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¿Las Entidades con un régimen exceptuado al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública pueden acudir a los Mecanismos de Agregación de Demanda administrados por la Agencia en casos en concurrencia con otras modalidades de selección previstas en sus manuales de contratación?
Respecto al interrogante, se aclara que las Entidades Estatales que cuenten con un régimen especial-exceptuado al EGCAP-pueden acudir a los Mecanismos de Agregación de Demanda administrados por la Agencia, siempre y cuando el manual de contratación de dicha entidad, establezcan la posibilidad de acudir a dichos mecanismos. Sin embargo, en casos de concurrencia con otras modalidades de selección, esta posibilidad deberá ser esclarecida por la respectiva Entidad Estatal de conformidad con las reglas previstas en el respectivo manual, el cual, en tanto acto administrativo se presume legal y tiene carácter ejecutorio, por lo que su contenido es de obligatorio cumplimiento para la entidad que lo expide mientras no haya sido anulado o suspendido provisionalmente por la jurisdicción contenciosa administrativa.
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Existe una diferencia sustancial entre los convenios de colaboración y los convenios de asociación? O son lo mismo?
… con el fin de dar una correcta aplicación al Decreto 092 de 2017, en una entidad estatal se contemplan las siguientes dudas: Existe una diferencia sustancial entre los convenios de colaboración y los convenios de asociación? O son lo mismo?
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¿En virtud de lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, las Universidades Públicas que en virtud de su autonomía y la Ley 30 tienen un régimen de contratación privada, ¿están obligadas a publicar y adelantar su contratación a través del SECOP II?
Conforme a lo expuesto, el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 hace obligatorio el SECOP II para las entidades exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En efecto, aunque la publicación en el SECOP I de los documentos relacionados con la actividad contractual ya era obligatoria para las entidades que cuentan con un régimen especial, el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, que modifica el artículo 13 de la Ley 1150 de 200, complementa ese deber con la exigencia de emplear el SECOP II. En otras palabras, en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 el Congreso de la República dispone que las entidades estatales exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública deben publicar en el SECOP II –es decir en la plataforma transaccional vigente– su actividad contractual.
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Quería saber si con la nueva ley de transparencia (Ley 2195 de 2022) los fondos mixtos/ corporaciones sin ánimo de lucro de régimen especial deben hacer sus procesos de contratación por medio del SECOP?
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¿La Entidad puede seguir usando plataformas como la pagina web de la misma o SECOP I?
Aunque la publicación en el SECOP I de los documentos relacionados con la actividad contractual ya era obligatoria para las entidades que cuentan con un régimen especial de contratación, el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 –que modifica el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007– complementa ese deber con la exigencia de emplear el SECOP II. En otras palabras, en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 el Congreso de la República dispone que las entidades estatales exceptuadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública deben publicar en el SECOP II –es decir en la plataforma transaccional vigente– su actividad contractual.
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¿Pueden las entidades de régimen especial solicitar marcas específicas de bienes o productos a adquirir en un proceso de contratación y determinar requisitos de puntaje relacionados con el menor plazo de entrega y puesta en operación?
Las entidades estatales con régimen especial de contratación, aunque se rigen en su mayoría por el derecho privado, están sujetas a reglas de derecho público que se manifiestan en principios y reglas, entre ellas el deber de expedir un manual de contratación que concrete los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal y determine cómo orientan el derecho privado. Esas entidades tienen una amplia libertad para configurar el manual, derivada de la autonomía de la voluntad, aunque es más limitada que la de los particulares. Dentro de esa autonomía pueden definir los requisitos que se solicitan a los proponentes, incluidos los que otorgan puntaje, siempre que cumplan el principio de selección objetiva. También pueden exigir marcas en las especificaciones técnicas, siempre que no estén prohibidas en los acuerdos y tratados comerciales en los que el país sea destinatario, y que se respete el principio de proporcionalidad: los requisitos deben ser razonables, congruentes con el objeto, la necesidad, el alcance, el valor y el plazo del contrato, y no restringir injustificadamente la libre concurrencia y la pluralidad de oferentes.síntesis automática
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Usted realiza las siguientes preguntas: i) «La presente tiene como propósito preguntar sobre la finalidad y aplicación de los umbrales Alianza del Pacifico, específicamente la distinción en secciones: A, B y C que se ilustra en Umbrales actualizaciones 2022 – 2023» y ii) «Adicionalmente, es necesario preguntar sobre la definición o alcance del término Agencia del Estado expresada en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN…
«La presente tiene como propósito preguntar sobre la finalidad y aplicación de los umbrales Alianza del Pacifico, específicamente la distinción en secciones: A, B y C que se ilustra en Umbrales actualizaciones 2022 – 2023».
