Titulación de la relatoría 14.327 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CLÁUSULA COMPROMISORIA / CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ESTATAL / RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA
Problema jurídico:
¿En qué casos es procedente considerar la existencia de renuncia tácita de la cláusula compromisoria?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala advierte que, en el contrato objeto de la controversia, las partes pactaron la cláusula compromisoria, conforme a la cual las diferencias que surgieran con ocasión de su celebración, ejecución, desarrollo, terminación o liquidación que no pudieran resolverse directamente entre las partes, serían sometidas a decisión arbitral, lo que, en principio, podría significar que esta jurisdicción carecería de competencia para conocer del presente asunto, según la providencia de unificación jurisprudencial de la Sección Tercera proferida el 18 de abril de 2013. No obstante, tal y como lo ha reconocido con posterioridad la jurisprudencia, no resulta procedente la aplicación del criterio expuesto en dicha providencia de unificación a procesos que ya estaban en curso en esta jurisdicción, así versen sobre contratos contentivos de cláusula compromisoria, toda vez que, para cuando fueron iniciados, la jurisprudencia admitía la renuncia tácita al pacto arbitral derivada, precisamente, del silencio de las partes acerca de su existencia, manifestado en la presentación, por una de ellas, de la demanda ante el juez
contencioso administrativo, y la contestación de la demanda por la otra parte, sin proponer la respectiva excepción, toda vez que ello conllevaría una vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y un desconocimiento del principio de confianza legítima de las partes en el caso concreto.
.
.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la posibilidad de renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria y la inaplicación de esta regla jurisprudencial a los casos que ya se encontraban en curso al momento de proferirse el auto de unificación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de unificación del 18 de abril de 2013, rad. 17859, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de abril de 2018, rad. 58890, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de abril de 2019, rad. 39229, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿El incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato son dos instituciones jurídicas distintas?
Respuesta al problema jurídico: Si
[R]esulta necesario recordar que, como lo ha dicho la Sala, si bien la forma más común de afectación de los derechos de las partes en un contrato, está dada por el incumplimiento de las obligaciones de uno de los contratantes, por lo que podría pensarse que el incumplimiento contractual da lugar al rompimiento del equilibrio económico del contrato -tal y como lo contempla el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993, al consagrarlo como una de las causas de dicho rompimiento-, lo cierto es que el incumplimiento contractual debe manejarse con mayor propiedad bajo la óptica de la responsabilidad contractual, por cuanto, como es bien sabido, se trata de dos instituciones distintas en su configuración y en sus efectos. Así, la responsabilidad contractual se origina en el daño antijurídico que es ocasionado por la parte incumplida del contrato, que se configura por razón de la inobservancia o del cumplimiento tardío o defectuoso del contenido obligacional de aquellas estipulaciones que de manera libre y voluntaria acordaron las partes al tiempo de su celebración, y su consecuencia es el derecho que adquiere la parte cumplida o que se allanó a cumplir en la forma y tiempo debidos, a que le sean indemnizados en forma integral los perjuicios sufridos; mientras que el instituto del equilibrio económico en materia de contratación estatal, tiene como propósito fundamental la conservación, durante la vida del contrato, de las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de su celebración, por lo que, de comprobarse la alteración de la ecuación contractual, lo que procede es su restablecimiento, que, dependiendo de la causa de la ruptura del equilibrio económico del contrato, se logrará llevando al contratista a un punto de no pérdida.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las diferencias existentes entre el incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de marzo de 2013, rad. 20524, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de enero de 2016, rad. 38449, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de enero de 2019, rad. 37910, C. P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2019, rad. 41934, C. P. María Adriana Marín, y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2005, rad. 28616, C. P. Germán Rodríguez Villamizar.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1
SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Las salvedades del contratista son un requisito formal para la prosperidad de las pretensiones de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]i bien es cierto, como lo ha sostenido la jurisprudencia, las partes de un contrato están obligadas a respetar el principio de la buena fe en sus actuaciones, lo que implica observar una conducta acorde con las manifestaciones y acuerdos previamente efectuados entre ellas, y se reconoce la fuerza vinculante de tales acuerdos contractuales establecida inicialmente para las actas de liquidación bilateral, pero que bien puede extenderse a todos los otrosíes que se realizan en ejecución del contrato -adiciones, suspensiones, prórrogas, etc.-, con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil y en el principio de la buena fe y la imposibilidad de obrar contra los actos propios, lo cierto es que (…) en la
jurisprudencia de esta Sala no se acepta incorporar una tarifa interpretativa acerca del requisito formal de la salvedad, sino que en cada caso se parte del análisis del contenido del respectivo acuerdo y de sus antecedentes, para determinar el alcance de los otrosíes correspondientes”.
