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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la entidad demandante le imputó responsabilidad al demandado a título de culpa grave

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2022-06-10
Radicado
13001233100020050024801
Número interno
60756
Ponente
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POLICIA NACIONAL
Demandado
BLADIMIR GERALDINO LARA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la entidad demandante le imputó responsabilidad al demandado a título de culpa grave

Lo que dijo la Sala

La entidad demandante le imputó responsabilidad al demandado a título de culpa grave porque manipuló su arma de dotación oficial sin las debidas precauciones y, al hacerlo, hirió a una menor. Para demostrarlo solicitó el traslado del proceso de reparación directa, al que a su vez se habían incorporado las piezas de la investigación disciplinaria contra el agente estatal.… Las consideraciones de la sentencia del proceso de reparación directa no le son oponibles al demandado porque no participó en él. En todo caso, se resalta que esa providencia no se refirió a la conducta del demandado porque en el proceso la entidad no discutió la falla del servicio, que era "manifiesta… Los testimonios practicados en el proceso disciplinario apuntan a que el demandado obró en forma imprudente: tenía el fusil cargado a pesar de estar en un evento público y manipuló el seguro momentos antes de que se produjera el disparo.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La acción de repetición contra un agente estatal debe negarse cuando la entidad no prueba que el agente actuó con culpa grave, pues la culpa o imprudencia por sí solas no bastan para condenarlo a responder patrimonialmente en los términos del artículo 90 de la Constitución. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la sentencia dictada en el proceso de reparación directa no es oponible al demandado, que no participó en ese proceso. La segunda es que establecer la culpa grave exige examinar las circunstancias particulares del agente, como los eventos previos al hecho, su formación, sus antecedentes y su conciencia de las consecuencias, y la entidad solo describió una actuación gravemente culposa sin probar la violación de los deberes de cuidado que invocó. La tercera es que un testimonio que sugería que el agente conocía el desaseguramiento del arma constituye un indicio insuficiente para estructurar un juicio de culpabilidad. En el caso concreto se negaron las pretensiones de la demanda contra el soldado conscripto que hirió a una menor. El documento no indica que modifique un precedente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Deben negarse las pretensiones de la demanda de repetición contra el soldado conscripto que hirió a una menor de edad y que por esa falla del servicio condenaron a la Nación, cuando el Ejército no probó que el soldado obró con culpa grave?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 678 de 2001

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Acción de repetición contra el agente

