CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Radicación: 76001-23-31-000-2002-01290-01 (55.868).
Demandante: Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca.
Referencia: Controversias contractuales.
Ponente: José Roberto Sáchica Méndez.
Sentencia: 20 de mayo de 2022.
SALVAMENTO DE VOTO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, procedo a exponer las razones de este salvamento
de voto, en relación con la providencia de la referencia, que revocó la sentencia de
primer grado, para -en su lugar- denegar las pretensiones.
En la providencia de la cual me aparto, la Sala concluyó que, como al momento de
la presentación de la demanda, el INVÍAS tenía competencia para liquidar
unilateralmente el contrato, y en consideración a que no podía despojarse de dicha
facultad, dado que las prerrogativas públicas son obligaciones irrenunciables a
cargo de las entidades estatales, no era procedente acceder a la solicitud de liquidar
judicialmente el negocio jurídico, ya que ello supondría desconocer, no solo el objeto
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino usurpar las funciones que la
ley le ha asignado a la administración pública, patrocinando, en el menor de los
casos, la renuncia al ejercicio de las competencias que a ella le corresponden1.
Sin embargo, estimo que el hecho de que la administración pueda hacer uso de una
determinada prerrogativa pública, no le impide al juez del contrato definir la materia
objeto de la controversia. El artículo 87 del Código Contencioso Administrativo,
aplicable en este proceso, dispone que el juez es competente para conocer de todos
los conflictos que se originen con ocasión de la celebración y ejecución del contrato,
lo cual incluye, por supuesto, la etapa de su liquidación. Específicamente, dicha
norma dice que “Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que
1 En la sentencia objeto de este salvamento se señala: “44. Según lo analizado previamente, so pena
de inmiscuirse en las competencias que son propias de la administración, el juez no puede acceder
a realizar la liquidación judicial del contrato –desatando el conflicto previo planteado– si, como se
analizó previamente, al momento de la presentación de la demanda, la facultad legal para definir el
balance final de cuentas recaía en cabeza de la entidad pública contratante, es decir, si para ese
momento tenía competencia para liquidar el contrato unilateralmente, o si la administración no había
incurrido aún en incumplimiento de esa obligación legal, en este último evento si quien demanda es
el contratista”.
Radicación: 76001-23-31-000-2002-01290-01 (55.868).
Demandante: INVÍAS.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca.
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se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas
o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que
se hagan otras declaraciones y condenas” (se resalta), es decir, que el legislador
no previó limitaciones ni excepciones para que las partes pudieran demandar, así
la entidad contratante ostentara potestades o prerrogativas públicas, como la de
liquidar unilateralmente el contrato. Por el contrario, no existe disposición alguna
que impida a la entidad estatal acudir al juez o que defina esta barrera para su
acceso a la administración de justicia.
De este modo, con independencia de lo que represente para los funcionarios que
no ejercieron la respectiva prerrogativa de poder público (por ejemplo,
responsabilidad disciplinaria), una vez presentada la demanda, le corresponderá al
juez resolver el litigio, so pena de incurrir en una denegación de justicia. Por tanto,
el juez del contrato estatal, se insiste en ello, goza de competencia para resolver
todas las pretensiones que, en el marco de la acción de controversias contractuales,
le sean elevadas en la demanda por cualquiera de las partes.
Con el fin de desarrollar este planteamiento, es necesario recordar que el derecho
de acceso a la administración de justicia -contenido en el artículo 229 superior2-
contempla dos dimensiones: “(i) la posibilidad de acudir ante un juez o tribunal a
presentar las pretensiones para la protección de sus derechos o intereses y (ii) que
dicho acceso a la justicia sea efectivo, al obtener la resolución de fondo de las
pretensiones presentadas y que la misma se pueda hacer efectiva a través de su
correcta ejecución”3. Por supuesto, este derecho no se predica únicamente del
2 Este artículo prescribe: “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración
de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”.