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¿Es obligatorio para las entidades del Estado vender sus activos respetando el límite del valor determinado en los avalúos realizados para el proceso de venta, habida consideración que este es un referente del precio de mercado?
SATENA, además de las disposiciones constitucionales y legales que, de manera transversal, regulan su actividad contractual –y a las cuales se hizo alusión en los numerales 2.1, 2.2. y 2.3. del presente concepto–, tiene un Manual de Contratación, que establece requisitos de procedimiento para la gestión de su actividad negocial. En tal sentido, se observa, que el capítulo 7 de dicho reglamento regula la enajenación de bienes por parte de la sociedad.
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De conformidad con la Ley 142 de 1994, las empresas de servicios públicos no están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Por tanto, sus procedimientos contractuales están determinados por reglamentos internos o manuales de contratación. Sin embargo, toda vez que manejan recursos públicos, están sujetas al cumplimiento de normas transversales aplicables a todas las entidades estatales, sin importar su régimen contractual, así como a los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal.
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¿Los manuales de contratación pueden contemplar medidas específicas para la debida diligencia sin modificar el régimen de capacidad jurídica para suscribir contratos con el Estado?
El contratista puede ser objeto de medidas de debida diligencia en el marco de los manuales de contratación, siempre que estas no modifiquen el régimen de capacidad jurídica para suscribir contratos con el Estado, ni establezcan causales de inhabilidad o incompatibilidad no previstas en la ley. Estas medidas deben estar en consonancia con el Decreto 1122 de 2024 y el Programa de Transparencia y Ética Pública, y deben servir para identificar, evaluar y mitigar riesgos sin afectar la participación equitativa de los proponentes. Esto permite a las entidades estatales implementar directrices específicas sobre debida diligencia sin alterar las normas fundamentales de contratación estatal, lo que implica una mayor flexibilidad en la gestión de riesgos dentro de los procesos contractuales.síntesis automática
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¿Cuál es la modalidad de contratación legalmente aplicable por la que se debe adelantar el pretendido negocio jurídico?
Para responder las preguntas de la peticionaria se partirá de los presupuestos señalados en su solicitud, de donde resultan relevantes los transcritos en el numeral 1 de este concepto, destacando que se trata de definir la modalidad de contratación aplicable para la venta del inmueble por parte de una entidad de régimen especial a una sociedad fiduciaria de carácter privado que es la administradora de un patrimonio autónomo, en virtud de un contrato de fiducia mercantil celebrado con otra entidad estatal –Cfr. numeral 2.1. de este concepto–. Además, allí se señaló, sin profundizar en la regulación general del reglamento interno de contratación de la entidad de régimen especial, que en su manual de contratación «consagra como causales de contratación directa: la adquisición de bienes inmuebles y la celebración de contratos interadministrativos».
¿Puede una universidad pública, durante la vigencia de las restricciones de la Ley 996 de 2005, modificar la modalidad de “invitación privada” a “invitación pública” sin reforma previa de su estatuto contractual para evitar las restricciones a la contratación directa?
