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Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Contratación estatal: la eventual insuficiencia de recursos no supone una barrera infranqueable para adelantar el procedimiento en sede arbitral
23001233300020210010601 de 2025
2025-04-14
Rad. 23001233300020210010601
En virtud de la cesación de los efectos del pacto arbitral las partes quedan habilitadas para promover el litigio ante los jueces permanentes. Esa misma ley establece otro supuesto en el que se mantienen los efectos de la presentación de la demanda arbitral en tiempo, cuando se anula el laudo por cualquiera de las causales 3 a 7 de su artículo 41, caso en el cual el artículo 44 dispone expresamente que se considerará interrumpida la prescripción y no operará la caducidad, siempre que la parte interesada presente la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Se recuerda que las normas que consagran los términos perentorios dentro de los cuales debe ejercerse el derecho de acción para reclamar en juicio el reconocimiento de un derecho o la definición de una situación jurídica conflictiva son de orden público y, por ello, de obligatorio cumplimiento.
También resuelve:
Contratación estatal: controversias contractuales, liquidación de contratos estatales, oportunidad aplicable, caducidad
Consejo de Estado
Providencia
La decisión del Panel Arbitral fue tomada
Sentencia — Sentencia
2023-09-07
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 11001032600020230003300
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La decisión del Panel Arbitral fue tomada en derecho y la fundamentación jurídica y probatoria sustentó lógica y objetivamente las conclusiones del Laudo? Sí
En el recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales, el juez de anulación no puede realizar una nueva valoración de las pruebas que el tribunal arbitral tuvo en cuenta para proferir el laudo. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el control del laudo se limita a las causales legales, y la valoración probatoria del tribunal no se revisa por esa vía. Segunda, la pretensión de que la Sala se pronuncie sobre la forma en que se valoraron las pruebas excede el objeto de la anulación. En el caso, la recurrente alegó que el tribunal decidió sin sustento probatorio y que fragmentó las pruebas, pero la providencia concluye que la decisión fue tomada en derecho y que su fundamentación probatoria sustenta las conclusiones del laudo. La providencia declara infundado el recurso. En la práctica, quien impugne un laudo por indebida valoración de las pruebas debe encuadrar su reproche en una causal de anulación y no en un nuevo análisis probatorio.síntesis automática
También resuelve:
¿La recurrente no acreditó que la decisión del Panel no estuviera motivada sino que no compartió la fundamentación del Laudo?
¿El Laudo concluyó que la suma de dinero correspondiente al valor total de las glosas presentadas por el FOMAG sobre las cápitas ya había sido pagada a la Unión Temporal?
¿La decisión del Tribunal está sustentada en derecho y en las pruebas del trámite arbitral?
INFUNDADO
Consejo de Estado
Providencia
En la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-12-11
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 68001233300020180005101
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se configuró el daño antijurídico por privación injusta de la libertad? No
El contratista no obtiene indemnización por privación injusta de la libertad porque no se configura el daño antijurídico, elemento esencial para la responsabilidad del Estado, ya que la privación de libertad cumplió con los plazos legales y fue necesaria, proporcional y razonable, basada en pruebas materiales que indicaban la posible participación delictiva del procesado. La Sala confirmó que la medida de aseguramiento fue legal y ajustada a derecho, respetando las garantías y derechos fundamentales del procesado, y que la Fiscalía y la Rama Judicial cumplieron con los plazos establecidos en la Ley 906 de 2004, lo que implica que no existe responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:
¿Se concluye que la privación de la libertad de la demandante cumplió con los términos dispuestos en la ley procesal penal?
¿De los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban?
¿El procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La responsabilidad extracontractual del Estado exige la existencia de un daño antijurídico y su imputación a la administración pública.
Sentencia — Sentencia
2025-10-21
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 25000232600020100074301
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Cumplieron las capturas y su legalización los requisitos previstos en los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al artículo 90 de la Constitución Política? Sí
El Estado asume responsabilidad patrimonial extracontractual cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico y su debida imputación, entendido aquel como el perjuicio que la persona no tiene el deber jurídico de soportar conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En el presente litigio se examinan las capturas y su legalización conforme a los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, determinando la ausencia de responsabilidad patrimonial por parte de la Fiscalía General de la Nación ante la legalidad de los procedimientos restrictivos de la libertad cuestionados en la demanda de reparación directa.síntesis automática
También resuelve:
¿Cumplieron las solicitudes y la imposición de medidas de aseguramiento los presupuestos establecidos en los artículos 295, 306, 308 y 310 de la Ley 906 de 2004…
¿La Rama Judicial incurre en responsabilidad patrimonial por el vencimiento del término previsto en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004…
¿Cumplió la Fiscalía General de la Nación el término previsto en la Ley 906 de 2004 para presentar escrito de acusación, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Y se habrá causado un daño especial a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente absuelta
Sentencia Unificación — FALLO
2013-10-17
Sección Tercera (Subsección A)
Rad. 52001233100019960745901
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿En casos de privación injusta de la libertad donde la víctima fue absuelta en el proceso penal por aplicación del principio del in dubio pro reo es aplicable el título de imputación del daño especial? Sí
El contratista puede obtener prosperidad en una acción de reparación directa por privación injusta de la libertad, incluso cuando la víctima fue absuelta en el proceso penal por aplicación del principio in dubio pro reo, ya que la responsabilidad del Estado se basa en el daño especial causado a la persona privada de libertad, independientemente de la regularidad del procedimiento penal. La Sala establece que la imputación del daño especial es aplicable en estos casos, reconociendo que la privación de libertad, aunque excepcional y en beneficio de la colectividad, afecta de manera perjudicial a la víctima individual. La corporación reitera la jurisprudencia existente sobre la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por privación injusta de la libertad, lo que implica que los jueces administrativos deben examinar las eximentes de responsabilidad en cada caso concreto.síntesis automática
También resuelve:
¿Se cumplen los requisitos para admitir la prueba trasladada del proceso penal contra el demandante?
¿Los documentos aportados en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
¿El Consejo de Estado tiene la competencia funcional para conocer en segunda instancia en casos de responsabilidad por daños causados por la administración de justicia?