Quiere decir lo anterior que, en cada caso concreto, deben estudiarse de fondo las reclamaciones de la demanda, para analizar su relación con los acuerdos modificatorios suscritos por las partes en los cuales no se dejaron salvedades, y establecer cuáles fueron los motivos para su suscripción [...].
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la inexistencia de una tarifa interpretativa acerca del requisito formal de la salvedad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2017, rad. 54614, C. P. Jaime Orlando Santofimio; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de agosto de 2019, rad. 38603, C. P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de octubre de 2020, rad. 45190, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de mayo de 2021, rad. 43055, C. P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sección Tercera, y sentencia del 24 de septiembre de 2021, rad. 52577, C. P. María Adriana Marín, y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de mayo de 2020, rad. 64701, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / AGUA LLUVIA
Problema jurídico:
¿Si lo alegado por la parte actora es el rompimiento del equilibrio económico del contrato por las fuertes lluvias, debe acreditar la imprevisibilidad de ese hecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A]dvierte la Sala que, si lo alegado por la parte actora es el rompimiento del equilibrio económico del contrato en virtud de los mayores costos que representaron para el contratista las suspensiones originadas en las fuertes lluvias presentadas en el sitio de las obras, le correspondía acreditar también la imprevisibilidad de ese hecho, como álea extraordinaria que afectó la ecuación contractual, mediante la
demostración de la anormalidad de la pluviosidad presentada en el sitio de las obras durante el tiempo de ejecución del contrato. La jurisprudencia de la Corporación ha sido clara y constante, en el sentido de que la invocación de las lluvias como fenómeno de imprevisión, sólo es admisible como tal, “…cuando se prueba que la intensidad, la frecuencia y la ocurrencia geográfica de las mismas, es absolutamente extraordinario, imprevisible y anormal”, es decir, que no basta con probar las malas condiciones climáticas, sino que es necesario que las mismas -en cuanto a intensidad y frecuencia- hayan sido absolutamente imprevisibles, de tal manera que sobrepasaron el álea normal del contrato, puesto que, en principio, las condiciones climáticas en las varias regiones de la geografía nacional y en las distintas épocas del año, resultan previsibles y constituyen un riesgo a cargo del contratista, quien dentro de los análisis que debe efectuar para la preparación de su oferta debe incluir, entre otros, el estudio de las condiciones físicas de ejecución de las prestaciones, vgr., en los contratos de obra, en cuanto a
la topografía, la calidad de los suelos, el clima reinante en el sitio de las obras durante el plazo de su ejecución, etc.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la invocación de la lluvia como fenómeno de imprevisión contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero del 2004, rad. 14043, C. P. German Rodríguez Villamizar.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECLAMACIÓN ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿Previo a la reclamación judicial, el contratista debe haber efectuado reclamación ante la entidad contratante?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n materia de responsabilidad contractual por incumplimiento, no se exige que el contratista cumplido, previo a efectuar su reclamación judicial, deba acudir a la entidad en procura de la satisfacción de sus pretensiones; en el mismo orden de ideas, si las suspensiones del contrato son consecuencia del incumplimiento de obligaciones a cargo de la entidad contratante, no se le puede imponer al contratista que, previo a elevar sus pretensiones ante el juez del contrato, haya reclamado ante la entidad la indemnización de perjuicios derivada de su comportamiento irregular, ni se puede asumir que, al no dejar salvedades en la suspensión producida por el incumplimiento contractual de la entidad demandada, el contratista haya condonado dicho incumplimiento y renunciado a la reclamación de tales perjuicios.
