Síntesis de la providencia
Aclaración de voto: Aclaración voto
Regla de decisión
El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se demandan actos administrativos contractuales se rige por su ejecutoria de manera diferenciada respecto de cada pretensión.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
La parte demandante ejerce el medio de control de controversias contractuales dentro de la oportunidad legal establecida en las normas que regulan la materia contencioso administrativa. Al examinar el cómputo del término de caducidad cuando se demandan actos administrativos contractuales, la providencia destaca que este debe realizarse de manera diferenciada respecto de cada pretensión según la estructura prevista por el legislador. En este contexto, se cita el literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el cual contempla la regla general de los dos años contados a partir del día siguiente a los motivos de hecho o de derecho, así como las reglas especiales aplicables a la nulidad del contrato y a la recomposición del equilibrio económico.
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Problema jurídico
¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se demandan actos administrativos contractuales debe contarse teniendo en cuenta la ejecutoria de estos independientemente del plazo para la liquidación del contrato?
Respuesta: Si
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
Titulación de la relatoría 9.122 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACLARACIÓN DE VOTO / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se demandan actos administrativos contractuales debe contarse teniendo en cuenta la ejecutoria de estos independientemente del plazo para la liquidación del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Coincido con la conclusión del fallo en cuanto a que no se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad respecto de ninguna de las pretensiones de la demanda; no obstante, considero que el cómputo debía realizarse de manera diferenciada respecto de cada una de ellas, según la estructura que el legislador estableció al regular la oportunidad para ejercer el derecho de acción en materia de controversias contractuales. El literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 contempla como primer supuesto una premisa general según la cual “el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”; luego, este mismo literal se refiere a la oportunidad en la que se debe formular la pretensión de nulidad del contrato y, posteriormente, desciende a una serie de reglas especiales que determinan la caducidad en función de si el contrato en el que se origina la controversia es de ejecución instantánea o sucesiva y, en este último caso, si requiere o no ser liquidado y, si ese trámite se impone, si se hizo, de forma bilateral o unilateral, o si se obvió. Estas subreglas, no vacían de contenido la premisa general indicada, sino que unas y otra tienen su propio campo de aplicación de cara a los supuestos determinados por la ley. (…) [R]esulta contrario al diseño legal interpretar que por el solo hecho de que el contrato deba ser liquidado, automáticamente el cómputo del término para presentar la demanda se traslade al momento del vencimiento del plazo para realizar el balance final de cuentas o a la fecha en que se practique dicha actuación, al margen de la controversia de que se trate. Esa lectura vacía de contenido la mencionada regla general y se funda en una premisa que desconoce la realidad de diversas situaciones que pueden presentarse en el devenir contractual, al suponer que toda divergencia debe ser tratada en la fase de liquidación. Existen múltiples actos, situaciones y decisiones que se consolidan con anterioridad a esa etapa y cuyos efectos son autónomos, inmutables y exigibles sin depender del cierre de cuentas ni encontrarse en estado de verificación final. Tales circunstancias deben someterse, por elemental coherencia normativa, a la premisa general del literal j). Particular relevancia adquiere esta precisión cuando se trata de la pretensión de nulidad de actos administrativos contractuales, en tanto contienen decisiones que una vez ejecutoriadas proyectan efectos jurídicos plenos al estar amparadas por la presunción de legalidad y predicarse respecto suyo los atributos de ejecutividad y ejecutoriedad. Estas características y la autonomía de esta clase de actos respecto del ciclo económico del contrato impiden sostener que el debate sobre su legalidad pueda quedar en suspenso hasta la liquidación. Es relevante destacar que, aunque en la etapa del balance final de cuentas las partes pueden llegar a acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a sus divergencias, esta posibilidad no cobija las discusiones que puedan plantearse acerca de la validez de los actos administrativos, pues se trata de un tema de orden público que solo corresponde definir al juez de lo contencioso administrativo; otra cosa es que puedan llegar a acuerdos sobre sus efectos económicos y registrar lo pertinente en la liquidación. (…) aun cuando la demanda incluya pretensiones referidas a aspectos que deben ser definidos en la etapa de liquidación, las relativas a la legalidad de actos administrativos deben analizarse bajo la regla general del literal j) porque los motivos de hecho y de derecho que la sustentan están plenamente definidos desde su ejecutoria y no sufren alteración ulterior en el balance final de cuentas. A mi juicio, este entendimiento mantiene la integridad del sistema, evita distorsiones hermenéuticas y asegura que la aplicación del término de caducidad responda a la naturaleza de cada pretensión y al momento real en el que surge la situación jurídica objeto de control.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la relación entre las pretensiones de la demanda y la caducidad del medio de control, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2025, rad. 66479, C. P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / DEBERES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La infracción del deber de planeación por parte de la entidad estatal constituye un incumplimiento contractual?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a infracción del deber de planeación no constituye causal de incumplimiento contractual, sino de alteración del equilibrio económico del contrato. (…) El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública — EGACP— no contempla un catálogo de las causas que dan lugar al surgimiento de la obligación de las entidades públicas de recomponer el sinalagma contractual, sino un marco de criterios amplios que las permiten identificar, con fundamento en los artículos 3°, 4° numeral 8, 5° numeral 1 y 27 de la Ley 80; de ahí que no es posible sostener que ese deber de la administración se circunscribe a las hipótesis clásicas de la teoría de la imprevisión, el hecho del príncipe y el ius variandi. Las cargas que se derivan del deber de planeación se sitúan estructuralmente en la fase precontractual, en tanto corresponden a las obligaciones de la entidad encaminadas a estructurar adecuadamente el negocio, definir las condiciones técnicas, económicas y jurídicas del proyecto y suministrar la información necesaria para que los posibles oferentes formen un juicio serio y profesional a la hora de presentar sus propuestas, pero no se integran al el haz de obligaciones pactadas en el contrato de manera implícita ni explícita, por tanto, su desconocimiento no puede conceptuarse como una inejecución, ejecución defectuosa o tardía de las prestaciones pactadas y, por lo mismo, no puede ventilarse bajo la dogmática del incumplimiento. (…) [L]a vulneración del deber de planeación puede constituir causa adecuada del restablecimiento del equilibrio económico, siempre que concurran los elementos estructurales de la figura: (i) que la alteración sea imprevista para el contratista, (ii) que no le sea imputable y (iii) que produzca una afectación real y demostrable de las condiciones económicas con base en las cuales contrató. Cuando ello ocurre, el restablecimiento debe ser pleno, por cuanto la causa de la ruptura es imputable a la entidad, conforme a lo previsto en los artículos 4° numeral 8, 5° numeral 1 y 27 de la Ley 80. Este entendimiento se armoniza, además, con la prohibición contenida en el artículo 24 numeral 5 literal d) de la Ley 80 de 1993, en el sentido de incluir condiciones de imposible cumplimiento o exoneraciones por la información suministrada. La ley no permite trasladar al contratista las consecuencias de una planeación deficiente y por ello prevé el restablecimiento del equilibrio económico como el mecanismo adecuado para recomponer las condiciones bajo las cuales se formuló la propuesta y se celebró el contrato. De esta manera, sin apartarme del sentido de la decisión, considero necesario precisar que la infracción al deber de planeación no puede analizarse como un incumplimiento contractual, sino que puede constituir, en los casos en que se cumplan todos los requisitos para ello, en causal que conduzca al surgimiento de la obligación de la entidad contratante de recomponer el equilibrio económico del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el deber de planeación contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 2022, rad. 59382, C. P. José Roberto Sáchica Méndez y sentencia del 8 de abril de 2024, rad. 67446, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5 LITERAL D, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1