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Concepto

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Colombia Compra Eficiente Concepto

Previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponde a los interesados adoptar la decisión correspondiente y, fiscales y disciplinarias.

C-718 de 2025 2025-06-17
¿Cuál es marco jurídico de la debida diligencia, contemplada en el artículo 12 de la Ley 2195 de 2022, para las entidades territoriales?
Conforme a la interpretación general de la normas del sistema de compras públicas, el literal a) del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, dispone que Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad… (Énfasis fuera de texto). Este programa incluye, entre otros aspectos, las Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público.
También resuelve: Debida diligencia: marco normativo
Colombia Compra Eficiente Concepto

El literal a) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 señala que no pueden participar en licitaciones ni celebrar contratos con las entidades estatales las personas que se hallen inhabilitadas por la Constitución y las Leyes.

C-1237 de 2026 2026-08-27
¿Los manuales de contratación pueden contemplar medidas específicas para la debida diligencia sin modificar el régimen de capacidad jurídica para suscribir contratos con el Estado?
El contratista puede ser objeto de medidas de debida diligencia en el marco de los manuales de contratación, siempre que estas no modifiquen el régimen de capacidad jurídica para suscribir contratos con el Estado, ni establezcan causales de inhabilidad o incompatibilidad no previstas en la ley. Estas medidas deben estar en consonancia con el Decreto 1122 de 2024 y el Programa de Transparencia y Ética Pública, y deben servir para identificar, evaluar y mitigar riesgos sin afectar la participación equitativa de los proponentes. Esto permite a las entidades estatales implementar directrices específicas sobre debida diligencia sin alterar las normas fundamentales de contratación estatal, lo que implica una mayor flexibilidad en la gestión de riesgos dentro de los procesos contractuales.síntesis automática
También resuelve: Debida diligencia: marco normativo Rechazo de la oferta: causales, principio de imparcialidad, principio de selección objetiva Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: reserva legal
Colombia Compra Eficiente Concepto

Previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponde a los interesados adoptar la decisión correspondiente y, fiscales y disciplinarias.

C-498 de 2025 2025-05-16
¿Puede una Entidad Estatal exigir a los proponentes presentar el Registro Único de Beneficiarios, so pena del rechazo de la oferta?
Una entidad estatal no puede exigir a los proponentes la presentación del Registro Único de Beneficiarios Finales, so pena de rechazo de la oferta. El artículo 13 de la Ley 2195 de 2022 declara ese registro de naturaleza reservada, y solo pueden acceder a él entidades de control, investigación y vigilancia, como la Contraloría, la DIAN, la Fiscalía, las superintendencias, la Procuraduría y la UIAF, en ejercicio de sus funciones. La norma no prevé que el registro incida en la contratación estatal ni que las entidades contratantes o los oferentes puedan acceder a él. Por otra parte, las causales de rechazo deben ser razonables y fundarse en el ordenamiento o en la adjudicación al proponente que cumpla los requisitos técnicos y económicos, pues no pueden basarse en el capricho ni limitar la participación. Además, la debida diligencia que impone el literal a) del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 corresponde a los programas de transparencia de cada entidad, y no se traduce en una exigencia del registro como requisito de participación. En consecuencia, la entidad debe apoyar sus medidas de debida diligencia en fuentes distintas de un requisito de rechazo que no está previsto en la ley.síntesis automática
También resuelve: Debida diligencia: marco normativo Rechazo de la oferta: causales, principio de imparcialidad, principio de selección objetiva Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: reserva legal
Colombia Compra Eficiente Concepto

Previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponde a los interesados adoptar la decisión correspondiente y, fiscales y disciplinarias.

C-279 de 2025 2025-04-01
¿Cuál es el marco jurídico de la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo y cuáles son sus implicaciones en el sistema de compras y contratación públicas?
Conforme a la interpretación general de las normas del sistema de compras y contratación pública, la debida diligencia o verificación en listas vinculantes, restrictivas y no restrictivas es una acción fundamental al interior de todos los sistemas de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, pues se configura en la etapa de conocimiento del proveedor, así como en la vinculación del extremo contractual, satisfaciendo la necesidad de salvaguardar el interés general inherente en la contratación pública, de forma que implique el menor sacrificio posible al derecho de igualdad y al reconocimiento de la personalidad jurídica de quienes aspiran a contratar con el Estado.
También resuelve: Debida diligencia: marco normativo Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: reserva legal Sarlaft: marco jurídico, definición
Colombia Compra Eficiente Concepto

Debida diligencia: los municipios deben establecer en su programa de transparencia criterios para mitigar el riesgo de lavado de activos

C-494 de 2024 2024-11-21
¿Cuál es el marco jurídico vigente de la debida diligencia en el sistema de compras y contratación pública?
La entidad estatal no puede contemplar dentro de los criterios de evaluación la adopción de programas de cumplimiento anticorrupción o antilavado de activos, porque, conforme al principio de legalidad, se trata de una exigencia transversal a todos los proponentes que no determina la oferta más favorable en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y del artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, y los artículos 12 y 31 de la Ley 2195 de 2022 no autorizan asignarle puntaje. El marco de la debida diligencia parte del literal a) del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, que obliga a toda entidad, cualquiera que sea su régimen de contratación, a implementar Programas de Transparencia y Ética Pública que incluyen medidas de debida diligencia, y del artículo 12 de esta última ley. Por la reserva legal del régimen de inhabilidades, la entidad tampoco puede crear causales no previstas en la ley, ni siquiera como causales de rechazo.síntesis automática
También resuelve: Debida diligencia: marco normativo Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: reserva legal Sarlaft: marco jurídico, definición
Colombia Compra Eficiente Concepto

Previo concepto de sus asesores, corresponde a los interesados adoptar la decisión pertinente y, en caso de conflicto, a las autoridades judiciales, fiscales y disciplinarias.

C-902 de 2026 2026-07-15
¿Cuál es la naturaleza jurídica y el alcance de las obligaciones de debida diligencia y debida diligencia intensificada previstas en la Resolución 2328 de 2025 para los sujetos vigilados por la Superintendencia de Transporte, cuando estos se encuentran sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?
El contratista debe implementar debida diligencia y debida diligencia intensificada conforme a la Resolución 2328 de 2025, lo que implica adoptar políticas y procedimientos que preven y controlan el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, ajustándose al tamaño y características específicas de cada entidad. Estas obligaciones no pueden ser utilizadas por las entidades estatales como causales de inhabilidad o incompatibilidad en la contratación, dado que este es un tema reservado a la ley. La regla reitera la jurisprudencia existente, lo que implica que las entidades estatales deben seguir los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Transporte y no pueden crear nuevas causales de inhabilidad relacionadas con estas obligaciones, protegiendo así la capacidad de los sujetos para contratar con el Estado.síntesis automática
También resuelve: Sarlaft: marco jurídico, definición Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: reserva legal Reporte en listas restrictivas: medidas y alcance