PLIEGO DE CONDICIONES / OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El cambio de cantera, por no encontrarse allí los materiales requeridos para la obra, era una situación que, de acuerdo con los pliegos de condiciones, escapaba a la órbita de responsabilidad del contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que no se probó la afirmación del demandante según la cual el cambio de cantera le significó al contratista tener que pagar un valor de transporte del material que no se había considerado en los análisis de precios unitarios, pues las distancias iniciales eran inferiores a un kilómetro; y, por lo tanto, tampoco se acreditó su afirmación de que esta circunstancia le causó un detrimento al contratista que le debe ser reconocido por la entidad demandada. Por otra parte, no se puede perder de vista el hecho de que el cambio de cantera que se produjo, por haberse constatado que en la inicialmente propuesta no se encontraban los materiales requeridos para la obra, no era una situación que, de acuerdo con los pliegos de condiciones, escapara a la órbita de responsabilidad del contratista, pues en la etapa precontractual debió determinar la idoneidad y pertinencia de dichos materiales, razón de más para considerar la no prosperidad
de las pretensiones relacionadas con esta reclamación.
MAQUINARIA EN STAND BY / CARGA DE LA PRUEBA / PERTINENCIA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Debió el demandante probar que los equipos, vehículos y la maquinaria estuvieron inmovilizados en el sitio de las obras?
Respuesta al problema jurídico: Si
[O]bserva la Sala que no es suficiente con acreditar los pagos que el demandante efectuó por dicho concepto de stand by de los equipos, vehículos y la maquinaria que tenía alquilados, sino que se requería así mismo probar que los mismos estuvieron en el sitio de las obras, prestos para ser utilizados pero que, por razón de las suspensiones del contrato, no fueron usados durante esos periodos en los trabajos objeto del mismo y que, en consecuencia, se produjo ese sobrecosto para el contratista. Al respecto, se observa que en las mismas actas de suspensión nada se dijo al respecto ni el contratista dejó salvedad u observación alguna en relación con la existencia de equipos, vehículos y maquinaria que hubieran quedado inmovilizados e inutilizados en el sitio de las obras o guardados en las bodegas destinadas para ello, por lo que, como lo ha manifestado la jurisprudencia en casos similares, “tampoco resulta admisible que el contratista hubiere firmado el acta de suspensión del contrato (…), sin dejar ninguna constancia de que en esa misma fecha, según lo afirma en su demanda, tenía disponible la maquinaria en el sitio de las obras, de lo cual debió enterar al interventor del contrato, para que verificara esta situación y firmaran conjuntamente el acta de recibo de dichos equipos, como es lo acostumbrado en este tipo de obras”.
.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la forma de probar que la maquinaria, equipos y vehículos quedaron inutilizados e inmovilizados en el lugar de la obra, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2006, rad. 14287, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
Texto extraído del PDF oficial 141.287 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: JOSE GUILLERMO CASTRO GÁMEZ
Demandado: DEPARTAMENTO DEL CESAR
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 7 de junio 2012, que
acogió parcialmente las pretensiones de la demanda.
