---
clave: "cce:concepto:65110"
titulo: "Sistema de compras públicas: el contrato estatal no constituye una categoría completamente autónoma frente al derecho privado"
corporacion: "Colombia Compra Eficiente"
tipo: "Concepto"
fecha: "2026-05-27"
radicado: ""
numero: "C-565 de 2026"
ponente: ""
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/cce:concepto:65110"
---

# Sistema de compras públicas: el contrato estatal no constituye una categoría completamente autónoma frente al derecho privado

- **Título oficial / radicado:** C-565 de 2026
- **Corporación:** Colombia Compra Eficiente
- **Tipo:** Concepto
- **Fecha:** 2026-05-27
- **Número:** C-565 de 2026
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/cce:concepto:65110
- **PDF oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2026/05/C-565-1.docx
- **Fuente oficial:** https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-565-de-2026/

## Regla de decisión

Las entidades públicas deben no solo verificar la configuración de los requisitos esenciales del contrato, sino también garantizar el cumplimiento de las reglas procedimentales y de los principios que orientan el Sistema de Compra Pública en la modalidad de selección correspondiente.

## Problema jurídico

¿Cuáles son los requisitos esenciales del contrato estatal que deben tener en cuenta las entidades públicas al momento de adelantar un proceso de contratación?

## Puntos clave

- Sistema de compras públicas: principios orientadores
- Contrato estatal: concepto
- Principios orientadores: responsabilidad, legalidad, selección objetiva

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993, arts. 23, 24 y 25
- Ley 1150 de 2007, arts. 5 y 23
- Constitución Política, art. 209

## Extracto

Para dar respuesta a la presente consulta, es preciso señalar, en primer lugar, que la capacidad para celebrar contratos estatales se encuentra regulada en el artículo 6 de la Ley 80 de 1993. De conformidad con dicha disposición, “pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes… ”, dentro de las cuales se incluyen diversas formas asociativas y entidades privadas. Así mismo, tras la modificación introducida por la Ley 2160 de 2021, la norma amplió expresamente esta facultad a los cabildos indígenas, asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, consejos comunitarios de comunidades negras regulados por la Ley 70 de 1993, organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como a los consorcios y uniones temporales.

## Síntesis temática

Los contratos celebrados por las entidades estatales se rigen principalmente por la Ley 80 de 1993 y, en lo no regulado por ella, por las normas civiles y comerciales, según su artículo 13. El contrato estatal no constituye una categoría autónoma frente al derecho privado, sino una modalidad de negocio jurídico sometida a reglas especiales de derecho público, con aplicación supletiva de las disposiciones civiles y comerciales. Según el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades estatales, con independencia de su tipología o denominación, pues lo decisivo es la participación de una entidad estatal como parte de la relación. Del principio de responsabilidad del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 se desprende el deber de los servidores públicos de planear la contratación, verificar su viabilidad jurídica, técnica y presupuestal, y proteger los recursos públicos. Del principio de legalidad se sigue que las entidades solo pueden acudir a las modalidades de selección previstas en el ordenamiento y bajo las causales y condiciones que la ley define para cada una. Los principios de transparencia, economía y selección objetiva orientan, además, el sistema de compra pública.

## Descriptores temáticos

CONTRATO ESTATAL, PRINCIPIOS ORIENTADORES, SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS

## Decisiones relacionadas

- [Colombia Compra Eficiente — Determinar si una adquisición constituye un gasto suntuario exige analizar las circunstancias particulares de la contratación, establecer su relación con las funciones institucionales y verificar el cumplimiento de las prohibiciones específicas y de las medidas de austeridad del gasto público.](https://adjudicalo.com.co/documento/cce:concepto:67584.md)
- [Colombia Compra Eficiente — I. Frente al problema jurídico planteado es necesario indicar que los requisitos habilitantes y los factores de evaluación cumplen funciones diferenciadas dentro del proceso de selección, aunque puedan estar sustentados en soportes documentales coincidentes.](https://adjudicalo.com.co/documento/cce:concepto:64863.md)
- [Consejo de Estado — El juez del contrato no puede deducir del silencio una renuncia tácita, ni convertir la ausencia de salvedades en un requisito jurisprudencial de procedencia o prosperidad de una reclamación posterior.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:13001233300020170082001-74181-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:18001234000020190006702-71860-sentencia.md)

