Titulación de la relatoría 16.699 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿Los accionados incurrieron en una conducta gravemente culposa al participar en la expedición dala resolución por medio de la cual la gobernación de Cundinamarca dejó de incorporar a la nueva planta de personal a Luis Fernando Orozco Molina, inscrito en el escalafón de carrera administrativa?
Respuesta al problema jurídico: Si
El departamento de Cundinamarca fue condenado al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir por Luis Fernando Orozco Molina, quien ostentaba el cargo de técnico operario en la Dirección de Construcciones Generales de la Secretaría de Obras Públicas, como consecuencia de la declaración de nulidad parcial de la resolución de incorporación de servidores públicos, expedida por Pablo Ardila en condición de gobernador departamental, y que lo retiro del servicio, pese a que se encontraba inscritó en carrera administrativa, condición que le otorgaba prevalencia frente a los demás servidores. El ente territorial pretende que la suma pagada en cumplimiento de la sentencia condenatoria sea reembolsada por Pablo Ardila Sierra y Maritza Afanador Gómez, quienes en esa época desempeñaban los cargos de gobernador y secretaria de la función pública, porque, a su juicio, actuaron con culpa grave por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. (...) ara sustentar el presupuesto subjetivo de procedibilidad de la acción de repetición, el órgano apelante adujo que la sentencia condenatoria que sustenta la pretensión de reembolso acredita "el actuar gravemente culposo" de los demandados, porque la nulidad del acto administrativo que dio lugar a la condena devino por la violación manifiesta e inexcusable de las normas de carrera administrativa, comportamiento que, a su juicio, encaja en, las presunciones de culpa de que trata la Ley 678 de 2001. 4.9. Al respecto, viene oportuno recordar que la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no demuestra automáticamente el dolo o la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo en el fallo de condenatorio no ata al juez de la repetición, al tratarse de un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente que. imposibilita extrapolar las conclusiones en torno a la circunstancia que motivaron la condena del organismo, al centrarse en la valoración de pruebas legalmente .1 acopiadas, cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron los medios probatorios allegados al proceso judicial que sustentó la pretensión de reembolso. La Sala retire, por demás, que en el juicio de responsabilidad del funcionario se excluye la extrapolación del juicio de responsabilidad del Estado, en razón a los presupuestos constitucionales de la responsabilidad del funcionario, que, en lo atinente al elemento subjetivo, implica que su actuación, conforme a la normatividad vigente para la época en que se presentó el daño antijurídico, hubiera estado dirigida a la realización de un hecho ajeno a las finalidades del Estado (dolo), o sea calificable como una infracción directa a la Constitución o a la ley o como una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones (culpa grave). (...) De lo expuesto se concluye que, según el contenido de la sentencia condenatoria, la nulidad del acto administrativo devino por el desconocimiento de las normas constitucionales y legales que rigen la carrera administrativa, bajo el entendido de que el señor Orozco Molina tenía derecho a ser incorporado en uno de los 78 empleos de técnico operativo de la planta global reestructurada, aunque debiera ser ubicado en una dependencia distinta a la Secretaría de Obras Públicas-Dirección de Construcciones en la que ejercía el cargo, con el argumento de que la condición de empleado inscrito en el escalafón le confería prelación frente a los 6 empleados vinculados con nombramientos en provisionalidad que acreditaron perfiles afines a las secretarías donde fueron ubicados. (...) Al margen del análisis realizado en el sentencia de nulidad y restablecimiento, las razones expuestas llevan a concluir que en el casó bajo estudio el órgano demandante no acreditó que la condena impuesta en su contra hubiera devenido de la infracción de las normas sobre la prelación de incorporación de un empleado escalafonado, presuntamente cometida por los demandados en su condición de gobernador y secretaria de despacho encargada de la elaboración del estudio técnico que fundó la reestructuración y de la revisión del acto de incorporación, porque: (i) no allegó prueba demostrativa de que el empleo ejercicio por el beneficiario de la condena persistiera en la secretaría donde laboraba; (U) no se demostró la incorporación de personal con nombramientos en provisionalidad en cargos con el mismo perfil al que ejercía Orozco Molina en la Secretaría de Obras y, (Ui) tampoco se acreditó que el perfil profesional del mencionado señor posibilitara su reubicación en un empleo de la misma denominación y grado ubicado en otra secretaria por resultar equivalente, dado que no se aportó el manual de funciones y requisitos del cargo de técnico operativo, código 314, grado 04. Bajo esta perspectiva, resulta forzoso concluir que la respuesta al segundo problema jurídico planteado es negativa, pues en el sub examine el organismo accionante no demostró el actuar gravemente culposo de los demandados por la presunta infracción de las normas legales sobre el ejercicio del derecho preferencial de incorporación de un empleado inscrito en el escalafón de carrera administrativa. 4.4.3. En definitiva, la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, porque no se encontró acreditado el supuesto de hecho constitutivo de culpa grave atribuido por la gobernación de Cundinamarca a los demandados Pablo Ardila Sierra y Maritza Afanador Gómez, al expedir el acto de incorporación de empleados a la nueva planta de personal.
