Síntesis del concepto
Pueblos indígenas: C-596 de 2024
En resumen
En respuesta a los problemas antes planteados esta Subdirección manifiesta lo siguiente: En primer lugar, se hace necesario aclarar que la destinación de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones de los Resguardos Indígenas – AESGPRI –por regla general será para el financiamiento de proyectos de inversión debidamente formulados y de acuerdo con los planes de vida, la ley de origen, el derecho mayor o derecho propio de los Pueblos indígenas. Ahora, si bien el Decreto 1953 de 2014 habilita a los Territorios y Resguardos Indígenas para administrar estos recursos, lo cierto es, que el artículo 34 del citado decreto, permite la suscripción contratos de administración entre las Entidades Territoriales y el representante legal del Resguardo designado por las Autoridades propias, esto en el evento en el que el Resguardo no administre la asignación especial del Sistema General de Participaciones.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Síntesis síntesis automática
Cuando la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para resguardos indígenas no es administrada por el resguardo ni por una asociación de resguardos autorizada conforme al Decreto 1953 de 2014, su ejecución se realiza mediante un contrato de administración suscrito entre la entidad territorial respectiva y el representante legal del resguardo designado por las autoridades propias. Los territorios y resguardos indígenas autorizados para administrar recursos del Sistema General de Participaciones se consideran entidades estatales conforme al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, y ejercen esa capacidad a través de su representante legal; el Decreto 1953 de 2014 les dio el tratamiento de entidades de derecho público especial. Los actos o contratos que celebren los territorios indígenas para la ejecución de esa asignación se rigen por el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Estatuto de Contratación Estatal, las normas contables de la Contaduría General de la Nación y las demás disposiciones complementarias y sectoriales. Si requieren contratar con asociaciones de cabildos o autoridades tradicionales indígenas constituidas conforme al Decreto 1088 de 1993, la modalidad de selección se surte según el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.
Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.
Pregunta que resuelve
¿Bajo qué parámetros pueden celebrarse contratos de administración con recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para resguardos indígenas -AESGPRI-?
Fundamentos
- Ley 21 de 1991
- Decreto 2164 de 1995
- Ley 160 de 1994
Puntos que trata
- Pueblos indígenas: convenio no. 169 de la oit, compromisos
- Resguardos y autoridades tradicionales indigenas: régimen de contratación
- Régimen de contratación: resguardos indígenas, Decreto 1953 de 2014
- Resguardos indígenas: contratos de administración
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
Texto del documento 5.069 caracteres
PUEBLOS INDÍGENAS – Convenio No. 169 de la OIT – Compromisos
Con la suscripción del Convenio No. 169 de 1989 “Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes” de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, incorporado al bloque de constitucionalidad mediante la Ley 21 de 1991, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ava reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989”, el Estado colombiano se comprometió a promover el desarrollo de los pueblos indígenas con acciones concretas dirigidas al reconocimiento de sus derechos y el respeto de su integridad, entre otros compromisos adquiridos. Al respecto, la Ley 21 de 1991, en el artículo 2, prescribe: Artículo 2. En virtud de lo anterior, el Estado colombiano se comprometió a implementar las acciones necesarias para garantizar que los pueblos indígenas fueran respetados en igualdad de condiciones, promover sus derechos, respetar su identidad, sus costumbres y tradiciones, de modo que se eliminen las diferencias existentes entre sus miembros y los demás grupos sociales. El cumplimiento de este compromiso ha requerido de la creación de un marco jurídico legal y reglamentario que permita desarrollar las acciones que se ameritan. Es esta la principal razón por la que en el ordenamiento jurídico colombiano existen múltiples disposiciones dirigidas a satisfacer en diferentes contextos derechos de los pueblos indígenas. La normativa que al efecto hoy día se encuentra vigente ha repercutido en el ámbito de la contratación pública en gran medida porque las actuaciones orientadas a la satisfacción de derechos en situaciones concretas requieren de la concertación entre las comunidades indígenas y las Entidades Estatales.
RESGUARDOS Y AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS – Régimen de contratación
Decreto 1953 de 2014: Los resguardos podrán asociarse para administrar y ejecutar los recursos de la asignación especial del SGP, siempre que acrediten los requisitos establecidos en el decreto, y son personas jurídicas de derecho público especial.
Los Territorios y Resguardos Indígenas que hayan sido autorizados para administrar recursos del SGP, conforme a lo dispuesto por ese decreto, se consideran entidades estatales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993. Dicha capacidad será ejercida a través de su representante legal, conforme a lo dispuesto en el decreto. En caso de que un resguardo indígena no administre la asignación especial del Sistema General de Participaciones, o no se haya asociado con otros para administrarlos, su ejecución se realizará mediante la celebración de un contrato de administración suscrito entre la entidad territorial respectiva y el representante legal del resguardo designado por las autoridades propias.
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN – Resguardos indígenas – Decreto 1953 de 2014
[…] Conforme al Decreto 1953 de 2014, los resguardos podrán asociarse para administrar y ejecutar los recursos de la asignación especial del SGP, siempre que acrediten los requisitos establecidos en el decreto, y son personas jurídicas de derecho público especial. Los Territorios y Resguardos Indígenas que hayan sido autorizados para administrar recursos del SGP, conforme a lo dispuesto por ese decreto, se consideran entidades estatales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993. Dicha capacidad será ejercida a través de su representante legal, conforme a lo dispuesto en el decreto.
En caso de que un resguardo indígena no administre la asignación especial del Sistema General de Participaciones, o no se haya asociado con otros para administrarlos, su ejecución se realizará mediante la celebración de un contrato de administración suscrito entre la entidad territorial respectiva y el representante legal del resguardo designado por las autoridades propias.
Ahora, si bien la Ley 80 de 1993 dentro de su propio texto estableció que los territorios indígenas constituyen Entidades Estatales, lo cierto es que aún no hay desarrollos legislativos sobre la materia, lo que ha impedido que los mismos puedan implementarse y obrar como Entidades Estatales, al tenor del artículo 2 de la Ley 80 de 1993.
Por su parte, el Decreto 1953 de 2014, al implementar de manera transitoria los territorios indígenas, además dio el tratamiento de entidades de derecho público especial a estos, a los resguardos y a las asociaciones de estos, autorizadas para administrar recursos de asignación especial del SGP, asimilándolos a entidades estatales de conformidad con el artículo 2 de la Ley 80 de 1993.
RESGUARDOS INDÍGENAS – Contratos de administración
[…] La norma además establece una última posibilidad para los resguardos indígenas que no hayan sido autorizados para administrar de manera directa los recursos del SGP, consistente en la celebración de contratos de administración con las entidades territoriales respectivas y los representantes legales del resguardo designado por las autoridades propias. […]