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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-06-14Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 41001233300020150002301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La declaración solicitada resulta inconducente para acreditar la dirección de notificación de las sociedades que integran el consorcio demandado? Sí
Cuando la parte demandada pretende probar con una declaración la dirección de notificación de sociedades privadas que integran un consorcio, la prueba es inconducente, porque las personas jurídicas de derecho privado se notifican personalmente en el canal digital informado en el registro mercantil. La regla se apoya en el artículo 199 del C.P.A.C.A., que ordena esa forma de notificación, y se sostiene en dos razones: el certificado de existencia y representación legal es el medio idóneo para acreditar la dirección y el cambio de representante legal, y la declaración testimonial no suple ese documento público. En el caso, el auto admisorio ordenó notificar por correo electrónico a los representantes legales de las sociedades integrantes, por lo que la declaración solicitada no era pertinente para acreditar la notificación ni el incidente de nulidad propuesto, y se confirmó la negativa del decreto. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que, para discutir la notificación de una sociedad, la parte debe revisar y aportar el registro mercantil y no una declaración de testigos.síntesis automática
También resuelve:¿La declaración solicitada resulta pertinente para acreditar las afirmaciones en las que se sustenta el incidente de nulidad?
¿Prevalece la información del certificado de existencia y representación legal aportado por el proponente, o la realidad jurídica vigente en el Registro Mercantil a la fecha de cierre?
La no renovación de la matrícula mercantil puede acarrear sanciones, como multas, pero no hace cesar sus efectos, a diferencia del Registro Único de Proponentes, que sí prevé la cesación de efectos cuando no es renovado. Por ello el comerciante sigue habilitado para operar. El concepto señala que la inscripción en el registro mercantil es una obligación legal de los oferentes para participar en procesos de contratación cuyo objeto implique el ejercicio de actividades mercantiles, conforme al artículo 20 del Código de Comercio, y que el certificado correspondiente debe reflejar la realidad jurídica actual del proponente. Por ello, el certificado de existencia y representación legal debe reflejar la situación vigente del proponente y no solo su situación en una fecha anterior al cierre. La matrícula es un medio de identificación que otorga publicidad a la condición de comerciante, y se adquiere por el ejercicio profesional de actividades comerciales, según los artículos 10, 11, 20 y 21 del Código de Comercio.síntesis automática
También resuelve:Registro mercantil: obligatoriedad, Articulo 33 del Código de Comercio, disposición legal realidad jurídica del proponente
¿Las personas naturales que ejercen profesión liberal están obligadas a estar inscritas en el Registro Mercantil?
Las personas naturales que ejercen una profesión liberal no están obligadas a inscribirse en el registro mercantil por ese solo hecho, sino cuando realizan de manera habitual alguna actividad comercial de las definidas por el Código de Comercio. Según la postura expuesta, la matrícula mercantil da publicidad a la condición de comerciante, que se predica de quienes se ocupan profesionalmente de actividades mercantiles, mientras que quien ejecuta operaciones mercantiles de manera ocasional no se considera comerciante, aunque queda sujeto a las normas comerciales en esas operaciones. El artículo 28 del Código de Comercio exige la inscripción a quienes ejercen profesionalmente el comercio, y el artículo 23 enumera actividades que no se consideran mercantiles y que, por tanto, no requieren inscripción. La omisión de la inscripción cuando la actividad es mercantil y habitual puede acarrear multa, conforme al artículo 37 del Código de Comercio, y el artículo 11 del Decreto 2153 de 1992 faculta a la Superintendencia para imponer multas por ejercer el comercio sin matrícula. La consecuencia práctica es que la persona natural que realiza de forma habitual una actividad mercantil debe matricularse en el registro.síntesis automática
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¿Constituye un requisito habilitante para participar en un proceso de contratación que el oferente se encuentre inscrito y con la matrícula mercantil debidamente renovada conforme a las disposiciones legales vigentes?
La inscripción en el Registro Mercantil es una obligación legal para los oferentes cuando el objeto del proceso de contratación implica el ejercicio de actividades mercantiles, conforme al artículo 20 del Código de Comercio, pues la matrícula identifica al comerciante y da publicidad a su condición. Sin embargo, la renovación de la matrícula no constituye un requisito legal para participar. El artículo 33 del Código de Comercio exige renovar la matrícula dentro de los tres primeros meses de cada año, pero no prevé la cesación de sus efectos por falta de renovación, a diferencia del Registro Único de Proponentes, que sí contempla esa consecuencia. La no renovación puede acarrear sanciones pecuniarias, como multas, pero la matrícula sigue vigente y el comerciante puede continuar operando. Por ello, la renovación de la matrícula no es un requisito legal para participar, y lo exigible es acreditar la inscripción en el registro mercantil cuando la actividad lo requiera.síntesis automática
También resuelve:Registro mercantil: obligatoriedad, Articulo 33 del Código de Comercio, disposición legal
¿Las personas naturales que ejercen profesión liberal están obligadas a estar inscritas en el Registro Mercantil?
