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Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-05-17Sala Consulta y Servicio CivilANA MARIA CHARRY GAITANRad. 11001030600020220012900CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Es procedente modificar los contratos de aporte suscritos por el Futic, como resultado de la licitación FTIC-LP-038-2020, en lo que atañe a las cláusulas de desembolsos, legalización y reinversión de descuentos? Sí
A la luz de los principios y las normas que regulan la contratación estatal, y de acuerdo con la información suministrada a la Sala, es posible modificar bilateralmente los contratos de aporte números 1042 de 2020 y 749 de 2020, en lo que atañe a los plazos para la legalización de los recursos ejecutados, para definir la destinación de los fondos desembolsados cuya «utilización» no se autorice al contratista, y para la reinversión de las sumas descontadas, tal como se explica en este concepto. En todo caso, le compete al ministerio verificar y determinar la procedencia de estas modificaciones, conforme a los requisitos de modificación de los contratos, en los términos expuestos en este concepto.
También resuelve:¿Es procedente modificar los contratos de fiducia suscritos para el adecuado control, administración y ejecución de los recursos de los contratos de aporte del sector de las Tecnologías de la…
Auto interlocutorio — Auto que decide sobre excepciones previas2024-07-15Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020160000800LEY 1437 REPETICION
¿De acuerdo con la norma aplicable, el Juez se encuentra facultado para decidir sobre las excepciones previas y mixtas, antes de la audiencia inicial? Sí
Las excepciones previas y mixtas deben decidirse de fondo por el juez o magistrado sustanciador antes de la audiencia inicial, cuando esta aún no se ha iniciado. Esta regla se apoya en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, que hace aplicables sus modificaciones a los trámites no iniciados, y en la finalidad de esa reforma de dotar a la jurisdicción de mayor agilidad para evitar un desgaste innecesario. Por ello el pronunciamiento sobre estas excepciones no se aplaza hasta la audiencia inicial. Esta regla evita que el proceso se prolongue con cuestiones que pueden resolverse de manera anticipada. En el caso concreto las excepciones previas fueron propuestas antes de la audiencia inicial y el despacho las resolvió de fondo, declarándolas no prósperas. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la resolución anticipada de excepciones previas y mixtas es obligatoria antes de la audiencia inicial.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del medio de control de repetición en única instancia, cuando se ejerza contra representantes legales de los órganos y entidades del orden…¿Se configura la falta de legitimación en la causa por activa de la Agencia Nacional de defensa jurídica del Estado?¿Procede la desvinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, a su vez, reconocer al Patrimonio Autónomo "PAP Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica Extinto Departamento…
¿La decisión de exigir el cargue directo de carbón en las naves, adoptada por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, excedió el riesgo regulatorio asumido por el contratista? No
La exigencia de cargar carbón directamente en las naves, impuesta por la entidad reguladora ambiental y de vivienda, no excede el riesgo regulatorio que el contratista asume en un contrato de concesión minera, cuando la restricción es operativa, diferida en el tiempo y previsible. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la decisión no implicó un cambio sorpresivo, brusco o significativo de las pautas normativas, pues se trató de una restricción de tipo operativo que debía cumplirse en varios años. Segunda, el contratista no tuvo incertidumbre sobre la aplicación del cambio, porque desde el inicio era claro que sin acceso a un puerto de cargue directo no podría exportar su producción. Tercera, la falta de acceso a un puerto de carga no constituye una circunstancia extraordinaria, imprevista ni imprevisible, sino un riesgo previsible que el contratista debía prevenir adoptando las medidas necesarias. La providencia confirma la negación de las pretensiones, sin introducir cambio de criterio. La consecuencia práctica es que el contratista que depende de un puerto para exportar debe asegurar ese acceso dentro del plazo regulatorio y no puede trasladar el riesgo al Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La alegada falta de acceso a un puerto de carga directa lejos de consistir en una circunstancia extraordinaria fue una situación que el demandante pudo evitar pero omitió adoptar las medidas…¿Los principales y más importantes riesgos asumidos por el contratista bajo el contrato de gran minería eran previsibles?¿La parte actora intentó obtener el acceso al puerto en otro lugar ante la primera negativa del operador portuario?