3 Corte Constitucional. Sentencia T-608 de 2019, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado. En relación con
el alcance de este derecho, la Corte Constitucional también ha explicado: “Este derecho [el de
acceso a la administración de justicia] ha sido entendido como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de
naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación
de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del
orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos,
con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las
garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley. // Por medio de su
ejercicio se pretende garantizar la prestación jurisdiccional a todos los individuos, a través del uso
de los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico. De esta forma, el derecho de
acceso a la administración de justicia constituye un presupuesto indispensable para la
materialización de los demás derechos fundamentales, ya que, como ha señalado esta Corporación
“no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas
por el Legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso”. Por consiguiente, el derecho
de acceso a la administración de justicia se erige como uno de los pilares que sostiene el modelo de
Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que abre las puertas para que los individuos
ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan
efectivos sus derechos. (…). // Como se puede observar el derecho en mención tiene un contenido
múltiple, del cual se pueden identificar tres categorías (i) aquéllas que tienen que ver con el acceso
efectivo de la persona al sistema judicial; (ii) las garantías previstas para el desarrollo del proceso; y
(iii) finalmente las que se vinculan con la decisión que se adoptó dentro del proceso en cuestión o la
ejecución material del fallo. // La primera comprende: (i) el derecho de acción; (ii) a contar con
procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de derechos y obligaciones; y (iii) a
Radicación: 76001-23-31-000-2002-01290-01 (55.868).
Demandante: INVÍAS.
Demandado: Departamento del Valle del Cauca.
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contratista particular, sino que también se extiende a la entidad estatal -actúe como
contratante o como contratista-.
Teniendo esto presente, el acceso a la administración de justicia no se reduce a la
posibilidad formal de acudir ante el juez, dado que el objeto de la controversia
deberá resolverse con una decisión de fondo, pronta, cumplida y eficaz, a menos
que exista una razón legal que lo impida.
Por lo mismo, solo en aquellos eventos en los que se configure un impedimento
para resolver de fondo -como sucede, por ejemplo, cuando se profiere un fallo
inhibitorio por ser inepta la demanda, o cuando se encuentra configurada la
caducidad de la acción, o cuando se establece la falta de legitimación en la causa
por activa o por pasiva, etc.- el juez podrá abstenerse de estudiar las pretensiones
de la demanda, ya que siempre que exista la posibilidad de fallar, deberá hacerlo, o
incurrirá, como ya se dijo, en denegación de justicia.
En el presente caso, la Sala coligió que no podía analizar la pretensión de
liquidación judicial, por cuanto el INVÍAS contaba con la posibilidad de liquidar
unilateralmente el contrato. No creo que esta fuera una razón suficiente para no
estudiar el fondo del asunto, pues, si bien es cierto que las prerrogativas públicas
son obligaciones irrenunciables a cargo de las entidades estatales, también lo es
que los poderes unilaterales en materia de contratación estatal constituyen,
además, privilegios que la ley le confiere a la administración, con el fin de volver
más eficiente la práctica contractual4.
que la oferta de justicia permita el acceso a ella en todo el territorio nacional. La segunda incluye el
derecho a (iv) que las controversias planteadas sean resueltas dentro de un término prudencial y sin
dilaciones injustificadas; (v) que éstas sean decididas por un tribunal independiente e imparcial; (vi)
a tener todas las posibilidades de preparar una defensa en igualdad de condiciones; (vii) que las
decisiones sean adoptadas con el pleno respeto del debido proceso; (viii) que exista un conjunto
amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias; (ix) que se prevean herramientas
necesarias para facilitar el acceso a la justicia por parte de las personas de escasos recursos. La
última de éstas abarca (x) la posibilidad efectiva de obtener respuesta acorde a derecho, motivada
y ejecutable; y que (xi) se cumpla lo previsto en esta” (Corte Constitucional. Sentencia T-799 de
2011,
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