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LEY DE CONTRATACIÓN

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Consejo de Estado Providencia

La decisión impugnada será modificada para señalar que la condena decretada deberá ser pagada en favor de la sociedad demandante y el litisconsorte.

Sentencia — Sentencia 2023-09-07 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 81001233100020090003901 ACCION CONTRACTUAL
¿La sociedad demandante y el litisconsorte necesario, en calidad de integrantes del consorcio, ejecutaron mayores cantidades de obra para el cumplimiento del contrato de obra? Sí
En los contratos de obra, las mayores cantidades ejecutadas por los integrantes del consorcio son exigibles cuando fueron ejecutadas con el conocimiento y el aval de la entidad contratante, aunque su valor no haya sido pagado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad que conoce y avala la ejecución de cantidades adicionales asume la obligación de pagarlas, y su omisión configura responsabilidad contractual. Segunda, el silencio de la entidad frente a esas cantidades, habiendo tenido conocimiento de ellas, no la exime del pago. En el caso, la sociedad demandante y el litisconsorte necesario ejecutaron mayores cantidades sin que su valor fuera pagado, y la providencia confirma la declaración de responsabilidad contractual, aunque modifica la decisión impugnada en la forma de señalar la condena. En la práctica, el contratista que ejecute cantidades adicionales debe dejar constancia del conocimiento y aval de la entidad, porque esa prueba sustenta el reconocimiento del pago.síntesis automática
También resuelve: ¿La condena por concepto de pago de mayores cantidades de obra debe efectuarse por la empresa demandada? ¿La interventoría y Emserpa SA ESP autorizaron al contratista expresamente la realización de mayores cantidades de obra? ¿El contrato de obra fue suscrito única y exclusivamente entre Emserpa SA ESP y el consorcio contratista?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

En cada caso, se debe analizar el acuerdo de las partes y su alcance para definir el litigio.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve si avoca para fines de unificación del artículo 271 CPACA 2022-11-10 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100019990215101 ACCION CONTRACTUAL
¿Se avoca el conocimiento con el fin de unificar jurisprudencia en cuanto a los efectos que produce la ausencia de salvedades? Sí
El conocimiento es avocado con el fin de unificar jurisprudencia en cuanto a los efectos que produce la ausencia de salvedades cuando las partes pactan suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o acuerdan contratos adicionales durante la ejecución del contrato estatal. La Sala ha identificado dos criterios jurisprudenciales en este sentido: una posición que sostiene que quien esté afectado por la alteración de las condiciones económicas del contrato debe consignar la reclamación o salvedad al momento de suscribir esos acuerdos, y otra que considera que la ausencia de salvedades no impide una decisión de fondo ni constituye un requisito para el reconocimiento de pretensiones, siempre y cuando se analice el acuerdo de las partes y su alcance para definir el litigio.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

La ausencia de motivación afectó la totalidad de las resoluciones adoptadas en el laudo

Sentencia — Sentencia 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 11001032600020240004500 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La ausencia de motivación afectó la totalidad de las resoluciones adoptadas en el laudo? Sí
El contratista puede anular un laudo arbitral cuando la decisión carece de fundamentación jurídica y los árbitros resuelven la controversia invocando principios generales del derecho sin relacionarlos con el caso concreto ni con la normativa contractual. En este caso, los árbitros declararon que el contrato era exigible y que el municipio había violado principios de buena fe y confianza legítima, pero no explicaron cómo estas violaciones afectaban la vigencia del contrato ni cómo se relacionaban con las disposiciones legales aplicables. Además, los árbitros no revocaron una medida cautelar que suspendía el procedimiento administrativo, a pesar de que la convocante había solicitado su suspensión. La Sala anuló el laudo por falta de motivación, ordenando que los árbitros reembolsen la segunda mitad de los honorarios recibidos, en conformidad con el artículo 48 del Estatuto Arbitral.síntesis automática
También resuelve: ¿El laudo carece de fundamentación jurídica, razón por la cual se declarará la nulidad de la decisión arbitral? ¿El laudo permite ver que carece de motivación jurídica y por ende incurre en la causal de fallo en conciencia? ¿Los árbitros invadieron la órbita de la Administración Pública, se pronunciaron y adoptaron disposiciones sobre un procedimiento administrativo en curso?
ANULA
Consejo de Estado Providencia

