Síntesis de la providencia
Salvamento de voto: no debia condenarse al demandado cuando la jurisprudencia de la época no tenía una pacífica sobre la obligación
Lo que dijo la Sala
En relación con el primer postulado, en la ponencia se concluyó que, para la época en la que se expidieron 11 de los 23 actos anulados, la Sección Segunda del Consejo de Estado no tenía una postura pacífica sobre la obligación de motivar los actos administrativos que declaraban insubsistente un nombramiento de un empleado que ocupaba un cargo de carrera en provisionalidad, por lo que no se podía emitir un reproche, razonamiento que comparto, por constituir una máxima garantía para el demandado, a pesar de advertir que el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 ya contemplaba la mencionada obligación y estaba vigente, además, el Decreto 1227 de 2005, que sí fue explícito sobre el alcance de la motivación de tales actos administrativos frente a los provisionales.
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Problema jurídico
¿Debia condenarse al demandado cuando la jurisprudencia de la época no tenía una pacífica sobre la obligación de motivar los actos administrativos que declaraban insubsistente un nombramiento de un empleado que ocupaba un cargo de carrera en provisionalidad?
Respuesta: No
También resuelve
- ¿Debió condenarse al demandado debido a que no podia ignorarse que en el cargo que tenía debia tener conocimiento de las consecuencias que trae consigo la declaratoria de nulidad de un acto como el…
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Titulación de la relatoría 6.125 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
SALVAMENTO DE VOTO / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / MOTIVACIÓN DEL ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Debia condenarse al demandado cuando la jurisprudencia de la época no tenía una pacífica sobre la obligación de motivar los actos administrativos que declaraban insubsistente un nombramiento de un empleado que ocupaba un cargo de carrera en provisionalidad?
Respuesta al problema jurídico: No
En relación con el primer postulado, en la ponencia se concluyó que, para la época en la que se expidieron 11 de los 23 actos anulados, la Sección Segunda del Consejo de Estado no tenía una postura pacífica sobre la obligación de motivar los actos administrativos que declaraban insubsistente un nombramiento de un empleado que ocupaba un cargo de carrera en provisionalidad, por lo que no se podía emitir un reproche, razonamiento que comparto, por constituir una máxima garantía para el demandado, a pesar de advertir que el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 ya contemplaba la mencionada obligación y estaba vigente, además, el Decreto 1227 de 2005, que sí fue explícito sobre el alcance de la motivación de tales actos administrativos frente a los provisionales.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1227 DE 2005, LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 41
SALVAMENTO DE VOTO / CONDENA / FIRMA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FUNCIONES DEL CARGO DE DIRECCIÓN / REALIZACIÓN EFICIENTE DE LAS FUNCIONES DEL CARGO
Problema jurídico:
¿Debió condenarse al demandado debido a que no podia ignorarse que en el cargo que tenía debia tener conocimiento de las consecuencias que trae consigo la declaratoria de nulidad de un acto como el de insubsistencia, ya que es quién debe expedir los actos administrativos de reintegro, indemnización, reubicación, además que, su actuación no debía limitarse a suscribir los actos administrativos que la dependencia encargada de su elaboración le presentó?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n lo atinente al segundo postulado, el quórum mayoritario de la Sala consideró, en particular (i) que de las pruebas no se desprendía que el señor Raúl Enrique Maya Pabón tuviera conocimiento de que se hubiera condenado al ente universitario por hechos similares y aun así optara por expedir las resoluciones de insubsistencia sin motivación; y (ii) que su actuación se limitó a suscribir los actos administrativos que la dependencia encargada de su elaboración le presentó. En el sub lite estaba acreditado que el demandado tomó posesión de su cargo como representante legal de la universidad 4 meses antes de expedir los 23 actos de insubsistencia de los empleados que ocupaban cargos de carrera en provisionalidad sin la debida motivación, por lo que resultaba extraño que hubiera evaluado las circunstancias de cada uno de los empleados para desvincularlos, de cara al mejoramiento del servicio en ese lapso y, además, que hubiera pasado por alto que la entidad resultó condenada por ese mismo evento con antelación, cuando era el nominador y la notificación de esas providencias se le comunican a él o, en su defecto, a su despacho para su cumplimiento. No podía ignorarse que un cargo de nivel directivo demanda el conocimiento de las consecuencias que trae consigo la declaratoria de nulidad de un acto como el de insubsistencia, ya que es quién debe expedir los actos administrativos de reintegro, indemnización, reubicación, etc., situación que estaba prevista entre sus deberes, pues el Acuerdo 105 de 1993, por medio del cual se expidió el Estatuto General de la Universidad Popular del Cesar [lo] disponía, (...) En la decisión se aseveró que, en virtud de la sentencia SU-254 de 2020, no se le podía exigir al rector estar al tanto de las condenas que se dictaban contra la institución, dado que el cometido misional de los jefes de las entidades es otro y para el desarrollo de las actividades administrativas cuentan con el apoyo de las dependencias, planteamiento reiterado en la sentencia SU-259 de 2021. No obstante, si bien la Corte Constitucional señaló que cada funcionario público asume roles diferentes dentro de la Administración y no se puede entender que el director de una entidad deba tener conocimiento de todo lo que suceden al interior, lo cierto es que ese pronunciamiento no podía utilizarse para justificar, per se, la ausencia de responsabilidad por la conducta de este tipo de servidor público; por el contrario, en mi criterio, se debieron evaluar las particularidades del asunto y el papel que asumió el rector de la universidad, quien era el nominador, luego no era posible que aquel no se hubiera dado por enterado de que existían condenas previas y reiteradas por idénticas circunstancias. De otra parte, el hecho de sostener que la actuación del señor Raúl Enrique Maya Pabón se ciñó a suscribir los actos administrativos que la dependencia encargada de su elaboración le presentó, a mi modo de ver, conlleva a entender que el cumplimiento de sus obligaciones se reduce a un acto meramente de ejecución, esto es, firmar actos, lo que desconoce sus deberes como servidor público dirigidos a efectuar el control al menos de las determinaciones que firma, sobre todo si se trata de la desvinculación del empleado y, además, elimina la autonomía de decidir si está o no de acuerdo con la decisión que va a suscribir. Asimismo, esa premisa, en mi sentir, anula la posibilidad de que, por un acto de ejecución, como lo es imponer la firma en documentos irregulares que den origen a una condena patrimonial contra el Estado, no pueda reflexionarse sobre la conducta de sus agentes en sede de repetición.