## Texto del documento

SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS – Principios orientadores

[…] el Sistema de Compra Pública se encuentra orientado por principios como la transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva, los cuales constituyen ejes rectores de la actividad contractual del Estado. En virtud de estos principios, las entidades estatales tienen el deber de estructurar procesos de selección con reglas claras, objetivas y previamente definidas, así como de aplicarlas de manera uniforme y razonable, garantizando la transparencia, la eficiencia del gasto público y la igualdad entre los participantes.

CONTRATO ESTATAL – Concepto

Con fundamento en el marco normativo que regula la contratación estatal en Colombia, resulta necesario precisar, en primer lugar, que los contratos celebrados por las entidades estatales se rigen principalmente por las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993 —Estatuto General de Contratación de la Administración Pública—, así como por las normas civiles y comerciales aplicables en aquellos asuntos no regulados expresamente por dicho estatuto, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 13. En consecuencia, el contrato estatal no constituye una categoría completamente autónoma frente al derecho privado, sino una modalidad de negocio jurídico sometida a reglas especiales de derecho público, sin perjuicio de la aplicación supletiva de las disposiciones civiles y comerciales.

En ese sentido, tanto el artículo 1495 del Código Civil como el artículo 864 del Código de Comercio coinciden en definir el contrato como un acuerdo de voluntades encaminado a crear, regular o extinguir relaciones jurídicas obligacionales. A su turno, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 dispone que son contratos estatales “todos los actos jurídicos generadores de obligaciones” que celebren las entidades estatales previstas en el artículo 2 ibidem, ya sea que se encuentren regulados por el derecho privado, por normas especiales o que deriven del ejercicio de la autonomía de la voluntad. Así, la naturaleza estatal del contrato no depende de su tipología o denominación, sino de la participación de una entidad estatal como parte de la relación jurídico-negocial.

PRINCIPIOS ORIENTADORES – Responsabilidad – Legalidad – Selección Objetiva

[…] el principio de responsabilidad previsto en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 impone a los servidores públicos el deber de dirigir la actividad contractual con sujeción a la Constitución, la ley y los fines de la contratación estatal, respondiendo por sus actuaciones y omisiones. En virtud de este principio, las entidades deben ejercer una adecuada planeación contractual, verificar la viabilidad jurídica, técnica y presupuestal de los procesos de contratación y adoptar las medidas necesarias para proteger los recursos públicos y asegurar el cumplimiento de los fines estatales.

Así mismo, el principio de legalidad exige que toda actuación administrativa y contractual se encuentre fundada en competencias expresamente atribuidas por el ordenamiento jurídico y se adelante conforme a las reglas previstas en la Constitución, la ley y los reglamentos aplicables. En materia contractual, ello implica que las entidades estatales únicamente pueden acudir a las modalidades de selección expresamente previstas en el ordenamiento jurídico y bajo las causales y condiciones definidas para cada una de ellas.

En relación con el principio de selección objetiva, actualmente desarrollado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, este exige que la escogencia del contratista recaiga sobre el ofrecimiento más favorable para la entidad y para los fines que esta persigue, sin consideración a factores subjetivos o arbitrarios. En consecuencia, los criterios habilitantes y los factores de evaluación deben encontrarse previamente definidos en el pliego de condiciones o documento equivalente, ser proporcionales al objeto contractual y aplicarse de manera uniforme a todos los oferentes.

## Cómo citar esta fuente

Colombia Compra Eficiente. Concepto C-565 de 2026. 2026-05-27. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/cce:concepto:65110).