Las universidades estatales u oficiales son entes autónomos de régimen especial que no hacen parte de la rama ejecutiva ni son entidades descentralizadas, y cuyo régimen contractual es, en principio, el derecho privado, conforme al artículo 93 de la Ley 30 de 1992. La postura matiza esa regla: cuando el objeto se refiere al cumplimiento de sus funciones propias se aplica el derecho privado, pero cuando actúan como contratistas de entidades regidas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública quedan sujetas a sus reglas y restricciones. La razón es que la Constitución garantiza a las universidades autonomía para establecer sus directivas y estatutos, dentro de la ley. Entre sus obligaciones transversales se encuentran el Plan Anual de Adquisiciones, la publicación de sus procedimientos en SECOP en la sección de régimen especial, el uso del clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas y el acatamiento de las prohibiciones de los artículos 33 y 38 de la Ley 996 de 2005. Respecto de sus manuales de contratación, el concepto señala que, al tratarse de un reglamento, son de obligatoria observancia y les aplican los atributos propios de los actos administrativos.síntesis automática
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¿Puede una universidad pública, durante la vigencia de las restricciones de la Ley 996 de 2005, modificar la modalidad de “invitación privada” a “invitación pública” sin reforma previa de su estatuto contractual para evitar las restricciones a la contratación directa?
Las universidades públicas deben acatar las prohibiciones contractuales de los artículos 33 y 38 de la Ley 996 de 2005, y sus manuales de contratación, como reglamentos administrativos, son de obligatoria observancia para la entidad. Según la postura expuesta, los entes universitarios no son entidades descentralizadas ni territoriales, y su régimen contractual es el derecho privado, pero deben cumplir obligaciones transversales al Sistema de Compra y Contratación Pública, entre ellas la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, la publicación de sus procedimientos en SECOP y el cumplimiento de las prohibiciones de la Ley de Garantías Electorales. Los manuales corresponden a un acto administrativo de carácter reglamentario y gozan de los atributos propios de estos actos, como la presunción de legalidad. La consecuencia práctica es que la universidad no puede desconocer su propio manual de contratación, ni modificar la modalidad de selección prevista en él, para eludir la restricción de contratación directa durante el periodo de la Ley de Garantías Electorales.síntesis automática
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¿Qué disposiciones del Sistema de Compra y Contratación Pública deben observar las universidades públicas?
Las universidades estatales u oficiales son entes públicos autónomos con régimen especial, no son entidades descentralizadas ni entidades territoriales, y el artículo 93 de la Ley 30 de 1992 somete su régimen contractual, en principio, al derecho privado. El concepto precisa que ese régimen aplica cuando el objeto contratado corresponde al cumplimiento de sus funciones propias, mientras que, si actúan como contratistas de otras entidades regidas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, quedan sujetas a las reglas y restricciones de ese estatuto. En todos los casos deben cumplir obligaciones transversales al Sistema de Compra y Contratación Pública, entre ellas elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, publicar sus procedimientos de selección en SECOP en la sección Régimen Especial, usar el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas, reportar inhabilidades e incompatibilidades de sus proveedores y acatar las prohibiciones de los artículos 33 y 38 de la Ley 996 de 2005. La libertad reglamentaria de sus manuales de contratación no es absoluta, pues debe respetar la reserva legal de ciertas materias. En consecuencia, el régimen especial no exime a la universidad pública de estas obligaciones.síntesis automática
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¿Cuál es la naturaleza jurídica y el régimen contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado?
Inicialmente, debe precisarse que, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se encuentran dentro de la estructura de la Administración Pública, particularmente en la rama ejecutiva del poder público, entidades estas que -sin perjuicio del control de tutela–, tienen personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio y que, como su nombre lo indica, se caracterizan por desarrollar actividades de carácter industrial o comercial. Esto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 38 y 85 de la Ley 489 de 1998.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS,ADJUDICACIÓN DE CONTRATO,JURISDICCIÓN ORDINARIA,GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS,CONTRATACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS,LEY 80 DE 1993,ENTIDADES SECTOR FINANCIERO,MANUALES DE CONTRATACIÓN,BUENA FE,BU – Adjudicación,Prestación de servicios,Mejor derecho,Competencia,Procedencia,Término de caducidad,Notificación,No opera,Inaplicación,Derecho privado,Deberes,Presupuesto,Mejor oferente,Modificación,Empate técnico,Calific – Mes: enero – Año: 1900…
También resuelve:Contrato de prestacion de servicios: adjudicación, prestación de servicios, mejor derechoJurisdiccion ordinaria: competenciaAccion de nulidad y restablecimiento del derecho: procedencia, actos precontractuales, término de caducidad
¿Cuál es el referente normativo para la expedición de los manuales de contratación?
Los manuales de contratación de las entidades excluidas del EGCAP encuentran su referente en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. Aunque estas entidades pueden someterse al derecho privado en materia contractual, no quedan por completo al margen del derecho público, pues deben aplicar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, según su régimen legal especial, y estar sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la contratación estatal. Según el concepto, el hecho de que una entidad se rija por el derecho privado no niega esa obligación. Las entidades sometidas a regímenes especiales tienen amplia libertad para configurar el contenido de su manual, en virtud de la autonomía de la voluntad, pero esa libertad tiene límites que no les permiten prescindir de esas obligaciones transversales. En consecuencia, el manual debe respetar los principios de la función administrativa y el régimen de inhabilidades, y no puede establecer reglas que los desconozcan.síntesis automática
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El contratista y la entidad estatal deben entender que la naturaleza de un contrato estatal se determina mediante un criterio orgánico o subjetivo, es decir, por la participación de una entidad pública en la celebración del contrato, independientemente del régimen jurídico aplicable. Este criterio amplio reconoce que la calidad de contrato estatal no depende exclusivamente de la normativa que lo regule, sino de la naturaleza de los sujetos que intervienen en la relación contractual. Sin embargo, la calificación del negocio jurídico como contrato estatal no implica que todas las disposiciones de la Ley 80 de 1993 sean aplicables, especialmente las exigencias de forma escrita y perfeccionamiento establecidas en sus artículos 39 y 41, que son propias de los contratos sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Los contratos celebrados por entidades excluidas del EGCAP existen y producen efectos jurídicos siempre que cumplan con los requisitos previstos en el derecho privado, sin que sea necesario observar exigencias adicionales derivadas de reglamentos internos o estipulaciones contractuales. Los manuales de contratación no pueden establecer condiciones adicionales de existencia del contrato, sino que cumplen una función probatoria ad probationem.síntesis automática
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¿Cuáles son las reglas que deben tenerse en cuenta para la delegación contractual?
Para el caso particular de su consulta, se destaca que, por regla general, los municipios son entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –EGCAP-, de acuerdo con el artículo 2, numeral 1, literal a) de la Ley 80 de 1993. Sin embargo, excepcionalmente, cuando actúan como operadores directos de los servicios públicos aplican las reglas del derecho privado, de conformidad con el inciso primero del artículo 32 de la Ley 142 de 1994, sin perjuicio de los principios y reglas del derecho que le sean aplicables. En otras palabras, los municipios cuando adquieren la calidad de prestadores directos de los servicios públicos domiciliarios se someten a un nuevo régimen de contratación que es diferente al EGCAP.
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¿Cuáles son los preceptos normativos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que le aplica a una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios?
El contratista debe aplicar el derecho privado a los contratos celebrados por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, salvo en las materias particularmente reguladas en la Ley 80 de 1993, debido a que estas entidades son consideradas como descentralizadas por servicios y están exceptuadas del régimen general del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta excepción se justifica por la necesidad de facilitar la competencia económica, lo que implica que estas empresas deben cumplir con ciertas limitaciones del derecho público, como los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, así como el deber de publicar sus contratos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP II– o la plataforma transaccional que haga sus veces, según lo dispuesto en la Ley 2195 de 2022. Esto implica que las empresas de servicios públicos domiciliarios deben seguir un régimen mixto que combina el derecho privado con ciertas reglas del derecho público, lo que modifica la interpretación previa de la aplicación exclusiva del derecho privado a estas entidades.síntesis automática
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