto, o cuando menos extraño a los principios que rigen la función pública.
Ahora bien, la doctrina de la Procuraduría General de la Nación ha señalado que no se trata del incumplimiento formal de los deberes, sino que los mismos deben afectarse de manera sustancial. Textualmente se señala: En otros términos, aun cuando la conducta encuadre en la descripción típica, pero tal comportamiento corresponda a un mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, Ello no puede ser objeto de la imposición de una sanción disciplinaria, porque se constituiría en responsabilidad objetiva, al aplicarse medidas sancionatorias, sin que exista una verdadera y justa razón de ser.
En una palabra, aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, pero se determine que el mismo para nada incidió en la garantía de la función pública y los principios que la gobiernan, deberá concluirse que la conducta está desprovista de ilicitud sustancial.[…]”
Lo esbozado permite inferir la existencia de un deber funcional como lo es la publicación de la información contractual en la página Secop; no obstante lo anterior, si no se realiza la misma dentro del término estatuido en la ley (3 días) y siempre que no se vean vulnerados los principios de la contratación estatal - como acá aconteció - debe concluirse que la conducta se encuentra desprovista de ilicitud sustancial.
Ahora, con relación a las presuntas falencias en la labor de supervisión ante incumplimientos en las especificaciones técnicas y normatividad respecto de los vehículos usados, se evidenció en la revisión documental y visita de campo lo siguiente:
“[…] Especificaciones Técnicas:
En virtud de lo consignado en el informe de supervisión No. 1 del 4 de septiembre de 2019 correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de julio y el 31 de agosto de 2019, se precisa que:
El contrato de prestación de servicio de transporte escolar que se presenta actualmente en las instituciones educativas del municipio de San Luis se presta de manera eficiente y eficaz debido a que cumple con el objeto del contrato referente a los tiempos de llegada y salida en las diferentes instituciones educativas, se mantiene el número de rutas establecidas en el pliego de condiciones de este contrato pero en tema de calidad no se cuenta con el transporte idóneo estipulado en la propuesta técnica por parte de la contratista, por lo cual se deben tomar las medidas pertinentes recomendadas en este informe.
[…] CONCEPTO TÉCNICO SOBRE LA VISITA DE CAMPO
En el marco de seguimiento se visitaron las siguientes Instituciones:
I.E. CARACOLI ubicado en la vereda Caracolí, I.E. San Miguel ubicado en el corregimiento Payande,
I.E. Ospina Pérez (sede 4) ubicado en la vereda Tomín y el I.E San Juan Bosco (sede el Limonar) ubicado en la vereda el Limonar, donde se visualizó que los vehículos que prestan el servicio de transporte no corresponden con los ofertados por el contratista ESCOLYTUR, ya que el servicio lo prestan vehículos de servicio particular y públicos tales como:
Vehículo NISSAN PATROL STATION WAGON JEEP diésel modelo 1987 de servicio particular placas FTR 150, Chevrolet Luv D´MAX camioneta modelo 1983 de servicio particular placas HMC 835, Camión Chevrolet NHR modelo 2016 de servicio público de placas TGU 930, Chevrolet blanco Galaxi NHR camioneta modelo 2016 de servicio público placas TGU 520, camión FORD 350 estacas de servicio público (cuenta con tarjeta de operación, pero no tiene póliza de seguro extra-contractual) modelo 1995 placas FTM 675.
Se puede manifestar que los vehículos no cuentan con póliza de seguro contractual ni extra- contractual, de los 5 vehículos a los cuales se les realizó la encuesta, solamente uno (el 20%) cuenta con tarjeta de operación, ningún vehículo contaba con acompañante, ninguno tenía letreros de transporte escolar especial, que uno era un JEEP camioneta de servicio particular, 2 camionetas con bancas adaptadas en la parte trasera del platón (uno de servicio público y otra particular) y dos camiones con 2 bancas en la parte trasera adaptadas en madera (ambos de servicio público).
De acuerdo con las entrevistas realizadas a las sedes estudiantiles no se cuenta con el comité de veeduría por lo cual se les requirió para que lo instalaran de acuerdo con lo manifestado a los diferentes actores tanto a los profesores, como a los padres de familia y a los alumnos que participaron en nuestras entrevistas.
[…] CALIDAD
En visita técnica se evidenció que el servicio de transporte escolar se viene realizando sin el cumplimiento de la normatividad vigente respecto al transporte escolar especial, lo anterior teniendo en cuenta que algunos vehículos no cumplen con las especificaciones técnicas para prestar el servicio: sin letreros delanteros y traseros de identificación como transportes escolar.
Los vehículos de transporte escolar deben llevar letreros colocados en la parte delantera, trasera y laterales con la leyenda Escolar, la leyenda delantera deberá estar invertida para poder ser leída a través de un retrovisor, en ningún vehículo se contaba con la presencia de un adulto como acompañante en el recorrido escolar y que tuviera conocimientos en primeros auxilios, en otros casos
se contó con vehículos con una antigüedad superior a los 20 años conforme con lo exigido en la normatividad vigente. Así mismo, se logró establecer que el proyecto de acuerdo con la información suministrada por la supervisión y a lo evidenciado en visita de inspección técnica al proyecto, ha tenido deficiencias en las condiciones de calidad (conformidad y confiabilidad) por lo cual el indicador de eficacia y calidad (IECB) del proyecto es de 0.5 (desempeño bajo)."
Se precisa en el informe del Apoyo a la supervisión No. 1 del 04/08/2019 (debe ser 4/09/2019) por el periodo comprendido entre el 1º. de julio y el 31 de agosto de 2019 para el contrato de prestación de servicio de transporte escolar que se presenta actualmente en las instituciones educativas del municipio de San Luis se presta de manera eficiente y eficaz debido a que cumple con el objeto del contrato referente a los tiempos de llegada y salida en las diferentes instituciones educativas, se mantiene el número de rutas establecidas en el pliego de condiciones de este contrato pero en tema de calidad no se cuenta con el transporte idóneo estipulado en la propuesta técnica por parte de la contratista, por lo cual se deben tomar las medidas pertinentes recomendadas en este informe (NOTA: se asume esta conclusión, ya que el informe del Supervisor no contiene ningún informe sobre la eficiencia, eficacia y calidad del proyecto).”
Con lo anterior se tiene que no todos los vehículos utilizados en el referido contrato - transporte escolar - eran aptos para la prestación del servicio, por cuanto carecían de algunos aditamentos requeridos para su especial funcionamiento y con ello, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) atendiendo el porcentaje de los avances en la ejecución de las actividades convenidas, las cantidades de obra ejecutadas, la calidad de las obras ejecutadas, determinó posible que aquellas situaciones podían ser objeto de Plan de Mejora, con la finalidad de aplicar acciones correctivas para subsanar o corregir las causas que originaron las inconsistencias; lo que a todas luces permite colegir que, las observaciones anotadas por el DNP eran susceptibles de ser corregidas, subsanadas, conforme a los compromisos pactados por las partes involucradas, como en efecto se buscó (debió buscar) con la suscripción del referido plan de mejora.
Respecto a la figura del Plan de Mejora se hace necesario precisar que con el propósito de obviamente procurar subsanar o mejorar las situaciones administrativas presentadas en la ejecución contractual, la Contraloría General de la República, a través de las resoluciones orgánicas No. 5872 de julio 11 de 2007 y 6289 de 2011 (Por la cual se reglamenta la metodología de los Planes de Mejoramiento que presentan los sujetos de control a la Contraloría General de la República), define como plan de mejoramiento el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados.
Evidente resulta, que situaciones como estas pueden ser subsanadas o corregidas a través de un conjunto de acciones y obligaciones que adquiere la empresa y/o entidad, denominándosele como plan de mejoramiento (plan de mejora) que fue lo que debió realizar (lo realizado) en este evento por la administración municipal San Luis y en ese entender, la situación señalada inicialmente como irregular se torna superada y por ende, desprovista de ilicitud sustancial.
Cabe recordar que, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué sobre asuntos similares a los acá investigados adelantó la actuación disciplinaria identificada internamente con la radicación IUC-D-2020-1464831 (IUS-E-2019-797034) y luego de evaluadas las pruebas acopiadas dispuso archivarles definitivamente (07-09-2022)5.
De lo anterior resulta procedente dar aplicación al artículo 90 de la Ley 1952 de 2019, que precisa que en cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinado no la cometió, que exista una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias.
Para el despacho las pruebas aportadas hasta el momento al proceso disciplinario demuestran que no existió hecho irregular imputable a funcionarios de la administración municipal de San Luis, que sea constitutivo de falta disciplinaria, razón por la cual se abstendrá en ordenar apertura de investigación disciplinaria y en consecuencia se dispone la terminación y archivo de la presente actuación disciplinaria.
Por lo expuesto, la Procuradora Provincial de Instrucción de Ibagué
RESUELVE:
PRIMERO: Abstenerse de continuar tramitando las presentes diligencias adelantadas contra funcionarios en averiguación de responsables del Municipio de San Luis Tolima, atendiendo las razones expresadas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: En consecuencia, se ordena el archivo definitivo de la presente actuación disciplinaria - identificada con la radicación IUC: D – 2020 – 1536035 (IUS: E – 2020 – 241977), atendiendo lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 1952 de 2019.
TERCERO: Notificar la presente determinación a los sujetos disciplinados atendiendo lo dispuesto en los artículos 120, 121, 123, 134 y demás normatividad concordante de la Ley 1952 de 2019, modificada en lo que respecta por la Ley 2094 de 2021. No notificar la presente decisión al no existir vinculación de sujeto disciplinable alguno a las presentes preliminares.
CUARTO: Realizar la comunicación al quejoso de que trata el parágrafo primero del artículo 110 de la Ley 1952 y artículo 129 inciso segundo ibídem modificado por el artículo 24 de la Ley 2094 de 2021. Precisar que no se comunicará la presente decisión
5 Corroborado Sistema de Información Misional (SIM) PGN – Expte - IUC-D-2020-1464831 (IUS-E-2019-797034)
a quejoso alguno al haberse iniciado la actuación atendiendo la información proveniente de servidor público en ejercicio de sus deberes funcionales.
QUINTO: Por secretaría, súrtanse los trámites pertinentes para efectos de las respectivas comunicaciones, notificaciones, registros y anotaciones pertinentes, dejándose las constancias de ley.
SEXTO: Por el funcionario responsable, realizar los registros en el Sistema de Información Misional (SIM) de la Procuraduría General de la Nación.
SÉPTIMO: En firme esta providencia archívese definitivamente.
CÚMPLASE.
IUC-D-2020-1536035 VPAG/PPI - rmps-PU/17.