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Consejo de Estado 2023-05-08 Sección Tercera (Subsección A)
Se configuró la responsabilidad del soldado regular a título de culpa grave
Consejo de Estado 2023-07-19 Sección Tercera (Subsección C)
La parte demandada desvirtuó las presunciones de dolo y culpa grave
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Consejo de Estado 2022-03-18 Sección Tercera (Subsección A)
Se acreditaron los requisitos de procedencia de la acción de repetición
Titulación de la relatoría 3.490 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / SOLDADO CONSCRIPTO / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿Deben negarse las pretensiones de la demanda de repetición contra el soldado conscripto que hirió a una menor de edad y que por esa falla del servicio condenaron a la Nación, cuando el Ejército no probó que el soldado obró con culpa grave? Respuesta al problema jurídico: Si La entidad demandante le imputó responsabilidad al demandado a título de culpa grave porque manipuló su arma de dotación oficial sin las debidas precauciones y, al hacerlo, hirió a una menor. Para demostrarlo solicitó el traslado del proceso de reparación directa, al que a su vez se habían incorporado las piezas de la investigación disciplinaria contra el agente estatal. (...) Las consideraciones de la sentencia del proceso de reparación directa no le son oponibles al demandado porque no participó en él. En todo caso, se resalta que esa providencia no se refirió a la conducta del demandado porque en el proceso la entidad no discutió la falla del servicio, que era "manifiesta" (...) Los testimonios practicados en el proceso disciplinario apuntan a que el demandado obró en forma imprudente: tenía el fusil cargado a pesar de estar en un evento público y manipuló el seguro momentos antes de que se produjera el disparo. Sin embargo, la culpa o imprudencia es insuficiente para condenar al agente estatal a responder patrimonialmente en los términos del artículo 90 de la C.P., pues se requiere demostrar que obró con culpa grave. (...). - Establecer si el agente estatal obró con culpa grave requiere examinar las circunstancias particulares en las que actuó el demandado; cuáles fueron los eventos inmediatamente anteriores al hecho dañoso; su grado de formación y experiencia; si tenía antecedentes de manejo irregular de las armas; si era consciente de las consecuencias de su conducta, entre otros. (...) La entidad demandante se concentró en demostrar que el demandado violó las normas que rigen el buen uso de las armas, para lo que se refirió al "Código de Vigilancia Urbana y Rural para la Policía" y el "Decálogo de armas de fuego", pero no allegó estos manuales ni señaló las resoluciones que los contienen. La entidad expuso que los deberes violados consistían en usar las armas con razonabilidad, proporcionalidad, equilibrio emocional, mesura, serenidad, firmeza y control. E insistió en que, al tener el fusil cargado y desasegurado, el demandado infringió el "deber objetivo de cuidado" derivado de estas normas; es decir, la entidad se limitó a describir una actuación con culpa a pesar de que la calificó como gravemente culposa. (...) En el proceso disciplinario, el demandado expuso las razones por las cuales, en ese momento, el fusil no estaba descargado y asegurado: venía de un operativo contra un grupo de subversivos que tuvo lugar antes del evento y se desaseguró al bajarse del vehículo. (...) Si bien el testimonio del director de la Defensa Civil del municipio puede constituir un indicio de que el demandado sabía que el arma estaba desasegurada, no es suficiente para estructurar un juicio de culpabilidad en su contra. (...) Además de ese indicio, la entidad no allegó alguna otra prueba que se refiera a la conducta del demandado y a las circunstancias particulares en que se produjo. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001
Texto extraído del PDF oficial 25.598 caracteres
Radicado: 13001-23-31-000-2005-00248-01 (60756) Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ Bogotá D.C., diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022) Referencia: Repetición Radicación: 13001-23-31-000-2005-00248-01 (60756) Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Demandado: Vladimir Geraldino Lara Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001. Se confirma la decisión de negar las pretensiones porque no se demostró la culpa grave del demandado. SENTENCIA Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra la sentencia proferida el 31 de julio de 2017 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Fija de Decisión No. 1, en la que se negaron las pretensiones de la demanda. La Sala es competente para proferir esta providencia a la luz de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (CCA). El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 15 de febrero de 2018 y se corrió traslado para alegar el 12 de abril de 2018. L a entidad demandante alegó de conclusión en segunda instanci a. El demandado y el Ministerio Público guardaron silencio. I. ANTECEDENTES A.- Posición de la parte demandante 1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 7 de febrero de 2005 por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional . Se dirigió contra Radicado: 13001-23-31-000-2005-00248-01 (60756) Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional 2 Vladimir Geraldino Lara1 para obtener el reintegro de lo pagado por la entidad el 3 de diciembre de 2003, como consecuencia de la condena impuesta en la sentencia proferida el 15 de julio de 2002 por el Tribunal Administrativo de Bolívar. 2.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas procesales allegadas por la parte actora, se extrae que: 2.1.- El 28 de septiembre de 1991 , a las 7:30 p. m., el demandado Vladimir Geraldino Lara disparó por accidente su fusil de dotación oficial mientras escoltaba al comandante del Segundo Distrito del Departamento de Policía de Bolívar en un evento en el parque municipal de San Juan Nepomuceno. 2.2.- El disparo impactó en la pierna derecha de Yerley Barrios , una joven de dieciséis (16) años , quien era voluntaria de la Defensa Civil y sufrió lesiones permanentes en la pierna. 2.3.