Sentencia — Sentencia2023-07-19Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 11001032600020230005500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer recurso de anulación de laudo arbitral sobre conflicto surgido en contrato de obra celebrado por una entidad pública? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de anulación, de conformidad con el artículo 104 numeral 7º de la Ley 1437 de 2011, porque el laudo arbitral fue proferido para dirimir un conflicto surgido ocasión del contrato de obra n.° 1550, en el cual una de las partes es una entidad pública.
También resuelve:¿El recurso de anulación de laudo arbitral constituye una segunda instancia?¿El fallo en conciencia se configura cuando se deja a un lado el marco jurídico que debe acatar para basarse en el sentido común o en convicciones personales?¿En el fallo en equidad el juez inaplica la ley por inicua o falla por fuera del ámbito de la ley?
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de repetición inicia a partir de la fecha del pago de la condena por parte de la entidad? Sí
El contratista debe presentar la demanda de repetición en un término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena por parte de la entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y su interpretación por la Corte Constitucional en las sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición, lo que implica que los contratistas deben estar atentos a la fecha exacta del pago para evitar la caducidad de la acción.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es el régimen legal aplicable en materia de acción de repetición?¿Existe legitimación en la causa por pasiva de los herederos del agente estatal en la acción de repetición?¿Se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva en la acción de repetición adelantada contra los herederos del agente del Estado que falleció antes de la interposición de la demanda?
¿La liquidación del contrato es un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de controversias contractuales? No
El contratista no necesita realizar la liquidación del contrato como requisito de procedibilidad para ejercer la acción de controversias contractuales, ya que los requisitos de procedibilidad deben interpretarse restrictivamente y no existe un requerimiento legal expreso que lo establezca. La liquidación unilateral por parte de la entidad estatal no impide el análisis del incumplimiento contractual, siempre y cuando el contratista incluya la nulidad del acto liquidatario en sus pretensiones, pero esto no es un requisito de procedibilidad sino un presupuesto lógico para la prosperidad de las pretensiones. La Sala revoca la sentencia de primera instancia que declaró la excepción de inepta demanda por falta de liquidación, permitiendo que el juez estudie el incumplimiento del contrato incluso durante su ejecución, siempre que se respete lo estipulado en el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el descuento del llamado impuesto de guerra por parte de la entidad al contratista entendiendo este un tributo aplicable a los contratos de obra pública?¿Incurrió en doble tributación la administración al realizar el descuento por el tributo de estampilla con inclusión del monto del IVA?
¿Se configura de oficio la excepción de cosa juzgada y estarse a lo resuelto en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el curso del proceso adelantado bajo el ejercicio de la acción popular? Sí
La cosa juzgada puede declararse de oficio cuando un proceso reúne las mismas partes, el mismo objeto y la misma causa de otro ya decidido, y en tal caso el juez debe estarse a lo resuelto en ese proceso anterior. La regla se apoya en que la cosa juzgada impide pronunciarse sobre asuntos ya conocidos, debatidos y juzgados, y protege la inmutabilidad de las decisiones judiciales y la seguridad jurídica. Para que opere, deben confluir los límites subjetivo, objetivo y causal de la figura, que en el momento de los hechos estaban regulados en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil. En el asunto, las pretensiones del proceso analizado coincidían en objeto con las de la acción popular ya decidida, por lo que la Sala declaró configurada la cosa juzgada y revocó la sentencia apelada. En la práctica, el juez no puede volver a decidir las pretensiones que ya fueron resueltas en un proceso con idénticos sujetos, objeto y causa.síntesis automática
Sentencia — Sentencia2026-10-08Sección PrimeraCARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRORad. 85001233300020240006301LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
¿Con fundamento en lo señalado por numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la autoridad judicial competente para restringir el goce de los derechos políticos es el juez penal en el trámite de un proceso de naturaleza penal? No
Cualquier autoridad judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa conserva competencia para tramitar procesos de pérdida de investidura e imponer restricciones a los derechos políticos sin que ello vulnere la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia de segunda instancia, la corporación revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la pérdida de investidura de un cabildante, negando las pretensiones de la demanda tras reiterar que el proceso de pérdida de investidura constituye un juicio de responsabilidad pública autónomo radicado en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme a las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.síntesis automática
También resuelve:¿Si procede acceder a la solicitud del demandado de analizar el interés particular, directo y actual a la luz de lo previsto en la Ley 2003 de 2019 y la Ley 2200 de 2022 que, para el caso…¿Determinar si debe revocarse la sentencia de 20 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Willinton…
Auto interlocutorio — Auto que rechaza recurso de queja2023-06-02Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 13001233100020080001102ACCION CONTRACTUAL
¿El recurso de queja fue presentado dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto que rechaza el recurso de apelación? Sí
Para la interposición y trámite del recurso de queja en el sub examine se debe aplicar lo previsto en el artículo 353 del Código General del Proceso que dispone: deberá interponerse en subsidio del de reposición contra el auto que denegó la apelación o la casación, salvo cuando este sea consecuencia de la reposición interpuesta por la parte contraria, caso en el cual deberá interponerse directamente dentro de la ejecutoria..
