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Colombia Compra Eficiente Concepto

Debida diligencia: C-1237 de 2026

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2026-08-27
Número
C-1237 de 2026

Síntesis del concepto

Debida diligencia: C-1237 de 2026

Regla de decisión

El literal a) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 señala que no pueden participar en licitaciones ni celebrar contratos con las entidades estatales las personas que se hallen inhabilitadas por la Constitución y las Leyes.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede ser objeto de medidas de debida diligencia en el marco de los manuales de contratación, siempre que estas no modifiquen el régimen de capacidad jurídica para suscribir contratos con el Estado, ni establezcan causales de inhabilidad o incompatibilidad no previstas en la ley. Estas medidas deben estar en consonancia con el Decreto 1122 de 2024 y el Programa de Transparencia y Ética Pública, y deben servir para identificar, evaluar y mitigar riesgos sin afectar la participación equitativa de los proponentes. Esto permite a las entidades estatales implementar directrices específicas sobre debida diligencia sin alterar las normas fundamentales de contratación estatal, lo que implica una mayor flexibilidad en la gestión de riesgos dentro de los procesos contractuales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Los manuales de contratación pueden contemplar medidas específicas para la debida diligencia sin modificar el régimen de capacidad jurídica para suscribir contratos con el Estado?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 8, 24 y 77
  • Ley 1150 de 2007, arts. 5, 6 y 13
  • Ley 1437 de 2011, art. 3
Las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente
C-1237 de 2026 · 2026-08-27

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

Conforme a la interpretación general de las normas del sistema de compras públicas, aunque gran parte de los aspectos relacionados con la gestión contractual se encuentran en el EGCAP y en decretos que lo desarrollan, los manuales de contratación establecen flujogramas en la estructuración de los procesos; asignan responsabilidades específicas en la proyección, revisión y aprobación de los documentos; unifican y estandarizan trámites internos; fijan directrices respecto a la gestión de los procesos y la ejecución de los contratos; entre otros.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Causales Debida diligencia Directrices específicas Marco normativo Principio de imparcialidad Principio de selección objetiva Reserva legal

Guías del tema

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Texto del documento 4.335 caracteres
DEBIDA DILIGENCIA – Marco normativo Conforme al literal a) del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad […]”. Este programa incluye, entre otros aspectos, las “Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público”. Así, de acuerdo con el inciso primero del artículo 12 de la Ley 2195 de 2022, “La Entidad del Estado y la persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica o similar, que tenga la obligación de implementar un sistema de prevención, gestión o administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas o que tengan la obligación de entregar información al Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), debe llevar a cabo medidas de debida diligencia […]”. RECHAZO DE LA OFERTA – Causales – Principio de imparcialidad – Principio de selección objetiva Dichos principios tienen un papel relevante en la elaboración de los pliegos de condiciones, pues si bien las entidades tienen un margen de autonomía para definir algunos aspectos del futuro negocio, las causales de rechazo de las propuestas deben ser razonables, bien porque algunas de éstas se encuentren previstas en el ordenamiento o porque conducen a que se adjudique el contrato al proponente que cumple con los requisitos técnicos y económicos para su ejecución. En esta medida, dichas causales no deben fundamentarse en el simple capricho o el mero arbitrio, lo cual –además de contrariar los principios analizados– limita la participación. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Reserva legal El carácter reconocidamente taxativo y restrictivo de régimen de inhabilidades e incompatibilidades obedece a la necesidad de salvaguardar el interés general inherente en la contratación pública, de forma que implique el menor sacrificio posible al derecho de igualdad y de reconocimiento de la personalidad jurídica de quienes aspiran a contratar con el Estado. Bajo estas circunstancias, las entidades públicas no pueden establecer en el pliego de condiciones causales de inhabilidad o incompatibilidad no previstas en la Constitución o en la ley. En consecuencia, al tratarse de una materia que tiene reserva legal, no resulta jurídicamente posible que una entidad pública establezca nuevas causales que afecten la capacidad para contratar con el Estado, ni siquiera haciéndolas pasar como causa para rechazar los ofrecimientos realizados a la entidad. MANUALES DE CONTRATACIÓN – Directrices específicas – Debida diligencia Aunque gran parte de los aspectos relacionados con la gestión contractual se encuentran en el EGCAP y en decretos que lo desarrollan, los manuales de contratación establecen flujogramas en la estructuración de los procesos; asignan responsabilidades específicas en la proyección, revisión y aprobación de los documentos; unifican y estandarizan trámites internos; fijan directrices respecto a la gestión de los procesos y la ejecución de los contratos; entre otros. Al estar subordinados a la ley y al reglamento, los manuales de contratación no pueden modificar aspectos como la capacidad jurídica –inhabilidades, incompatibilidades, consorcios y uniones temporales y registro único de proponentes–, la competencia para contratar, las reglas de selección objetiva –procedimientos de selección–, el régimen de perfeccionamiento del contrato, así como algunos aspectos de ejecución contractual –manejo del riesgo, cláusulas exorbitantes, tipologías contractuales y garantías–. No obstante, siempre que estén en consonancia con las normas de carácter superior, pueden regular aspectos operativos de la gestión de procesos y contratos al interior de la entidad. Esto último incluye directrices específicas sobre la debida diligencia en materia de contratación pública, sin perjuicio del cumplimiento del Decreto 1122 de 2024 para implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública en los términos del literal a) del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1237-de-2026/