I.SÍNTESIS DEL CASO
El Departamento del Cesar y el señor José Guillermo Castro Gámez celebraron el
Contrato de Obra No. 281 de 2006 cuyo objeto fue el mejoramiento y/o
pavimentación de la vía secundaria desde el Corregimiento de La Mata hasta el
Municipio de La Gloria en dich o departamento, el cual fue objeto de seis
suspensiones, por las cuales el demandante reclama la indemnización de perjuicios
consistente en los mayores costos provenientes de la mayor permanencia en obra,
el valor del transporte del material de terraplén p or el cambio de la fuente de
materiales y el stand by de la maquinaria.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 1º de febrero de 2011, el señor José Guillermo Castro Gámez, a través de
apoderado debidamente constituido y en ejercicio de la acción de controversia s
2
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
contractuales prevista en el artículo 87 del C.C.A., presentó demanda en contra del
departamento del Cesar, con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y
condenas (f. 1, c. 1; y f. 738 y 763, c. 4)1:
Primero: Declarar que son nulos los actos administrativos presuntos resultantes
del silencio administrativo negativo en relación con las peticiones de fecha 11
de enero y 1 de julio del año 2009 dirigidos a la entidad demandada por mi
poderdante, cuyo objeto dan cuenta los hechos de la demanda.
Segundo: Declarar que la Entidad contratante incumplió el contrato de Obra No.
281 del año 2006, causándole perjuicios al contratista.
Tercero: Como consecuencia de las nulidades anteriormente declaradas y el
incumplimiento de la entidad contratante condenar al Departamento del Cesar
pagar a mi mandante los valores que a continuación relaciono por los siguientes
conceptos, que emanan de la ejecución del contrato de Obra No. 281 del año
2006, celebrado entre JOSE GUILLERMO CASTRO y el Departamento del
Cesar:
(a) La suma de $943.626.417,31 por concepto de mayor permanencia en
obra.
(b) La suma de $545.581.665 por concepto del valor de transporte del
material para terraplén.
(c) La suma de $197.330.000, por concepto de costos por Stan by (sic) de
maquinaria producidos por mayor permanencia en obra.
(d) La suma de $40.156.300,63, por concepto del Acta de ajuste de
precios No. 11.
(e) La suma de $158.784.449, por concepto del ilegal descuento del 50%
de afectación del anticipo.
(f) Todos estos valores con su correspondiente corrección monetaria,
mas los intereses moratorios legales2.
1.1. Los fundamentos de hecho
El actor sustentó sus pretensiones en los fundamentos fácticos que, en síntesis, se
expresan a continuación:
Las partes celebraron el Contrato de Obra No. 281 d e 2006, cuyo objeto fue el
mejoramiento y/o pavimentación de la vía secundaria desde el Corregimiento de La
1 La demanda fue inadmitida mediante auto del 10 de febrero de 2011, para que el demandante la
corrigiera mediante la inclusión del acápite de pretensiones, corrección que efectivamente se llevó a
cabo y la demanda fue admitida en providencia del 24 de febrero del mismo año (f. 760 y 784, c. 4).
2 La Sala se abstendrá de referir los argumentos expuestos a lo largo del proceso en relación con
los literales d) y e) del numeral tercero de las pretensiones, toda vez que, en diligencia de conciliación
llevada a cabo ante el a-quo el 2 de octubre de 2012 -con posterioridad a la interposición de los
recursos de apelación-, las partes conciliaron las pretensiones correspondientes a: i) el valor del acta
de ajuste No. 11 por la suma de $43’770.697,82; y ii) el valor de los descuentos del 50% efectuados
a las actas de ajuste de precios No. 1 a 10, por la suma de $ 178’041.257,37, acuerdo conciliatorio
que fue aprobado por el a-quo mediante auto del 25 de octubre de 2012, en el que se concedieron
los recursos de apelación respecto de los demás puntos (f. 960 y 978, c. ppl.).
3
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
Mata hasta el Municipio de La Gloria en el Departamento del Cesar, en cuya
ejecución se produjo un desequilibrio económico por causas ajenas al cont ratista,
que resultó afectado con las mismas.