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con que la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no demuestra automáticamente el dolo o la culpa grave del funcionario, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, exp. 29222.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO / TÍTULO DE TESORERÍA / CERTIFICADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Problema jurídico:
¿La certificación emitida por la tesorera general de la entidad accionante constituye una prueba suficiente del pago de la obligación reparatoria, como requisito de prosperidad de las pretensiones de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El pago implica el cumplimiento concreto de una obligación a cargo de un deudor y consiste en la ejecución de la prestación que se debe (artículo 1626 Código Civil), es decir, consiste en una conducta positiva o de abstención —dar, hacer o no hacer—, según el caso, que tiene la capacidad extintiva del vínculo obligacional (artículo 1625 ejusdem) contraído por voluntad propia, por la causación de un daño o por el apremio de la ley (articulo 1494 del Código Civi) Sea necesario anotar que, nuestra codificación civil, no éstablece un modo o tarifa legal para probar el pago de una obligación, pues dejó en libertad a las partes para acudir a cualquier medio legalmente válido, a fin de acreditar ese acto extintivo de obligaciones, postura que fue recogida y adoptada por el Código de Procedimiento Civil—en su momento— y que se mantiene vigente en el actual Código General del Proceso. Ahora, si bien es cierto nuestra codificación civil hace referencia en algunas normas a la "carta de pago", recibo o paz y salvo, que es la declaración del acreedor de haber recibido de forma satisfactoria el pago y, por tanto, una prueba que —por provenir del acreedor— tiene la entidad suficiente para acreditar el pago o la solución de la obligación, no es la única prueba que prevé el ordenamiento jurídico para tal efecto, pues, se recuerda, no hay tarifa probatoria para acreditar el pago efectivo y, por ende, el deudor puede valerse de cualquier medio legalmente válido. En este orden de ideas, el juez debe valorar de forma conjunta los medios de prueba allegados, bajo los parámetros de la sana crítica según lo contempla el actual Código General del Proceso. El Consejo de Estado, desde el año 2013, ha revisado la postura sostenida hasta ese momento en relación con el pago efectivo de la condena y consideró que, si bien los documentos aportados por las entidades públicas eran elaborados por ellos mismos, lo cierto era que gozaban de plena validez y capacidad probatoria, como quiera que, en virtud de quien los expedía, permitía establecer que se trataba de documentos públicos completamente válidos. El legislador también elevó esta interpretación a rango normativo, razón por la que estableció en el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 (...) Claro está que lo anterior no implica que dichos documentos —de naturaleza pública— sean prueba definitiva e incontrovertible, por cuanto su contenido acreditaría el hecho que se certifica, siempre que, estando a disposición de la parte contraria, no hayan sido controvertidos, objetados o tachados de falsos48; controversia que, no obstante, no se dio el este proceso. 4.7. En el sub examine, el ente demandante aportó, con el fin de acreditar el pago efectivo de la obligación reparatoria, los siguientes documentos: (i) Resolución 0016 del 26 de marzo de 2014, por medio de la cual el secretario jurídico del departamento de Cundinamarca ordenó pagar al señor Luis Fernando Orozco Molina "por conducto de su apoderada, ( ... ) salarios, prestaciones sociales e intereses" causados desde el 29 de septiembre de 2005 hasta el 28 de marzo de 2014, menos los aportes a salud, pensiones y retención en la fuente, por la suma de doscientos ochenta y nueve millones setecientos cuarenta y un mil ochocientos sesenta y ocho pesos ($289.741.868), en cumplimiento de la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 12 de febrero de 2013; y (u) certificación suscrita por la directora financiera de tesorería el 9 de mayo de 2014, en la cual hizo constar que el 7 de mayo de esa anualidad "se canceló la sentencia judicial del señor Luis Fernando Orozco Molina ( ... ), por conducto de su apoderada (...), el valor de $289.741.868 