Las personas naturales que ejercen una profesión liberal no están obligadas a inscribirse en el registro mercantil por ese solo hecho, porque la matrícula mercantil identifica a quienes se ocupan profesionalmente de actividades comerciales conforme a los artículos 10, 20 y 21 del Código de Comercio. El concepto recuerda que el registro tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, y que la ley excluye de ese carácter a las actividades que no pueden considerarse mercantiles. Las personas que ejecutan ocasionalmente operaciones mercantiles no se consideran comerciantes, aunque quedan sujetas a las normas comerciales respecto de esas operaciones. El artículo 28 del Código de Comercio impone el deber de inscripción a quienes ejercen profesionalmente el comercio y a sus auxiliares, dentro del mes siguiente al inicio de sus actividades. Esta distinción se apoya en la interpretación del Consejo de Estado sobre la finalidad del registro como instrumento de información de los comerciantes. Como pronunciamiento consultivo, el concepto enuncia que la obligación de inscripción depende de que la actividad sea comercial y no de la sola condición de profesional.síntesis automática
También resuelve:Registro mercantil: finalidad, naturaleza jurídica, deber de inscripción, sujetos obligados
¿Entonces al dar este concepto, no estaría contraviniendo lo que la misma entidad expide para nosotros los oferentes y para las entidades públicas?
… solicito información acerca de la veracidad del Concepto Colombia Compra Eficiente 42018140000008327 del 24/01/2019, el cual es usado frecuentemente por las entidades públicas, más específicamente por la POLICIA NACIONAL…
También resuelve:Competencia consultiva: colombia compra eficiente, alcance, obligatoriedad, obligatoriedad / registro mercantilRegistro mercantil: finalidad, naturaleza jurídica, deber de inscripción, sujetos obligadosCapacidad jurídica: concepto, persona natural
¿La capacidad jurídica se establece de acuerdo a las actividades comerciales registradas en el registro mercantil o simplemente la mayoría de edad es suficiente para determinar la capacidad jurídica?
De acuerdo con las consideraciones, debe tenerse en cuenta que la capacidad jurídica en la contratación estatal es la facultad legal que tiene una persona –natural o jurídica– para celebrar contratos con una entidad pública, sin perjuicio de que el legislador habilite a otros sujetos, como sucede con los consorcios u uniones temporales, a quienes les asigna capacidad contractual. En el caso de las personas naturales, son capaces jurídicamente a menos que estén expresamente inhabilitadas por decisión judicial o administrativa, como la interdicción judicial, y que no estén incursas en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar derivadas de la ley.
También resuelve:Registro mercantil: finalidad, naturaleza jurídica, deber de inscripción, sujetos obligadosCapacidad jurídica: concepto, persona naturalManifestación de interés: concepto, características, selección abreviada de menor cuantía, requisito habilitante
¿Constituye un requisito habilitante para participar en un proceso de contratación que el oferente se encuentre inscrito y con la matrícula mercantil debidamente renovada conforme a las disposiciones legales vigentes?
El contratista no necesita renovar su matrícula mercantil para participar en procesos de contratación estatal, ya que el artículo 33 del Código de Comercio no establece la cesación de efectos por no renovarla, aunque sí puede enfrentar sanciones como multas. La matrícula mercantil es obligatoria para identificar a los comerciantes y llevar a cabo operaciones mercantiles, pero no es un requisito legal que esté renovada para participar en contratación estatal. Sin embargo, las entidades estatales, en ejercicio de su discrecionalidad, pueden exigir la renovación del registro mercantil en el pliego de condiciones, lo que condiciona la participación del contratista según las normas precontractuales establecidas.síntesis automática
También resuelve:Registro mercantil: obligatoriedad, Articulo 33 del Código de Comercio, disposición legal
¿Es posible que, en un proceso para la contratación de una obra, la entidad contratante permita que participen personas naturales que no son ingenieros o arquitectos, pero cuentan con el aval de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003?
Como se señaló en el Concepto del 30 de julio de 2019, Rad. 4201912000004782, una persona natural que no posea título universitario en ingeniería no puede participar con el aval de un Ingeniero en los procesos de contratación para la ejecución de obras públicas.
