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Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: Aclaración voto

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Fecha
2023-11-22
Radicado
25000233600020130049701
Número interno
55657
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
RED ALMA MATER
Demandado
BOGOTA

Síntesis de la providencia

Aclaración de voto: Aclaración voto

Lo que dijo la Sala

Concuerdo con la Sala en cuanto a que la presentación de la demanda fue oportuna; sin embargo, considero que en este caso no se podía arribar a esta conclusión a partir de la aplicación de la misma regla procesal respecto de las todas las pretensiones que fueron planteadas, sino que, para determinar la oportunidad de cada una de ellas, era necesario atender a la estructura diferenciada que el legislador estableció en materia de caducidad de las controversias contractuales.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales interpuesto para demandar tanto la terminación unilateral del contrato como la respectiva liquidación unilateral, debía iniciar a partir del mismo momento para ambas pretensiones, esto es, a partir del día siguiente al de la ejecutoria del segundo de los mencionados actos administrativos?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿La liquidación del contrato estatal es una etapa que está destinada para que las partes acuerden los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y, si no se logra arreglo en ello…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio

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Titulación de la relatoría 8.760 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACLARACIÓN DE VOTO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales interpuesto para demandar tanto la terminación unilateral del contrato como la respectiva liquidación unilateral, debía iniciar a partir del mismo momento para ambas pretensiones, esto es, a partir del día siguiente al de la ejecutoria del segundo de los mencionados actos administrativos? Respuesta al problema jurídico: No Concuerdo con la Sala en cuanto a que la presentación de la demanda fue oportuna; sin embargo, considero que en este caso no se podía arribar a esta conclusión a partir de la aplicación de la misma regla procesal respecto de las todas las pretensiones que fueron planteadas, sino que, para determinar la oportunidad de cada una de ellas, era necesario atender a la estructura diferenciada que el legislador estableció en materia de caducidad de las controversias contractuales. Dichas reglas de oportunidad están contenidas en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 que contempla como primer supuesto una premisa general según la cual “el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”; luego, este mismo literal se refiere a la oportunidad legal en la que se debe formular la pretensión de nulidad del contrato y, posteriormente, desciende a una serie de reglas especiales que determinan la caducidad en función de si el contrato en el que se origina la controversia es de ejecución instantánea o sucesiva y, en este último caso, si requiere o no ser liquidado y, si ese trámite se impone, si se hizo, de forma bilateral o unilateral, o si se obvió. Estas subreglas, sin embargo, no vacían de contenido la premisa la general, sino que unas y otra tienen su propio campo de aplicación de cara a los mismos supuestos determinados por la ley. En mi entender, esta es lectura que debe preferirse respecto del texto completo del referido literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, sobre cualquier otra que haga inoperante la premisa general contenida en esa norma, al subsumirla en los supuestos especiales y restarle cualquier posibilidad de producir efecto alguno en el mundo jurídico, lo cual va en contravía de la clara intención del legislador de mantener ese supuesto para eventos que no pueden enmarcarse en las reglas especiales que giran en torno a la etapa de la liquidación del contrato. No por otra razón, al introducir las modificaciones al ya derogado numeral 10 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, que en lo esencial fue reproducido en el referido literal j), se mantuvo dicha regla general. En ese sentido, aunque la norma en mención establece que en los contratos que requieren de un cierre o balance de cuentas final el término de caducidad comienza a contabilizarse una vez que esto ocurra –sea bilateral o unilateralmente– o cuando venza el plazo otorgado para su realización sin que ello suceda, lo cierto es que bajo un entendimiento global y sistemático del ya mencionado literal j), tales hipótesis no aplican siempre e ineludiblemente cuando el contrato debe ser liquidado, sino, solamente, cuando el conflicto se relacione directamente con los temas que deben ser definidos en tal etapa, no así respecto de aquellos que han quedado claramente definidos desde mucho antes, en la medida que éstos no estarán para entonces en un estadio de verificación final, pues ya no variarán de cara a la proyección de ejecución del negocio jurídico y, por tanto, no será razonable ni justificado que la proposición judicial del conflicto se traslade y extienda hasta ese momento, lo que conduce a concluir que la oportunidad para ventilar estos conflictos ante el juez sea la definida en la premisa general, esto es, 2 años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho. (...) En el proceso de la referencia, se pretendió la nulidad del acto administrativo de terminación unilateral, así como la nulidad del acto administrativo de liquidación unilateral. En la sentencia de segunda instancia, al verificar el requisito de oportunidad de la demanda, se hizo el conteo respecto de ambas pretensiones con base en la regla especial contenida en el numeral iv) del literal j) del numeral 2 de la Ley 1437 de 2011, esto es, a partir del día siguiente al de la ejecutoria del segundo de los mencionados actos administrativos, lo cual, a mi juicio y por las razones que acabo de exponer, no era procedente, pues al tratarse la terminación unilateral del contrato de un acto contentivo de una situación jurídica previamente definida y asociada a la liquidación unilateral, pero autónoma e independiente respecto de ella, la oportunidad para demandarlo debía establecerse con base en la regla general, esto es, a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que fundamentaron la pretensión, que no es otro que el momento de su ejecutoria, esto es, cuando el acto cobra firmeza y, por tanto, se torna vinculante para el contratista. Advierto que pese a lo anterior, acompañé la decisión de la Sala, en la medida que, en este caso, al contar la caducidad de la pretensión de nulidad del acto de terminación unilateral desde el momento de su ejecutoria –y no desde de la del acto de liquidación unilateral–, de todos modos, se concluye que la demanda se presentó en tiempo. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J ACLARACIÓN DE VOTO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONCEPTO DE ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIÓN CONTRACTUAL / COMPETENCIA MATERIAL DE LA ADMINISTRACIÓN / ARGUMENTO DE LA SENTENCIA / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA / JUSTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿La liquidación del contrato estatal es una etapa que está destinada para que las partes acuerden los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y, si no se logra arreglo en ello, para que la entidad se pronuncie unilateralmente sobre tales aspectos, más no para que haga declaraciones que escapen a tales propósitos? Respuesta al problema jurídico: Si Otro aspecto que estimo pertinente precisar de cara al contenido del fallo del 27 de octubre de los corrientes, es el atinente a la afirmación que quedó consignada en dicha providencia en el sentido de que, aunque la demandada no siguió “propiamente un conducto regular para cuestionar la idoneidad del material entregado -por cuanto no declaró, v.gr., el incumplimiento del contrato ni hizo uso de las garantías constituidas por la Red Alma Mater”, lo cierto es que se encontró demostrado que los módulos, herramientas y cartillas presentaron falencias que no fueron desvirtuadas en juicio. Al respecto, considero importante advertir que el análisis que desarrolla la sentencia como fundamento de la decisión que acompañé, no supone en manera alguna que se desconozca que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, la liquidación es una etapa que está destinada para que las partes acuerden los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y, si no se logra arreglo en ello, para que la entidad se pronuncie unilateralmente sobre tales aspectos, mas no para que haga declaraciones que escapen a tales propósitos. Lo que ocurre es que, como las pretensiones de nulidad no se fundaron en un cargo de tal naturaleza, la Sala carecía de competencia para inmiscuirse en un análisis de legalidad del acto desde tal perspectiva, sino que debía hacerlo en los estrictos términos que fueron planteados desde el libelo introductorio, como en efecto ocurrió. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201300497011100103