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ARCHIVO DE INVESTIGACIÓN EN INDAGACION-Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal determina que no se encuentran los elementos que permitan la configuración de una falta disciplinaria contra Alcalde de El Bagre (Antioquia) y Gerente del Hospital Nuestra Señora [NOMBRE TACHADO] E.S.E.
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA-Construcción de la segunda etapa del proyecto de reposición del hospital nuestra señora [NOMBRE TACHADO], con el fin de mejorar la prestación del servicio asistencial de salud en el municipio de el bagre (Antioquia) por la suma de $ 13.000.0000.000
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA-Remodelación y adición de la plata física del puesto de salud del corregimiento de puerto López del Bagre y remodelación de la planta física del puesto de salud del corregimiento de Puerto Claver por $ 6.037.735.428
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Declaración por Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 en todo el territorio nacional
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Medidas extraordinarias orientadas a conjurar los efectos de la crisis sanitaria derivada de la propagación del virus COVID-19
DECRETOS LEGISLATIVOS DE LOS ESTADOS DE EXCEPCION-Adopción de medidas especiales en materia de contratación estatal
DECRETOS LEGISLATIVOS DE LOS ESTADOS DE EXCEPCION-Da lugar a declarar urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales para la contratación directa del suministro de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar efectos de la pandemia
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA-Convenios y contratos interadministrativos suscritos por la E.S.E. del Municipio de El Bagre bajo la modalidad de contratación directa fueron en el marco de la urgencia manifiesta
PUBLICACION DE CONTRATO ESTATAL-Se verificó que los procesos contractuales fueron debidamente publicados en la plataforma SECOP II cumpliendo con los principios de publicidad y transparencia que rigen la contratación estatal
Dependencia:
Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal
Radicación IUS:
E-2020-448059
Radicación IUC:
D-2020-1579179
Implicados:
FABER ENRIQUE TRESPALACIOS
[NOMBRE TACHADO]
Cargo:
Alcalde del Municipio El Bagre 2020-2023
Gerente E.S.E 2020-2023
Entidad:
Alcaldía Municipio El Bagre – Antioquia
E.S.E. Municipal El Bagre
Signatario:
GERMAN ANDRÉS HOYOS MEZA
Fecha de la Denuncia:
Agosto 19 de 2020
Fecha de los Hechos:
Julio de 2020
Asunto:
Presuntas Presunta Violación al Régimen de Contratación – Modalidad de Contratación.
Decisión:
Auto que ordena la terminación de la actuación y el archivo definitivo (Artículo 90 de la Ley 1952 de 2019)
Yarumal, Antioquia 21 de enero de 2025
ASUNTO
Conforme a los parámetros establecidos en el artículo 208 parágrafo del Código General Disciplinario reformado por la Ley 2094 de 2021, se procede a evaluar y adoptar la decisión que en derecho corresponde, dentro de las presentes diligencias disciplinarias, seguida en contra de FABER ENRIQUE TRESPALACIOS Alcalde del Municipio El Bagre - Antioquia y [NOMBRE TACHADO], Gerente E.S.E – Antioquia, para la época de ocurrencia de los hechos.
ANTECEDENTES
La Denuncia.
Extracto transcripción literal de la queja para referencia así:
“- (…) El alcalde municipal de El Bagre – Antioquia, el señor [NOMBRE TACHADO], en su calidad de presidente de la Junta Directiva del Hospital Nuestra Señora [NOMBRE TACHADO], faculto, a la señora [NOMBRE TACHADO], para que en su nombre celebrara el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO CI-001-2020, con la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO (AMMA), con Nit [IDENTIFICACIÓN TACHADA]. Cuyo objeto como aparece en el convenio es “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE REPOSICION DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA [NOMBRE TACHADO], CON EL FIN DE MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASISTENCIAL DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE – ANTIOQUIA”, por una suma de “TRECE MIL MILLONES DE PESOS $ 13.000.0000.000”.
- La gerente del Hospital Nuestra Señora [NOMBRE TACHADO], también celebro El CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-003-2020, con la misma Asociación (AMMA), cuyo objeto contractual es “REMODELACIÓN Y ADICIÓN DE LA PLATA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LÓPEZ DE EL BRAGRE Y REMODELACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER”, por un valor aproximado de “SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS $ 6.037.735.428.”
