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Consejo de Estado Providencia

No restituir constituye un incumplimiento de una obligación contractual.

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 13001233300020170091901 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿El Distrito cumplió la obligación de restituir los inmuebles arrendados al vencimiento del plazo? No
El contratista no puede exigir la restitución de los inmuebles arrendados al vencimiento del plazo si la entidad estatal incumple con el pago de los cánones de arrendamiento y la devolución de los bienes, ya que dicha situación constituye un incumplimiento contractual y no una ocupación temporal sin contrato. En este caso, el Distrito no restituyó los inmuebles y dejó de pagar los cánones al vencimiento del contrato, lo que fue declarado como incumplimiento contractual. La entidad debe pagar los cánones adeudados, pero no se ordenará el pago de las sumas canceladas a la propiedad horizontal ni de las cuotas de administración de parqueaderos, ya que estos no estaban incluidos en los contratos como obligaciones del arrendatario. Esta decisión reitera la obligación de cumplir con las condiciones pactadas en el contrato de arrendamiento y matiza la interpretación de la ocupación temporal sin contrato, enfatizando la naturaleza contractual del incumplimiento.síntesis automática
También resuelve: ¿Se declara el incumplimiento de la entidad y se ordena pagar los cánones adeudados? ¿No se puede ordenar el pago de la administración de los parqueaderos porque su uso no estaba incluido en los contratos? ¿El propietario del inmueble arrendado se encuentra legitimado por activa aun cuando el contrato que fundamenta las pretensiones fue suscrito por un mandatario?
REVOCA
Consejo de Estado Concepto

Resultan aplicables las normas civiles y comerciales por parte de las entidades públicas para la explotación

Concepto sin reserva — Concepto sin reserva 2022-03-15 Sala Consulta y Servicio Civil ÁLVARO NAMÉN VARGAS Rad. 11001030600020200021200 CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Resultan aplicables las normas civiles y comerciales por parte de las entidades públicas para la explotación de bienes intangibles o derechos de propiedad intelectual de los cuales sean titulares, en atención a lo previsto en el artículo 167 de la Ley 1955 de 2019? Sí
Ni la Ley 80 de 1993, con sus modificaciones y adiciones, ni la Ley 1955 de 2019 establecen una tipología contractual especial o distinta a la regulada en el derecho privado, para que los titulares negocien la explotación comercial de sus derechos de propiedad intelectual y demás intangibles.
Consejo de Estado Providencia

No prospera este cargo de la apelación, formulado por la Fiscalía General de la Nación

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-11-25 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600019990115504 ACCION CONTRACTUAL
¿El ánimo de poseer del inmueble de buena fe cesaba con la notificación a la demandada del libelo en el que se solicitó la resolución de la compraventa? Sí
El contratista de buena fe pierde su ánimo de poseer el inmueble con la notificación a la entidad estatal del libelo que solicita la resolución del contrato de compraventa, según establece la Sala. Esta regla se fundamenta en que únicamente las mejoras realizadas antes de dicha notificación son reconocidas, conforme a la fecha límite de la buena fe del poseedor. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, lo que implica que en casos futuros, el cálculo de mejoras y el reconocimiento de la posesión de buena fe se ajustarán a esta nueva interpretación, afectando directamente la valoración de los derechos del contratista en relación con el bien inmueble.síntesis automática
También resuelve: ¿El valor histórico de la condena en abstracto no podía ser uno indexado ya, pues ello infringe la sentencia de condena y la norma aplicable? ¿La compensación de los totales aquí indicados arroja un saldo a cargo de la Fiscalía General de la Nación y a favor de la sociedad demandada? ¿La posesión de buena fe deja de existir si el poseedor alega en juicio la resolución de la compraventa bajo la cual comenzó a poseer?
MODIFICA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Acción de tutela

2018_25000-23-42-000-2017-05893-01_AC 2018-04-12 Sección Segunda
ACCIÓN DE TUTELA,TRANSPORTE PÚBLICO,CONTRATO DE VINCULACIÓN,PROPIEDAD DE VEHÍCULOS,REGISTRO NACIONAL AUTOMOTOR,PRUEBA DE LA PROPIEDAD,DESVINCULACIÓN ADMINISTRATIVA – Mecanismo de protección,Derechos fundamentales,Improcedencia,Marco normativo,Vinculación Vehículos,Desvinculación vehículos,Definición,Vigencia,Consenso,Nuevo acuerdo,Perfeccionamiento,Relación contractual,Terminación,Ca – Mes: abril – Año: 2018…
Consejo de Estado Providencia

¿La no presentación de recursos ordinarios frente a un auto en el proceso judicial, deriva en la aceptación de lo estipulado en dicha providencia?