No existen saldos a favor de alguna de las partes con ocasión de la ejecución del contrato de concesión que les generen saldo

Sentencia — Sentencia 2022-09-22 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 25000232600020020129001 ACCION CONTRACTUAL
¿Existen saldos a favor de alguna de las partes con ocasión de la ejecución del contrato de concesión que les generen saldo a favor? No
El contrato de concesión no permite la devolución de saldos a favor de ninguna de las partes durante su ejecución, salvo que las partes manifiesten estar a paz y salvo hasta una fecha específica, en la que se amplía el plazo del contrato. En este caso, el dictamen judicial no fue detallado y preciso, por lo que no tiene eficacia probatoria. Además, la parte demandante no puede desconocer sus actos propios al reclamar incumplimientos de obligaciones respecto de las cuales manifestó estar a paz y salvo. La renuncia del concesionario a cualquier acción judicial derivada del contrato en el acta de acuerdo también impide estudiar reclamaciones del demandante respecto a incumplimientos posteriores. Las entidades estatales están autorizadas para celebrar contratos que permitan la autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿Las pretensiones no se ajustan a la buena fe contractual, pues lo que pretende el demandante es desconocer sus actos propios al reclamar el incumplimiento de obligaciones respecto de las cuales… ¿Como el concesionario renunció a cualquier acción judicial derivada del contrato en el acta de acuerdo, tampoco es posible estudiar las reclamaciones del demandante respecto a posibles… ¿Las entidades están autorizadas para celebrar los contratos y acuerdos que permita la autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No restituir constituye un incumplimiento de una obligación contractual.

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 13001233300020170091901 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿El Distrito cumplió la obligación de restituir los inmuebles arrendados al vencimiento del plazo? No
El contratista no puede exigir la restitución de los inmuebles arrendados al vencimiento del plazo si la entidad estatal incumple con el pago de los cánones de arrendamiento y la devolución de los bienes, ya que dicha situación constituye un incumplimiento contractual y no una ocupación temporal sin contrato. En este caso, el Distrito no restituyó los inmuebles y dejó de pagar los cánones al vencimiento del contrato, lo que fue declarado como incumplimiento contractual. La entidad debe pagar los cánones adeudados, pero no se ordenará el pago de las sumas canceladas a la propiedad horizontal ni de las cuotas de administración de parqueaderos, ya que estos no estaban incluidos en los contratos como obligaciones del arrendatario. Esta decisión reitera la obligación de cumplir con las condiciones pactadas en el contrato de arrendamiento y matiza la interpretación de la ocupación temporal sin contrato, enfatizando la naturaleza contractual del incumplimiento.síntesis automática
También resuelve: ¿Se declara el incumplimiento de la entidad y se ordena pagar los cánones adeudados? ¿No se puede ordenar el pago de la administración de los parqueaderos porque su uso no estaba incluido en los contratos? ¿El propietario del inmueble arrendado se encuentra legitimado por activa aun cuando el contrato que fundamenta las pretensiones fue suscrito por un mandatario?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Pero, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato tiene lugar por los comportamientos antijurídicos de las partes del contrato por el incumplimiento contractual.