- A su vez también se celebró el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N 002-2020, con la misma asociación (AMMA); cuyo objeto es: “INTERVENTROIA TECNICA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE REPOSICIÓN DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA [NOMBRE TACHADO] DE MEJORR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASISTENCIAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE”, cuyo valor asciende a los “SEISCIENTO MILLONES DE PESOS $ 600.000.000”. todos los contratos anteriormente referenciados, se firmaron bajo la modalidad de convenios interadministrativos, y se celebraron el mismo día, es decir el 13 de julio de 2020, pero lo que mas resalta, es que los documentos idóneos para realizar el contrato, tanto por parte del contratante como por el contratista, no reposan en la página del SECOP, lo cual vulnera los principios de publicidad y transparencia por parte de la Administración del Municipio de El Bagre, y por la Gerencia del Hospital Nuestra Señora [NOMBRE TACHADO], que no le permite a los ciudadanos, ni al mismo Estado, observar si se cumplen con todos los requisitos exigidos para suscripción de dichos contratos.
-Como consta en el art 17 del Contrato Interadministrativo No 001-2020, el señor alcalde en calidad de director de la junta directiva del Hospital, faculto de manera amplia a la gerente del hospital para que en su lugar suscribiera dichos contratos.
-Anuado a lo anterior el municipio El Bagre, forma parte de la SOCIEDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO CAUCA Y BAJO NECHÍ (AMBACAN), que en su art 4, literal E, tiene dentro de su objeto social, celebrar o suscribir contratos, par construir obras públicas o privadas, lo cual no tuvo en cuenta el suscrito Asociado.
Indagación Previa
Con fundamento en la información referida, por auto del 25 de septiembre de 2020, esta Procuraduría Provincial de Instrucción, ordenó la apertura de indagación previa en contra de FABER ENRIQUE TRESPALACIOS Alcalde del Municipio El Bagre - Antioquia y [NOMBRE TACHADO], Gerente E.S.E – Antioquia, por presunta Violación al Régimen de Contratación – Modalidad de Contratación. Ver folios 52 al 55, decretando dentro del mismo, las siguientes pruebas:
Alcaldía del Municipio del Bagre – Antioquia, solicitando la siguiente información y documentación:
Del señor alcalde:
Acta de elección o designación según el caso.
Acta de posesión.
Manual de funciones.
Certificación de salario devengado en el año 2020.
Copia de la Hoja de vida.
Ultima dirección reportada.
Se informe si el Municipio de El Bagre forma parte de la Sociedad de Municipios del Bajo Cauca y Bajo Nechí (AMBACAN). En caso positivo se aportará lo siguiente:
Copia del documento constitutivo.
Se informe si en el Municipio de El Bagre forma parte de la Asociación de Municipios del Magdalena Medio. En caso positivo, se aportará lo siguiente:
Copia del acuerdo mediante el cual el Concejo Municipal autorizó dicho ingreso.
Copia del documento constitutivo de dicha asociación.
Se informe si el Municipio de El bagre presentaba alguna prohibición constitucional, legal o reglamentaria para hacer parte de una nueva Asociación de Municipios y paralelamente estar en otra.
E.S.E. Hospital nuestra señora [NOMBRE TACHADO]:
De la señora [NOMBRE TACHADO] su calidad de gerente:
Acta de elección o designación según el caso.
Acta de posesión.
Manual de funciones.
Certificación de salario devengado en el año 2020.
Copia de la hoja de vida.
Última dirección reportada.
Se aporte copia del Acuerdo mediante el cual se adopta el Reglamento Interno de la entidad.
Cuál es el procedimiento establecido en dicha entidad para el otorgamiento de facultades especiales a la gerente de dicha E.S.E en materia contractual.
Aportar, en caso de haberse presentado en lo corrido de este año 2020, copias de todas las actas de las reuniones llevadas a cabo por parte de la Junta Directiva, y en las cuales se haya decidido sobre la entrega de facultades a la gerente para celebrar contratos de obra pública.
Se informe, cuantos integrantes de la Junta Directiva, según los estatutos vigentes para el año 2020, se requerirán para cumplir con el quorum de liberatorio y cuantos se requerían para el quorum decisorio.
Se informe si la E.S.E. celebró el contrato administrativo CI-001-2020 con la Asociación de Municipio del Magdalena medio (AMMA).
Aportar toda la documentación existente.