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-02-05 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020210056101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La no presentación de recursos ordinarios frente a un auto en el proceso judicial, deriva en la aceptación de lo estipulado en dicha providencia? Sí
El auto que declara la falta de competencia del juez y se notifica sin que se interponga recurso queda aceptado por la parte, de modo que no puede reabrirse el asunto después en el mismo proceso. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el despacho declaró su falta de competencia para conocer en única instancia porque, aunque la demanda se promovió como nulidad y restablecimiento, la naturaleza contractual de los actos definía la competencia del tribunal conforme a la Ley 685 de 2001. Segunda, la providencia fue notificada y no fue recurrida, por lo que el proceso se remitió al tribunal competente y la falta de oposición implica aceptación de lo decidido. Tercera, la excepción prevista para bienes estatales imprescriptibles e inenajenables del literal b del numeral 1 del artículo 164 del CPACA se aplica solo cuando se controvierte la propiedad del bien, y no cuando se discuten actos sobre la cesión de derechos. La providencia confirma la decisión. La consecuencia práctica es que la falta de recurso oportuno contra el auto de remisión por competencia cierra la discusión sobre ese punto dentro del proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente dar aplicación a la premisa establecida en el artículo 164 del CPACA numeral 1 literal b), para litigios que giran en torno a la licitud de actos administrativos que resolvieron sobre…
CONFIRMA
Colombia Compra Eficiente Concepto

Bienes de utilidad pública: no resultan aplicables para la adquisición de bienes inmuebles destinados a los proyectos de infraestructura vial

C-324 de 2021 2021-08-13
¿La Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y/o complementarios, aplican para la adquisición de aquellos bienes inmuebles declarados como de utilidad pública e interés social por parte de los entes territoriales para el desarrollo de obras de infraestructura vial?
De acuerdo con las consideraciones expuestas, la Ley 80 de 1993 y las normas que la modifiquen y adicionen, así como sus decretos reglamentarios y complementarios, no resultan aplicables para la adquisición de bienes inmuebles destinados a los proyectos de infraestructura vial, dada su naturaleza y el procedimiento especial que regula esta actividad, establecido en las leyes 9 de 1989, 388 de 1997, 1682 de 2013 y 1882 de 2018, tal como se explicó anteriormente.
También resuelve: Propiedad privada: garantía, límites constitucionales, límites constitucionales / expropiación, concepto Expropiación: concepto, régimen jurídico, tipos, etapa previa para la enajenación voluntaria directa Bienes de utilidad pública: adquisición, procedimiento, régimen jurídico, especial –exceptuado del régimen general de contratación pública
Consejo de Estado Providencia

Procede el decreto de oficio de la prueba documental

Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas 2025-03-21 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 05001233300020180245001 LEY 1437 REPETICION
¿Procede el decreto de oficio de la prueba documental que acredite la composición accionaria de la sociedad demandante, para establecer su naturaleza jurídica, y determinar la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa? Sí
El juez puede decretar de oficio una prueba documental para establecer la naturaleza jurídica de la parte demandante cuando de ello depende la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme al artículo 213 de la Ley 1437 de 2011. La regla se apoya en dos razones. Por un lado, la facultad oficiosa en materia probatoria permite pedir documentos que no pueden extraerse de las piezas ya allegadas al expediente. Por otro, la composición accionaria de una sociedad se acredita con el libro de registro de acciones, según el artículo 195 del Código de Comercio. En el caso, la Sala requirió a la sociedad demandante para que remitiera un documento que identificara su composición accionaria el 15 de noviembre de 2011 y el 13 de diciembre de 2018, antes de resolver la apelación contra la sentencia de primera instancia. La finalidad es determinar la naturaleza jurídica de la parte demandante y si la jurisdicción es competente. Se concedió a la sociedad un término máximo de diez días desde la recepción de la comunicación.síntesis automática
DECRETA
Consejo de Estado Providencia

