Sistema de compras públicas: el contrato estatal no constituye una categoría completamente autónoma frente al derecho privado
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Sistema de compras públicas: el contrato estatal no constituye una categoría completamente autónoma frente al derecho privado
Regla de decisión
Las entidades públicas deben no solo verificar la configuración de los requisitos esenciales del contrato, sino también garantizar el cumplimiento de las reglas procedimentales y de los principios que orientan el Sistema de Compra Pública en la modalidad de selección correspondiente.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
Los contratos celebrados por las entidades estatales se rigen principalmente por la Ley 80 de 1993 y, en lo no regulado por ella, por las normas civiles y comerciales, según su artículo 13. El contrato estatal no constituye una categoría autónoma frente al derecho privado, sino una modalidad de negocio jurídico sometida a reglas especiales de derecho público, con aplicación supletiva de las disposiciones civiles y comerciales. Según el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades estatales, con independencia de su tipología o denominación, pues lo decisivo es la participación de una entidad estatal como parte de la relación. Del principio de responsabilidad del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 se desprende el deber de los servidores públicos de planear la contratación, verificar su viabilidad jurídica, técnica y presupuestal, y proteger los recursos públicos. Del principio de legalidad se sigue que las entidades solo pueden acudir a las modalidades de selección previstas en el ordenamiento y bajo las causales y condiciones que la ley define para cada una. Los principios de transparencia, economía y selección objetiva orientan, además, el sistema de compra pública.
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Pregunta que resuelve
¿Cuáles son los requisitos esenciales del contrato estatal que deben tener en cuenta las entidades públicas al momento de adelantar un proceso de contratación?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, arts. 23, 24 y 25
- Ley 1150 de 2007, arts. 5 y 23
- Constitución Política, art. 209
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
En resumen
Para dar respuesta a la presente consulta, es preciso señalar, en primer lugar, que la capacidad para celebrar contratos estatales se encuentra regulada en el artículo 6 de la Ley 80 de 1993. De conformidad con dicha disposición, “pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes… ”, dentro de las cuales se incluyen diversas formas asociativas y entidades privadas. Así mismo, tras la modificación introducida por la Ley 2160 de 2021, la norma amplió expresamente esta facultad a los cabildos indígenas, asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, consejos comunitarios de comunidades negras regulados por la Ley 70 de 1993, organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como a los consorcios y uniones temporales.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Puntos que trata
- Sistema de compras públicas: principios orientadores
- Contrato estatal: concepto
- Principios orientadores: responsabilidad, legalidad, selección objetiva
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Fuente original
https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-565-de-2026/