Aportar el contrato de interventoría técnica, administrativa y financiera.
Informar los mecanismos de publicidad que se adoptaron con respecto a la citada contratación.
Razones jurídicas de haber elegido para dicha contratación, un mecanismo diferente a la licitación pública.
COMPETENCIA
La Procuraduría General de la Nación es la autoridad competente, desde el punto de vista constitucional, legal y reglamentario, para investigar disciplinariamente la conducta de los servidores públicos denunciados.
Por disposición expresa del artículo 22 del Decreto 1851 de 2021, por medio del cual se modifica el artículo 76 del Decreto Ley 262 de 2000, “por el cual se modifican los Decretos Ley 262 y 265 de 2000 con el fin de reconfigurar la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación, modificar el régimen de competencias internas, crear, fusionar cargos y determinar los funcionarios que los ocupaban a donde pasarán a ocupar los nuevos cargos que se creen, así como la reasignación o cambio de la estructura de funcionamiento y asignación de las diferentes funciones y cargos de los empleados y se dictan otras disposiciones”, y lo señalado en el artículo 3º (3.2.4 ) de la Resolución No. 213 del 06 de mayo de 2003 proferida por el Señor Procurador General de la Nación, por medio de la cual “se define la competencia territorial de las Procuradurías Regionales, Provinciales y distritales y se establece el mapa territorial de competencias de la Procuraduría General de la Nación”, modificada por las Resoluciones 247 de 2006, 181 de 2007 ,266 de 2007, 237 de 2008, 349 de 2008, 43 de 2009,155 de 2009, 216 de 09, 372 de 2010 y 97 de 2017, adicionada por la Resolución 403 de 2018, esta dependencia conoce en primera instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los servidores públicos del orden municipal dentro de su circunscripción territorial, incluido el municipio de El Bagre - Antioquia.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Para evaluar la presunta comisión de la falta, el despacho estudiará en conjunto el acervo probatorio allegado en legal forma al expediente, no observando causal de nulidad que las pueda invalidar, procediendo a valorarlas definiendo el grado de convencimiento que ellas producen en esta instancia para tomar la decisión de fondo, toda vez, que las pruebas fueron aportadas al proceso por los medios y procedimientos aceptados por la Ley, para llevarle al Operador Disciplinario de Instrucción, el convencimiento o la certeza sobre los hechos, constituyéndose en pieza procesal dentro del expediente y atendiendo los preceptos normativos de la Ley 1952/2019 “Código General Disciplinario” en su Artículo 159: <<Apreciación Integral de las pruebas: Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica>>, (subrayado fuera de texto); realizado entonces un prolífico análisis del acervo probatorio bajo los presupuestos antes planteados, valorando y definiendo el grado de convencimiento (análisis hecho a las pruebas documentales recaudadas en el plenario, de acuerdo con las reglas de la Sana Critica, sobre lo cual el autor VARELA nos guía sobre el concepto expresando: <<La Sana Crítica implica que en la valoración de la prueba se adquiera la convicción observando las leyes lógicas del pensamiento, en su secuencia razonada y normal de correspondencia entre éstas y los hechos de análisis.>>
Sobre este tema la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-100/98, enseña: <<La prueba examinada por el Juez en todos sus aspectos, escudriñada en cuanto a su validez e idoneidad, comparada y medida en su valor frente a las demás que obran en el plenario, sopesada en cuanto a su relación con los hechos materia de litigio y con las normas generales y abstractas que corresponde aplicar en el caso, complementada con aquellas adicionales que el Juez estime necesarias para llegar a una autentica convicción sobre la verdad y en fin evaluada, analizada y criticada a luz del derecho y con miras a la realización de justicia, es el elemento esencial de la sentencia, supuesto necesario de las conclusiones en ella consignadas y base imprescindible para reconocer en el fallo la objetividad y la imparcialidad de quien lo profiere. La práctica de todas las pruebas que sean menester para ilustrar el criterio del Juez y su pleno conocimiento, ponderación y estudio, así como las posibilidades ciertas de objetarlas, contradecirlas y complementarlas en el curso del trámite procesal, son elementos inherentes al derecho de defensa y constituyen garantía de la idoneidad del proceso para cumplir las finalidades que le han sido señaladas en el Estado Social de Derecho.>>
