Radicado: 13001-23-31-000-2005-00248-01 (60756)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Repetición
Radicación: 13001-23-31-000-2005-00248-01 (60756)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Demandado: Vladimir Geraldino Lara
Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos antes de la vigencia de
la Ley 678 de 2001. Se confirma la decisión de negar las
pretensiones porque no se demostró la culpa grave del demandado.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
contra la sentencia proferida el 31 de julio de 2017 por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, Sala Fija de Decisión No. 1, en la que se negaron las pretensiones de
la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia a la luz de lo dispuesto en
el artículo 7º de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo (CCA).
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 15 de febrero de 2018 y
se corrió traslado para alegar el 12 de abril de 2018. L a entidad demandante
alegó de conclusión en segunda instanci a. El demandado y el Ministerio Público
guardaron silencio.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 7 de febrero de 2005
por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional . Se dirigió contra
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Vladimir Geraldino Lara1 para obtener el reintegro de lo pagado por la entidad el
3 de diciembre de 2003, como consecuencia de la condena impuesta en la
sentencia proferida el 15 de julio de 2002 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar.
2.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas procesales allegadas
por la parte actora, se extrae que:
2.1.- El 28 de septiembre de 1991 , a las 7:30 p. m., el demandado Vladimir
Geraldino Lara disparó por accidente su fusil de dotación oficial mientras
escoltaba al comandante del Segundo Distrito del Departamento de Policía de
Bolívar en un evento en el parque municipal de San Juan Nepomuceno.
2.2.- El disparo impactó en la pierna derecha de Yerley Barrios , una joven de
dieciséis (16) años , quien era voluntaria de la Defensa Civil y sufrió lesiones
permanentes en la pierna.
2.3.- Por estos hechos se adelantó un proceso disciplinario contra el demandado.
El 20 de noviembre de 1991 el comandante del Segundo Distrito del
Departamento de Policía de Bolívar le impuso un correctivo disciplinario de cinco
(5) días de arresto severo más un descuento reglamentario de las dos quintas
partes del sueldo básico por no portar el fusil con las debidas medidas de
seguridad, lo que constituía una falta contra el servicio.
2.4.- En ejercicio de la acción de reparación directa, la víctima directa y su padre
demandaron a la Policía Nacional para obtener la reparación del daño causado
por el disparo.
2.5.- El 30 de noviembre de 1993 las partes celebraron una conciliación parcial
sobre las pretensiones relativas a los perjuicios morales , de acuerdo con la cual
la entidad acordó pagar el equivalente a quinientos (500) gramos de oro para
cada uno de los accionantes . La conciliación fue aprobada por el Tribunal
Administrativo de Bolívar mediante auto del 7 de diciembre de 1993.
2.6.- El 15 de julio de 2002 el Tribunal Administrativo de Bolívar condenó a la
Policía Nacional a indemnizar el daño emergente causado a las víctimas ,
correspondiente a los gastos médicos que debieron asumir. El tribunal tasó este
perjuicio en ochocientos ochenta mil cincuenta y tres pesos ($880.053).
1 En la demanda y en distintas piezas procesales se hace referencia al demandado como << Bladimir>>,
<<Vladimir>>, <<Geraldino>>, <<Gerardino>>, <<Gereradino>> y <<Gererdino>>, y al proceso no se aportó
un documento de identidad con su nombre. La Sala se ref iere al demandado como << Vladimir Geraldino
Lara>> porque así se registró en el proceso disciplinario adelantado ante la Policía, en el que él participó y
con base en el cual se tuvo por probada su calidad de agente estatal en la sentencia de primera instancia.
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2.7.- Por medio de la Resolución No. 439 del 4 de noviembre de 2003 la entidad
demandante dispuso el pago de la condena por la suma de seis millones
doscientos veinticinco mil setecientos sesenta y tres pesos con noventa centavos
($6.225.763,90), de los cuales cuatro millones quinientos setenta mil ochenta y
nueve pesos con treinta y nueve centavos ($4.570.089,39) corresponden al daño
emergente actualizado desde la época de los hechos, y el resto a intereses2.