Sentencia — Sentencia 2022-05-31 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 68001233100020010173001 ACCION CONTRACTUAL
¿Cómo se determina la normatividad aplicable para resolver la controversia contractual? Sí
El contratista debe determinar la normatividad aplicable para resolver controversias contractuales en base al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, es decir, principalmente la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, y no por comportamientos antijurídicos de las partes, sino por desequilibrios financieros causados por el ius variandi del ente contratante, hechos del príncipe o hechos imprevisibles e irresistibles. La entidad estatal está sometida a esta normatividad y la administración puede valorar documentos presentados en copia simple si estos no fueron tachados ni su validez fue cuestionada durante el proceso, garantizando así el principio de buena fe y el derecho sustancial. La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver controversias contractuales por incumplimiento del contrato se determina por la cuantía de las pretensiones, y el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en contratos que requieren liquidación se contabiliza desde la firma del acta de liquidación bilateral. Este precedente reitera la jurisprudencia sobre la aplicación de la normatividad contractual y la valoración de documentos en copia simple, y establece claramente los criterios para la competencia y el cómputo del término de caducidad en controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuáles son los presupuestos para que se puedan valorar los documentos allegados al proceso en copia simple? ¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia en segunda instancia del Consejo de Estado para resolver controversias contractuales por incumplimiento del contrato? ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato requiere liquidación?
Consejo de Estado Providencia

Se impone revocar la decisión que se adoptó en la sentencia de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2023-10-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020160051501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al momento de presentación de la demanda, el Ministerio tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato? Sí
Si al momento de presentarse la demanda la entidad pública tenía la competencia para liquidar unilateralmente el contrato, el juez no puede liquidarlo judicialmente, porque ello implicaría desconocer el objeto de la jurisdicción y usurpar una función que la ley asigna a la administración. Una razón es que con la demanda no se planteó una controversia contractual, pues el juez de lo contencioso administrativo solo controla, a petición de parte, la legalidad de los actos de la administración que surjan de un conflicto. Otra razón es que el ministerio conservaba la atribución de liquidar el contrato dentro del plazo legal, y no podía despojarse de ella. En el caso, la sentencia de primera instancia había ordenado al consorcio el pago de anticipos no amortizados como resultado de la liquidación judicial, y la Sala revocó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la liquidación judicial solo procede cuando la competencia de liquidar unilateralmente ya no existe al momento de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿El juez no puede realizar la liquidación judicial del contrato si al momento de la presentación de la demanda la facultad legal para definir el balance final de cuentas recaía en cabeza de la… ¿El objeto del litigio se limitó a pedir la liquidación judicial del contrato sobre los valores de los anticipos y unas contingencias judiciales? ¿El legislador puso en cabeza de la entidad contratante el seguimiento a la ejecución del contrato, para lo cual la dotó de una serie de potestades o prerrogativas públicas para asegurar los fines de…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Se probó que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación

Sentencia — Sentencia 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 68001233100020010132001 ACCION CONTRACTUAL
¿Se probó que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación? Sí
Como en efecto en el proceso quedó probado que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación, pues ordenó la disminución del ritmo de avance de la obra, porque no tenía los recursos para pagarle al contratista… y el contrato de obra se quedó sin interventoría, debido a que el contrato de la firma interventora terminó por vencimiento del término… , la Sala modificará la sentencia de primera instancia para declarar el incumplimiento del contrato.
También resuelve: ¿Es posible calcular los intereses moratorios debidos al contratista por el retardo en el pago? ¿Se probaron los daños que la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato le causó a la demandante? ¿Las cifras presentadas en la experticia se fundamentaron en documentos que no obran en el proceso?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La entidad demandada incumplió el contrato de consultoría al no cancelar los honorarios pactados

Sentencia — Sentencia 2022-07-15 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020130221501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad demandada incumplió el contrato de consultoría al no cancelar los honorarios pactados? Sí
El contratista tiene derecho al ajuste de sus honorarios básicos por la elaboración de diseños arquitectónicos, y la entidad estatal incumplió al no cancelar dichos honorarios, lo que se evidencia por la falta de prueba de que se haya realizado el pago. La regla establece que en contratos de cuantía determinable, como el de consultoría No. 226 de 2005, el precio puede ajustarse conforme a las condiciones pactadas en las bases del concurso y los términos de referencia, sin necesidad de suscribir un contrato adicional. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre ajustes en contratos estatales, estableciendo que la entidad debe cumplir con los ajustes de honorarios según lo pactado, y que la falta de pago constituye un incumplimiento del contrato que genera responsabilidad patrimonial.síntesis automática
También resuelve: ¿Obran elementos de juicio que permitan determinar con certeza el monto del perjuicio que tienen derecho a recibir los demandantes? ¿La entidad demandada no consideró procedente el ajuste en los términos planteados por el Consorcio? ¿En el contrato de consultoría No. 226 de 2005 no se pactó un valor determinado, sino determinable?
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones en controversias contractuales de entidades públicas.