También resuelve:Ejercicio de la ingeniería: tarjeta profesional, Ley 842 de 2003, exigencia, procesos de contrataciónContrato de obra pública: aval de las propuestas, requisito adicionalRegistro mercantil: concepto, naturaleza jurídica, personas obligadas
¿Puede una entidad pública abstenerse de suscribir un contrato estatal con un proponente ya seleccionado, por no tener renovada su matrícula mercantil?
La falta de renovación de la matrícula mercantil de un proponente no es, por sí sola, causa suficiente para que una entidad estatal se abstenga de suscribir el contrato con el proponente ya seleccionado. Según el concepto, el registro mercantil tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y dar publicidad a esa condición, y la omisión de inscribirse o de renovarse no afecta por sí misma la capacidad jurídica ni contractual del oferente. Dos razones sostienen esta postura. Primera, el deber de inscripción recae sobre quienes ejercen profesional o habitualmente actividades mercantiles, y la consecuencia prevista para su incumplimiento es una multa que imponen las autoridades competentes, como la prevista en el artículo 37 del Código de Comercio. Segunda, la falta de inscripción o renovación no altera la capacidad jurídica ni contractual del oferente, de modo que no constituye un motivo suficiente para dejar de contratar. La consecuencia práctica es que la entidad no debe excluir al proponente seleccionado por la falta de renovación de su matrícula mercantil, sin perjuicio de la sanción que pueda imponer la autoridad mercantil por esa omisión.síntesis automática
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¿Qué requisitos debe cumplir una persona natural que integra un proponente plural, de cara a la participación en un Proceso de Contratación adelantado por una Entidad Estatal?
La persona natural que integra un consorcio o unión temporal no debe cumplir requisitos diferentes o adicionales para constituir la estructura plural, y para participar en un proceso de contratación debe cumplir los requisitos habilitantes que establezca la entidad estatal, que según el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 pueden referirse a la capacidad jurídica, la experiencia y la capacidad financiera y de organización, fijados en el pliego de forma adecuada y proporcional según el riesgo, el valor del contrato y el análisis del sector, conforme al artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015. El pliego de condiciones es el documento que fija las reglas de acreditación de los requisitos habilitantes y no habilitantes para cualquier interesado, incluidas las estructuras plurales. Los consorcios y uniones temporales no son personas jurídicas, sino convenios de asociación de colaboración empresarial, creados por acuerdo privado de sus integrantes que regula su objeto, la participación, las obligaciones, la responsabilidad y la designación de un representante con las facultades del caso, según el parágrafo del artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y con los efectos del artículo 1505 del Código Civil.síntesis automática
También resuelve:Proponente plural: consorcios y uniones temporales, capacidad jurídica, concepto, creaciónIntegrantes de proponente plural: integrante persona natural, inexistencia de requisitos adicionalesRequisitos habilitantes: acreditación en proponentes plurales
¿Cuáles son los requisitos para solicitar la limitación de una convocatoria a Mipymes?
Quien pretende solicitar la limitación de una convocatoria a MiPymes debe cumplir simultáneamente lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 y en el parágrafo 2 del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015. Según el primero, la solicitud debe allegarse a la entidad por lo menos un día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura o del que haga sus veces y, tratándose de personas jurídicas, solo pueden presentarla las MiPymes cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato; además, la limitación procede cuando al menos dos MiPymes nacionales la solicitan y el valor del proceso es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América. Según el segundo, los solicitantes deben aportar copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda, con fecha de máximo sesenta días calendario anteriores a la prevista en el cronograma para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. El registro mercantil es un instrumento de publicidad de la vida comercial, actualizable anualmente, que brinda organización, seguridad jurídica y publicidad a la actividad económica.síntesis automática
También resuelve:Convocatorias limitadas a mipymes: requisitosRegistro mercantil: definición, vigencia, renovaciónConvocatoria limitada a mipymes: solicitud de limitación, documentos
LICITACION PUBLICA,NULIDAD DECLARACIÓN DESIERTA,REGISTRO MERCANTÍL,CAPACIDAD FINANCIERA – Caducidad,Competencia jurisdicción de lo contencioso administrativo,Indemnización,Tasación,Revisor fiscal,Nombramiento,Inscripción revisor fiscal,Veracidad,Valor,Certificado,Reglas,Declaración desierta,Principios – Mes: enero – Año: 1900…
