Síntesis del concepto
Registro mercantil: la ausencia de renovación no implica pérdida de capacidad legal ni inhabilidad para contratar
Regla de decisión
La falta de inscripción o de renovación del registro mercantil no afecta, por lo que no constituye una causa suficiente para que una entidad estatal se niegue a suscribir un contrato con un proponente ya seleccionado.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
La falta de renovación de la matrícula mercantil de un proponente no es, por sí sola, causa suficiente para que una entidad estatal se abstenga de suscribir el contrato con el proponente ya seleccionado. Según el concepto, el registro mercantil tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y dar publicidad a esa condición, y la omisión de inscribirse o de renovarse no afecta por sí misma la capacidad jurídica ni contractual del oferente. Dos razones sostienen esta postura. Primera, el deber de inscripción recae sobre quienes ejercen profesional o habitualmente actividades mercantiles, y la consecuencia prevista para su incumplimiento es una multa que imponen las autoridades competentes, como la prevista en el artículo 37 del Código de Comercio. Segunda, la falta de inscripción o renovación no altera la capacidad jurídica ni contractual del oferente, de modo que no constituye un motivo suficiente para dejar de contratar. La consecuencia práctica es que la entidad no debe excluir al proponente seleccionado por la falta de renovación de su matrícula mercantil, sin perjuicio de la sanción que pueda imponer la autoridad mercantil por esa omisión.
Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.
Pregunta que resuelve
¿Puede una entidad pública abstenerse de suscribir un contrato estatal con un proponente ya seleccionado, por no tener renovada su matrícula mercantil?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, art. 6
- Decreto 2153 de 1992, art. 11
- Constitución Política
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
En resumen
La falta de inscripción o de renovación del registro mercantil no afecta, por sí misma, la capacidad jurídica ni contractual del oferente, por lo que no constituye una causa suficiente para que una entidad estatal se niegue a suscribir un contrato con un proponente ya seleccionado. Si bien es cierto que, de acuerdo con el artículo 33 del Código de Comercio, el registro mercantil es un deber legal de los comerciantes, este deber no surge por la sola participación en un proceso de contratación, sino cuando el sujeto ejerce actividades comerciales de manera profesional y habitual. En consecuencia, la ausencia de renovación no implica pérdida de capacidad legal ni inhabilidad para contratar.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Texto del documento 5.153 caracteres
REGISTRO MERCANTIL – Finalidad – Naturaleza jurídica
El registro mercantil tiene “por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad”. Así, la matrícula mercantil es un medio de identificación que da publicidad a la condición de comerciante, la cual, de acuerdo con el artículo 10 del Código de Comercio, se establece para aquellas personas que se ocupan profesionalmente de una o varias de las actividades que el mismo código considera como comerciales o mercantiles, según el artículo 20 y 21.
El artículo 20 del Código de Comercio, en el numeral 15, define como mercantil “Las empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u ornamentaciones”. Por su parte, el artículo 11 del mismo estatuto dispone: “las personas que ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles no se considerarán comerciantes, pero estarán sujetas a las normas comerciales en cuanto a dichas operaciones”. Así mismo, el artículo 23 señala las actividades que no pueden considerarse mercantiles, y por lo tanto, no requiere que la persona se inscriba en el registro mercantil.
REGISTRO MERCANTIL – Deber de inscripción – Sujetos obligados – Sanciones
Así las cosas, el artículo 28 del Código de Comercio señala que las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus auxiliares, tales como los comisionistas, corredores, agentes, representantes de firmas nacionales o extranjeras, deben inscribirse en el registro mercantil, al mes siguiente de que inicien sus actividades. De tal forma, deberán inscribirse en el registro mercantil quienes realizan de manera habitual alguna actividad comercial de las definidas por el Código de Comercio, es decir, deben matricularse ante la Cámara de Comercio todas las personas naturales que realicen en forma permanente o habitual alguno de los actos u operaciones mercantiles, en caso contrario, a pesar de que sea un acto mercantil, la persona natural no debe estar inscrita en el registro. De otro lado, el artículo 37 del Código de Comercio dispone, como sanción aplicable al comerciante que ejerce el comercio sin registro mercantil, la imposición de una multa:
[…]
De la misma forma, el artículo 11 del Decreto 2153 de 1992, en el numeral 5, faculta al Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia para imponer multas de hasta diecisiete (17) salarios mínimos mensuales legales vigentes por ejercer profesionalmente el comercio sin estar matriculados en el registro; disposición que también sería aplicable ante la falta de renovación de este instrumento.
REGISTRO MERCANTIL – Obligatoriedad – Articulo 33 del Código de Comercio – Renovación
La falta de inscripción o de renovación del registro mercantil no afecta, por sí misma, la capacidad jurídica ni contractual del oferente, por lo que no constituye una causa suficiente para que una entidad estatal se niegue a suscribir un contrato con un proponente ya seleccionado. Si bien es cierto que, de acuerdo con el artículo 33 del Código de Comercio, el registro mercantil es un deber legal de los comerciantes, este deber no surge por la sola participación en un proceso de contratación, sino cuando el sujeto ejerce actividades comerciales de manera profesional y habitual. En consecuencia, la ausencia de renovación no implica pérdida de capacidad legal ni inhabilidad para contratar.
REGISTRO MERCANTIL – No afecta la capacidad jurídica
La falta de inscripción o de renovación del registro mercantil no afecta, por sí misma, la capacidad jurídica ni contractual del oferente, por lo que no constituye una causa suficiente para que una entidad estatal se niegue a suscribir un contrato con un proponente ya seleccionado. Si bien es cierto que, de acuerdo con el artículo 33 del Código de Comercio, el registro mercantil es un deber legal de los comerciantes, este deber no surge por la sola participación en un proceso de contratación, sino cuando el sujeto ejerce actividades comerciales de manera profesional y habitual. En consecuencia, la ausencia de renovación no implica pérdida de capacidad legal ni inhabilidad para contratar.
REGISTRO MERCANTIL – Razonabilidad – No es exigible a los no obligados
No obstante, es razonable que en procesos cuyo objeto implique el ejercicio de actos de comercio, las entidades exijan a los comerciantes tener vigente su matrícula mercantil. Sin embargo, al no tratarse de un requisito de ponderación de ofertas, su ausencia debe ser subsanable, conforme al parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, especialmente cuando la no renovación ocurre con posterioridad al cierre del proceso o a la adjudicación, teniendo en cuenta que verificación debe hacerse con base en la información vigente a esa fecha. En todo caso, independientemente de lo exigido por la Entidad Estatal en el pliego de condiciones, si el proponente no está legalmente obligado a inscribirse en el registro mercantil, dicho requisito no le resulta exigible y no puede justificar el rechazo de la oferta ni la negativa a suscribir el contrato.