También resuelve:¿De acuerdo con la fecha de la presentación de la demanda, al proceso le son aplicables las disposiciones del Código Contencioso administrativo?
¿En los casos de contratos que por su naturaleza no están sujetos a liquidación, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales empieza a correr a partir del momento de su terminación? Sí
El contratista debe presentar la demanda relativa a contratos que por su naturaleza no están sujetos a liquidación dentro del término de dos años contados a partir de la terminación del contrato, conforme al literal b) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. La entidad estatal no puede declarar la nulidad absoluta del contrato de comodato de manera oficiosa ni declarar la terminación anticipada del contrato sin acreditar la necesidad urgente e imprevista del bien comodatado, según el artículo 2205 del Código Civil. Además, la entidad demandante será condenada en costas y agencias en derecho cuando el recurso de apelación sea negado, de acuerdo con el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el cómputo del término de caducidad y la terminación anticipada del contrato de comodato, lo que implica que los contratistas deben ser cuidadosos con el plazo para presentar sus demandas y las entidades estatales deben acreditar adecuadamente las causales de terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la declaratoria de nulidad absoluta del contrato incluso de manera oficiosa por el Juez?¿Se configura la causal de terminación anticipada del contrato de comodato por aparecer al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa?¿Procede la condena en costas respecto al recurrente ante la negación del recurso de apelación?
¿Pueden, las Universidad Estatales (Públicas), suscribir contrato de consultoria para obra pública con otras entidades estatales del orden nacional y/o territorial?
¿Pueden, las Universidad Estatales (Públicas), suscribir contrato de consultoria para obra pública con otras entidades estatales del orden nacional y/o territorial? Si la respuesta es negativa, ¿Qué norma jurídica la prohíbe? [sic]…
También resuelve:Universidades públicas: naturaleza jurídica, régimen de contratación, aplicabilidad del egcap, aplicabilidad del egcap / contrato de consultoríaContrato de consultoría: noción, características, modalidades de selección
¿Se tiene alguna limitación normativa o de ley para el desembolso de los recursos, por ejemplo, no trasladar más del 50% del valor total del convenio interadministrativo al inicio del convenio?
No obstante, de conformidad con los argumentos normativos y jurisprudenciales realizados en el presente concepto, conviene precisar que una de las disposiciones que deben considerarse en la celebración de los convenios interadministrativos es el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual hace referencia al contenido del contrato estatal. Sobre dicha disposición debe señalarse que, si bien las Entidades Estatales sometidas al EGCAP gozan de autonomía para configurar el precio y establecer el sistema de pago más apropiado para satisfacer los fines de la contratación, lo cierto es que deben respetar los límites establecidos en el ordenamiento jurídico, dentro de los cuales se resalta el establecido en el parágrafo primero del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que establece un porcentaje máximo para efectuar el desembolso del valor del anticipo o del pago anticipado equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato.
También resuelve:Colombia compra eficiente: competencia consultiva, contratación estatal, normas generales, normas generales / convenios interadministrativosNoción y características de los convenios y contratos interadministrativos: elementos esenciales y diferenciadoresEl límite del valor establecido en el paragrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993: alcance
¿En qué circunstancia una entidad estatal debe realizar un proceso contratación bajo la modalidad de selección abreviada por subasta inversa para la adquisición de suministros de bienes y servicios de características técnicas uniformes de común utilización?
La entidad estatal debe acudir a la selección abreviada por subasta inversa cuando el bien o servicio que requiere es de características técnicas uniformes y de común utilización, esto es, cuando posee las mismas especificaciones técnicas y comparte patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos, con independencia de su diseño o características descriptivas, conforme al literal a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. El artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 los define como bienes y servicios de común utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición, por lo que la forma en que se adquieren en el mercado, en condiciones estandarizadas, incide en su calificación. En la subasta inversa, como las características del bien están definidas, se evalúa únicamente el precio. Para definir cuál causal de selección abreviada aplica, la entidad debe verificar si el bien o servicio se subsume en sus supuestos, ya sea por las características del objeto, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio.síntesis automática
También resuelve:Bienes o servicios de características técnicas uniformes y de común utilización: noción, fundamentos jurídicos, elementos
¿Se tiene alguna limitación normativa o de ley para el desembolso de los recursos, por ejemplo, no trasladar más del 50% del valor total del convenio interadministrativo al inicio del convenio?
Sin embargo, en línea con las precisiones normativas y jurisprudenciales previamente realizadas, conviene efectuar algunas precisiones para responder la consulta objeto de análisis. En primer lugar, aun cuando los convenios interadministrativos pueden suponer el compromiso de recursos públicos y, por tanto, la realización de aportes financieros, esta circunstancia, por sí sola, no admite la posibilidad de que en este tipo de relaciones jurídicas exista una remuneración en favor de uno de los co-contratantes y a cargo de otro y otros.
También resuelve:Colombia compra eficiente: competencia consultiva, contratación estatal, normas generales, normas generales / convenios interadministrativosNoción y características de los convenios y contratos interadministrativos: elementos esenciales y diferenciadoresEl límite del valor establecido en el paragrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993: alcance
¿Las asociaciones cuyo objeto sea la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o presten servicios también son consideradas empresas?
De conformidad con lo establecido en la Ley 2166 de 2021 el convenio solidario tiene un límite consistente en que no podrá exceder la menor cuantía de la entidad. Por tanto, los sujetos señalados en la norma están facultados para celebrar estos hasta la menor cuantía, para lo cual se atenderá lo previsto en el literal b) del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 para determinar el tope de la menor cuantía de la entidad estatal.
También resuelve:Empresa: formación, Código de ComercioMipymes– cooperativas: entidades de la economía solidaria, ley 905 de 2004, nociónBienes y servicios de características técnicas no uniformes y de común utilización: definición
¿Una entidad pública podría señalar en una subasta inversa un traslado de evaluación de ofertas por un día hábil?
Conforme a lo expuesto, a diferencia de lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 para el procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía, en el que se indica que tras analizarse la propuesta la Entidad Estatal debe publicar un informe de evaluación durante tres (3) días hábiles, el artículo 2.2.1.2.1.2.2 no prevé una actuación análoga para el procedimiento de selección abreviada mediante el mecanismo de subasta inversa. De hecho, el artículo 2.2.1.2.1.2.4 del Decreto 1082 de 2015 señala que esta: «La subasta termina cuando los oferentes no hagan Lances adicionales durante un período para la presentación de Lances.
También resuelve:Selección abreviada menor cuantía: modalidad de selección, procedenciaSelección abreviada subasta inversa: modalidad de selección, finalidad, Articulo 2 Numeral 2 de la Ley 1150 de 2007, procedenciaBienes y servicios de caracteristicas tecnicas uniformes: elementos
¿Si la entidad Estatal pretende adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización mediante la modalidad de selección abreviada por subasta inversa existe un límite de cuantía?