También resuelve:Contratación estatal: nulidad y restablecimiento del derecho, pliego de condicionesContrato estatal: pliego de condiciones, principios, reglas, requisitosContratacion estatal: licitación pública, declaración desierta, requisitos
Sentencia — Sentencia2021-12-07Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020210019100LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene jurisdicción y competencia para resolver el recurso extraordinario de anulación cuando se trata de recursos de anulación de laudos arbitrales originados en asuntos en los que intervenga una entidad pública? Sí
El contratista puede interponer un recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral cuando intervenga una entidad pública en el contrato, conforme a la Ley 1563 de 2012, que otorga al Consejo de Estado competencia en única instancia para resolver estos recursos. La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene jurisdicción para conocer de estos recursos siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedibilidad establecidos en la normativa arbitral, como la interposición de recursos judiciales contra el auto que asume competencia y la presentación del recurso dentro del plazo legal. Este recurso tiene como finalidad controvertir el laudo por errores in procedendo, no por errores in iudicando, lo que limita la revisión del fondo del asunto. La regla reitera la competencia del Consejo de Estado en estos casos y establece los límites de la revisión judicial del laudo arbitral.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado en única instancia por tratarse de un recurso contra laudo arbitral proferido en virtud de una controversia contractual entre una entidad pública y una unión…¿La interposición de recursos judiciales contra el auto que asume competencia es un requisito de procedibilidad del recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral frente a la causal 2 de…¿A través del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral pueden cuestionarse errores in iudicando?
¿La declaratoria de nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, habilita la variación de la causa petendi de la demanda? No
El contratista no puede variar la causa petendi de la demanda después de que se declara la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, ya que la solicitud de nulidad no cumplió con los requisitos legales y no puede servir para alterar la base original del pleito. La entidad estatal, en este caso el Fondo Nacional del Ahorro, no expide actos administrativos cuando selecciona al mejor postor en licitaciones comerciales, ya que actúa en igualdad de condiciones con el sector privado, aunque esto no excluye la posibilidad de que se analice la responsabilidad precontractual del FNA si se acredita que la entidad no contrató con el mejor postor. Además, el contratista debe cumplir rigurosamente con los requisitos establecidos por la entidad para participar en la licitación, incluyendo la acreditación mediante acto administrativo del funcionamiento de sucursales o agencias en otras ciudades, lo que implica que la entidad no puede ser responsabilizada por exigir la demostración de una realidad específica para puntuar ciertos aspectos de la propuesta.síntesis automática
También resuelve:¿Las decisión precontractual adoptada por el Fondo Nacional del Ahorro por medio de la cual escogió al oferente para suscribir el contrato, es un acto administrativo susceptible de ser demandado?¿La sociedad demandante cumplió con las reglas de participación establecidas por el Fondo Nacional del Ahorro respecto de la acreditación, mediante acto administrativo…¿La exigencia de allegar con la propuesta los actos administrativos que autorizaban el funcionamiento de las sedes, era un requisito necesario para verificar la coincidencia con el registro mercantil…
¿La actuación desplegada por la Alianza contra el fraude de Telecomunicaciones de Larga Distancia Nacional e Internacional y, en particular, por las empresas que la componen, dentro del proceso penal por el supuesto delito de acceso o prestación ilegal del servicio de telecomunicaciones, en contra del actor, le ocasionó un daño a la parte actora que pueda catalogarse como antijurídico? No
El contratista no puede obtener reparación directa por daños antijurídicos derivados de la actuación de la Alianza contra el fraude de Telecomunicaciones de Larga Distancia Nacional e Internacional en un proceso penal, ya que no acredita el daño cierto, presente o futuro, ni su relación causal con la acción de la entidad, además de no probar adecuadamente la afectación de garantías procesales o la pérdida de oportunidades comerciales. La Sala confirma la sentencia que rechaza la demanda por falta de pruebas, lo que implica que el contratista debe demostrar con claridad y certeza el daño y su origen para obtener indemnización.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia para conocer las controversias suscitadas por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad le corresponden en…¿El término para formular pretensiones en sede de reparación directa es de 2 años?¿Los documentos aportados en copia auténtica serán tratados como medios hábiles y su eficacia probatoria será valorada conforme a las reglas de la sana crítica?