Adujo como causa del desequilibrio, que desde la celebración del contrato hasta su
terminación transcurrieron 862 días, cuando la obra estaba planeada para
ejecutarse en 11,5 meses, con lo cual se extendió el periodo de ejecución en más
de 17 meses, producto de seis suspensiones, por causas ajenas y no imputables al
contratista: revisión de estudios y diseños por la alternativa de concreto rígido
(suspensión 1); imposiblidad de desarrollar las actividades norma les por el intenso
invierno en el sitio de la obra (suspensión 2); imposibilidad de extracción de los
materiales pétreos y granulares requeridos para la construcción de sub -base
granular y pavimento en concreto rígido del lecho del río Simaña, por el invierno en
el municipio de La Gloria (suspensión 3); para adicionar el contrato de interventoría
(suspensión 4); nuevamente, por el intenso invierno (suspensión 5) y por la
necesidad de prorrogar el contrato de interventoría (suspensión 6), para un total de
522 días de suspensión.
Alegó que todas las causas de las suspensiones fueron imprevisibles para el
contratista, pues constituyeron áleas anormales y extraordinarias que alteraron en
gran magnitud la economía del contrato, debido a las alzas de los insumos y los
mayores gastos administrativos por la mayor permanencia en la obra; adujo que
durante las suspensiones el contratista mantuvo sus maquinarias, equipos,
vehículos, comisión de topografía y personal técnico y administrativo en permanente
disponibilidad, y que no percibió en el tiempo estipulado la utilidad prevista, por lo
que procede el restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
A lo anterior, agregó que el contratista tuvo que descartar el sitio inicialmente
señalado por la Gobernación del Cesar para la explotación del material de terraplén
requerido para la obra, pues la escogida era zona inundable y de alto riesgo para la
explotación de cantera, como lo certificó la Secretaría de Planeación y Obras
Públicas del Municipio de La Gloria y que, además, su material no cumplía con las
especificaciones generales de carreteras del Invías, según apiques y ensayos de
laboratorio que se hicieron a las muestras de suelo recogidas en el sitio; por ello
tuvo que cambiarlo por otra cantera, ubicada a 18 km del proyecto, con autorización
del interventor, lo que significó pagar un valor de transporte del material que no se
4
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales
había considerado en los análisis de precios unitarios, pues las distancias iniciales
eran inferiores a un kilómetro, lo que causó un detrimento al contratista, que le debe
ser reconocido por la entidad contratante.
Otras causas de la reclamación, fueron: que en el contrato se ejecutaron mayores
cantidades de obra, que también sufrieron un desajuste de precios, por lo que se
debe actualizar su precio, para conservar el valor adquisitivo de la moneda; y que
por las sus pensiones, se produjo el stand by de la maquinaria que debía
permanecer en el sitio de las obras, que estaba calculado en $ 197’330.000.
Trámite en primera instancia
Contestación de la demanda
Mediante auto del 24 de febrero de 2011 fue admitida la d emanda y se ordenó su
notificación al gobernador del Departamento del Cesar y al Ministerio Público (f. 784,
c. 4).
El 29 de mayo de 2011, el Departamento del Cesar contestó la demanda, se opuso
a las pretensiones, aceptó como ciertos algunos hechos, otro s los calificó de
apreciaciones subjetivas del demandante y se atuvo a lo que se pruebe respecto de
los demás. Propuso las excepciones de cumplimiento contractual, inexistencia de la
obligación, cobro de lo no debido y buena fe (fls. 793 a 802, c.4).
Manifestó, en síntesis, que al demandante le correspondía probar los fundamentos
de hecho de sus pretensiones, pues lo cierto era que el Departamento del Cesar le
había cancelado al contratista todos los valores debidos con ocasión del contrato
ejecutado y qu e, si se presentó una mayor permanencia en la obra, no fue por
causas imputables a la entidad contratante, quien además cumplió con sus propias
obligaciones y si suscribió adiciones al contrato, fue para garantizar su correcta
ejecución, habiendo el contra tista manifestado en las respectivas actas que no
presentaría reclamación alguna por mayor permanencia en la obra ni costos
adicionales.
Respecto de la reclamación relativa al transporte de material, adujo que desde el
pliego de condiciones había quedado establecida la obligación del proponente de
5
Radicación número: 200012331000201100046 01 (45762)
Actor: Jose Guillermo Castro Gámez
Demandado: Departamento Del Cesar
Referencia:
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.