No se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud

Sentencia — Sentencia 2024-07-31 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233300020160055301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud de renuncia al contrato de concesión minera? No
El contratista no puede invocar el silencio administrativo positivo para renunciar a un contrato de concesión minera si no se encuentra al día con sus obligaciones, según establece la Sala. La entidad estatal no pierde competencia para resolver la solicitud de renuncia cuando el concesionario no cumple con los requisitos legales y contractuales, como estar a paz y salvo en el cumplimiento de las obligaciones económicas. La Sala concluye que la expedición de resoluciones que negaron la renuncia no desconoce los efectos del silencio positivo, ya que este no se configura en ausencia de los requisitos materiales del derecho pretendido. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo que el silencio administrativo positivo no opera si el concesionario incumple sus obligaciones, lo que implica que las resoluciones que negaron la renuncia fueron expedidas con competencia y legalidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La controversia planteada es un asunto de índole contractual, pues lo que se discute es la terminación de una concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de minerales… ¿El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal solo puede constituirse, declararse y probarse mediante el contrato de concesión minera… ¿El concesionario tiene la prerrogativa de renunciar libremente a la concesión?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La compraventa de bien ajeno es un acto que genera efectos en el derecho colombiano

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020130132201 ACCION CONTRACTUAL
¿El registro del justo título, exigido para el ejercicio de la posesión de buena fe, requeriría mantener la anotación de la compraventa de cosa ajena? Sí
El registro del justo título exigido para la posesión de buena fe puede requerir que la anotación de una compraventa de cosa ajena se mantenga en el folio de matrícula, porque esa anotación es la que sustenta la adquisición del predio por usucapión. Esta regla se apoya en que la compraventa de bien ajeno genera efectos entre las partes aunque el vendedor no fuera titular del derecho, y en que su cancelación podría afectar la posibilidad de adquirir el predio por prescripción. Por ello la cancelación de esa anotación no es neutra para el poseedor de buena fe. En el caso concreto el predio segregado de un folio anterior no había sido transferido por el vendedor previo, y la inscripción de la venta de cosa ajena fue mantenida como justo título, lo que llevó a modificar la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la anotación de una venta de cosa ajena no debe cancelarse si puede servir de justo título para la usucapión.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe mantenerse la anotación de la compraventa de cosa ajena, pero anotándose adicionalmente la resolución de contrato declarada en este proceso? ¿IDIPRON destinó recursos a la vigilancia del inmueble, conforme al documento contable aportado por la actora? ¿IDPRON tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa y el valor que hubieran podido tener los frutos del predio?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No cumple los presupuestos establecidos en el artículo 590 CGP

Auto interlocutorio — Auto que resuelve medida cautelar 2024-07-15 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 11001032600020210021800 LEY 1437 REPETICION
¿En la solicitud de medidas cautelares y en el escrito de la demanda la parte demandante no realizó razonamiento alguno que justifique que su decreto resulta imprescindible? Sí
El contratista no obtiene el decreto de medidas cautelares cuando en la solicitud y en el escrito de la demanda no realiza razonamientos que justifiquen objetivamente la necesidad de la medida para asegurar la eficacia de la sentencia y evitar el riesgo de inejecución del fallo judicial. La parte demandante debe demostrar la existencia de amenaza o vulneración del derecho, la apariencia de buen derecho, la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida cautelar, y no puede limitarse a relacionar documentos sin un análisis detallado que evidencie la gravedad del perjuicio irremediable que podría causarse. La Sala reitera que la omisión en cumplir estos requisitos impide el estudio de ponderación y la aplicación del principio de proporcionalidad, negando así la solicitud de medidas cautelares.síntesis automática
También resuelve: ¿Para acceder al decreto de medidas cautelares en los procesos promovidos en ejercicio del medio de control de repetición se requiere verificar los requisitos de procedencia? ¿Se aportaron un conjunto de documentos que constituyen un principio de prueba de que la pretensión se encuentra fundada, al menos en apariencia? ¿La parte actora deberá allegar prueba que haga al menos verosímil o presumible la responsabilidad del comportamiento del demandado?
NIEGA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Contrato de cesión de derechos de autor: 08001 23 31 000 1991 06334 01_21642

08001-23-31-000-1991-06334-01_21642 2013-07-29 Sección Tercera
CONTRATOS DE CONCESIÓN DE ESPACIOS DE TELEVISIÓN,PROPIEDAD INTELECTUAL,CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR,PRINCIPIO DE ECUACIÓN FINANCIERA O EQUILIBRIO – Definiciòn,Nocion,Cesión y transferencia de derechos de autor,Acto administrativo,Producción,coproducción,Cesión de derechos de emisión,Colaborador o cocontratante de la administración,Prestaciones equivalentes – Mes: julio – Año: 2013…
También resuelve: Accion de controversias contractuales: nulidad −acto administrativo − presunción de legalidad Contrato de cesion de derechos de autor: definición
Consejo de Estado Providencia