Sentencia — Sentencia 2026-06-01 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020190018401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los litigios derivados de la actividad contractual de los establecimientos públicos del orden nacional conforme a las reglas de competencia funcional y de cuantía. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato fue suscrito por el Invías en calidad de establecimiento público del orden nacional dentro de su actividad contractual. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 150 y el numeral 4 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso y al superar la cuantía mínima exigida para la fecha de presentación de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿Las entidades estatales como los establecimientos públicos, están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en cuanto a su gestión contractual? ¿El acuerdo de voluntades sería liquidado en un término de seis meses, de los cuales 4 meses se destinarían a procurar efectuarla de mutuo acuerdo y 2 meses se reservarían para realizarla… ¿El informe pericial describió erróneamente el proyecto y el alcance del contrato, indicando que el objeto negocial se restringió a la elaboración de diseños y al mantenimiento y rehabilitación de…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación

Sentencia — Sentencia 2023-11-20 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233300020130051101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el cabal avance de la obra? Sí
El contratista omite adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el avance de la obra, lo que implica un incumplimiento del contrato y justifica la liquidación del mismo, según establecen los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, 88 del Decreto 2474 de 2008 y 27 de la Ley 80 de 1993. En este caso, el consorcio no cumplió con estas obligaciones, lo que llevó a la entidad a declarar el incumplimiento y liquidar el contrato, sin que el contratista pudiera alegar que el fenómeno climático justificaba su abandono de la obra sin notificar a la administración. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las medidas de mitigación frente a eventos climáticos, evitando que el contratista pueda simplemente abandonar la obra sin consecuencias legales.síntesis automática
También resuelve: ¿Las obras extras guardaban relación con los ítems que la entidad demandada echó de menos al declarar el incumplimiento del consorcio? ¿Se cumplieron los supuestos legales y procedimentales que habilitaban a la entidad estatal para imponer la cláusula penal? ¿Se configuró la situación de incumplimiento que la contratante declaró en los actos acusados y por tanto la causal de procedencia de la cláusula penal?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El IDU incumplió el pago de unas facturas

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020150263002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El IDU incumplió el pago de unas facturas? Sí
El reconocimiento del valor total de un contrato de interventoría solo procede cuando el interventor acredita previamente que cumplió a cabalidad el acuerdo de voluntades que sustenta la pretensión, de modo que, si solo se prueba el impago de determinadas facturas, la condena se limita a ese incumplimiento parcial. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la pretensión de pago del valor total depende de un presupuesto previo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, que debe acreditarse antes de estudiar la reclamación completa. Segundo, cuando el único cargo que prospera es el impago de ciertas facturas, los demás reproches quedan desestimados y el alcance de la condena se circunscribe a las sumas adeudadas. La providencia modifica la sentencia apelada, declara el incumplimiento parcial de la entidad contratante frente al pago de esas facturas, reconoce el derecho al pago con intereses de mora y deniega las demás pretensiones; en la práctica, el interventor debe probar el cumplimiento de sus obligaciones para reclamar el valor total del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿El IDU actuó diligentemente respecto del interventor ante el incumplimiento del contrato de obra vigilado por aquel? ¿El IDU incumplió la obligación de pago de las facturas de la fase de interventoría de estudios y diseños del contrato? ¿El interventor incumplió las obligaciones de elaborar debidamente los informes de interventoría de la fase de construcción?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía

Sentencia — Sentencia 2023-12-04 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 13001233300020160115701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo idóneo para cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, y que el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las sentencias de los tribunales administrativos cuando el contrato fue celebrado por una de las entidades mencionadas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 y la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA vigentes a la fecha de la demanda. Una razón es que el artículo 141 del CPACA permite pedir la declaratoria de incumplimiento, las indemnizaciones, la liquidación judicial y las demás declaraciones consecuenciales derivadas del contrato. Otra razón es que el contrato controvertido fue celebrado por un distrito, entidad territorial mencionada en el artículo 2 de la Ley 80, y la cuantía del proceso excedía el umbral de los 500 SMLMV para el año 2016. En el caso, la demanda perseguía el incumplimiento del contrato y la liquidación judicial del negocio. Su consecuencia práctica es que la cuantía fijada al momento de la demanda determina la doble instancia ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractuales es el procedente frente a las controversias derivadas de un negocio jurídico? ¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad estipulado para el medio de control de controversias contractuales teniendo en cuenta que el contrato no fue liquidado? ¿El contrato de obra del cual se deriva la controversia está dentro del régimen jurídico del estatuto general de la contratación pública establecido en la Ley 80 de 1993?
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Consejo de Estado Providencia

Decisión de la sentencia: Salvamento voto

Salvamento voto — Salvamento de voto 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 15001233300020130052201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Salvamento de voto Sí
Me aparto de la sentencia aprobada por la mayoría de los integrantes de la Sala, pues considero que, antes de determinar si las pretensiones de la demanda estaban llamadas a prosperar, debió haberse estudiado –como lo ordena el artículo 1742 del Código Civil – si la adición del valor inicial del contrato de obra… mediante adicional No. 4 de 27 de julio de 2009– y la ejecución y el reconocimiento de mayores cantidades de obra por una suma de $2.113.014.207,90, desconocieron la expresa prohibición de adicionar los contratos estatales en más del 50% de su valor inicial expresado en salarios mínimos legales mensuales, contemplada en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-02-03 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 66001233300020170001001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza y características los hacen diferentes y determinan su régimen legal? Sí
Decidí aclarar voto frente a las nociones y características propias de los denominados “convenios y contratos interadministrativos”. Resulta fundamental procurar una adecuada distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza, y características los hacen diferentes y determinan, en últimas, su régimen legal. El Decreto Ley 222 de 1983 no señalaba una definición y mucho menos hacía la distinción conceptual específica entre “convenios y contratos interadministrativos”. El artículo 16 [en] el numeral 5 incluyó los que denominó [contratos] “interadministrativos internos” que tuviesen por objeto la concesión de servicios públicos, obras públicas, prestación de servicios y suministro.
También resuelve: ¿La locución “contrato interadministrativo” tiene una naturaleza, alcance y finalidad diferentes a la de los convenios interadministrativos y, por ende, no pueden ser considerados sinónimos? ¿En los contratos interadministrativos la entidad contratante busca satisfacer un fin específico y la entidad contratista se vincula voluntariamente a cambio de un precio? ¿La característica de los “convenios interadministrativos” se encuentra en la existencia de varias entidades estatales en las que concurren fines comunes para ambas…
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-02-03 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 15001233300020190028001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es fundamental la distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza y características los hacen diferentes y determinan su régimen legal? Sí
Decidí aclarar voto frente a las nociones y características propias de los denominados “convenios y contratos interadministrativos”. Resulta fundamental procurar una adecuada distinción conceptual entre “convenios y contratos interadministrativos”, dado que su naturaleza, y características los hacen diferentes y determinan, en últimas, su régimen legal. El Decreto Ley 222 de 1983 no señalaba una definición y mucho menos hacía la distinción conceptual específica entre “convenios y contratos interadministrativos”. El artículo 16 [en] el numeral 5 incluyó los que denominó [contratos] “interadministrativos internos” que tuviesen por objeto la concesión de servicios públicos, obras públicas, prestación de servicios y suministro.
También resuelve: ¿La suscripción de contratos interadministrativos fue causal de contratación directa frecuente, haciendo adoptar medidas que restringieron su uso? ¿La entidad contratante busca satisfacer un fin específico y la entidad contratista se vincula voluntariamente a cambio de un precio? ¿El ánimo de cooperación lleva a que las entidades públicas celebren “convenios interadministrativos” mediante aportes de cada una desde la órbita de sus funciones?