¿Al momento de presentar la demanda Asesorías e Interventorías Ltda.AEI liquidada, tenía capacidad para ser parte? No
El juez declara probada la excepción de falta de capacidad para ser parte cuando la persona jurídica demandante ha finalizado su existencia legal antes de la presentación de la demanda. De acuerdo con el ordenamiento procesal, la capacidad para ser parte se extingue a partir de la inscripción en el registro mercantil de la cuenta final de liquidación de la sociedad, de modo que el poder otorgado y la demanda presentada con posterioridad a dicha inscripción carecen de validez jurídica por ausencia de un presupuesto procesal esencial.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas?¿La renuncia tácita a la cláusula compromisoria, opera cuando se instaura demanda ante la jurisdicción y no se excepciona falta de jurisdicción…¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo?
¿Tiene un consorcio la capacidad para ser parte en un proceso judicial en el que se controvierte la adjudicación de un contrato estatal, pese a que el acuerdo consorcial establece su terminación por la adjudicación del contrato a otro proponente? Sí
El consorcio tiene capacidad para ser parte en un proceso judicial que controvierte la adjudicación de un contrato estatal, incluso si el acuerdo consorcial establece su terminación por la adjudicación a otro proponente. La Sala ha determinado que, pese a la disposición del acuerdo consorcial que limita su vigencia hasta la adjudicación a otro proponente, el consorcio aún cuenta con capacidad para comparecer en el trámite, en virtud de la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013. Esto se debe a que cada uno de los integrantes del consorcio concurrió directamente al proceso con la alegada afectación de su derecho a ser contratista del Estado, lo cual refuerza la posibilidad de adoptar una decisión de fondo en el sub lite.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura la caducidad de las pretensiones acumuladas de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo de adjudicación y de nulidad del contrato estatal…¿Se limita la competencia del juez de segunda instancia a los reparos concretos formulados en los recursos de apelación, sin que resulte viable examinar nuevamente los aspectos desfavorables de la…¿La falta de firmeza de la renovación del Registro Único de Proponentes (RUP) de uno de los integrantes de la unión temporal adjudicataria al cierre del proceso de selección constituye una causal de…
¿Se presentó de manera oportuna la demanda incoada por la ocupación de los predios denominados “La Argentina”, en razón al ejercicio provisional de la servidumbre de hidrocarburos autorizado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Monterrey en el marco del proceso establecido en la Ley 1274 de 2009? Sí
El contratista debe presentar la demanda de reparación directa dentro del plazo de dos años a partir de la ocurrencia del hecho dañoso o de cuando el demandante lo conoció, siempre que demuestre la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. En este caso, la entidad estatal autorizó el desistimiento del proceso de servidumbre de hidrocarburos el 22 de septiembre de 2016, lo que consolidó el daño para la demandante al revelar que no recibiría la indemnización prevista. La demanda fue presentada el 21 de junio de 2019, después de la suspensión del término de caducidad por la solicitud de conciliación prejudicial, por lo que se considera oportuna. Sin embargo, para el daño derivado de la resolución del contrato de promesa de compraventa, el plazo venció el 14 de julio de 2018, antes de la presentación de la demanda, por lo que no se considera oportuna. Este fallo modifica la interpretación previa sobre la caducidad del medio de control de reparación directa, permitiendo que las demandas sean presentadas dentro del plazo legal ajustado a las particularidades del caso.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de manera oportuna la demanda incoada por el daño que generó la práctica y permanencia de la medida cautelar de inscripción de la demanda que llevó a la resolución del contrato de…¿Para la constitución de la servidumbre de hidrocarburos se requiere, además del mandato legal, un instrumento que la concrete, esto es, el convenio con el afectado o una orden judicial…¿En virtud de lo dispuesto en la Ley 1274 de 2009, resulta procedente indemnizar de manera anticipada los perjuicios que cause la constitución de la servidumbre de hidrocarburos…
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las controversias contractuales en las que hacen parte entidades estatales? Sí
El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia cuando el contrato fue celebrado por una entidad pública y la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales, conforme a lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. La caducidad de la acción se contará a partir de la terminación del contrato cuando este no sea susceptible de liquidación, tal como dispone el literal b) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, lo que es aplicable a contratos de prestación de servicios de telecomunicaciones que se rigen por el derecho privado y no requieren liquidación. En el caso en cuestión, la terminación del contrato por vencimiento de plazo y la presentación de la demanda dentro del término de dos años permiten concluir que la acción fue oportuna, revocando así la sentencia de primera instancia y permitiendo el estudio de las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad de la acción de controversias contractuales en eventos en que el contrato no requiere liquidación, debe contarse a partir de la terminación del msimo?¿La demanda se presentó oportunamente?¿La Sociedad Colombiana de Telecomunicaciones está legitimada en la causa por pasiva al operar la cesión de contratos una vez fue liquidada Telecom?