Es decir, el Municipio desea adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización que no están incluidos dentro de un acuerdo marco, ni bolsa de productos. No obstante, superan el presupuesto de la menor cuantía de la entidad…
También resuelve:Selección abreviada menor cuantía: modalidad de selección, procedenciaSelección abreviada subasta inversa: modalidad de selección, finalidad, Articulo 2 Numeral 2 de la Ley 1150 de 2007, procedenciaBienes y servicios de caracteristicas tecnicas uniformes: elementos
Solicito se me aclara si las Convocatorias limitadas a Mipyme contenidas en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, es un incentivo en en la contratación pública de los que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto íbidem, y por tanto no es aplicable en los procesos para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes: (sic)
Solicito se me aclara si las Convocatorias limitadas a Mipyme contenidas en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, es un incentivo en en la contratación pública de los que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto íbidem, y por tanto no es aplicable en los procesos para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes: (sic)…
También resuelve:Colombia compra eficiente: competencia consultiva, contratación estatal, normas generalesBienes o servicios de características técnicas uniformes y de común utilización: noción, fundamentos jurídicos, elementosAcuerdo marco de precios: bienes y servicios de características técnicas uniformes
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-06-04Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 05001233300020230052701LEY 1437 REPETICION
¿El cómputo del término de caducidad en el medio de control de repetición debe empezar a contarse desde cuando se pague la condena o transcurrido el plazo que la entidad pública tenía para cumplir con dicha obligación? Sí
Cuando se trata del medio de control de repetición, el término de caducidad de dos años se cuenta desde la fecha del pago de la condena o, si esta no se pagó, desde el vencimiento del plazo que la entidad tenía para cumplirla, lo que ocurra primero. La regla se apoya en el literal l) del numeral 2 del artículo 164 del C.P.A.C.A. y en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, y se sostiene en tres razones: la caducidad es un plazo improrrogable que la ley fija para garantizar la seguridad jurídica y no depende de la voluntad de las partes; el legislador definió de manera expresa el punto de partida del término; y la entidad no puede invocar su situación económica para modificar el cómputo. En el caso, la entidad argumentó que debía considerarse su contexto económico y financiero, pero ese argumento fue desestimado y se confirmó la decisión que declaró la caducidad. El documento reitera la naturaleza improrrogable de la caducidad; la consecuencia práctica es que la entidad debe computar el término desde el pago o desde el vencimiento del plazo de cumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad es un plazo improrrogable y, por ello, ajeno por completo al arbitrio o voluntad de las partes y a cualquier consideración personal o subjetiva, por tanto…¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja2023-11-27Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 52001233300020170051501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al trámite del recurso de queja le son aplicables las disposiciones de la Ley 2080 de 2021, por ser la norma vigente al momento de su presentación? Sí
El recurso de queja solo procede ante el superior cuando no se concede, se rechaza o se declara desierta la apelación, o cuando se concede en un efecto diferente, conforme al artículo 245 del CPACA, y que su formulación está ligada a la interposición previa del recurso de reposición, según el artículo 318 del Código General del Proceso al que remite el trámite. Esta exigencia es un presupuesto de procedibilidad, porque la queja es subsidiaria: busca que el juez que denegó la apelación pueda reconsiderar su negativa antes de que el superior evalúe los motivos. Además, el trámite de la queja se rige por las normas vigentes al momento de su presentación, de modo que si el recurso se interpuso y sustentó después de la Ley 2080 de 2021, se aplican el CPACA con esas reformas, según el artículo 86 de la misma ley. En el caso, la queja se presentó en 2023 y, con esas reglas, el Consejo de Estado, a través del despacho ponente, resolvió rechazarla. Su consecuencia práctica es que el litigante debe agotar la reposición antes de acudir en queja y verificar la norma vigente al presentar el recurso.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de queja que se formule contra las decisiones de los tribunales administrativos?¿El recurso de queja procede ante el rechazo del recurso de apelación?¿El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia fue presentado de manera oportuna por lo cual este fue mal denegado?