Por otra parte, como nos lo recuerda FRANCOIS GORPHE claramente: <<La Libre Convicción no implica un criterio arbitrario sobre el asunto en examen, sino que se requiere una valoración razonada y cuidadosa de los hechos y de las pruebas acumuladas. Es que dentro de un concepto racional de la justicia la condición que motiva la decisión ha de ser la conclusión lógica de un examen analítico de los hechos y de una apreciación crítica de los elementos de prueba”), así mismo, con respecto a la valoración de la prueba, la cual debe llevar al convencimiento del funcionario judicial sobre los hechos que interesan al objeto del proceso, a través de la persuasión racional o Sana Crítica la Corte Suprema de Justicia la define como el sometimiento de las pruebas a las leyes o reglas que regulan el razonamiento deductivo, los fenómenos materiales y las conductas frente a la sociedad, de acuerdo a lo admitido por ella misma para ser viable su existencia y verificación de sus comunes objetivos, todo cumplido en forma “sana” esto, es, bajo la premisa de reglas generales admitidas como aplicables y “crítica”, es decir, con base en los hechos objeto de valoración, entendidos como “Criterios de Verdad”, así se tiene que la Sana Crítica la conforma entre otros, las leyes de la ciencia, las leyes de la lógica y las máximas de la experiencia>>; De igual forma como lo enuncia el tratadista JAIRO FERNANDO BULLA ROMERO en su obra <<Derecho disciplinario comentarios a la Ley 734 de 2002, la cual fue derogada por la Ley 1952 de 2019)>>, con respecto a la Sana Crítica, advierte que tal como lo dice la norma, las pruebas deberán valorarse, apreciarse, estimarse en forma conjunta, es decir, no separada, no aisladamente, de conformidad con las reglas de la Sana Crítica, discierne que esta es la exaltación y reconocimiento de la experiencia media que debe tener el Juez o administrador de justicia disciplinaria para valorar las pruebas.
Así que, las pruebas son los medios que utilizamos para acercarnos a la verdad real (material), sobre la ocurrencia de unos hechos, sin desconocer la verdad formal (procesal); a través de una actividad probatoria o actos de investigación de forma imparcial y respetuosa del principio de la presunción de inocencia, aspecto este
último que así ha reconocido la honorable Corte Constitucional en sentencia C-205-
2003 al afirmar:
"En un Estado Social de Derecho corresponde siempre a la organización estatal la carga de probar que una persona es responsable de un delito, que produjo el daño, o participó en la comisión del mismo, lo que se conoce como principio onus probandi incumbit actori. ('La carga de la prueba incumbe al actor) La actividad probatoria que despliegue el organismo investigador debe entonces encaminarse a destruir la presunción de inocencia de que goza el acusado, a producir una prueba que respete las exigencias legales para su producción, de manera suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la experiencia y la sana crítica. Así pues, no le incumbe al acusado desplegar ninguna actividad a fin de demostrar su inocencia, lo que conduciría a exigirle la demostración de un hecho negativo, pues por el contrario es el acusador el que debe demostrarle su culpabilidad. Por ello, a luz del principio del in dubio pro reo si no se logra desvirtuar la presunción de inocencia hay que absolver al acusado, y toda duda debe resolverse a su favor implicando su absolución.”
Por último, procede el despacho disciplinador a recordar la sentencia C-244 de 1996 en los siguientes términos “Presunción De Inocencia / In Dubio Pro Disciplinado. ...El derecho fundamental que tiene toda persona a que se presuma su inocencia, mientras no haya sido declarada responsable, se encuentra consagrado en nuestro Ordenamiento constitucional en el artículo 29, en estos términos: “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”, lo que significa que nadie puede ser culpado de un hecho hasta tanto su culpabilidad no haya sido plenamente demostrada. Este principio tiene aplicación no sólo en el enjuiciamiento de conductas delictivas, sino también en todo el ordenamiento sancionador -disciplinario, administrativo, contravencional, etc.-, y debe ser respetado por todas las autoridades a quienes compete ejercitar la potestad punitiva del Estado”. Ahora bien: el principio general de derecho denominado “in dubio pro reo” de amplia utilización en materia delictiva, y que se venía aplicando en el proceso disciplinario por analogía, llevó al legislador a consagrar en la disposición que hoy se acusa, el in dubio pro disciplinado, según el cual, toda duda que se presente en el adelantamiento de procesos de esta índole, debe resolverse a favor del disciplinado. El “in dubio pro disciplinado”, al igual que el “in dubio pro reo” emana de la presunción de inocencia, pues ésta implica un juicio en lo que atañe a las pruebas y la obligación de dar un tratamiento especial al procesado. Como es de todos sabido, el juez al realizar la valoración de la prueba, lo quede realizar conforme las reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando la Administración decide ejercer su _potestad sancionatoria tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría o participación en la conducta tipificada como infracción disciplinaria es imputable al procesado. Recuérdese que, en materia disciplinaria, la carga probatoria corresponde a la Administración o a la Procuraduría General de la Nación, según el caso; dependiendo de quién adelante la investigación, y son ellas quienes deben reunir todas las pruebas que consideren pertinentes y conducentes para demostrar la responsabilidad del disciplinado.
