---
clave: "pgn:responsabilidad_disciplinaria:201602031605430.DOCX"
titulo: "PUBLICACION DE CONTRATO ESTATAL: tIPICIDAD-Constituye una concreción o derivación del principio de legalidad"
corporacion: "Procuraduría General de la Nación"
tipo: "Fallo disciplinario"
fecha: "2015-09-29"
radicado: ""
numero: "201602031605430.DOCX"
ponente: ""
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201602031605430.DOCX"
---

# PUBLICACION DE CONTRATO ESTATAL: tIPICIDAD-Constituye una concreción o derivación del principio de legalidad

- **Título oficial / radicado:** Decisión disciplinaria — PUBLICACION DE CONTRATO ESTATAL
- **Corporación:** Procuraduría General de la Nación
- **Tipo:** Fallo disciplinario
- **Fecha:** 2015-09-29
- **Número:** 201602031605430.DOCX
- **Sección / Sala:** SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201602031605430.DOCX
- **Fuente oficial:** https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory

## Puntos clave

- Falta disciplinaria: No hay tipicidad de la conducta dado que la nueva norma eliminó los deberes reprochados relacionados con la publicación de la contratación
- Principio de favorabilidad: Es de plena aplicación en el campo disciplinario/
- Principio de favorabilidad: Está ampliamente ligado al principio de legalidad y a la aplicación de la ley en el tiempo
- Aplicación de la ley en el tiempo: Aplicación del principio de favorabilidad

## Fundamentos jurídicos

- Ley 734 de 2002
- Ley 190 de 1995
- Decreto 1477 de 1997

## Extracto

Por lo que el pago de los derechos de publicación del contrato con formalidades plenas, bajo el formato del extracto único de publicación, en el Diario Único de Contratación Pública, instituía un requisito de legalización del contrato y debía ser efectuado por el contratista, mediante la entrega a la entidad estatal del correspondiente recibo de pago a la Imprenta Nacional de Colombia, con lo cual se entendía cumplido el requisito, de acuerdo con los artículos 60 de la Ley 190 de 1995 y 3º del Decreto 1477 de 1995.

## Descriptores temáticos

PUBLICACION DE CONTRATO ESTATAL, Contratos celebrados por las entidades estatales de todos los órdenes que superaban el 50% de su menor cuantía

## Decisiones relacionadas

- [Procuraduría General de la Nación — Publicacion de contrato estatal: Decisión disciplinaria](https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202210311336420.DOC.md)
- [Procuraduría General de la Nación — PUBLICACION DE CONTRATO ESTATAL: se deberá disponer la terminación de la actuación y el archivo definitivo del expediente](https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202511281149050.DOCX.md)
- [Procuraduría General de la Nación — Empero no es el mero quebrantamiento formal el que origina el ilícito disciplinario, sino que se requiere un quebrantamiento sustancial.](https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202301201544130.DOCX.md)
- [Procuraduría General de la Nación — PUBLICACION DE CONTRATO ESTATAL: se informe si en el Municipio de El Bagre forma parte de la Asociación de Municipios del Magdalena Medio](https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:202510271152520.DOCX.md)

## Texto del documento

FALTA DISCIPLINARIA-No hay tipicidad de la conducta dado que la nueva norma eliminó los deberes reprochados relacionados con la publicación de la contratación
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-Es de plena aplicación en el campo disciplinario/
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-Está ampliamente ligado al principio de legalidad y a la aplicación de la ley en el tiempo
Para comprobar el alcance de este principio en materia disciplinaria, es bueno hacer referencia a lo expuesto por la Corte Constitucional.
…Así que de acuerdo a lo dicho por la alta corporación, es de plena aplicación el principio de favorabilidad en el campo disciplinario.
…Notamos que el principio de favorabilidad está ampliamente ligado al principio de legalidad y a la aplicación de la ley en el tiempo.
APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO-Aplicación del principio de favorabilidad
En el caso concreto manifiestan los impugnantes que el deber consagrado en la norma presuntamente violada salió del ordenamiento jurídico en virtud de la derogación de la misma y que era menester aplicar la norma posterior por resultar más favorable a los disciplinados.
En ese sentido, respecto de la aplicación general de las normas en el tiempo se ha expresado la Corte Constitucional en sentencia C- 619 de 2001.
…Usando lo dicho por la Corte Constitucional respecto a la aplicación de la ley en el tiempo con relación al caso bajo estudio, encontramos que, efectivamente, la norma disciplinaria que se presenta como infringida por los disciplinados, esto es el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, hace referencia al cumplimiento de los deberes señalados en la Constitución, las leyes y los Decretos, específicamente los contenidos en los artículos 59 y 61 de la Ley 190 de 1995 y los artículos 1, 2, 3 y 6 del Decreto 1477 de 1997, respecto de los contratos de la vigencia 2009.
Es claro que los artículos 59 y 61 de la Ley 190 de 1995 y consecuentemente los artículos 1, 2, 3 y 6 del Decreto Reglamentario 1477 de 1997, fueron derogados por los artículos 223 y 225 del Decreto 9 de 2012, a partir del 1 de junio de 2012.
Por lo que es fácil deducir que los artículos 59 y 61 de la Ley 190 de 1995 y los artículos 1, 2, 3 y 6 del Decreto 1477 de 1997, para el año 2009, contaban con plena vigencia.
PUBLICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL-En cumplimiento del mecanismo de publicidad los contratos estatales del orden nacional debían ser publicados en el Diario Oficial/ DEBER FUNCIONAL-Desarrollo legal de la obligación de publicación y forma de hacerlo
Así que el deber de publicación se concretaba en que a partir de la vigencia de esta Ley, los contratos que celebraran las entidades públicas del orden nacional deberían ser publicados dentro de los tres (3) meses siguientes al pago de los derechos de publicación en el Diario Oficial, respetando el mecanismo de publicidad creado por la norma.
Precepto que debía entenderse en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 3 literal d) de la Ley 1150 de 2007, vigente para el año 2009, época de los hechos investigados, que señalaba que el SECOP estaría integrado, entre otros, por el Diario Único de Contratación Estatal.
El artículo 61 de la Ley 190 de 1995 indicaba que …En este caso el deber de publicación se puntualizaba en que a partir de la vigencia de esta ley, las entidades públicas debían enviar a la Imprenta Nacional una relación de los contratos celebrados que superaren el 50% de su menor cuantía.
Por su lado, el Gobierno Nacional expidió mediante el Decreto 1477 de 1995 la reglamentación de la Ley 190 de 1995, disponiendo en el artículo 1º que la publicación de los contratos de las entidades estatales del orden nacional se debía efectuar bajo la forma del denominado "extracto único de publicación", que fuera un anexo del contrato y que comprendiera solamente los elementos fundamentales de los contratos, los cuales señaló la misma norma.
El artículo 3º del decreto 1477 de 1995 reafirmó la obligación de pago del valor de la publicación del contrato realizada en esta forma, por parte del contratista, cuando preceptuó: «Una vez el contratista haya cancelado el valor de los derechos de publicación y entregue a la entidad contratante la constancia de tal hecho, el ordenador del gasto de las entidades públicas del orden nacional o su delegado remitirá a la Imprenta Nacional de Colombia en original el extracto único de publicación de los contratos por él suscritos, dentro de los diez (10) días siguientes a dicha entrega».
Por lo que el pago de los derechos de publicación del contrato con formalidades plenas, bajo el formato del extracto único de publicación, en el Diario Único de Contratación Pública, instituía un requisito de legalización del contrato y debía ser efectuado por el contratista, mediante la entrega a la entidad estatal del correspondiente recibo de pago a la Imprenta Nacional de Colombia, con lo cual se entendía cumplido el requisito, de acuerdo con los artículos 60 de la Ley 190 de 1995 y 3º del Decreto 1477 de 1995.
PUBLICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL-Contratos celebrados por las entidades estatales de todos los órdenes que superaban el 50% de su menor cuantía/PUBLICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL-Cumplimiento con envío de relación o declaración
Situación distinta se predicaba de la remisión a la Imprenta Nacional de Colombia, de la relación mensual de los contratos celebrados por las entidades estatales de todos los órdenes, que superaban el 50% de su menor cuantía, la cual constituía una obligación de las entidades mismas, conforme a los artículos 61 de la Ley 190 de 1995 y 6º del Decreto 1477 de 1995, relación que podía sustituirse, en el caso de las entidades del orden nacional, por una declaración de que la totalidad de los contratos celebrados el mes anterior habían sido enviados para su publicación, bajo el formato del extracto, a la Imprenta Nacional.
PUBLICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL-Lo que se modificó no fue el deber de publicación sino una forma de realizarlo.
Con todo ello la nueva regla, esto es el artículo 223 del Decreto 9 de 2012, no suprimió el deber de publicación de los contratos, sino que eliminó una forma de realizarlo, tal como lo dejó claro la Corte Constitucional al estudiar la exequibilidad de esta norma.
APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO-La norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista es la que se aplica a esos hechos/ PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-La norma disciplinaria hace parte de los tipos abiertos/ PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-No se puede entender que las normas que le imponen obligaciones a las entidades públicas en materia contractual no lo aplican/DERECHO DISCIPLINARIO-Acepta el sistema de numerus apertus
Visto lo anterior, para la Sala es diáfano que dentro de la Teoría General del Derecho, la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada después; sin embargo, para efectos de la norma disciplinaria aplicada al presente caso, artículo 34 del CDU, de los deberes del servidor público, tal como lo expresaron los apelantes, esta hace parte de los tipos abiertos que caracterizan al Código Disciplinario Único, que deben ser llenados con las normas que los contienen, así que no es de recibo lo expuesto por la primera instancia frente al argumento referente a que en materia disciplinaria (artículo 14 del CDU), la favorabilidad se aplica a la norma que rige la actuación disciplinaria, en cuanto a las conductas y las sanciones que se derivan de las mismas, por lo que las normas que le imponen obligaciones a las entidades públicas en materia contractual, no aplican para el principio de favorabilidad alegado por la defensa.
No en vano, la Corte Constitucional considera razonable que el Derecho Disciplinario, como un cuerpo normativo, esté integrado «[...] por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, independientemente de cuál sea el órgano o la rama a la que pertenezcan», aceptando el sistema de numerus apertus « Dado que en un Estado de Derecho las autoridades sólo pueden hacer lo que les está permitido, el régimen disciplinario se caracteriza, a diferencia del penal, porque las conductas constitutivas de falta disciplinaria están consignadas en tipos abiertos, ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos donde se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de los actos antijurídicos de los servidores públicos » , por lo que no podemos excluir de la aplicación del principio de favorabilidad a aquellas normas que le imponen obligaciones a las entidades públicas en materia contractual, y que expresan deberes contenidos en las mismas.
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-Tiene restricciones para su aplicación en los procesos contractuales/ PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-En materia contractual no hay sanción sino fijación de parámetros
Si bien es cierto que el principio de favorabilidad tiene restricciones para su aplicación en los procesos contractuales, en la medida en que una entidad pública no debe darle aplicación, por ejemplo, cuando se presenta una contradicción en el pliego de condiciones entre el título de una norma y el contenido de la misma que establece un criterio para evaluar el tiempo de experiencia y cumplimiento por parte del contratista, pero ello tiene fundamento es en que no se está frente a una competencia sancionadora, disciplinaria o punitiva de la administración pública, sino de cara a un precepto que tiene como contenido y alcance establecer un criterio de valoración de experiencia y cumplimiento, sin que con ello se esté imponiendo una sanción o se discipline a los proponentes, ya que no puede imprimírsele un contenido sancionatorio a un precepto del pliego de condiciones que lo único que hace es fijar un parámetro de calificación basado en la experiencia de los proponentes en la ejecución de contratos estatales, razón por la cual no se puede equiparar un criterio de valoración de experiencia y cumplimiento en un proceso de licitación pública, ni ningún otro procedimiento en materia contractual, con una sanción de índole administrativa en la que sí es dable la aplicación de este principio.
DEBIDO PROCESO-Tiene dos expresiones desde el derecho administrativo/ DEBIDO PROCESO-En el derecho administrativo sancionador es aplicable el principio de favorabilidad
Corolario de lo anterior es lo expresado por el Consejo de Estado, de cara al contenido del artículo 29 de la Carta Política de 1991, en cuanto a que el debido proceso tiene dos expresiones desde el derecho administrativo. «(…) i) el derecho al debido proceso en el derecho administrativo no sancionador y ii) el derecho al debido proceso en el derecho administrativo sancionador […] en este último será predicable el principio de favorabilidad», exponiendo que en el derecho administrativo sancionador se trata de situaciones en las cuales el Estado ejerce una potestad que es excepcional o exorbitante consistente en la posibilidad de imponer sanciones.
Así las cosas, contrario a la tesis del a quo, las normas que le imponen obligaciones a las entidades públicas en materia contractual, al ser aplicadas en un juicio administrativo sancionatorio, aplican para el principio de favorabilidad, con fundamento en el debido proceso propio de este tipo de causas.
TIPICIDAD-Constituye una concreción o derivación del principio de legalidad
En relación al principio de tipicidad es bueno anotar lo señalado por la Corte Constitucional en su sentencia C- 796 de 2004, en cuanto este constituye una concreción o derivación del principio de legalidad, respecto del cual la misma sentencia marca que constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de todos los asociados al permitirles conocer de manera anticipada las conductas que son reprochables y las sanciones aplicables. Expresando además: «Que el ius puniendi del Estado sea reglado y sometido a los controles necesarios, es precisamente uno de los objetivos que persigue el Estado de Derecho, en cuanto representa la forma de garantizar la plena vigencia de los derechos y garantías de los potenciales encartados, erradicando así la arbitrariedad y el autoritarismo».
DEBER DEL SERVIDOR PUBLICO-Cumplir con la constitución, las leyes y manuales de funciones
Así las cosas, es preciso establecer si la norma posterior que también incluía el deber de la publicación de los contratos fue cumplida en su momento por los implicados y si ello da lugar a la aplicación del principio de favorabilidad, por ello, en orden a establecer la existencia de la conducta imputada y si ella encuadra en la norma disciplinaria presuntamente infringida, la Sala se referirá al numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002; señalado en el auto de cargos y confirmado en la decisión de instancia como violada por los investigados. Seguidamente analizará las pruebas que sustentan los reproches fundantes de la imputación, su evaluación j

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

tándar de control interno MECI en cumplimiento a la Ley 872 del 2003, Decretos 4110 de 2004, 1599 de 2005, se implementaron, los procedimientos, guías, manuales, instructivos, se adoptó el Código del Buen Gobierno definiendo un capítulo de las políticas de contratación pública, se adopta mediante Resolución 200-41081367 del 26 de noviembre de 2008 por medio de la cual se crea el comité anti trámites y de gobierno en línea de la entidad […]» En cuanto a las directrices de la Dirección General informó que eran el cumplimiento a las normas generales, políticas de gobierno en línea y el SECOP ( folios 432 a 435 cuad. Original 2).
El dicho de la deponente Holguín Suárez es sustentado con los documentos encontrados en el expediente respecto a la adopción del Código de Buen Gobierno y del sistema de gestión de la calidad y modelo estándar de control interno MECI (folios 437 a 489 cuad. Original 2).
Las anteriores pruebas permiten determinar que CORPORINOQUIA no diligenció el extracto único de publicación y su posterior envío a la Imprenta Nacional de Colombia para su publicación en el Diario Único de Contratación, como tampoco envió a la Imprenta Nacional la relación de los contratos celebrados que superaban el 50% de su menor cuantía, para la vigencia 2009, y que la nueva ley prescindió explícitamente de esa forma de realizar la publicación en materia contractual, eliminando la publicación en medio escrito como el Diario Único de Contratación y optando por un medio electrónico, no impreso -Sistema Electrónico de Contratación Estatal, SECOP-, que cumple y cumplía la misma finalidad de hacer público el conocimiento de dichos actos de la actuación contractual de la administración, lo cual le quitó el carácter de falta disciplinaria a la que con la antigua ley lo era. Para la Sala, este evento envuelve la aplicación de la norma más favorable a los disciplinados, aun cuando aquella sea posterior en el tiempo en que se cometió la falta, dadas las especiales características del presente caso.
La Sala no puede dejar de lado que ante diversas posturas interpretativas ha de acogerse la más favorable y menos gravosa para disciplinados, máxime cuando uno de los principios rectores de la ley disciplinaria se encuentra plasmado en el artículo 14 del CDU y desarrolla el principio de favorabilidad, en tanto la ley permisiva o favorable, aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable, sin que tal enunciado haga distinción entre la norma procesal y la sustantiva, lo cual deja claro que su aplicación es tanto para el procedimiento como en el estudio de fondo al caso determinado.
Lo anterior no significa que se deba prescindir de la norma, sino aplicarla de manera crítica, en tanto que si la norma ofrece diversas soluciones justas y concretas en el tiempo, estas deben dársele el valor que cada una tiene, de ahí que «La tipicidad comporta un aspecto esencial dentro de la lógica de la naturaleza de las cosas ya que el entendimiento de la realidad es meramente tipológico, lo cual no implica la prevalencia del tipo-como formalidad- sobre la realidad, sino más bien su uso adecuado como descripción o explicitación de la realidad».
Y es que aun cuando en este proceso se cuestiona el incumplimiento del deber contenido en los artículos 59 y 61 de la Ley 190 de 1995, norma vigente para la época de los hechos, los disciplinados sí dieron cumplimiento al deber de publicación de los contratos durante la vigencia 2009, ya que estos cumplieron las formas de publicación establecidas en la nueva norma, esto es el artículo 223 del Decreto 9 de 2012, el cual instituyó que los contratos estatales sólo se publicarían en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP, razón por la cual es acertado aplicar el principio de favorabilidad contenido en el artículo 14 de la Ley 734 de 2002 para el caso concreto.
Así las cosas, la Sala no comparte el juicio realizado por la primera instancia al negar el reconocimiento del principio de favorabilidad que tiene raíces constitucionales y legales, para la plena aplicación en el derecho disciplinario, comoquiera que los deberes señalados en los cargos como incumplidos por los investigados dejaron de admitir reproche disciplinario por virtud de que ya no hacen parte del ordenamiento jurídico, ni de la órbita funcional que se predica de los disciplinados, además que la norma posterior que los contiene fue cumplida en su nueva forma.
Por ello, al aplicar el principio de favorabilidad, la norma aplicable que llenaría el tipo en blanco señalado por el sentenciador de instancia correspondería al artículo 223 del Decreto 9 de 2012 y en su defecto el deber exigido a los disciplinados se concretaría en que los contratos estatales sólo se publicarían en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP, deber que aparece cumplido por la entidad y por ende por los disciplinados.
De lo expuesto en precedencia, la Sala debe concluir que no es dable tipificar la conducta reprochada a los disciplinados en la falta endilgada de incumplimiento de deberes enunciados en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
Dado que no fue superado el análisis de la tipicidad de las conductas, la Sala no abordará los demás temas planteados por los recurrentes de cara a la ilicitud sustancial y a la culpabilidad.
En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación en uso de sus facultades legales,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR los ordinales primero, segundo y parágrafo, tercero, cuarto y parágrafo del fallo de primera instancia, en cuanto declaró disciplinariamente responsable de los cargos formulados a los señores [NOMBRE TACHADO] identificado con la cédula de ciudanía número 19.143.081 y [NOMBRE TACHADO], identificado con la cédula de ciudanía número 19.252.909, en sus calidades de director general y asesor de CORPORINOQUIA, respectivamente y les impuso la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo por el término diez (10) y seis (6) meses, en orden. En consecuencia, absolverlos de responsabilidad disciplinaria, conforme lo señalado en la parte motiva de la presente decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR, por la Secretaría de la Sala Disciplinaria, la presente decisión a los investigados y a su defensora, tal como lo prevén los artículos 101 y 107 de la Ley 734 de 2002, advirtiéndoles que contra la presente providencia no procede ningún recurso en la vía gubernativa.
Para tal efecto, consultar los folios 64 del cuaderno uno, 560 y 574 del cuaderno dos del expediente
TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría de la Sala Disciplinaria, las presentes diligencias a la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, previa las anotaciones y constancias de rigor.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CARLOS NOVOA BUENDÍA
Procurador Primero Delegado
Presidente
MARIA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ
Procuradora Segunda Delegada
Proyectó: Dra. Gilma J. De Caro Meza
Expediente N°. 161-6110 (IUS 2010 - 387491)

## Cómo citar esta fuente

Procuraduría General de la Nación. Fallo disciplinario Decisión disciplinaria — PUBLICACION DE CONTRATO ESTATAL. 2015-09-29. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/pgn:responsabilidad_disciplinaria:201602031605430.DOCX).