- Por estos hechos se adelantó un proceso disciplinario contra el demandado. El 20 de noviembre de 1991 el comandante del Segundo Distrito del Departamento de Policía de Bolívar le impuso un correctivo disciplinario de cinco (5) días de arresto severo más un descuento reglamentario de las dos quintas partes del sueldo básico por no portar el fusil con las debidas medidas de seguridad, lo que constituía una falta contra el servicio. 2.4.- En ejercicio de la acción de reparación directa, la víctima directa y su padre demandaron a la Policía Nacional para obtener la reparación del daño causado por el disparo. 2.5.- El 30 de noviembre de 1993 las partes celebraron una conciliación parcial sobre las pretensiones relativas a los perjuicios morales , de acuerdo con la cual la entidad acordó pagar el equivalente a quinientos (500) gramos de oro para cada uno de los accionantes . La conciliación fue aprobada por el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante auto del 7 de diciembre de 1993. 2.6.- El 15 de julio de 2002 el Tribunal Administrativo de Bolívar condenó a la Policía Nacional a indemnizar el daño emergente causado a las víctimas , correspondiente a los gastos médicos que debieron asumir. El tribunal tasó este perjuicio en ochocientos ochenta mil cincuenta y tres pesos ($880.053). 1 En la demanda y en distintas piezas procesales se hace referencia al demandado como << Bladimir>>, <<Vladimir>>, <<Geraldino>>, <<Gerardino>>, <<Gereradino>> y <<Gererdino>>, y al proceso no se aportó un documento de identidad con su nombre. La Sala se ref iere al demandado como << Vladimir Geraldino Lara>> porque así se registró en el proceso disciplinario adelantado ante la Policía, en el que él participó y con base en el cual se tuvo por probada su calidad de agente estatal en la sentencia de primera instancia. Radicado: 13001-23-31-000-2005-00248-01 (60756) Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional 3 2.7.- Por medio de la Resolución No. 439 del 4 de noviembre de 2003 la entidad demandante dispuso el pago de la condena por la suma de seis millones doscientos veinticinco mil setecientos sesenta y tres pesos con noventa centavos ($6.225.763,90), de los cuales cuatro millones quinientos setenta mil ochenta y nueve pesos con treinta y nueve centavos ($4.570.089,39) corresponden al daño emergente actualizado desde la época de los hechos, y el resto a intereses2. 2.8.- La condena fue pagada el 3 de diciembre de 2003. 3.- Según la entidad demandante, el demandado obró con culpa grave porque manipuló sin necesidad su fusil de dotación oficial , por lo que desconoció las medidas de seguridad en el manejo de las armas de fuego previstas en el <<Código de Vigilancia Urbana y Rural para la Policía >> y el << Decálogo de armas de fuego >>, y las directrices para el uso de la fuerza contenidas en el Código Nacional de Policía. B.- Posición de la parte demandada 4.- El demandado no contestó la demanda ni compareció al trámite, a pesar de haber sido notificado. La citación para notificación personal del demandado se entregó exitosamente el 25 de septiembre de 2013 en la dirección informada por la entidad demandante. Como no compareció a notificarse personalmente, fue notificado mediante aviso entregado el 23 de diciembre de 20133. C.- Sentencia recurrida 5.- En la sentencia del 31 de julio de 2017 el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones: 5.1.- La calidad de agente estatal del demandado se demostró con el expediente del proceso disciplinario adela ntado por el comandante del distrito de Policía . 5.2.- La condena contra la entidad se probó con la sentencia proferida el 15 de julio de 2002 por el Tribunal Administrativo de Bolívar. 5.3.- El pago de la condena se acreditó con el comprobante de egres o y el recibo de consignación bancaria a la apoderada de los beneficiarios. 2 En la Resolución No. 439 de 2003 no se hizo referencia a los valores que la entidad demandante acordó pagar por concepto de la conciliación parcial. Todas las sumas allí contenidas corresponden a la condena por daño emergente con su respectiva actualización e intereses moratorios. 3 Fl. 99 y 115 c. 1. Radicado: 13001-23-31-000-2005-00248-01 (60756) Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional 4 5.4.- No se probó la conducta dolosa o gravemente culposa del demandado. Aunque se demostró que el demandado infringió el deber objetivo de cuidado en el manejo de las armas, su c onducta fue calificada en el proceso disciplinario como una falta común , pero no se le atribuyó dolo o culpa grave. D.- Recurso de apelación 6.- La entidad demandante solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se condene al demandado. Su inconformidad se centra en los siguientes puntos: 6.1.- La responsabilidad disciplinaria es independiente de la responsabilidad que se discute en la acción de repetición, en la que el dolo o culpa grave se rige bajo las normas del Código Civil. 6.2.- El demandado obró con culpa grave porque fue << abiertamente imprudente>> al no tener en cuenta las medidas de seguridad en el manejo de las armas de fuego. 6.3.- En el proceso de reparación directa se probó el daño porque se aportaron los dictámenes de l Instituto Nacional de M edicina Legal sobre la incapacidad y las secuelas sufridas por la víctima, así como las facturas que demostraron los gastos médicos asumidos. II. CONSIDERACIONES E.- Asuntos procesales 7.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue presentada oportunamente, como se explica a continuación: 7.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 678 de 20014 y su condicionamiento por la Corte Constitucional5, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el 4 La Ley 678 de 2001 aplica a este trámite en los aspectos procesales porque la demanda fue presentada con posterioridad a su entrada en vigencia. Esta norma es aplicable en su redacción original, previa a la modificación introducida por el artículo 42 de la Ley 2195 de 2022, porque esta solo aplica para las condenas ejecutoriadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esa ley. 5 La sentencia C-832 de 2001 declaró la exequibilidad condicionada del numeral 9 del artículo 136 del CCA., <<bajo el entendido que el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo >>. La sentencia C -394 de 2002 dispuso estarse a lo resuelto en la primera sentencia para el ar

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=130012331000200500248011100103