mediante giro electrónico". De esta forma, los documentos anteriormente relacionados, que no fueron controvertidos por la parte demandada, son prueba suficiente de que la entidad pública demandante cumplió la obligación surgida en la condena judicial impuesta, porque se trata de un documento público que contiene y refleja la voluntad de la administración de dar cumplimiento a la condena judicial impuesta en su contra, acredita el nombre del beneficiario, la fuente de la obligación, la suma de dinero pagada y la fecha en que se realizó el pago; además, se presume auténtico, pues existe certeza del servidor público que lo expidió y el cargo que ejercías'. Se impone así una respuesta afirmativa en torno al primer problema jurídico, razón por la cual se abre paso al análisis del segundo problema jurídico, concerniente al análisis subjetivo de la conducta.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, se recomienda consultar Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de septiembre de 2013, exp. 25631.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1494, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1626
NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se determina el régimen legal aplicable al medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos38. En ese orden, silos hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, "sin perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 20de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)". Por ende, como en este caso el acto administrativo que dio lugar a la condena por perder la presunción de legalidad, fue expedido el veintinueve (29) de septiembre de dos mil cinco (2005), la normativa aplicable a los aspectos sustanciales también lo es la Ley 678 de 2001.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AUXILIAR DE LA JUSTICIA / HONORARIOS DEL AUXILIAR DE LA JUSTICIA / DEBERES DEL AUXILIAR DE LA JUSTICIA / CURADOR AD LITEM / FUNCIONES DEL CURADOR AD LITEM / HONORARIOS DEL CURADOR AD LITEM / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Respecto a los honorarios del curador ad litem designado para representar a la demandada, no habrá condena en costas por honorarios en segunda instancia, debido a que el auxiliar de la justicia que desempeña dicha labor actúa gratuitamente en Condición de defensor de oficio, pero sí es procedente la fijación de agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del CGP, entre las que se encuentra la relativa a su composición, integradas por expensas y gastos procesales, horarios de auxiliares de la justicia y agencias en derecho, que deben ser "tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente ' En cuanto a las reglas para la imposición de la condena, la norma procesal general establece que procede en contra de la parte vencida o contra quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación; "solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación'. Respecto a los honorarios del curador ad litem designado para representar a la demandada Maritza Afanador, la Sala reitera la consideración expuesta en el auto de 23 de enero de 2023, en cuanto precisó que el auxiliar de la justicia que desempeña dicha labor "actúa gratuitamente en Condición de defensor de oficio", tal como lo prescribe el artículo 48-7 del CGP; norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en las sentencias C-083.y C-369 de 2014", en el entendido de que "se trata de una carga que no es desproporcionada y que, inspirada en el deber de solidaridad, permite que un grupo de personas que desempeñan una labor de dimensiones sociales (prestar servicios jurídicos), colaboren en la garantía efectiva del derecho de acceso a la justicia en situaciones en que esta puede verse obstaculizada (C-071 de 1995)" 71• Conforme con lo expuesto, no habrá condena en costas por honorarips del curador ad litem en segunda instancia. En lo relativo a las agencias en derecho, entendidas como "la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa"['], se encuentra demostrado que el apoderado del demandado Pablo Ardila Sierra presentó alegatos de conclusión en segunda instancia. En ese orden, la Sala fijará el monto de las costas por agencias en derecho a favor del citado demandado en 0,3% de la pretensión de reembolso.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 48