En esta instancia el despacho se pronuncia en lo contemplado en el artículo 90 de la Ley 1952 de 2019 “el código General disciplinario se derogan la Ley 734 de 2000”, que establece que “En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias, la que comunicara al quejoso”.
TRANSICIÓN NORMATIVA.
Con el propósito de garantizar el debido proceso, resulta menester en el presenta acápite indicar que los hechos que son materia de investigación se dieron en vigencia de la Ley 734 de 2002 y que durante el tiempo que ha transcurrido desde esa fecha de los hechos, se dio un cambio de régimen normativo en virtud a la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, hecho que ocurrió el pasado en vigencia del año 2020.
El título XII de la Ley 1952 de 2019 en su artículo 263, reguló lo concerniente a la transitoriedad, vigencia y derogatoria. Allí específicamente se indicó que: “… a la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley…”.
Dispuso igualmente el legislador en ese mismo compendio en el título I, que corresponde a los Principios y Normas Rectoras, específicamente en el artículo 8, lo siguiente: “En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, sustancial o procesal de efectos sustanciales, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este principio rige también para quien esté cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto en la Constitución Política…”.
De conformidad con las disposiciones anteriormente transcritas, el presente proceso se deberá surtir siguiendo el trámite de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021; y en materia sustancial o procesal, con efectos sustanciales, se aplicará siempre el principio de favorabilidad, teniendo presente la eventual aplicación de la Ley 734 de 2002.
En el derecho disciplinario, está consagrado en el artículo 4 del Código Disciplinario Único. Este principio, en términos generales, se concreta en tres aspectos: i. En la existencia de una ley previa que determine la conducta objeto de sanción; ii. En la precisión de la ley para determinar la conducta objeto de reproche y; iii. En la precisión de la ley al determinar la sanción que ha de imponerse. Con el principio de legalidad se busca recortar al máximo la facultad discrecional de la administración en ejercicio del poder sancionatorio que le es propio.
Cumplidas las pruebas ordenadas en la etapa de INDAGACIÓN PREVIA, atañe a este Despacho, EVALUAR EL MATERIAL PROBATORIO ALLEGADO, conforme a los estableció en el Código General Disciplinario.
En efecto, la decisión que se adopte debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso (artículo 147 del Código General Disciplinario reformado por la Ley 2094 de 2021). Las pruebas, por su parte, deben ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica (artículo 159 del Código General Disciplinario reformado por la Ley 2094 de 2021), porque son las que le dan al funcionario de conocimiento la convicción para ocurrido.
A continuación, este Despacho se dispone a mencionar las pruebas allegadas:
VERSIÓN LIBRE: El día 11 de noviembre de 2025, el área jurídica del Municipio El Bagre, allega mediante correo electrónico, la versión libre del presunto disciplinado, el señor [NOMBRE TACHADO], Alcalde del Municipio El Bagre – Antioquia, donde se manifestó a los presuntos hechos mencionados en la queja, la cual se puede ver en los folios 64 al 69 del expediente.
Así mismo, en la misma fecha y también mediante correo electrónico, la Gerencia del Hospital nuestra señora el Bagre, allega la versión libre a nombre propia de la presunta disciplinada [NOMBRE TACHADO], Gerente E.S.E – Antioquia, ver folios 70 al 74 del expediente.
La Alcaldía del Municipio El Bagre, con oficio No 290 y radicado SGG-200-290-2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, mediante correo electrónico, allega la información y documentación solicitada por este Despacho con oficio 924 del 24 de noviembre de 2020, información que puede ser evidenciada en los folios 78 al 107 del expediente.
La E.S.E. Hospital nuestra señora [NOMBRE TACHADO], allega la información solicitada por este Despacho, mediante oficio No 925 del 10 de diciembre de 2020, la cual puede ser evidenciada en el folio 108 del expediente (CD).
Consecuentemente, una vez analizado el contenido de la queja, el acervo probatorio allegado y presentado durante la etapa de indagación preliminar, este Despacho determina que NO encuentra los elementos necesarios que permitan identificar una falta disciplinaria, por las siguientes razones:
En primer lugar, es importante resaltar que, en el año 2020 bajo el Decreto 417 de 2020 el Gobierno Nacional, en cumplimiento del artículo 215 de la Constitución Nacional declaro Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, indicando“(…se hace necesario adoptar medidas extraordinarias que permitan conjurar los efectos de la crisis en la que está la totalidad del territorio nacional, en particular, aquellas que permitan acudir a mecanismos de apoyo al sector salud, y mitigar los efectos económicos que está enfrentando el país.
Que la adopción de medidas de rango legislativo -decretos ley, autorizada por el Estado de Emergencia, busca fortalecer las acciones dirigidas a conjurar los efectos de la crisis, mediante la protección a la salud de los habitantes del territorio colombiano, así como la mitigación y prevención del impacto negativo en la economía del país (…)”.
…( En ese orden de ideas, se hace necesario por la urgencia y gravedad de la crisis y por la insuficiencia de los mecanismos jurídicos ofrecidos , entre otros, en la Ley 100 de 1993 Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, la Ley 1122 de 2007 - Sistema General de Seguridad Social en Salud, Ley 1438 de 2011, Ley 80 de 1993, el Decreto 663 de 1993 - Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Decreto 111 de 1996- Estatuto Orgánico del Presupuesto, recurrir a las facultades del estado de emergencia económica, social y ecológica con el fin de dictar decretos con fuerza de ley que permitan conjurar la grave crisis generada por el nuevo Coronavirus Covid-19 debido a la propagación y mortalidad generado por el mismo, el pánico por la propagación y las medidas de contención decretadas por cada Estado para evitar una mayor propagación".)
En segundo lugar, a raíz de este Decreto marco, sobrevinieron aproximadamente 38 Decretos más, estando dentro de ellos el Decreto 440 del 20 de marzo de 2020 y 537 del 12 de abril del 2020, por los cuales se adoptaron medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID- 19, y que en su artículo 7 aduce: ARTÍCULO 7. Contratación de urgencia. Con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica, y en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema de salud . Las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente.
Con el mismo propósito, las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993 podrán contratar de manera directa esta clase de bienes y servicios.
Igualmente, encontramos un Concepto del Procurador General de la Nación, dentro de la Sentencia C-181/20 de la Corte constitucional, donde menciona: “…conceptuó que el DL 537 supera el juicio de ausencia de arbitrariedad, pues sus medidas no tienen incidencia en el núcleo esencial de los derechos; por el contrario, ellas guardan armonía con los derechos a la vida, salud, debido proceso, defensa, publicidad, transparencia, entre otros. Y sobre los juicios de no discriminación, no contradicción específica e intangibilidad, estimó que se encuentran satisfechos. Además, las medidas cuentan con una temporalidad específica”.
Significa lo anterior, que, ante la presencia de los presupuestos legales antes anotados, le asiste a este Despacho indicar que NO resulta procedente la iniciación de una investigación disciplinaria, toda vez que los Convenios y Contratos Interadministrativos que hacen parte de la queja, en primer instancia, fueron firmados no por el Municipio El Bagre, sino por la E.S.E del Municipio El Bagre, quien es una entidad descentralizada con autonomía técnica, administrativa y presupuestal quien decidió aplicar la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA, en virtud de garantizar la salud pública de su territorio, sin la necesidad de trasgredir los principios de la contratación pública y mucho menos a las modalidades de la contratación, escogiendo así la figura adecuar mediante la figura de CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVO. Cabe mencionar, que dicha contratación contó con la autorización impartida por la Junta Directiva de la institución de conformidad al artículo 7 del Manual de Contratación del Hospital, en decisión colectiva de la Junta Directiva conforme al Acta del 12 de junio de 2020. (Ver folio 108 del expediente).
Por otra parte, es deber resaltar que efectivamente el Municipio de El Bagre, si hace parte de la Asociación de Municipios del Bajo Cauca y Bajo Nechí AMBACAN; sin embargo, la pertenencia a esta no lo obliga a suscribir a este o alguna de sus entidades descentralizadas (en este caso la E.S.E), contratos de manera preferente o exclusiva con ellos, toda vez que desde este Despacho desconocemos la prohibición que existe por el ordenamiento jurídico Colombiano para otras Asociaciones de Municipios o como en este caso AMMA puedan celebrar un contrato de obra civil de conformidad con el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, toda vez que resulta ser inexistente en la medida que las Asociaciones de Municipios son entidades públicas claramente diferenciables con las Asociaciones de Entidades Públicas sin ánimo de lucro a las que se refiere este artículo.
Adicionalmente, una vez revisada la plataforma del SECOP II, este Despacho encuentra que claramente fueron cumplidos los principios de publicidad y transparencia del proceso contractual por parte de la E.S.E, los cuales están registrados en este aplicativo de conformidad al régimen especial de contratación que le aplica.
Es oportuno resaltar que, el ejercicio del derecho del Estado a sancionar las faltas disciplinarias que cometan sus servidores, para prevenir conductas contrarias al cumplimiento recto del servicio público y leal de la función pública, lesivas de los bienes jurídicos protegidos con ellas, debe revestir todas las garantías de orden sustantivo y procesal consagradas constitucional y legalmente en pro de la vigencia de la dignidad humana, la presunción de inocencia, la legalidad, la favorabilidad, la igualdad ante la Ley, la resolución de la duda a favor del reo y el debido proceso, como sustratos materiales del Estado Social de Derecho; entre estos el principio del debido proceso, es una garantía instrumental de estirpe constitucional (C.P., art. 29), en cuanto en el descansa la vigencia del derecho disciplinario, en garantía de un orden justo, la seguridad jurídica, los derechos fundamentales del investigado y el control de la potestad estatal disciplinaria misma (Sentencia C-310/97 de la Corte Constitucional), y consecuentemente éste da cabida a los principios propios de los regímenes sancionatorios en lo relacionado con la valoración de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, sin que puedan omitirse tales, principalmente ésta última, pues lo contrario propiciaría un orden jurídico injusto y la responsabilidad objetiva expresamente erradicada de nuestro ordenamiento jurídico.
Así las cosas y teniendo en cuenta que en este caso se dan los presupuestos antes señalados, ya que la denuncia carece de los elementos disciplinarios suficientes para iniciar alguna actuación, de manera oficiosa este Despacho DESISTE DE INICIAR CUALQUIER ACTUACIÓN DISCIPLINARIA.
En mérito de lo expuesto, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal, en uso sus facultades constitucionales y legales y en especial las contenidas en el artículo 76 del Decreto 262 de 2000, modificado por el artículo 22 del Decreto 1851 de 2021 y previas las anteriores consideraciones:
RESUELVE
PRIMERO: Ordenar la terminación de la actuación y en consecuencia disponer el ARCHIVO DEFINITIVO de las presentes diligencias adelantadas contra de FABER ENRIQUE TRESPALACIOS Alcalde del Municipio El Bagre - Antioquia y [NOMBRE TACHADO], Gerente E.S.E – Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. Por Secretaría, notifíquese esta decisión al sujeto procesal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019.
TERCERO: Comunicar la presente decisión al quejoso en los términos del artículo 129 del C.G.D., reformado por la Ley 2094 de 2021, informándole que contra la misma procede el recurso de apelación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 ibidem.
CUARTO: Por la Secretaría de la Procuraduría Provincial de Instrucción, realícense las notificaciones, comunicaciones, anotaciones y constancias a que hubiere lugar. Así mismo realizar los registros correspondientes en el Sistema de Información Misional - SIM y Sistema de Información de Gestión Documental Electrónico y de Archivo – SIGDEA de la entidad.
CÚMPLASE
WILSON ANDRÉS LONDOÑO MONSALVE
Procurador Provincial de Instrucción de Yarumal
Elaboró: Darío Augusto Galvis Agudelo. / Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal
Revisó: Wilson Andrés Londoño Monsalve/ Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal
Aprobó: Wilson Andrés Londoño Monsalve / Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal