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Colombia Compra Eficiente Concepto

Zonas francas: la norma dispone que, las entidades contratantes deberán cumplir con la labor de verificación de las condiciones de los proponentes

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2024-05-10
Número
C-464 de 2023

Síntesis del concepto

Zonas francas: la norma dispone que, las entidades contratantes deberán cumplir con la labor de verificación de las condiciones de los proponentes

En resumen

De acuerdo con la interpretación de las normas generales del sistema de compras públicas y las consideraciones expuestas en la presente respuesta, entendiendo que el contrato de arrendamiento de inmuebles con destinación principal para la operación y funcionamiento de las zonas francas declaradas no son suscritos vía contratación directa, sino que, en concordancia con la interpretación y conclusión a la que llegó el Consejo de Estado en el concepto 2448, donde se indicó que: “para la selección de los usuarios operadores de las zonas francas que operan con inmuebles de propiedad de la Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con los que deberán celebrarse los contratos de arrendamiento, resulta necesario acudir al procedimiento de licitación en los términos de la Ley 80 de 1993, sus modificaciones y sus decretos reglamentarios.” el contrato estatal antedicho deberá interpretarse como un contrato de arrendamiento especial…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contrato de arrendamiento de inmuebles de propiedad de la Nación destinados a la operación y funcionamiento de las zonas francas declaradas por iniciativa pública no hace parte de las excepciones al Registro Único de Proponentes del inciso segundo del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, por lo que su exigencia es obligatoria para verificar las condiciones de los oferentes en el proceso licitatorio que pretenda seleccionar al usuario operador. Aunque el literal i) del numeral 4 del artículo 2 de esa ley permite la contratación directa para el arrendamiento de inmuebles, este negocio no es un arrendamiento común u ordinario, sino un contrato necesario para que exista y funcione la zona franca, en el que los inmuebles se usan en forma exclusiva para los fines propios de ese régimen. Conforme al concepto 2448 del Consejo de Estado, para seleccionar a los usuarios operadores que operan con inmuebles de propiedad de la Nación debe acudirse al procedimiento de licitación de la Ley 80 de 1993, de modo que se trata de un contrato de arrendamiento estatal especial, atípico e innominado, que tampoco se asimila a los contratos de concesión.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Teniendo en cuenta que el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, establece que todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal…

Puntos que trata

  • Zonas francas: concepto, régimen jurídico
  • Contrato de arrendamiento
  • Definición y finalidad del registro único de proponentes: rup, excepciones del artículo 6, inciso segundo

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Restrictores

Concepto Diferencias entre contrato de arrendamiento común y contrato de arrendamiento de inmuebles en zona franca Régimen jurídico

Guías del tema

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Requisitos habilitantes, experiencia y RUP

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Texto del documento 6.041 caracteres
ZONAS FRANCAS ‒ Concepto – Régimen jurídico El modelo de zonas francas nació en Colombia en los años cincuenta con la Ley 105 de 1958, la cual dio origen a la Zona Franca de Barranquilla. Sin embargo, en 1994 se proyectó una nueva visión sobre el tema, ya que el régimen pasó a ser administrado por el sector privado, inicialmente con el objetivo primordial de impulsar las exportaciones, dentro de la política de apertura económica de la época. De acuerdo con la definición legal, la zona franca se ha entendido como un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales, bajo una normativa especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. El régimen de zonas francas se encuentra principalmente regulado por la Ley 1004 de 2005 y el Decreto 2147 de 2016 y tienen como propósitos generar empleo, atraer inversiones de capital, promover el desarrollo de las regiones donde operan, incentivar procesos industriales altamente productivos y competitivos, impulsar la creación de economías de escala y simplificar los procedimientos para el comercio de bienes y servicios. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ‒ Diferencias entre contrato de arrendamiento común y contrato de arrendamiento de inmuebles en zona franca Para resolver la consulta planteada, es necesario determinar si el contrato de arrendamiento suscrito entre la entidad estatal (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) y los usuarios operadores de las zonas francas corresponde a la tipología contractual típica de arrendamiento el cual, tratándose de bienes inmuebles, dispone el artículo 2º, numeral 4° literal i), de la Ley 1150 de 2007 que la modalidad de selección a utilizar sería la contratación directa, procedimiento incluido dentro de las excepciones a la exigencia del RUP del inciso segundo del artículo 6 de la misma ley. Lo anterior, por cuanto la causal del literal i) es “El arrendamiento o adquisición de inmuebles”. Adicionalmente, el artículo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 de 2015 dispone que las entidades estatales pueden alquilar o arrendar inmuebles mediante contratación directa, estableciendo las reglas aplicables a dicho procedimiento. […] los contratos suscritos entre la Administración y los usuarios operadores de las zonas francas declaradas por iniciativa pública, corresponde a un contrato de arrendamiento. Sin embargo, la corporación señaló que no se trataba de un contrato de arrendamiento común u ordinario, sobre todo porque el propósito de dicha contratación es la de cumplir con las obligaciones a cargo de los respectivos arrendatarios (usuarios operadores de cada zona franca), especialmente en cuanto a la utilización de dichos inmuebles en forma exclusiva para los fines propios de las zonas francas, y por tal razón se consideran disímiles al de arrendamiento común dadas las particularidades y su estrecha relación con las zonas declaradas como francas. En otras palabras, el negocio jurídico no corresponderá a un contrato de arrendamiento tradicional que pueda celebrar cualquier entidad a las que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sino a un contrato necesario para que exista y funcione la respectiva zona franca. DEFINICIÓN Y FINALIDAD DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP – Excepciones del artículo 6, inciso segundo El Registro Único de Proponentes, en adelante RUP, como instrumento en el que consta la información relacionada con las personas naturales y jurídicas, con el fin de que puedan participar en los procedimientos de contratación realizados por las entidades estatales, tiene por objeto contemplar en un único documento lo relativo a la capacidad jurídica, técnica, financiera y organizacional de los posibles proponentes. […] No obstante, el RUP no es exigible en todos los procesos de selección. El segundo inciso del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 señala los casos en los que no se requerirá el RUP, indicando que: “[…] No se requerirá de este registro, ni de clasificación, en casos de contratación directa ; contratos para la prestación de servicios de salud; contratos de mínima cuantía; enajenación de bienes del Estado; contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de productos legalmente constituidas; los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta y los contratos de concesión de cualquier índole ”. La norma dispone que, en estos eventos, las entidades contratantes deberán cumplir con la labor de verificación de las condiciones de los proponentes. En línea con lo anterior, el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 establece que cuando sea necesario verificar requisitos o información que no reposa en RUP, la entidad podrá solicitar información adicional solo para complementar la información contenida en dicho Registro, y con el fin de verificar condiciones adicionales de experiencia del proponente. De esta forma, sólo en aquellos casos en los que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la entidad podrá hacer tal verificación en forma directa y solicitar documentos diferentes a este. Ahora bien, de conformidad con lo expuesto en el numeral 2.1 del presente concepto, donde la tesis sostenida consiste en que el contrato de arrendamiento sobre inmuebles destinados a la operación de zonas francas no corresponde a una tipología contractual que nazca a la vida jurídica mediante la modalidad de contratación directa; sino que será la licitación pública el procedimiento a adoptar, de plano se descarta la posibilidad de que dichos contratos de arrendamiento de naturaleza especial hagan parte o les aplique la excepción contemplada en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-464-de-2024/