No se acreditó una desproporción entre el valor real del bien inmueble y el valor pagado

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 13001233100020020081001 ACCION CONTRACTUAL
¿Se acreditó una desproporción entre el valor real del bien inmueble y el valor pagado dentro del contrato de compraventa, que configure una lesión enorme? No
La lesión enorme en la compraventa de un bien inmueble por una entidad pública exige demostrar una desproporción real entre el valor del bien y el precio pagado, y que el juez no está obligado a decretar un nuevo dictamen ni a proferir condena en abstracto cuando no existe duda sobre el precio real ni se acreditó la responsabilidad patrimonial. Una razón es que los avalúos practicados en el proceso desconocieron las condiciones especiales del predio que fundaron el precio pactado, y se apoyaron en un hecho futuro e incierto, por lo que no justificaron su conclusión. Otra razón es que el precio se fijó con un dictamen legalmente practicado por la entidad adquirente, y las pruebas posteriores no cumplían los requisitos y protocolos legales, de modo que carecían de validez probatoria. En el caso, la Sala confirmó la negación de las pretensiones y explicó que la condena en abstracto solo procede cuando se acreditan la responsabilidad y el daño, y no el monto. Su consecuencia práctica es que el demandante que alega lesión enorme debe probar el valor real del bien con un dictamen que cumpla los requisitos legales.síntesis automática
También resuelve: ¿Las partes de un contrato pueden sufrir lesión enorme cuando el precio pagado o recibido difiere sustancialmente del justo precio? ¿La determinación del precio de adquisición en los procesos de enajenación voluntaria por causas de utilidad pública o interés social… ¿El Instituto Geográfico Agustín Codazzi fijó las metodologías valuatorias admisibles para determinar el valor de bienes inmueble…
CONFIRMA
Colombia Compra Eficiente Concepto

I. En referencia a la cesión a título gratuito de derechos de autor implica la transferencia de derechos sin una contraprestación económica, y que debe constar por escrito.

C-1054 de 2025 2025-09-10
¿Cuáles son las condiciones y particularidades que debe tenerse en cuenta sobre la cesión a título gratuito sobre derechos de propiedad intelectual –derechos de autor y propiedad industrial- efectuado por parte de particulares a entidades estatales?
El contratista puede ceder a título gratuito los derechos de propiedad intelectual a entidades estatales siempre y cuando se cumplan los requisitos esenciales del contrato estatal y se individualicen claramente los derechos cedidos, ya que la cesión tiene naturaleza contractual y no meramente unilateral. La cesión debe precisar la totalidad o parcialidad de los derechos transferidos, así como las obligaciones y facultades que derivan de dicha cesión, y debe respetar la distinción entre los derechos patrimoniales y morales inherentes a la propiedad intelectual. Este concepto reitera y matiza la doctrina existente sobre la cesión de derechos de propiedad intelectual, proporcionando directrices claras para su implementación en la contratación estatal, lo que implica un mayor control y transparencia en la transferencia de estos derechos.síntesis automática
También resuelve: Contratos estatales: capacidad jurídica, requisitos esenciales Contrato de donación: noción, definición, autonomía de la voluntad Propiedad intelectual: definición, derechos de autor, propiedad industrial, cesión de derechos
Consejo de Estado Providencia

Los Parques Nacionales Naturales están sometidos a un régimen jurídico especial para garantizar su conservación

Sentencia — Sentencia 2023-03-03 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020130182202 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los Parques Nacionales Naturales están sometidos a un régimen jurídico especial para garantizar su conservación? Sí
Los Parques Nacionales Naturales están sometidos a un régimen jurídico especial porque son áreas de manejo especial reservadas para conservar valores sobresalientes de fauna, flora y paisajes, de modo que en ellas solo pueden realizarse actividades de conservación, recuperación y control, investigación, educación, recreación y cultura. La regla se apoya en tres razones. Primera, el Decreto ley 2811 de 1974 considera el ambiente patrimonio común y crea las áreas de manejo especial, dentro de las cuales se encuentra el Sistema de Parques Nacionales Naturales. Segunda, el artículo 63 de la Constitución atribuye a los parques naturales las prerrogativas de los bienes de uso público, es decir, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Tercera, el artículo 34 del Código de Minas impide ejecutar trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas delimitadas como de protección, entre ellas los parques nacionales naturales. En el caso se confirmó la negativa de las pretensiones. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿El acto administrativo mediante el cual se declara, reserva, delimita y alindera un Parque Nacional Natural goza de ejecutividad y ejecutoriedad desde su publicación en el Diario Oficial? ¿El contrato de concesión minera otorga a favor del concesionario un derecho real de dominio sobre el área otorgada o sobre los minerales que se encuentran en ella? ¿Ante la nulidad absoluta del contrato de concesión minera, se hace viable la restitución que normalmente conlleva esta declaratoria de anulación?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El demandante tiene derecho a retener los $100’000.000 del precio pagados

Sentencia — Sentencia 2024-09-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 08001233100019980117801 ACCION CONTRACTUAL
¿El demandante tiene derecho a retener los $100’000.000 del precio pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales del contrato de promesa de compraventa? Sí
El contratista tiene derecho a retener los $100’000.000 pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales en un contrato de promesa de compraventa, dado que el municipio incumplió con la obligación de otorgar la escritura pública, lo que permite que las arras operen como cláusula penal y no como parte del precio. La naturaleza confirmatoria-penal de las arras se evidencia en el contrato, donde se estipula que operan como pena en caso de incumplimiento, y no como arras de retracto, ya que no conceden facultad de desistimiento. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre el alcance de las arras confirmatorias-penales en contratos estatales, reforzando que estas pueden operar como cláusula penal en caso de incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿Los recursos entregados a título de arras dejaron de operar como parte del precio y se convirtieron en una pena cuyo alcance debe ser entendido en consonancia con las normas sobre cláusula penal? ¿Si las partes no definen la naturaleza de las arras se entiende que son de retracto? ¿Ante la desaparición del título jurídico en virtud del cual el demandado ostentaba la tenencia del predio, el demandante se encuentra habilitado para recuperarlo?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Debe negarse la solicitud de nulidad absoluta del contrato

Sentencia — Sentencia 2024-10-25 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 44001334000020140010501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe negarse la solicitud de nulidad absoluta del contrato, toda vez que el desconocimiento de las normas presupuestales que disciplinan el pago de las obligaciones dinerarias que surgen del contrato estatal no constituye una de dichas causales de nulidad? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad absoluta del contrato por el desconocimiento de las normas presupuestales que regulan el pago de las obligaciones dinerarias, ya que la Ley 80 de 1993 y las normas orgánicas del presupuesto no establecen esta causal de nulidad, aunque la transgresión de estas normas pueda implicar reproches disciplinarios para los responsables y efectos presupuestales adversos para el ente territorial. La entidad estatal no delegó al contratista funciones administrativas tributarias ni obran en el expediente pruebas que acrediten el registro presupuestal necesario para iniciar la ejecución del contrato, ni autorizaciones del concejo municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias, lo que implica que la solicitud de nulidad absoluta es improcedente.síntesis automática
También resuelve: ¿El municipio, a través del concejo, puede determinar los sujetos pasivos y las tarifas de la obligación tributaria sustancial… ¿El municipio, en ejercicio de sus funciones administrativas, está facultado para ejecutar la liquidación y cobro del impuesto predial? ¿Se acreditó la delegación de las funciones administrativas de liquidación, cobro y recaudación del impuesto predial, en la ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito para fortalecer…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia

Sentencia — Sentencia 2022-06-10 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 05001233100020100233203 ACCION CONTRACTUAL
¿Cuáles son los presupuestos de la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer asuntos de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede ser condenado en costas si no se evidencia mala fe o temeridad, conforme al artículo 171 del Código Contencioso Administrativo. La Sala reitera que el Consejo de Estado es competente para conocer de apelaciones en segunda instancia cuando el monto de la controversia supera el límite establecido en el artículo 132 numeral 5 del mismo código. Además, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se computa desde la fecha de perfeccionamiento del contrato, conforme al artículo 136 numeral 10 literal e) del CCA, y puede suspenderse en ciertas circunstancias, como la conciliación previa. En cuanto a la permuta de bienes inmuebles, la entidad estatal puede permutar bienes que no se utilicen cuando estos se apliquen a los fines para los cuales fueron adquiridos, conforme a los artículos 33 y 34 de la Ley 9 de 1989, sin desconocer la preferencia en compraventa establecida en el artículo 1958 del Código Civil. Esta interpretación permite que la entidad enajene bienes por permuta sin incurrir en nulidad, siempre y cuando el bien permutado sea destinado a un proyecto específico.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales? ¿Se permite la permuta de los bienes que no se utilicen cuando se apliquen a los fines para los cuales fueron ¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas?