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Colombia Compra Eficiente Concepto

Debida diligencia: de esta norma no se desprende la incidencia del registro en materia de contratación estatal

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2025-05-16
Número
C-498 de 2025

Síntesis del concepto

Debida diligencia: de esta norma no se desprende la incidencia del registro en materia de contratación estatal

Regla de decisión

Previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponde a los interesados adoptar la decisión correspondiente y, fiscales y disciplinarias.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

Una entidad estatal no puede exigir a los proponentes la presentación del Registro Único de Beneficiarios Finales, so pena de rechazo de la oferta. El artículo 13 de la Ley 2195 de 2022 declara ese registro de naturaleza reservada, y solo pueden acceder a él entidades de control, investigación y vigilancia, como la Contraloría, la DIAN, la Fiscalía, las superintendencias, la Procuraduría y la UIAF, en ejercicio de sus funciones. La norma no prevé que el registro incida en la contratación estatal ni que las entidades contratantes o los oferentes puedan acceder a él. Por otra parte, las causales de rechazo deben ser razonables y fundarse en el ordenamiento o en la adjudicación al proponente que cumpla los requisitos técnicos y económicos, pues no pueden basarse en el capricho ni limitar la participación. Además, la debida diligencia que impone el literal a) del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 corresponde a los programas de transparencia de cada entidad, y no se traduce en una exigencia del registro como requisito de participación. En consecuencia, la entidad debe apoyar sus medidas de debida diligencia en fuentes distintas de un requisito de rechazo que no está previsto en la ley.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Puede una Entidad Estatal exigir a los proponentes presentar el Registro Único de Beneficiarios, so pena del rechazo de la oferta?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 8, 24 y 77
  • Ley 906 de 2004, art. 67
  • Ley 1150 de 2007, arts. 5, 6 y 13

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

Conforme a la interpretación general de las normas del sistema de compras y contratación pública, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 2195 de 2022, el Registro Único de Beneficiarios Finales es de naturaleza reservada y, por tanto, su información no es de conocimiento público. Al RUB sólo acceden i) la Contraloría General de la República, ii) la DIAN, iii) la Fiscalía General de la Nación, iv) la Supersociedades, v) la Superfinanciera, vi) la Procuraduría General de la Nación y vii) la UIAF. El acceso al registro se les permite en cumplimiento de sus funciones Constitucionales y legales relacionadas con i) las tareas de inspección, vigilancia y control; ii) el adelantamiento de investigaciones fiscales o disciplinarias; o iii) el combate del lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno trasnacional, conglomerados e intervención por captación no autorizada.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Alcance Causales Fundamento Información reservada Marco normativo Principio de imparcialidad Principio de selección objetiva Reserva legal

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Texto del documento 3.908 caracteres
DEBIDA DILIGENCIA – Marco normativo Conforme al literal a) del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad […]”. Este programa incluye, entre otros aspectos, las “Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público”. Así, de acuerdo con el inciso primero del artículo 12 de la Ley 2195 de 2022, “La Entidad del Estado y la persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica o similar, que tenga la obligación de implementar un sistema de prevención, gestión o administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas o que tengan la obligación de entregar información al Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), debe llevar a cabo medidas de debida diligencia […]”. RUB – Fundamento – Alcance – Información reservada De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 2195 de 2022, el Registro Único de Beneficiarios Finales es de naturaleza reservada y, por tanto, su información no es de conocimiento público. Al RUB sólo acceden i) la Contraloría General de la República, ii) la DIAN, iii) la Fiscalía General de la Nación, iv) la Supersociedades, v) la Superfinanciera, vi) la Procuraduría General de la Nación y vii) la UIAF. El acceso al registro se les permite en cumplimiento de sus funciones Constitucionales y legales relacionadas con i) las tareas de inspección, vigilancia y control; ii) el adelantamiento de investigaciones fiscales o disciplinarias; o iii) el combate del lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno trasnacional, conglomerados e intervención por captación no autorizada. De esta norma no se desprende la incidencia del registro en materia de contratación estatal. Tampoco permite su acceso a otras entidades públicas como contratantes de bienes, obras o servicios y, mucho menos, a los oferentes interesados en los procesos de selección. RECHAZO DE LA OFERTA – Causales – Principio de imparcialidad – Principio de selección objetiva Dichos principios tienen un papel relevante en la elaboración de los pliegos de condiciones, pues si bien las entidades tienen un margen de autonomía para definir algunos aspectos del futuro negocio, las causales de rechazo de las propuestas deben ser razonables, bien porque algunas de éstas se encuentren previstas en el ordenamiento o porque conducen a que se adjudique el contrato al proponente que cumple con los requisitos técnicos y económicos para su ejecución. En esta medida, dichas causales no deben fundamentarse en el simple capricho o el mero arbitrio, lo cual –además de contrariar los principios analizados– limita la participación. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Reserva legal El carácter reconocidamente taxativo y restrictivo de régimen de inhabilidades e incompatibilidades obedece a la necesidad de salvaguardar el interés general inherente en la contratación pública, de forma que implique el menor sacrificio posible al derecho de igualdad y de reconocimiento de la personalidad jurídica de quienes aspiran a contratar con el Estado. Bajo estas circunstancias, las entidades públicas no pueden establecer en el pliego de condiciones causales de inhabilidad o incompatibilidad no previstas en la Constitución o en la ley. En consecuencia, al tratarse de una materia que tiene reserva legal, no resulta jurídicamente posible que una entidad pública establezca nuevas causales que afecten la capacidad para contratar con el Estado, ni siquiera haciéndolas pasar como causa para rechazar los ofrecimientos realizados a la entidad.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-498-de-2025/