2.8.- La condena fue pagada el 3 de diciembre de 2003.
3.- Según la entidad demandante, el demandado obró con culpa grave porque
manipuló sin necesidad su fusil de dotación oficial , por lo que desconoció las
medidas de seguridad en el manejo de las armas de fuego previstas en el
<<Código de Vigilancia Urbana y Rural para la Policía >> y el << Decálogo de
armas de fuego >>, y las directrices para el uso de la fuerza contenidas en el
Código Nacional de Policía.
B.- Posición de la parte demandada
4.- El demandado no contestó la demanda ni compareció al trámite, a pesar de
haber sido notificado. La citación para notificación personal del demandado se
entregó exitosamente el 25 de septiembre de 2013 en la dirección informada por
la entidad demandante. Como no compareció a notificarse personalmente, fue
notificado mediante aviso entregado el 23 de diciembre de 20133.
C.- Sentencia recurrida
5.- En la sentencia del 31 de julio de 2017 el Tribunal Administrativo de Bolívar
negó las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes
consideraciones:
5.1.- La calidad de agente estatal del demandado se demostró con el
expediente del proceso disciplinario adela ntado por el comandante del distrito
de Policía .
5.2.- La condena contra la entidad se probó con la sentencia proferida el 15
de julio de 2002 por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
5.3.- El pago de la condena se acreditó con el comprobante de egres o y el
recibo de consignación bancaria a la apoderada de los beneficiarios.
2 En la Resolución No. 439 de 2003 no se hizo referencia a los valores que la entidad demandante acordó
pagar por concepto de la conciliación parcial. Todas las sumas allí contenidas corresponden a la condena
por daño emergente con su respectiva actualización e intereses moratorios.
3 Fl. 99 y 115 c. 1.
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Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
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5.4.- No se probó la conducta dolosa o gravemente culposa del demandado.
Aunque se demostró que el demandado infringió el deber objetivo de cuidado
en el manejo de las armas, su c onducta fue calificada en el proceso
disciplinario como una falta común , pero no se le atribuyó dolo o culpa grave.
D.- Recurso de apelación
6.- La entidad demandante solicita que se revoque la sentencia de primera
instancia y en su lugar se condene al demandado. Su inconformidad se centra
en los siguientes puntos:
6.1.- La responsabilidad disciplinaria es independiente de la responsabilidad que
se discute en la acción de repetición, en la que el dolo o culpa grave se rige bajo
las normas del Código Civil.
6.2.- El demandado obró con culpa grave porque fue << abiertamente
imprudente>> al no tener en cuenta las medidas de seguridad en el manejo de
las armas de fuego.
6.3.- En el proceso de reparación directa se probó el daño porque se aportaron
los dictámenes de l Instituto Nacional de M edicina Legal sobre la incapacidad y
las secuelas sufridas por la víctima, así como las facturas que demostraron los
gastos médicos asumidos.
II. CONSIDERACIONES
E.- Asuntos procesales
7.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada oportunamente, como se
explica a continuación:
7.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 678 de 20014 y
su condicionamiento por la Corte Constitucional5, la demanda de repetición debe
presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la
fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el
4 La Ley 678 de 2001 aplica a este trámite en los aspectos procesales porque la demanda fue presentada
con posterioridad a su entrada en vigencia. Esta norma es aplicable en su redacción original, previa a la
modificación introducida por el artículo 42 de la Ley 2195 de 2022, porque esta solo aplica para las condenas
ejecutoriadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esa ley.
5 La sentencia C-832 de 2001 declaró la exequibilidad condicionada del numeral 9 del artículo 136 del CCA.,
<<bajo el entendido que el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que
efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en
el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo >>. La sentencia C -394 de 2002 dispuso
estarse a lo resuelto en la primera sentencia para el ar
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